El juicio a los dos mossos que acompañaban al ex presidente catalán Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en 2018 por el ‘procés’ ha quedado visto para sentencia este jueves, tras una última sesión en la que la defensa ha equiparado la actuación de los agentes al «plan» de España para detener al líder independentista, mientras que la Fiscalía ha ratificado la acusación contra ambos por un presunto delito de encubrimiento, aunque ha reducido la pena de 3 años de cárcel a año y medio para cada uno.
Los acusados son los mossos Carlos de Pedro y Xavier Goicoechea, que fueron procesados en febrero de 2020 por el Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional al considerar que con su actuación perseguían que Puigdemont no fuese detenido después de que se reactivara la orden europea de detención y entrega emitida por el Tribunal Supremo en su contra en el marco de la investigación del ‘procés’.
Según contaron en la sesión inaugural del pasado martes, llegaron a Waterloo el 19 de marzo e 2018 para ayudar a Puigdemont con «el día a día» de la casa y el 23 de marzo les dijeron –personas que no identificaron– que debían hacer un viaje en coche para recoger al ex president en Estocolmo y llevarlo de vuelta a Bruselas, donde se entregaría a la Fiscalía belga. Lo hicieron aprovechando unos días de libranza, no como escoltas, resaltaron.
El fiscal Emilio Miró ha insistido en que ambos llevaron a cabo «actuaciones obstruccionistas» para evitar que Puigdemont fuera detenido en un país que acatara la orden de detención y entrega europea. «Conocían los hechos que se atribuían a la persona que ayudaban y lo hicieron intencionadamente. Por tanto, entendemos que se dan todos los elementos del delito de encubrimiento y, por eso, interesamos sentencia condenatoria», ha dicho, al tiempo que ha reducido la pena a la mitad sin explicar por qué.
Miró ha argumentado que tanto De Pedro como Goicoechea debían tener «conocimiento suficiente» de los delitos por los que en ese momento el Tribunal Supremo buscaba a Puigdemont –malversación y rebelión–, dado que «era un hecho notorio, una de las noticias más importantes o que cubrieron los medios de comunicación con profusión en esos días», después de que el 23 de marzo se volviera a poner en marcha la euroorden.
El representante del Ministerio Fiscal ha admitido que los mossos, al encontrarse fuera de España, no tenían competencia para arrestar a Puigdemont, si bien ha añadido que, «aunque no tuvieran que denunciarlo o detenerlo al menos deberían haberse abstenido de ayudarlo porque eran agentes de Policía», a quienes se les requiere «total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier momento y lugar, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana».
En este sentido, el fiscal ha restado importancia al hecho de que, conforme sostuvieron ambos en su declaración inicial, creyeran que su misión era poner a Puigdemont en manos de los fiscales belgas. «Es irrelevante», ha estimado Miró, reiterando que «quien había emitido la orden de detención y entrega europea era un juez español y, por tanto, era una autoridad española quien reclamaba su presencia».
EL VIAJE POR CARRETERA
De la misma forma, ha aducido que el hecho de que Puigdemont volara de Waterloo –donde tenía fijada su residencia tras huir de España– a Helsinki, donde esos días tenía previsto dar una conferencia en una universidad local y que, tras entrar en vigor la euroorden, se embarcara en un tedioso viaje por carretera para regresar a la capital belga revela la intención real de todos los implicados.
En lugar de volar unas horas hacia Bruselas, ha expuesto el fiscal, Puigdemont se fue de Helsinki a Estocolmo y desde allí, con la ayuda de ambos mossos, que lo recogieron en coche en la capital sueca, pusieron rumbo a Bélgica con una ruta prevista de «más de 2.000 kilómetros» atravesando varios países (Finlandia, Suecia, Dinamarca y Alemania) durante «dos o tres días».
«Era un trayecto, comparando la ida y la vuelta, que no era normal. La razón de este viaje tan largo, tan dificultoso y tan anormal era evitar algún filtro donde pudiese determinarse la identidad de esta persona (Puigdemont) y que pudiese ser detenido», ha manifestado.
Descartaron el avión, ha asegurado el fiscal, porque «entrañaba el riesgo de que fuera identificado y detenido» en el aeropuerto y, en cambio, por carretera cabía la posibilidad de que arribara a Bruselas sin ser interceptado. Aunque circularan por autopistas, como hicieron, «por regla general no hay controles policiales salvo que un país decida ponerlos por algún motivo», de modo que podrían haber superado frontera tras frontera sin obstáculo alguno, ha defendido.
DETENIDO EN ALEMANIA
Sin embargo, no fue así. Según contó uno de los policías que han testificado esta semana en el juicio, las autoridades españolas alertaron mediante un sistema policial de cooperación internacional a sus homólogas alemanas de que Puigdemont pasaría con un coche concreto en una franja horaria determinada por la frontera entre Dinamarca y Alemania para que desplegaran un dispositivo especial. Fue arrestado cuando apenas se había adentrado un kilómetros en suelo germano.
El abogado que defiende a los dos mossos, Cristóbal Limón, ha afirmado que «nada es por causalidad, todo estaba planificado hasta el último detalle». Su tesis es que «El Estado español eligió el momento y el lugar de la detención» porque quería que se realizara en Alemania, ante el supuesto convencimiento del Gobierno de Mariano de Rajoy de que Berlín ejecutaría la euroorden.
El letrado ha considerado que «lo lógico» habría sido que, dado que era notorio que Puigdemont estaba en Helsinki cuando se relanzó la euroorden, se hubiera avisado a la Policía finlandesa para que lo detuviera allí mismo, y «solucionado». Tampoco se advirtió a las autoridades suecas y danesas, ha enfatizado. En cambio, se pidió la colaboración de las alemanas. «Podemos afirmar, sin ningún tipo de duda, que dicha orden quería el Estado español que se sustanciara en Alemania», ha concluido.
Y ello, ha razonado Limón, porque temía que en Finlandia, Suecia y Dinamarca no obtuviera la misma colaboración. España tampoco querría que el asunto recayera en Bélgica, ha continuado, porque «hay suspicacias entre la justicia belga y la española»: «No existe esa confianza» que se presupone entre estados miembros de la UE.
PUIGDEMONT, «ENEMIGO PÚBLICO NÚMERO UNO»
«Desde el Gobierno de Mariano Rajoy se dio por hecho que Alemania cumpliría la euroorden sin rechistar (…) que la señora (Angela) Merkel no le fallaría. Fue una operación de Estado. Está clarísimo que el señor Puigdemont era el enemigo público número uno. En esas fechas y a día de hoy es el enemigo público número uno del Estado español», ha remachado.
Por su parte, De Pedro y Goicoechea han hecho uso de su derecho a la última palabra para incidir en que, aunque tenían a su disposición varios vehículos con los que desplazarse desde Waterloo a Estocolmo y volver, eligieron uno que sabían que estaba identificado por las autoridades españolas.
Con todo, la defensa ha planteado: Si los dos mossos están acusados de encubrimiento «por querer trasladar al señor Puigdemont ante las autoridades belgas, su lugar de residencia, para afrontar desde allí la euroorden, el que dio la orden de que no se lo detuviera en Finlandia, Suecia ni Dinamarca, sino en Alemania, ¿qué hizo?, ¿no hizo exactamente igual?».
Asimismo, ha reivindicado como «innegable» que Puigdemont «siempre ha estado a disposición de la Justicia» –la belga–. «Ni es un prófugo ni un exiliado, sino un ciudadano que en un momento determinado decidió trasladar su residencia a Bélgica para afrontar desde este país la orden europea de detención y entrega», como ya hizo con las anteriores, ha zanjado.
