El PP defenderá la próxima semana en el Pleno del Congreso una proposición de ley contra la ‘okupación’ repescando penas de cárcel, prohibiendo que los ayuntamientos empadronen a quienes residan ilegalmente en inmuebles ajenos y protegiendo a los vecinos afectados por estas situaciones.
Se trata de una ley que el presidente del PP, Pablo Casado, anunció el pasado mes de julio para recuperar el delito de usurpación, con penas de uno a tres años de prisión, y facilitar a la Policía poder echar a los ‘okupas’ en un máximo de 48 horas «dando plena seguridad jurídica a los servidores públicas».
DE UNO A TRES AÑOS DE PRISIÓN EN LUGAR DE MULTAS
En su iniciativa, el PP recuerda que la defensa contra actos que perturben la posesión de un inmueble destinado a vivienda quedó garantizada «con resultados muy positivos» en la ley de 2018, acortando plazos y agilizando procedimientos. Y también considera protegida la vivienda a través de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.
Pero entiende que «el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado para permitir una protección efectiva de los titulares de derechos». «Y, además, ha de tener en cuenta un bien jurídico a proteger que hasta ahora no ha tenido debida consideración: la convivencia vecinal pacífica y respetuosa en aras de la seguridad de las personas y las cosas», añade.
Se centra, por tanto, en «situaciones muy comunes en que la ocupación de una vivienda de manera ilegal y en contra del titular de la misma se produce comportando una alteración de la convivencia vecinal» porque «provoca una inseguridad de los vecinos de la comunidad de propietarios en la que se han instalado los ocupantes ilegales».
A su juicio, «las duras consecuencias» que tiene la ‘okupación’ «aconsejan un refuerzo de las medidas actualmente existentes en el ordenamiento jurídico, tanto a nivel penal como administrativo y civil».
No cabe desconocer que estas consecuencias no solo se proyectan individualmente sobre los ciudadanos que han de sufrir estas situaciones indeseables y preocupantes, sino sobre la economía a mayor escala, pues la inseguridad que genera el fenómeno de la ocupación provoca también que haya determinadas zonas urbanas que empeoren su estatus», añade.
A tal fin, por un lado el PP introduce en el artículo 245 del Código Penal «el supuesto de que concurran dos o más autores, actuando en grupo organizado, de manera sistemática o concertada, y estos ocuparan dos o más cosas inmuebles o usurparen varios derechos reales inmobiliarios ajenos». «Se impondrán igualmente las penas superiores en grado a los ocupantes que actúen siguiendo instrucciones de un grupo organizado que actúe en los términos del artículo 570 bis del Código Penal», proponen.
INTERVENCIÓN JUDICIAL A INSTANCIAS DE LA COMUNIDAD DE VECINOS
Además, abre la puerta a que en los procesos intervengan las comunidades de propietarios, a las que se confieren medios de defensa jurídica. Pablo Casado argumentó que, «ante comportamientos violentos de los okupas», las comunidades de vecinos y los propietario que son personas jurídicas «deben poder actuar directamente ante los tribunales. Esto no solo son fondos de inversión. Hay inmobiliarias, hay pequeños autónomos, que tienen pisos y los tienen registrados como personas jurídicas y hasta ahora no podían a actuar», manifestó.
La iniciativa también deslinda los conceptos de morada o domicilio de las situaciones de ilegalidad por ocupación: «La presente norma tiene como finalidad reforzar el concepto de domicilio, pero ligado al del legítimo propietario, poseedor o titular de un derecho sobre la cosa inmueble, frente a quien ocupa sin título y sin tolerancia del primero», subraya.
Ello permite «prohibir que los ayuntamientos permitan empadronarse a los okupas», ya que, según dijo en su día Casado, «se empadronan para recibir ayudas sociales y para que los legítimos propietarios de la vivienda no les puedan desahuciar».
LOS DESAHUCIOS POR VULNERABILIDAD, AL MARGEN
Eso sí, el PP precisa que sus reformas «nada obstan a la debida protección de los más desfavorecidos», las «situaciones en precario» y la garantía de la vivienda que deriva de los principios rectores de la política social». «No deben, por tanto, confundirse las necesidades de vivienda y su cobertura con la lucha contra la delincuencia, las actividades incívicas y las conductas que pongan en riesgo la seguridad de las personas y las cosas», concluyen.
«El tema de desahucios hipotecarios por vulnerabilidad social no opera para esto. Todo lo contrario», subrayó Casado, remarcando que la ley del PP busca proteger a «clases medidas ahorradoras que no tienen por qué ver su casa ocupada y cada vez más con mafias y con redes de extorsión dedicados a ello».
