Felipe VI presidirá este miércoles junto a la reina la tradicional Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid, con su primer discurso público tras la fotografía de su padre en Abu Dabi y un mensaje a las Fuerzas Armadas en lo que se considera el inicio del año castrense.

La Pascua militar conmemora la recuperación de Mahón (Menorca) en 1782 de las manos de los británicos bajo el reinado de Carlos III. Como expresión de júbilo, el monarca ordenó a virreyes, capitanes generales, gobernadores y comandantes que cada 6 de enero reuniesen a las guarniciones para hacerles llegar su felicitación.

Esta tradición se ha mantenido hasta hoy en día, que se celebra en el salón del trono del Palacio Real y supone la inauguración oficial del año castrense. Durante el acto se establecen las prioridades de la política militar para el año que comienza y los objetivos geoestratégicos.

Tradicionalmente, la Pascua está presidida por el Rey, quien además pronuncia un discurso dirigido a todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Esta edición será la séptima Pascua militar desde que Felipe VI accediese al trono.

Esta edición estará además marcada por la pandemia y ha obligado a reducir hasta a un tercio el número habitual de asistentes. Además de los Reyes, participan la ministra de Defensa (que también pronuncia un discurso), Margarita Robles; el del Interior, Fernando Grande Marlaska; y todos los miembros de la cúpula militar.

Será el primer acto público del Rey tras su discurso de Navidad, donde incluyó unas breves palabras para reivindicar el carácter «renovador» de su reinado y marcar distancias con su padre, el Rey Juan Carlos. «Los principios morales y éticos» que reclaman los ciudadanos, dijo, «obligan a todos sin excepciones» y «están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales y familiares».

Estas palabras recibieron el aplauso del PP, Vox y Ciudadanos, mientras que el PSOE subrayó su compromiso con los valores éticos y animó a que siga con el proceso de renovación de la Casa Real. Las críticas llegaron de la mano de Unidas Podemos y los partidos nacionalistas e independentistas.

Precisamente esta semana ha salido a la luz una fotografía del rey emérito en Abu Dabi en la que se le ve caminando con la ayuda de dos escoltas. Tras su marcha a Emiratos Árabes Unidos el pasado mes de agosto, comunicó que no regresaría a España en Navidad por la situación de la pandemia de coronavirus y su condición de persona de alto riesgo.

MENSAJE A LOS MILITARES

En su discurso de este miércoles, Felipe VI también tendrá oportunidad de trasladar un mensaje a las Fuerzas Armadas tras la polémica por las manifestaciones antidemocráticas de algunos militares retirados, que incluso enviaron misivas al Jefe del Estado alertando contra el Gobierno y el peligro que, decían, corre España.

En la primera misiva, 73 mandos del Ejército de Tierra mostraban su apoyo y lealtad al Rey «en estos momentos difíciles para España» ante la situación de «deterioro» que a su juicio sufre el país, en la que la «cohesión nacional» corre graves riesgos.

Pero también salió a la luz un chat de militares retirados del Ejército del Aire en el que hacían alusiones a golpes de estado o incluso hablaban del «fusilamiento» de millones de personas. Tras ello, fueron varios los llamamientos para que Felipe VI se desmarque de estas posturas anticonstitucionales.

Así lo hizo por ejemplo el ministro de Consumo, Alberto Garzón, de IU, y también el portavoz parlamentario del PNV, que le pidió que conteste a las cartas de militares que intentan «traspasar límites» del marco democrático, porque es «inaceptable», y ha advertido de que su silencio «puede ser malinterpretado.

Este martes, la ministra de Defensa ha rehusado comentar qué debería decir el Rey en su discurso. «Él sabrá qué decir», se ha limitado a apuntar durante un discurso a un grupo de rastreadores militares en el Cuartel General de la Armada.

«HOJA DE RUTA» DE ZARZUELA

En su comparecencia de balance de final de año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que Felipe VI cuenta con una «hoja de ruta» para mejorar la transparencia, ejemplaridad y rendición de cuentas de la monarquía y garantizó que para ello cuenta con el apoyo del Ejecutivo, aunque no aclaró si el Consejo de Ministros impulsará una Ley de la Corona.

Sánchez sostuvo que el monarca había marcado «claramente» en su discurso de Navidad cuál es el rumbo hacia el que quiere dirigir la Corona y la Jefatura del Estado. «Esa renovación tiene que estar vinculada con la transparencia, la rendición de cuentas y la ejemplaridad», apuntó.

ACTO MARCADO POR EL CORONAVIRUS

El acto de la Pascua Militar comenzará en el Patio de la Armería del Palacio Real, donde los Reyes saludarán al presidente y los ministros de Defensa e Interior, además del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya; y el Jefe del Cuarto Militar, el general Emilio Juan Gracia Cirugeda. Allí se rendirán honores (himno nacional y salva de 21 cañonazos) y pasará revista a las tropas.

Ya en el interior del Palacio, en el Salón de Columnas, habrá un saludo con una representación de las comisiones militares de los diferentes Ejércitos de Tierra, Aire y la Armada, además de la Guardia Civil. Los invitados a este acto se reducen a un tercio de los asistentes el año pasado.

