El secretario general del PSOE de Valladolid y senador, Manuel Escarda, ha señalado este lunes en su visita a la finca de 'Los Alfredos', en Medina del Campo, donde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha exhumado una treintena de cadáveres de represaliados, que en Afganistán en estos días sucede "algo parecido" a lo que ocurrió en España tras el "golpe de Estado" del 18 de julio de 1936.

Escarda, junto a representantes de su partido y de UGT, ha visitado este lunes la finca de 'Los Alfredos', situada en Medina del Campo y donde la ARMH ha trabajado en los últimos meses para recuperar aproximadamente una treintena de cadáveres de personas que fueron asesinadas por los sublevados del bando nacional en las primeras semanas de la Guerra Civil española y arrojadas a una bodega abandonada y a un pozo.

El representante socialista ha señalado algunas similitudes que observa entre lo que ocurrió en las jornadas posteriores al "golpe de Estado" de 1936 y lo que sucede en Afganistán en los últimos días después de la toma del poder por parte de los talibán.

"Un ejército fundamentalista, fanático, ocupa una capital y el ejemplo es muy similar a lo que ocurrió aquí. Comienza una represión, comienzan a buscar a personas colaboradoras con los gobiernos democráticos", ha explicado Manuel Escarda, que ha matizado que desconoce "cómo acabará" la situación del país asiático, pero teme que "indudablemente no va a acabar bien".

En el caso de España en julio de 1936, según Escarda, ocurrió algo "muy parecido" ya que señala que todavía no había un "frente bélico", hubo un golpe de Estado y en Valladolid, poco después, los sublevados y sus partidarios comenzaron "acudir a los domicilios, comenzaron las persecuciones, el terror de las familias y esto como resultado final", en referencia a la ejecución y asesinato de personas que eran arrojadas a fosas comunes o pozos, como en el caso de Medina del Campo.

"Con la impunidad gracias a enterrarlos a 35 metros de profundidad", ha añadido Escarda, que ha matizado que por ello es "muy valioso" el trabajo de la ARMH para "conocer la verdad y reparar a las víctimas".

En el caso de 'Los Alfredos', como ha explicado el presidente de la ARMH en Valladolid, Julio del Olmo, el trabajo de los últimos meses ha permitido recuperar todos los restos humanos que se encontraban en el pozo y en la finca, que cuenta con una bodega y que posiblemente en el año 1936 se encontraba abandonada, motivo por el cual los sublevados escogieron este punto para llevar a cabo las ejecuciones o "hacer desaparecer" los cadáveres.

El trabajo se ha llevado a cabo con voluntarios de la Asociación, pero con el respaldo de las subvenciones tanto de la Junta de Castilla y León como del Gobierno para poder hacerlo de una manera "más profesional" y poder acceder correctamente a la bodega y al pozo, a lo que Del Olmo también ha sumado la ayuda "con personal y maquinaria" de la actual Corporación del Ayuntamiento de Medina, gobernado por el Partido Popular, así como de la anterior.

Del Olmo ha relatado que el pozo se localizó gracias a una fotografía aérea y "la sorpresa" ha sido la profundidad, ya que se tardó tres meses en vaciar el pozo hasta localizar los primeros restos humanos a 31 metros bajo tierra. Los últimos se han sacado a 35 metros de profundidad.

ABRAZADOS 85 AÑOS DESPUÉS

El trabajo del arqueólogo se ha llevado a cabo sin apoyar en el suelo, con un mecanismo "sencillo", con el objetivo de extraer los restos individualmente, acompañados por objetos personales y circunstancias de su muerte. De hecho, ha destacado que "lo último" que se ha encontrado ha sido cómo dos personas permanecían abrazadas en el interior del pozo.

"Eso nos da idea del dramatismo de las escenas que se vivieron. Dos personas que se abrazan antes de morir y a 35 metros de profundidad y 85 años después permanecen abrazadas", ha subrayado.

Julio del Olmo ha señalado que el Estado ha aprobado para éste y otros trabajos en fosas de toda España un total de 50 millones de euros. Para este pozo, ha destacado, la cantidad económica "va a ser importante" para realizar contrastes de ADN con los familiares que se creía que podían estar aquí y que se tratará de identificar en los próximos meses, ya concluidos los trabajos de exhumación.

En el pozo solo resta, ha añadido, instalar varios anillos ya que la intención es taparlo y conservar la estructura. En este sentido, Julio del Olmo ha agradecido también las "facilidades" que ha dado el propietario de estos terrenos.

Por su parte, el secretario de Relaciones Institucionales de UGT en Castilla y León, Julio César Martín, ha incidido en la importancia del trabajo realizado y ha querido también reconocer que además del voluntariado comienza a "haber dinero" para estas tareas, como la línea de subvenciones de la Junta de Castilla y León, que lleva "muy avanzado el Plan de Fosas".

Según Martín, ya se ha localizado 526 fosas documentadas en Castilla y León, si bien ha apuntado que "posiblemente" serán muchas más y algunas queden "siempre perdidas en el olvido, no por no por falta de investigación, sino porque cómo se ve en esta fosa tuvieron especial cuidado de intentar no dejar documentación".

