El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido "sacrificar" los dos puentes que vienen "por poder celebrar la Navidad en familia", al margen de si las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid deciden "cerrar perimetralmente la ciudad de Madrid".

"El planteamiento que aquí tenemos es que asumiremos y acataremos lo que digan las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid que son las que tienen la última palabra y, por tanto, las que deben decidir si en función de las cifras lo mejor es cerrar perimetralmente la ciudad de Madrid con vistas a los dos próximos puentes", ha manifestado Almeida en declaraciones a los medios.

No obstante, ha agregado que "digan lo que digan" las autoridades sanitarias, "sobre todo en el caso de que no se cierre perimetralmente", hay que tener en cuenta que "es mejor no desplazarse demasiado".

En este sentido, ha señalado que "la movilidad es un factor de riesgo del coronavirus", antes de pedir que "en la medida de lo posible, se limiten los desplazamientos que se hagan fuera de la ciudad de Madrid.

"Creo que es mejor para todos, creo que todos estamos luchando y trabajando por esas Navidades y, por tanto, creo que a lo mejor hay que sacrificar --quien pueda, quien se tenga que desplazar que lo haga-- estos dos puentes que vienen ahora por poder celebrar la Navidad en familia", ha planteado.

Almeida ha destacado que se trata de una "postura razonable" y "de sentido común, al margen de que las autoridades sanitarias son a las que le corresponde decidir lo que tienen que decidir".

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), ha reivindicado este martes el "modelo" del Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos de "bajada de impuestos" como fórmula para "recaudar más", y lo ha contrapuesto con las "recetas antiguas" que, a su juicio, abandera el Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos.

En la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, Bendodo se ha pronunciado así tras conocer el "jarro de agua fría para la economía" que, en su opinión, ha supuesto el anuncio de subida de impuestos del Ejecutivo central al presentar el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

Bendodo ha lamentado que "no conseguimos desde el Gobierno de Andalucía hacerle ver al Gobierno de España que no es el momento de subirle los impuestos a la gente, que lo que hay que hacer" en un momento de crisis como ahora es "intentar reactivar la economía, que la gente gaste más, porque así las administraciones recaudan más", según ha añadido.

"Si les subes los impuestos a la gente, retraes el consumo", según ha insistido Bendodo, que ha defendido que lo que hace el actual Gobierno andaluz es "bajar impuestos para incentivar el consumo, recaudar más e invertir más en sanidad, educación y servicios sociales". "Ese es nuestro modelo", ha presumido.

En esa línea, ha valorado "con preocupación" el anuncio del Gobierno de España de "subir los impuestos" al presentar el anteproyecto de los PGE de 2021, porque eso es "un jarro de agua fría para la economía, una mala noticia y una decisión errónea.

Bendodo se ha preguntado por qué el Gobierno se decanta por esa opción mientras países del "alrededor" de España como Francia o Alemania "han bajado impuestos", y, tras añadir que "no podemos ser el verso suelto de la Unión Europea", ha defendido que "sólo hay que tener sentido común para saber que bajando impuestos se recauda más".

El consejero portavoz ha indicado que "no es cierto" que por parte del Gobierno central vayan a limitarse a "subir los impuestos a los ricos", y ha defendido que "subir impuestos e intervenir la economía son recetas antiguas que no valen para luchar contra la pandemia" del coronavirus y "lanzan un mensaje demoledor contra la inversión extranjera.

MÁS RECAUDACIÓN

Bendodo ha puesto de relieve que, con la "bajada masiva de impuestos" de 2019 por parte de la Junta, Andalucía "sumó 116.000 nuevos contribuyentes y recaudamos 600 millones de euros más". "Por cada euro que hemos dejado de ingresar por el impuesto de Sucesiones y Donaciones hemos recaudado cuatro por IRPF", ha destacado además.

En esa línea, el consejero portavoz de la Junta ha subrayado que su "hoja de ruta es completamente distinta a la del Gobierno central", y Andalucía ha pasado "de situarse entre las cinco comunidades autónomas con mayor gravamen" a situarse "entre las cuatro con menor gravamen".

Finalmente, Bendodo ha agregado que en Andalucía se recibe "con los brazos abiertos a las empresas, nacionales y extranjeras, para hacer las inversiones que tengan que hacer" en la comunidad autónoma, porque desde la Junta quieren trasladarle a esas compañías que la andaluza es una "tierra positiva para invertir".

El presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria, ha asegurado este martes en el Parlamento Europeo que un 'banco malo' diseñado a nivel europeo puede ser una herramienta "útil" para atajar un posible incremento de los préstamos dudosos en los balances de la banca comunitaria.

Durante su comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara, el italiano ha evitado utilizar la expresión 'banco malo', pero ha subrayado que las "compañías de gestión de activos" han demostrado ser eficientes en los esfuerzos para facilitar "la gestión y la recuperación" de préstamos dudosos (NPL, por sus siglas en inglés).

"Una iniciativa europea que, por ejemplo, conecte las compañías de gestión de activos nacionales en una red a través de mecanismos de financiación común y precios armonizados, podría ser una herramienta útil para enfrentarse a un incremento esperado de los NPL y garantizar la igualdad de condiciones dentro de la Unión Bancaria", ha argumentado.

Durante el debate con los eurodiputados, Enria ha admitido que se trata de una propuesta "controvertida" porque existe el "miedo" de que un instrumento así conduzca a una "mutualización de las pérdidas" en la UE.

Sin embargo, ha defendido que los 'bancos malos' "bien diseñados" no suelen tener pérdidas para los contribuyentes y "permiten que el sector bancario limpie sus balances más rápido". "Podemos diseñar estas iniciativas sin mutualización si esa es la preferencia política", ha añadido el italiano.

El presidente del Consejo de Supervisión del BCE ha advertido de que, aunque "la crisis por ahora no ha llevado a un crecimiento importante" de los préstamos dudosos, es "importante" que los bancos y también las autoridades políticas estén preparados" para un "probable" incremento de éstos.

"Esperamos un aumento de las exposiciones dudosas, en especial cuando expiren las medidas de apoyo públicas, como la moratoria de los pagos. Ya estamos viendo para la mayoría de los bancos que está incrementado el coste del riesgo comparado con 2019", ha avisado Enria.

En este contexto, el presidente del Consejo de Supervisión del BCE ha recalcado que los poderes públicos deben ser "rápidos" y "más efectivos" en sus esfuerzos para ofrecer la "necesaria reestructuración" al sector bancario europeo, que todavía sufre "debilidades estructurales" que no han sido abordadas desde la última crisis.

Tenemos que perseguir el objetivo de salir de esta crisis con un sector bancario más fuerte y capaz de ayudar en la transformación hacia una economía más sostenible y tecnológicamente avanzada", ha dicho.

La pandemia, ha afirmado Enria, es uno de los muchos retos a los que se enfrenta el sistema financiero, junto con el cambio climático y las consecuencias del Brexit. Sobre este último punto ha destacado que "muchos bancos han hecho avances considerables" en sus preparativos para la era post Brexit, a partir de 2021, pero "algunos todavía tienen que intensificar sus esfuerzos"."Esto incluye en particular la renovación de contratos con clientes de la UE a quienes los bancos han dado servicios directamente desde Reino Unido", ha ejemplificado.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha pedido que se tomen los datos del tercer trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) con cautela, pero ha puesto de relieve que el fin de las restricciones de la actividad y la movilidad tuvo "un claro efecto favorable" sobre el mercado laboral, "tras el notable deterioro de este en el segundo trimestre".

La patronal ha señalado que es posible que la situación extraordinaria de reducción de movilidad de los informantes de la EPA también puede afectar a los resultados de la encuesta. Además, afirma que la consideración estadística de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) y la excepcionalidad a la que están sujetos en la actualidad "hacen especialmente complejo el análisis".

Por ello, la CEOE piensa que los resultados en este contexto puede que no sean estrictamente comparables con los de trimestres anteriores y que habrá que esperar a próximos trimestres para valorar la incidencia de estos fenómenos.

No obstante, cree que las medidas que se están volviendo a imponer por los rebrotes suponen "un retorno parcial a la situación previa, con la consiguiente dificultad para la actividad y el empleo en los próximos meses".

También ha recordado que tanto los niveles de empleo como de actividad están claramente por debajo de los existentes hace un año. Por ello, ha instado a intensificar las medidas llevadas a cabo para minimizar el impacto de la situación sobre las empresas, "en un contexto tan excepcional como el que se está viviendo".

La patronal ha resaltado que, en términos interanuales, el empleo está en niveles inferiores a los registrados hace un año, destacando la caída del sector privado del 4,84%, frente al incremento del 3,36% del empleo público.

Así, ha apuntado que los niveles de empleo efectivo, que se mide a través de las horas trabajadas, todavía se encuentra "muy por debajo" de los niveles previos a la crisis.

