La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma Cocemfe Madrid) aseguró este miércoles que no ha participado en la elaboración de la futura Ley de Servicios Sociales de la Comunidad, y manifestó su «asombro» ante el comunicado emitido por el consejero del ramo, Alberto Reyero.

En este, se indica que la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid prepara una nueva Ley de Servicios Sociales, para la que «se han mantenido 25 reuniones con múltiples agentes». Sin embargo, Famma no ha tenido «ni el conocimiento ni la oportunidad de participar en ninguna de ellas», precisó.

A su juicio, «no se puede ningunear a una federación que ostenta cerca del 60% de la representación de personas con discapacidad de la región (más de 210.000) en la redacción de una ley tan importante».

«Existen muchos agentes que tendrán que aportar cosas muy interesantes», pero «la federación que representa mayoritariamente a la discapacidad física y orgánica en la región no puede ser apartada de una participación justa y necesaria», lamentó.

Por otro lado, Famma destacó la necesidad de potenciar el concepto de autonomía personal a través de la actualización de esta normativa al momento que se vive ahora. Por ello, pidió que recoja nuevas medidas «enfocadas a reconducir y reinventar el asistencialismo desde el punto de vista de la protección de la salud y la autonomía personal.

Entre estas, propuso la figura del asistente personal, que es «clave para poder llegar a la verdadera integración de las personas con discapacidad física y orgánica en los grados más severos».

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha planteado a los grupos políticos del Congreso de los Diputados un documento con un serie de propuestas de mejora de la regulación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuyo proyecto de ley se tramita en estos momentos en esa Cámara y está en fase de enmiendas.

Tras expresar el apoyo y respaldo a la regulación del IMV, desde una perspectiva global, como logro y progreso de país en materia social, y de congratularse de que haya sido aprobarlo en una situación de aguda emergencia sanitaria, económica y social, el Cermi considera que el proyecto de ley tiene «recorrido de mejora, para que se tiña de dimensión inclusiva» con la realidad de la discapacidad» y en ese sentido responden las enmiendas presentadas por este Comité.

Considera la plataforma global de la discapacidad, entre otras cuestiones, que «debe darse una protección reforzada a las personas con discapacidad, como segmento prioritario diana del IMV, en términos similares a las familias monoparentales y a los hogares con menores. Esto, tanto a la entrada (incremento de la capacidad de renta/patrimonio cuando en el hogar o unidad haya una situación de discapacidad), como a la salida (aumento de la cuantía de la prestación resultante, cuando concurra discapacidad)».

Además, según el Cermi, ha de suprimirse la exigencia de plena capacidad de obrar para los titulares del ingreso, ya que resulta contraria a los mandatos de la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad, al excluir por razón de capacidad jurídica.

«Se ha de revertir también la exclusión de ser perceptor del IMV cuando la persona con discapacidad reciba una prestación residencial (residencia, vivienda tutelada, de apoyo, etc.), ya que disponer de habitación y alimentación, no agota el proceso de inclusión de la persona, que necesita recursos para su sociabilidad comunitaria», explicó el Cermi en un comunicado.

Otra cuestión planteada por este comité, pasa por prever una regulación flexible del IMV para que los perceptores de las pensiones no contributivas de incapacidad puedan optar entre unas y otras en función de lo que les resulte más favorable.

Igualmente, se plantea reconocer expresamente a las entidades del tercer sector de acción social como entidades colaboradoras de la Seguridad Social en la mejor gestión de la prestación (IMV).

Otro bloque relevante de propuestas, tienen que ver con la reversión de los aspectos lesivos en materia de prestaciones familiares de Seguridad Social (reordenación de la regulación vigente), en las que hay riesgo de pérdida para las familias de personas con discapacidad respecto del nivel de protección existente en este momento.

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El coste medio de la radioterapia por paciente en España ronda los 1.100 euros pero puede duplicarse en algunos casos como consecuencia de las “desigualdades” existentes en el acceso a un tratamiento que el 60% de enfermos oncológicos debería recibir ya que contribuye al 40% de las curaciones.

Así se desprende del informe ‘Acceso al tratamiento de radioterapia en España’, publicado este miércoles por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) con el fin de mostrar las “desigualdades” en el acceso a tratamiento radioterápico en España, según precisaron ambas organizaciones en un comunicado.

Entre un 20% y un 25% de las personas que tienen esta enfermedad van a necesitar más de un tratamiento radioterápico a lo largo de la misma, pero, aun siendo un tratamiento “vital», no todos los pacientes tienen las mismas «facilidades para acceder a la radioterapia”, según el informe, que destaca como factores que intervienen en esa desigualdad el número de unidades disponibles en España, la distancia entre los centros hospitalarios y los domicilios de los pacientes, los tiempos de espera, los costes asociados a recibir este tratamiento o las ayudas públicas existentes.

