La Agencia Antifraude ha requerido al Ayuntamiento de Valencia toda la documentación sobre los contratos adjudicados por el consistorio a la firma La Paisatgeria, una empresa de la que formó parte la directora general de Vivienda de la Generalitat, según ha informado el grupo popular en un comunicado, en el que recuerda que el PP denunció el «contrato exprés» y «a dedo» a esta firma para el diseño la remodelación de la plaza del Ayuntamiento.

La reclamación de la Agencia de Antifraude se extiende a todos los contratos realizados «a dedo» por el Gobierno de Ribó y PSOE con la empresa La Paisatgeria, así como los contratos que han firmado los integrantes de la empresa, y que ya han sido remitidos por el consistorio.

Entre ellos está el adjudicado este verano para la remodelación del proyecto de adecuación al uso público del recinto de las compuertas de la Gola del Puchol y su integración en un mirador cercano, con un importe de 14.800 euros, además de otro por 8.500 euros por la dirección de obras.

Esta firma fue la adjudicataria por la EMT del diseño de la reforma para cerrar al tráfico de la plaza y la habilitación de un carril bus, con los maceteros valorados en 1.400 euros cada uno de ellos. El presupuesto fue de 14.950 euros (IVA aparte), «lo que supuso quedarse sólo a 50 euros del límite legal», apunta el PP en el comunicado.

Al respecto, la portavoz del PP en el consistorio, María José Catalá, ha asegurado que la contratación del diseño y las obras provisionales de la plaza del Ayuntamiento, por importe de 1,2 millones de euros, «se hizo mediante 12 contratos, de los cuales ocho fueron a adjudicado a dedo sin pública concurrencia» y ha denunciado que se trata de una fórmula de contratación «a dedo de la que ha abusado reiteradamente los gobierno de Ribó y PSPV».

En esta línea, critica que el equipo de gobierno «ha otorgado más de 80 millones de euros a través de 16.000 contratos a dedo a lo largo de los cinco año en que gestionan el Ayuntamiento«.

«Por tanto, que ahora la Agencia Antifraude pida a Ribó y el PSPV aclaraciones sobre la contratación a dedo del diseño de la plaza del Ayuntamiento no es de extrañar, porque esta contratación se hizo de manera exprés en tan solo tres días, y a una empresa de la que formaba parte como socia, días antes de la adjudicación, la directora general de Vivienda de la Generalitat», ha asegurado.

Catalá ha afirmado que «no es la primera vez que tanto el Interventor Municipal como la Agencia Antifraude han advertido al gobierno municipal para que frene este tipo de contratación que no garantiza la igualdad y la pública concurrencia de las empresas» y ha señalado que en el año 2016 «eliminaron la fiscalización previa a la tramitación de contratos menores para agilizar la concesión de contratos a dedo».

«Además, en los sucesivos Informes de Control Financiero de la Intervención General del Ayuntamiento vienen advirtiendo que un gran número de concejalías tiene en los contratos menores su principal herramienta de gestión, algo reprobable e inapropiado para garantizar la igualdad y pública concurrencia de las empresas».

El periodista Pere Valenciano –promotor del recurso contra el nombramiento de la anterior directora general de À Punt, Empar Marco, que ahora ha anulado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)– asegura que el fallo judicial «demuestra que tenía razón»: la elección fue un «tongo» y la exdirectiva «no era la persona idónea para la importantísima tarea de estar al frente de la radiotelevisión pública de todos los valencianos». Además, ha avanzado que va a estudiar «a fondo» con su abogado la sentencia para ver si cabe «tomar alguna actuación más».

Valenciano se ha pronunciado en estos términos, tras conocerse que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ ha anulado el nombramiento de la anterior directora general de la Sociedad Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana al considerar, entre otros motivos, que dos miembros de la comisión evaluadora de los candidatos incurrían en causa de incompatibilidad.

De este modo, la sala estima la apelación de uno de los aspirantes al cargo –el propio Pere Valenciano– contra la sentencia previa de un juzgado que desestimó su recurso por falta de legitimación activa.

Ahora, Valenciano lamenta la lentitud de la justicia, aunque ha aseverado que «hoy es un día feliz porque se ha hecho justicia». Cree que la decisión judicial debe provocar «una reflexión y tener alguna consecuencia pública y en positivo» hacia su persona.

En este sentido, ha subrayado que «evidentemente» se le ha generado «un daño«. «No solo porque se perjudicaron mis aspiraciones legítimas de ser director general, sino porque he pagado siendo vetado en À Punt, la televisión de todos los valencianos, mientras estuvo Empar Marco», asegura.

«FIASCO»

El periodista –que hace notar que con esta sentencia «también quedan en entredicho nombramientos de otros directivos»– ha opinado que Marco «no era la persona idónea para la importantísima tarea» de dirigir la radiotelevisión pública «porque tenía el peor currículum y ha quedado demostrado», «no solo por la sentencia, sino por el fiasco que han supuesto los primeros años de À Punt, tanto en audiencia como por su escasa notoriedad entre la sociedad valenciana». «Se han perdido años valiosos y lo que mal empieza mal acaba», advierte.

Por otra parte, ha recordado que también se presentó al concurso público en el que finalmente resultó elegido Alfred Costa, actual director general de À Punt, y que tuvo dudas sobre la posibilidad de presentar otro recurso, algo que no hizo en ese momento «por la tardanza de la justicia respecto al primero».

