La Confederación de Empresarios de A Coruña ha iniciado ya las gestiones para solicitar que el Camino Inglés sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, un reconocimiento con el que ya cuentan otras rutas a Compostela.

El presidente de la CEC, Antonio Fontenla, se ha reunido con el presidente de Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y con el vicepresidente y responsable del área de Turismo, Xosé Regueira, para solicitar el apoyo del organismo provincial a esta iniciativa.

"El Camino es una indiscutible fuente de riqueza para numerosas empresas que se benefician de la impagable promoción de nuestro territorio y de los numerosos visitantes que atrae", ha señalado Antonio Fontenla, quien ha destacado el hecho de que "el Camino Inglés es la única ruta que nace y termina en Galicia".

Por su parte, el presidente de la Diputación de A Coruña ha destacado el "gran valor patrimonial" de esta ruta, que discurre por 18 ayuntamientos de la provincia, y ha manifestado su apoyo a la iniciativa para que pueda ser declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO.

La propuesta de la Confederación de Empresarios de A Coruña se produce en plena celebración del Año Santo Compostelano, cuya conmemoración se extenderá hasta finales de 2022 debido a la pandemia de la covid-19. "Creemos que no podría haber ocasión más adecuada para esta solicitud", ha remarcado el presidente de la confederación, quien expresó su deseo de que se pueda superar la situación pandémica actual para que la ruta de peregrinación "recupere su esplendor".

AYUDAS DE IGUALDAD

Por otra parte, siete ayuntamientos que pertenecen al área de Santiago de Compostela contarán este año con personal técnico especializado en Igualdad a través de la línea de ayudas de la Diputación de A Coruña. Boimorto y Trazo inician este miércoles el proceso de selección de personal con la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Dodro, Brión, Tordoia, Boimorto, Trazo, Rois y Melide son los siete ayuntamientos del área de Santiago de Compostela que contarán con esta financiación. Son los propios ayuntamientos los que realizan la convocatoria de acceso a las plazas.

En total, son 93.500 euros el presupuesto que el área de Cultura aporta a los siete ayuntamientos, con subvenciones que van desde los 5.500 hasta los 16.500 por municipio, en función de la solicitud realizada y del tipo y duración del contrato previsto.

El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado este miércoles por unanimidad instar al 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a abordar con el Gobierno de España determinadas acciones en relación a la defensa del trasvase Tajo-Segura.

La propuesta impulsada por el PSPV hace referencia, concretamente, a la petición de que el Consell traslade al Ejecutivo los términos recogidos en el pacto firmado en San Miguel de Salinas por los ayuntamientos de la Vega Baja en relación a la defensa del trasvase.

El diputado del PSPV, Jose Joaquín Hernández, ha resaltado los puntos de dicho pacto alcanzado con el consenso de "todos" los municipios, así como las necesidades de los regantes y colectivos agricultores.

"Era necesario ratificar el acuerdo en la Diputación e instar al presidente de la Generalitat a que traslade al Gobierno las acciones que nuestra tierra necesita, porque los políticos estamos para defender unidos nuestro territorio", ha aseverado el también alcalde de Dolores.

Por parte del grupo de Compromís, su portavoz, Gerard Fullana, ha sostenido que lo "importante" es hacer "vinculantes" estos acuerdos para que "traspasen nuestras fronteras". "Los partidos estatales tienen un papel más difícil porque PSOE y PP luego no lo apoyan; hay que avanzar hacia la vinculación de estos acuerdos", asevera.

Desde el equipo de gobierno, integrado por PP y Cs, la vicepresidenta de la Diputación y diputada de ciclo hídrico, Ana Serna, ha recalcado el apoyo a la moción presentada por el PSPV porque el acuerdo de San Miguel de Salinas recoge dos puntos aportados por alcaldes 'populares' de la Vega Baja. "Tenemos claro desde el minuto cero que era necesaria una unidad", ha subrayado.

"SPRINT FINAL"

No obstante, ha sostenido que los socialistas intentan, con esta moción, atender las necesidades de los regantes y agricultores "en un sprint final" después de las palabras del 'president' Ximo Puig sobre "aquelarres" y "brujería". "Esto no es una carrera de velocidad, sino de fondo, somos muchos los que llevamos reivindicando y luchando por esta cuestión durante mucho tiempo; esta moción llega tarde, y el presidente ha hecho los deberes tarde", ha indicado Serna.

En turno de réplica, Hernández ha destacado que el trasvase es "irrenunciable" para el PSPV y que no desean entrar en un debate de "confrontación" y de "enfrentar territorios": "No debemos entrar en una guerra del agua y la Diputación debe mantener la lealtad institucional, debe estar con Puig y no contra él", ha dicho.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado lunes a cinco personas en Palma por presuntamente extorsionar a un menor de edad a quien amenazaron y agredieron exigiéndole dinero, que el menor entregó por la situación de terror que sufrió durante un mes aproximadamente.

El principal investigado, de 21 años de edad, ha sido detenido como presunto autor de los delitos de detención ilegal, extorsión, robo con violencia o intimidación, delito contra la intimidad y reclamación judicial. Otros dos hombres de 23 y 36 años han sido detenidos como presuntos autores de un delito de detención ilegal y extorsión, y además, a uno de ellos, por robo con violencia.

También ha sido detenido un menor de edad como presunto autor de un delito de robo con violencia, así como una chica de 18 años, pareja del principal investigado, como presunta autora de un delito de extorsión.

Los hechos comenzaron hace un mes aproximadamente, cuando la víctima conoció al principal investigado a través de un amigo, que le seguía por redes sociales. En ese momento, el principal investigado presuntamente agredió a la víctima y le exigió que le entregase 600 euros, ya que le habían robado el móvil.

De acuerdo con la Policía Nacional, las amenazas prosiguieron a través de redes sociales hasta que consiguió que la víctima entregara el dinero, hecho que se produjo en las inmediaciones del barrio de Son Rapinya, en esa ocasión el principal investigado acudió con otro de los detenidos.

Al cabo de unos días volvió a quedar con la víctima en el centro de Palma, con el objetivo de que le entregase más dinero. La víctima le suplicó que le dejara, pero hizo caso omiso y le obligó a acudir al encuentro. Éste se produjo, pero acudió la pareja del principal investigado, a quien le hizo entrega del dinero.

Según la Policía Nacional, las amenazas y el hostigamiento fueron en aumento llegando a amenazarlo con ir a su casa, exigiéndole más dinero llegando a agredirle nuevamente.

USO DE UNA NAVAJA Y UNA PISTOLA

La Policía ha explicado que de los acusados llegaron a privar de libertad al menor subiéndole a un coche a punta de navaja, trasladándolo al barrio de Son Gotleu, al mismo tiempo que le amenazaban con llevarlo a Son Banya donde unos amigos lo iban a matar.

Durante el trayecto, el principal investigado, sacó una pistola y apuntó al menor, efectuando un disparo al suelo junto a sus pies, comprobando la víctima en ese momento que el arma que hasta ese momento suponía real se trataba de una pistola de balines.

De acuerdo con los agentes, llegado el momento, le sustrajeron al menor su teléfono móvil con el que accedieron a sus redes sociales, continuando extorsionándole.

Los agentes del grupo de Atracos se hicieron cargo de las investigaciones e identificaron a las cinco personas que intervinieron en los hechos, averiguando el grado de participación que tuvo cada uno de los investigados, comprobando que se habían producido seis encuentros con el menor y que éste había entregado 2.000 euros, además de la sustracción de su teléfono móvil.

TRES RECLAMACIONES ANTERIORES Y UNA DETENCIÓN POR HECHOS SIMILARES

Los agentes comprobaron que al principal investigado le constaban tres reclamaciones judiciales que interesaban su detención dos de ellas por quebrantamiento y una por robo con violencia. Además, ya había sido detenido por un hecho similar en septiembre del año pasado siendo la víctima también menor de edad.

