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El Gobierno envía al Congreso el primer bloque de la reforma de pensiones

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el proyecto de ley con el primer bloque de medidas dirigidas a reformar el sistema público de pensiones, que pasa así al Congreso con el objetivo del Ejecutivo de poder tener en vigor estas medidas antes de fin de año.

Y es que, tal y como ha recordado la portavoz del Gobierno en rueda de prensa, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, estas reformas forman parte de los compromisos adquiridos por el Estado con la Comisión Europea en el marco del programa de recepción de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La norma suprime los aspectos más polémicos de la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.

«ES UNA RAZÓN DE JUSTICIA TRAS UNA DÉCADA DE INCERTIDUMBRE»

«Es una razón de justicia tras una década de incertidumbre», ha defendido Rodríguez, que cree que la reforma «recupera el consenso y el diálogo social en el marco del Pacto de Toledo» y supone «recuperar el valor de lo público y la tranquilidad de los pensionistas de hoy y de los de mañana».

Las medidas son fruto del acuerdo del Gobierno con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, a partir de las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas el pasado otoño por el Congreso.

La nueva norma fija un nuevo marco de revalorización, que prevé que el 1 de enero de cada año las pensiones aumenten de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior. En caso de ser negativa, se ‘congelarían’. Esta regulación incluirá las pensiones de clases pasivas, una novedad del proyecto de ley respecto al anteproyecto aprobado en julio.

Durante esta tramitación, el Consejo Económico y Social valoró positivamente la norma y afirmó que considera imprescindible «mantener el mismo espíritu de consenso que ha presidido la elaboración de este anteproyecto a la hora de abordar ese desarrollo a lo largo de los próximos meses», según informa el Gobierno.

MEDIDAS PARA RETRASAR LA JUBILACIÓN

Además, la reforma incorpora diversas medidas dirigidas a acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación, a través de cuatro vías: la revisión de la jubilación anticipada tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad, la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa.

Respecto a la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes pasan a ser mensuales para dar más flexibilidad y fomentar el retraso voluntario de la jubilación, con un tratamiento más favorable a las carreras de cotización más largas. Además, los coeficientes reductores relacionados con el adelanto de la edad de jubilación se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora.

En cuanto a la jubilación anticipada involuntaria, se establecen coeficientes mensuales, en lugar de trimestrales. También se mejoran los coeficientes para casos dos años antes a la edad legal, aplicando a la determinación de la pensión los mismos que en la modalidad voluntaria para aquellos supuestos donde el nuevo coeficiente es más favorable que al vigente.

En el caso del retraso de la jubilación, se exonera la cotización por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad legal y, como medida más destacable, se refuerzan los incentivos, que pasan a ser de tres tipos por cada año de demora, y a los que también podrán acogerse las clases pasivas: un porcentaje adicional del 4%, una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión de hasta 12.000 euros, premiando las carreras de cotización más largas, y una combinación de ambas opciones.

Sobre la jubilación forzosa, los convenios colectivos no podrán fijar cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por el trabajador de una edad inferior a 68 años. Este límite se podrá rebajar en algunos sectores, con la condición de que se incremente la participación de la mujer en dichos sectores.

Por último, se establece una reducción del 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años.

EL GOBIERNO DICE QUE «ES SUSCEPTIBLE DE SER MEJORADO» EN EL CONGRESO

Asimismo, se prevé un nuevo mecanismo para sustituir el derogado factor de sostenibilidad, un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, para el cual el Gobierno se da un plazo para acordarlo en el marco del diálogo social. La previsión del Gobierno pasa por poder introducir esta regulación vía enmiendas en la tramitación parlamentaria de esta reforma.

Precisamente por esta tramitación parlamentaria ha sido preguntada Isabel Rodríguez, tras las críticas recibidas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en su presentación de las medidas acordadas. No solamente de PP, Vox y Ciudadanos, sino también de socios parlamentarias del Gobierno, como Esquerra Republicana, el PNV o EH-Bildu.

Rodríguez ha recordado que el acuerdo de pensiones viene «precedido por el acuerdo del Pacto de Toledo en el que estuvieron la mayoría» de formaciones parlamentarias, pero que además «viene avalado y respaldado por el diálogo social».

«Creo que eso tiene que ser tomado en cuenta por parte de todos los grupos políticos en el Parlamento», ha señalado e, incluso, el proyecto de ley, ha dicho, «es susceptible de ser mejorado en la tramitación parlamentaria». «Espero que se intensifiquen esos trabajos», ha dicho Rodríguez.

REFUERZO DE LA ESTRUCTURA DE INGRESOS VÍA PRESUPUESTOS

Por otro lado, el texto busca reforzar la estructura de ingresos del sistema, estableciendo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado contemplará anualmente una transferencia del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para la financiación de diversos conceptos que permitan culminar la separación de fuentes en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo de 2020.

También se refiere a la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, con el compromiso de presentar un proyecto de ley en un plazo de seis meses, entre otros puntos. Finalmente, la llamada ‘cláusula de salvaguarda’ se mantiene en su regulación actual con carácter indefinido.