La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha dejado sin efecto este miércoles la progresión al tercer grado penitenciario de Iñaki Urdangarin. Así se recoge en dos resoluciones que la Audiencia de Palma ha dictado este miércoles.

En una primera resolución, la Sección Primera estima el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra el auto de 3 de septiembre dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid sobre la clasificación de grado de Iñaki Urdangarin.

La Sala revoca la decisión del Juzgado y, por tanto, deja sin efecto la progresión al tercer grado penitenciario, y se mantiene así el segundo grado.

De acuerdo la Audiencia de Palma, «no se desprende de la conducta global del interno una evolución suficientemente favorable, por el momento, que permita inferir una capacidad para llevar en lo sucesivo un régimen de vida en semilibertad».

Por otra parte, en la segunda resolución dictada este miércoles, la Sala estima el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto del pasado 13 de agosto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid.

En el auto, relativo a las salidas los fines de semana de Urdangarin, la Sala estima que la concesión del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario es «prematura».

El abogado de Iñaki Urdangarin en el caso Nóos, Mario Pascual Vives, defendió este martes que la Audiencia de Palma rechazara el recurso de la Fiscalía y concediera el tercer grado penitenciario a su cliente, como ya tienen el expresidente balear Jaume Matas y su exsocio Diego Torres.

En una entrevista de Europa Press, Pascual lamentó que «otras personas en igualdad de circunstancias y de trato lo tienen desde hace meses. Es difícil de entender e incluso de aceptar» esta diferencia, dijo en alusión a los también condenados por el caso Torres y Matas.

Los portavoces de Ciudadanos (Cs), PDeCat, Unidas Podemos (UP) y PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han mostrado su oposición al borrador del real decreto de ayudas a los ayuntamientos, que el Ministerio de Hacienda ha establecido en 3.000 millones de euros para paliar las arcas municipales por la pandemia de coronavirus.

Tras una reunión que han mantenido los portavoces de la FEMP para abordar una postura común sobre este borrador de real decreto al que se oponen y que solo cuenta con el apoyo de PSOE, el portavoz del PP y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha indicado que «parece que algo se mueve en la FEMP».

Al respecto, ha argumentado que al final de la mañana podrían elaborar un comunicado, en el que cuatro de los cinco portavoces trasladarán su rechazo a esa última propuesta del fondo para los ayuntamientos, después de que decayera en el Congreso de los Diputados la votación del primer real decreto con 5.000 millones condicionados a la cesión de los remanentes.

Los cuatro portavoces le han pedido al presidente de la FEMP, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que «ejerza como tal porque es necesario que empiece a representar a todos los alcaldes de España y no solo del PSOE», ha precisado Azcón.

En rueda de prensa, el regidor zaragozano ha explicado que uno de los avances en el seno de la FEMP es que Unidas Podemos se opone a ese fondo de 3.000 millones y frente al cambio de la abstención por el voto a favor que emitió en la convalidación del primer real decreto en esta ocasión se opone.

«Los que dice Unidas Podemos en la FEMP es que no está dispuesta a validar ni en el Consejo de Ministros, ni en el Congreso de los Diputados el borrador del Ministerio de Hacienda, pero lo tienen que decir ellos».

POSIBLE SEGUNDA DERROTA DEMOCRÁTICA

Ha destacado que el cambio que se ha producido en esta reunión es que «se visualiza que cuatro partidos de los cinco de la FEMP redactarán un comunicado en el que dice que, en ninguno de los casos el borrador de ayudas tendría un mayoría en el Congreso» en caso de que se apruebe en el Consejo de Ministros.

«Que no lo aprueben en el Consejo de Ministros porque podrían volver a sufrir una derrota democrática e histórica por segunda vez y queremos abrir un nuevo periodo de negociación para mejorar lo que ofrecía la ministra Montoro, que es insuficiente. Si se lograr mejorar en términos de justicia estoy convencido de que el acuerdo es absolutamente posible».