De este modo, el pasado lunes los agentes llevaron un dispositivo en el que se procedió a la detención de los cinco investigados como presuntos autores de varios delitos.

MALOS TRATOS

Por otro lado, los policías descubrieron que el principal investigado y su pareja se habían agredido mutuamente, presentando la mujer lesiones, motivo por el cual ambos fueron también detenidos como presuntos autores de un delito de malos tratos causados recíprocamente.

Finalmente, el menor y la joven fueron puestos en libertad con cargos y los tres hombres pasaron este martes por la tarde a disposición judicial, decretándose para todos ellos prisión provisional.

La investigación continúa abierta ya que no se descarta que existan más víctimas.

El Gobierno prevé aprobar en el cuarto trimestre de 2021 en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) para que, posteriormente, se proceda a su tramitación parlamentaria.

En concreto, el Ejecutivo confía en que la nueva Ley (la denominada LOSU) sea aprobada por las Cortes Generales en el segundo trimestre de 2023, aunque reconoce, en este sentido, que "es difícil prever con exactitud la duración de la tramitación parlamentaria".

Así consta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas y presentado definitivamente este miércoles por el Gobierno, en el que se indica que, una vez aprobada la LOSU y a partir de su entrada en vigor, se pondrá en marcha el calendario de implantación, y el consecuente desarrollo normativo.

La nueva Ley forma parte de la reforma integral del sistema universitario que tiene pensado realizar el Gobierno para los próximos años, y cuya implantación pretende que sea "gradual".

La reforma se marca cuatro objetivos: promover el acceso a la educación superior; adecuar la ordenación de las enseñanzas universitarias; garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador; y garantizar la calidad y la buena gobernanza de las instituciones universitarias.

La aprobación de la LOSU serviría para lograr el objetivo número tres: garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador.

Por otro lado, para promover el acceso a la educación superior, la reforma se centra en el aumento de las becas y, al mismo tiempo, la reducción de los precios públicos universitarios.

Aunque, tal y como recoge el documento, el Ministerio de Universidades y el de Educación y FP han llevado a cabo, ya en 2020, una "reforma en profundidad" del Sistema Estatal de Becas y Ayudas al Estudio, "en los ejercicios 2021 y 2022 se profundizará en esta reforma", que se concretará en la modificación parcial, en cada uno de los ejercicios, del Real Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso correspondiente.

Así, para el curso 2021-2022 se prevé que las becas para acceder a Másteres habilitantes dependan de la renta sin que parte alguna quede sujeta al mérito académico y en 2022 esta medida se extenderá también para los Másteres oficiales.

Para adecuar la ordenación de las enseñanzas universitarias, la reforma se concretará en el Proyecto de Real Decreto por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y el procedimiento de aseguramiento de su calidad, y su tramitación y aprobación se prevén en el tercer trimestre de 2021.

Con el objeto de garantizar la calidad de las instituciones universitarias, se está abordando el anteproyecto del Real Decreto del régimen de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros adscritos, que prevé aprobarse en el segundo trimestre de 2021 mediante un Real Decreto. Esta reforma detalla los requisitos de calidad que debe cumplir toda institución universitaria, tanto presente como futura.

El Gobierno destinará, entre 2021 y 2023, un total de 63 millones de euros para hacer accesible la Administración General del Estado a las personas con discapacidad, tanto sus instalaciones e infraestructuras, como sus webs o información.

Esta cuantía forma parte de una partida de 157,5 millones de euros con la que el Ejecutivo tiene previsto financiar, dentro del Plan de Resiliencia y Recuperación, a el llamado Plan España País Accesible, y que reparte estos millones de euros en distintas actuaciones, así como entre la administración central y las comunidades autónomas.

En cuanto a la distribución del dinero por años, el Ejecutivo planea destinar 38,3 millones de euros a esta iniciativa en el presente año y 57,8 millones en 2022, dejando 61,4 millones para las actuaciones del ejercicio de 2023.

Según ha explicado el equipo de la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, que este miércoles ha presentado este plan, esta iniciativa para la accesibilidad espera contar a partir de 2024 con financiación del Fondo Social Europeo. En concreto, para desarrollar una de las propuestas que se incluyen en el Plan y que es la creación de un Centro de Accesibilidad Cognitiva.

Este centro, con el que se pretende crear un espacio de encuentro y colaboración entre los agentes sociales, contará con un 1,5% de los 63 millones con los que cuenta el Gobierno para invertir en esta partida.

94 MILLONES PARA LAS AUTONOMÍAS

El resto de dinero del que dispone el Ejecutivo se dispondrá para mejorar de la accesibilidad sensorial, física y cognitiva en los edificios públicos, así como en las páginas web y aplicaciones móviles pertenecientes de la Administración; la sensibilización sobre la necesidad de diseñar entornos, productos, bienes y servicios accesibles; la formación a los profesionales; o la realización de estudios la I+D+i, sobre esta materia, entre otros.

Por otra parte, el Gobierno ha informado de que las autonomías han remitido un presupuesto de 94 millones de euros para la realización de proyectos de distinta naturaleza relacionados con la accesibilidad universal, como la supresión de barreras físicas, sensoriales y cognitivas en los servicios prestados por las administraciones autonómicas y locales, especialmente en servicios sociales y sanitarios; así como en el acceso a los espacios de carácter público.

Esta cifra, indica el documento, es la suma de los costes estimados proyecto por proyecto. De media, esta cifra supone 5,5 millones de euros por comunidad autónoma.

La Fundación Profesor Manuel Broseta ha reclamado este miércoles en València, ante el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, "permanente recuerdo" y "defensa de las víctimas del terrorismo" y de sus "legítimas demandas".

Así se lo ha trasladado su presidente, Vicente Garrido, durante el acto de entrega del XXIII Premio de Estudios Jurídicos Universitarios Manuel Broseta Pons, celebrado en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav) y presidido por Campo.

Garrido ha indicado que las víctimas se ven "desoladas cuando se premia con acercamiento a prisiones vascas y reconocimiento de beneficios penitenciarios a quienes" no han "prestado ni un atisbo de colaboración ni expresado perdón o arrepentimiento" hacia las personas a "quienes tanto dolor causaron".

La entrega del premio ha estado también presidida por la decana del Icav, Auxiliadora Borja, y ha contado con la presencia de autoridades del ámbito judicial de l Comunitat Valenciana, de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y de la delegada del Gobierno, Gloria Calero.

En esta edición el galardón lo ha recibido la graduada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas Virginia García con la monografía 'Sustracción Internacional Parental de Menores: Acuerdos Bilaterales y Procesos Nacionales. García cursó el Grado de Derecho en la Universidad Católica de Valencia entre 2014 y 2018 con 19 matrículas de honor, 16 sobresalientes y 5 notables y fue premio al mejor expediente académico.

Vicente Garrido ha destacado durante su intervención que la Fundación Profesor Manuel Broseta hace "profesión de fe constitucionalista, en defensa del régimen de 1978 y de su obra predilecta, la Constitución" española.

Garrido ha asegurado que la Carta Magna "establece el estado social y democrático de Derecho del que gozamos y del que queremos seguir gozando" y ha apuntado que "ha propiciado la descentralización política que mejor responde a la historia de España y al más eficiente ejercicio del poder".

Igualmente, ha resaltado que la fundación que preside "trabaja día a día recordando cuál era el ideario del profesor Manuel Broseta". Tras ello, ha reiterado la petición que, según ha dicho, hace "siempre en presencia de quienes tienen responsabilidades de gobierno" en favor del "permanente recuerdo" y de la "defensa de las víctimas del terrorismo" y de sus "legítimas demandas".

El representante de la Fundación Profesor Manuel Broseta ha señalado que estas "nunca han acogido venganza" pero ha advertido de que "se ven desoladas cuando se premia con acercamiento a prisiones vascas y reconocimiento de beneficios penitenciarios a quienes ni siquiera han prestado ni un atisbo de colaboración ni expresado perdón o arrepentimiento ante quienes tanto dolor causaron".