Según la investigación, las regiones que tienen una situación “más crítica” en cuanto a acceso a radioterapia son Castilla y León y Aragón, porque tienen provincias que no disponen de servicios de radioterapia y, en términos de distancias y tiempos, Baleares, Canarias y Andalucía, donde tres provincias (Granada Jaén y Huelva) tienen municipios a más de 100 kilómetros de distancia.

A este respecto, el presidente de la AECC, Ramón Reyes, subrayó durante la presentación del informe que el cáncer “no hace distinciones entre los pacientes y no podemos tolerar que las haya en las posibilidades de recibir tratamiento”. “La radioterapia es un ejemplo claro de cómo influye el lugar de residencia en una mayor o menor facilidad en el acceso a este tratamiento vital, algo que se puede solucionar con voluntad política”, espetó.

Por su parte, el doctor Jorge Contreras apuntó a este tratamiento como una “opción efectiva” para paliar síntomas como el dolor y el sangrado en casos en los que “no se puede aspirar a la curación” y abordó la importancia de aplicar los denominados hipofraccionamientos de la radioterapia, que permiten, por ejemplo, que en el caso del cáncer de mama se pase de administrar 30 sesiones de radioterapia (6 semanas) a sólo 5 (1 semana).

Para paliar la situación de desigualdad que existe en España en el acceso a este tratamiento el informe contempla la “viabilidad” de contar con “unidades satélites” y la coordinación entre autonomías para que el paciente pueda recibir el tratamiento en el hospital más cercano y exige adecuar la organización de la asistencia a pacientes en tratamiento para disminuir el impacto negativo que las largas distancias desde el domicilio producen en su calidad de vida.

Junto a ello, las organizaciones impulsoras demandan una homogeneización de todas las ayudas públicas existentes, “equiparando las más bajas a las más altas” así como incluir en la prestación farmacéutica aquellos fármacos o productos sanitarios indicados para paliar secuelas del cáncer o de los tratamientos oncológicos y “tener en cuenta” la situación económica y social del paciente, y no sólo su situación clínica a la hora de conceder el Transporte Sanitario No Urgente para recibir tratamiento.

Este estudio se ha realizado mediante una encuesta a pacientes mayores de 18 años que estaban recibiendo un tratamiento de radioterapia en el momento de su elaboración y se ha basado en un total de 1.736 entrevistas personales a través de un cuestionario semiestructurado y realizado en un total de 55 hospitales entre los meses de enero y junio de 2019.

Con relación a los costes asociados al tratamiento, un 6% de pacientes entrevistados se vieron obligados a cambiar de domicilio para poder asistir a las sesiones de radioterapia prescritas, un porcentaje que se eleva hasta un 18% en Baleares o un 17% en Canarias mientras que casi un 30% debe hacer un trayecto diario de entre una y dos horas para poder acudir a su tratamiento y para el mismo porcentaje este supera las dos horas.

Por lo que se refiere al resto de los costes asociados al tratamiento de radioterapia, el 100% de los pacientes hace gasto en medicamentos y productos farmacéuticos para paliar los efectos secundarios; el 27% asume costes de comidas y tentempiés; un 6% necesita de los servicios de otros profesionales médicos; el 10% necesita contratar a personas para que les ayude en su viuda diaria y el 31% tiene una pérdida de ingresos por dejar de desemplear su trabajo.

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Unidas Podemos presentó este miércoles en el Congreso una proposición para regularizar a los aproximadamente 600.000 inmigrantes sin autorización de residencia que vivieran en España el 14 de marzo, día en que se declaró el estado de alarma.

Lo anunció el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, donde también lanzó otra propuesta: otorgar la nacionalidad española a todos los extranjeros que hayan trabajado en alguno de los servicios declarados esenciales por el propio decreto que declaró el estado de alarma.

Echenique reconoció que es difícil cuantificar ahora a cuántas personas afectaría esta segunda medida, pero enumeró sectores como el sanitario, el cuidado de personas dependientes o mayores, el de transportes o la producción de alimentos.

No obstante, apuntó que trasladó un “documento abierto” sobre ambas propuestas al resto de grupos parlamentarios, comenzando por el PSOE y siguiendo por el resto, conocedor de que hay posiciones distintas al respecto e “invitándoles a dialogar y buscar puntos comunes”.

Reconoció que esta iniciativa estará sometida al protocolo de colaboración legislativa entre el PSOE y Unidas Podemos, pero apuntó que su grupo no esperará a la reunión de la comisión de seguimiento del pacto para presentarla. “Si es un punto en el que pensamos distinto, lo gestionaremos y lo hablaremos con la misma normalidad con la que hemos hablado de puntos anteriores en los que hemos tenido difrerencias»”, avanzó, ensalzando que gracias a la experiencia se está implantando en España una «cultura de la coalición» y la ciudadanía ya entiende que dos partidos diferentes que gobiernan juntos «puedan tener diferencias que se pueden gestinar adecuadamente.

