El presidente del PP, Pablo Casado, ha informado este miércoles de que su formación ha presentado diez enmiendas a la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), impulsada por la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, que incluye medidas que consideran «fundamentales» para el sistema educativo como el MIR para el profesorado o que un 65% del currículum académico sea de carácter nacional.

Según ha explicado, en rueda de prensa en el Congreso, se trata de una serie de medidas que han consensuado con la comunidad educativa y que empiezan por buscar garantías para «la libertad d elección de las familias» sobre la educación de los hijos, como por ejemplo, en la educación concertada. También ha señalado Casado la intención del PP de conseguir «el prestidio de los docentes», de ahí que propongan la creación de una prueba similar al MIR de los sanitarios, pero para los profesores.

Las enmiendas presentadas también proponen que haya una el 65% de currículum académico nacional, entre cuyas materias deben incluirse las de materias conocidas como STEM , reclacionadas con las ciencias y la tecnología, y que el castellano sea «lengua curricular en toda España» y que en aquellas comunidades autónomas donde tengan lenguas cooficiales «pueda haber trilingüismo, entre inglés, castellano y la lengua cooficial».

Casado también se ha referido a la necesidad de «defender la educación especial» y, sobre ella también se ha presentado una enmienda, así como sobre la «implantación y progresión» de la FP Dual en todo el territoro nacional.

CRITICA LA ACTITUD DEL GOBIERNO

El presidente de los ‘populares’ ha destacado también la intención de su partido de «reforzar la Alta Inspección Educativa frente al adoctrinamiento» en comunidades autónomas en donde, según ha indicado, son los partidos nacionalistas los que están a cargo de las competencias educativas. Finalmente, el PP incluye también enmiendas para que se realice «una evaluación naciona de conocimientos» y «una EBAU para toda España».

«Esperamos que se atiendan estas enmiendas imprescindibles», ha indicado el líder del PP, acompañado de la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, la portavoz de Educación en el Congreso, Sandra Moneo y la vicesecretaria de Política Social del partido, Ana Pastor, que, según ha indicado, se encargarán de negociar en la tramitación de esta ley.

Casado ha criticado la actitud del Ejecutivo en la tramitación de esta norma. Primero, ha indicado, en el estado de alarma «plantea la contrarreforma» y en la actual «segunda oleada» de la pandemia «finaliza el plazo de enmiendas para tramitarlo definitivamente».

Las formaciones tienen de plazo hasta este miércoles para presentar las enemiendas a la LOMLOE, también conocida como ‘Ley Celaá’, que a partir de ahora comienza la etapa de ponencia en su tramitación, en donde las formaciones negociarán la incorporación de sus enmiendas a la norma presentada por el Ejecutivo.

La Audiencia Nacional ha ordenado prisión provisional para los presuntos autores de la muerte de dos jóvenes melillenses a bordo de su embarcación en aguas marroquíes el 27 de octubre de 2013″, aunque para hacer efectiva esta resolución sería necesario que el reino alauí aceptara la extradición de los tres militares a España, algo que de momento no ha ocurrido tras casi ocho años desde que ocurrieron estos sucesos en ‘Punta Negri’, aguas marroquíes situadas a unos 35 kilómetros de la ciudad española de Melilla.

Según ha informado a Europa Press el despacho de abogados ILOCAD, fundado y dirigido por el exjuez Baltasar Garzón, el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha decretado prisión provisional comunicada e incondicional para un comandante y dos sargentos «por la presunta muerte de los jóvenes ametrallados por una patrullera de Marruecos en 2013».

ILOCAD ha señalado que la causa de Emin Mohamed Driss, de 20 años, y Abdeselam Ahmed Ali, apodado Pisly, de 24, presuntamente asesinados mientras navegaban en una embarcación autorizada para navegar por aguas marroquíes «ha dado un paso importante en la investigación» después de que el tribunal español haya señalado a estas tres personas como «presuntos autores del tiroteo que causó la muerte de los dos jóvenes en octubre de 2013».

Igualmente, el despacho de abogados ha destacado que la Audiencia Nacional ha decretado la emisión de las órdenes europea e internacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión, así como la comparecencia judicial en las 72 horas siguientes a que sean puestos a disposición judicial.

LOS HECHOS

Los hechos sucedieron el 27 de octubre de 2013, cuando los dos ciudadanos españoles conocidos como Emin y Pisly murieron al parecer como consecuencia de los disparos que recibieron desde la Patrullera de Costa nº 116 de la Base Naval nº 5 en Alcazarseguir perteneciente a la Marina Real del Reino de Marruecos. Los jóvenes navegaban en aguas jurisdiccionales marroquíes a bordo de una embarcación tipo Zodiac, con matrícula y bandera española, y que «estaba autorizada para navegar por aguas marroquíes», según ha asegurado ILOCAD.

La petición del despacho de abogados, que actúa pro bono y ha venido solicitando esta diligencia de investigación que ahora se ha acordado pese a la oposición del Ministerio Fiscal, ha visto como resultado el auto acordando la petición de prisión provisional, así como las mencionadas órdenes europea e internacional de detención y entrega de los presuntos autores.

«Hoy podemos celebrar la buena noticia para las familias de las víctimas, representadas por este despacho, y que en todo momento se han sentido desprotegidas y abandonadas«, ha indicado ILOCAD.

Al respecto, ha aseverado que «en ningún momento, desde que se sucedieron los hechos, ni el Gobierno español ni el marroquí han dado explicación alguna ni han impulsado la investigación de los asesinatos».

Por último, han destacado que, tras la desestimación del archivo de la causa, tal y como pedía la Fiscalía, la Audiencia Nacional ha decretado este auto de prisión provisional ante el cual aún es posible la interposición de un recurso de reforma y/o subsidiario de apelación.

Los padres de Emin y Pisly, Driss Mohamed y Abdeslam Ahmed, desde que ocurrieron los hechos, han organizado varias manifestaciones y han celebrado concentraciones mensuales en estos casi ocho años para reclamar justicia por la muerte de sus hijos.