Vicente Garrido, que ha agregado que tampoco lo han hecho "ante la sociedad española en general, también víctima del terrorismo", ha aseverado que "desde el Gobierno de España se están "haciendo esfuerzos" para atender "mejor" a las víctimas y ha apuntado también la colaboración con la Conselleria de Justicia de la Generalitat valenciana en esta materia.

"NUNCA ES BASTANTE"

No obstante, ha considerado que "nunca es bastante" y ha explicado que por ello "siempre" insiste en esa reclamación. Ha recordado, a continuación, que la fundación que representa se creó "para homenajear a alguien asesinado por la banda terrorista ETA". "Esto lo tenemos que tener siempre bien presente", ha manifestado.

El ministro de Justicia ha valorado la trayectoria de la Fundación Profesor Manuel Broseta desde su fundación hace "casi 30 años" y ha subrayado el recuerdo a una "figura destacada en muchos ámbitos" como el de "la cultura, el derecho, la política" y los "económico y social no solo de la Comunitat Valenciana.

"DEMOCRACIA"

"El recuerdo y el dolor está presente y debe estar presente", ha aseverado Campos, que ha indicado que esta entidad "tiene como objetivo ensalzar valores", fundamentalmente los de la "democracia porque son los que la sustentan". Así, ha hablado de "libertad, igualdad, diversidad ideológica, cultural y territorial" y ha dicho que estos son principios que "Manuel Broseta defendió con valor y con su vida".

"Eso se alcanza a través de muchas actividades, como la concesión anual del Premio de Convivencia o el que hoy nos convoca de Estudios Jurídicos Universitarios, con el que se recompensa el esfuerzo de muchos jóvenes, aunque se visualice en uno, recién licenciados o graduados en universidades" valenciana, ha añadido.

La derrota sufrida este martes por el PSOE en la Comunidad de Madrid, cosechando su peor resultado histórico en la región, ha levantado ampollas tanto entre miembros del Gobierno como de la dirección socialista que creen que es necesario hacer autocrítica y una "reflexión seria y a fondo" de lo ocurrido. Y aunque entre la dirección del PSOE no hay unanimidad sobre si los madrileños votaron o no la gestión del Gobierno durante la pandemia, la mayoría de los consultados considera que los cambios no tienen por qué afectar al Gobierno de Pedro Sánchez pero sí a nivel regional, en el PSOE-M.

Fuentes del Ejecutivo creen "lógico" que haya una "reflexión y un análisis serio" del batacazo que se llevó ayer el PSOE en las elecciones regionales. Opinan que es necesario valorar la campaña electoral que se ha llevado a cabo y que ha estado diseñada desde la Moncloa, por el jefe de gabinete de Pedro Sánchez.

Una campaña en la que primero el jefe del Ejecutivo eclipsó a su candidato, para después tener una presencia más discreta y en la que además Gabilondo fue dando bandazos a mitad de la contienda, pasando de cortejar al centro a girar a la izquierda mirando a un Pablo Iglesias que, además, ha sido derrotado también por su escisión.

Estas fuentes consideran que el Gobierno y el partido no se pueden quedar indiferentes ante lo que ocurrió ayer y deben tomar cartas en el asunto. No obstante, no han querido ir más allá en cuanto a la naturaleza de los cambios a llevar a cabo.

Sin embargo, algunas fuentes de la dirección socialista sí apuntan que el PSOE, tras realizar una "reflexión a fondo" y "con calma", debe llevar a cabo una renovación profunda en el Partido Socialista de Madrid (PSOE-M). En este sentido, aseguran que el problema de la Federación madrileña no es de ahora, sino que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que, en estos momentos, no tiene ni equipo, ni estructura, ni organización, ni proyecto de futuro a largo plazo.

LA CAMPAÑA SE HIZO DESDE MONCLOA POR LAS CARENCIAS DEL PSOE-M

De hecho, algunos consultados creen que la campaña se la han tenido que diseñar desde Moncloa por las carencias internas del partido en Madrid. Un diseño que también han criticado por los "bandazos" que ha ido dando el candidato. En este sentido ironizaban con los "fontaneros de Moncloa, que solo adquieren forma corpórea cuando tienen éxitos, nunca con los fracasos".

Además, critican que Gabilondo haya estado desaparecido durante los últimos dos años y no se haya trabajado la oposición a Díaz Ayuso. Creen que era un dirigente "a la espera de destino" y lamentan que no haya sabido entender los problemas de los madrileños.

Una de las fuentes ha afirmado incluso que "el gato al agua se lo ha llevado la que se lo ha currado", es decir, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Otro lamenta que la candidata del PP les haya ganado además "con el término libertad", y critica que no hayan sabido contrarrestar el "trumpismo" que representa, a su juicio, Díaz Ayuso.

También señalan que la "oposición blanda" de Gabilondo ya hizo que la candidata de Más Madrid, Mónica García, se hiciera con el liderazgo de la izquierda en la Asamblea durante la pandemia, y que ahora en las urnas se haya visto confirmado.

No obstante, los dirigentes socialistas no coinciden en su análisis de la motivación que tuvieron ayer los madrileños para no votar al PSOE. En este sentido, algunos creen que en estas elecciones los ciudadanos no han valorado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez durante los 14 meses de pandemia, mientras que otros creen que el hecho de tener que adoptar medidas duras sí ha podido pesar a la hora de votar.

Por ejemplo, Odón Elorza, integrante de la Ejecutiva socialista, aseguraba este miércoles en Radio Euskadi que Ayuso ha sabido "capitalizar" la "fatiga" y el "descontento" que se ha podido generar como consecuencia de las medidas que el Gobierno ha tenido que adoptar.

Sin embargo, otros miembros de la Ejecutiva creen que los ciudadanos no han castigado las medidas de Pedro Sánchez en la figura de Gabilondo, sino que se han limitado a decidir en unas elecciones autonómicas.

EL RESULTADO DE MADRID NO AFECTA A LA GOBERNABILIDAD DE ESPAÑA

En lo que sí coinciden tanto Elorza como otros dirigentes es en que el resultado de los comicios no tiene por qué afectar a la gobernabilidad de España por mucho que la derecha quiera restar legitimidad a un "gobierno legítimo".

A este respecto, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha defendido este miércoles que el Gobierno "está en lo que tiene que estar, que es en la estabilidad política y en los fondos de recuperación", y en el "realismo", más allá de la "reflexión crítica" que debe hacer, a su juicio, el PSOE por la derrota "sin ambages" en Madrid.

Eso sí, Calvo ha insistido en la idea que no han dejado de repetir desde hace días tanto en el Gobierno y en el PSOE, a medida que iban empeorando los pronósticos para Gabilondo en las encuestas: que las de este 4 de mayo eran unas elecciones "territoriales". "Madrid es España, y es muy importante, pero el resto de España importa y existe", ha avisado.

LOS CAMBIOS, EN EL PSOE-M

Por todo ello, los dirigentes consultados consideran que los "cambios importantes" deben tener lugar en el PSOE-M, tanto en sus dirigentes como en sus políticas. Uno de ellos señala que la respuesta debería pasar incluso por la celebración ya mismo del congreso para renovar la federación de Madrid, previsto para diciembre. "Mañana ya es tarde", avisa.

Además, y aunque las fuentes consultadas señalan que los resultados del 4-M no son extrapolables a otras regiones de España, sí creen que pueden condicionar el voto. En este sentido, uno de los consultados apunta que es un revés muy importante para el PSOE el hecho de haberse convertido en la tercera fuerza política en una de las regiones más importantes de España, sobre todo a la hora de revalidar el Gobierno.