«No sé lo que haré en ese sentido, pero, independientemente de lo que haga, considero a Alfred Costa una persona más capacitada que Empar Marco para ese puesto, siempre desde el punto de vista profesional puesto que no tengo absolutamente nada personal en contra de ella. Creo que algunas de las decisiones que está adoptando Costa van por el buen camino, el de que la radiotelevisión pública valenciana tenga mayor relevancia social».

El Gobierno español quiere organizar una conferencia internacional de donantes para ayudar a los migrantes centroamericanos, similar a la que promovió esta primavera junto a la UE para apoyar a los países que acogen a migrantes y refugiados venezolanos.

La iniciativa la ha anunciado la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, en una reunión virtual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) para Centroamérica organizada en el marco de la 75 Asamblea General de la ONU.

«Sabemos que es posible, lo hicimos en plena pandemia para acompañar a los refugiados y migrantes de la crisis venezolana y movilizamos 2.500 millones de euros y lo vamos a hacer para Centroamérica», ha dicho la ministra española.

«Es importante impulsar con otros miembros de la plataforma iniciativas para movilizar fondos», ha explicado. Los miembros son Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España, EEUU, Francia, Italia, Suecia, Suiza, la Unión Europea y Uruguay y España ejerce la presidencia durante 12 meses, hasta junio de 2021.

Para el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, «Centroamérica necesita más que nunca el apoyo de la comunidad internacional«, y por eso ha llamado a fraguar una alianza en la que participe también el sector privado.

González Laya ha subrayado que las causas que están en el origen de los «desplazamientos forzosos» en Centroamérica –inseguridad como consecuencia de las maras, cárteles de la droga, desigualdad económica y social, inestabilidad política y social y degradación medioambiental– se agravarán con la pandemia de Covid-19.

Así, ha subrayado la importancia de hacer visible esta situación para que no se convierta en una «crisis olvidada» como tantas otras. Su objetivo es sumar el apoyo de otros países a la plataforma MIRPS y atraer a a otros bancos de desarrollo aparte del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y también a empresas para que trabajen y hagan contratos en la región.

Además, el Gobierno español está hablando con los países de la región para poder atender sus necesidades concretas y en las próximas semanas impartirá un curso de capacitación en materia de asilo para funcionarios de países pertenecientes a la plataforma.

Por otro lado, la ministra ha avanzado que en 2021, cuando se cumplirá el bicentenario de las independencias de las repúblicas centroamericanas y de México, será un buen momento para «no solo poner en valor lo que fue esta historia compartida» sino también «mirar al futuro de manera conjunta y buscando abordar desde la corresponsabilidad los retos futuros».

González Laya ha reafirmado el apoyo de España a la integración centroamericana a través de mecanismos como el SICA para afrontar los desafíos transnacionales y también para «favorecer una gestión más ordenada de los flujos migratorios».

Además, ha señalado que España trata de favorecer el vínculo entre lo humanitario y el desarrollo, por ejemplo con acogida comunitaria de personas desplazadas, protección de colectivos vulnerables como las personas LGTBI y cooperación entre países con valores como la hospitalidad y el respeto a los derechos humanos.

La Policía Nacional ha lanzado este miércoles un vídeo, coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas que, según explica, se dirige por primera vez al consumidor de prostitución, bajo el lema ‘Si eres cliente, pagas su esclavitud’.

El objetivo, indica la Policía Nacional, es concienciar a la sociedad de que «más del 80% de las mujeres prostituidas en España son víctimas de trata», es decir, «de un delito que sigue siendo rentable para las organizaciones criminales gracias a los beneficios económicos que aportan quienes pagan por este tipo de servicio».

El inspector jefe de la Brigada Central de lucha contra la trata, Ismael Delmas, ha explicado a los medios que el dinero que mueve esta industria que «usa a las personas como objetos», es «equiparable» al del tráfico de drogas y al de armas a nivel global.

Según ha indicado, el procedimiento de las mafias consiste en captar, principalmente a mujeres, a las que prometen un trabajo digno en España aprovechando la situación de extrema necesidad que viven en sus países de origen y, para conseguir esa supuesta nueva vida, las víctimas pagan grandes cantidades de dinero, en ocasiones todo lo que tienen, sin ser conscientes de que ese capital nunca se destinará a tal fin.

Una vez en España, las organizaciones criminales les informan de que han contraído una elevada deuda que deberán saldar ejerciendo la prostitución de manera forzosa, por lo que se verán obligadas a prostituirse durante años.

333 OPERACIONES EN LO QUE VA DE 2020

La Policía Nacional ha señalado que, durante el año 2019, la Policía Nacional realizó un total de 515 operaciones relativas a explotación sexual y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, liberando a 921 personas, de las que 896 eran mujeres. En estas operaciones fueron detenidos 481 autores de este delito. Además, apunta que, durante los primeros ochos meses de 2020, ya se han realizado 333 operaciones similares.

Para intentar reducir estas cifras, la Policía Nacional inicia esta campaña de concienciación que contará desde este miércoles con «una importante presencia en sus perfiles oficiales de Twitter, Facebook, Youtube e Instagram». Bajo el hashtag #SinClientesNoHayTrata, se lanzarán nuevos mensajes, vídeos y carteles para concienciar a sus seguidores de que pagar por mantener relaciones sexuales contribuye de manera directa a que miles de mujeres sean obligadas a ejercer la prostitución bajo amenaza de muerte para ellas y para su familia.