Jorge Azcón ha contado que en la reunión de la Junta de Portavoces de la FEMP se ha vuelto a insistir para negociar con el Ministerio de Hacienda, y Abel Caballero se ha comprometido a mediar para convocar esa mesa de diálogo, «que se necesita de forma inmediata entre alcaldes y el Ministerio de Hacienda para solucionar las ayudas a los ayuntamientos que empieza a ser apremiante».

Ha subrayado que una mayoría de alcaldes está en contra del borrador del real decreto de ayudas de Hacienda y no es suficiente. «La mayoría pensamos que no contaría con una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados y hay que mejorarlo».

PROPUESTA DE CUATRO PARTIDOS DE LA FEMP

Esa mejora pasa por incluir las medidas contables del ejercicio presupuestario de 2020, como la regla de gasto y el uso de remanentes; el fondo incondicionado de 5.000 millones de euros en el que la población sea un criterio de distribución y también se contemple a las áreas más despobladas; y otro fondo para el transporte público de mil millones para los ejercicios 2020-21 porque los previstos de hasta 400 millones para 2020 -que no figuran en este nuevo borrador de real decreto- son insuficientes.

A su parecer, al PSOE «le resulta imposible firmar el manifiesto en contra del Gobierno, aunque hay sensibilidad en alcaldes socialistas que creen que es injusto el borrador», ha apuntado el edil de Zaragoza.

Su impresión es que hay margen de maniobra, al relatar que el primer real decreto otorgaba cero euros a Zaragoza porque el reparto era solo para ciudades con remanentes y, ahora, la situación es «radicalmente distinta» porque se parte de 3.000 millones sin el condicionante de los remanentes. «Apelo para que sean más y se mejore. La posición se ha movido mucho, pero no es suficiente para Zaragoza y hay margen de mejora».

Ha aclarado que la petición de los alcalde de disponer de un fondo incondicionado no tiene que ver con los remanentes, sino con las necesidades de las ciudades. «El fondo de 5.000 millones es insuficiente, pero 3.000 millones es indefendible y espero que el ministerio esté dispuesto a moverse porque lo necesitamos ya.

El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles una moción de Vox que reclamaba que se establecieran penas de cárcel para los ‘okupas’ y se mejorara la protección de los «legítimos titulares de los derechos reales» sobre los inmuebles objeto de ‘okupación’.

La iniciativa, consecuencia de la interpelación que esta formación dirigió hace una semana al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recibido el apoyo de PP, Ciudadanos y Foro Asturias, mientras que el PRC se ha abstenido.

El texto, defendido desde la tribuna por Víctor Sánchez del Real, instaba al Gobierno a promover la modificación del Código Penal con el fin de que «todas las modalidades de los delitos de usurpación de inmuebles sean castigadas con penas de prisión».

También le emplazaba a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para introducir estos delitos de usurpación en los que no concurre violencia o intimidación dentro de los recogidos en el artículo 795, de manera que se puedan resolver mediante juicios rápidos.

En paralelo, abogaban por modificar el artículo 553 en relación con los mismos delitos para dar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los instrumentos necesarios para poder proceder al desalojo de las viviendas, permitiéndoles entrar en las mismas sin autorización judicial previa para detener a los ‘okupas’.

Andalucía suma este miércoles 23 de septiembre 1.551 casos de coronavirus Covid-19 confirmados por PCR, la segunda mayor subida diaria desde el inicio de la pandemia, superando en solo un día la anterior marca que eran los 1.536 diagnosticados de este martes, según el parte de la Junta de Andalucía, que contabiliza 12 fallecidos en las últimas 24 horas, los mismos que la víspera.

Así las cosas, la región encadena dos días de récord en este aspecto. El máximo está en los 1.617 registrados el viernes 18 de septiembre. La cifra diaria de contagios de este miércoles supera también los 1.480 positivos del pasado sábado 19 y supone casi el doble de los 812 registrados este lunes 21.