El Gobierno del Principado de Asturias ha confirmado este martes 241 nuevos casos de coronavirus detectados en la jornada de este lunes, según han avanzado desde el Ejecutivo autonómico. Asimismo, ayer se registró el fallecimiento de cinco mujeres de 80, 83, 86, 89 y 90 años, una de las cuales residía en un centro sociosanitario.

La tasa de positividad se sitúa en el 6,44%, tras haberse realizado durante la jornada un total de 3.742 pruebas PCR, según la mencionada información. El Servicio de Vigilancia Epidemiológica continúa con las investigaciones para determinar los vínculos de los contagios.

En las últimas 24 horas, se han registrado 60 ingresos por coronavirus en planta y 6 más en UCI. En total, hay 429 pacientes covid hospitalizados, entre confirmados y sospechosos. Además, otros 53 afectados permanecen en unidades de cuidados intensivos. Por otra parte, 40 personas recibieron ayer el alta hospitalaria.

En su comunicación, recogida por Europa Press, las autoridades sanitarias insisten en apelar a la ciudadanía para que limite su vida social y la movilidad, con el fin de frenar los contagios.

Así, la Dirección General de Salud Pública aconseja a las personas mayores de 65 años o con patologías crónicas que viven fuera de los entornos residenciales que extremen las medidas de protección y seguridad. También les pide que renuncien a las actividades grupales y a los encuentros en lugares cerrados.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha justificado la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate de la prórroga del estado de alarma que tendrá lugar el jueves a las 9.00 horas en el Congreso, argumentando que ese día tiene que participar en una videoconferencia con líderes europeos para hablar de turismo, que está fijada para las 18.30 horas de la tarde.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por el hecho de que vaya a ser el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y no Sánchez, quien defienda en el Congreso la prórroga de seis meses del estado de alarma que ha solicitado el Gobierno.

Sobre las críticas planteadas ya por la oposición por esta ausencia, y también por el hecho de que el Gobierno ya no se vaya a ver obligado a comparecer para solicitar apoyo cada quince días, Montero ha defendido que Sánchez seguirá sometiéndose cada semana a las sesiones de control parlamentario, y también acudirá a la Cámara cuando se le requiera.

QUE COMPAREZCAN LOS PRESIDENTES AUTONOMICOS

En todo caso, ha defendido que dado que el estado de alarma que se ha aprobado ahora pretende dar cobertura legal a las comunidades autónomas para que puedan aplicar restricciones de movilidad que afecten a derechos fundamentales, deberán ser los presidentes autonómicos los que vayan rindiendo cuentas en sus respectivos parlamentos de las medidas que vayan adoptando.

Asimismo, Montero ha vuelvo a defender la duración de los seis meses que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, como el periodo que recomiendan los expertos para superar la pandemia, a pesar de las peticiones del PP y de otros partidos de la oposición que han reclamado acortar la vigencia de la prórroga.

A pesar de las peticiones del PP y de otros partidos de la oposición para que se acorte el periodo de vigencia del estado de alarma, el Gobierno se ha mantenido firme en su propuesta inicial de extenderlo hasta mayo. Por ejemplo, el partido de Pablo Casado pedía que se limitara a dos meses, pero el Ejecutivo rechazó sus "condiciones".

Por otro lado, la portavoz ha confirmado que en el nuevo decreto de prórroga, la limitación a la movilidad nocturna deja de ser obligatoria en todo el territorio y que las comunidades autónomas podrán decidir a partir del 9 de noviembre --cuando finalizan los primeros 15 días de vigencia-- si mantienen o desactivan el conocido como toque de queda, tal y como explicaron fuentes gubernamentales el domingo.

"El hecho diferencial es que se suprime la vigencia actual para todo el país de la denominada limitación o restricción de movilidad entre las 23.00 y las 6.00 horas", ha explicado Montero, en referencia a esta medida, que el decreto aprobado el domingo en un Consejo de Ministros extraordinarios hacía obligatoria para todo el país menos para Canarias.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la titular de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, han mantenido este martes un encuentro con alcaldes y alcaldesas de las principales ciudades de España, en el que han coincidido en la necesidad de reducir la movilidad y limitar los contactos sociales durante el puente del 1 de noviembre.

Con motivo del estado de alarma que rige en todo el país desde que así lo aprobara el Consejo de Ministros el pasado domingo, los ministros Illa y Darias se han citado con los regidores de estos municipios así como con la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con el objetivo de aunar criterios en el ámbito local.

En este sentido, y aprovechando la cercanía del puente del 1 de noviembre, los ministros y Caballero han hecho una referencia específica y conjunta para trasladar a la ciudadanía la necesidad de la reducción de la movilidad y la limitación de los contactos sociales.

Asimismo, Illa ha apelado al "papel fundamental" de las entidades locales para actuar de manera coordinada y desde la unidad, con mensajes "unívocos y claros" para controlar la pandemia del coronavirus.

Ante esto, Caballero ha reclamado información directa a los ayuntamientos y así poder actuar rápido "sin tener que esperar a que las Comunidades Autónomas faciliten los datos de incidencia en los municipios".

"Compartimos la gravedad de la situación actual y queremos poder actuar con agilidad, desde la colaboración, la unidad y la sensatez", ha subrayado Caballero. A ese respecto, Illa ha recordado que ya se acordó que las CCAA deben trasladar información y "mantener contacto fluido con los municipios de su ámbito territorial y con las Federaciones de Municipios de cada Comunidad".

En esta reunión, además de Caballero, Illa y Darias, han participado los alcaldes que forman parte de la Junta de Gobierno de la FEMP y los primeros ediles de Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria y La Palma; el Presidente de la Diputación de Almería; los Presidentes de la Comisión de Salud Pública de la FEMP, y Alcalde de Tres Cantos, y de la Red Española de Ciudades Saludables, y Alcalde de Burgos; y el Secretario General de la FEMP.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha condenado a doce años de prisión por homicidio al hombre al que un jurado popular encontró culpable de haber matado de una cuchillada a su yerno en Deifontes (Granada).

Fuentes del caso consultadas por Europa Press han indicado que la sentencia no ha contemplado la circunstancia de alevosía por lo que la condena no ha sido por asesinato como pedía la Fiscalía, que había interesado por ese delito una pena de 20 años contra este procesado.

El jurado, que determinó que el ahora condenado tuvo la intención de matar a su yerno, emitió su veredicto el pasado 8 de octubre, después del juicio, que se celebró en la sede de la Audiencia Provincial en la Real Chancillería y en el edificio judicial de Caleta, en Granada.

Las acusaciones particulares, que representaban a la viuda y a la madre del fallecido, pidieron también 20 años de prisión para el acusado, al igual que la fiscal; y la defensa, que mantuvo que "jamás tuvo intención de herir o matar a su yerno", la libre absolución. Tras conocerse el veredicto, esta parte interesó que se le pudiera imponer pena de un año de prisión por homicidio por imprudencia.

En el inicio del juicio en la sala de vistas de la Sección Primera de la Audiencia, el procesado, de unos 60 años, adujo que su yerno "se clavó él solo" el cuchillo en un forcejeo que se produjo cuando le pidió explicaciones por haberle "faltado" con insultos.

Se declaró no culpable de los hechos de los que se le acusan por supuestamente asestar una única puñalada a su yerno, de unos 30 años entonces, con que le seccionó la vena pulmonar, produciéndole la muerte de forma casi instantánea.

A preguntas de la Fiscalía, el acusado señaló que aquel 19 de agosto de 2019 salió de su casa "indignado a hablar" con su yerno después de que en una discusión telefónica le "faltó".

El cuchillo con el que había estado cortando jamón hasta ese momento lo "metió detrás del pantalón" pues "no sabía donde dejarlo" y, a su llegada a la puerta del domicilio del yerno, y tras preguntarle a su hija dónde estaba, éste se "abalanzó" sobre él, siempre según la versión que dio el acusado ante el jurado, y le "pegó muchos puñetazos en la boca" y le "cogió del pescuezo".

Cuando el joven fue a "tirarse a por él", sacó el cuchillo y miró hacia un lado "hablando" con su hija para tranquilizarla, y el yerno "se clavó él solo" el cuchillo, mantuvo.

Según la Fiscalía, una vez en su puerta, el acusado retó a gritos a su familiar a que saliera a la calle y cuando finalmente lo hizo aprovechó para asestarle de repente una puñalada "con la intención de causarle la muerte".

La cuchillada le alcanzó el hemitórax derecho y le seccionó la vena pulmonar dando lugar a un shock hipovolémico, ocasionándole "en pocos segundos", la muerte. Según se pudo comprobar después, agrega el ministerio público, el cadáver de la víctima no presentaba signos de lucha o defensa.

Tras apuñalar a su yerno, el acusado, que reconoció que no tiene ninguna enfermedad que afecte a sus facultades mentales, "abandonó apresuradamente el lugar" en dirección a su vivienda, en cuya azotea, según la Fiscalía, escondió el cuchillo.