En su intervención, Delmas ha destacado las amenazas, coacciones y principalmente, el miedo, que pasan estas mujeres que son explotadas. Para los clientes que «sólo quieren saciar su apetito sexual», explica el inspector jefe, estas mujeres son «víctimas invisibles» y desde la Policía quieren que sean conscientes de su situación real y que esta salga a la luz.

Consecuencia de este miedo, ha añadido, es que muchas de ellas que consiguen que sus proxenetas y las mafias sean juzgadas, no corroboren su testimonio cuando llegan a testificar a los juicios. La Policía señala como «escollo» también en estos caso, la lentitud de la Justicia.

COLABORACIÓN CIUDADANA CONFIDENCIAL

«Las mafias cosifican a las víctimas y las convierte en objetos. Si no hay demanda, ese dinero no llegará nunca a las mafias que, a su vez, volverían a captar a otras chicas», ha indicado Delmas.

En el marco de la campaña, la Policía Nacional recuerda que está activo el número de teléfono 900 10 50 90 y el correo electrónico trata@policia.es para que cualquier ciudadano pueda aportar información si considera que conoce algún caso de trata de seres humanos. Ambas opciones, explica, son gratuitas, confidenciales y gestionadas directamente por agentes especializados.

En este sentido, señala que, desde 2013, la colaboración ciudadana a través de las denuncias realizadas por estos medios ha sido clave en investigaciones policiales relacionadas con este delito y en la liberación de las víctimas.

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP y enmendada por CC en la que solicita que mejoren las condiciones de atención a los migrantes que llegan al archipiélago si bien los populares se quedaron solos en su petición de cese del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

La propuesta comprende, entre otras cosas, la creación de una red de atención y alojamientos estables, que se activen las derivaciones a la Península o la Unión Europea, impulsar acuerdos de cooperación con los países de origen y el reforzamiento del SIVE para evitar los naufragios.

Poli Suárez, del Grupo Popular, ha pedido el «cese inmediato» de Pestana por el «flagrante incumplimiento» de sus obligaciones y subrayó que «no se ha hecho nada» desde que la Cámara aprobó hace algunos semanas otra PNL donde pedía que se mejorara la gestión.

«Estamos desbordados», ha indicado, pues más de 200 personas siguen en la explanada del muelle de Arguineguín (Gran Canaria), remarcando que la visita del ministro del Interior en febrero a las islas, Fernando Grande-Marlaska, «no sirvió de nada», lo mismo que las vacaciones de verano de Pedro Sánchez en Lanzarote.

Suárez ha insistido en la «descoordinación, inacción y falta de compromiso» del Gobierno central con Canarias y acusó de «falta de respeto» al ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, por dilatar su visita al archipiélago. «Debemos pedir su dimisión», ha comentado.

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, ha criticado la «desidia y abandono» del Gobierno central hacia las islas y la complicidad de los grupos que apoyan al Ejecutivo canario, pues solo reaccionaron ante la «ignominia» del muelle de Arguineguín.

Ha cargado contra Escrivá, «que no se entera ni de sus competencias», y no ha apoyado el cese de Pestana porque «lo han dejado solo y abandonado» y solo serviría de «chivo expiatorio» para ocultar la mala gestión del Estado.

Ricardo Fernández (Cs) ha señalado que el repunte de pateras es «alarmante» debido a la «nefasta» política migratoria del Estado y la UE, que ha dejado a Canarias sin «herramientas» para atender este fenómeno.

Ha indicado que se necesitan más medios para dar un acogida digna a los migrantes y criticado el «plantón» de Escrivá al Gobierno de Canarias cuando el archipiélago se ha convertido en un «coladero» para la inmigración irregular.

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que la migración «es un drama social y humanitario» y frente «a guerras que no llevan a ningún lado» defendió el diálogo con el Estado para buscar soluciones.

RUIDO Y TACTICISMO POLÍTICO

Por Sí Podemos, Francisco Déniz ha criticado que el PP use la migración para «hacer política pura» y se preguntó si los vertidos en las costas, el elevado desarrollo urbanístico o el «saqueo» de recursos «no dañan» la imagen de Canarias en lugar de los migrantes acogidos en hoteles que proyectan la «solidaridad» de las islas.

Luis Campos, portavoz de NC, ha señalado que el Gobierno de Canarias ha actuado «con contundencia» para exigir al Estado que mejore la atención a los migrantes y ha aprovechado para pedir que se reedite el pacto canario por la inmigración, en línea de los acuerdos de la crisis de los cayucos de 2006, para elaborar políticas que mejoren la coordinación y atención.

Nira Fierro, del Grupo Socialista, ha acusado al PP de buscar «ruido y tacticismo político» en lugar de buscar soluciones, apuntando que «se está trabajando» para tener una red de alojamientos estables, reforzar la diplomacia con los países de origen o reactivar el Frontex.

Asimismo, ha subrayado que la PNL es una «censura» a la gestión del propio Partido Popular, que desde 2011 desmanteló toda la red de acogida a los migrantes.