Posteriormente, en el Salón del Trono estarán las autoridades civiles, militares, además de los condecorados. Allí el Rey impondrá las condecoraciones a los diferentes miembros de las comisiones militares, seguido de los discursos de Robles y el Rey.

La Cátedra Animales y Sociedad (Cátedra A&S) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha solicitado al Gobierno en el proceso de consulta pública del Anteproyecto de Ley de Bienestar Animal que la futura norma ampare una regulación de las Intervenciones Asistidas con Animales (IAA) que tenga en cuenta el bienestar del animal que participa, para asegurar que sean siempre interacciones respetuosas con su condición animal.

Pese a que las IAA son prácticas que intervienen en la salud y la educación, y sus ámbitos más frecuentes de actuación son, por este orden, neurorrehabilitación y diversidad funcional, educación y psicología y psiquiatría, España carece de una reglamentación específica ni en al ámbito sanitario ni en el educativo. Tampoco, por tanto, en lo que respecta al bienestar de los animales que participan.

La Cátedra destaca que la importancia del bienestar de los animales de intervención es «máxima» y «trasciende a los derechos del propio animal». «Los modelos de IAA que propician el equilibrio de los animales obtienen una calidad óptima de las intervenciones practicadas. Y a la inversa. Con animales que no se sienten bien es imposible realizar interacciones de calidad», explica la directora de la Cátedra A&S, Nuria Máximo.

Así, entre las propuestas que la Cátedra A&S de la URJC ha compartido con la Dirección General de Derechos de los Animales para que formen parte de la futura Ley de Bienestar Animal, destacan: que todas las IAA deben respetar la condición como especie del animal que participa, no debiendo realizarse aquellas que vayan en contra de su naturaleza; y la elaboración de un censo de animales de intervención y un registro nacional de entidades que desarrollan IAA, que a día de hoy no existe, así como el establecimiento de las correspondientes medidas de inspección y seguimiento.

También piden velar por que las IAA sean respetuosas con la declaración Universal de los Derechos de los Animales, y cuyo artículo 4 defiende que todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural y que toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a ese derecho. Esto supondría poner fin a las intervenciones que actualmente se realizan con delfines.

Asimismo, solicita, como obligación de los guías, promover interacciones seguras y agradables entre los animales y las personas beneficiarias; y retirar al animal de la sesión si el animal de intervención muestra signos de agotamiento, estrés, o malestar.

La Cátedra también pide que la Ley incluye el respeto a los principios de bienestar animal en su selección, educación y cuidado, erradicando el empleo de ningún medio que les cause dolor físico o emocional tanto en el entrenamiento como en las sesiones; establecer la obligación de facilitar descansos y días libres, así como un transporte adecuado a los animales de intervención. En este sentido, proponen que cada perro de intervención realice un máximo de 15 horas semanales, y cada caballo, 20 horas semanales.

También quiere que recoja el establecimiento de descansos entre sesiones. En ningún caso, estos deberían ser inferiores a 15 minutos y, en ellos, el perro debería tener siempre acceso a agua fresca y el caballo, a agua fresca, sal y pasto. Se aconseja que el caballo tenga posibilidad de pastar libremente al menos una hora al día.

Del mismo modo, las entidades responsables de los animales deberán tener preparado un plan de jubilación digno y adecuado a cada animal de intervención según sus características. El establecimiento de la edad de jubilación debería estar en torno a los 10 años para los perros y de los 20 años para los caballos. No obstante, unos y otros podrían jubilarse posteriormente siempre que lo avale el veterinario, y reduciendo la carga de trabajo.

Con independencia de los cuidados que precisen por su estado de salud, todos los animales de intervención deberían pasar controles veterinarios al menos dos veces al año para acreditar su bienestar físico y emocional.

Es imprescindible también que la Ley conlleve un régimen sancionador que, en los casos de maltrato o malas prácticas, suponga la suspensión de la licencia para poder seguir desarrollando IAA y/o mantener contacto con animales.

Los sindicatos policiales Jupol y SUP han lamentado el fallecimiento por COVID-19 de un agente de la UIP de Policía Nacional de Málaga que participó en un servicio en la crisis migratoria de Canarias y han vuelto a exigir este martes que se hagan pruebas PCR a todos los policías nacionales desplazados en comisiones de servicio a su regreso.

Así, desde SUP han indicado a Europa Press que tras el fallecimiento de este policía se realizaron gestiones y se consiguió que se les hiciera la PCR a otros cuatro compañeros de la misma furgoneta del agente, los cuales «han dado negativo», pero han lamentado que al resto de los desplazados desde Málaga que llegaron de Canarias «con el antígeno se ha dado por bueno».

Por eso, desde el SUP han solicitado que se le realice PCR a todo el grupo y que «cada vez que la unidad de antiditurbios se desplace a otras comunidades o a servicios que conlleven un riesgo tanto para su salud como la de sus familias, de forma sistemática, se les haga esta prueba a todos».