VERSIÓN MARROQUÍ

Sobre lo ocurrido el 27 de octubre de 2013, en Marruecos se ha registrado la versión oficial ofrecida por la agencia oficial de noticias de Marruecos MAP, que informó el día de los sucesos de que los hechos habrían ocurrido en una zona próxima denominada ‘Punta Negri’ después de que los dos jóvenes «desatendieran el alto de la Marina Real marroquí y huyeran». Durante la persecución, añadió la agencia, «los agentes tuvieron que realizar disparos después de que presuntamente los melillenses quisieran embestirles con su embarcación».

Por último, la MAP informó de que «la Policía marroquí sospecha que podrían dedicarse al narcotráfico» si bien la propia MAP admitió que «en la lancha no se encontraron sustancias estupefacientes«.

La Inspección Fiscal ha abierto una información previa tras recibir una denuncia de una asociación de abogados de izquierdas contra la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal por el contenido de un artículo muy crítico con la gestión de la pandemia por el Gobierno que publicó en el diario El Mundo el pasado 3 de mayo.

La tramitación de este asunto, es independiente de la investigación también interna que ha abierto la Inspección en relación con las manifestaciones realizadas por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, quien en recientes entrevistas apuntó que dos compañeros habían tratado de «influirle» sobre el sentido del informe que él estaba realizando en relación con las querellas presentadas contra el Gobierno por su forma de llevar la crisis sanitaria.

La denuncia, cuya presentación obliga al menos un somero estudio, según las fuentes consultadas, fue presentada recientemente por el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda pese a que el artículo fue publicado hace casi cinco meses. Consideran que el contenido del artículo debe ser merecedor de sanción disciplinaria.

Sobre la investigación de las presiones denunciadas por Navajas, el decreto de incoación de las diligencias no señala contra quien se dirigen las actuaciones, si bien uno de los fiscales apuntados en las entrevistas en las que señaló presiones es Madrigal. La indagación se ciñe por el momento al análisis de lo dicho por el teniente fiscal de Supremo, tras lo cual se estudiará si merece ser objeto de un expediente disciplinario contra algún miembro de la Carrera Fiscal en particular.

El fiscal Navajas explicó que no convocó la Junta de Fiscales de Sala para fijar una respuesta a las más de 60 querellas y denuncias presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia porque habría tenido que excluir de ese encuentro a algunos fiscales «contaminados políticamente».

Según su relato, cuando comenzaron a presentarse las querellas contra el Gobierno por el coronavirus algunos fiscales acudieron a su despacho para intentar influenciarle sobre el fondo de este asunto. En concreto, apuntó a Consuelo Madrigal y a «otro compañero» cuyo nombre no quiso revelar. «Son fiscales de altísima consideración pero que en este asunto concreto están contaminados ideológicamente», dijo.

Estas manifestaciones provocaron el malestar entre las asociaciones de fiscales al considerar que estaban «fuera de lugar». Así, para la Asociación de Fiscales, «tachar ideológicamente a los compañeros está fuera de lugar», pues recuerda que el Ministerio Público, como institución, prevé mecanismos para valorar la profesionalidad y actuación de los fiscales y que cada fiscal puede hacer uso de ellos para defender sus intereses.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) también comparte que las afirmaciones de Navajas «no contribuyen, en modo alguno, a transmitir una imagen de unidad de actuación y de absoluta independencia o autonomía de Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones«.

El Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles la proposición no de ley impulsada por el movimiento ‘Regularización Ya’, por la que se instaba al Gobierno a realizar una regularización generalizada de todas las personas que actualmente viven en España. La iniciativa ha contado con el voto a favor de los firmantes de la misma, Unidas Podemos, ERC, Eh Bildu, Junts, BNG, Compromís y Más País-Equo, y ha sido rechazada por PSOE, PP, Vox y Ciudadanos.

La proposición no de ley votada, que se debatió en la sesión parlamentaria de este martes, es una enmienda a la totalidad de otra propuesta registrada por ERC en la que se reclamaba una regularización exprés para migrantes en los ámbitos de la Sanidad, los cuidados y el sector agrario. El mismo día de su debate, la formación independentista, acompañada de otros partidos, decidió autoenmendarse y ampliar esa regularización a todos los extranjeros residentes en el país.

Este cambio no gustó a PSOE y PNV, que reprocharon a los independentistas sus formas. Los socialistas señalaron, además, que estaban «mintiendo» a los ciudadanos al reclamar esta regularización ya que, según explicó la portavoz del PSOE en el debate, Pilar Cancela, ni la legislación española ni la europea, vigentes en la actualidad, permiten esta medida, ya que se habla de una regulación «individualizada» y «tasada».

Aún así, la socialista tendió la mano desde la tribuna del Congreso para una reforma de la Ley de Extranjería y del reglamento de la misma para poder mejorar esta situación de los inmigrantes.

La portavoz del PP en esta materia, Elvira Velasco, ha rechazado, por su parte, la iniciativa señalando que su partido ha presentado propuestas «relevantes» en cuanto a la contratación de personas migrantes y cree que este es el camino a seguir, mientras su homóloga de Vox, María Teresa López, ha señalado que esta medida supondrá un «efecto llamada» para la llegada de inmigrantes.

Ciudadanos, que tampoco ha apoyado la iniciativa ha criticado, a través de su diputado Pablo Cambronero, que la propuesta acusara, en uno de sus puntos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad de «detener por motivos raciales», algo que, según ha indicado es «falso, ridículo e insidioso».

EL RESTO DE PARTIDOS DEFENDIERON LA PROPUESTA

En el lado contrario, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufían, defendió la iniciativa leyendo un comunicado redactado por el movimiento en el que los inmigrantes reivindicaban que forman parte del país y son «conscientes de los desafíos» que deja la pandemia en España. El independentista llamó a dejar las «diferencias políticas» ante temas como este.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en esta materia, Bel Pozueta, ha llamado pidió «recompensar» a las personas en situación administrativa irregular que han «aportado como las que más» durante la crisis sanitaria, una labor que también ha puso en valor la portavoz de Más País-Equo, Inés Sabanés, recordando que los migrantes han estado «en la primera fila» de los cuidados y de otros trabajos esenciales «durante la crisis». Los representantes de BNG y CUP, Néstor Rego y Albert Botrán, respectivamente, también denunciaron que la ausencia de regularización es el motivo por el que los trabajos asignados a los migrantes están «precarizados».