El representante de UGT ha insistido también en que en "la Meseta" aunque "para mucha gente parece que no hubo represión", ésta fue "dura, constante y sin ningún tipo de documentación".

A este respecto, Manuel Escarda ha añadido el avance en el nuevo proyecto de Ley sobre la recuperación de la Memoria Histórica, que además reconoce a estos represaliados como "víctimas de desaparición forzosa", por lo que "el último responsable de la búsqueda tiene que ser el Estado" mediante distintas fórmulas, como la aportación económica.

El secretario provincial socialista ha añadido que lo ocurrido en julio de 1936 fue "un atentado contra la democracia, que en aquel momento era republicana" y "un hecho más en la historia de la infamia, un ataque brutal contra todo el espíritu de búsqueda de libertad de la sociedad civil".

Un recluso del centro penitenciario de Albocàsser (Castellón) ha fallecido en la madrugada de este pasado domingo en la celda que ocupaba tras prenderle fuego a su colchón, según han confirmado fuentes de Instituciones Penitenciarias (IIPP).

Se trata del tercer preso que provoca un incendio en sus celdas en el módulo de aislamiento de este centro en el último mes, el primero que ha fallecido como consecuencia de estas acciones. La autopsia determinará las causas de la muerte.

Según IIPP, los hechos se produjeron en torno a las 5.00 horas de la madrugada del sábado al domingo en el módulo de aislamiento, donde se encontraba el interno en régimen cerrado en primer grado y además ocupaba una celda acristalada bajo la vigilancia de otro preso.

Desde IIPP han apuntado que el interno que le acompañaba avisó a los funcionarios al percatarse del humo en la celda al mismo tiempo que sonaron las alarmas. Los trabajadores actuaron con la mayor rapidez posible para acceder a la celda, donde se encontraron al recluso inconsciente en la zona de la ducha. Según han aseverado fuentes de IIPP, aunque se trasladó al preso a la enfermería, ya no se puedo hacer nada por su vida.

Tras este tercer incidente, el sindicato CSIF ha subrayado en un comunicado la "necesidad de soluciones urgentes" y ha pedido que "se incrementen con celeridad tanto los medios humanos y materiales como los jurídicos para poder actuar con garantías en este tipo de casos".

La central sindical también ha insistido en que se proporcione al personal "la catalogación profesional como 'agentes de la autoridad' y se revise la legislación que permite a este tipo de reos disponer de encendedores como un derecho más".

Además, CSIF ha denunciado la "falta de formación actualizada" ya que, según ha indicado la central sindical, "el último curso de formación que se hizo en este ámbito fue hace cuatro años y únicamente se ofertaron 20 plazas cuando únicamente en Albocàsser trabajan cerca de 400 funcionarios".

El Govern balear ha acordado este lunes mantener en Ibiza y en Mallorca la limitación a las reuniones sociales entre no convivientes entre la 01.00 y las 06.00 horas, mientras que ha decidido levantar estas restricciones en Menorca y retrasarlas hasta las 02.00 horas en Formentera.

Así lo ha aprobado este lunes el Ejecutivo balear después de que la presidenta del Govern, Francina Armengol, haya presidido una nueva reunión de la Mesa de Diálogo Social para evaluar la situación de la pandemia.

En una rueda de prensa en el Consolat de Mar, el portavoz del Ejecutivo balear, Iago Negueruela, ha señalado que la situación sanitaria actual "permite ser optimistas sin bajar la guardia". En estos momentos, más del 78% de la población diana de Baleares ha recibido una dosis de la vacuna y el 72% ya tiene la pauta completa.

FIN DE LAS RESTRICCIONES NOCTURNAS EN MENORCA

En el caso de Menorca se levantan las restricciones nocturnas en el ámbito social debido a la evolución positiva y la tendencia a la baja de las cifras de infectados con COVID-19 en la isla.

Otra de las principales novedades es la ampliación de la hora de cierre de los bares y restaurantes, que pasa de las 01.00 a las 02.00 horas. También se incrementa el número de personas que pueden compartir mesa en bares y restaurantes que a partir de este lunes serán de ocho personas en el interior y 12 personas en el exterior.

En Menorca, el conseller de Fondos Europeos, Cultura y Universidad, Miquel Company, ha avanzado que la flexibilización de las medidas entra en vigor este mismo lunes y se prolongarán durante un mes, aunque ha matizado que se irán revisando "para ir desescalando de forma más ágil si las cifras lo permiten.

El responsable autonómico ha dado la enhorabuena a la sociedad menorquina por su esfuerzo, "a pesar de algunos casos puntuales" y ha remarcado que "no podemos bajar la guardia". Asimismo, ha alertado que de cara al inicio de curso "debemos estar muy atentos" y ha apelado a la responsabilidad social y colectiva "para que las cosas salgan bien".

Por su parte, la directora médica del Hospital Mateu Orfila de Maó, Tamara Contreras, ha remarcado que "la pandemia no ha terminado, a pesar de que se suavicen las medidas". En este punto, ha hecho hincapié en la necesidad de que se vacunen aquellos que todavía no lo han hecho, aunque ha asegurado que la inmunidad de rebaño "será muy complicada".

