El Gobierno espera destinar 1.642 millones de euros entre 2021 y 2023 a alcanzar un buen estado de conservación de los ecosistemas mediante su restauración ecológica y a revertir la pérdida de biodiversidad, lo que supone el 2,36 por ciento de las inversiones totales del Plan de Recuperación y Resiliencia, financiado con fondos europeos.
De acuerdo con el plan remitido a Bruselas por el Gobierno y que este miércoles ha presentado la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, de esta cantidad, este mismo año, en 2021 quiere invertir 601,1 millones de euros; a los que se sumarán otros 517,8 millones en 2022 y otros 523,1 millones de euros en 2023.
Con este montante, el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere responder a las recomendaciones europeas de cara a «dar prioridad» a los proyectos de inversión pública maduros y a promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. En concreto, espera con ello centrar la inversión en transición verde y digital y, en particular en fomentar la investigación y la innovación, la producción y el uso de energía limpia, eficiente, en la infraestructura energética, en la gestión del agua y los residuos y en el transporte sostenible.
Por áreas, el Gobierno plantea destinar 137,8 millones de euros a digitalizar y fomentar el conocimiento del patrimonio natural entre 2021 y 2023. En ese aspecto, empleará 4 millones en 2021, 40 millones en 2022 y 93,80 millones de euros el último ejercicio, en 2023.
Por otro lado, propone invertir 551,6 millones en la conservación de la biodiversidad terrestre y marina. De esta inversión se aplicarán 200 millones de euros en 2021; otros 175,8 millones en 2022 y 175,8 millones de euros restantes en 2023.
Otra de las líneas de actuación será la restauración y ecosistemas e infraestructuras verdes, para las que el Ejecutivo plantea 551,5 millones de euros. En este caso, se invertirán 200 millones en 2021, 200 millones en 2022 y 151,5 millones en 2023.
Para gestión forestal sostenible, el Gobierno espera invertir 401,1 millones de euros, de los que 197,1 millones se invertirán en 2021, 102 millones en 2022 y 102 millones de euros en 2023.
El Plan, destaca que la preservación y el restablecimiento de los ecosistemas y la biodiversidad es uno de los ocho ejes prioritarios del Pacto Verde Europeo, con el objetivo de detener e invertir la pérdida de biodiversidad.
Esta componente del plan de recuperación parte del hecho de que la pérdida de biodiversidad está reconocida como uno de los elementos clave en la crisis ambiental que la pandemia de la COVID19 ha puesto con toda crudeza ante la sociedad.
Además, recuerda que el riesgo de aparición y propagación de enfermedades infecciosas aumenta a medida que se destruye la naturaleza. Frente a ello, subraya que unos ecosistemas saludables, resilientes y en buen estado de conservación puede jugar un papel importante de amortiguamiento y dilución de los efectos de las zoonosis, contribuyendo a reducir el riesgo de expansión a las poblaciones humanas.
Por otro lado, incide en que la naturaleza es la «principal fuente» para el desarrollo de medicamentos y tratamientos frente a las enfermedades, incluyendo los conocimientos tradicionales y el uso de los recursos genéticos de la biodiversidad.
Pero la situación biogeográfica y la geomorfología de España hacen que sea particularmente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático, a la vez que da lugar a una gran variedad de nichos ecológicos.
Las medidas incluidas en estas partidas se dirigirán a reducir la pérdida de biodiversidad, de los ecosistemas naturales, de la erosión del suelo, los recursos hídricos y la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos.
Entre las actuaciones a desarrollar en el ámbito de la conservación terrestre y marina, las inversiones incluyen el desarrollo de estrategias de conservación y recuperación de especies amenazadas; las estrategias de control y erradicación de especies exóticas invasoras y una estrategia nacional para la conservación de polinizadores o un plan de conservación y restauración de humedales, entre otras actuaciones dirigidas a lograr el 30 por ciento de la superficie terrestre y marina de aquí a 2030.
Para el Gobierno las «ambiciosas» reformas estructurales e inversiones que se contemplan, junto con la mejora del conocimiento y la mayor conciencia ecológica de la sociedad, serán «fuerzas motrices» de actividades generadoras de empleo verde y azul, contribuyendo a una transición justa hacia un nuevo modelo productivo sostenible que mantenga y proteja la diversidad biológica.
En particular espera un «especial efecto» en el medio rural, en concreto en zonas de declive demográfico, por ejemplo con la recuperación de la actividad forestal orientada a la descarbonización, el uso de las renovables y con el fomento del empleo en las zonas próximas a los «desiertos demográficos».
Confía así en que la puesta en marcha de las estrategias mencionadas implicará la definición de nichos de empleos relacionados con el medio ambiente, incluidos yacimientos de empleos verdes y azules añadidos a los sectores tradicionales.
