El Juzgado de lo Penal 4 de Málaga tiene previsto juzgar este jueves día 11 a la expareja del joven fuengiroleño Domingo Expósito –asesinado en 2014 en Argentina–, acusada de supuestamente llevarse a la hija de ambos a dicho país sin permiso. El fiscal y la acusación particular, en representación de la madre del fallecido, solicitan cuatro años de prisión por un delito de sustracción de menores.
Este juicio estaba previsto inicialmente para noviembre de 2019, pero fue suspendido y se volvió a fijar para este jueves. La vista oral se celebrará en parte por videoconferencia, utilizando un programa informático, ya que la acusada reside en Argentina y no estará físicamente en la sala en Málaga, al igual que iba a ocurrir la primera vez que se señaló.
El hombre fue asesinado en junio de 2014, justo días antes de que viajara de regreso de Argentina a España con su hija de seis años entonces, de la que había conseguido la custodia. La ahora acusada fue condenada en dicho país en relación con este crimen y luego fue absuelta.
Los hechos que ahora se juzgan sucedieron en 2010, cuando, según las conclusiones iniciales de la acusación particular, tras romperse la relación de la pareja, la procesada se llevó a Argentina –su país de origen– a la niña, que había nacido en mayo de 2008 en España y residía en Fuengirola, y supuestamente lo hizo «sin previo aviso, sin conocimiento del padre y sin su autorización ni consentimiento».
El letrado de la familia, Manuel Huertas, señala en su escrito que el objetivo de llevársela era «impedir cualquier contacto» de la niña con su padre y con la familia de este, «perjudicando gravemente tanto los intereses de la menor como los de su familia paterna». Además, precisa que la procesada «no comunicó en ningún momento el lugar concreto donde la niña pudiera encontrarse a partir de entonces».
El escrito de esta acusación, apunta a que en marzo de 2011 un juzgado de Fuengirola le dio la custodia al padre, quien siguió el procedimiento legal de restitución de la menor en Argentina; pero, supuestamente, la acusada «se vino negando de todo punto a lo resuelto tanto por el juzgado español como por el de Familia de Comodoro Rivadavia en orden al reintegro de la menor» al padre.
Para la representación de la familia, se trata de un delito de sustracción internacional de menores y retención, incumpliendo gravemente el deber establecido por una resolución judicial, por el que solicita cuatro años de cárcel.
Por su parte, la Fiscalía señala en sus conclusiones iniciales, que tras la ruptura ambos progenitores «acordaron verbalmente un régimen de guarda, custodia y visitas respecto a la menor», parecido a una custodia compartida, pero que la acusada, «actuando en todo momento sin el conocimiento del padre, se marchó con la niña a su país de origen».
Coincide con la acusación particular en que permaneció en Argentina «sin dar a conocer al padre el paradero de su hija, y privándole de cualquier contacto». También señala que supuestamente la mujer ignoró la resolución de custodia al padre, «llegando a impedir su asistencia a centro escolar con el fin de evitar la localización y entrega al progenitor».
Ambas acusaciones solicitan, además de la pena de cuatro años de prisión, la inhabilitación para ejercer el derecho de patria potestad durante diez años.