Por ello, creen que se debe hacer autocrítica y analizar bien los errores que han llevado a este resultado; errores que, según algunas fuentes, pueden tener que ver con esa estrategia de apelar primero a los votantes de Ciudadanos y luego girar a la izquierda, y querer depender de otras formaciones, en lugar de erigir al PSOE como la única alternativa y reivindicar el "discurso de clase" que les identifica.

Además, aseguran que aunque es necesario alertar del avance de la ultraderecha, tampoco se puede "estirar" el debate sobre los riegos que corre la democracia durante diez días, cómo hizo el PSOE desde la primera semana de campaña, con cambio de lema incluido, tras el "punto de inflexión" que supusieron las amenaza de muerte a varios ministros.

EL RESULTADO DE MADRID, REVULSIVO PARA EL PSOE ANDALUZ

El descalabro del PSOE madrileño también ha servido para que se mueva el patio socialista en Andalucía. De hecho, esta misma mañana, el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha afirmado que "ahora es el momento de dar el paso" para que el PSOE-A elija un candidato de la formación a la presidencia de la Junta de Andalucía.

Fuentes de la Ejecutiva federal consideran que los resultados en Madrid avalan esa postura sobre la necesidad de celebrar ya las primarias, porque se ha confirmado que para ganar, hace falta renovar los liderazgos.

El regidor sevillano ya había realizado esta propuesta en la Ejecutiva del PSOE de Sevilla y a ella se han sumado otras federaciones andaluzas, aunque la secretaria general, Susana Díaz, ha rechazado hasta ahora adelantar las primarias.

Sin embargo, Espadas ha argumentado que el PSOE de Andalucía debe estar preparado "ante cualquier escenario", como un posible adelanto electoral.

Un total de 933.446 vacunas contra la covid-19 han sido administradas hasta el momento en Euskadi, de las cuales 274.861 corresponden a segundas dosis o dosis únicas y, por tanto, a personas que han completado la pauta de vacunación.

En conjunto, en función del último boletín de vacunación del Departamento de Salud actualizado este miércoles, se han inoculado 603.364 dosis de Pfizer/Biontech (242.795 de ellas en segunda dosis y 839 en dosis únicas), 54.069 de Moderna (13.062 de ellas segundas dosis y 591 en dosis únicas), 263.343 de AstraZeneca (4.904 de ellas dosis únicas) y 12.670 de Janssen (dosis únicas).

De esta forma, son 274.861 los vascos inmunizados, entre los que se incluyen las 6.334 personas que han recibido una dosis única de Pfizer, Moderna o AstraZeneca al haber pasado ya la enfermedad.

El 100% de residentes y profesionales de centros sociosanitarios y de profesionales de Osakidetza ha recibido ya la segunda dosis, porcentaje que es del 74,7% en el ámbito de los centros privados de salud y transporte sanitario, colectivo que ha recibido la primera dosis en un porcentaje del 93,6%.

Por su parte, el 100% de los agentes de la Ertzaintza menores de 55 años ha recibido la primera dosis de la vacuna y también el 100% de profesionales y usuarios de otros servicios sociosanitarios menores de esa edad, al igual que el 100% en el ámbito de la educación no universitaria con menos de 55 años.

TASAS DE VACUNACIÓN DE LOS MAYORES

Por edades, han recibido la primera dosis de la vacuna el 100% de los mayores de 100 años, los de entre 90 y 99 años, así como el colectivo de 80 a 89 años. Entre la franja de 70 a 79 años, el porcentaje alcanza el 76,6% y entre la población de 60 a 69 años es del 65,3%.

La tasa de personas que han recibido la segunda dosis alcanza ya el 99% entre los centenarios y el 98,4% de las personas de entre 90 y 99 años, mientras que es del 91,7% de los mayores de 80 a 89 años. El porcentaje baja al 22,2% y al 6% para las franjas de 70 a 79 años y de 60 a 69 años, respectivamente.

Euskadi ha recibido hasta ahora 1.071.290 vacunas y el número de antídotos reservados para la segunda dosis es de 26.400 en el caso de Pfizer y 23.720 de Moderna. La previsión, según la planificación semanal de la vacunación entre el 5 y el 11 de mayo, es inocular un total de 102.654 vacunas.

La Fiscalía Superior del País Vasco se opone a que Euskadi pueda mantener, a través de un decreto del Gobierno Vasco, el confinamiento perimetral autonómico y municipal, o el toque de queda, más allá del 9 de mayo, cuando decae el estado de alarma, porque estas restricciones solo pueden decretarse "en estados excepcionales" y no en aplicación de una ley de sanidad de carácter general.

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha pedido al TSJPV autorización previa a la aprobación del texto, en el que plantea la adopción de estas dos medidas y limitar las agrupaciones a cuatro personas, sin contar convivientes, cuando la tasa de incidencia acumulada de covid-19 sea superior a los 200 casos por cada 100.000 habitantes.

El ministerio público ha elevado un informe al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre las medidas que contiene el borrador del decreto que pretendía aprobar el Ejecutivo de Urkullu para frenar la propagación de la covid-19.

El Ejecutivo Vasco pidió este pasado martes a la Sala de lo Contencioso administrativo del TSJPV autorización previa a la firma y publicación del documento, y el plazo para la respuesta concluye este jueves.

El borrador del decreto recoge, en el punto 1 del artículo 4, que, cuando la tasa de incidencia acumulada de contagios por covid-19 en 14 días en el conjunto de Euskadi sea superior a 200 por cada 100.000 habitantes, se determinará el cierre territorial perimetral de la Comunidad Autónoma.

También plantea, para ese supuesto, una limitación de movilidad nocturna entre las 22.00 horas y las 06.00 horas, y propone que se restrinja la agrupación de personas a un máximo de cuatro, sin contar convivientes.

El punto 2 del artículo 4 apunta, además, al confinamiento municipal en aquellas localidades de más de 5.000 habitantes con una tasa de incidencia acumulada superior a 400 por cada 100.000 habitantes y en aquellas de menos de 5.000 habitantes en que se superen los parámetros establecios por la Dirección de Salud Pública y Adicciones.

En el decreto, que está actualmente en vigor en Euskadi, se recoge que si la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días en el conjunto de un Territorio es igual o superior a 400 por cada 100.000 habitantes, se determina la restricción de entrada y salida de personas del Territorio Histórico de residencia. También se fija esa misma tasa para establecer los cierres perimetrales de municipios.

FIN DEL ESTADO DE ALARMA

En su informe, la Fiscalía destaca que el análisis que realiza de las medidas propuestas por el Gobierno Vasco "no puede deslindarse de la coyuntura actual", en la que se espera el fin del estado de alarma el próximo día 9, con la consecuente pregunta que plantea: "¿cabe adoptar medidas sanitarias más o menos generales limitativas de derechos fundamentales tendentes a la contención de enfermedades transmisibles como la covid-19 fuera del marco normativo de la LO 4/1981?".

El ministerio público destaca que el Gobierno de España eligió este escenario legal para dar cobertura a medidas restrictivas como las que incluye el decreto del Ejecutivo de Euskadi. De esta forma, en estado de alarma se puede, tal como establece la Ley, "limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos".

Por ello, determina que este tipo de restricciones "deben considerarse reservadas a este estado excepcional". Para la Fiscalía, "si hay reserva de ley de estas limitaciones a los estados excepcionales, otra ley no puede saltarse esa reserva".

De esta forma, afirma que, en aplicación de una ley de sanidad de carácter general, no pueden adoptarse medidas que limitan derechos fundamentales y que van dirigidas "a un conjunto indeterminado de personas", ya que son medidas propias, con la legislación existente, de los estados excepcionales.

A modo de conclusión, asegura que "no pueden adoptarse medidas limitativas de derechos fundamentales dirigidas a un conjunto indeterminado de personas al amparo de las leyes sanitarias vigentes".