El Arzobispado de Santiago genera un total de 5.123 puestos de trabajos directos, indirectos e inducidos en los 109 municipios que abarca la archidiócesis compostelana, donde cuenta con un patrimonio de 6.847 bienes que suman un valor de más de 300 millones de euros, según el estudio de impacto económico elaborado por un equipo de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Las conclusiones de este estudio, el primero que se realiza sobre la archidiócesis santiaguesa, han sido presentadas este miércoles en una rueda de prensa en la que el arzobispado compostelano, Julián Barrio, ha estado acompañado por el ecónomo de la institución, Fernando Barros, y el profesor Xosé Antón Rodríguez, director del grupo responsable del trabajo.

Según el estudio, el arzobispado invierte en la sociedad 1,52 euros de lo que ingresa, procedente en un 36,7 por ciento de las donaciones y aportaciones de los fieles, un apartado que se ha visto mermado por la pandemia, lo que obligó a reducir en 5 millones el presupuesto anual de la archidiócesis (inicialmente eran 25 millones).

El capítulo de gastos de la entidad eclesiásitca se concentra principalmente en la acción pastoral asistencial y en las retribuciones del clero y el personal seglar, que concentran el 32 por ciento, respectivamente, del desembolso anual que hace la institución que encabeza Julián Barrio, quien ha destacado la voluntad de la archidiócesis de fomentar la «transparencia».

«El arzobispado no es una macroempresa, pero su colaboración es evidente, pasando desapercibida muchas veces», ha manifestado Barrio, que ha destacado el trabajo en el campo social que desarrollan en «parroquias, hospitales, guarderías, centros de acogida y orfanatos».

PATRIMONIO

Así las cosas, según datos del Catastro de 2020, el Arzobispado tiene en propiedad un total de 6.847 bienes que suman un valor de más de 300 millones de euros y se reparten casi a partes iguales entre rústicos y urbanos. De los urbanos, casi la mitad se dedican a usos religiosos, mientras que el 96% de los rústicos son para fines agrarios.

Además, 64 de los inmuebles que pertenecen al patrimionio de la archidiócesis tienen la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC). Destaca la Catedral y el casco histórico de Santiago, declarados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y que conforman, para los encargados del estudio, «un conglomerado cultural y religioso de primer nivel mundial».

De hecho, el trabajo también mide el impacto de la diócesis en las redes sociales, donde destacan las fotografías que se suben a la red y que tienen como telón de fondo o protagonista el tempo compostelano o sus inmediaciones.

ACTIVIDADES

En el apartado de actividades, el estudio apunta que cada euro que la Iglesia compostelana destina a acciones pastorales o asistenciales «ahorra a la sociedad» en términos de coste aproximadamente 1,5 euros, lo que supone que estas actividades costarían en el mercado 2,5 veces más.

En este sentido, el profesor Xosé Antón Rodríguez ha señalado que el desempeño de estas tareas por parte de voluntarios es la principal explicación de la diferencia entre el coste de mercado y el que tiene para la entidad religiosa.

Por otra parte, el impacto de la archidiócesis en la economía gallega también se deja notar en el apartado turístico, pues cada euro que gastan los viajeros en el patrimonio del arzobispado genera 1,97 euros de producción, mientras que cada millón se traduce en 23,8 puestos de trabajo directos que, a su vez, crean 0,35 empleos indirectos o inducidos.

Por último, también se ha medido el desembolso realizado para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de covid-19. En este sentido, el Arzobispado de Santiago destinó 150.000 euros a entidades sociales como Cáritas, las cocinas económicas de la capital gallega y A Coruña op ara el comedor social de Pontevedra. Por su parte, Cáritas dedicó 125.000 euros en ayudas en los últimos tres meses para atender a más de 3.800 familias y más de 7.000 personas.

Los sindicatos de enseñanza STERM y CCOO han considerado un «éxito» la jornada de huelga y creen que el profesorado ha lanzado un mensaje «claro» a la Consejería de Educación. Pese a los servicios mínimos «abusivos» y a las «difíciles circunstancias» afrontadas, afirman que un 50% del profesorado que podía hacer huelga «la ha secundado».

Las dos organizaciones sindicales valoran «muy positivamente» tanto la participación del profesorado en la huelga como las movilizaciones que han tenido lugar este miércoles en las puertas de los centros y en Murcia y Cartagena.

CCOO y STERM consideran que la implicación del profesorado en la huelga y en las movilizaciones de este miércoles «ha puesto de manifiesto el malestar que recorre los centros educativos de la Región» y ha lanzado a la Consejería «un claro mensaje de que la situación no es sostenible».

Así, denuncian que la jornada de huelga ha estado marcada por unos servicios mínimos «claramente abusivos que han impedido hacer huelga a muchas compañeras y compañeros». Pese a estos servicios mínimos, que oscilan «entre el 60% y el 90% de la plantilla» según el centro, un 50% del profesorado que podía hacer huelga «la ha secundado».

Lo que pone de manifiesto que el profesorado considera que la salud de la comunidad escolar «está en riesgo» y que el colectivo docente «está dispuesto a movilizarse hasta conseguir que la dotación de recursos materiales y humanos sea suficiente para garantizar la presencialidad segura en los centros educativos y la adecuada atención educativa a todo el alumnado.

Ambas organizaciones sindicales señalan que «es casi imposible en muchos centros garantizar las distancias de metro y medio entre el alumnado o la ventilación de las aulas y reiteran que la disminución de ratio es la principal medida para reducir la posibilidad de contagio y para atender al alumnado sin necesidad de expulsarlos de las aulas».