La huelga nacional de médicos, la primera en 25 años, ha tenido un seguimiento "asimétrico" de entre el 70% y el 80% en Baleares, "en la línea de la media nacional", según ha informado el presidente del Sindicato Médico de Baleares (Simebal), Miguel Lázaro, este martes a los medios.

"La jornada de este martes puede definirse como agridulce por el impacto que ha tenido la huelga de resistencia sobre los pacientes, a quienes quiero pedir disculpas, y el seguimiento de la misma", ha aseverado.

En esta línea, Lázaro ha criticado las "artimañas" del Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) "al ardid de comunicar los servicios mínimos tarde con el impacto que esto ha tenido sobre pacientes, por ejemplo, de pediatría y de atención primaria, que han visto atrasadas sus operaciones".

Asimismo, ha advertido, "esta huelga tiene el propósito de que se negocie la retirada del decreto 29/2020". Por esto, ha continuado, "pedimos al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que reciba a los médicos y escuche sus demandas. De no hacerlo el último martes de noviembre habrá otra jornada de huelga".

REIVINDICACIONES MÉDICAS

En cuanto a las reivindicaciones de los médicos, el presidente de Simebal ha señalado que entre ellas se encuentra que "Europa obligue al presidente Pedro Sánchez y al ministro Illa a que de los 140.000 millones de euros de los Fondos Europeos, se destinen 10.000 millones a rescatar la Sanidad, sometida a recortes progresivos.

Otra de las medidas que reclaman los médicos es el "fomentar la operación retorno de los residentes (MIRes), después de que más de 18.000 médicos formados en España se hayan marchado del país en los últimos años". "El coste del país por formación a un MIR es de 200.000 euros por cada uno", ha incidido Lázaro.

"No puede ser, por tanto, que España tenga que importar médicos sin título de otros lugares del mundo, poniendo en riesgo la salud de las personas", ha concluido el presidente de Simebal.

SEGUIMIENTO DE LA HUELGA EN PITIUSAS

En cuanto al seguimiento de la huelga en el caso de las Pitiusas, Simebal ha apuntado que esta ha tenido más seguimiento en centros de Atención Primaria que en hospitales.

Según ha informado a Europa Press el portavoz de Simebal en las Pitiusas, Carlos Rodríguez, en el centro de salud de Es Viver de Ibiza el seguimiento ha sido total, mientras que en Santa Eulària ha sido del 80 por ciento y del 40 por ciento en Sant Antoni.

Mientras, en el hospital de Formentera la incidencia de la huelga ha sido "prácticamente nula" y en el de Can Misses entre un 30 y un 35 por ciento de facultativos han secundado el paro.

LOS MÉDICOS PITIUSOS "RELATIVAMENTE CONTENTOS" CON LA PARTICIPACIÓN

Frente a estas cifras, Rodríguez ha reconocido que esperaban más participación puesto que hace 25 años que no convocaban una huelga, aunque ha considerado que "es normal" puesto que en las Pitiusas tienen "poca experiencia" en estas convocatorias y es probable que "haya faltado un poco de propaganda y saber organizarlo mejor".

"No estamos insatisfechos, sino relativamente contentos", ha añadido el portavoz de Simebal en Pitiusas, quien ha concluido que los servicios mínimos les han parecido en algunos aspectos "un tanto irregulares" y por ello, están estudiando si denunciarlos.

El presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Marc Puig, ha insistido este martes en que la agenda del Gobierno debe "focalizarse" en la protección del tejido empresarial, por lo menos mientras los niveles de desempleo superen ciertos umbrales preestablecidos.

Lo ha dicho durante la clausura del XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que arrancó este lunes bajo el título 'La fuerza de la recuperación' y ha contado con la participación del Rey Felipe VI, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y el líder del PP, Pablo Casado.

Puig ha reclamado al Gobierno que aparque algunas iniciativas legislativas que solo ponen más trabas a la empresa y deje otras prioridades para otros momentos, en sus palabras: "Todos nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a hacer posible que el máximo número de empresas, y en particular las empresas familiares, puedan superar esta difícil situación".

También ha exigido a los gobernantes unidad de acción para evitar que estos esfuerzos no se diluyan en batallas estériles, y ha defendido que muchas empresas podrán sobrevivir y mitigar el impacto de la pandemia con una batería de "medidas adecuadas".

Ha anunciado su compromiso de seguir colaborando con la CEOE, que ha participado en el congreso a través de su presidente, Antonio Garamendi, "sin perjuicio de la plena autonomía del IEF", en cuanto a sus iniciativas contribuyan a enfocar adecuadamente la salida de la crisis.

FONDOS EUROPEOS

El también ceo y presidente de Puig ha defendido que las empresas familiares tienen mucho que aportar para garantizar un "uso eficaz" de las ayudas de los fondos europeos.

En este sentido, ha trasladado el "compromiso y total disponibilidad" del IEF para colaborar con el Gobierno en la identificación de proyectos que encajen en las líneas de medidas en el plan 'España puede'.

"Necesitamos que nuestra voz se escuche con nitidez, que nuestro mensaje de compromiso, responsabilidad y progreso sea tenido en cuenta por nuestros gobiernos y nuestros legisladores, pero sobre todo necesitamos que nuestra voz llegue a nuestra sociedad para que se entienda nuestra función y nuestro papel", ha añadido.

Puig ha defendido el compromiso de las empresas familiares y su futuro: "Dentro de unos años, cuando este virus solo sea una pesadilla, me gustaría pensar que la empresa familiar ha estado de nuevo a la altura del reto. Por eso vamos a ser la fuerza de la recuperación".

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer "forzar" la aplicación de un estado de alarma de seis meses para hacer frente a la pandemia del coronavirus pero luego "no dignarse" a acudir este jueves al Pleno del Congreso. A su entender, "está a tiempo de rectificar".

El Grupo Popular ha denunciado este jueves que no sea Sánchez sino el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien comparezca este jueves ante el Pleno de la Cámara para informar del decreto del estado de alarma y solicitar su prórroga, en principio, hasta el próximo mes de mayo.

Al término de la reunión de la comisión de seguimiento del Covid-19 creada por el PP, el líder de los 'populares' ha asegurado que "no es admisible que Sánchez fuerce un Estado de alarma de seis meses sin control judicial ni parlamentario y ni se digne" a ir al Congreso a presentarlo.

Está a tiempo de rectificar y pactar nuestra propuesta de reducir el plazo de alarma y legislar de una vez contra la pandemia", ha afirmado Casado en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Así se ha referido a la propuesta que el propio Casado planteó públicamente este lunes para limitar el estado de alarma a un máximo de ocho semanas y aprobar en ese plazo una reforma legal para dar certidumbre a las autonomías con el fin de no tener que volver a recurrir en el futuro a esta medida excepcional.

GAMARRA: SÁNCHEZ UTILIZA A ILLA COMO "ESCUDO HUMANO"

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha cargado contra Sánchez por "escudarse" en el titular de Sanidad ante la aplicación de un "instrumento de excepcionalidad constitucional". Además, ha indicado que el Ejecutivo no ha dado ninguna explicación para justificar esta decisión.

"No podemos entender que nuevamente el presidente del Gobierno utilice como escudo humano al ministro de Sanidad cuando se habla de suspender libertades públicas de 47 millones de españoles durante un periodo de más de seis meses", ha enfatizado.

En este sentido, la dirigente del PP ha señalado que su formación no ve "justificación alguna" a que no sea Sánchez el que asuma esa comparecencia en el Congreso este jueves, dado que como presidente del Gobierno "es el máximo responsable de la acción política" y afecta a "limitaciones de las libertades públicas".

Dicho esto, Gamarra ha señalado que su partido está abierto a negociar con el Gobierno la propuesta que puso encima de la mesa Pablo Casado, que tiene "tanta lógica y sensatez" que, a su juicio, no cabe en el planteamiento del PP que "no pueda ser negociada y asumida por el Gobierno". "Tienen la propuesta y si quieren negociar, nosotros estamos abiertos a negociar", ha apostillado.

El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, ha confirmado que la entidad llevará a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España, que no será traumático, y que será negociado con los sindicatos como en procesos anteriores.

Así lo ha señalado durante la rueda de prensa de resultados del tercer trimestre, tras ser preguntado por la información que publica el diario 'Expansión', relativa a que Santander planea un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 3.000 empleados por motivos económicos.

El consejero delegado ha dicho que "sí va a haber un ajuste de plantilla" para adaptar las necesidades del modelo de distribución a las necesidades de plantilla que ello conlleva.

El plan de transformación afectará a todas las unidades del banco y su intensidad dependerá de las necesidades del negocio y las demandas de los clientes, aunque Álvarez no ha ofrecido ninguna cifra sobre las salidas previstas.