Junts, por su parte, reconoció no estar de acuerdo con todos los puntos de la iniciativa, pero, según explicó su diputada Mariona Illamola, no quieren «obstaculizar» un debate en la Cámara que consideran «necesario», mientras que la representante de Unidas Podemos en este debate, Isabel Franco, acusó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y a su vicepresidente, Ignacio Aguado, de compartir el «discurso de odio» en sus intervenciones cuando aseguran que los inmigrantes son foco de contagio del Covid o cuando «confinan» el sur de la autonomía.

El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles la proposición no de ley de Más País-Equo que reclamaba una reforma fiscal «de solidaridad» para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, con un nuevo impuesto a la banca, otro a grandes fortunas, la supresión de ‘agujeros’ en el Impuesto sobre Sociedades, el ‘destope’ de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social y el establecimiento de tramos adicionales extraordinarios en el IRPF hasta del 60%.

La iniciativa ha sido rechazada por el PSOE, el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, el PNV, UPN, y Foro Asturias, mientras que ha sido apoyada por Esquerra Republicana, EH-Bildu, la CUP, Compromís y el BNG. Por su parte, Unidas Podemos, el PRC y Nueva Canarias han decidido abstenerse.

Las dos formaciones que sustentan el Gobierno de coalición ya avanzaron el martes que no apoyarían la iniciativa defendida en el Pleno por el portavoz, Íñigo Errejón, y que contenía buena parte de las medidas del programa fiscal con el que Unidas Podemos concurrió a las últimas elecciones generales.

Coincidiendo en la necesidad de contar con una fiscalidad «justa y progresiva», la diputada del PSOE Montse Mínguez pidió tener en cuenta el «contexto actual» de crisis económica, y defendió adoptar estas medidas «de forma progresiva» y «en varias velocidades». En todo caso, aseguró que en los próximos Presupuestos, por parte del Gobierno de coalición, «en ningún momento se van a subir los impuestos a autónomos, pymes y clase media y trabajadora».

También compartió el «diagnóstico» y las propuestas planteadas por Más País el diputado de En Comú Podem Gerardo Pisarello. «Pero no se trata de tener ideas, sino de tener fuerza para ponerlas en marcha», apostilló, instando en este punto a que «esa fuerza se incluya en propuestas en el Presupuesto» por parte de la «mayoría progresista».

«EN EL FONDO SABEN QUE ES LO CORRECTO»

«Creo que en el fondo saben que es correcto», afirmó, por su parte Errejón, advirtiendo tanto a PSOE como a Unidas Podemos de que «van a pagar el mismo precio por ser valientes que por no serlo».

«Tienen que tener cuidado. El problema no es la polarización política, es la polarización social, el miedo y la incertidumbre de los de abajo», aseveró, exigiendo que «a las expectativas puestas en el Gobierno progresista no se les puede defraudar». «No desaprovechemos la oportunidad», concluyó.

RECARGO PARA RECUPERAR EL RESCATE Y TAPAR AGUJEROS EN SOCIEDADES

Esta batería de medidas, recogida en una proposición no de ley registrada el pasado abril, contemplaba modificaciones en diferentes impuestos, la reconversión de algunos y la creación de otros, como el dirigido a entidades financieras beneficiadas «directa o indirectamente del rescate público de 2013», a las que Más País pide aplicar un recargo de 10 puntos en el tipo nominal al que están sujetos en el Impuesto sobre Sociedades.

En Sociedades, pide suprimir todo beneficio fiscal que no tenga finalidad social o ambiental para las grandes empresas, incluyendo las compensaciones de bases imponibles negativas, con un tipo efectivo mínimo del 15% sobre beneficio contable, y a la vez reducir el tipo nominal a pymes al 23%.

En el IRPF, solicita partir nuevos tramos «extraordinarios» para rentas más altas, a partir del 47% para rentas superiores a 100.000 euros, hasta alcanzar el 60% aplicable a rentas por encima de los 600.000 euros, la revisión de deducciones en estos tramos y una igualación progresiva a los tipos nominales de las rentas de capital, dirigida a una igualación con las rentas del trabajo.

RECONVERTIR PATRIMONIO EN UN IMPUESTO A GRANDES FORTUNAS

En materia del Impuesto sobre el Patrimonio, Más País pide convertirlo en un Impuesto sobre Grandes Fortunas armonizado por comunidades, con un tipo de entre el 1% y el 1,7% para patrimonios netos superiores a millón de euros, y del 2% para superiores a los dos millones de euros.

En Sucesiones y Donaciones, insta a avanzar hacia una armonización «para evitar la descalificación de la transmisión sucesoria y asegurar su progresividad» en todas las comunidades, así como impulsar también esta armonización a nivel europeo para evitar ‘dumping fiscal’ entre países.

REVISAR EL RÉGIMEN DE SOCIMIS Y SICAVS Y PERSEGUIR EL GRAN FRAUDE

Por otro lado, demanda revisar el régimen fiscal de las Socimis y las Sicavs, con un tipo efectivo del 15% para los beneficios no distribuidos, reforzando el cumplimiento de la normativa, y reorientar los recursos de la Agencia Tributaria hacia la persecución del gran fraude.

En este sentido, plantea aumentar sus recursos, reducir el umbral de delito tributario a 50.000 euros, y ampliar los períodos de prescripción de los mismos. Asimismo, propone crear juzgados especializados en delitos fiscales, al igual que existe en los concursos empresariales.