La aplicación de la semipresencialidad, en su opinión, «genera una atención desigual en función de la conectividad y los recursos de los centros educativos y del alumnado y supone una gran sobrecarga de trabajo para el profesorado que tiene que hacer frente a un curso escolar cargado de incidencias».

Por otro lado, insisten en que «se mantienen la desatención por la escasez de material de protección y la desprotección del profesorado, en especial de los colectivos vulnerables».

Las organizaciones sindicales convocantes agradecen al profesorado su participación e implicación en la huelga que, tanto desde los centros educativos como desde las movilizaciones convocadas en Murcia y Cartagena, ha puesto de manifiesto su compromiso con una escuela «segura e inclusiva».

STERM y CCOO han anunciado que continuarán con su «decidida apuesta» por movilizar al profesorado ante lo que consideran un atentado contra la salud de la comunidad educativa y no cejarán hasta que las demandas del profesorado sean atendidas por la administración.

Un jurado popular ha emitido un veredicto de culpabilidad respecto del hombre acusado de matar a cuchilladas al padre de su expareja en marzo de 2018 en su vivienda del Grao de Castelló, donde agredió sexualmente a la hija de ésta, entre otros hechos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Los jurados le consideran por unanimidad culpable de los delitos de homicidio, quebrantamiento de condena, allanamiento de morada, lesiones con instrumento peligroso, agresión sexual, lesiones psíquicas y dos delitos de amenazas.

En el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal solicitaba 46 años de prisión para el procesado. En el mismo, el ministerio público indicaba que el acusado fue condenado en febrero de 2018 por un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género, sentencia que le prohíbía aproximarse a la que durante año y medio venía siendo su pareja.

La mujer presentó el 26 de marzo una denuncia en la que señalaba que, tras la anterior condena, reanudó la convivencia con el hombre por miedo y que había sido víctima de una serie de delitos cometidos sobre ella. La Policía Nacional procedió a valorar el riesgo de agresión hacia la denunciante, resultando «extremo», por lo que se decidió su ingreso en una casa de acogida.

Mientras estaba en dependencias policiales presentando la denuncia, el acusado efectuó a la mujer numerosas llamadas que, finalmente, fueron contestadas por un agente, que le comunicó que había sido denunciado y debía presentarse en dependencias policiales. Dicha noticia no fue del agrado del procesado, quien intentó localizar a la mujer para «darle el correspondiente escarmiento» por la denuncia.

Como ignoraba el paradero de la mujer, el 27 de marzo de 2018 el acusado se personó en el domicilio de la madre de su expareja, en el que residía ésta junto a su pareja desde hacía años y donde se encontraba pasando unos días la hija de la excompañera sentimental del procesado, de 22 años.

Tras abrirle la puerta, el acusado entró en el domicilio esgrimiendo un cuchillo y obligó a los tres a sentarse en un sofá, asegurando que les iba a matar. A continuación puso el cuchillo en el cuello de la hija de su expareja e intentó clavárselo en el corazón. Posteriormente, pidió a la chica que se desnudase.

En un momento dado, la pareja de la madre de su excompañera sentimental salió en defensa de la joven e intentó arrebatarle el cuchillo al procesado, cuando se inició una pelea entre ambos durante la cual el acusado le comenzó a dar cuchilladas hasta que la víctima cayó al suelo. Entonces el acusado se puso sobre él y le clavó reiteradamente el cuchillo, lo que le ocasionó lesiones que le provocaron la muerte.

CCOO ha valorado positivamente que se haya repuesto el derecho al reconocimiento de accidente de trabajo en los casos de profesionales del sector sanitario y socio-sanitario contagiados por Covid, según ha señalado en un comunicado.

No obstante, cree que la nueva regulación que se aprobó ayer, «de nuevo en una norma ajena a la medida» (se incluyó en el decreto del teletrabajo), recupera el derecho y lo amplía, «aunque vuelve a incurrir en una corrección aún parcial», ya que extiende la cobertura hasta las personas que se contagiaron a partir de la declaración de la pandemia por parte de la OMS, pero continúa excluyendo a quienes se contagiaron antes de esa fecha.

No obstante, ha rechazado que se siga dejando en situación de inseguridad jurídica al personal de apoyo de los centros sanitarios y socio-sanitarios (limpieza o comidas), «que está igualmente expuesto al contagio de la enfermedad».

Asimismo, ha rechazado que siga sin reconocerse la naturaleza de enfermedad profesional de estos contagios, pese a que el virus SARS-CoV2 que produce la Covid sí está contemplado en los respectivos desarrollos reglamentarios que regulan esta contingencia.

Por otro lado, cree que el Real Decreto Ley aprobado ayer fue «una nueva oportunidad perdida» para que se reconozca el derecho al ‘contador a cero’ en prestaciones por desempleo de todas las personas que consumieron prestaciones durante el estado de alarma para que tengan también una protección social equiparable, en este sentido, a la que han tenido las personas que se vieron incluidas en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

Así, recuerda que el II Acuerdo Social en Defensa del Empleo previó esta situación, remitiéndola a una negociación inmediata que se desarrolló y acordó la Mesa de Diálogo Social alcanzó en julio para, «dando una solución diferente a la propuesta inicial», garantizar un nuevo subsidio extraordinario por desempleo durante tres meses, equivalente a lo que estuvo en vigor el estado de alarma, a 550.000 personas que habían agotado o agotarían sus prestaciones desde el inicio del mismo.