El portavoz no respondió a ninguna de las preguntas que se le formularon sobre el llamado ‘caso Dina’, las últimas revelaciones sobre el Rey emérito y las posibles iniciativas parlamentarias de Unidas Podemos en ambos temas, apelando a que hoy prefería centrarse en estas medidas que beneficiarían a cientos de miles de personas que «no tienen derechos fundamantales porque carecen de una autorización de ciudadanía».

DOCUMENTO

En el documento enviado a los grupos, y cuya exposición de motivos nutrió textualmente la intervención de Echenique en la rueda de prensa, se concretan así las dos propuestas que incluye. Por un lado, se propone la “concesión de una autorización de residencia a aquellas personas que acrediten su permanencia en territorio del Estado español con antelación a la declaración del estado de alarma -14 de marzo de 2020”.

“La acreditación de dicha permanencia se podrá realizar por cualquier medio válido en Derecho. Se habilitará un periodo de solicitud entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2020”, detalla el documento, que puntualiza que “los solicitantes de protección internacional podrán acceder a este procedimiento sin necesidad de renunciar a su petición y sin perjuicio de lo que resulte de dicha petición”. Para las personas que tuvieran autorización de residencia para “cualquier periodo” de 2020 o 2021 pero necesitaran renovarla, además, habrá una “exención del requisito de acreditar periodos de cotización”.

Respecto a la segunda propuesta, Unidas Podemos aboga literalmente por la “concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los extranjeros con algún tipo de autorización para permanecer en territorio español al momento de la declaración de la situación de alarma que hayan desempeñado durante el mismo algunos de los servicios esenciales a los que se refiere” el decreto del estado de alarma para mantener su actividad, y sin necesidad de renunciar a su anterior nacionalidad.

Echenique dijo que era para él es “un orgullo” presentar estas propuestas por “los olvidados de las políticas públicas”, “los últimos de la sociedad”, “los nadie”, y justificó en la situación excepcional de la epidemia la necesidad de “no dejar a nadie atrás” y de poner en marcha medidas también excepcionales que, además, contribuirán a elevar el consumo interno y, por tanto, a reactivar la economía.

En lo concerniente a la regularización, subrayó que un Gobierno progresista debe adoptar políticas “valientes y expeditivas”. También recordó que la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social de 2000, reescrita por la de 2009, establece que “la Administración podrá conceder una autorización de residencia temporal por situación de arraigo, así como por razones humanitarias, de colaboración con la Justicia u otras circunstancias excepcionales que se determinen reglamentariamente”.

Además, argumentó Echenique, en la actual situación epidemiológica, “la exclusión social muchas veces derivada de la irregularidad, el lógico miedo de estas personas a ser deportadas y las trabas burocráticas aún existentes en nuestro sistema de salud señalan que la continuidad de la irregularidad pondría en riesgo no sólo la salud de estas personas sino también la del conjunto de la ciudadanía”.

INGRESOS DEL ESTADO

Por último, defendió, que “el paso de una persona de una situación irregular a una regular no sólo permite a dicha persona incorporarse al mercado laboral con todas las garantías y derechos y es, como se ha dicho, una cuestión de derechos humanos y justicia social, sino que además, supone incrementar los ingresos del Estado por IRPF y cotizaciones de la Seguridad Social o de desempleo, al pasar cientos de miles de trabajadores de la economía sumergida a la economía formal”.

En relación a la concesión de la nacionalidad, el portavoz señaló que “es decente, es justo y es patriota” reconocer como compatriotas a esos extranjeros que desempeñaran servicios esenciales” y lo apuntaló recordando que el artículo 21.2 del Código Civil “ya ofrece la posibilidad del reconocimiento de la nacionalidad por carta de naturaleza cuando concurran en los interesados circunstancias excepcionales”.

Echenique demostró que España tiene competencia para acometer estas medidas, sin necesidad de pedir permiso a la UE, citando una directiva de 2008 según la cual “los Estados miembros podrán, en cualquier momento, decidir conceder a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio un permiso de residencia autónomo u otra autorización que otorgue un derecho de estancia por razones humanitarias o de otro tipo».

Finalmente, se curó en salud de antemano ante posibles acusaciones de que estas medidas ejercerían un efecto llamada, alegando que “el propio diseño de nuestras propuestas lo evitaría, ya que se refiere a personas que ya estaban en suelo español durante el estado de alarma y no plantea acciones extraordinarias de regularización o de otorgamiento de la nacionalidad para personas migrantes que pudieran entrar en el país en el futuro”.

Un último aspecto colateral de estas dos propuestas es que, “para evitar el atasco en los correspondientes servicios y garantizar que los dos procesos propuestos tengan de hecho lugar en tiempo y forma, sin listas de espera excesivas y en plazos razonables, se propone reforzar los recursos humanos y materiales” de los departamentos y unidades implicados.