Respecto a los nuevos impuestos impulsados por el Gobierno y aprobados ya en el Congreso, los de servicios digitales y transacciones financieras, Más País pide agilizar el primero y aumentar su gravamen previsto al 5% sobre la base imponible, y mejorar el segundo para incluir contratos derivados sobre divisas y materias primas, de permuta de incumplimiento crediticio y operaciones de alta frecuencia.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que es de una «extraordinaria gravedad» que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda conceder indultos a los condenados por sedición por el 1-O y ha anunciado que si llegan a aprobarse su partido recurrirá al Tribunal Supremo. Aunque ha dicho que su formación ejercerá una oposición «firme» para «parar» la «degradación institucional» que se está produciendo en España, ha animado a «partidos de ámbito regionalista y nacionalista» a alzar la voz y denunciarlo.

«Si Sánchez no defiende los intereses de España, si se le cae ya la careta y revela el precio tan caro que paga por seguir en el poder, el Partido Popular sí está dispuesto a defender a España», ha afirmado Casado después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya anunciado que la tramitación de las solicitudes de indulto de los presos del ‘procés’ comenzará la próxima semana.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, tras la sesión de control al Gobierno, ha avanzado que si la medida de gracia llega a aprobarse su formación acudirá al Supremo. A su entender, no se trata de un «lapsus» sino que forma parte del «cronograma» que el Gobierno tiene planteado para esta legislatura.

Tras asegurar que ya en campaña electoral Pedro Sánchez no aclaró si indultaría a los líderes independentistas, ha asegurado que se trata de un hecho de una «extraordinaria gravedad» que «la propaganda, los eslóganes y las mentiras del Gobierno no deberían ocultar».

Casado ha dicho que espera que el PP, que ejerce una oposición «firme y legítima», pueda «parar» lo que está pasando pero ha señalado que hay partidos «de ámbito regionalista y nacionalista que deberían ser conscientes de lo que está pasando» y denunciarlo.

Y DENUNCIA QUE MIENTRAS SÁNCHEZ «HUYA A BRUSELAS»

El presidente de los ‘populares’ ha criticado que Pedro Sánchez «huya a Bruselas» mientras el ministro de Justicia anuncia esta tramitación de las solicitudes de indulto de los presos del ‘procés’ comenzará la próxima semana.

«Sánchez huye a Bruselas en una cumbre cancelada el día en que España entra oficialmente en recesión, el Rey es vetado por el Gobierno en Cataluña, la vicepresidenta pacta los Presupuestos con Bildu y el ministro de Justicia anuncia la tramitación de los indultos a los condenados por sedición», ha asegurado, para añadir que todo esto se produce «el mismo día que hay más muertes por Covid en la segunda oleada que Sánchez negaba el 5 de julio diciendo que estaba derrotado el virus».

Casado ha afirmado que «no entiende» que aquellos que «dieron un golpe a la Constitución» ahora puedan recibir un indulto por parte del Ejecutivo o la «amnistía de facto a la carta, a través de la modificación del delito de sedición». A su entender, si se revisan las Constituciones de otros países del entorno se verá lo que recoge su ordenamiento jurídico ante esos comportamientos.

«El PP es incompatible con dar indultos a aquellos que han sido condenados por dar un golpe a la Constitución española y con modificar el Código Penal a la carta para favorecer a los que han cometido graves delitos», ha aseverado, para añadir que los pasos del Gobierno van en la línea de «destruir las instituciones».

«DEGRADACIÓN INSTITUCIONAL»

Tras subrayar que las ideas en España «no se persiguen», ha recalcado que en este caso están hablando de delitos cometidos por los dirigentes independentistas. «Cuando se comete un delito, robar en un supermercado o declarar la independencia de una de las comunidades de España alentando la violencia en varias manifestaciones previas, eso no puede tener un indulto», ha resaltado.

Casado ha aprovechado para denunciar la «degradación institucional» que está sufriendo España y ha señalado que «no tiene parangón en ningún país del entorno». «Tiene que detenerse ya», ha solicitado, asegurando que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se ha convertido en «abogada defensora de Podemos y comisaria política al servicio» del PSOE.

Dicho esto, ha resaltado que el PP no va a ser «cómplice y palmero de esa degradación institucional» sino que será «un freno a la deriva» que, a su juicio, «está rozando los límites de lo que una democracia parlamentaria puede soportar».

REFORMA «A LA CARTA» DE LOS DELITOS SEDICIÓN Y REBELIÓN

Casado ha afirmado que el Gobierno debería estar ocupado en un nuevo marco normativo que ayude a hacer «limitaciones de movilidad eficaces» para contener el Covid-19 «en vez de plantear una reforma de los delitos de sedición y rebelión a la carta para favorecer a los que han dado un golpe a la legalidad y están negando la historia criminal de unos terroristas que mataron a 850 inocentes».

Aparte de impedir esos indultos, Casado ha señalado que su partido se centrará en «cualificar» los delitos de sedición y rebelión como el PP ya planteó en su programa electoral y planteará que «acaben ya los acercamientos de presos etarras, algunos con delitos de sangre, a cambio de la derogación de la reforma laboral o los Presupuestos».

De la misma manera, ha dicho que el PP seguirá exigiendo un plan de choque económico que extienda los ERTES hasta la próxima primavera, baje impuestos y ofrezca un año de carencia a los créditos ICO, entre otras medidas.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado suspender cautelarmente la orden del Ministerio de Sanidad de 14 de agosto por la que se aprobó el cierre de discotecas, sala de baile y bares de copas y la apertura de locales de hostelería hasta la 1 de la madrugada por el incremento de nuevos casos positivos.

La medida cautelar fue solicitada por la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon), que impugnó dicha orden ministerial, y el tribunal rechaza suspenderla mientras se resuelve sobre el fondo del asunto. La Sala ya denegó el pasado 20 de agosto la medida cautelarísima -lo que significa que debe resolverse en 48 horas– solicitada por la misma federación al considerar que primaba la salud pública al interés económico de las discotecas.