Por ello, el sindicato que lidera Unai Sordo ha reclamado al Ejecutivo que cumpla con dicho acuerdo y que esto se regule «a la máxima brevedad».

El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles una moción de Vox que reclamaba que se establecieran penas de cárcel para los ‘okupas’ y se mejorara la protección de los «legítimos titulares de los derechos reales» sobre los inmuebles objeto de ‘okupación’.

La iniciativa, consecuencia de la interpelación que esta formación dirigió hace una semana al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recibido el apoyo de PP, Ciudadanos y Foro Asturias, mientras que el PRC se ha abstenido.

El texto, defendido desde la tribuna por Víctor Sánchez del Real, instaba al Gobierno a promover la modificación del Código Penal con el fin de que «todas las modalidades de los delitos de usurpación de inmuebles sean castigadas con penas de prisión».

También le emplazaba a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para introducir estos delitos de usurpación en los que no concurre violencia o intimidación dentro de los recogidos en el artículo 795, de manera que se puedan resolver mediante juicios rápidos.

En paralelo, abogaban por modificar el artículo 553 en relación con los mismos delitos para dar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los instrumentos necesarios para poder proceder al desalojo de las viviendas, permitiéndoles entrar en las mismas sin autorización judicial previa para detener a los ‘okupas’.

«PATADA EN 24 HORAS»

«Al ‘okupa’ patada en 24 horas», ha resumido Sánchez del Real, quien ha acusado al Gobierno de «proteger a los ‘okupas’ desde sus mansiones» y al ministro del Interior de intentar vender «humo» en esta materia. «Los que asaltan nuestra propiedad asaltan nuestra libertad», ha denunciado.

De su lado, la ‘popular’ Ana Zurita ha señalado que la ‘okupación es un problema gravísimo», en contra de lo que sostiene el vicepresidente Pablo Iglesias, ha tachado de «paripé» las medidas anunciadas por el Gobierno y ha pedido una «verdadera ley ‘antiokupación’ que proteja a las víctimas» y vaya mucho más allá de las «insuficientes» recetas de Vox.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha censurado la «demagogia» que, a su juicio, lleva a la «izquierda» a «negar este problema», obviando que se produce 8.000 ‘okupaciones’ al año, muchas, ha señalado, dirigidas por mafias. «Hay que poner freno porque eso no va a hacer más que aumentar», ha avisado, recalcando que hay que «proteger a las víctimas» y quitarse «la venda ideológica» con esta cuestión.

También el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Sergio Sayas ha llamado a «plantar cara a la okupación», en línea con su compañero del Mixto, el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, mientras que José María Mazón (PRC), ha justificado su abstención por considerar que basta con reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para atajar este fenómeno.

Aunque ha admitido que éste es un «problema grave», Mikel Legarda, del PNV, ha rechazado apoyar la moción de Vox, al que ha recriminado que lo relacione con la inmigración y que acuse al Gobierno de proteger a los «delincuentes» y al resto de grupos del Congreso de ser «cómplices».

El resto de grupo también ha descalificado de una u otra manera la moción de Vox. Así, la socialista Eva Bravo ha replicado que estas propuestas de dudosa constitucionalidad llegan «80 años tarde» porque incluyen medidas ya anunciadas por el Gobierno y la Fiscalía. «Hace 80 años lo que se ‘okupó’ ilegalmente fue la democracia española», ha apostillado la diputada, tras apuntar que la ‘okupación’ se triplicó durante los años de gobierno del PP.

La diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido ha cargado contra Vox por querer generar «alarmismo» creando «leyendas urbanas» sobre este tema para «sacar rédito político» cuando el verdadero problema, a su juicio, es la especulación y los altos precios de la vivienda.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha descalificado una moción desde su punto de vista «patrocinada por Securitas Direct» y los grupos «parapoliciales y filofascistas que se dedican a los desalojos». Ante esta afirmación, Sánchez del Real, ha negado haber cobrado por defender sus tesis y ha subrayado que sólo le mueve el interés general.

Rufián también ha remarcado que los allanamientos afectan al 0,060% de las viviendas en España para sentenciar que el temor a las okupaciones que pretende fomentar Vox no tiene fundamento. «Es mentira», ha aseverado, alertando de que con la crisis que se viene encima es más probable que muchos españoles estén «mucho más cerca de ‘okupar’ una casa de que se la ‘okupen’.

Desde EH Bildu, Oskar Matute ha tachado de «bodrio» la moción y ha negado, amparándose la legislación vigente, que exista un riesgo de que en España a un ciudadano le invadan y desposean de su vivienda habitual o vacacional -porque eso no es ‘okupación’ sino allanamiento– y que exista un problema «desbocado».

Matute ha aportado datos para avalar su tesis, ha negado que se pueda vincular ‘okupación’ con inmigración ilegal y ha acusado a Vox de pretender defender a los bancos y los grandes propietarios. También lo ha hecho el diputado del BNG, Néstor Rego, quien ha admitido que hay que buscar soluciones para los afectados, pero no las que plantea Vox que, a su juicio, busca «criminalizar la pobreza».