La provincia que suma mayor número de positivos en las últimas 24 horas vuelve a ser Málaga, con 511, seguida de Sevilla, con 405. Bastante por detrás se sitúan Cádiz, con 200; Granada, con 133; y Córdoba, con 132. Por debajo del centenar figuran Jaén, con 75; Almería, con 60; y Huelva, con 35.

CUATRO MUERTES EN GRANADA Y TRES EN CÓRDOBA Y SEVILLA

Los 12 decesos de este miércoles, los mismos que la víspera, se concentran principalmente en las provincias de Granada con cuatro y Sevilla y Córdoba con tres, a los que se suman Cádiz y Málaga con uno cada una.

Por otro lado, los hospitales alcanzan los 1.019 pacientes ingresados, cinco menos en 24 horas y 87 más que hace una semana, de los que 136 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sin cambios en los últimos dos días y 15 más que hace siete días.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, han reiterado su «firme compromiso» con la lucha contra la explotación sexual, con motivo de la celebración este miércoles del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños.

El objetivo del Gobierno, según precisan en un comunicado, es conseguir «la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres» y precisan que esto requiere «la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, en particular, la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual», con medidas adicionales para «mujeres en contextos de prostitución».

Durante la reunión, la ministra de Igualdad y el ministro de Justicia también han ultimado el texto del Anteproyecto de Ley Orgánica de Libertades Sexuales, de la que ambos ministerios son coproponentes.

El anteproyecto continúa su tramitación para su evaluación a través de los órganos consultivos como el Consejo Fiscal, el Consejo Económico y Social, el CGPJ y el Consejo de Estado, llegando finalmente al Consejo de Ministros para su aprobación, antes del debate en el Congreso de los Diputados.

Previamente, en la fase de audiencia e información pública, se recogieron aportaciones de numerosos colectivos sociales y organizaciones feministas, así como las valoraciones de otrosdepartamentos ministeriales y CCAA.

Por otra parte, Montero y Campo han puesto en valor los instrumentos desarrollados por España para mejorar la coordinación y la colaboración interinstitucionales y la participación de las organizaciones de la sociedad civil, «cumpliendo los compromisos y estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y de erradicación de la violencia de género, que sitúan a España como referente internacional.

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha asegurado que se va a tomar «todo el tiempo que haga falta» en demostrar que la vacuna, o las vacunas, contra el nuevo coronavirus son «seguras» para las personas.

El ministro, que se ha pronunciado así durante una visita al Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, ha recordado que tienen que desarrollarse varias vacunas contra el Covid-19 y que habrá que analizar cuál de ellas es la «mejor».

«Lo que no se va a hacer nunca es jugar con la seguridad. Es posible que los fabricantes nos proporcionen las vacunas, porque ya las están fabricando, pero a las personas no se les va a dar hasta que no se garantice que sean seguras y para ello se va a tomar el tiempo que haga falta», ha recalcado Duque.

Dicho esto, el ministro de Ciencia ha comentado que en España se están realizando 12 proyectos sobre vacunas y que dentro de «bastante poco» va a empezar un ensayo clínico con una vacuna desarrollada por investigadores españoles. «Una vez se demuestren que son seguras, ya se comenzará a ver a quién hay que empezar a suministrárselas», ha enfatizado.

Por otra parte, y respecto a la situación actual de la pandemia en España, Duque ha reconocido que se está «al principio» de la segunda ola, por lo que ha destacado la importancia de que «entre todos» se realicen esfuerzos para evitar que se parezca a la de marzo.

«Los ciudadanos tienen que ser muy estrictos a la hora de aplicar las medidas que nos piden las autoridades sanitarias, y las autoridades sanitarias tienen que ir por delante de los problemas que puedan estar surgiendo. No obstante, y aunque existe una preocupación, creo que lo estamos haciendo bien y que conseguiremos que la curva no sea como la de marzo», ha zanjado Duque.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha explicado este miércoles que se ha acogido a su derecho de no declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en su segunda causa por presunta desobediencia porque considera que no es un tribunal neutral y que «la sentencia ya está escrita».

