Unidas Podemos quiere que el Gobierno intensifique sus esfuerzos en el cumplimiento «efectivo» y «pleno» del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), que España adoptó en 1994, y especialmente en lo que tiene que ver con la mejora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas.
Así lo reclama en una proposición no de ley, que lleva a debate al próximo Pleno del Congreso, en la que recuerda que la información y los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos «deben seguir siendo un componente central de los servicios esenciales de salud», especialmente después de la pandemia, y tal y como suscribe la Declaración sobre Cobertura Sanitaria Universal de 2019.
En el texto registrado, el grupo confederal señala que, como en «cualquier otra crisis», el Covid-19 ha tenido un «impacto diferenciado en mujeres y niñas de todo el mundo» que han «agravado las desigualdades preexistentes» y afectando, por tanto, de forma «desproporcionada» a «aquellas mujeres y niñas que ya se encontraban en situación de exclusión».
Esta situación, denuncian, ha «aumentado exponencialmente el riesgo de vulneración de sus derechos humanos».
«La interrupción y reducción de los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR), las restricciones en la movilidad y los cambios de comportamiento en la búsqueda de atención sanitaria durante la pandemia han afectado significativamente al funcionamiento de estos servicios, pese a que son fundamentales y pueden salvar vidas», señala Unidas Podemos.
OTRAS PROPUESTAS
Es por ello, que piden al Gobierno un mayor esfuerzo para implementar este programa de la CIPD. Pero también le proponen al Ejecutivo mantener el 0,7 % del PIB de enero de 2020 en la asignación de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), también, con especial atención en los derechos sexuales y reproductivos.
La iniciativa, que consta de seis puntos, también llama a fortalecer el apoyo político y económico a la Organización Mundial de la Salud (OMS); a mejorar la coordinación para garantizar el mantenimiento de las cadenas de suministros para la salud sexual y reproductiva; a garantizar la inclusión del Paquete de Servicios Iniciales Mínimos (PSIM) como parte de la respuesta humanitaria en contextos de crisis; o a garantizar la participación de las trabajadoras sanitarias y las líderes locales en la toma de decisiones para que las respuestas al Covid-19 atiendan de formaadecuada las necesidades de mujeres y niñas en su comunidad.