Con esto, han apuntado, el objetivo es «evitar algún error como ha ocurrido con el agente fallecido y otro compañero, que tras un test de antígenos negativo, tras unos días se desarrolló la enfermedad y fueron positivos».

Por su parte, el sindicato Jupol ha indicado en un comunicado que la muerte del agente de la UIP «se podría haber evitado de haberse cumplido con las medidas sanitarias pertinentes y que desde este sindicato se vienen reclamando desde el inicio de la pandemia».

Al respecto, desde el sindicato han recordado que han solicitado «en reiteradas ocasiones tanto a la Dirección General de la Policía, como al Ministerio del Interior medidas efectivas de actuación ante la llegada masiva de inmigración a las costas españolas».

Un protocolo que, han apuntado, «debía incluir medidas sanitarias y de seguridad laboral para los agentes de la Policía Nacional allí destinados». Así, han indicado que a estas peticiones «como tantas veces, la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior han hecho caso omiso».

Desde Jupol han recordado también que han solicitado «en múltiples ocasiones la restricción de las comisiones de servicio a las estrictamente esenciales y un protocolo y medios adecuados que permitieran a los policías comisionados un regreso seguro a sus destinos de origen, para salvaguardar así su propia salud, la de sus compañeros y la de sus familias.

El portavoz de Jupol, Pablo Pérez, ha asegurado que han «insistido recurrentemente en que un retorno sin control de sus integrantes puede producir una vía de acceso que favorezca la propagación del COVID-19 en los ámbitos local y familiar».

Asimismo, han criticado «la ausencia total de realización de pruebas PCR a los funcionarios que vuelven de una comisión de servicio»; una medida que, «al parecer, ahora si que se va a llevar a cabo por parte del Ministerio, aunque demasiado tarde para Antonio, el compañero de la V UIP de Málaga».

«Una de las principales reivindicaciones del sindicato ha sido la realización de test PCR para todos los agentes que han formado parte de una comisión de servicio antes del regreso a su destino. Una medida que nunca ha sido tomada en consideración por los mandos policiales, que en el mejor de los casos facilitaban un test rápido a los agentes a su llegada a su residencia habitual», han dicho.

Así, han apuntado que esta «falta de medidas» ha provocado «que una treintena de agentes que han participado en comisiones de servicio hayan resultado contagiados por coronavirus, poniendo en grave riesgo a sus familiares, compañeros y allegados».

Asimismo, han apuntado que «en muchos casos, los test PCR se los han realizado los propios agentes corriendo ellos con los altos gastos de los mismos».

Por su parte, el delegado de la UIP de Jupol, Daniel García, ha considerado «vergonzoso que no hayamos conseguido la implicación de ninguna autoridad policial, jefatura de unidades de intervención, responsables del mando directo, la comisaría general de seguridad ciudadana y la dirección adjunta operativa eran conocedores y conscientes de los riesgos».

«Se les solicitó, en varios escritos registrados, que la movilidad de las UIP se restringiera al máximo, así como una adecuación de horarios y servicios ceñidos a lo estrictamente necesario en base. Caso omiso», ha precisado.

Desde Jupol han indicado que «también se acudió a solicitar el amparo de varias de las jefaturas superiores de Policía, al departamento de Riesgos Laborales, y directamente a las consejerías de salud regionales». «Su respuesta es pasarse la patata caliente de unos a otros», han concluido.

La Diputación de Ciudad Real, institución que cuenta con una red provincial de carreteras de más de 1.700 kilómetros, viene ultimando en las últimas horas un plan de actuación, dentro de la Operación de Vialidad Invernal 2020/2021 que comenzó hace 15 días, para hacer frente al temporal de hielo y nieve que sacudirá la provincia con más virulencia a partir de este martes.

Se están llevando a cabo una serie de actuaciones, entre las que destaca el acopio de sal en la totalidad de la provincia, por lo que están activadas las seis brigadas del Servicio de Conservación y Explotación de Vías Locales de la institución provincial que operan en nuestras carreteras, ha informado la Diputación en nota de prensa.

La totalidad de los trabajos de esta operación especial, que están siendo supervisados por el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, y por el vicepresidente del área de Infraestructuras, Manuel Martínez López Alcorocho, se están llevando a cabo con personal y medios propios.

Desde la Diputación se han movilizado, principalmente desde el pasado 28 de diciembre, cuando se apreciaron los efectos de la borrasca ‘Bella’, más de 600 toneladas de sal. Hasta este martes se han utilizado 200 en más de 1.000 kilómetros, otras 150 permanecen en las instalaciones de conservación que hay en la provincia y en las últimas horas se ha gestionado la llegada de otras 250 toneladas, con el fin de tener suficiente acopio para hacer frente, con las mayores garantías posibles, a los efectos de la borrasca ‘Filomena’, que, según las previsiones, traerá nevadas y frío polar a la provincia de Ciudad Real, sobre todo a partir del jueves 7 de enero.

