Fiscalía y familia piden al juzgado que prorrogue la instrucción por el doble crimen de Almonte

El Ministerio Fiscal ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado (Huelva) que prorrogue la instrucción por el procedimiento del caso del doble crimen de Almonte, en el que fueron asesinados un padre y su hija de ocho años en el domicilio familiar en 2013. Por su parte, la acusación particular, que ejerce el letrado José Ignacio Bidón y Vigil de Quiñones, se va a adherir a la petición de la Fiscalía.

El plazo de instrucción está a punto de expirar, por lo que la Fiscalía, a fecha del día 6 de julio, ha emitido este escrito para pedir que se amplíe este periodo al ser «claramente insuficiente».

En declaraciones, el letrado ha explicado que se van a adherir a la petición del fiscal, toda vez que ha recordado que están aún a la espera de los análisis de una manta y ropa de la menor, por lo que ha remarcado la importancia de conocer el resultado de estos estudios. En esta misma línea se han pronunciado desde las familias de las víctimas que consideran que la instrucción no debería tener fecha de caducidad.

Las familias de las víctimas siguen reclamando justicia al no existir a día de hoy ningún inculpado ni condenado por las dos muertes ya que el único encausado por estos hechos, Francisco Javier Medina, resultó absuelto tras un veredicto del tribunal del jurado de no culpabilidad y con tres sentencias absolutorias.

Ante esto, el mencionado juzgado palmerino ordenó la reapertura de una causa tras ratificar el Tribunal Supremo la absolución del único acusado, por lo que ahora la Fiscalía le ha solicitado que prorrogue la instrucción del procedimiento, previa audiencia de todas las partes, fijando un nuevo plazo de otros seis meses.

En este punto, en el escrito del Ministerio Fiscal, expone que se trata de un caso que «se puede dilatar excepcionalmente, como consecuencia de las especiales características de los hechos punibles objeto de investigación, participación de presuntos responsables, examen de documentación y volumen de las diligencias».

Por su parte, el portavoz de las familias de las víctimas, Aníbal Domínguez, –hermano y tío de los fallecidos–, ha señalado que celebran este posicionamiento del Ministerio Fiscal ya que «los asesinatos de dos seres inocentes y más aún de una niña de ocho años no entienden de fechas, de tal manera que la instrucción de este caso nunca debiera parar».

Tras recordar «la lamentable encrucijada» en la que se encuentran las familias, «y no, precisamente por la labor policial, ya que dos equipos distintos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han hablado y han apuntado a la misma conclusión», ha señalado que «el sistema judicial ha fallado estrepitosamente» y ha reiterado que «la justicia tiene una deuda imperdonable pendiente con María y Miguel Ángel».

De hecho, el último informe de la UCO, presentado a finales del pasado año, determinaba, tras dos años de investigación, que «no se han obtenido datos objetivos suficientes que permitan motivar la apertura de una nueva línea de investigación o profundizar en las descartadas anteriormente», así como remarcaba que la persona que asesinó al padre y su hija era «de su entorno».

Asimismo, Domínguez ha sostenido que «el honor, la memoria y la dignidad de María y Miguel Ángel requieren de manera inexorable una respuesta y esa respuesta no puede ser otra que justicia». Es por ello que estas familias necesitan que «no se aplique fecha de caducidad a este caso como si de un producto se tratara, sino que se busquen respuestas y soluciones porque una sociedad que tiene encima de la mesa un asunto tan grave sin resolución es una sociedad fallida».

Por otro lado, desde las familias han implorado a la jueza de Instrucción que haga «todo lo que esté en su mano» para acelerar la aplicación de la prueba de hallar posibles restos biológicos en la manta que cubría a la menor, ya que llevan «casi dos años esperando los resultados de la misma». Así, como ha proseguido, «no es de recibo» que tengan que soportar «más espera que solo hace agravar el sufrimiento de estas familias desamparadas». «Ante la mínima esperanza que albergamos no concebimos más dilaciones que aumente nuestra desesperación», ha concluido Domínguez.