"Hay mucho discurso mágico vendiendo humo y la única respuesta es la ciencia", ha manifestado, antes de apuntar que "muchos menorquines han visto retrasarse sus intervenciones quirúrgicas porque el hospital se ha colapsado de personas no vacunadas".

Según el informe del pasado 19 de agosto, Menorca presentaba una incidencia acumulada a 14 días de 346 casos por cada 100.000 habitantes, así como una ocupación a planta y a UCI por casos COVID del 6,06% y 11,11% respectivamente.

IBIZA Y MALLORCA MANTIENEN LAS RESTRICCIONES

En el caso de Ibiza y Mallorca, las restricciones nocturnas se mantienen como estaban hasta ahora, es decir, con la limitación a las reuniones sociales entre no convivientes entre la 01.00 y las 06.00 horas.

En Mallorca, la incidencia se encuentra en los 501,1 casos por cada 100.000 habitantes, con una ocupación en planta por casos COVID de un 9,28% y de un 25,3% en UCI. Si la situación en la isla evoluciona de forma favorable, se prevé relajar también las restricciones nocturnas la próxima semana.

En el caso de Ibiza, la incidencia es de 836,5 casos por cada 100.000 habitantes, con una ocupación en planta hospitalaria por casos COVID de un 15,31% y en UCI de un 16,39%.

Por su parte, Formentera retrasa la prohibición de reuniones sociales hasta las 02.00 horas. En el caso de la isla, la incidencia es de 428 casos y sigue una tendencia descendente.

Fundación Multiópticas ha anunciado la donación realizada durante el mes de agosto a distintas instituciones de Arusha (Tanzania) y Cité Damel, en Dakar (Senegal). En este último caso, en total, se han entregado 1.753 gafas de niños, repartidas en sol y graduado, 500 estuches de la Fundación, 80 gorras y 50 monturas de mujer.

"Nos sentimos muy unidos al pueblo africano desde el primer paso que dimos en Senegal con Mirada Solidaria en 2018 y repetimos en 2019. Debido a la pandemia ni el pasado año ni este hemos podido volver a atender a niños y mayores, por eso en cuanto conocimos de este proyecto nos sumamos con fuerza. Volver a Senegal, no físicamente pero sí con nuestra ayuda material, y conocer la labor que se realiza en Arusha nos ha permitido retomar parte de Mirada Solidaria", ha explicado la directora de Relaciones Corporativas de Multiópticas y responsable de Fundación Multiópticas, Salomé Suárez.

Según la fundación, en Tanzania la mayoría del material se ha entregado al colegio Blue Sky School y a la enfermería en construcción del centro, así como a un centro de personas invidentes. Además, parte de la donación se ha proporcionado al orfanato Fruitful Orphanage. Esta iniciativa ha sido posible debido a la colaboración con Rafiki Projects, asociación asentada en Arusha que busca el desarrollo de la comunidad con proyectos basados en la educación y el progreso de la salud. En Senegal, la donación se ha destinado al orfanato Le monde des petits.

"La mirada de todos cuando se han puesto las gafas por primera vez nos impulsa a continuar trabajando en el desarrollo de la salud y educación de estas comunidades", ha manifestado la enfermera y voluntaria de Rafiki Projects, María Carrasco.

Esta acción de Fundación Multiópticas incide sobre las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 (Fin de la Pobreza), 3 (Salud y Bienestar) y 4 (Educación de Calidad), senda marcada por Naciones Unidas y que señalan un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de las sociedades.

En el 2021, Fundación Multiópticas cumple 15 años de su nacimiento y, durante este periodo, ha entregado cerca de 160.000 gafas, con una estimación de beneficiados totales de en torno a 30.000 personas.

Asimismo, Multiópticas ha asegurado que pretende retomar en España durante el próximo curso las acciones de Mirada Solidaria, enfocadas a la atención infantil, junto con sus nuevos socios Fundación Soñar Despierto, Aldeas Infantiles SOS España, así como Mensajeros de la Paz.

La red ciudadana Sare se manifestará este viernes, 27 de agosto, en las calles de Bilbao para reclamar que se siga "avanzando en el camino abierto" y "desaparezca la legislación de excepción" que se aplica a los presos de ETA y se aplique la progresión de grado a estos reclusos.

Representantes de Sare, apoyados por miembros de algunas de las comparsas de Bilbao, han presentado este lunes la marcha que habitualmente se celebra coincidiendo con el día grande de las fiestas de la capital vizcaína, este año de nuevo suspendidas por la pandemia. La marcha partirá a las siete y media de la tarde de la plaza Elíptica de Bilbao.

En la comparecencia, han dado lectura a un texto en el que valoran que, "después de largas décadas, se han dado pasos significativos para poner fin a la política de alejamiento" de los presos de ETA, lo que "está siendo fundamental sobre todo para aligerar la carga de sus familiares y amistades".