Los trabajos que realizan los integrantes de las brigadas de la Diputación consisten, en primer lugar, en despejar las carreteras de hielo y nieve, para posteriormente esparcir sal y culminar un labor preventiva que facilite el tránsito de vehículos con la mayor seguridad posible, dentro del riesgo que siempre conlleva circular con condiciones climatológicas adversas.

Hasta el momento, en la zona de la provincia que más se ha actuado es en el Campo de Montiel, donde ya ha nevado, aunque en la práctica totalidad del territorio es preciso intervenir a primeras horas del día para evitar el peligro que representa la existencia de hielo en la calzada. En concreto, se procede al extendido preventivo de sal fundente para favorecer el deshielo de las placas acumuladas y aumentar así, de forma considerable, la seguridad vial de la zona.

También se han visto obligados a intervenir en la zona de Manzanares, Torrenueva, Bolaños y Villamayor de Calatrava, Almadén, Los Cortijos, Villarrubia de los Ojos —con extendido de sal y pala quitanieves ya que había varios vehículos inmovilizados en el Puerto de los Santos— y Montiel.

Los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) han llevado a cabo a lo largo de 2020 más de 105.000 atenciones enfocadas a la facilitar la inclusión social de la población extranjera en la región, ha informado el Ejecutivo autonómico este martes en una nota de prensa.

La ciudadanía empadronada en la región procedente de otros países alcanza el 15 por ciento de la población total, superando el millón de personas.

En el marco del Plan de Inmigración regional que se desarrolla desde el año 2019, la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad ha potenciado el funcionamiento de estos centros con el objetivo de que sigan siendo un referente para la población extranjera, y también para la española, en las zonas de influencia donde se ubican, especialmente a través de actividades relacionadas con la mejora de la empleabilidad.

«Este año en concreto, la actividad de los CEPI ha sido esencial, no solo por haber mantenido su actividad de manera telemática durante los meses de confinamiento, sino porque han sido el soporte fundamental de más de mil familias en situación de vulnerabilidad a las que han facilitado alimentos en colaboración con entidades sociales como Remar y Cesal», señalan.

En este sentido, el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad del Gobierno regional, Javier Luengo, ha reconocido «la labor social de los CEPI durante la pandemia, especialmente con aquellas familias que se han visto afectadas por la crisis del Covid-19».

Lo ha hecho durante su visita a los profesionales que trabajan en el CEPI Madrid-Arganzuela, donde además se ha reunido con varias familias en situación de vulnerabilidad que están siendo atendidas por los Servicios Sociales.

Luengo ha compartido un desayuno con usuarios y trabajadores del centro y ha repartido regalos a niños y niñas de estas familias en situación de dificultad social, obsequios que han sido cedidos por las fundaciones Crecer Jugando y la Caixa.

El consejero ha remarcado que «desde el Gobierno regional no se va a dejar a nadie atrás en esta pandemia y se van a seguir adaptando los recursos para apoyar a las personas que más lo necesitan».

INVERSIÓN DE 5,8 MILLONES PARA LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS

La Comunidad de Madrid ha aprobado en este mes de diciembre una inversión de 5.878.408 euros para el desarrollo del programa de Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) por un plazo de ejecución de dos años.

Son ocho centros, cuatro de ellos situados en Madrid capital y los otros cuatro en los municipios de Leganés, Alcalá de Henares y Collado Villalba, además de la sede conjunta de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

Este programa tiene como finalidad la realización de actuaciones específicas para favorecer las posibilidades de las personas inmigrantes de integrarse en el mercado de trabajo y fomentar su inclusión social.

Entre las actividades que se realizan en los CEPI destacan itinerarios de orientación y acompañamiento, así como formación integral para la inserción sociolaboral.

Para ello, estos centros ofrecen cursos de idiomas y de informática, orientación académica y profesional, asesoramiento laboral, talleres sobre técnicas de elaboración de currículum vitae y búsqueda activa de empleo, e información sobre cómo emprender un negocio.

Para los menores se prestan servicios de apoyo escolar, campamentos, ludoteca y, además, disponen de servicio de biblioteca y acceso a internet.

La asociación La España que Reúne ha pedido tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al ministro de Sanidad y candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que no pongan «al mismo nivel» los «errores» que hayan cometido los constitucionalistas en Cataluña con los delitos que cometieron los líderes independentistas durante el ‘procés’ de 2017.

La asociación presidida por Nicolás Redondo Terreros, exlíder del PSOE en el País Vasco, ha criticado en una nota de prensa las declaraciones de Sánchez e Illa sobre Cataluña y les ha acusado de actuar con «irresponsabilidad»

El jefe del Ejecutivo dijo el pasado 29 de diciembre que «cuando se habla de Cataluña nadie está libre de culpa» porque todos han «cometido errores», de los cuales cree que hay que aprender para poder encontrar «un espacio para el reencuentro». El ministro, por su parte, hizo unas declaraciones similares esta semana: «Todos tenemos parte de responsabilidad en lo que ha pasado en Cataluña, todos nos hemos equivocado».