"No puedo dar ningún número hasta que no tengamos las primeras reuniones con los representantes de los empleados", ha apuntado, en relación con la cifra de 3.000 salidas.

En esta línea, ha sostenido que el ajuste se hará "de forma correcta" y negociada con los sindicatos, destacando que en procesos anteriores de recolocación se ofreció a los empleados unas ayudas para la recolocación que han resultado en más de un 85% de recolocaciones.

"Traumático no será, siempre hemos hecho estas cosas con un acuerdo, dialogando y viendo las necesidades del banco y los deseos legítimos de los empleados. Así es como hemos contemplado estos procesos en el pasado y como los seguiremos contemplando", ha asegurado.

El consejero delegado ha comunicado que "próximamente" se pondrán en contacto con los representantes de los trabajadores para hablar de cómo organizar el modelo de distribución, el desarrollo de la tecnología y la simplificación en Europa.

Horas antes, la presidenta del banco, Ana Botín, ya apuntó en la junta de accionistas que las posibles medidas que afecten a la platilla serán primero trasladadas a los sindicatos. "En el momento en que haya una propuesta, los primeros que la van a conocer serán, como siempre, los representantes de los trabajadores, con los que tenemos una relación muy fluida y apreciamos el trabajo que hacen", indicó Botín.

LOS SINDICATOS, SORPRENDIDOS POR LA NOTICIA

La noticia sobre un ERE en el banco ha pillado por sorpresa a los sindicatos, que han conocido la noticia por la publicación en prensa.

El sindicato CC.OO. ha emitido esta mañana un comunicado en el que ha asegurado que no ha sido informado sobre el supuesto ERE y que ignora el origen de la noticia.

Banco Santander siempre se ha caracterizado por respetar los marcos de relaciones laborales y no airear en medios de comunicación cuestiones que antes deben ser tratadas en el marco estable de interlocución que CC.OO., como sindicato mayoritario, mantiene con la empresa", ha recordado el sindicato, que ha advertido que, de confirmarse la noticia, "se estarían dinamitando las bases que hasta ahora se han servido para el diálogo social en la empresa".

De su lado, UGT ha aclarado que no ha gestionado, pactado o comentado ningún tipo de ERE con la empresa y ha criticado que una noticia así "solo genera incertidumbre, ansiedad y sienta una pésima base para la gestión y negociación de las condiciones de posibles y futuros expendientes".

UN PLAN DE AHORRO DE 1.000 MILLONES EN EUROPA

El ajuste de empleo forma parte de un plan de ahorro de costes de 1.000 millones adicionales en Europa en los próximos dos años, que incluye a España, Portugal, Reino Unido y Polonia.

En concreto, el ahorro de costes deriva de tres componentes: el proceso de simplificación del catálogo de productos, la comunalidad en el desarrollo de la tecnología y la adaptación del modelo de distribución a "las nuevas realidades de hoy", siendo esta última pata la que requiere ajustes de plantilla "en todos los sitios".

El equipo internacional de paleontólogos, integrado por miembros del grupo Aragosaurus-IUCA de la Universidad de Zaragoza y de la Universidade Nova de Lisboa, ha recuperado más de 40 huevos de dinosaurio de hace 68 millones de años en el yacimiento descubierto recientemente en Loarre, en la provincia de Huesca.

El yacimiento cierra sus puertas por esta temporada y el grupo de paleontólogos vuelve a casa satisfecho, con los objetivos iniciales cumplidos.

Sin embargo, aún quedan fósiles por extraer en el yacimiento, y una segunda campaña de excavación se está planificando para la primavera de 2021. Durante la última semana, más de diez paleontólogos se dedicaron a preparar el yacimiento para el invierno, protegiendo la superficie de excavación y terminando la extracción de los fósiles que podrían verse deteriorados por las bajas temperaturas, la lluvia y el riesgo de expolio.

El codirector de la excavación y descubridor del yacimiento, José Manuel Gasca, ha declarado lo siguiente: "Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos, y el afloramiento ha quedado bien protegido, por lo que no tendremos problemas para continuar los trabajos de extracción el próximo año". Los paleontólogos han aplicado diferentes técnicas de protección para el yacimiento, pero además la Guardia Civil realiza visitas continuadas al mismo, para garantizar que no existe riesgo de expolio.

Ha sido difícil cerrar un yacimiento tan productivo, pero la paciencia forma parte del arsenal de herramientas de los paleontólogos. Los huevos han esperado 68 millones de años, por lo que pueden esperar unos meses más.

El codirectos de la actuación, Miguel Moreno-Azanza, ha afirmado que "la campaña ha sido muy fructífera, pero extremadamente dura. El uso de martillos neumáticos y perforadoras en posiciones a veces acrobáticas es extenuante, y el equipo necesita un descanso. Además, los pegamentos y resinas necesarios para la correcta extracción de los fósiles no funcionan bien por debajo de los diez grados centígrados".

Se inicia una nueva fase de los trabajos, en la cual es necesario adquirir la mayor información posible de los fósiles obtenidos de cara a la próxima campaña. Para ello es fundamental la preparación de los grandes bloques de roca, extraídos y protegidos en momias de yeso, que descansan ahora en un almacén en Loarre.

El equipo ya ha empezado la búsqueda de fondos para conseguir equipar un laboratorio paleontológico en el municipio. No es una inversión muy grande, ya que la preparación mecánica requerida por estos especímenes es rápida y simple, y un laboratorio completo puede ser equipado con unos pocos miles de euros, a lo que hay que sumar un técnico cualificado", ha apuntado el catedrático José Ignacio Canudo, director del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, entidad designada por la Dirección General de Patrimonio Cultural como depositaria de todos los materiales extraídos en Loarre.

El alcalde de Loarre, Roberto Orós, ha subrayado el apoyo pleno del municipio a esta iniciativa, y se ha mostrADO muy interesado en que el patrimonio paleontológico de esta localidad oscense repercuta en la región.

El Rey Felipe VI ha presidido este martes en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial la celebración del Capítulo de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, una orden instituida en 1814 por Fernando VII, a propuesta del Consejo de Guerra y Marina, para reconocer la constancia en el servicio militar a los oficiales del Ejército.

El Capítulo de la orden se reúne cada dos años en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial por su vinculación con San Hermenegildo, ya que guarda la principal reliquia del Santo. Es, además, Panteón Real de todos los Reyes y Soberanos de la Orden.

Según establecen las Reales Ordenanzas, en la Orden de San Hermenegildo ingresan los militares de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil que acreditan constancia en el servicio y una conducta intachable. La Real y Militar Orden de San Hermenegildo se integra por Caballeros y Damas, con las categorías de Gran Cruz, Placa, Encomienda y Cruz.

Para el ingreso o el ascenso, son requisitos indispensables, entre otros, ser oficial General u oficial de la Escala Superior de Oficiales, de la Escala de Oficiales, o suboficial de la Escala de Suboficiales del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, así como ser Oficial General u Oficial de la Escala Superior de Oficiales, de la Escala de Oficiales, de las Escalas Facultativas Superior y Técnica, o Suboficiales de la Escala de Suboficiales del Cuerpo de la Guardia Civil, además de tener cumplidos los tiempos de servicio que se piden.

Según ha informado la Casa del Rey, Don Felipe ha sido recibido a su llegada a la Lonja Principal del Monasterio por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, general del Aire Miguel Ángel Villarroya Vilalta y por el Gran Canciller de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, general de Ejército Jaime Domínguez Buj.

Seguidamente, tras recibir honores con salvas a cargo de la Batería Real y pasar revista a la Compañía de la Guardia Real que rinde honores, ha accedido al Patio de Reyes donde fue saludado por las autoridades civiles y de Defensa, así como por los miembros de la Asamblea Permanente de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

Después, el Cortejo Procesional se ha dirigido a la Basílica, donde Don Felipe ha sido recibido por el Reverendo Padre Prior del Monasterio, que le ha ofrecido el Lignum Crucis antes de la interpretación del Himno Nacional. El Rey ha asistido al acto religioso oficiado por el Arzobispo Castrense antes de abrir el Capítulo de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

Vox inicia una nueva fase tras el debate de la moción de censura en el Congreso en la que enfocará su discurso en la defensa de propuestas concretas, alejándose de los temas que han generado más polémica desde su llega al debate político nacional y ofreciendo un partido "con hechuras de Estado" y listo para asumir el poder.

Así lo ha explicado este martes el portavoz parlamentario del partido, Iván Espinosa de los Monteros, quien ha explicado que el objetivo será "incidir" en medidas concretas y hacer menos hincapié en otros asuntos más polémicos y que generalmente son los que atraen mayor atención de los medios de comunicación.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ya anunció este cambio en una entrevista tan solo un día después de la moción de censura. Según explicó, el partido abriría un proceso de "reflexión interna" para abrir su discurso a los "millones" de votantes que considera que han quedado huérfanos tras el 'portazo' del PP en la moción de censura.