En concreto, el texto enumera refuerzos del Ministerio de Justicia, los servicios informáticos, el Registro Central y los registros civiles, las oficina de expedición de DNI, las oficinas de Extranjería de las Subdelegaciones del Gobierno y oficinas de expedición de tarjetas de extranjeros en las comisarías. Al terminar los dos procesos, apunta el documento,“se estudiará la posibilidad de mantener alguno de los citados refuerzos con carácter estructural para agilizar el funcionamiento ordinario de los servicios, actualmente muy comprometido por la escasez de recursos humanos y materiales”.

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El director general de Autismo España, Jesús García Lorente, calificó este miércoles de «paso histórico» la aprobación ayer del anteproyecto que reformará la legislación civil y procesal para reforzar la capacidad jurídica de las personas incapacitadas por razón de discapacidad.

En declaraciones a Servimedia, García Lorente se mostró «muy satisfecho» y destacó el gran número de leyes que esta «ambiciosa reforma» implica modificar, tales como el Código Civil, la Ley Hipotecaria, la de Enjuiciamiento Civil, la de Jurisdicción Voluntaria y la del Notariado, entre otras.

En su opinión, representa «un avance decisivo en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad», al poner fin a la incapacitación judicial completa y en su lugar apostar por la libre toma de decisiones de los interesados, a quienes se habrán de garantizar los apoyos necesarios para tal fin.

“Llevamos muchos años esperándolo y estamos muy contentos», confesó. Asimismo, subrayó el «gran trabajo» realizado por el Comité español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y por todo el sector de la discapacidad en la elaboración de esta normativa, que implica «poner al día la legislación española para cumplir con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad».

MÁS CONCRECIÓN

Pese a todo, García Lorente echó en falta «una mayor concreción» a la hora de explicar «cómo se van a prestar y cómo se van a financiar los apoyos que la ley contempla».

«Está muy bien que se recoja esa previsión», concedió, pero si no «se garantiza una financiación suficiente y no se aclara como se van a prestar esos apoyos, al final será un derecho reconocido sobre el papel pero durmiente».

Propuso que una posibilidad sería que la norma recogiese la obligación de elaborar un plan de apoyos que el Ejecutivo y las comunidades deberían acordar con las entidades representativas del Tercer Sector.

«Nosotros estamos dispuestos a ayudar al Gobierno en todo lo que precise para diseñar los apoyos más adecuados a las necesidades de las personas con autismo, que lógicamente no serán exactamente iguales que los que puede precisar una persona con discapacidad intelectual o alguien con parálisis cerebral», explicó.

Si la ley incluye «este plan y un compromiso claro de financiación», la prestación de los apoyos para decidir libremente «estará mucho más asegurada». Por eso, avanzó su intención de presentar enmiendas para que la reforma, que ahora inicia su trámite parlamentario, incorpore estas mejoras antes de su aprobación definitiva. «Así tendríamos un texto mucho más garantista y mejor que el actual, que aún así, representa un logro sin paliativos en la defensa de los derechos de este colectivo», concluyó.

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Fundación ONCE ha presentado ‘Educa4all’, un proyecto de investigación aplicada para favorecer la inclusión de los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos en los planes de estudios de los grados de Arquitectura e Ingeniería Civil.

El proyecto está liderado por Fundación ONCE y se enmarca en el programa Erasmus+ de la Unión Europea. Se inició en 2017 y presenta ahora sus resultados finales.

El trabajo realizado hasta el momento ha permitido definir tres herramientas que serán las que posibilitarán y marcarán el camino para dicha implementación: Guía de Autoevaluación, Plan de Formación a docentes y Programa de competencias a incluir en los Planes de Estudios.

Las tres herramientas han sido testadas por las universidades participantes en el proyecto: UCL (University College of London), Brunel University (London), UNIBO (Universidad de Bolonia) y UFV (Universidad Francisco de Vitoria).

Entre los hallazgos cabe destacar la similitud entre ambas titulaciones desde la perspectiva de la Accesibilidad y el Diseño para Todos, además de la falta de formación del profesorado en esta materia específica.

También se ha constatado el recorrido apenas incipiente que hay en las universidades y las dificultades para integrarse en programas muy cerrados y consolidados. Es reseñable además cómo las capacidades básicas (conceptos genéricos) son los que más fácil se están implementando mientras que las consideraciones específicas para el desarrollo de proyectos son las que todavía tienen un mayor margen de mejora.

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Fundación Mapfre ha creado la Tarjeta Alimentaria Familiar, una iniciativa dirigida a ayudar a las familias con menores a su cargo y en situación de vulnerabilidad social, a la que destinará un millón de euros.

Según informa Mapfre, cada tarjeta tendrá un valor de 100 euros y a través de ella se podrán adquirir productos de alimentación o higiene en los centros Carrefour. Las familias recibirán una tarjeta mensual durante un período de tres meses, por lo que la ayuda total que percibirá cada una de ellas será de 300 euros.

La iniciativa, que se enmarca dentro del programa ‘Sé Solidario’ de Fundación Mapfre, quiere ayudar de una forma normalizada a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad en España.

