La Abogacía del Estado ha presentado esta semana –el martes pasado– ante la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sus alegaciones a las medidas cautelares solicitadas en los recursos presentados contra los indultos concedidos a los condenados por el ‘procés’ independentista, según han confirmado fuentes jurídicas.
Si bien se desconoce el sentido de esas alegaciones, lo previsible es que los Servicios Jurídicos del Estado se hayan pronunciado en los mismos de forma contraria a las cautelares que comportarían el regreso a prisión de los líderes del ‘procés’. Esta medida fue solicitada tanto en los recursos presentados por la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y otros dos exdiputados del Parlament de Cataluña, como en los que presentó el partido Vox.
El Supremo ya desestimó a finales de junio la suspensión de urgencia –cautelarísimas– de los indultos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a los nueve acusados, tal y como pedía Ciudadanos.
Desde Ciudadanos buscaban que el alto tribunal procediera de nuevo a la encarcelación de los condenados por sedición y malversación mientras se resuelve sobre el fondo del recurso contencioso presentado contra los decretos del Gobierno. Siguiendo el trámite ordinario, desde el Supremo dieron los cinco días habituales para que la contraparte formulara alegaciones al incidente cautelar, algo que llegó esta semana. Ahora, la Sala debe volver a valorar si el ex vicepresidente Oriol Junqueras y el resto de indultados deben volver a prisión mientras se estudia la legalidad de los indultos.
DECISIÓN ANTES DE LA LEGITIMACIÓN
La decisión sobre las cautelares se adopta en una pieza separada del litigio, antes de que los cinco magistrados que componen este órgano deliberen sobre la legitimidad o no de los dirigentes naranjas, de Vox y del PP para acudir a esta vía judicial contra la medida de gracia.
En el caso de Ciudadanos, los tres recurrentes basan esta legitimidad en que ellos, de forma personal, eran quienes estaban «en primera fila» –los tres eran diputados en el Parlament en 2017– cuando «a través de procedimientos ilegales se tramitaron las leyes de transitoriedad y la ley de referéndum».
Por el momento, y para rechazar la medida cautelarísima –sin escuchar a la otra parte–, el Supremo argumenta que no considera justificada una urgencia en la vuelta a prisión de los indultados. «Dicho planteamiento no parece tomar debidamente en consideración que estamos en presencia del derecho fundamental a la libertad de toda persona, reconocido y garantizado en el artículo 17 de la Constitución, del que nadie puede ser privado sino en los casos y en la forma previstos en la ley, en este caso en virtud de la correspondiente resolución judicial que da cobertura legal a la privación de libertad de los condenados», indica el tribunal.
LIBERTAD, DERECHO FUNDAMENTAL
Añadía además que, si desaparece esa cobertura judicial mediante el indulto, la libertad debe ser inmediata, y en cumplimiento de este precepto actuó el tribunal sentenciador, correspondiente a la Sala de lo Penal de este órgano. Mantener ahora la libertad, añadíen los magistrados, «no supone sino respetar el derecho fundamental a la libertad del que la persona solo puede verse privado en los casos y la forma previstos en la ley».
Asimismo, la Sala señalaba que la genérica invocación realizada por los recurrentes a la ‘posibilidad’ de huir de la acción de la justicia o de continuar la acción delictiva, sin ninguna justificación que permita apreciar la inmediata materialización de tal riesgo, «difícilmente puede considerarse suficiente a efectos de acreditar la concurrencia de circunstancias de especial urgencia que justifiquen el sacrificio del principio de contradicción».
Con independencia de las decisiones que pueda adoptar respecto a las cautelares solicitadas por el partido de Arrimadas, la Sala tramita ya el recurso de Ciudadanos en sí, y por ello reclamó el 24 de junio al Ministerio de Justicia que remitiera los expedientes de indulto a la Sala en un «plazo improrrogable» de 20 días. Este es un trámite automático, que no adelanta ninguna decisión sobre el fondo del asunto ni sobre la legitimación para recurrir, asuntos que se resolverán más adelante.
La única consecuencia procesal de este paso es que obligará al Gobierno a entregar al alto tribunal los expedientes de indulto, ya que siempre se reclaman los documentos sobre los actos gubernativos que han sido impugnados para que puedan ser analizados.
Por otro lado, tanto Vox como el PP también están pendientes de que se acepte su legitimidad para recurrir los indultos. En el caso de los de Abascal, lo presentaron como partido al considerarse legitimado al haber actuado como acusación popular en la causa que se tramitó y juzgó en el alto tribunal contra los líderes independentistas, han señalado las mismas fuentes.
El PP presentó sus nueve recursos días más tarde –pero sin pedir cautelares–, también como partido político «que representa a millones de españoles afectados en su soberanía con este atropello democrático y a miles de catalanes que han visto atacado su patrimonio, su libertad, su seguridad y su convivencia en la escuela, el trabajo o en los servicios públicos». Lo anunció el líder ‘popular’ Pablo Casado en el Pleno del Congreso.
El partido también está estudiando la posibilidad de que Pablo Casado recurra a nivel personal después de que su nombre apareciese en un informe de la Guardia Civil como posible objetivo de atentado por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR).