Además, consideran que "es un primer paso importante para poder avanzar en el camino de vuelta a casa que deben recorrer" los reclusos. No obstante, advierten de que "no es suficiente".

Según explican, por un lado, porque la mayoría de los presos "sigue en cárceles situadas fuera de Euskal Herria" y, por otro, porque la aplicación "normalizada" de la progresión de grado a todos los reclusos es "un instrumento imprescindible para desarrollar ese proceso".

"Si no se pone fin a la legislación de excepción, no se va a dar esa normalización, es decir, la aplicación de la legislación ordinaria", defienden.

SEGUIR AVANZANDO

Por ello, desde Sare han reafirmado la necesidad de continuar movilizándose para "seguir avanzando en ese camino abierto por esta nueva situación, para que desaparezca la legislación de excepción y se aplique la progresión de grado".

De este modo, han realizado un llamamiento a la ciudadanía a manifestarse este viernes en Bilbao. "Sigamos andando, haciendo el camino a casa", han señalado.

Un total de 15 grandes incendios forestales, aquellos que superan las 500 hectáreas de superficie, se han contabilizado desde que comenzó 2021 hasta el 15 de agosto, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que todavía no incluyen el fuego de Cepeda de la Mora-Navalacruz (Ávila), el más devastador de los últimos tiempos.

La cifra duplica a los 7 grandes incendios forestales (GIF) que se registraron en el mismo periodo del año anterior y supera también los 11 GIF de media de los últimos diez años. Con estas cifras, el año 2021 se sitúa ya como el tercero con más GIF en este decenio, por detrás de 2012 --el peor-- con 30 GIF, y de 2017, con 16 GIF. Hace dos años, en 2019, en este plazo se produjeron 12 grandes incendios de estas dimensiones.

Además, entre el 1 de enero y el 15 de agosto, han ardido 46.468,94 hectáreas de superficie en España, un 52,38 por ciento más que en el mismo plazo del año pasado, aunque un 19,52 por ciento menos que la media del decenio.

De las 46.468,94 hectáreas quemadas lo que va de ejercicio, 25.305,79 hectáreas eran de superficie matorral y monte abierto, 16.798,14 hectáreas de arbolada y 4.365,02 hectáreas de pastos y dehesas.

En cuanto al número de siniestros, hasta el 15 de agosto se han contabilizado 5.942 incendios. No obstante, la mayor parte, 3.802 fueron conatos, es decir fuegos que no llegaron a alcanzar una hectárea quemada y 2.140 superaron una hectárea. Entre ellos, 15 se convirtieron en grandes incendios forestales.

La distribución de los fuegos ha estado muy repartida, ya que el 39,09 por ciento se produjeron en el noroeste; el 38,67 en las comunidades interiores; el 21,74 por ciento en el Mediterráneo y el 0,49 por ciento en Canarias.

En el noroeste, con el 39,09 de los incendios, se quemó el 43,87 por ciento de la superficie forestal y el 24,19 por ciento de la superficie arbolada. Mientras, en las comunidades interiores, con casi el 40 por ciento de los siniestros (38,67 por ciento), ardió el 33,30 por ciento de las hectáreas afectadas de superficie forestal y el 43,37 por ciento de la superficie arbolada.

Por su parte, en el Mediterráneo, con más de un quinto de los incendios (21,74%) contabiliza el 16,12 por ciento de la superficie forestal quemada y el 16,93 por ciento de la superficie arbolada.

Destaca Canarias, donde con apenas el 0,49 por ciento de los siniestros, se ha quemado el 6,71 por ciento de la superficie forestal y el 15,51 por ciento de la superficie arbolada total.

Probablemente, la próxima estadística de incendios del Ministerio experimentará una gran variación una vez que se incorporen los datos de los grandes incendios como el de Ávila. La Junta de Castilla y León estima que podrían haberse calcinado unas 22.000 hectáreas de superficie.

En todo 2020 ardieron 65.923,08 hectáreas de superficie y durante todo el ejercicio se alcanzó la cifra de 19 grandes incendios, de modo que terminó como el quinto año del decenio con menos superficie quemada.

En las dos décadas que van de siglo, se recuerdan grandes incendios como el de Fuenterrabía en 2010, con 500 hectáreas afectadas; las 28.879 hectáreas quemadas en 2012 en Cortes de Pallas (Valencia) uno de los peores de toda la serie histórica o las 22.510 hectáreas que casi a continuación, esos días de 2012 ardieron en Andilla (Valencia).

El más grande que se ha registrado hasta la fecha en la estadística general de incendios forestales tuvo lugar en 2004, en los municipios de Minas de Riotinto y Berrocal, en Huelva y Sevilla respectivamente, que alcanzó a 29.867 hectáreas.

Cabe recordar uno de los más recientes, el de Valleseco, en la isla de La Palma, que se llevó más de 10.000 hectáreas en 2019. En Tejeda (Gran Canaria) en 2007 ardieron 19.200 hectáreas y esos mismos días de julio en Realejo (Tenerife) se quemaron otras tantas.