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Josep María Serena i Sender, han firmado este miércoles un convenio de colaboración para fomentar el intercambio de información, experiencia y conocimientos y para colaborar en la planificación, preparación y respuesta ante situaciones radiológicas.

Asimismo, se constituirá una Comisión de seguimiento, vigilancia y control con tres representantes de cada una de las partes, según ha informado la Consejería a través de un comunicado.

Este convenio da continuidad a las funciones que en materia de planificación, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia radiológica se están llevando cabo desde el año 2011 entre la Consejería de Fomento y Ambiente, a través de la Agencia de Protección Civil y el Consejo de Seguridad Nuclear reforzando el aprovechamiento mutuo de los recursos y experiencia de ambas instituciones.

La firma ratifica la cooperación de ambas partes en la planificación de las actuaciones necesarias para hacer frente a las emergencias radiológicas que pudieran afectar a los habitantes y al territorio de Castilla y León, además de la colaboración en materia de implantación y mantenimiento de la efectividad de los planes de emergencia radiológica de la Junta y la coordinación de las organizaciones de gestión de emergencias en caso de que se produzca un accidente radiológico que requiera la activación de los planes de emergencia.

Junta y CSN actuarán conjuntamente en estudios, ejercicios, simulacros y cualquier otra actividad que consideren necesaria para mejorar los planes de emergencia de la Junta de Castilla y León para hacer frente al riesgo radiológico y cooperarán en la adquisición de materiales y equipos comunes a ambas partes, que sean específicos y especializados para su utilización en situaciones de crisis.

Igualmente, el convenio contempla la cooperación en la formación técnica específica del personal de ambas partes, permitiendo la participación de sus miembros en las tareas formativas desarrolladas y el intercambio de información relativa a instalaciones, actividades y situaciones de riesgo radiológico para los habitantes o el medio ambiente de Castilla y León, estableciendo y manteniendo operativos los canales y sistemas de comunicación que sean precisos para hacerlo en el menor tiempo posible, entre otros.

Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución de este convenio se crea una Comisión integrada por tres representantes de cada una de las administraciones, entre ellas, la Directora de la Agencia de Protección Civil en representación de la Junta de Castilla y León y la Directora Técnica de Protección Radiológica, por parte del Consejo de Seguridad Nuclear.

Esta comisión establecerá los criterios técnicos, directrices específicas, procedimientos, acuerdos o protocolos de actuación que se consideren necesarios en cada momento. El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por otros cuatro.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha librado al inspector de la Brigada de Extranjería Miguel Ángel Gómez Gordo de ser juzgado por los delitos cometidos por la presunta macroorganización criminal liderada por el ciudadano chino Gao Ping para llevar a cabo actividades de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012, al admitir un recurso contra su procesamiento.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 propuso el pasado mes de julio a un total de 105 personas, entre ellas al inspector, por presuntamente facilitar, agilizar y realizar trámites de extranjería a cambio de dávidas y recompensas. Miguel Ángel Gómez Gordo es hermano del comisario imputado en la pieza ‘Kitchen’ del conocido como ‘caso Villarejo’ por el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con fondos reservados.

El magistrado deja sin efecto su decisión al admitir el recurso presentado por Gómez Gordo contra el auto en el que propone juzgarle. La defensa del inspector recuerda que todos los hechos relacionados con el inspector de Extranjería ya fueron investigados en una pieza separada denominada ‘funcionarios’ y en la que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó el sobreseimiento respecto de Gómez Gordo, por lo que entiende que debe mantenerse dicho pronunciamiento.

OTROS RECURSOS DESESTIMADOS

Por otro lado, el juez Calama ha desestimado los recursos presentados por otros once investigados en la denominada ‘Operación Emperador’. Según explica el magistrado en su auto del pasado mes de julio por el que acordó el pase de diligencias previas a procedimiento abreviado, la red liderada por Gao Ping es una «compleja macroorganización criminal de carácter internacional» que estaba «compuesta de sucesivos grupos y escalones perfectamente estructurados y jerarquizados, cuyo único y común propósito es llevar a cabo una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Para ello, la red habría constituido un «entramado de sociedades pantalla al frente de las cuales se sitúa a diferentes testaferros» y habría confeccionado «los correspondientes documentos mercantiles (facturas) y públicos (pasaportes) que resultan necesarios para dar soporte a estas actividades delictivas», señala la resolución.

Por su presunta implicación en esta trama, el juez de la Audiencia Nacional también propuso juzgar a Ignacio Jordá González, actor de cine de adultos conocido como Nacho Vidal, por supuestamente enviar capital de su propiedad a China y utilizar sus mercantiles para justificar movimientos de dinero con facturas falsificadas. Igualmente, entre el centenar de procesados se encuentran empleados de banca, empresarios o joyeros expertos en diamantes que colaboraban en el lavado de activos.

LA ORGANIZACIÓN SE ESTRUCTURA EN TRES BLOQUES

Según detalla el juez en su escrito, la trama liderada por Gao Ping se estructuraba en tres bloques. El primero estaba compuesto por ciudadanos chinos afincados en España que importaban a gran escala unos mil contenedores anuales de artículos de bazar fabricados en su país y que distribuían a través de 39 sociedades meramente instrumentales, organizadas con dos contabilidades paralelas, con el único propósito de eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública.