La selección de los beneficiarios y la distribución de las tarjetas se ha realizado en coordinación con más de 30 entidades sociales de toda España, que colaboran en el programa ‘Sé Solidario’ de Fundación Mapfre y que cuentan con un conocimiento específico y directo de las situaciones de mayor riesgo social en cada una de las comunidades autónomas.

Los beneficiarios serán principalmente núcleos familiares con menores a cargo y con personas en situación de ERTE, que han sufrido un despido durante la pandemia o cuyos ingresos han disminuido drásticamente como resultado de la crisis provocada por el Covid-19.

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El semestre inicial de este año fue el segundo más caluroso en España desde que la serie histórica nacional de temperaturas comenzara en 1965, después de que los cinco primeros meses fueran los más cálidos y esa tendencia se suavizara con un junio algo más fresco de lo habitual.

Fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirmaron este miércoles a Servimedia que España tuvo una temperatura media de 14,3ºC entre enero y junio de este año, que es la segunda más alta en la serie histórica después de los 14,5ºC registrados en el primer semestre de 2017.

Los resúmenes climatológicos mensuales de la Aemet indican que febrero y mayo fueron los más cálidos en 55 años de registro histórico, abril resultó ser el séptimo más caluroso, marzo el decimotercero y enero el vigesimoprimero.

Con mayor concreción, hizo más calor de lo habitual en enero (0,5ºC más), febrero (3,0), marzo (0,5), abril (1,4) y mayo (2,7). Sin embargo, junio rompió esa tendencia al ser 0,1ºC más fresco de lo normal teniendo en cuenta como periodo de referencia el comprendido entre 1981 y 2010.

Además, este junio frenó 13 meses consecutivos con más temperatura de lo habitual en el conjunto de España, algo que ocurrió de forma consecutiva desde mayo de 2019.

Abril del año pasado fue catalogado como normal y, tras junio de 2020, hay que remontarse a enero de 2019 para encontrar un mes algo más frío que de costumbre (-0,1ºC).

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La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) manifestó su satisfacción ante las más de 600.000 visitas que han registrado sus videos informativos sobre la Covid-19, un total de 78 piezas en lengua de signos y con subtitulado narradas por un equipo de profesionales sordas.

Los videos abordan cuestiones tales como la evolución del coronavirus, medidas de prevención, el acceso a ayudas y prestaciones, pautas para sobrellevar el confinamiento o dinámicas para paliar el aislamiento entre las personas mayores sordas, entre otras. A ellos se suman otros videos realizados por federaciones y asociaciones de personas sordas de toda España para atender la demanda de información accesible de este colectivo.

Según explicó la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, “cuando comenzó la alerta sanitaria, vimos incrementado el número de consultas por parte de las personas sordas y sus familias, ya sea para acceder a información sanitaria, para la toma de conciencia sobre la responsabilidad individual y colectiva durante la pandemia y recibir asesoramiento sobre los ERTE, la tramitación de prestaciones, la moratoria de hipotecas o las ayudas para el alquiler, como para acceder en igualdad de condiciones a los distintos bienes y servicios”.

Una igualdad que, según afirmó Díaz, “sigue siendo un privilegio y una cuestión de mayorías”, ya que “ha sido nuestra red asociativa la que ha asumido esta labor solidariamente, compartiendo recursos, servicios e información, para que ninguna persona sorda se quede atrás”.

Díaz recordó que las primeras comparecencias y ruedas de prensa no contaron con interpretación en lengua de signos y al retransmitirse por la televisión pública, solo constaban del subtitulado propio de las cadenas.

“La CNSE tuvo que contactar con las instituciones y los medios de comunicación de forma reiterada para conseguir que incluyeran también la interpretación, y casi de igual forma, se procedió por parte de nuestras federaciones autonómicas en sus territorios”, aclaró.

Tampoco califica como accesibles las campañas de toma de conciencia que se emiten, así como las infografías que se publican. “Se piensa que si la información está en texto escrito ya no hace falta signarla, olvidando a una parte de la población sorda para quienes la lengua de signos es absolutamente necesaria, ya que constituye su principal forma de comunicación”, afirmó Díaz.

Asimismo, la presidenta de la CNSE aludió al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 adoptado en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, que apela a “la necesidad de informar y hacer comprender a la ciudadanía los riesgos que conllevan amenazas como la actual, a fin de evitar que se produzcan nuevos riesgos, reducir los existentes, y reforzar su resiliencia o capacidad para resistir, adaptarse y recuperarse de sus efectos”.

En este sentido, Concha Díaz instó a los poderes públicos a comprometerse con la inclusión, la accesibilidad a la información y la comunicación, y la plena participación de las personas sordas. “Si durante la pandemia hemos contado con información y servicios adaptados a nuestras necesidades es porque la red asociativa CNSE ha estado velando por ello, aportando soluciones, y poniendo a disposición sus propios recursos”, aclaró. “Las personas sordas somos un activo más en la reconstrucción social y económica del país, y como tal queremos ser consideradas”, concluyó.