Un argumento que mantienen los magistrados, pues según explican en el auto el ministerio dirigido por Salvador Illa adoptó esta decisión debido a la situación epidemiológica y el riesgo generalizado para la población debido al incremento constante de casos positivos por coronavirus.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo recoge en su auto los argumentos esgrimido por el Ministerio de Sanidad para adoptar esta decisión y señala en un auto que «aunque la situación no es comparable a la sufrida en los meses de marzo y abril, se observa un incremento constante de casos de contagios en todo el territorio que va progresivamente generando un número creciente de casos graves que requieren hospitalización e ingresos en Unidades de Cuidados críticos».

Asimismo, los magistrados han tenido en cuenta que Sanidad también especificaba que «durante las últimas semanas, se ha incrementado el número de brotes generados en el ámbito social, que suponen casi el 40% de los mismos» y que entre estos brotes, los más importantes son aquellos relacionados con reuniones familiares o de amigos y los producidos en locales de ocio con horario mayoritariamente nocturno.

Así, la Sala concluye que pese a ser evidentes los perjuicios que la resolución impugnada puede acarrear a la hostelería y al ocio nocturno, «es el interés público el que resulta más necesitado de protección a la vista de las circunstancias descritas en la orden impugnada y no rechazadas por la parte recurrente».

Ciudadanos ha reiterado este miércoles su rechazo a cualquier tipo de indulto o «privilegio» que se pueda conceder a los condenados por el proceso independentista de 2017 en Cataluña, pero por ahora mantiene su intención de negociar los Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno de Pedro Sánchez.

La portavoz de Ciudadanos en el Senado y en el Parlament de Cataluña, Lorena Roldán, ha criticado la «empatía» del Ejecutivo de Pedro Sánchez con los presos del ‘procés’ después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciara en el Pleno del Congreso que las solicitudes de indulto comenzarán a tramitarse la próxima semana.

«Con nosotros, señores del PSOE, no cuenten para indultos ni para privilegios de ningún tipo», ha dicho en el Senado la portavoz de Cs, que ha señalado que los líderes independentistas condenados «cometieron delitos gravísimos, pisotearon los derechos de más de la mitad de los catalanes» y, además, «no se arrepienten de esos delitos y amenazan día tras día con volver a cometerlos».

Roldán no ha aclarado si esto afectaría a la voluntad de su partido de negociar los Presupuestos de 2021, pero fuentes de la dirección de Cs han admitido que no les ha gustado que Campo, al responder a una pregunta de Laura Borràs (Junts per Catalunya), aludiera a la tramitación de las peticiones de indulto recibidas por el Gobierno.

A su modo de ver, estas palabras son un guiño más del Ejecutivo a las formaciones nacionalistas. A pesar de ello, y teniendo en cuenta que de momento no se ha concedido ningún indulto, el partido presidido por Inés Arrimadas seguirá apostando por negociar los PGE con Sánchez.

En la formación naranja sostienen que si se negaran ahora a hablar de los Presupuestos, estarían dando una excusa al Gobierno para pactarlos con fuerzas independentistas –como Esquerra, Bildu o JxCat– argumentando que no tiene más remedio porque la vía de Cs ya no es posible. Y eso es, precisamente, lo que quieren evitar.

NO CUESTIONAR EL TRABAJO DE LOS JUECES

Roldán ha afirmado que plantear esos indultos es «un acto profundamente irresponsable» con el cual el Gobierno «incumple la Constitución», que establece el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley.

En su opinión, sería «nefasto» que los ciudadanos recibieran el mensaje de que ciertas personas «tienen carta blanca para hacer lo que quieran» simplemente «por ser políticos«. Y «no vamos a consentir que se esté constantemente cuestionando el trabajo de los jueces y tribunales, y menos aún con criterios de oportunidad política», ha añadido.

La senadora de Ciudadanos ha subrayado que el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de los condenados «tendrán que cumplir la pena que está prevista en las leyes».

Por ello, ha exigido «cerrar la puerta a cualquier tipo de indulto, ya sea explícito o implícito», al recordar que el Gobierno catalán es el que tiene las competencias penitenciarias. «Quienes están custodiando a los presos del ‘procés’ son sus compañeros de partido, sus compañeros de golpe», ha apuntado.

«CESIONES CONTINUAS» AL SEPARATISMO

Por otro lado, Roldán ha lamentado las «cesiones continuas al separatismo» y el «acercamiento constante» que, a su juicio, ha mostrado Sánchez con los condenados por el referéndum y la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

Según ha denunciado, el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos practica desde hace tiempo «una empatía, siempre interesada», con personas que «han hecho mucho daño» a España, y ha mencionado tanto la cuestión de los indultos como el pésame que dio Sánchez a EH Bildu por el suicidio de un etarra en la cárcel.

«Ma pregunto qué es lo que será mañana. Nos podemos esperar cualquier cosa», ha afirmado. La dirigente del partido naranja ha indicado que los presos del ‘procés’ incumplieron las leyes «a sabiendas» de que luego podrían ser condenados, por lo que les ha instado a ser «valientes» ahora «para aceptar las consecuencias de sus actos».

CAÑAS: «SE LO ESTÁN PREPARANDO PARA QUE VUELVAN A INTENTARLO»

También se han pronunciado sobre este asunto el líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, y el eurodiputado Jordi Cañas. A través de un mensaje en Twitter, Garicano ha preguntado a Sánchez «a cuántos votos en Presupuestos se cotiza cada indulto», aludiendo a la posible negociación de los Presupuestos Generales del de 2021 con los partidos independentistas.

«Mercadear con la Justicia a cambio del apoyo en el Congreso de quienes quieren liquidar España es una humillación para nuestro país, que desfallece ante la enorme hemorragia de vidas y empleos que sufrimos», ha dicho al Gobierno, refiriéndose a la crisis del coronavirus.

Cañas, por su parte, ha advertido de las consecuencias de «indultar a quienes amenazan con volver a delinquir» y de «modificar el Código Penal para rebajar las penas por sedición», como también plantea el Ejecutivo.

«Se lo están preparando todo a los separatistas para que vuelvan a intentarlo, esta vez con la garantía de que nunca les pasará nada. Así se suicidan las democracias», ha escrito.