En declaraciones a los periodistas desde el Palau de la Generalitat acompañado del abogado Gonzalo Boye después de su comparecencia en el TSJC en las que se ha negado a contestar a preguntas que no fueran de su causa judicial, ha enmarcado esta segunda causa dentro de la «persecución política que hay contra los independentistas catalanes», por lo que cree que no será un juicio justo.

«Yo le he dicho al magistrado que aquel no era un tribunal neutral, que dijera lo que dijera, y haga lo que haga, esta sentencia ya está escrita y que, por tanto, me acogía a mi derecho de no declarar», ha afirmado.

El jefe del Ejecutivo catalán ha definido el TSJC como «el Tribunal Superior de Justicia en Cataluña, que es un tribunal español y no es un tribunal neutral», y ha insistido en que muchos de sus magistrados no deberían poder juzgar a dirigentes independentistas porque se han manifestado públicamente en contra de la independencia.

«Está lleno de magistrados que nos juzgan cuando no deberían ni atreverse a juzgarnos porque están claramente inmersos en causas de incompatibilidad. Todos ellos han manifestado que están en contra de manera muy clara de la independencia de Cataluña», por lo que ve una obviedad decir que el TSJC no es neutral.

Torra también ha subrayado ante el juez que él es independentista y que «la causa del independentismo es una causa justa y es una causa de una minoría nacional».

«Digamos lo que digamos y hagamos lo que hagamos seremos juzgados y condenados porque es una causa contra el independentismo catalán», ha añadido.

DECLARACIÓN BREVE

El presidente ha asegurado que ha sido una declaración muy breve porque el mensaje que tenía que transmitir ante el tribunal era muy sencillo: «Finalmente le he dicho que estaba seguro de que, tanto él como yo, teníamos mucho trabajo y mejor que lo dejáramos allí. Y que él se dedicara a su trabajo y yo tengo mucho», y ha señalado que después tiene una reunión de coordinación por la pandemia, que dice que es el tema que le preocupa ahora mismo.

«Ha sido una declaración breve pero una declaración que explica muy bien la situación en la que estamos inmersos el independentismo catalán. Espero que nos ayude a reflexionar todos juntos», ha concluido.

Al ser preguntado por si seguirá acudiendo a las citaciones judiciales por esta causa pese a considerar que la sentencia ya está escrita, ha avisado de que no quiere perder ninguna oportunidad para decir ante los jueces que se trata de una «persecución» contra el independentismo y ha expresado su voluntad de llegar hasta el final.

RESPETO INSTITUCIONAL

Torra ha destacado que en esta ocasión ha habido «respeto institucional» y ha recibido un trato adecuado por parte de los magistrados del TSJC, a diferencia del trato que, según él, recibió por parte del presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, en el juicio de la primera causa por desobediencia.

«Creo que las instituciones se deben tratar con esta corrección que no hubo en ese juicio», ha recriminado.

IRONIZA CON LAS BANDERAS

Torra ha comenzado su declaración en el Palau de la Generalitat ironizando sobre que solo había una ‘senyera’, a diferencia de la comparecencia del lunes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que estuvo acompañada de 24 banderas españolas y de la comunidad: «Perdonad que solo hemos encontrado una bandera catalana, no hemos podido encontrar 23 más.

También ha mandado su pésame al exconseller Jordi Turull por la muerte de su padre y ha lamentado que haya ocurrido estando él en la cárcel: «Parece mentira hasta qué punto los tiempos que estamos pasando no son tiempos de justicia, sino de venganza. Que un hijo tenga que ver como su padre enferma y acaba muriendo desde la cárcel, son momentos muy duros».

Asimismo, ha recordado que este miércoles hace un año de la detención de varios miembros de los CDR acusados de terrorismo: «Esa operación buscaba aterrorizar a la población catalana y no lo consiguió».