DERECHO DE REUNIÓN

En cuanto a la restricción de las agrupaciones de personas a un máximo de cuatro, sin contar con convivientes, recuerda que el derecho de reunión amparado en la Constitución está vinculado al ejercicio de la libertad de opinión y manifestación.

Por ello, apunta que, si el borrador del decreto restringe simplemente la agrupación de personas a un máximo de cuatro, sin que mencione siquiera el concepto de 'reunión', no se conculca este derecho en su acepción constitucional.

"Más bien se trata de una previsión restrictiva a la participación de encuentros de un número determinado de personas tendente a la disminución del riesgo de contagio que, como otras medidas restrictivas no incidentes en derechos fundamentales, no requieren autorización judicial", apunta.

En opinión del ministerio público, "otro tratamiento" merecen las medidas que puedan afectar al "derecho a la libertad, en particular, al de circulación", como serían la limitación de la movilidad nocturna entre las 22.00 y las 06.00 horas, el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma Vasca y de los municipios.

"Son medidas, estas sí, limitativas del derecho constitucional a circular por el territorio nacional, y son genéricas, dirigidas a un colectivo indeterminado de personas, constituido por quienes ejercen su derecho a la libre circulación en el ámbito territorial correspondiente", añade. De esta forma, subraya que "fuera del marco de excepción" del estado de alarma "no están justificadas conforme a las leyes sanitarias generales".

También se refiere a la argumentación del Gobierno Vasco de que las restricciones que plantea están "condicionadas" a la tasa de incidencia acumulada de la covid-19. "Las medidas son las que son, con o sin condicionante para su aplicación a la tasa de incidencia acumulada y, analizadas al margen de la condición, no se acomodan a la legalidad", asevera.

Por todo ello, se opone a que se autoricen judicialmente las medidas de limitación de la movilidad nocturna y el cierre perimetral de la Comunidad autónoma y de los municipios.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado de 21 años y 8 meses a 13 años de cárcel la condena impuesta por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, a la mujer de 42 años acusada de matar a su marido de 63 en marzo de 2019 en la ciudad autónoma tras asfixiarlo con una bufanda, ya que ha considerado que es autora de un delito de homicidio y no de asesinato al no apreciar "alevosía".

Inicialmente, la Audiencia Provincial condenó a la acusada por un delito de asesinato con la atenuante de confesión y la agravante de parentesco y le impuso 21 años y 8 meses de prisión, la privación de la patria potestad respecto de sus tres hijos, y el pago de una indemnización de 93.135,30 euros a cada uno de ellos, pero el TSJA ha estimado parcialmente el recurso de la defensa y ha rebajado la pena a 13 años la pena de cárcel.

La Audiencia consideró probado que los hechos tuvieron lugar en Ceuta la mañana del día 26 de marzo de 2019, cuando la condenada, "de forma sorpresiva y aprovechando la débil condición física" de su marido" y "que se encontraba sólo en el domicilio común, de manera que no pudo desplegar una defensa mínimamente efectiva", utilizó una bufanda "como un lazo alrededor del cuello del mismo, apretándola sobre dicha parte de su cuerpo para acabar con su vida, terminando por ocasionarle la muerte".

El TSJA ha sustituido ese párrafo de los hechos probados al considerar que la condenada, "encontrándose a solas con su esposo en el domicilio común de ambos, y aprovechando la débil condición física de éste, con el propósito de acabar con su vida, utilizó una bufanda como lazo alrededor del cuello del mismo, apretándola sobre dicha parte de su cuerpo para producirle la muerte, terminando por ocasionársela".

La Sala de lo Civil y Penal ha confirmado el resto de hechos probados, como que después de dar muerte a su pareja, la encausada se dirigió a un guardia civil y le dijo que 'creía que había matado a su marido', tras lo que, a continuación, le dijo a un agente de la Policía Nacional 'que había matado a su marido', todo lo cual tuvo lugar "antes de que se hubiera dado inicio a cualquier investigación al respecto".

La defensa de la acusada recurrió alegando que la acusada no habría actuado con alevosía, elemento "nuclear" que ha permitido en este caso la aplicación del delito de asesinato, argumento que el TSJA comparte al considerar que, "ni del informe de autopsia de fecha 24 de septiembre de 2019, ni de las actuaciones practicadas ante el tribunal del jurado, ni de los testimonios obrantes, puede deducirse de forma lógica, clara y contundente la afirmación de acometimiento sorpresivo y abusivo por el hecho de coger una bufanda, produciendo presión sobre el cuello de la víctima que finalmente causó la muerte".

"Del relato fáctico del veredicto en este extremo no puede apreciarse pues la agravante de alevosía", lo que determina la condena de la acusada por un delito de homicidio y no por un delito de asesinato. El TSJA, no obstante, sí aprecia la agravante de abuso de superioridad, ya que de los hechos declarados probados "sí quedó probada una superioridad medial (la agresora emplea una bufanda a modo de lazo alrededor del cuello sobre persona desarmada) y un objetivo aprovechamiento de las circunstancias del lugar (efectuar los hechos en la vivienda donde nadie podría socorrer a la víctima), unido todo ello a una inferioridad física de la víctima, de 63 años frente a los 42 años de la agresora".

En orden a la determinación de la pena, el TSJA tiene en cuenta que se trata de un delito de homicidio, penado con entre 10 y 15 años de cárcel, en el que concurren dos agravantes (abuso de superioridad y parentesco) y una atenuante (confesión), lo que le lleva a imponer a la acusada 13 años de prisión, que es la pena prevista para el homicidio en su mitad superior y en una extensión "algo más agravada" a la vista de las circunstancias del caso.

El nodo AMIT --la Asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas-- de Murcia y la Comunitat Valenciana han remitido una carta a la Fundación Premios Rei Jaume I en la que "anima a tomar una mayor proactividad en el uso de un lenguaje inclusivo que favorezca la visibilidad de las mujeres en la ciencia y facilite el camino a las niñas".

En la misiva, el colectivo de investigadoras y tecnólogas desea que se comprenda "el cansancio y hartazgo que les provoca la expresa llamada a candidatos para los mejores científicos y emprendedores, que se mantiene en la convocatoria de sus premios del presente año".

La carta se remite también a la Generalitat Valenciana para que el mensaje "se haga extensivo a todas las entidades que premian, financian, desarrollan políticas o realizan comunicación científica y en ella se incide, además, en que ciertos factores como la falta de transparencia en la selección de los jurados o la no paridad en la composición de estos pueden afectar negativamente a la diversidad de género en la presentación de candidaturas".

La iniciativa cuenta con más de veinte adhesiones de asociaciones, sociedades científicas, fundaciones, grupos de investigación y organismos públicos, permaneciendo abierta a otras entidades.

Desde Amit señalan que son "conscientes de que los motivos por los cuales está presente el uso del lenguaje no inclusivo pueden ser no intencionales". Sin embargo, apuntan, "ya sea economía del lenguaje, costumbre o descuido, las mujeres no nos sentimos representadas en él.

"CANSANCIO Y HARTAZGO"

Y reiteran: "Entendemos que seguramente no existan malas intenciones, pero también aspiramos a que se comprenda nuestro cansancio y hartazgo. Este tipo de lenguaje ignora e invisibiliza a las mujeres investigadoras y tecnólogas y tiene graves consecuencias negativas para las futuras generaciones, ya que no apela a su participación".

"Algunas personas y autoridades se asombran de que las niñas no confíen en su capacidad intelectual y que tengan menos predisposición a presentarse a competiciones como las olimpiadas matemáticas. Pero lo cierto es que es difícil que se sientan apeladas por este lenguaje tan excluyente. Existen fórmulas para hacer el lenguaje más inclusivo y su uso sería particularmente apropiado a la hora de redactar una convocatoria de premios, una invitación a ponencias o a cualquier otro acto científico y cultural para el que se solicite la participación de la ciudadanía", argumentan.