Para La España que Reúne, es necesario precisar que «unos han cometido más errores y más graves que otros», ya que «una parte ha podido cometer errores en la gestión de la crisis catalana» y otros –los políticos que desde la Generalitat promovieron un referéndum ilegal y una declaración unilateral de independencia– «sencillamente han delinquido», como ha confirmado la Justicia.

UN DISCURSO «LAMENTABLE» ÉTICA Y POLÍTICAMENTE

Ponernos en igualdad de comportamientos es desconsiderar la realidad, menospreciar lo que ocurrió en Cataluña; es llamar a la reincidencia y deslegitimar a los tribunales. Pero, sobre todo, es poner en el mismo nivel a quienes cometieron un delito y la mayoría que respeta las leyes y se coloca bajo su imperio», ha señalado.

Desde su punto de vista, el discurso de Sánchez e Illa es «el más lamentable, desde un punto de vista ético y desde una perspectiva política, que se ha perpetrado en estos últimos cuarenta años».

La asociación cree que «no es justo ni honesto que el Gobierno sitúe al mismo nivel de responsabilidad de la grave crisis institucional en Cataluña a los que dieron un golpe de Estado», incumpliendo leyes y sentencias para «realizar un pronunciamiento cargado de violencia política, social e institucional», y al resto de la sociedad catalana y española.

«INMORAL» QUE ILLA SEA MINISTRO Y CANDIDATO A LA VEZ

Por otro lado, ha censurado que, en medio de la pandemia del coronavirus y la «situación dramática» que ha generado en España, el aspirante socialista a presidir la Generalitat para las próximas elecciones catalanas sea el ministro de Sanidad.

La España que Reúne cree que probablemente esta sea la única democracia europea donde el Gobierno tiene el «desahogo político» de nombrar candidato a quien le ha correspondido enfrentarse a «una crisis de esta envergadura con un éxito tan discutible». Según ha indicado, en otros países una eventualidad como ésta se ha solucionado con la dimisión inmediata y nombramiento de un nuevo ministro.

«Nos preocupa el retorcimiento que supone para el espíritu democrático que debe inspirar tanto la acción del Gobierno como de los partidos que el candidato se mantenga en su cargo hasta el último minuto», ha manifestado.

A su modo de ver, esta decisión «puede ser legal, pero es inmoral» y demuestra «la nula importancia que dan a los comportamientos y las tradiciones democráticas», tras lo cual se ha preguntado si para el PSOE y el Ejecutivo «es más importante la candidatura a la Generalidad que la responsabilidad ministerial».

Además, la asociación considera que la «irresponsabilidad» en este caso es «inconmensurable» porque España se encuentra en un proceso de vacunación masiva de la población frente al Covid-19 y ante la posible irrupción de una tercera ola de contagios que provocará más muertes y obligará a aplicar duras restricciones para contenerla.

Miembros del PSOE, tanto de Madrid ciudad como de la región, han criticado la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de «privatizar la vacuna» al publicar una orden que establece el pago de 133.000 euros al mes a Cruz Roja para que ayude con la campaña de vacunación y se han mostrado «preocupados» por el «bajo porcentaje» de inmunizaciones.

Así, el concejal del Ayuntamiento de Madrid Ramón Silva ha apuntado que el Consistorio dispone de dos «grandes recursos» que podría utilizar para administrar la vacuna y que están «absolutamente desaprovechados», como son los centros municipales de salud y el Samur-Protección Civil.

En este sentido, ha recordado que los centros sanitarios están en plena campaña de vacunación contra la gripe pero que finaliza el 31 de enero, por lo que se podrían administrar ambas de forma conjunta y a partir del 1 de febrero únicamente la del coronavirus.

Por su parte, apunta que Samur-Protección Civil «dispone de los recursos para administrar la vacuna en residencias de mayores», y ha apuntado que incluso podrían haberlo hecho durante estos días festivos ya que su servicio es de «24 horas al día durante los 365 días del año».

«No podemos consentir que se desaprovechen estos servicios públicos mientras se paga por privatizar la administración de las vacunas. Ya está bien de que Almeida y Villacís confronten constantemente contra el Gobierno de España y aplaudan cualquier decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid», ha afeado.

Por su parte, el diputado socialista en la Asamblea de Madrid y portavoz de Sanidad, José Manuel Freire, ha afirmado estar «preocupado» por la subcontratación y el «bajo porcentaje» de vacunación en la región.

En este sentido, considera que la vacuna es algo «importante y propio del Gobierno» por lo que no se debería subcontratar a entidades ajenas, «incluida la Cruz Roja», puesto que aunque no sea una entidad privada, cree que «no debería prestarse a actuar como empresa de contratación temporal para sanitarios al servicio de una Administración pública como la de la Comunidad de Madrid que no está cumpliendo con sus obligaciones».

Finalmente, ha añadido que la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, y su Gobierno no muestran «la diligencia y competencia que es exigible en esta materia».

Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, no descartó ayer que este tipo de contratos se fueran a realizar e hizo hincapié en que lo importante era «administrar la vacuna» y tener «el mayor número de madrileños inmunizados», contando para ello con los recursos necesarios tanto públicos como privados. «Iremos utilizando todos los recursos como hemos hecho desde el principio de la pandemia», señaló.