Este lunes, el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, dijo que no perderían el tiempo en ellos mismos y estaban preparados para ofrecer una alternativa a los ciudadanos. Sin embargo, este martes Espinosa de los Monteros sí que ha concretado que harán "un ejercicio" de incidir en sus propuestas concretas e intentar apartarse de los temas más polémicos.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la propuesta de Abascal en su discurso como candidato de la moción de censura para la creación de numerosas hectáreas de regadío. "Son medidas muy concretas que me llenan de optimismo", ha asegurado Espinosa.

Este cambio permitirá presentar a Vox como un partido "con hechuras de Estado, ganas de gobernar pronto e ideas rompedoras muy distintas de las que se han visto tradicionalmente", ha asegurado aceptando que seguramente se quedarán solos sus 52 diputados en el Congreso frente a los 298 que votaron en contra de la moción de censura pero estarán "acompañados de millones votantes en toda España".

ACERCAMIENTO CLARO ENTRE PP Y PSOE

Con este discurso, el portavoz parlamentario de Vox ha ignorado la necesidad de rebajar la tensión con el PP tras la moción de censura y ha resaltado el "acercamiento" que cree que sí está habiendo entre 'populares' y socialistas".

"Está habiendo un acercamiento muy claro, notorio y público entre PP y PSOE", ha ironizado poniendo como ejemplo el debate sobre el periodo por el que debe prorrogarse el estado de alarma decretado por el Gobierno el pasado domingo.

El Juzgado de Instrucción 3 de Almería ha decretado la apertura de juicio oral contra Ana María B.L., la mujer de 38 años que se enfrenta a prisión permanente revisable acusada de asesinar a su hijo de siete años en 2019 en Huércal de Almería.

El jurado popular deberá dirimir, tras la práctica de prueba en la vista oral, si la procesada padece un trastorno psicótico agudo y transitorio que le ocasionó "una alteración parcial de sus facultades volitivas" o si, en el momento del crimen, no sufría ningún trastorno "más allá de los sentimientos de tristeza, rabia e impotencia por la situación que estaba viviendo de rechazo de la expareja y del hijo, situación que no mermaba su capacidad de conocer y obrar".

Así lo recoge el auto de la magistrada Ana Belén Vico, entre los hechos objeto de la acusación sobre los que estima que procede el enjuiciamiento de Ana María B.L. para la que tanto Fiscalía como acusación particular piden pena de prisión permanente revisable, si bien el Ministerio Público aprecia la atenuante analógica de alteración psíquica.

La acusación particular, que no ve trastorno psquiátrico, califica la muerte del pequeño como un asesinato con las agravantes de parentesco y alevosía, y añade, con respecto a la calificación de la Fiscalía, las agravantes de abuso de superioridad y aprovechamiento de las circunstancias del lugar, ensañamiento y abuso de confianza.

Entre los hechos, el auto recoge que debe enjuiciarse, asimismo, si Ana María B.L., tras causar la muerte a su hijo por estrangulamiento con un lazo en el domicilio familiar, se dispuso "con total premeditación y conciencia a vestir al menor, preparar una pequeña mochila con enseres de aseo y 1.400 euros en efectivo para huir de la escena".

Relata, asimismo, la resolución que se "cruzó mientras cargaba al menor en dirección al coche" con una vecina "a la que llamó la atención que, siendo las 09,30 horas, siguiera durmiendo, quien llegó a preguntar por este hecho a la acusada, quien no contesto nada y se dispuso a pedirle ayuda mientras sostenía al menor en sus brazos ya muerto, para que la propia vecina le sacara las llaves del bolsillo y le abriera el coche, ayudándole la testigo ajena a los hechos y sin notar en ningún momento síntomas de nerviosismo o arrepentimiento".

"CAUSAR EL MAYOR DAÑO POSIBLE AL PADRE"

La acusación particular sostiene, asimismo, que cuando fue detenida en El Ejido tras intentar atropellar a los agentes en el vehículo en el que viajaba junto al cuerpo sin vida en el asiento del copiloto, "presentaba pequeños arañazos en la cara y mostraba únicamente interés en la mochila que portaba con los 1.400 euros, con una actitud de máxima frialdad y tranquilidad".

El auto también propone que se dirima en juicio si existen, al margen de dos delitos de lesiones psíquicas al padre y los abuelos paternos del niño que imputan a la procesada ambas acusaciones, dos delitos contra la integridad moral y si, por tanto, como sostiene la acusación particular "intentaba causar el mayor daño posible al padre del menor" y si la familia paterna está padeciendo "afectación de su estado de salud, con síntomas de trastorno de estrés postraumático, y afectación en el desarrollo de sus actividades cotidianas.

El Ministerio Público sostiene que Ana María B.L. causó la muerte a su hijo Sergio en la mañana del 10 de octubre de 2019 "mientras se encontraba, de forma confiada e inocente, tumbado en la cama del dormitorio principal de la vivienda y era totalmente ajeno a la intencionalidad criminal" de su madre.

La fiscal María Ángeles González Magán remarca que la acusada "era plenamente consciente" de la superioridad "que le otorgaba la edad y la "diferente estructura corporal" y que "le ocasionó la muerte de forma deliberada cuando se encontraba totalmente desprevenido y con absoluto desprecio a la vida de su hijo menor".

"De forma súbita y repentina, de modo que la víctima no podía de ninguna forma esperar tal ataque proveniente de la misma, procedió con evidente y desproporcionada fuerza física a colocar un lazo de tela en el cuello del menor y apretar hasta asfixiarlo, provocándole la muerte debido a la gran presión ejercida y ello con plena conciencia de asegurarse tal resultado mortal al no tener la víctima oportunidad de defenderse habida cuenta su condición vulnerable y su natural indefensión", subraya.

El escrito de acusación contra Ana María B.L. indica que Sergio murió por "anoxia anóxica por estrangulamiento, por cierre laringo-traqueal secundario al efecto constrictor del lazo de la estrangulación".

De acuerdo al relato de hechos, la acusada trasladó en el asiento delantero derecho del vehículo el cuerpo sin vida del menor hasta el domicilio de una conocida en Las Norias de Daza, en El Ejido (Almería).

Cuando la mujer "vio los evidentes signos de anoxia que presentaba el menor", solicitó, con ayuda de una vecina, la presencia de la Guardia Civil "que trató de interceptar el coche que conducía la acusada".

"Esta, desatendiendo reiteradamente las órdenes de alto de los funcionarios, con un claro menosprecio al principio de autoridad, trató de atropellar con su turismo a un agente, quien en varias ocasiones evitó ser arrollado por el vehículo de la acusada", señala, si bien añade que "finalmente los agentes fracturaron el cristal de la ventana delantera izquierda, procediendo a su detención".

La fiscal alude en su calificación también a que, en el momento de crimen, estaba pendiente la atribución judicial de guardia y custodia del menor a uno de sus progenitores y destaca que, dado los "trágicos hechos", el padre, los abuelos paternos, y sus tíos paternos "están afectados en su estado de salud, presentando sintomatología ansioso depresiva asociada a la pérdida traumática de sus ser querido" al tiempo que sufren "trastorno de estrés postraumático con afectación al desarrollo de sus actividades cotidianas".

Al margen de la pena de prisión permanente por un delito de asesinato con alevosía, el Ministerio Público interesa que se prohíba a Ana María B.L. residir en el lugar donde reside la familia de Sergio o acudir al lugar en el que se ha cometido el crimen por periodo de 30 años, y se fije alejamiento a un kilómetro de los allegados por parte de padre.

Como responsable civil directa, solicite que indemnice con 300.000 euros a su exmarido, con 160.000 euros a cada uno de los abuelos paternos y con 120.000 euros a cada uno de sus tíos "para reparar" el daño moral causado. Por el delito de atentado a autoridad, solicita la pena de 18 meses de prisión.

CONFLICTO DE CUSTODIA E INGRESO PREVIO EN SALUD MENTAL

El Juzgado de Violencia contra la Mujer de Almería otorgó tres días antes del crimen la guardia y custodia a su padre después de que él solicitase modificar las medidas vigentes desde 2017 argumentando "desatención" al menor por parte de su madre.

Ana María B.L. estuvo durante nueve días en julio de 2019 en una Unidad de Salud Mental después de que el Juzgado de Primera Instancia 8 de Almería ordenase su ingreso involuntario. Recibió el alta médica con prescripción de tratamiento farmacológico.

La mujer también sido procesada por un presunto delito de abandono de familia por el Juzgado de Instrucción 2 de Almería y se enfrenta a seis meses de prisión acusada de desatender a su hijo al que no llevaba al colegio y está investigada por presuntos delitos de coacciones tanto al padre del menor y exmarido, como al abuelo paterno del niño.