En este sentido, defienden que "se puede hablar de científicos y científicas, pero también de personas dedicadas a la ciencia, de personas expertas, etc., también se puede hacer referencia a candidaturas en lugar de candidatos".

Nos consta que el personal de muchas de las fundaciones y entidades que utilizan el lenguaje que cuestionamos, están realizando avances en cuanto a otros aspectos relevantes como los tribunales paritarios y la participación en los mismos de grandes investigadoras. Es un esfuerzo que valoramos y queremos reconocer en el presente documento. Sin embargo, aún quedan factores como la falta de transparencia respecto a quienes integran los jurados y la no paridad en los mismos, que pueden afectar negativamente a la voluntad de presentarse a una determinada convocatoria", concluyen.

Representantes de familias y trabajadores de residencias de mayores han trasladado este miércoles sus demandas al BNG, formación en la que han encontrado "sintonía" en cuestiones como la gestión pública directa de estos centros y un cambio de modelo.

El Bloque quiere impulsar también un cambio legislativo para renovar una ley de residencias "obsoleta" y "superada por la realidad", que llevará a la constitución de una plataforma en defensa de los servicios públicos a la dependencia y a movilizaciones para hacer públicas las reclamaciones de estos colectivos implicados.

Tras el encuentro a tres bandas, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha comprometido que los nacionalistas van a "trabajar sin descanso para que cambiar el actual modelo de residencias". "Vemos como el cuidado de las personas mayores oscila entre dos extremos, o está en manos de empresas controladas por fondos de inversión o en manos de entidades religiosas", ha señalado la dirigente nacionalista, quien ha advertido de que "con los mayores no se puede hacer ni lucro ni caridad" y que "lo que se necesita es servicio público.

Tras lo ocurrido en pandemia, Pontón ha comprometido "hacer todo lo posible para acabar con el negocio de la vejez", una petición que ha marcado también las intervenciones de Maribel Barreiro, secretaria de Tegra, y Francisco Xosé Bernárdez, presidente de la Rede Vellez Digna, quien anunció la constitución de la plataforma.

Pontón resumió las líneas de trabajo en "gestión pública directa" de las siete residencias en las ciudades que se han anunciado, una petición que, de hecho, se debatirá en el pleno de la próxima semana. En este sentido, espera que los populares "recapaciten" y "voten afirmativamente a esta propuesta".

Además, los nacionalistas reclaman "un cambio de modelo" ante un 85 por ciento de plazas "privatizadas". Así, exige que las plazas que están "privatizadas", una vez que venzan los contratos, pasen a ser de "gestión directa" de la Xunta.

El tercer aspecto es una nueva ley de residencias, que "apueste por lo público, por gestionarlas directamente" y que tengan en cuenta el cuidado de las personas mayores como un sistema de pensiones. Además, ha defendido la necesidad de "dignificar las condiciones laborales" de las trabajadoras de estos centros, "dignificar" este trabajo que "no puede ser mileurista" y "reconocer" el trabajo de este personal, "devolviéndoles" el esfuerzo realizado.

"Las familias demandamos a la administración unos servicios públicos, de gestión pública, asequibles, variados y de proximidad", ha señalado Bernárdez, quien ha apuntado también la relevancia de tener en cuenta el principio de envejecer en casa y que las residencias sean un "último recurso, que esté bien dotado".

Destacó la "buena sintonía" con la posición del BNG, formación con la que aseguró que comparten "los mismos objetivos" en este ámbito, y ha rechazado que se "conviertan a los mayores en mercancía". En este sentido, ha avisado de que se ha llegado a "racanear" en las comidas y se han ahorrado "en personal".

Por su parte, la representante de las trabajadoras ha avisado de las condiciones laborales "muy duras" que vive el personal, con un convenio colectivo "precario" y dentro del cual las trabajadoras "tienen miedo a denunciar porque se juegan su puesto de trabajo". "Venimos años denunciando el deterioro del servicio", ha remarcado Maribel Barreiro.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha considerado este miércoles "importante" que en materia de sustracción internacional de menores se adopten desde los gobiernos "medidas internas dirigidas tanto al diseño de procedimientos judiciales ágiles que permitan adoptar resoluciones en un plazo muy breve, atendiendo al interés superior del menor", como a "la prevención" de este tipo de situaciones, "difícilmente resolubles".

Asimismo, ha expuesto que estas iniciativas deben encaminarse a "facilitar una información completa y clara de cómo actuar" en esos casos. Campo ha resaltado que "en España la Ley de Enjuiciamiento Civil regula un procedimiento judicial específico", que ha estimado "ágil". Así, ha señalado que este "está permitiendo que la justicia española resuelva" en "un plazo relativamente corto" estos conflictos "en los casos en los que el menor se encuentra en España".

El titular de Justicia se ha pronunciado así en València, donde ha presidido la entrega del XXIII Premio de Estudios Jurídicos Universitarios Manuel Broseta Pons, que ha recibido la graduada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas Virginia García con la monografía 'Sustracción Internacional Parental de Menores: Acuerdos Bilaterales y Procesos Nacionales.

El acto lo han presidido también el presidente de la Fundación Profesor Manuel Broseta, Vicente Garrido, y la decana del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Auxiliadora Borja, y han asistido autoridades del ámbito judicial, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la delegada del Gobierno, Gloria Calero.

Juan Carlos Campo ha agregado que "son varias las actuaciones" que se han puesto en marcha desde este departamento "para que el procedimiento de restitución se active de manera urgente" en aquellos casos en los que "la sustracción se encuentra consumada y el menor haya sido trasladado a otro país de forma ilícita".

En esta línea, ha aludido al "protocolo de actuación" consensuado con los ministerios de Interior y Asuntos Exteriores con el fin de "clarificar la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la red española de embajadas y consulados cuando un menor ha sido sustraído desde España".

Tras ello, Campo ha insistido en la conveniencia de tener información para saber cómo actuar en estas situaciones y ha dicho que es "fundamental" que los progenitores afectados lo conozcan para "evitar pasos en falso que únicamente retrasarían el inicio del procedimiento y facilitarían el arraigo del menor en el país extranjero".

En este punto, el ministro ha subrayado que este 5 de mayo, Justicia, junto a otros departamentos del Gobierno central, lanza "la primera fase de una campaña institucional sobre sustracción internacional de menores" con el fin de "informar tanto a los ciudadanos como a las instituciones sobre las posibles vías de actuación" ante estos casos.

"La campaña distingue, de una manera clara y visual, los distintos escenarios ante una posible sustracción y las vías de actuación en cada caso. No se debe actuar de la misma manera si el país en el que se encuentra el menor es parte del Convenio de la Haya 1980 --sobre esta materia-- o si no lo ha suscrito. Es importante desde un primer momento seguir la vía adecuada, que permite actuar con la exigible rapidez", ha explicado.

Campo ha comentado que la sustracción internacional de menores despierta "cada vez más interés entre los medios de comunicación, los operadores jurídicos y el público en general" y ha afirmado que por ello, los "esfuerzos se concentran" no solo en "la tramitación y seguimiento de los casos" sino también en "visibilizar a través de campañas informativas tanto su dimensión como los procedimientos a seguir.

"PRIORITARIA"

El ministro de Justicia ha valorado el "interesante" trabajo de Virginia García, que cursó el Grado de Derecho en la Universidad Católica de Valencia entre 2014 y 2018 con 19 matrículas de honor, y ha asegurado que gira en torno a una materia "prioritaria para el ministerio y para toda la sociedad".

Juan Carlos Campo ha felicitado a la galardonada por el premio, por su expediente y trayectoria académicos, por la "calidad" de su monografía y por haberse centrado, con "enorme acierto", en un tema "difícil". Ha agregado que es una materia que conoce "muy de cerca" por ser el Ministerio de Justicia "en la actualidad la autoridad central española en la materia" y por intervenir "de una manera activa en la tramitación de estos siempre difíciles procedimientos".

