Las condenados por subirse al balcón de la Casa Cornide, en 2017 en La Coruña, –un acto que en su declaración atribuyeron a una «acción simbólica» para exigir la devolución al patrimonio público de esta propiedad de los Franco– han anunciado que recurrirán una sentencia que ven «un escándalo democrático».
Coincidiendo con la comparecencia ante los medios de una parte de los ocho condenados, han reclamado, por otra parte, a la Xunta que «acelere» la declaración de la Casa Cornide como Bien de Interés Cultural (BIC) y al Ayuntamiento de La Coruña que presente «de inmediato» la querella para reclamar su devolución tras el acuerdo plenario a este respecto.
Lo han hecho ante el exterior del inmueble y después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de La Coruña los haya condenado a pagar una multa de 180 euros a cada uno de ellos por subirse al balcón, en septiembre de 2017, durante una protesta.
El juez, que los ha considerado autores de un delito leve de coacciones, absolvió a un noveno acusado al considerar que no se acreditó que accediese a la vivienda.
Tras hacerse público el fallo, los activistas, del BNG, han confirmado que presentarán recurso contra una sentencia que uno de los condenados, Bieito Lobeira, ha calificado de «escándalo» y de «despropósito democrático».
«Es una interpretación torticera del delito de coacciones», ha expuesto. Al hilo de ello, ha rechazado que hubiese «un uso de la violencia o la intimidación», en alusión al contenido del fallo en el que se afirma que actuaron «en detrimento de los derechos de otros» y «devino innecesario el acto de violentar si quiera, en parte, el uso pacífico de la casa y la integridad de sus titulares».
CAUSA DE LOS ’19 DE MEIRÁS’
De la sentencia, han cuestionado también el uso de términos «propios de la Fundación Franco». Así, Lobeira ha aludido a la utilización de «duquesa de Franco». «Eso solo lo hace la Fundación», ha recalcado, además de cuestionar que no se use «el topónimo oficial de A Coruña en un texto oficial judicial», ha añadido por la referencia a la ciudad como ‘La Coruña’.
Asimismo, ha insistido en que se trata de un fallo que «da la razón a los Franco», mientras ha apuntado «el problema penal» para tres de ellos del colectivo ’19 de Meirás’ –entre los que se encuentra él–, encausados por la ocupación simbólica del pazo en agosto de 2017. «Agrava la situación penal en ese proceso en el Supremo», ha expuesto.
Por su parte, otra de las condenadas, Carolina Fernández, ha asegurado que entienden que «hay base jurídica más que suficiente para tumbar» este fallo judicial. «Estamos muy orgullosos de lo que hicimos, fue útil para provocar un impacto social y para que el expolio perpetrado por el dictador, y que ahora sus descendientes aspiran a perpetuar, sea conocido por el mayor número de personas posibles».