Vox ha adelantado este miércoles que acudirá a la Justicia si finalmente el Gobierno indulta a los condenados en el jucio del ‘Procés’ como ha anunciado en el Congreso el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Campo ha revelado que la próxima semana se iniciará la tramitación de estos indultos reclamando los informes del tribunal sentenciador y la Fiscalía, algo que Vox considera «ilegal» y que ya ha adelantado que combatirá judicialmente a través de la vía contencioso-administrativa.

La portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona, cree que este anuncio demuestra que el Gobierno «social-comunista» de Pedro Sánchez ha permitido «la consumación del golpe de Estado que se perpetró en Cataluña en 2017» con el objetivo de «mantenerse en el poder».

Según ha denunciado, primero lo hizo «por la puerta de atrás» con la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario «y ahora formalmente a través del instituto de indulto».

«Como de concederse será claramente ilegal, podemos asegurar es que defenderemos la ley con todas las acciones legales a nuestro alcance», ha adelantado Olona, abogada del Estado.

El PP sostiene que detrás de la tramitación de los indultos a los condenados por sedición tras el 1-O hay un «gesto político» vinculado con los Presupuestos Generales del Estado. Así, considera que «es parte del precio que paga Pedro Sánchez» por sacar adelante esas cuentas públicas y ya anuncia que va a estar «vigilante» para que se cumpla el Estado de Derecho, según han informado fuentes de la dirección nacional del partido.

Así se han pronunciado la formación que preside Pablo Casado después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya anunciado que los indultos para los condenados en el juicio del ‘procés’ comenzarán a tramitarse la próxima semana.

«En cuanto a este Ministerio se refiere (…), también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene», ha dicho Campo en respuesta a la pregunta de la portavoz de Junts per Catalunya (JXCat) en el Congreso, Laura Borràs, sobre «la deriva» de la justicia española.

«AL GOBIERNO SE LE CAE LA MÁSCARA»

En la dirección del PP consideran que al Gobierno de Pedro Sánchez «se le cae la máscara», dado que «por primera vez, reconoce que va a tramitar indultos a aquellos que intentaron dar un golpe a la legalidad».

«Es parte del precio que paga Sánchez por la investidura y por los Presupuestos», aseguran desde ‘Génova’, que creen que con este paso «canjean estar en el poder a cambio de impunidad a quienes trataron de acabar con la Constitución y la legalidad vigente».

Fuentes del PP han subrayado que al anuncio del ministro de Justicia se añade «la inmediata reforma de los delitos de rebelión y sedición en el Código Penal que el Gobierno ya ha anunciado en beneficio de los condenados por el 1-O» o que se haya «excluido al Rey de la entrega de despachos a los jueces».

Además, los ‘populares’ relacionan este paso a la negociación que ha abierto el Gobierno con Bildu «incumpliendo su palabra» y al «acercamiento de presos etarras al País Vasco» en estas últimas semanas.

Por eso, el PP ha anunciado tras las palabras del ministro de Justicia que va a estar «vigilante y pendiente» de lo que ocurra con los indultos, defendiendo Constitución, el Estado de Derecho y la igualdad entre españoles. «Si Sánchez no defiende España, lo hará el PP», ha resaltado.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado que 2020 está siendo un año de «entrada media» de migrantes a España, en comparación con años anteriores, y apunta que la mayoría llega vía Argelia y Latinoamérica, mientras que por el Estrecho están más «mitigadas» y por Ceuta y Melilla han entrado «poco».

Durante el Pleno del Congreso de este miércoles, Escrivá ha sido cuestionado por el diputado del PP José Ortiz, quien ha criticado el «duro verano» que han vivido las costas españolas en esta materia, con zonas «desbordadas» por la llegada de migrantes, «centros de acogida colapsados y con motines», así como con «fugas de migrantes con coronavirus».