Ese material posteriormente se centralizaba en naves industriales como las del polígono de Cobo Calleja, en el municipio madrileño de Fuenlabrada, y en la localidad toledana de Seseña, y de ahí era distribuido a sus clientes que estaban repartidos en todo el territorio nacional. Esta primera trama de la organización transfería mensualmente a cuentas bancarias extranjeras entre 4 y 5 millones de euros, explica el auto.

El segundo bloque estaba integrado por ciudadanos que tenían elevados saldos bancarios en paraísos fiscales, que requerían dinero en efectivo en España y que contactaban con los investigados, que a su vez tenían dinero metálico y querían transferirlo ilícitamente a cuentas bancarias localizadas en el exterior. Por actuar como intermediarios y facilita la salida de dinero de la organización de Gao Ping cobraban comisiones entre el dos y el tres por ciento.

Por último, el juez instructor describe un tercer grupo formado por ciudadanos de origen chino dedicados al fraude fiscal y blanqueo de capitales y que utilizaban diversas vías para conseguir el retorno del dinero a China. Realizaban un envío masivo de dinero camuflado en falsas remesas de inmigrantes, se servían del transporte físico por carretera para remesar el dinero desde países con menor control respecto al blanqueo de dinero, o bien utilizaban la vía aérea para trasladar capitales sin declarar.

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) mediante la que pide al Gobierno regional que cierre los prostíbulos y ponga en marcha un Plan contra la prostitución que incluye medidas de apoyo a las mujeres víctimas de trata y explotación sexual.

Así lo ha anunciado hoy en Getafe la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Sánchez Acera, acompañada en su visita a esta localidad del Sur por la alcaldesa, Sara Hernández, así como por la portavoz de Mujer del PSOE en la Cámara regional, Lorena Morales.

«Le pedimos a la Comunidad de Madrid que actúe, que actúe contra la violencia sexual. No solamente contra los proxenetas y las mafias, sino que también proteja a las mujeres que están sometidas a estas mafias», ha señalado Sánchez Acera.

La portavoz adjunta ha resaltado que la PNL contiene tres líneas estratégicas para poner en pié un «auténtico» plan integral de lucha contra la prostitución, que debe ser dotado de los recursos suficientes para garantizar su efectividad.

Por su parte, la diputada autonómica Lorena Morales ha incidido en los tres ejes principales de que consta la propuesta. Así, se pondría en marcha un paquete de medidas de apoyo a las personas en situación de prostitución y trata que les ofrezcan la posibilidad de un futuro «digno», dando asistencia y recuperación integral.

Para ello, los socialistas creen que es preciso «facilitar el acceso a la Renta Mínima de Inserción, ampliar la red de pisos de acogida, garantizar la asistencia jurídica, sanitaria y psicosocial que precisen las víctimas de trata y explotación».

Un segundo bloque de medidas tiene que ver con la prevención y sensibilización, que son las bases para «la desaparición de la prostitución y de la explotación sexual«, según la parlamentaria del PSOE.

Así, se contemplarían programas que «desincentiven el consumo de sexo de pago, especialmente dirigidos a los jóvenes, prohibición de la publicidad de prostitución por cualquier canal, imposibilidad de contratar publicidad institucional en cualquier medio o plataforma de comunicación que admita publicidad de sexo de pago.

Por último, actuaciones contra los proxenetas, las mafias y todos aquellos que, de una u otra forma «se benefician del mercado del sexo». «Aquí, se reclama el cierre inmediato de todos los prostíbulos que operan en la región, sancionar a los clientes que consuman prostitución e instar al Gobierno de España a aprobar una ley contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y contra la prostitución», han reivindicado.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Tándem’ ha acordado admitir la personación como perjudicado del abogado Felipe Izquierdo en la pieza 9 de la macrocausa en la que se investigan los encargos del BBVA al comisario jubilado y en prisión preventiva, José Manuel Villarejo. Admite además la querella que ha presentado el perjudicado y que se dirige contra el expresidente de la entidad Francisco González.

Según el auto del juez, además de contra González –ya investigado en el marco de esta pieza 9–, la querella va contra el actual jefe de auditoria interna de BBVA, y director de gabinete de presidencia en los años a los que se refiere la presente querella, Joaquín Gortari, y contra el propio BBVA. Izquierdo alega que la entidad bancaria dio órdenes de espiarle con flagrante vulneración de su intimidad y violación de sus derechos fundamentales por orden de González y Gortari.

En la querella, el abogado señala que los hechos, de los que tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación, son cuanto menos constitutivos de los presuntos delitos de cohecho activo, revelación de secretos y corrupción en los negocios.

En el escrito de Anticorrupción que resuelve en favor de la admisión de la querella, se indica que la investigación objeto de la presente pieza separada «se extiende a los hechos que son objeto del escrito de querella».

El Ministerio Público, recuerda que en esta pieza se indaga sobre las contrataciones que desde 2004 altos directivos del BBVA, a través de su entonces jefe de seguridad Julio Corrochano, se habrían efectuado en nombre y provecho de la entidad con el entramado empresarial de Villarejo (Grupo Cenyt). La relación se mantuvo durante 13 años y el comisario habría percibido más de diez millones de euros.

Por medio de Cenyt, Villarejo se dedicaba a desarrollar proyectos de gestión de crisis para empresas, que en realidad «consistirían en servicios de inteligencia ilícitos e incompatibles con la labor policial» del comisario a cambio de «elevadas sumas de dinero».