"COMPONENTE HUMANO"

Igualmente, ha destacado el "componente humano sobredimensionado" y "emocional" de estos asuntos. "Cada caso de sustracción internacional de menores es un reto, que tramitamos con la máxima delicadeza, por los intereses en juego y por los derechos que se ven afectados. Un reto por la exigible y obligada rapidez en la actuación para evitar el arraigo del menor en el país en el que se encuentra sustraído y por la dificultad añadida de la dimensión internacional, que exige interlocución ágil y fluida con el otro país", ha declarado.

El ministro ha detallado que en los últimos cinco años el Ministerio de Justicia ha tramitado 922 expedientes de sustracción, 513 activos --el menor es sustraído de España y está en otro país-- y 409 pasivos --el menor está sustraído en territorio español--. Ha apuntado que esta cifra no muestra toda la realidad internacional porque la autoridad central "no interviene en todos los procedimientos" pero ha dicho que puede ser una "muestra representativa".

Asimismo, ha valorado el papel del Convenio de la Haya de 1980 en este ámbito y que ya sean cien los países que lo han suscrito tras 40 años desde su nacimiento. "Es importante que cada vez se adhiera un mayor número de países" al documento, ha señalado.

El decreto-ley de medidas urgentes aprobado por el Gobierno de cara al final del estado de alarma, el 9 de mayo, ha creado un recurso de casación que permitirá tanto a las comunidades autónomas como a la autoridad estatal recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) cuando los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y la Audiencia Nacional, respectivamente, se nieguen a ratificar las medidas restrictivas adoptadas en materia sanitaria para luchar contra el coronavirus.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, explicó el martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el objetivo de este decreto-ley es que el Supremo pueda "unificar doctrina" para evitar el escenario que se abrió con el final del primer estado de alarma, cuando quedó al criterio de cada juez la decisión de autorizar o rechazar las medidas sanitarias adoptadas por los ejecutivos autonómicos, dando lugar a dictámenes contradictorios.

Con la entrada en vigor del decreto-ley, el mismo 9 de mayo, "serán susceptibles de recurso de casación, en todo caso, los autos dictados en aplicación del artículo 10.8 y del artículo 11.1.i)" de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, una posibilidad que hasta ahora no existía, ya que el cauce judicial de las medidas autonómicas moría en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y el de las medidas estatales, en la Audiencia Nacional.

En el caso de las restricciones impuestas por los gobiernos regionales, durante el estado de alarma se les otorgó el estatus de autoridades delegadas del Ejecutivo Central, dándoles vía libre para recurrir ante el Tribunal Supremo si los TSJ no ratificaban las medidas acordadas, si bien esta concesión acabará el próximo domingo, según fuentes jurídicas.

Para mantener esa situación, el decreto-ley crea un recurso de casación de modo que el TS pueda conocer las impugnaciones de lo que resuelvan los TSJ sobre "las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente" (artículo 10.8).

Además, habilita a la Administración General del Estado (AGE) para que pueda recurrir en el Supremo, "si el objeto de la autorización o ratificación hubiera sido una medida adoptada por una autoridad sanitaria de ámbito distinto al estatal, en cumplimiento de actuaciones coordinadas en salud pública declaradas por el Ministerio de Sanidad, en su caso previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud".

El decreto-ley confecciona este recurso de casación de modo que el alto tribunal también pueda revisar lo que dicte la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con las medidas acordadas en dicho sentido por "la autoridad sanitaria estatal" (artículo 11.1.i).

PROCEDIMIENTO EXPRÉS

Otro de los cambios introducidos se refiere a los tiempos del recurso de casación, que se acortan debido a una tramitación preferente que obligará al TS a pronunciarse en un plazo de al menos ocho días desde que se interponga.

El recurso tendrá que presentarse en los tres días hábiles siguientes a la fecha en la que se haya comunicado la decisión de los TSJ o la Audiencia Nacional y se interpondrá directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, con lo que se elimina el primer filtro que venían ejerciendo los propios TSJ, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Una vez presentado, el escrito de impugnación se enviará "de inmediato" a la sección competente, que "lo tramitará preferentemente, dando traslado al Ministerio Fiscal y a las partes para que comparezcan y formulen alegaciones por plazo común de tres días".

Transcurridos esos tres días, la sección designada "fijará doctrina y resolverá sobre las cuestiones y pretensiones planteadas, en el plazo de los cinco días siguientes".

A todo ello se suma que, "cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario y, en todo caso, cuando la demora en la resolución pueda causar perjuicios irreversibles, las partes podrán solicitar en el escrito de interposición que se habiliten los días inhábiles para la tramitación y resolución del recurso de casación".

Asimismo, el decreto-ley otorga un "carácter preferente" a la tramitación de las autorizaciones judiciales a medidas sanitarias que deban examinar los juzgados de lo contencioso-administrativo y las salas del mismo orden de los TSJ y la Audiencia Nacional, que tendrán que resolver "en un plazo máximo de tres días naturales".

El ex comisario general de Policía Judicial Juan Antonio González García, que fue uno de los investigadores del 'Caso Gürtel' y cuyo nombre aparece reiteradamente en las agendas de José Manuel Villarejo -principal investigado en 'Kitchen'-, ha negado este miércoles en la comisión de investigación sobre esta trama en el Congreso que éste manejara fondos reservados de la Comisaría General.

"¿Qué tiene que ver Villarejo con los fondos reservados, de dónde saca usted eso?", ha señalado el ex mando policial ya jubilado en el tenso intercambio que ha mantenido con la diputada del Grupo Parlamentario Republicano Pilar Vallugera, a la que ha reprochado que diera por hecho determinados extremos publicados en prensa porque "no son verdad".

"Lo fondos reservados me los daban a mí", ha señalado el ex mando policial, que ha sido llamado a esta Comisión a pesar de que ya no estaba en activo en la Policía Judicial cuando se produjo la denominada 'operación Kitchen' dirigida presuntamente a espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

VILLAREJO, UN "INSPECTORCETE"

Según González García él era quien repartía estos fondos a los diferentes comisarios y luego se justificaban ante el DAO, por lo que ha descartado a Villarejo, a quien se ha referido como "un inspectorcete" de cualquier participación en esta dinámica mientras él estuvo al cargo. También ha negado que despachara con él o que fueran socios en ningún negocio.

El ex responsable policial ha comenzado su intervención, a preguntas de la diputada socialista Andrea Fernández, relatando un impresionante historial de persecución del delito que ha afectado a todos los partidos políticos, comenzando por los grupos de ultraderecha en la transición, las operación Malaya en Marbella, asuntos en ayuntamientos que afectaron a responsables del PSOE y por último la trama "Gürtel", que afectó al PP.

En este relato a mencionado a José Luis Olivera, al que nombró jefe de la UDEF y que cree que es buen policía, y ha afirmado que desconoce que este tuviera trato con Villarejo

Pese a desvincularse en todo momento de cualquier conocimiento sobre "Gürtel", un operación que dijo sólo conocer por la prensa, González García ha sido preguntado por el hecho de que, al jubilarse, creara una empresa cuyo nombre social fue durante seis meses un local de la calle Orense de Madrid propiedad de Villarejo.

La primera diputada que se ha interesado por este asunto ha sido Sofía Fernández Castañon, ante cuyas preguntas el compareciente ha reconocido que lo hizo por "miedo y cuestión seguridad", ya que él estaba muy señalado por la persecución a organizaciones criminales y no quería que se pudiera conocer su domicilio, si bien pasados seis meses fue al notario y cambió este dato para inscribir su empresa en su residencia habitual. En este punto el compareciente ha solicitado la intervención de la presidenta de la Comisión para no dar más detalles de este episodio que según él "nada tiene que ver con Kitchen".

El ex policía ha tratado de eludir también las preguntas sobre una especial relación de confianza con Villarejo, de quien se ha limitado a señalar que cuando él llegó a la Comisaría de Policía Judicial "ya estaba allí, porque llevaba desde el 94".