El importe destinado a políticas de desempleo aumentará en 4.191 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, mientras que la dotación para fomento del empleo se incrementará casi un 30%, según ha avanzado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Montero, que ha presentado las líneas generales de los PGE tras la aprobación del proyecto en el Consejo de Ministros, ha enmarcado estas subidas en el importante esfuerzo en gasto social que contempla el Presupuesto de 2021, un total de 239.765 millones de euros, "la mayor cifra de la historia" y un 10% superior a la del año anterior.

Esta cantidad, ha precisado la ministra, incluye casi 9.000 millones de euros de los fondos europeos. Sin esta ayuda, el gasto en protección social crecería a un ritmo del 6%. "No dedicamos más recursos a la protección social por el simple hecho de tener fondos europeos, sino porque está en el ADN del propio Ejecutivo", ha subrayado.

Dentro de la política social se enmarca además la subida de las pensiones contributivas en un 0,9% y la de las no contributivas en un 1,8%, medidas que beneficiarán a unos 10 millones de personas y que permitirán a los pensionistas seguir ganando poder adquisitivo, según ha resaltado Montero.

La ministra ha recordado que el Presupuesto de 2021 incluye la transferencia por valor de 18.396 millones de euros desde el Estado a la Seguridad Social para descargarla de gastos impropios, en línea con las recomendaciones acordadas en el Pacto de Toledo.

Montero ha detallado además que los recursos para la dependencia aumentan un 34% en las cuentas públicas del próximo año; que a la lucha contra la pobreza infantil se destina una dotación un 59% superior; que el ingreso mínimo vital contará con 3.000 millones de euros, y que el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem) registrará una subida histórica del 5%.

Además, el Presupuesto contendrá "la mayor partida para becas de la historia", con 2.090 millones de euros, mientras que las políticas de violencia de género recibirán 180 millones y la política sanitaria, "la que más sube en 2021", contará con 7.130 millones de euros, un 75,3% más.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha manifestado su "profunda preocupación" por la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En un comunicado, que el Pleno de la Sala de Gobierno del TSJA, ha aprobado por mayoría difundir, se indica, entre otras cosas, que esa reforma presenta dudas de inconstitucionalidad y se aleja de las recomendaciones de las instituciones europeas.

"Desde el respeto institucional a quien ostenta la facultad de impulsar las iniciativas legislativas, pero con el compromiso ético que obliga a todos los jueces a demandar que las reformas legales respeten la independencia judicial como garantía básica de los ciudadanos, sustentado en el apartado quinto de nuestros principios de ética judicial, esta Sala de Gobierno expresa su profunda preocupación por la Proposición de Ley dirigida a modificar la mayoría necesaria para elegir y nombrar a los Vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial", señala el comunicado.

Continúa exponiendo que, "esta reforma presenta fundadas dudas de constitucionalidad al eludir el consenso parlamentario exigido por el propio Tribunal Constitucional en la sentencia 108/1986 y dejar en manos de la mayoría de gobierno -sea cual fuere- la conformación del órgano llamado a velar por la independencia judicial".

"Además, se aleja de las recomendaciones efectuadas por las instituciones europeas, que vienen reclamando desde hace tiempo la necesidad de evitar la imagen de politización de la Justicia que se proyecta con la designación íntegramente política de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y compromete la posición de España en la Unión Europea al rebajar el estándar de independencia judicial exigible en un estado democrático".

Para la Sala de Gobierno, "en estos difíciles momentos que atraviesa nuestro país como consecuencia de la pandemia por la COVID-19 resulta más importante que nunca mantener la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial, lo que exige apartarlo de la confrontación política".

Por ello, "confía en que no siga adelante una reforma que menoscaba gravemente la independencia del órgano de gobierno de los jueces y, al mismo tiempo, se alcance el necesario consenso entre los grupos parlamentarios para renovar a la mayor brevedad el Consejo General del Poder Judicial con arreglo a las previsiones constitucionales, evitando que el bloqueo político impida su normal funcionamiento".

Este acuerdo ha contado con el voto particular discrepante del magistrado Alfonso Ballestín Miguel, presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, por entender que excede de las competencias de la Sala de Gobierno.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado este martes que su partido pedirá ante el Tribunal Constitucional la suspensión cautelar del estado de alarma que aprobó el pasado domingo el Consejo de Ministros y que el Gobierno espera prorrogar este jueves en el Pleno del Congreso.

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, Espinosa de los Monteros ha denunciado que el nuevo estado de alarma avance en una deriva a su juicio "cada vez más totalitaria" y ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni siquiera tenga previsto acudir a defenderlo ante el Pleno del jueves.

A cambio, ha censurado que el Gobierno designe para el debate al ministro de Sanidad, Salvador Illa. "Mandan al ministro de Sanidad para limitar derechos fundamentales, someternos a un experimento totalitario y un procedimiento inconstitucional", ha censurado.

En este sentido, ha confirmado que Vox recurrirá el decreto ante el Tribunal Constitucional igual que hizo con el aprobado en el mes de marzo, aunque en este caso pedirá además su suspensión cautelar. Espinosa de los Monteros ha aprovechado también para criticar que el alto tribunal aún no se haya pronunciado sobre su recurso una vez pasados 181 días desde que fue presentado.

El portavoz parlamentario de Vox ha insistido en que el estado de alarma se convirtió en un "estado de excepción encubierto" porque suspendió derechos fundamentales. Y aunque ha reconocido que podría ser "discutible" que el estado de alarma pueda prorrogarse durante 15 días o varios meses, ha sostenido que no "tiene ningún sentido" que sea superior a 30 días, que es plazo máximo fijado para el estado de excepción, "el más grave".

"NI SEIS MESES NI DOS"

En este sentido, ha criticado también que el PP esté abierto a negociar un plazo de dos meses. "No se puede presentar ni por seis meses ni por dos. No se trata de discutir eso, estamos hablando de derechos fundamentales, destrucción de la economía y traslación de responsabilidad de los gobernantes a los ciudadanos españoles", ha defendido.

Mientras, ha explicado que Vox defiende la salud de los ciudadanos pero también la protección "de la salud de la economía. "No queremos destruir el país como está haciendo este Gobierno", ha denunciado incluyendo en ello a "algunos partidos que se decían de la oposición".

María Jesús M.C., conocida como Maje, ha negado cualquier tipo de participación, planificación o deseo de la muerte de su marido, Antonio, cuyo cadáver fue hallado el 16 de agosto de 2017 en un garaje del barrio valenciano de Patraix con seis puñaladas. Y ha apuntado a Salvador R.L., uno de sus amantes: "Nunca le pedí que le matara. Lo encubrí pero no lo planifiqué".

Tanto Maje como Salva, ambos compañeros de trabajo en un hospital valenciano, han podido defenderse este martes en el juicio que se sigue contra ellos ante un jurado popular por el crimen del marido de ella, por el que la Fiscalía pide 22 años de cárcel para la acusada --la acusación particular 25-- y otros 18 años para él --la acusación 20--.

Sus versiones han sido contrarias y mientras Salva, el primero en declarar, ha confesado el crimen pero ha explicado que fue Maje la que le pidió que lo hiciera, ella lo ha negado. "No es cierto que yo planificara y acordara con Salva acabar con la vida de Antonio. Jamás, nunca hablamos de eso. Solo de problemas en mi matrimonio, pero nunca le he pedido eso. Imposible", ha mantenido a lo largo del interrogatorio.

En esta línea, ha insistido: "No preparé con Salva ningún crimen", y ha asegurado que le dio a su examante las llaves del garaje, de su casa y de su coche mucho antes del asesinato. Ha afirmado que alguna vez sí mantuvo alguna conversación con Salva en la que él le había dicho "de cachondeo" que Antonio se merecía un buen toque de atención. Pero ha negado que supiera que el día 16 fuera a darle un susto --pese a lo que declaró ante la Policía--.

"Compartía todo con él, lo sabíamos todo el uno del otro", ha insistido la acusada durante el juicio, a lo que el fiscal le ha preguntado: "¿Compartían todo menos el crimen?", y ha respondido: "sí, menos el crimen". "Y no lo denuncié porque quería pasar página, tenía que olvidar esto", ha apostillado.

La acusada, de 30 años, ha recordado que conoció a Salva en 2015 en el hospital: "Empezó como una relación de buen rollo que acabó convirtiéndose en amistad. Contaba con él para problemas que surgieran, se afianzaron lazos y comenzamos una relación porque yo tenía altibajos con Antonio", ha explicado.

Además de Salva, la acusada ha reconocido otras relaciones con otros chicos, y ha asumido que a uno de ellos le contó la "mentira" de que tenía cáncer "como excusa porque estaba muy saturada, porque solo quería quedar conmigo y no podía", ha dicho.