Ortiz cree que el ministro «no reconoce el problema» que existe, ni ve que en Canarias la llegada de pateras ha aumentado un «573%» con respecto al año anterior. «Los hoteles de Canarias están alojando inmigrantes por su falta de planificación», ha criticado el diputado ‘popular’, para recordar que la situación en Ceuta y Melilla ha llevado a las autoridades a habilitar la plaza de toros y en Almería «los inmigrantes vagan por las calles» sin respetar la cuarentena. Del mismo modo, le ha reprochado que no haya visitado estos sitios por falta de tiempo ante sus «merecidas vacaciones».

El ministro ha respondido señalando que en lo que va de año 7.000 personas han entrado por el Mar de Alborán, 3.000 por el Estrecho, 5.000 por Canarias, 300 por Ceuta y Melilla y 64.000 por otras vías, unas cifras que, según ha señalado, son una «entrada media» si se tienen en cuenta las cifras recogidas en 2017, que sumaron 115.000 migrantes o 2019, cuando se contabilizaron 178.000 entradas.

CRÍTICAS POR SU AUSENCIA LA SEMANA PASADA

Del mismo modo, ha apuntado que se ha detectado mayor «intensidad» en el Alborán, vía Argelia, mientras que las vías del Estrecho están este año más «mitigadas» y hay «poca» entrada por Ceuta y Melilla. Escrivá ha señalado, además la «fuerte llegada desde Latinoamérica por distintos canales», una inmigración, la que llega por tierra y aire que, según ha apuntado, es «importante» y «silenciosa».

Al diputado del PP no le han servido estas explicaciones y ha acusad al ministro de pertenecer a un Gobierno que «no es creíble» en políticas migratorias. De hecho, ha dudado sobre quién se ocupa de esta materia, si el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, o el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, quien, según ha apuntado, ha anunciado «regularizaciones masivas» que, ha señalado, van «en contra del mandato europeo».

Ortiz también ha criticado que Escrivá no acudiera a la sesión de control del Ejecutivo la semana pasada. En este sentido, el ministro ha respondido que se encontraba en Bruselas en una reunión sobre migraciones con otros responsables europeos de esta materia y «defendiendo los intereses de España». El ministro ha indicado que con lo que allí se estaba «cociendo» y sabiendo que esta pregunta podría ser contestada una semana después en el Congreso, decidió programar así su agenda. «Creo que todo el mundo lo entiende», ha concluido.

La secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha nombrado a la ingeniero de montes María Jesús Rodríguez de Sancho nueva directora del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

Rodríguez de Sancho es ingeniera de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid y graduada en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado. Desde 2018 ejercía la Dirección en el Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas en el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).

Ahora, vuelve al Ministerio en el que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la Administración del Estado, donde ha ejercido como directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2008-2010), subdirectora general de Política Forestal y Desertificación de la Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente (2004-2008) y coordinadora del Área de Protección del Medio Marino de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente (2001-2004).

En 2008 fue elegida vicepresidenta del Consejo de Administración de la Agencia Europea de Medio Ambiente (2008-2010). Desde 2014 es presidenta del Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible (CIDES) del Instituto de la Ingeniería de España.

Según la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, con su nombramiento se abre una nueva etapa para el OAPN, institución de referencia en la Administración General del Estado en materia de protección de los ecosistemas más representativos del territorio español, que celebra este año su 25 aniversario.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este miércoles que el Pacto de Toledo «está a punto de llegar a un acuerdo» en el cual se va a despejar la incertidumbre y las pensiones «se van a revalorizar y defender su poder adquisitivo respecto al IPC».

Así lo ha señalado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, tras la pregunta del diputado del Grupo Parlamentario EH-Bildu Iñaki Ruiz de Pinedo, donde ha afirmado que el Gobierno tiene en la cabeza integrar el plan de pensiones no contributivas en el esquema del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

De hecho, ha explicado que quiere definir mejor esas pensiones no desde el punto de vista del individuo, sino desde el hogar en el que se encuentra.

Además, ha recordado a las comunidades autónomas que ahora tienen la posibilidad de implementar estas pensiones no contributivas hasta en un 30%.