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo cree que el Gobierno de Pedro Sánchez ha renunciado a la soberanía de Gibraltar con el principio de acuerdo alcanzado con Reino Unido el 31 de diciembre y con ello sentado un precedente, al aceptar una colonia en territorio español, que afecta a la soberanía nacional y podría ser extensible a Cataluña.

En una entrevista con Europa Press, el ahora eurodiputado popular ha lamentado el secretismo con el que el Gobierno ha llevado a cabo esta negociación y ha considerado que de lo desvelado por ahora por la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, se deduce que España ha entregado «las bazas e incentivos que tenía para negociar» sobre Gibraltar.

En su opinión, España no ha conseguido nada con este principio de acuerdo –que en debe desembocar en un acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar– más allá del «alivio» del Campo de Gibraltar, cuya población «veía con angustia» la posibilidad de un Brexit duro el 31 de diciembre por el impacto que esto tendría en la economía de la zona.

Mientras, tanto el primer ministro británico, Boris Johnson, como el ministro principal gibraltareño, Fabián Picardo, «están dando palmas con las orejas». En el caso de Londres, porque ha conseguido «mantener su dominio sobre el territorio y mantener la base» y en el caso del Peñón porque seguirán siendo británicos pero «vivirán en la UE como si Reino Unido no hubiera salido».

«Esto supone renunciar a la soberanía para siempre y permitir la existencia de un paraíso fiscal en las puertas de casa y condenar al Campo de Gibraltar a tener una situación mucho peor» que la del Peñón, ha subrayado, ya que parece lógico pensar que las empresas preferirán instalarse en Gibraltar si no tienen que pagar impuestos y no del otro lado de la actual Verja.

Según García-Margallo, esto fue precisamente lo que desde la UE se intentó evitar con el Brexit, que «Reino Unido que no se convirtiese en un Singapur» en el que las empresas pagaran menos impuestos, tuvieran condiciones laborales menos estrictas y menos obligaciones medioambientales y por tanto se generara una «situación de desigualdad» con las empresas instaladas en la UE. En este sentido, ha dudado que «la UE vaya a permitir eso».

LO ‘PROGRE’ FRENTE A LO ‘VIEJUNO’

Por otra parte, ha afeado a González Laya que diga que el Gobierno no ha renunciado a sus reivindicaciones sobre la soberanía de Gibraltar pero «se ha pasado del siglo XIX al siglo XXI». «Que yo sepa Felipe González, Gregorio Peces Barba, Felipe Morán… todos los que han reclamado la soberanía de Gibraltar no estaban en el siglo XIX», ha subrayado.

Así, se ha preguntado si en el siglo XXI «lo ‘progre’ es tener una colonia y un paraíso fiscal en tu territorio», advirtiendo de que «eso sienta un precedente». «La soberanía, según ellos, es un concepto ‘viejuno’, franquista… ¿en Cataluña vamos a hacer lo mismo? ¿Áreas de prosperidad compartida?», ha planteado García-Margallo.

Cuando se habla de «gestión compartida» en el caso de Gibraltar, «¿también lo vamos a aplicar a Cataluña?», ha preguntado, cuestionando también «cuál es su concepto de la integridad territorial» y si esta le importa al Gobierno. Con esto, ha prevenido, «estamos tocando el tema de la soberanía nacional y, renunciar a eso, es renunciar a 300 años de reclamación permanente».

El que fuera ministro de Exteriores, que próximamente publicará un libro sobre Gibraltar junto con el antiguo secretario de Estado para la UE Fernando Eguidazu, ha resaltado además que cuando se produzca la eventual entrada de Gibraltar en Schengen –una vez alcanzado el acuerdo entre Londres y la UE– supondría dar estatus de Estado a uno de 17 territorios que, según la ONU, siguen por descolonizar, ya que solo los estados forman parte del acuerdo sin fronteras.

Además, ha incidido en que será la agencia europea de fronteras Frontex, y no España, la que realice los controles en el puerto y el aeropuerto. Con ello, «España sería el único país de los 193 que están en Naciones Unidas que no controla sus fronteras».

Por otra parte, al establecer el control en el puerto y en el aeropuerto entrará en el territorio de Gibraltar, «probablemente sin arancel» pero lo que «es seguro sin pagar el IVA, el impuesto sobre el tabaco, sobre el alcohol y sobre el petróleo», ha indicado, recordando que uno de los «motores de la economía gibraltareña es precisamente el contrabando de tabaco. La supresión de controles en un futuro, ha prevenido, no impediría que ese tabaco que entra en Gibraltar «entre a sacos en España».

OPORTUNIDAD PERDIDA

Para el eurodiputado del PP, el Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos ha desaprovechado la oportunidad que ofrecía el Brexit respecto a Gibraltar. Dado que los habitantes del Peñón se pronunciaron mayoritariamente a favor de la permanencia en el referéndum del 2016, si querían seguir formando parte de la UE necesitaban que otro Estado miembro se responsabilizara de sus relaciones exteriores, como hasta ahora lo había hecho Reino Unido.