En otro momento de la comparecencia, el diputado popular Luis Santamaría le ha mostrado una foto en la que aparece junto a Villarejo y otros miembros de la policía imputados en Kitchen, si bien Gonzalez García se ha limitado a señalar que pertenecen a una comida a la que el hoy investigado les invitó cuando recibió una medalla al mérito policial.

BÁRCENAS LE PIDIÓ EXPLICACIONES

También ha sido preguntado por un episodio, reconocido por el propio Bárcenas, en el que éste le encuentra en un restaurante y se le acerca para preguntarle sobre la investigación de la trama que capitaneaba Francisco Correa.

"Yo estaba en el restaurante comiendo y entró Luis Bárcenas con Álvaro Lapuerta y otro diputado -ha relatado el ex policía ante la Comisión-. Y empezó decir el hijo de ..., que me está persiguiendo por orden de Rubalcaba, y venga a mirarme. Luego se levantó y vino a mi mesa y me dijo oiga quiero hablar con usted puedo tomar un café y empezó a decir que no tenia nada que ver, que él no era L.B., que si yo era un sicario de Rubalbaca, que yo filtraba todo a El País. Yo no quería dar escándalo y le dije era una investigación policial que iría al juzgado por una denuncia de unos de su partido, y me contestó que que bueno bueno y se levantó se fue. Y ya está".

A lo largo de su intervención el ex responsable de policía judicial también ha sido preguntado por una supuesta campaña contra él orquestada por el PP cuando comenzó a a investigar Gürtel, y en este punto el ex policía ha mencionado al ex ministro del PP Francisco Álvarez Cascos, que se refirió a él como "camarilla de Canillas" al servicio del ex ministro Alfredo Pérez Rubalcaba y que falsificaban pruebas.

"NO ERES DE LOS NUESTROS"

También ha relatado dos anécdotas con este ministro socialista, una de ellas cuando investigaban Gürtel ya que, lejos de intervenir en nada en esta investigación, les pidió a él y a su equipo que tuvieran cuidado con este asunto al tratarse de "una cosa delicada". Y así actuaron, llevando sólo el asunto a la Fiscalía Anticorrupción cuando comprobaron fehacientemente la información de los denunciantes.

En otra ocasión, ha reconocido que ya harto de las presiones sobre este asunto acudió al despacho de Pérez Rubalcaba para pedirle ser cesado, a lo que éste le respondió: " Pero si tú no eres de los nuestros, joder".

También ha negado el compareciente determinadas afirmaciones realizadas supuestamente por Villarejo que le ha apuntado el diputado Santamaría, como el hecho de que hubiera un plan en el Ministerio del Interior para eliminar al ex director de la Guardia Civil Luis Roldán. "¿Quiere decir matarlo? Por favor por favor", ha respondido el compareciente sobre este extremo, visiblemente asombrado e indignado.

"Yo he vivido muchas cosas de éstas, porque cuando hay personas de relevancia social en las investigaciones malo", ha añadido en relación con las presiones que solían aparecer alrededor de investigaciones de cierto calado mediático y político.

El Tribunal Supremo (TS) ha denegado suspender cautelarmente el plan de actuación aprobado respecto al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, mediante el cual la magistrada titular del mismo, María Núñez Bolaños, se encarga de las tareas ordinarias de dicha instancia y el juez de refuerzo José Ignacio Villaplana continua al frente de la investigación de las macrocausas incoadas por este juzgado.

En un auto fechado el pasado 22 de abril, el Tribunal Supremo aborda un recurso contencioso administrativo interpuesto el pasado mes de marzo por cuatro investigados en piezas derivadas de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por su papel como miembros de CCOO, contra el acuerdo adoptado días antes por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desestimando los recursos de alzada formulados contra la decisión de la Sala de Gobierno del propio TSJA de aprobar el mencionado plan de actuación propuesto por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número seis, María Núñez Bolaños.

En dicho recurso contencioso administrativo, según este auto del Supremo, los promotores del mismo habían solicitado la medida cautelar de "suspender" del acuerdo relativo al mencionado plan de actuación, exponiendo que durante la tramitación de la macrocausa de los ERE, el Juzgado de Instrucción número seis ha contado con dos jueces titulares distintas, --Mercedes Alaya y María Núñez--, con jueces de apoyo y jueces sustitutos, "pero siempre han sido las titulares las que han tramitado las macrocausas y los asuntos anteriores al nombramiento de los jueces de apoyo".

El mencionado plan de actuación, mediante el cual el juez de refuerzo de Instrucción Seis José Ignacio Vilaplana continúa con las macrocausas depositadas en dicha instancia cuya juez titular es María Núñez, "altera" así la realidad antes descrita, según los recurrentes, implicando que "la magistrada titular es apartada del conocimiento y decisión de las causas que tramitaba mientras el juez de refuerzo, no de sustitución, continúa tramitando las causas correspondientes a la titular".

"UN JUEZ AD HOC"

Para los recurrentes, tal extremo es contrario al derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la Ley, pues "significa ser investigados en unas diligencias previas tramitadas por un juez determinado por el beneplácito de algunas de las partes, en definitiva por un juez ad hoc".

En el marco de dicho recurso contencioso administrativo, estos investigados en piezas de la macrocausa de los ERE solicitaban así la suspensión cautelar del citado plan de actuación aprobado para el Juzgado de Instrucción número seis, para que la resolución del litigio en cuestión "no sea inoperativa" en caso de ser atendidas sus pretensiones, pues de lo contrario "pueden verse obligados a soportar la apertura de un procedimiento abreviado, escritos de acusación y apertura de juicio oral con los correspondientes daños morales y económicos".

El abogado del Estado, no obstante, se oponía a su petición de suspensión cautelar del citado plan de actuación del Juzgado de Instrucción número seis, al implicar dicha medida "la estimación anticipada del litigio", convirtiendo en "inútil" la sentencia que se dicte respecto al mismo. Además, el abogado del Estado avisaba de que los cuatro promotores de este recurso contencioso administrativo "no son los únicos interesados en las macrocausas, de manera que antes de acordar la suspensión, en el improbable caso de que se considerase procedente, deberían ser oídos los demás".

"LA AFIRMADA DIFERENCIA" ENTRE NUÑEZ Y VILAPLANA

Dado el caso, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo considera que la medida cautelar solicitada no tiene "apariencia de buen derecho", pues el hecho de que el acuerdo de la comisión permanente del CGPJ avalando el plan de actuación contase con un voto particular discrepante de uno de sus vocales o "la afirmaba diferencia de criterios que pueda haber" entre María Núñez y el juez Vilaplana "no determinan ni mucho menos tal apariencia".

Además, el Supremo expone que "ser investigado en unas actuaciones penales, ser objeto de una acusación o verse sometido a juicio oral no son, por sí mismas, circunstancias determinantes a efectos irreversibles, pues en caso de que no terminen su condena, el sobreseimiento o la absolución por sí mismos revertirán los inconvenientes morales que pueda conllevar el proceso".

Finalmente, el Supremo recuerda que "el interés público que reside en la Administración de Justicia debe prevalecer en principio sobre el interés privado", señalando además que no consta "la irreversibilidad de las situaciones derivadas de la aplicación del plan de actuación" impugnado. De esta manera, el Supremo deniega la suspensión cautelar solicitada y condena en costas a los recurrentes.

En uno de sus autos, recordémoslo, el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana exponía que "ni el acuerdo cuestionado ni el reparto de asuntos derivado del plan actuación se dictan en consideración a argumentos irracionales o arbitrarios, sino justificados en el devenir de la situación procesal de las causas, del órgano judicial y de los propios magistrados concernidos; sin que exista indicio alguno de que tales argumentos pretendiesen ocultar una supuesta finalidad de 'apartar' a la magistrada titular del conocimiento de las denominadas macrocausas".