Sin embargo, se llegó a casar con Antonio, aunque "con dudas" y luego siguió su relación con Salva, a quien le contaba sus "problemas" con su marido, sus discusiones. "Le decía que psicológicamente me notaba bastante afectada por frases que Antonio me soltaba porque desconfiaba de mí, con todo el motivo", ha aclarado.

NO ESTABA ENAMORADA

La acusada ha aseverado que no ha llegado a estar enamorada de Salva, de 50 años, pese a las cartas de "amor" que le escribía y se han exhibido en el juicio: "Me cuidaba, me protegía, estaba encima de mí y así lo reflejaría en las cartas. Pero no he estado enamorada de él", ha subrayado.

Maje también ha negado que le dijera a Salva que quería que se muriera su marido, y en este punto el fiscal le ha recordado que sí se lo comentó a otro amante, Tomás, según una conversación de Telegram que se ha reproducido, en la que ella le decía: "Quiero que se muera, le deseo un mal. Esto lo va a pagar cara".

Al respecto, la acusada ha explicado que se expresó de esta manera porque estaba viviendo una situación "angustiosa", y ella también quería "morirse". "No podía más. Esas palabras las escribí pero no quiere decir que lo desease", ha insistido.

CAMBIO DE TURNO 10 DÍAS ANTES

El día 3 de agosto de 2017 Salva ha explicado ante el tribunal que fue cuando quedó con Maje en que el crimen se iba a cometer el 16 por la mañana. Y en esa misma jornada, el ministerio público le ha leído a la acusada un mensaje que le mandó a su marido en el que le avisaba de que se había cambiado el turno de noche en el hospital de la noche del 14 por la del 15. Preguntada por qué le avisó a Antonio con tanta antelación sobre esta modificación, ha dicho que no lo sabe. "¿Es una coincidencia?", le ha interpelado, a lo que ha contestado: "sí".

El día en que se cometió el crimen, Maje ha narrado que por la mañana se fue a trabajar a una residencia de monjas de Torrent y Salva le mandó un mensaje para verse porque tenía algo que contarle. En este punto, el acusado ha declarado que fue ella la que le pidió quedar y que sabía lo que había pasado porque habían quedado en que él cambiaría el estado de WhatsApp tras el crimen.

Tras salir de trabajar, Maje acudió a casa de su hermana para verse con Salva y allí le contó que había estado en el garaje con Antonio, que se habían peleado y que le había dado un mal golpe y lo había matado: "Me comentó que Antonio había hablado mal de mí y que él le contestó que no me merecía esto y le dio un mal golpe", ha reproducido.

Tras ello, ha narrado que se puso en "shock", "a llorar". "No me lo creía viniendo de él", ha aseverado y, preguntada por qué no lo contó a la Policía, ha respondido: "Me acobardé y tenía miedo a la situación".

Meses más tarde continuaron su relación porque a Salva, ha comentado, le seguía teniendo aprecio. "Aunque ya fue más distante, me costaba mucho", ha puntualizado. No volvieron a hablar del crimen hasta que se enteraron de que la Policía tenía a un sospechoso.

Una vez en prisión mantuvieron una relación a través de cartas porque se veía "sola": "El es mi único apoyo y así lo sentía en la cárcel", ha descrito. Con el paso del tiempo puso fin a la relación: "Se había ido de las manos, no podía seguir estando con la persona que había matado a mi marido y se acabó", ha apostillado.

Para concluir su intervención, Maje ha querido perdón a la familia de Antonio: "Me arrepiento mucho de no haber sido valiente y de no haber ido a la Policía porque lo que pasó es muy fuerte y pido perdón a la familia de Antonio. Me arrepiento de mi cobardía, de haber pensado en mí y no en hacer honor a Antonio".

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que concluya la pieza número 3 del caso 'Lezo', relativa a la presunta adjudicación irregular del tren de Navalcarnero y proponga juzgar a seis personas, entre ellas al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y al empresario Javier López Madrid, mientras que adelanta que no ve indicios suficientes para acusar al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir.

El Ministerio Público hace esta solicitud al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 para poder acusar a estos seis investigados por delitos, según los casos, de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, por las comisiones ilícitas que se habrían conseguido con la adjudicación de la línea de tren entre Móstoles y Navalcarnero, según ha informado en un comunicado.

La Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia del Senado ha aprobado un texto transaccional a partir de una moción del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, por el que se insta al Gobierno a modificar el Código Penal para que los delitos de abusos sexuales a menores no prescriban o aumente el plazo; y a impulsar, en coordinación con las comunidades autónomas, la coeducación y educación afectivo-sexual en todos los colegios para la prevención.

El texto, transaccionado por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, PSOE, Ciudadanos, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, el Grupo Parlamentario Nacionalista Junts per Catalunya-Partido Nacionalista Canario y el Grupo Parlamentario Vasco, ha sido aprobado con el voto a favor de todos los grupos, excepto de PP y Vox que se han abstenido.

Asimismo, el texto de la transaccional insta al Gobierno a colaborar, conjuntamente con las CCAA y expertos, en la elaboración de un protocolo de actuación que asegure la mejor coordinación entre las distintas instituciones públicas, garantice la mejor formación en la materia a sus profesionales y permita una atención rápida, eficaz e integral a los menores de edad víctimas y a sus familias.

Igualmente, piden al Gobierno que el próximo 19 de noviembre de 2020, Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, se realice un acto público de reparación a todas las víctimas de abusos sexuales infantiles.

El senador de Geroa Bai Joseba Koldobika Martínez, que ha defendido el texto, ha precisado que para su grupo es "fundamental" hablar de educación afectivo sexual porque "lo que no se nombra no existe" y esta "debe formar parte del currículo escolar".

Por este motivo no ha aceptado la enmienda presentada por el PP, que proponía sustituir el apartado relativo a esta educación afectivo sexual por otro en el que solo se hablara del "establecimiento de protocolos comunes en todos los centros educativos como plan de prevención".

Para el senador del Grupo Popular Miguel Lorenzo, la educación afectivo sexual es "importantísima" para evitar que los jóvenes adquieran sus conocimientos en "Internet y la pornografía", pero considera que "no es el único método ni el mejor para prevenir" y que, en cualquier caso, este tema debe abordarse en la Comisión de Educación del Senado.

VOX PIDE AUMENTAR LAS PENAS DE CÁRCEL

El Grupo Parlamentario Izquierda Confederal tampoco ha aceptado la enmienda presentada por Vox con la que el grupo eliminaba el concepto de educación afectivo sexual y planteaba "aumentar las penas de todos los delitos relacionados con el abuso de los menores".

"Existe la necesidad de sacar a esos depredadores sexuales el mayor tiempo posible de nuestras calles, un depredador entre rejas es un monstruo que no va a poder volver a atacar a nuestros niños", ha asegurado el senador de Vox Jacobo González Robatto, quien se ha preguntado "qué previene más: meter en la cárcel al abusador o el curso".

Asimismo, ha acusado al Gobierno de "feminismo selectivo", algo a lo que la senadora del PSOE Estefanía Martín le ha contestando asegurándole que va a seguir diciendo que es "feminista" y que no le va a permitir estos "ataques" que buscan la "crispación".

Para la senadora socialista "la educación es la única vacuna para erradicar violencias, no solo llenar las cárceles", y ha apostado por seguir trabajando para acabar con esta "tragedia" del abuso sexual a menores "silenciada por tabús ancestrales".

La senadora de Esquerra Republicana Estefanía Escandell también ha coincidido en que la educación afectivo sexual es "imprescindible", una "necesidad imperiosa que el Estado no puede demorar" porque, a su juicio, permitirá que los niños identifiquen los comportamientos abusivos, puedan oponerse a ellos y denunciarlos.

Desde Ciudadanos, el senador Tomás Marcos también ha apoyado el texto y ha destacado el caso particular de los niños y niñas con discapacidad que han sufrido abusos, "muchas veces" por parte de personas "muy cerca de su entorno".

Por su parte, la senadora del PNV ha insistido en la necesidad de impulsar esta educación afectivo sexual para prevenir abusos respetando el marco competencial; y la senadora del PDeCAT ha subrayado que esta educación se ha demostrado que es "un éxito" porque "reduce en un 50% la probabilidad de sufrir abusos".

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que entiende "más efectivo" perimetrar la Comunidad de Madrid antes que recomendar a los vecinos no salir y ha recordado que otras autonomías gobernadas por PP y Ciudadanos ya han implantado esa medida.

"Cuando se pide o se recomienda no salir viene a ser lo mismo que perimetrar, pero psicológicamente. Desde luego me parece muy sensato. Lo más interesante es que se saliera del Consejo de Gobierno, que se saliera con un acuerdo entre los dos partidos", ha asegurado Villacís a los medios de comunicación en los pasillos del Palacio de Cibeles en una jornada en la que se está celebrando un pleno municipal en la capital.

Asimismo, ha aclarado que esta valoración surge como su posición como líder de Ciudadanos en la ciudad y no como postura del Gobierno local.