La única opción en ese caso, ha resaltado, era España conforme a los estipulado en el Tratado de Utrecht, en el que queda recogido que si Londres renuncia a Gibraltar el territorio pasa a España. Esto era «una píldora difícil de asumir», en opinión de García Margallo, por ello «nosotros propusimos la fórmula intermedia».

Dicha fórmula, ha explicado, pasaba por la cosoberanía de las relaciones exteriores, de defensa, de fronteras exteriores y de asilo e inmigración, «todas ellas inexcusables». Al mismo tiempo, se contemplaba el «respeto absoluto de sus instituciones de autogobierno», tal y como recoge la Constitución española, la posibilidad de tener la doble nacionalidad española y británica y el respeto de todos sus derechos culturales y lingüísticos.

Por último, preveía el «desmantelamiento de la Verja ya que al entrar en la unión aduanera no tenía sentido el control ni para tráfico de personas, ni de mercancías ni de servicios, ha precisado García Margallo. La ventaja de dicha propuesta, ha esgrimido, es que se acababa «con un conflicto de 300 años» y a la vez se permitía «desbloquear muchas disposiciones y leyes europeas que no se aplican por el conflicto de soberanía».

En lo que se refiere al problema económico que plantea la enorme diferencia entre la renta per cápita del Peñón y la del Campo de Gibraltar, aquejado por elevados niveles de desempleo, el ex ministro ha dejado claro que el principio de acuerdo alcanzado puede «aliviar la situación a corto plazo, pero no a medio» y ha recalcado que «la prosperidad de la zona no está garantizada», dado que Gibraltar sería un paraíso fiscal.

Frente a ello, García-Margallo ha defendido la creación de una «zona económica especial» que abarque el Campo de Gibraltar, el Peñón y Ceuta y que tendría «un porvenir económico impresionante», habida cuenta del elevado tráfico del Estrecho. Esta zona permitiría contar con industrias de transformación, de manipulación, etc. libres de impuestos y convertir eso en un emporio económico», ha señalado.

A esto se suma el hecho de que la UE debería invertir en África, y sobre todo en el norte del continente, «si no queremos tener un problema migratorio total y absoluto» y que la UE está dispuesta a «ayudar con recursos financieros» a resolver la cuestión, «igual que se ha hecho en Irlanda».

Obviamente, ha remachado, haría falta «una inversión importante» desde mañana para hacerlo realidad, pero no costaría mucho si se «elimina el perjuicio a Hacienda del contrabando y el juego online» en el Peñón. «Y si hay que poner dinero se pone», ha zanjado, destacando que España es la cuarta economía de la zona euro.

Dos agentes de la Unidad de Intervención Policial adscritos a la unidad de Valladolid y desplazados en diciembre a Cataluña han dado positivo en COVID-19 tras realizarse la prueba PCR por sus propios medios y todo su equipo se encuentra aislado, según ha dado a conocer este martes el sindicato Jupol, que ha responsabilizado al Ministerio del Interior de su contagio y ha criticado que no se pongan medios para la realización de pruebas.

El sindicato ha incidido en que la falta de un protocolo sanitario y la ausencia de pruebas a los agentes desplazados en comisiones de servicio se ha saldado de momento con la muerte de un agente de Málaga por COVID-19 y varios policías y familiares contagiados, ha señalado el sindicato, que ha lamentado el fallecimiento, que «se podría haber evitado de haberse cumplido con las medidas sanitarias pertinentes, y que desde este sindicato se vienen reclamando desde el inicio de la pandemia».

En este contexto, el secretario provincial de JUPOL, Víctor González, ha confirmado que dos agentes de la VII Unidad de Intervención Policial, con base en Valladolid y que fueron desplazados a Cataluña del 14 al 29 de diciembre, han dado positivo por coronavirus, tras realizarse ellos mismos las pruebas PCR y asumiendo por tanto su coste económico, dada la negativa de las administraciones a realizarles la prueba.

Un gesto de «responsabilidad» de los agentes que para González «ha evitado un foco de contagio, especialmente peligroso» por las fechas en las que se ha producido.

El sindicato ha incidido en que sigue pendiente de los resultados de las pruebas del resto de los compañeros de equipo, que actualmente se encuentran aislados, a la espera de la realización de la PCR que desde la Dirección General del Policía no se les ha proporcionado seis días después de su regreso y tras mantener contacto estrecho con los dos compañeros positivos.

Jupol ha recordado que había solicitado en múltiples ocasiones la restricción de las comisiones de servicio a las estrictamente esenciales y un protocolo y medios adecuados que permitieran a los policías comisionados un regreso seguro a sus destinos de origen para salvaguardar así su propia salud, la de sus compañeros y la de sus familias.

«Hemos insistido recurrentemente en que, un retorno sin control de sus integrantes, puede producir una vía de acceso que favorezca la propagación del COVID-19 en los ámbitos local y familiar», ha asegurado el portavoz de Jupol, Pablo Pérez.