El titular del Ministerio ha apuntado que la redistribución del sistema de pensiones es en la línea en la que hay que seguir avanzando y estudiando. «Hay distintas vías para hacerlo, pero creo que el Pacto de Toledo es de los mecanismos más adecuados para avanzar en este terreno», ha añadido Escrivá.

De su lado, el diputado de EH-Bildu ha pedido que los hogares que dependen de la pensión y que están en una situación de precariedad estén «urgentemente» entre los objetivos del Gobierno. «No es solo una situación contable, sino de derechos», ha subrayado.

«En estos momentos, los pensionistas no oyen hablar de esta dignificación, lo que oyen es hablar sobre el aumento de la edad de jubilación o de elementos de recortes», ha destacado Ruiz de Pinedo, tras pedir «compromiso para avanzar».

La Ley de Libertades Sexuales que está redactando el Ministerio de Igualdad incluirá la figura llamada tercería locativa por la que se podrá penar a los dueños de los prostíbulos, según ha anunciado este miércoles en el Pleno del Congreso la ministra del ramo, Irene Montero.

Durante su intervención en la sesión de control de la Cámara baja, Montero ha agradecido la labor que, en esta materia está teniendo también el Ministerio de Justicia con el que, según ha explicado, están trabajando para «acabar con la impunidad» de las personas que se dedican a la industria proxeneta, algo que «no se ha hecho nunca» en el país, según ha apuntado.

Para ello, la Ley de Libertades Sexuales anunciada por el Ejecutivo incluirá la figura de la tercería locativa para «acabar con la impunidad de los dueños de los prostíbulos» y «penar el proxenetismo en todas sus formas», incluido el «no coactivo». El objetivo, ha indicado la ministra, es «acabar con el proxenetismo» que, «según la Fiscalía General del Estado se lleva 5 millones de euros al día, la mayoría en dinero negro, a costa de la explotación sexual de la mujeres y, por tanto de la violencia machista».

La responsable de Igualdad respondía así a una pregunta parlamentaria formulada por la portavoz de ERC en esta materia, la diputada Pilar Vallugera, en la que pedía explicaciones a Montero sobre sus políticas relacionadas con la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, teniendo en cuenta que en agosto, la ministra envió una carta a las comunidades autónomas, pidiendo ayuda para el cierre de los prostíbulos.

ERC PIDE MÁS RECURSOS

«¿Cuántos recursos ha movilizado a través de transferencias o directamente a las administraciones competentes para el cierre de los prostíbulos?», ha preguntado la diputada independentista, quien ha reclamado, antes de señalar que si no puede hacer más en contra de esta materia «traspase» estas labores a las comunidades autónomas.

Para Vallugera, el cierre de los locales de prostitución durante la pandemia era «el momento ideal para detectar y perseguir las redes» de tráfico de personas, pero, además, ha reclamado dinero desde el Gobierno, para poder dar protección a las mujeres víctimas y un plan para su recuperación, que incluye medidas habitacionales, educativas y sanitarias, según ha indicado. En este sentido, también ha denunciado que el Protocolo de Palermo contra la trata es «casi desconocido» para las fuerzas y cuerpos de seguridad y ha señalado que no se puede «expulsar» a estas mujeres del país, sino que hay que «protegerlas».

Tras esta intervención, Montero ha recordado que desde el Gobierno se transfiere a las comunidades autónomas y ayuntamientos 140 millones para la lucha contra las violencias machistas y que el Pacto de Estado en esta materia mandata que se aumente un 15% anualmente al presupuesto de las delegaciones del Gobierno para este tema. La ministra ha recordado que para lograr esto hay que aprobar los Presupuestos Generales del Estado y ha llamado a Vallugera a trabajar juntas y ha apoyar las cuentes estatales.

En este sentido, ha insistido en que la explotación sexual de mujeres y menores «no va a acabar si no se les puede garantizar alternativas laborales». Montero ha explicado que su Ministerio trabaja ya con el de Empleo para buscar un «plan de empleo específico» para ellas.