En esta línea, al ser preguntada por s debería ser toda la autonomía o por municipios, ha señalado que esta cuestión la tendrán que dirimir desde las autoridades sanitarias y que el papel del Ayuntamiento, desde el que ha garantizado "lealtad" a las medidas, es poner en práctica las medidas adoptadas.

Para ello cree importante la colaboración con la Delegación del Gobierno, ya que vana a necesitar su apoyo para garantizar ese cumplimiento porque no sería suficiente únicamente con los efectivos policiales locales.

Por último, ha vuelto a pedir controles en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con sistemas de test para poder "controlar la situación" en la que entran los visitantes por el aeródromo; unas guías que, a sus ojos, deberían estar unificadas en el marco de la Unión Europea.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha rechazado suspender de forma cautelar la orden foral dictada el pasado día 21 por el Ejecutivo navarro que decretó el cierre de los establecimientos de hostelería y restauración ante el avance de la pandemia de la Covid-19.

Los recurrentes, la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Navarra y la Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería, solicitaron la suspensión de la Orden Foral 57/20 tanto de forma cautelarísima (urgentísima) como cautelar (urgente).

En el auto, que puede ser recurrido, el Tribunal asegura que dicha orden foral toma medidas que tratan de limitar la trasmisión del virus en varios ámbitos, sobre todo en el área social.

Al respecto, explica que el informe técnico aportado por la administración considera "situaciones de alto riesgo el permanecer en espacios cerrados, en lugares donde hay concentración de muchas personas y el contacto cara a cara con personas que no son convivientes".

El consumo en estos locales supone "un mayor contacto cara a cara, y normalmente sin mascarilla, dado que se está tomando alimentos o bebidas cuando se consume en barra. Para ello, "es obligado cerrar los espacios en que por concepto se producen esos encuentros", resuelve la Sala, que añade que la medida está "plenamente justificada".

Para los magistrados, la suspensión cautelar del cierre de los bares y restaurantes "tendría unas consecuencias sanitarias de incalculable alcance", en cuanto a la trasmisión de la enfermedad, debido al previsible ascenso de la curva de brotes y contagios.

Según destacan los jueces, la orden foral "justifica la necesidad de las medidas acordadas -cada vez más restrictivas- en el hecho constatado de que las anteriores órdenes no han conseguido el efecto deseado", ya que se ha producido un aumento en el número de contagios.

En este caso, según recoge la resolución judicial, el Gobierno de Navarra ha venido acordando medidas sanitarias menos gravosas para el sector de la hostelería y restauración, como la reducción de aforos, "que se han revelado insuficientes", y en este momento, a la vista de los datos epidemiológicos ofrecidos por la Administración demandada, con un elevado índice de contagios y de expansión del virus en actividades de ocio en hostelería y restauración, ha acordado esta medida de choque por un plazo limitado al 4 de noviembre.

Por tanto, concluye la Sala, "efectuando una ponderación de intereses, cabe concluir que los intereses generales de protección de los derechos fundamentales a la vida y a la salud de todos los ciudadanos en esta situación de pandemia priman, sin ninguna duda, frente a los intereses económicos que invocan los recurrentes".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Universidades, un acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de tramitación anticipada de ayudas para Formación del Profesorado Universitario correspondiente al año 2020 (FPU2020), por un importe de 79.329.825,20 euros.

Esta actuación de la Secretaría General de Universidades permitirá la contratación de 850 investigadores durante cuatro años. Estas ayudas pueden ser complementadas con financiación adicional con cargo a los presupuestos de los centros de adscripción contratantes.

La convocatoria de ayudas de la Secretaría General de Universidades se encuadra en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+I y tiene por objetivo la formación investigadora en programas de doctorado para la consecución del título de Doctor y la adquisición de competencias docentes universitarias en cualquier área del conocimiento científico, facilitando así la futura incorporación de las personas beneficiarias al sistema español de educación superior y de investigación científica.

Las ayudas, que se convocarán en régimen de concurrencia competitiva, tendrán una duración de cuatro años, salvo en el caso de discapacidad del beneficiario, en cuyo caso tendrán una duración máxima de seis años. Existe una reserva de plazas para personas con una discapacidad igual o superior al 33% (17 plazas del total, equivalente a un 2%).

Si la obtención del título de doctor tiene lugar con antelación al inicio de la última anualidad de la ayuda, se autorizará la continuidad de la ayuda FPU para la contratación, durante el periodo de orientación posdoctoral de un año de duración, de los investigadores recién doctorados.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado también la ampliación de los plazos de las actuaciones recogidas en la subvención a la línea de 'Diálogo Asociación de Amistad Hispano-Francesa', que se han visto afetados por la COVID-19. Se trata de actuaciones de interés público para la incentivación de estudios de grado y postgrado en España.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha denunciado este martes que no sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien comparezca este jueves ante el Pleno de la Cámara para informar del decreto del estado de alarma y solicitar su prórroga, en principio, hasta el próximo mes de mayo.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha indicado que el Ejecutivo no ha dado ninguna explicación para justificar esta decisión y ha cargado contra Sánchez por "escudarse" en el titular de Sanidad ante la aplicación de un "instrumento de excepcionalidad constitucional".

"No podemos entender que nuevamente el presidente del Gobierno utilice como escudo humano al ministro de Sanidad cuando se habla de suspender libertades públicas de 47 millones de españoles durante un periodo de más de seis meses", ha enfatizado.

En este sentido, la dirigente del PP ha señalado que su formación no ve "justificación alguna" a que no sea Sánchez el que asuma esa comparecencia en el Congreso este jueves, dado que como presidente del Gobierno "es el máximo responsable de la acción política" y afecta a "limitaciones de las libertades públicas".

Gamarra ha recalcado además que recurrir de nuevo a esta medida excepcional evidencia "el fracaso" del Gobierno tanto en la "política sanitaria" como "legislativa" por "no haber aprovechado el tiempo" aprobado estos meses pasados un marco jurídico para evitar recurrir a esta medida excepcional.

CONDICIONES DE PROPORCIONALIDAD Y CONTROL PARLAMENTARIO

La portavoz del Grupo Popular ha subrayado que un estado de alarma debe tener en cuenta la proporcionalidad y el control parlamentario, y ha señalado que no se trata de "condiciones caprichosas" sino que son condiciones "constitucionales" que además defendía la propia Comisión Europea. "Para nosotros, seis meses de estado de alarma es absolutamente desproporcionado", ha apostillado.

En este sentido, Gamarra ha defendido la propuesta del líder de su partido, Pablo Casado, de limitar la prórroga a ocho semanas, garantizando el control parlamentario. En esos dos meses, ha proseguido, hay tiempo para tramitar una modificación legal y poder acogerse más adelante a la legislación ordinaria y no al estado de alarma.

La dirigente del PP ha recordado que su grupo parlamentario ya presentó en agosto una modificación de la ley 3/1986 de medidas especiales en materia de Salud Pública que puede ser ya debatida en el Pleno del Congreso y tramitarse.

"ESTAMOS ABIERTOS A ESA NEGOCIACIÓN"

Al ser preguntada si el PP ya mantiene algún tipo de negociación con el Gobierno, Gamarra ha señalado que la propuesta del PP tiene "tanta lógica y sensatez" que, a su juicio, no cabe en su planteamiento que "no pueda ser negociada y asumida por el Gobierno".

"Estamos abiertos a esa negociación si así lo consideran los grupos que sustentan el Gobierno", ha declarado, para confirmar que en este momento aún no han entablado conversaciones. "Tienen la propuesta y si quieren negociar, nosotros estamos abiertos a negociar", ha apostillado.

Eso sí, Gamarra ha indicado que el plazo de ocho semanas es "lo suficientemente amplio y flexible". "Por tanto, entendemos que no es objeto de negociación por la flexibilidad que ya de partida tiene", ha manifestado.

SI EL GOBIERNO NO ACEPTA, PLANTEARÁN ENMIENDAS

En cuanto a si el PP podría votar "no" al estado de alarma si al final no hay un acuerdo con el Gobierno, ha señalado que si el Gobierno no asume la propuesta presentada por Casado, el Grupo Popular lo plantearía vía enmiendas.

Eso sí, ha dicho que la propuesta que su partido ha puesto encima de la mesa tiene "tanta sensatez que el rechazo no debiera estar en la hoja de ruta del Gobierno". Ahora, ha proseguido, el PP está aún en la fase de la negociación y no han reflexionado sobre cuál puede ser la posición de su partido en caso de que no haya acuerdo.

"Está clara cuál es nuestra posición, que es un máximo de ocho semanas para durante ese periodo de legisle porque esta Cámara no puede estar amordazada sino que tiene una responsabilidad y el Gobierno la tenía que haber activado para que hoy España tuviera legislación ordinaria para hacer frente a la pandemia", ha concluido.