Las estadísticas reflejan que otro de los peores fuegos tuvo lugar en Valencia de Alcántara (Cáceres) en 2003, con 13.700 hectáreas quemadas aproximadamente. Sin duda, uno de los incendios que quedará en la memoria es el de 2005 en Riba de Saélices (Guadalajara), donde además de quemarse 12.800 hectáreas perdieron la vida 11 personas en un fuego iniciado por una barbacoa. Diez años más tarde, en 2015 en Quesada (Jaén) ardieron 9.000 hectáreas.

En Castilla y León, hasta que se incorpore a los registros el de Navalacruz, el fuego de Castrocontrigo de 2012 es uno de los que encabeza la lista autonómica, tras arder 11.800 hectáreas y en 2003 en Agallas (Salamanca) una quema agrícola provocó que se quemaran casi 11.500 hectáreas.

El vicesecretario general y portavoz del Comité Ejecutivo de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha augurado este lunes que los políticos independentistas seguirán pidiendo al Gobierno de Pedro Sánchez que haga determinadas cesiones a través de la mesa de diálogo sobre Cataluña y, al final, abandonarán esta vía de interlocución.

En una rueda de prensa en la sede de Cs, Bal ha criticado las posturas expresadas por el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, y por el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, sobre lo que ha llamado "la mesa de la vergüenza".

Mientras que el primero ha dejado claro que no renuncian a la vía unilateral para conseguir la independencia, Junqueras cree que, aunque el Gobierno no acepte la celebración referéndum de autodeterminación, la mesa de diálogo puede servir para lograr el aval de la comunidad internacional ante esa negativa.

El dirigente de la formación naranja ha acusado al exvicepresidente catalán de intentar utilizar ese foro "para dañar la imagen internacional de España" y ha censurado la postura de los separatistas de no renunciar al referéndum en ningún caso. "Uno acude a una mesa a negociar diciendo: 'como no resulte esto que yo quiero, te vas a encontrar con esto otro'", ha comentado.

DE LA MESA DE DIÁLOGO NO SALDRÁ "NADA BUENO PARA LOS ESPAÑOLES"

En su opinión, "de ahí no va a salir nada bueno para los españoles" y el único resultado será, "de nuevo, las cesiones del señor Sánchez al independentismo y al separatismo, los privilegios en lugar de la igualdad de todos los españoles".

"Los separatistas, que son voraces e insaciables, seguirán pidiendo hasta el momento en que se levanten y digan 'España nos roba'", pero en realidad "nos roban aquellos que dedicaron recursos públicos a realizar un referéndum ilegal" en 2017, ha señalado Bal.

Además, ha reiterado la oposición de Ciudadanos a que se usen recursos públicos del Instituto Catalán de Finanzas para avalar las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclama a decenas de ex altos cargos del Govern por gastos indebidos de la acción exterior y ha lamentado también la "connivencia culpable del PSC", cuyos diputados en el Parlament se abstuvieron en la votación para convalidar el decreto que establecía este mecanismo.

A continuación, ha vuelto a pedir a Sánchez que intervenga las cuentas de la Generalitat. "Parece que el presidente del Gobierno es el único que sigue sin enterarse de lo que son capaces de hacer los independentistas", ha indicado.

El Gobierno de Aragón "acata" el auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) sobre la exención del pago de las PCR por parte de los trabajadores de las residencias de mayores no vacunados. La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha señalado que, en cualquier caso, las pruebas "no van a dejar de hacerse".

Broto ha reconocido: "Nosotros tomaremos las medidas oportunas para que estas pruebas se sigan realizando". Además, ha agregado que las PCR seguirán siendo obligatorias cada 72 horas, tal y como marca el protocolo de Sanidad, independientemente de a quién corresponda el pago.

"Los trabajadores de las residencias debían vacunarse desde el primer día", ha declarado Broto, por "el bienestar de los residentes y por la salud". En este sentido, ha añadido que atienden a un colectivo vulnerable y "la vacunación supone la protección de los mismos trabajadores y de sus familias".

La consejera ha dejado clara la insistencia del Ejecutivo autonómico en el proceso de vacunación, que comenzó el 27 de diciembre para este colectivo, pues los datos demuestran que "la situación es mucho mejor". Asimismo ha subrayado que el 97 por ciento de los trabajadores de residencias han recibido las dos dosis de la vacuna.

"Se nos hace difícil de entender que personas que trabajan una residencia no están vacunadas", por lo tanto, "seguimos insistiendo en ese tema desde el punto de vista ético y moral", ha recalcado Broto.

No obstante, "estoy satisfecha porque hemos avanzado mucho", y se ha comprobado que la vacuna es positiva y el mejor escudo contra la enfermedad, ha dicho. Pero es importante que se hable de este tema, ha insistido la consejera, y que "que convenzamos a los trabajadores de que deben vacunarse".

El 83 por ciento de los positivos por COVID-19 en la población general eran personas no vacunadas; el 12 por ciento habían recibido la primera dosis y el sólo el 5 por ciento contaba con la pauta completa de vacunación.