La juez de Instrucción número 23 de Madrid, María Isabel Garaizaba, ha suspendido las declaraciones previstas para mañana del caso en el que investiga a siete responsables de salud y prevención de riesgos laborales de Metro de Madrid por la presunta comisión de dos homicidios imprudentes en relación al amianto, han informado a Europa Press fuentes próximas al caso.

En un comunicado, CC.OO. ha lamentado que se produzca otro aplazamiento dado que el anterior señalamiento fijado para las comparecencias de los investigados también se vio aplazado. Quedan por ahora pendientes las fechas fijadas para los días el 6 y 7 de octubre.

El sindicato ha señalado que «aumenta la preocupación de la plantilla, tras la última circular publicada por la Dirección de Metro de Madrid, reconociendo que existen 371 ubicaciones con presencia de amianto, repartidas en las 301 estaciones y dependencias de las instalaciones de Metro.

Este riesgo debería estar eliminado lo antes posible, desamiantando todos los trenes e instalaciones mucho antes del año 2025, fecha prevista para ello según las constantes declaraciones de la Dirección a los medios de comunicación«, ha indicado.

«Mientras tanto, los compañeros afectados y los familiares de los ya fallecidos, están muy fatigados de toda la burocracia y triquiñuelas judiciales que viene utilizando los abogados de la empresa, y están teniendo que sufrir un año tras otro los afectados», ha agregado.

En la causa judicial, los denunciados son F. L. O., responsable de la Unidad de Prevención y Salud Laboral desde el 6 de noviembre de 2003 hasta el 24 de enero de 2012; P. S. A. L., gerente de prevención laboral desde el 1 de enero de 2011 al 17 de noviembre de 2009; J. N. D. coordinador de Prevención de Riesgos laborales desde el 1 de mayo de 2015 a la actualidad; B. R. R., Coordinadoras de Prevención de riesgos laborales desde el 1 de diciembre de 2009; y E. F. C. G., responsable del Servicio de Prevención y prevención laboral.

También están denunciados J. M. G., responsable del Área de Prevención y Salud Laboral, desde el 6 de noviembre de 2015 a la actualidad; J. O., perteneció a la Gerencia de Mantenimiento de Material móvil en diferentes áreas desde abril de 2003 a 31 de diciembre de 2005.

HOMICIDIO IMPRUDENTE

Hace casi un año, la sección de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía de Madrid presentó una denuncia contra los investigados por la presunta comisión de tres delitos: uno contra los derechos de los trabajadores y los otros dos por homicidio imprudente y lesiones por imprudencia.

Las primeras en comparecer ante la magistrada fueros las viudas de los trabajadores fallecidos como consecuencia de su exposición al amianto, quienes reclamaron Justicia por la vía penal. También desfilaron ante la juez varios trabajadores de Metro, entre ellos delegados sindicales.

El pasado marzo, un responsable de Mantenimiento de Material Móvil de Metro de Madrid declaró ante la juez que informó en 2013 a superiores en un informe que alertaba de la presencia de amiento en trenes e instalaciones del suburbano.

En noviembre de 2018, se hizo pública un acta del Comité de Salud Laboral de Metro de Madrid de febrero de 2013 que recogía que sindicatos solicitaron a la compañía si había presencia de amianto o fibrocemento en unas bajantes de PVC y que el representante de la Dirección comentó que había informes de 2003 sobre ello.

El informe del Comité de Salud de Metro de Madrid elaborado en 2003 apuntaba que había presencia de amianto en numerosas estaciones y trenes de la compañía. Ante la Asamblea de Madrid, directivos y exdirectivos de Metro señalaron que desconocían la existencia de este informe.

El Pleno del Senado ha rechazado este miércoles una proposición de ley presentada por el Partido Popular para recuperar el delito de convocatoria de referéndum ilegal, y que proponía penas de cárcel de 8 a 10 años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo a la autoridad que convocase ese referéndum ilegal.

La iniciativa, que los ‘populares’ ya habían planteado infructuosamente en el Congreso de los Diputados, ha decaído con el voto en contra de los socialistas. En concreto, la proposición ha sido rechazada por 156 votos en contra, recibiendo 106 votos a favor.

La votación de la proposición ‘popular‘ se ha producido después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase en la campaña electoral de las generales de noviembre que recuperaría el delito de organización de referendos ilegales.

Eso mismo le ha recordado el senador ‘popular’ Carlos Floriano, que no cree que su propuesta fuese fruto de una «declaración acalorada». «Pero sus preocupaciones ahora son otras, quizás en la forma en que se da salida a los presos del procés o el indulto por la puerta de atrás», ha lamentado.

Precisamente, Floriano ha cargado contra el Gobierno después de anunciar que los indultos del procés comenzarán a tramitarse la próxima semana. «Es un pago por la investidura y por los Presupuestos. Eso es instaurar los privilegios, leyes ad hoc a quienes interesa por mantener el poder», ha espetado, provocando los aplausos de la bancada ‘popular’.

Con todo, el propio Floriano ha apelado al PSOE y al bipartidismo para tratar de lograr su apoyo. «El bipartidismo fue capaz de armar el tejido constitucional con derechos y libertades de los que hemos disfrutado con derechos y libertades. Y debemos seguir disfrutándolos y dejárselo a nuestros nietos. Es importante que anticipemos la respuesta», ha asegurado.

La respuesta por parte del Grupo Socialista ha venido por parte de Artemi Rallo, que ha preguntado al PP si creen que es «el mejor momento para tirar el Código Penal a la cabeza de nadie». «Ustedes, que acumulan decenas y decenas de causas penales contra la corrupción», ha apuntado.

Así, Rallo ha aseverado que las dos grandes preocupaciones del PP ahora deberían ser la ‘operación Kitchen’ y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y, además, del exsenador David Erguido, después de que éste haya presentado su dimisión tras ser citado por el juez que instruye la trama Púnica.

«Ustedes están en otra cosa, en el ruido», ha asegurado, para después acusar al PP de estar «obsesionado con Vox» y de azuzar el conflicto catalán «a la búsqueda del provecho partidista». «Por este camino no tienen nada que hacer. Es una batalla totalmente perdida», ha advertido el socialista.

