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Iglesias urge a Ayuso a pedir el despliegue de la UME para garantizar el suministro eléctrico en la Cañada Real

La Vicepresidencia Segunda del Gobierno, que lidera Pablo Iglesias, ha hecho un llamamiento a la Comunidad de Madrid para que solicite “con urgencia” grupos electrógenos al Ministerio de Defensa, que permitan así suministrar electricidad a las familias de la Cañada Real que se encuentran sin luz durante la nevada que ha tenido lugar este lunes.

Concretamente, demanda a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que solicite el despliegue de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para abastecer de estos equipos a las personas afectadas por los cortes que electricidad.

Tras varios días de conversaciones con el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y con el Ministerio de Interior, desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 se ha llegado a la conclusión de que esta es la “única vía para evitar que los habitantes de la Cañada pasen esta ola de frío histórica sin suministro eléctrico”.

Para la necesaria intervención del Ministerio de Defensa, que se llevaría a cabo a través de la UME, es necesario que el Gobierno regional que encabeza Isabel Díaz Ayuso lo solicite formalmente, han explicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Iglesias.

Por ello y ante la llegada inminente de más nevadas, desde la Vicepresidencia segunda se urge a los dirigentes madrileños “a que no esperen ni un minuto más”.

Las familias de Cañada Real afectadas por los cortes de luz se concentraron este lunes ante la sede de la compañía Naturgy para reivindicar que se suministrara electricidad para más de 4.000 personas que llevan tres meses sin luz.

Todo ello tras denunciar los cortes en el Sector 5 ante la Fiscalía de Madrid. El Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha abierto diligencias previas por la denuncia presentada también por familias afectadas del Sector 6 de la Cañada Real, también afectadas por los cortes de suministro eléctrico.

Por su parte, el Ejecutivo madrileño ha insistido este jueves en que los cortes de luz están relacionado con cultivos ilegales de marihuana y ha demandado “contundencia” contra las personas que realizan este comportamiento delictivo.

Concretamente, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha señalado que el apagón en la Cañada se produce “como consecuencia de presuntas plantaciones ilegales de droga”, lo que ha llevado a una sobreexplotación de la red eléctrica.

Una postura que ya manifestó la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el pasado 10 de diciembre cuando aseguró que los cortes de luz son consecuencia de la sobrecarga por el cultivo de marihuana que llevan a cabo las mafias. “Para tener los Porsches ahí aparcados, bien; para pagar las facturas que es lo que está provocando esos cortes, no”, apuntó entonces.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

La situación de cortes de suministro eléctrico en Cañada Real ha generado multitud de críticas por parte de los grupos de la oposición en la región. En esta línea, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, anunció que denunciará el Pacto sobre la Cañada Real Galiana, aprobado hace años por todos los grupos políticos, si en un plazo de 24 horas la Comunidad no acordaba con Naturgy el restablecimiento del suministro eléctrico en las viviendas de la antigua vía pecuaria.

Precisamente Naturgy ha insistido este jueves en que no es responsable de los cortes de luz que sufren desde hace tres meses los vecinos de la Cañada Real Galiana, cortes que achacan a sobrecargas superiores al 70 por ciento, al tiempo que se ofrece para una reunión con los mandatarios políticos y desplegar así una intervención urgente para solucionar el problema.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, pidió la intervención del Gobierno de España si el Consistorio y la Comunidad de Madrid “siguen mirando para otro lado” y no solucionan el problema que está generando la falta de suministro eléctrico.

A su vez, la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, reivindicó en la Asamblea que el Pacto por la Cañada es “clarísimo” y recoge que el Ejecutivo madrileño es quien tiene que “garantizar los suministros”.