Andalucía ha registrado este lunes 23 de agosto una bajada de 67 pacientes hospitalizados por Covid respecto a la jornada del sábado para situarse en un total de 1.190, la menor cifra de todo el mes de agosto, y que en la comparativa intersemanal, supone un descenso de 139 pacientes en siete días.

En el caso de los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se han registrado 216, una reducción de 16 con respecto a este sábado y 31 menos que los difundidos hace una semana.

Así lo detalla la Junta de Andalucía en el parte diario de la enfermedad. Los hospitalizados han descendido en 67 en 48 horas, tras reducirse consecutivamente en 30, en 64 y en 69 el sábado, viernes y jueves respectivamente, subir en 23 el miércoles y en 68 el martes y bajar en 87 el lunes y domingo pasados, cuando había 1.329 hospitalizados.

Los pacientes en UCI han bajado en 16 este lunes tras, tras subir en ocho el sábado, después de dos jornadas consecutivas con descensos --en 10 este viernes y en otros 10 el jueves--, haber subido en ocho el miércoles, bajar en 16 el martes y sumar cuatro en domingo y lunes anteriores, cuando se contabilizaron 247 ingresados en cuidados intensivos.

Lejos quedan aún los picos de hospitalizados registrados en la tercera ola el 2 de febrero (4.980), en la segunda el 10 de noviembre del año pasado (3.478) y en la primera el 30 de marzo del mismo año (2.708). El de la cuarta ola en primavera de este año, que fue de menor incidencia que las anteriores, sí queda más cerca. Se registró el 20 de abril (1.593).

Respecto a las UCI, Andalucía también está muy por debajo del pico de la tercera ola alcanzado el 7 de febrero (735), del de la segunda el 18 de noviembre del año pasado (528) y del de la primera el 30 de marzo del mismo año (439). El de la cuarta ola queda más cerca y fue el 29 de abril (351).

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado que se trata de un "error" el documento que asegura que se vacunó a través de Cruz Roja a órdenes religiosas en diciembre de 2020, ya que ese mes solo se recibieron 1.290 dosis que se pusieron "en una residencia pública, una privada y otra concertada".

Así ha respondido el titular de Sanidad madrileño al ser preguntado por la información adelantada por la 'Cadena Ser' en la que la Asociación Madrileña de Enfermería denuncia que la autonomía inoculó en diciembre de 2020 1.585 vacunas a congregaciones religiosas.

"Comenzamos esa vacunación de esas órdenes religiosas que son residencias y que no estaban en nuestro registro, pero son personal vulnerable, cuando llevábamos cerca del 90% del resto vacunado", ha defendido Escudero, quien sitúa ese arranque en el mes de marzo de 2021. "Ese dato es una confusión", ha insistido.

Al hilo, ha explicado que el dato que aparece en el documento del Portal de Transparencia es el de "todo lo administrado en 2020" y que cuando arrancó la inmunización en esos centros religiosos "ya estaban dentro del protocolo porque son recursos residenciales donde viven mayores vulnerables".

Por su parte el presidente de la Asociación Madrileña de Enfermería, Víctor Jiménez, ha señalado que solicitaron esta información al Portal de Transparencia porque querían conocer cuántas vacunas y donde administraron desde Cruz Roja, "tras la firma de un contrato que no se entendía, y que ya se criticó en su momento, porque la Sanidad Pública tenía la capacidad con refuerzo para afrontar la campaña de vacunación".

"Nuestra sorpresa fue encontrar que se haya vacunado en diciembre a congregaciones religiosas porque ese contrato no fijaba esos lugares, que no son residencias ni centros sociosanitarios, que eran la prioridad. La Comunidad ha puesto como excusa que se trata de centros con residentes, pero no puede ser así porque están perfectamente separados en el documento de los geriátricos", ha indicado.

Jiménez ha criticado el "trato diferenciado" a los religiosos que viven en congregaciones y conventos, cuando los madrileños de a pie mayores de 80 años "tuvieron que esperan hasta finales de febrero y marzo para poder ser inmunizados, y además tuvieron que trasladarse a centros y hospitales para ello; no fueron a su casa con la dosis como a estas congregaciones". "Es llamativo este trato especial y rocambolesca la situación, lo mires por donde lo mires, a no ser que el objetivo fuera evitar el control por parte de los servicios sanitarios públicos", ha apuntado.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Sanidad han indicado que la vacunación contra el coronavirus en residencias de mayores comenzó el 27 de diciembre de 2020 en tres geriátricos y continúo durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021 contando con equipos de vacunación de Atención Primaria y Cruz Roja formados por la Dirección General de Salud Pública.

El borrador del decreto que regula el desarrollo de entornos más seguros de juego prohibirá el uso de tarjetas de crédito a jugadores intensivos y aquellos que tengan comportamientos de riesgo y prevé que los jugadores de plataformas de apuestas y otros juegos tengan que establecer la cantidad máxima a apostar y fijar un tiempo máximo de juego.

Una vez que el jugador haya agotado el tiempo o la cantidad máxima a minorar de su cuenta durante la sesión de juego, ésta finalizará automáticamente, produciéndose la desconexión de la plataforma una vez finalice la partida. Y, en el caso de las apuestas, una vez que se configure la cantidad máxima a apostar correspondiente a la sesión diaria de juego, el participante no podrá modificar los valores asignados hasta que transcurran 24 horas desde esa configuración.