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Las emisiones brutas de gases de efecto invernadero en España ascendieron el año pasado a 313,5 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que supone una reducción de un 6,2% respecto a 2018.

Ello fue así pese a ser un año hidrológico seco -con un descenso de la producción hidráulica del 27,6%- y en un contexto económico favorable -con un crecimiento del PIB del 2%-, de manera que hubo un desacoplamiento de las emisiones con respecto a la bonanza económica.

Así se recoge en el Avance del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), vinculadas al cambio climático, correspondiente a 2019. El Gobierno envía anualmente estos datos preliminares a la Comisión Europea en cumplimiento de sus obligaciones de información, según informó este miércoles el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

«El proceso de descarbonización en España ya ha comenzado», indicó la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en declaraciones facilitadas por su departamento.

Ribera destacó que la caída de las emisiones de CO2 durante el año pasado se produjo con crecimiento económico y recalcó que éste puede ser «sostenible». Además de la subida del PIB, indicó que en 2019 hubo una baja hidraulicidad.

Ahora nos toca un desafío más complicado: debemos reactivar la economía. Pero estos datos nos muestran que es posible pensar en el progreso, el empleo, la actividad industrial y la movilidad siendo sostenibles y desacoplando definitivamente las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro bienestar, de nuestro empleo y de nuestra actividad económica porque la transición ecológica genera modernización industrial, innovación y mejor confort y mejor salud para el conjunto de los españoles», apuntó.

El nivel de emisiones globales de gases de efecto invernadero en España ha aumentado un 8,3% respecto a 1990 y ha bajado un 29,3% en relación a 2005. El dióxido de carbono (CO2) abarca un 80,1% de esas emisiones, por delante del metano (12,8%).

Como en años anteriores, el transporte fue el sector más emisor, con un 29% de las emisiones de CO2 equivalente, seguido de la industria (20,6%); la generación de electricidad (13,5%); la agricultura y ganadería en su conjunto (12,5%); el consumo de combustibles en los sectores residencial, comercial e institucional (8,8%), y los residuos (4,3%).

Las emisiones procedentes de instalaciones sujetas al Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (ETS, por sus siglas en inglés) cayeron un 14% con respecto a 2018 y las de los sectores difusos (residencial, comercial e institucional; transporte; agrícola y ganadero; gestión de residuos; gases fluorados e industria no sujeta al comercio de emisiones), un 1,6%. Sin embargo, las de la aviación doméstica aumentaron un 7,4%.

SECTORES

El transporte (29% del total de las emisiones) aumentó un 0,7% sus emisiones, debido principalmente al transporte por carretera, que por sí solo supone un 26,8% del total de las emisiones y que ha experimentado un incremento interanual del 0,6% por la subida en el consumo de gasolina (5,7%) y pese al descenso del diésel (-0,4%). Las emisiones del transporte aéreo nacional, aunque sólo suponen un 1% del total, se incrementaron un 7,4% respecto al año anterior.

Respecto a la generación eléctrica (13,5% de las emisiones), hubo una disminución del 28,7% de las emisiones por la caída de la producción eléctrica por carbón (-64,9%). Además, aumentó la producción de energía eólica (9,4%), la solar fotovoltaica (19%) y la solar térmica (16,8%). La producción eléctrica en centrales de ciclo combinado subió un 85,9% respecto a 2018.

La industria (20,6% del total) redujeron un 2,9% sus emisiones, incluyendo tanto las procedentes del consumo de combustibles (-1,3%) como las de los propios procesos industriales (-6,5%). Destacan los descensos en los sectores de los minerales no metálicos (-7,1% en las emisiones ETS del sector del cemento) y de la metalurgia (-15,1% en la producción de aluminio primario y -19,4% en la producción o transformación de metales no férreos).

El sector residencial, comercial e institucional (9% del total) experimentó un descenso del 3% debido a un menor consumo de gasóleo C en un 2019 climatológicamente muy cálido, pues fue el sexto año más cálido desde 1965.

Las emisiones derivadas de la maquinaria agrícola, forestal y pesquera (3,7% del total) se redujeron -1,3% con respecto al año anterior, debido al descenso en el consumo de gasóleo B.

La agricultura (12,5% del total, incluidas las emisiones de la ganadería) muestra un descenso del 1,4%. En el ámbito ganadero, pese al ligero crecimiento de las cabañas ganaderas (responsables del 67,2% de las emisiones de este sector), las emisiones bajaron un 0,4%, sobre todo en la gestión de estiércol (-1,0%) y la fermentación entérica (-0,1%). Las de los cultivos disminuyeron un 3,4%, fundamentalmente por los descensos de emisiones de N2O derivadas de la gestión de suelos agrícolas por un menor uso de fertilizantes inorgánicos respecto al año anterior (-3,2 %) y de emisiones de CO2 derivadas de la aplicación de urea (12,4%).