En esta línea, el sindicato ha insistido en que ha denunciado la ausencia total de realización de pruebas PCR a los funcionarios que vuelven de una comisión de servicio, medida que, al parecer, ahora sí que se va a llevar a cabo por parte del Ministerio, «aunque demasiado tarde para Antonio, el compañero de la V UIP de Málaga».

TEST PCR

Una de las principales reivindicaciones del sindicato ha sido la realización de test PCR para todos los agentes que han formado parte de una comisión de servicio antes del regreso a su destino.

Esta medida, ha añadido, nunca ha sido tomada en consideración por los mandos policiales, «que en el mejor de los casos facilitaban un test rápido a los agentes a su llegada a su residencia habitual».

Esta falta de medidas ha provocado que una treintena de agentes que han participado en comisiones de servicio haya resultado contagiado por Coronavirus, «poniendo en grave riesgo a sus familiares, compañeros y allegados».

Por otro lado, Jupol ha recordado que ya ha denunciado en varias ocasiones, que, en muchos casos, los test PCR se los has realizado los propios agentes, que han corrido ellos con los altos gastos de los mismos.

Por su parte, el delegado de la UIP de Jupol, Daniel García, considera «vergonzoso» que no hayan conseguido la implicación de ninguna autoridad policial, jefatura de unidades de intervención, responsables del mando directo, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y la Dirección Adjunta Operativa, que eran conocedores y conscientes de los riesgos.

«Se les solicitó, en varios escritos registrados, que la movilidad de las UIP y de las UPR se restringiera al máximo, así como una adecuación de horarios y servicios ceñidos a lo estrictamente necesario en base. Caso omiso», ha asegurado.

Jupol también se acudió a solicitar el amparo de varias de las jefaturas superiores de Policía, al departamento de Riesgos Laborales y directamente a las consejerías de salud regionales. «Su respuesta es pasarse la patata caliente de unos a otros y escudarse en unos protocolos que no contemplan situaciones como las que viven a diario las Unidades de Intervención Policial», han concluido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se reunieron ayer en el Palacio de la Moncloa, para preparar el nuevo año político. Fuentes cercanas a Unidas Podemos han explicado a Europa Press que esta cita se enmarca «dentro de la normalidad del funcionamiento de la coalición».

Según ha adelantado el diario ‘La Información’, se trata de la primera reunión desde hace varias semanas, pues los habituales ‘maitines’ entre dirigentes de PSOE y Unidas Podemos no se produjeron en diciembre por la sucesión de festivos y problemas de agenda de ministros.

El pasado 2020 se cerró con el acuerdo entre ambos socios de gobierno para aprobar el decreto antidesahucios para evitar lanzamientos hasta final del estado de alarma y la recuperación de la prohibición de cortes de suministros básicos, una vez superadas tensiones generadas al respecto en el seno de la coalición.

No obstante, existen discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos sobre la situación del salario mínimo interprofesional (SMI), que se mantiene congelado en el inicio del nuevo año. Así, algunos ministros socialistas vinculan un eventual incremento vinculado al acuerdo entre agentes sociales mientras que la formación morada demanda que se suba, como mínimo, al nivel de las pensiones o la mejora de retribución de funcionarios públicos.

La propuesta de aumentar de 25 a 35 años el cálculo para computar las pensiones del Ministerio de Seguridad Social ha motivado también discrepancias, dado que Unidas Podemos se opone a este planteamiento.

Sí hay sintonía en la necesidad de delimitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con mandato caducado, con una propuesta legislativa que se tramita en el Congreso. Además, lograron la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales en la Cámara Baja.

Durante su intervención telemática en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, Iglesias defendió que iban a ser «muy cabezones» para que se cumplan los acuerdos de programa de Gobierno, como la mejora de los salarios, la revalorización de las pensiones o la derogación de la reforma laboral del PP.

En Unidas Podemos también se marcan como objetivos la ampliación de derechos para las personas trans, la aprobación de la Ley de Libertades Sexuales o la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ‘Ley mordaza’. Además, han puesto el foco en la situación de la monarquía y han demandado la creación de una comisión de investigación sobre el rey emérito Juan Carlos I a raíz del presunto uso de tarjetas opacas.

El nuevo año traerá una remodelación en el Ejecutivo tras la designación del ministro de Sanidad, Salvador Illa, como candidato del PSC a las elecciones catalanas.

La continuidad de Illa al frente de la cartera sanitaria ha generado críticas en partidos de la oposición y algunas voces en Unidas Podemos han planteado la necesidad de resolver pronto la situación del ministro. Es el caso del diputado Juan Antonio López de Uralde y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La candidata de los comuns a la Presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, trasladó ayer su preocupación sobre que, en un escenario de incertidumbre, en medio de la tercera ola de coronavirus y con problemas en la campaña de vacunación, Illa se haya presentado como candidato.

«Necesitamos un ministro que esté las 24 horas, los 7 días de la semana y volcado al 100% en la lucha contra la pandemia. Quiero trasladar nuestra preocupación porque en momentos así lo que interesa no es pensar en intereses electoralistas, sino como hacer frente a la pandemia», incidió.