El objetivo de estas medidas que prevé el decreto, y cuyo periodo de exposición pública acaba de finalizar, es desarrollar un marco de protección para aquellos participantes, cualquiera que sea su edad, con posibilidad de desarrollar comportamientos de riesgo en su actividad de juego, o bien de aquellos otros colectivos que ya hayan desarrollado tales comportamientos.

En el texto, que deberá pasar a la Comisión Europea y al Consejo de Estado una vez que se estudian la treintena de alegaciones presentadas, distingue entre los jugadores que no tiene comportamientos de riesgo y los intensivos, en alusión a los que hayan sobrepasado el cincuenta por ciento del límite de depósito diario (600 euros) o semanal (1.500 euros) al menos en tres periodos consecutivos de tiempo.

En aquellos casos en que los jugadores sean participantes jóvenes, el límite de referencia será del veinticinco por ciento, en dos periodos consecutivos de tiempo. Asimismo, los jóvenes pasan a ser intensivos si se han gastado 150 euros dos días seguidos o 375 euros durante dos semanas seguidas.

Asimismo, el borrador hace referencia jugadores autoprohibidos que se prohíben la participación en el juego y a los autoexcluidos que restringen el acceso a su cuenta. Finalmente, el decreto hace alusión a cliente privilegiado que se trataría de aquella persona que es objeto de programas de atención especializados por el operador.

MEDIDAS DE CONTROL

Como medidas de control, todos los operadores tienen que designar a una persona responsable de juego seguro, diseñar un plan de medidas activas y cumplir las obligaciones de formación. Así, entre los mecanismos de prevención previstos, se regulan los límites para la inclusión de los jugadores en los programas de clientes privilegiados y se prohíbe la inclusión de jóvenes en estos programas, las configuraciones previas de las sesiones de juego en tiempo y cantidad de dinero máximo a gastar y el resumen de la actividad de juego, test de autoevaluación y evaluación de los riesgos de cada juego.

También se establecen mecanismos para la prevención para jugadores intensivos y para los jóvenes como la obligatoriedad de incluir mensajes alertando de esta condición, prohibición del uso de tarjetas de crédito a los jugadores intensivos y prohibición de regalos, contraprestaciones o prebendas a participantes jóvenes.

Para los participantes incursos en comportamientos de juego de riesgo, se deberá informar al jugador se su condición con solicitud de acuse de recibo. Si no se recibe respuesta del jugador en 48 horas el operador suspenderá la relación de juego con el participante, impidiéndole participar en actividades de juego, hasta que se produzca.

Igualmente, tampoco podrán recibir ninguna clase de actividad promocional ni ofrecerles a estos participantes ningún tipo de regalo, prebenda o contraprestación ajenas a la actividad de juegoLos operadores deberán excluir a las personas usuarias en riesgo de cualquier programa o plan de atención especializado que conlleve la inclusión de estos jugadores en una lista de clientes privilegiados

Asimismo, las plataformas deberán tener procedimientos internos que permitan verificar si los ingresos corrientes de las personas incursas en comportamientos de riesgo son compatibles con el nivel de gasto mantenido en su relación con el operador.

Finalmente, en el caso de los jugadores autoprohibidos o autoexcluidos, se preverá la suspensión de cuentas de juego, restricciones a las comunicaciones comerciales y se prevé la obligación de enviar un mensaje específico para personas que hubieran estado inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.

Los operadores deberán también desarrollar procedimientos internos destinados específicamente al seguimiento y detección de posibles intentos de sus jugadores inscritos en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego de volver a jugar suplantando la identidad de otro jugador.

En el plazo de dos años desde la entrada en vigor del decreto, la autoridad reguladora desarrollará un mecanismo de detección de comportamientos de riesgo que será utilizado por todos los operadores en los términos que determine dicha autoridad. No obstante, el ministerio que dirige Alberto Garzón está estudiando rebajar este plazo a seis meses.

Euskadi ha reducido este pasado domingo a 363 los nuevos contagios por COVID-19, lo que suponen 177 menos que en la jornada anterior, pero ha aumentado la presión en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), al pasar de 80 a 82 pacientes, según ha informado este lunes el Departamento vasco de Salud.

A lo largo del día de ayer se hicieron 4.083 test diagnósticos (1.138 menos que el sábado), de los que 363 fueron positivos, frente a los 540 de la jornada anterior.

La tasa de reproductividad (R0) se sitúa en 0,87 (-0,01), mientras que la incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes se encuentra en 434,97 casos (-9,96) y entre los mayores de 65 años se sitúa en los 201,67 (+1,42).

Por territorios, en Álava se han registrado 50 nuevos positivos (38 menos que el sábado), 200 en Bizkaia (48 menos) y 106 en Gipuzkoa (80 menos). Además, siete personas con residencia fuera de Euskadi han resultado contagiadas en las últimas 24 horas, once menos que la jornada anterior.