El sector de los residuos (4,3% del total) aumenta ligeramente sus emisiones en un 0,7%) por el incremento de las cantidades de residuos sólidos depositados en vertederos y aguas residuales tratadas. Los residuos y el transporte son los únicos sectores que no registran desacoplamiento de sus emisiones frente al contexto socioeconómico (incremento del PIB del 2% y de la población del 0,8%, con más de 47 millones de habitantes por primera vez en la historia de España).

Las emisiones derivadas de la combustión en refinerías (3,5% del total) disminuyeron un 3,6%, según datos del régimen ETS, y las de gases fluorados (1,5% del total) se redujeron un 5,2%, principalmente por el descenso en el uso de HFC y PFC en el sector de la refrigeración y aire acondicionado.

SERVIMEDIA

Los fisioterapeutas madrileños advierten de los peligros de las zambullidas en playas, piscinas o zonas de aguas desconocidas como ríos y pantanos, pues son, junto a las caídas y los accidentes de tráfico, una de las principales causas de lesiones medulares.

Es una de las recomendaciones que ha hecho este miércoles el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (Cpfcm) ante la llegada de uno de los veranos más atípicos de las últimas décadas, en el que, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, se optará fundamentalmente por el turismo de interior y rural.

Así, los fisioterapeutas aconsejan no tirarse al agua en zonas en las que se desconozca su profundidad o que haya podido variar, así como la visibilidad de la misma. “En los ríos y los pantanos el nivel del agua puede variar de un día para otro, por lo que es fundamental que comprobemos la profundidad de los mismos y que nos metamos en el agua con cuidado y de forma progresiva”, explicó el vicedecano de la institución colegial, Pablo Herrera, al tiempo que recordó que “en España se producen entre 800 y 1.000 lesiones medulares al año, de las cuales, cerca del 4% son por este motivo”.

Además, es importante, a la hora de saltar a al agua, hacerlo con los brazos extendidos para que queden protegidos la cabeza y el cuello y comenzar a nadar de forma progresiva, aumentando el tiempo y el ritmo día tras día.

En este sentido, los fisioterapeutas recuerdan también la importancia de ir adaptando el ritmo progresivamente en cualquier tipo de actividad, especialmente en las repetitivas. “Si nos decantamos por la montaña y queremos hacer actividades tipo marcha o ciclismo, tenemos que evitar empezar con distancias muy largas el primer día e ir avanzando poco a poco de menos a más. De esta forma iremos adaptando gradualmente el cuerpo y evitaremos lesiones por sobreesfuerzo”, indicó Herrera.

Para evitar que este sobreesfuerzo produzca lesiones como esguinces o luxaciones, el Cpfcm recomienda, además de la adaptación progresiva, realizar ejercicios de control motor, juegos de equilibrios, movimientos de cuello suaves o círculos de hombros, entre otros. “Se trata de ejercicios muy sencillos y actividades de conciencia corporal que podemos hacer en el día a día, que no necesitan mucho tiempo y que pueden ayudarnos a evitar lesiones por sobreesfuerzo”, subrayó Herrera.

VIAJES EN COCHE

Ante el aumento del número de desplazamientos en coche que se espera este verano, el Cpfcm recomienda, además de seguir siempre los consejos de la DGT, hacer pausas cada poco tiempo, especialmente si no se tiene aire acondicionado, y convertirlas en pausas activas.

“Desde la ergonomía, hablaríamos de pausas activas siempre que las aprovechemos para hacer ejercicios de movilización suave y estiramientos que nos ayuden a relajar la musculatura después de haber pasado tanto tiempo en la misma posición en el coche”, señaló Herrera.

SERVIMEDIA

Indra ha donado durante la pandemia un total de 9.748 dispositivos a 44 entidades sin ánimo de lucro, con el fin de reducir la brecha digital educativa.

La tecnológica ha alcanzado casi la cifra de 10.000 dispositivos entregados tras una última donación de 808 tabletas a menores de toda España que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad o riesgo social, para ayudarles en sus tareas escolares.

Indra asegura en un comunicado que esta iniciativa supone la mayor donación de dispositivos tecnológicos realizada durante la crisis del Covid-19 con fines educativos.

La donación ha sido canalizada a través de Minsait, la filial de Tecnologías de la Información de Indra, y está ligada a los principios de la acción social de Indra, centrada principalmente en lograr que la tecnología tenga un impacto real en la sociedad y en fomentar el acercamiento de niños y jóvenes a la innovación.

Entre las 44 entidades destinatarias de la donación figuran la ONCE, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Aldeas Infantiles, Ayuda en Acción, Acción contra el Hambre, Cáritas, Cruz Roja, Save the Children y Unicef.

Aparte de esta donación de dispositivos, la compañía que preside Fernando Abril-Martorell lanzó un crowdfunding solidario dirigido a su plantilla. En tan solo 15 días, los profesionales de Indra en España consiguieron alcanzar una recaudación de cerca de 270.000 euros, que fue canalizada a través de 10 ONG.