LOS INDEPENDENTISTAS SOSTIENEN QUE VOTAR NO PUEDE SER DELITO

La intervención del senador del PP ha provocado las críticas del parlamentario de EH Bildu Gorka Elejabarrieta, que ha calificado de «inaudito que en pleno siglo XXI existan formaciones que consideran que con el mazo y solo con el mazo serán capaces de suplir su falta de ingenio político».

«Así no nos convencerán, y tampoco nos derrotarán», ha defendido Elejabarrieta, que ha instado al PSOE a seguir la vía iniciada por los socialistas en Bélgica. «Han dicho que iniciarán un proceso de conversaciones con los nacionalistas flamencos. El diálogo, la negociación y el acuerdo son la base», ha añadido.

Por su parte, el parlamentario de Junts per Catalunya Josep Maria Cervera ha asegurado que esta proposición de los ‘populares’ confirma que se realizó «un uso sesgado» del Código Penal para perseguir hechos que no podían ser «delictivos» tras el referéndum independentista del 1 de octubre.

«Conductas que en estos momentos que se quieren incorporar tampoco podían ser consideradas delictivas», ha continuado, para después señalar que «no procedía ningún tipo de acción» legal contra los miembros del Govern, de la ANC ni de Omnium Cultural.

CIUDADANOS CARGA CONTRA EL PSOE POR LOS INDULTOS A PRESOS DEL PROCÉS

En este contexto, el senador de Mès per Mallorca, Vicenç Vidal Matas, ha sostenido que «consultar al pueblo nunca es un delito» y ha criticado que el PP intente retrotraerse 15 años atrás. «En democracia, la participación, cuanto más mejor. Debemos avanzar en participación. No basta con votar cada cuatro años», ha afirmado.

Así, la senadora de Ciudadanos Lorena Roldán ha defendido la importancia de «recuperar» el delito para evitar que el independentismo «intente hacer pasar por democrático lo que no es más que una imposición totalitaria». «No lo olviden, el separatismo ha utilizado el referéndum como fin y no como un medio», ha añadido.

En esta línea, Roldán ha lamentado que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya adelantado que la próxima semana se tramitarán los indultos a los presos del procés. «Ni indultos ni privilegios de ningún tipo para personas que cometieron delitos gravísimos y que pisotearon los derechos de la mitad de los catalanes», ha exigido.

A juicio del senador del PNV Imanol Landa, «ni la judicialización política es el camino ni la aplicación del código penal es la solución». «Es innegable que será la política, sustentada en el diálogo y el acuerdo, la que posibilitará la salida al conflicto. ¿Cuándo se va a abordar con madurez democrática esta cuestión», se ha preguntado.

El Tribunal Supremo ha citado para el 1 de octubre al magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Fernando Valdés para que declare por la investigación abierta en su contra por un presunto delito de maltrato a su mujer.

El magistrado del Supremo Andrés Martínez Arrieta –instructor del caso– también ha citado en la misma fecha para declarar como testigos a la mujer de Valdés, dos particulares, un médico del SUMMA, los miembros de la Policía Local de Majadahonda que intervinieron en el incidente y a cinco guardias civiles destinados en el municipio madrileño.

La citación llega días después de que Valdés solicitara acogerse a una baja por motivos de salud que le apartará temporalmente de las deliberaciones del TC, ya que se encuentra ingresado en un hospital de Madrid desde hace varios días.

Fuentes del entorno del magistrado han indicado que éste espera recibir el alta hospitalaria en una semana, por lo que en principio no tiene previsto solicitar un aplazamiento.

Valdés, magistrado del TC desde 2012 a propuesta del PSOE, fue arrestado el pasado 11 de agosto por agentes de la Guardia Civil en su domicilio de Majadahonda, después de que unos vecinos llamaran a la Guardia Civil tras escuchar una fuerte discusión con su mujer en el interior de la vivienda.

Estuvo detenido unas horas pero finalmente la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda acordó su puesta en libertad sin fianza tras valorar la salud y la edad de Valdés, de 75 años, y en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Aunque inicialmente el asunto recayó sobre este juzgado de Majadahonda, especializado en Violencia Sobre la Mujer, el magistrado está aforado ante el Supremo, de modo que la Sala Segunda (de lo Penal) del alto tribunal es la única que puede investigarle.

«BASE INDICIARIA SUFICIENTE»

El pasado 15 de septiembre, la Sala Segunda abrió una causa penal a Valdés al apreciar indicios de la comisión de los delitos de maltrato recogidos en los artículos 153.1 y 153.3 del Código Penal, misma posición adoptada por el juzgado de Majadahonda y la Fiscalía.

A criterio de dicha Sala, las declaraciones de dos testigos y la de un agente, a pesar de las del propio Valdés y su esposa, «conforman una base indiciaria suficiente para descartar en este momento cualquier decisión diferente a la incoación de diligencias» para esclarecer los hechos.

Además de los interrogatorios a Valdés, su mujer y los testigos, entre las pruebas a practicar por el Supremo estaría un informe pericial sobre los efectos en el magistrado de la medicación que toma por la enfermedad que padece.

El Tribunal Constitucional ya ha salido de manera oficial en defensa del magistrado y ha apelado a respetar el derecho fundamental a la presunción de inocencia «mientras continúe el procedimiento judicial en curso».

El PNV llevará al Pleno del Congreso de la próxima semana su proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana impulsada por el PP en la etapa de Jorge Fernández Díaz con el fin de que, esta vez sí, esta pueda llegar a ver la luz, puesto que quedó varada hace dos legislaturas.

La llamada ‘Ley Mordaza‘ por sus detractores, que contempla 44 supuestos con faltas que pueden ser sancionadas con hasta 600.000 euros, fue aprobada en 2015 en solitario por el PP y acabó recurrida en el Tribunal Constitucional por toda la oposición.

Contó con el rechazo de asociaciones y ONG al entender que vulneraba derechos de los ciudadanos, pero también cosechó el respaldo de la mayoría de organizaciones sindicales de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que exigen que se respete su derecho a la intimidad o que se sancionen las faltas de respeto a la autoridad.

La Cámara admitió a trámite en 2017 dos proposiciones de ley distintas para acabar con la ‘Ley Mordaza’: una presentada por el PSOE para suprimir toda la ley del PP y volver a la anterior legislación en la materia, que data de 1992 y que es la conocida como ‘Ley Corcuera’ por el entonces ministros del Interior socialista, y otra del PNV que modifica la ley vigente sin necesidad de retrotraerse a 1992.

SE LLEGÓ A MODIFICAR MÁS DE LA MITAD DE LEY

Finalmente, tras meses y meses de continuas ampliaciones de los plazos de presentación de enmiendas a ambas propuestas, la ponencia comenzó a trabajar en octubre de 2018 sobre la iniciativa impulsada por el PNV llegando a modificar más de la mitad de la ley ‘popular’, pero la decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones para el 28 de abril de 2019 provocó su paralización al poner fin la legislatura.

En la legislatura corta que siguió a esos comicios, el PNV volvió a registrar su proposición para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, pero también decayó con la disolución de las Cortes ante la repetición de las elecciones de noviembre de ese mismo año, e hizo lo propio el pasado mes de diciembre, con el inicio de la presente legislatura.

Y será en la sesión plenaria del próximo martes cuando la Cámara decida si acepta o no que el texto de los nacionalistas vascos comience de nuevo su andadura parlamentaria. Todo apunta a que así será porque es más que probable que el PSOE y Unidas Podemos lo apoyen.

De hecho, en su acuerdo para el Gobierno de coalición, ambos partidos pactaron sustituir la ‘Ley Mordaza’ por una nueva norma que «garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica».

Los forenses han calificado de «muy violenta» la muerte del cuerpo abandonado en un olivar entre las localidades de Herencia y Alcázar de San Juan en febrero de 2019.

Un cadáver que fue localizado por las indicaciones del acusado tras presentarse en la Comisaría de Ciudad Real a confesar que lo había matado después de una discusión y después había dejado el cadáver en el punto donde fue hallado.

Una conclusión expuesta en la tercera sesión del juicio con jurado popular que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

En este sentido, han explicado que las acciones realizadas en ambos escenarios, primero en el camino donde se produjo la primera agresión, pero sobre todo en el segundo, el olivar donde le propinó los hachazos, fueron muy violentas, tal y como revelan tanto las manchas y proyecciones de sangre halladas como las lesiones que descubrieron en la autopsia.

Unas lesiones, por otro lado que corroboran, en su opinión que la víctima debía de encontrarse inconsciente o semiinconsciente y por tanto no se pudo defender, han asegurado.

Otro dato que han revelado como conclusión al análisis de los escenarios y del cuerpo del fallecido es que este se encontraba vivo en el momento que se le propinaron los hachazos, un número, por otro lado que estiman en «un mínimo de 15» pero que no se han podido contabilizar con exactitud «al haberse perdido tejido».

Finalmente, los técnicos de la policía científica que analizaron las pruebas del crimen han concluido que la sangre hallada en ambos escenarios corresponde al fallecido y que se ha encontrado ADN del fallecido y del acusado.

CONFORMIDAD

La sesión ha concluido con un cambio en las conclusiones definitivas de las partes al haber alcanzado un acuerdo por el cual se han modificado las calificaciones de los delitos y las penas.

Así las tres partes han calificado los hechos como asesinato eliminando tanto la Fiscalía como la acusación particular el agravante del parentesco y manteniendo la atenuante de la confesión. Por su parte, la defensa ha abandonado su calificación de homicidio imprudente.

Precisamente en la confesión de los hechos por parte del acusado, a lo que se une lo «abrumadora» de la prueba, es en lo que se basa la defensa para haber modificado su calificación de homicidio imprudente a asesinato.

Así la petición de pena ha sido rebajada por Fiscalía y acusación particular –pedían 22 y 25 años respectivamente– y aumentada por la defensa a 20 años.

A esto se suma la petición por todos ellos de seis meses de prisión por conducir sin carnet.

UNA ALEVOSÍA DE LIBRO

Tanto la fiscal como la abogada de la acusación particular se han mantenido en su convencimiento que los hechos ocurridos se tratan de un asesinato destacando la «alevosía de libro» con el que se perpetró, al encontrarse inconsciente la víctima.

Ambas han apelado tanto a la confesión del acusado en el que reconocía que el fallecido estaba inconsciente en el momento en el que le propinó los hachazos, a las conclusiones de los informes de los peritos que corroboran esta afirmación y al testimonio de la testigo.

Sobre el punto de abandonar en sus peticiones el agravante de parentesco, tanto fiscal como acusación particular han remitido a que no se ha podido conseguir ningún testimonio o prueba que certifique que acusado y víctima tuvieran una relación más allá de la amistad.

La acusación particular ha hecho hincapié a las continuas referencias al carácter hermético del fallecido, en los que han insistido varios miembros de su familia durante el juicio.

«HACER OTRA COSA NO ES DEFENDER, ES UNA TEMERIDAD»

Por su parte, el letrado del acusado ha defendido su papel tras cambiar las calificaciones provisionales de homicidio imprudente a asesinato.

«No les quepa la menor duda que se ha respetado el derecho a la defensa», ha manifestado al jurado, explicando que el propio acusado ha asumido los hechos y la alevosía con los que lo perpetró.

Algo que ha determinado a su vez la prueba forense, ha insistido, por lo que no se puede contradecir una realidad constatada, hacer otra cosa «no es defender, es una temeridad».

En este sentido, el letrado entiende que este es el mejor resultado que se puede conseguir. Ha justificado que la conformidad no ha aparecido de forma espontánea sino tras el mantenimiento de varias reuniones con las partes y con su defendido, pero que el juicio ha tenido que celebrarse al pedirse una pena superior a los seis años.

Finalmente el acusado no ha querido utilizar su derecho a la última palabra, por lo que este jueves se le dará al jurado el objeto del veredicto y se retirarán a deliberar.