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La Fundación Cermi Mujeres (FCM) centrará este miércoles, 8 de julio, de 18.00 a 20.00 horas, el 11 webinario de su ciclo ‘No estás sola’ en el impacto que está teniendo la pandemia de COVID-19 en las mujeres y niñas con discapacidad y en las madres y cuidadoras de Latinoamérica.

El encuentro tendrá lugar este miércoles, 8 de julio, de 18.00 a 20.00 horas. ‘No estás sola’ es una iniciativa con la que la FCM analiza cada miércoles de manera telemática un asunto concreto relacionado con la pandemia de coronavirus y con la que impulsa el acompañamiento y participación de las mujeres con discapacidad y las madres y cuidadoras en primera persona.

Para abordar la situación de la población femenina con discapacidad en Latinoamérica intervendrán Sandra Darce, presidenta de la Federación Femucadi de Nicaragua; Gabriela Troyano, voluntaria de la Asociación Azul y exdytutada nacional en Argentina; Claudia Reyes, directora de la Asociación Talla Baja de Paraguay; Elisabeth Campos, directora ejecutiva de la Comisión de Damas Invidentes del Perú (Codip), y Cristina Francisco, fundadora del Círculo de Mujeres con Discapacidad de la República Dominicana (Cimudis).

Participarán también Iliana Chacón, directora ejecutiva de Fundación Derechos Humanos, Mujer y Discapacidad de Costa Rica; Cristina Francisco, fundadora del Círculo de Mujeres con Discapacidad de la República Dominicana (Cimudis); Antonia Irazábal, responsable del Área de Género del Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay; Rubidia Cornejo, miembro fundadora de la Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador (Amuces); Marcela Benavides, presidenta de la Corporación Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile (Cimunidis); Liliana Sanafria, del movimiento de la discapacidad de Ecuador; Sandra Ramalhoso, del movimiento de la discapacidad de Brasil, y Vivian Cecilia, representante de mujeres con discapacidad de Sololá de Guatemala.

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El fabricante de ascensores y escaleras mecánicas Zardoya Otis ha convocado la segunda edición de sus premios ‘Por un mundo sin barreras’, para impulsar la accesibilidad universal.

Con esta iniciativa, la compañía quiere reconocer la labor de personas y organizaciones que contribuyen a construir una sociedad y un mundo sin barreras físicas, sensoriales, cognitivas o de cualquier naturaleza.

Se mantienen las dos modalidades del año pasado, con dos premios por categoría. Por un lado, el jurado otorgará el ‘Reconocimiento Aascentia Zardoya Otis’, con dos premios por categoría, a aquellas personas físicas o jurídicas que hayan desarrollado productos, servicios, proyectos, estudios e investigaciones tendentes a mejorar la calidad de vida de las personas eliminando cualquier tipo de barrera que dificulte la accesibilidad universal.

Por otra parte, el ‘Reconocimiento Áurea Zardoya Otis» está dirigido a personas o grupos de personas referentes por su compromiso para fomentar y ayudar a crear una sociedad y un mundo sin barreras mediante una iniciativa concreta.

En esta edición de 2020, los cuatro galardones tendrán, además, una dotación económica de 3.000 euros para cada ganador. El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre, los a través del sitio web ‘www.otissinbarreras.com’.

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El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) anunciada por los fondos KKR, Cinven y Providence sobre MásMóvil y que valora la compañía a 2.963,57 millones de euros.

Su permiso lo efectúa sobre la inversión extranjera anunciad por Lorca Telecom Bidco, sociedad instrumental perteneciente a los tres fondos de capital riesgo y a través de la cual tienen intención de comprar la teleco española.

Según figuras en las referencias del Consejo de Ministros, su permiso lo otorga de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2003, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, y previo informe favorable de la Junta de Inversiones Exteriores.

Los tres fondos anunciaron una OPA sobre MásMóvil a 22,50 euros por acción, que implicaba una prima del 20,2% sobre los 18,72 euros a los que cotizaba en vísperas de proponer la oferta.

Supone valorar la teleco en casi 3.000 millones de euros y para su financiación, los fondos han conseguido avales otorgados por Barclays, BNP Paribas y Morgan Stanley, por un importe de casi 987,86 millones de euros cada uno de ellos.

La operación está condicionada a la aceptación del 50% de las acciones y los oferentes cuentan ya con el compromiso irrevocable del 30% del accionariado significativo actual.

Además, cuenta con el respaldo del Consejo de Administración y el equipo directivo quienes en una comunicación a la CNMV han reconocido que se trata de una operación beneficiosa para los accionistas y demás ‘stakeholders’ de la sociedad.

El objetivo final de los oferentes es excluir a MásMóvil de cotización en Bolsa y dar continuidad a su plan estratégico, según ha manifestado la propia compañía, quien indicó que la intención era también mantener a los empleados y equipo directivo

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