Estos 363 casos suponen una tasa de positivos en relación a las pruebas efectuadas del 8,9%. La trazabilidad de los casos sitúa en el 34,8% los positivos detectados por ser contactos de otros casos y el 33,7% de positivos se realizaron las pruebas por presentar síntomas de covid.

Álava es el único territorio que supera los 500 casos de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes, ya que se sitúa 520,28 casos y su tasa de reproductividad es de 0,97.

Bizkaia tiene una tasa de incidencia acumulada a 14 días de 475 casos y un índice de reproductividad de 0,80 y en Gipuzkoa la incidencia acumulada se situó este domingo en 363,10 y el índice de reproductividad en 0,77.

En cuanto a las tres capitales, la incidencia acumulada a 14 días supera los 400 casos en Bilbao (453,13) y Vitoria (538,52), por lo que continúan en zona roja, y solo San Sebastián se mantiene por debajo con una tasa de 343,22 casos.

De los 50 casos detectados en Álava este 22 de agosto, 42 se han registrado en Vitoria, cuatro más en Amurrio, otros dos en Llodio y en Berantevilla y Oyón han detectado un caso en cada una de las localidades.

En Bizkaia, por su parte, la mayoría de los 200 casos registrados este domingo, se han dado en Bilbao con un total de 39, seguido de los 23 de Getxo, 14 de Galdakao, mientras que Barakaldo y Portugalete han registrado once positivos en cada localidad.

Gipuzkoa ha registrado 106 casos. De esos nuevos positivos, San Sebastián concentra 29, Irun 15, Hernani siete y Errenteria, Pasaia y Mutriku han tenido cinco casos cada uno.

Con los datos de este domingo, 30 municipios vascos de más de 5.000 habitantes superan los 400 casos de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes, dos de Álava, 17 de Bizkaia y once de Gipuzkoa.

INCIDENCIA POR EDADES

Por edades, destacan de nuevo los contagios en la franja de edad de entre 20 y 29 años, con 77 casos, y de entre 10 a 19 años, con 68 positivos. En estos colectivos la tasa de incidencia acumulada en 14 días es de 1.168,78 y de 880,67, respectivamente. Teniendo en cuenta solo a los jóvenes de 17 y 18 años, la incidencia es de 1.413,31.

Entre la población de 30 a 39 años se han detectado 49 casos; entre 50 a 59 años un total de 43; 37 positivos entre los de 40 a 49 años; y 36 entre los menores de 0 a 9 años.

Además, se han dado 14 contagios de personas de 60 a 69 años, 15 en la franja de 70 a 79 años, 18 en la población de 80 a 89 años y cinco en mayores de 90 años. La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes más baja se da entre las personas de 70 a 79 años, de 157,41.

HOSPITALES

Sobre la situación de los hospitales, este pasado domingo ingresaron 41 personas con covid en planta, lo que supone un aumento de diez pacientes.

En total, hay 265 personas ingresadas en planta en los hospitales a fecha de 22 de agosto y la presión aumenta en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), donde actualmente hay 82 personas con coronavirus, dos más que el sábado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido este lunes en que el Gobierno tiene intención de sacar de Afganistán a todas las personas que pueda mientras sea posible, si bien ha insistido que es algo que no depende de ellos, sino de la situación en el terreno y en particular del plazo fijado por Estados Unidos para la salida de sus tropas.

Robles ha visitado este lunes el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde precisamente sus integrantes han levantado "con toda rapidez" el campamento en el que se está acogiendo a los afganos evacuados, ha destacado, ensalzando su actuación.

Según ha indicado, está previsto que "esta tarde-noche" lleguen los 260 nuevos evacuados que han salido esta madrugada desde Kabul a bordo de dos A400M del Ejército español y que están ya en Kabul.

En declaraciones a la prensa, ha dejado claro que la intención es seguir "trabajando para traer al mayor número de personas posible", si bien ha admitido que es algo que "no depende de nosotros" puesto que es actualmente Estados Unidos quien controla el aeródromo y, a priori, su plan era sacar todas sus tropas antes del 31 de agosto.

"Traeremos a los que podamos durante el tiempo que podamos", ha recalcado, sin pronunciarse sobre la advertencia de posibles "consecuencias" que han hecho los talibán después de que Washington haya dejado entrever que podría no cumplir con el plazo previsto y mantener sus efectivos desplegados en el aeropuerto más allá de esa fecha.

Respecto a la situación en la capital afgana, y en especial en torno a su aeropuerto, Robles ha reconocido que sigue siendo "muy difícil" y "cambia cada día", al tiempo que ha ensalzado la labor que está realizando tanto el personal diplomático, como los policías y los militares españoles que están en su interior para localizar y conseguir que puedan ser evacuados los colaboradores afganos.

Por otra parte, ha reivindicado que, con la evacuación de colaboradores afganos y de otras personas en peligro tras la victoria de los talibán en Afganistán, España está dando su "mejor imagen", al tiempo que ha reclamado a la oposición que apoye este operativo.

LO ÚNICO IMPORTANTE ES LA EVACUACIÓN

Ante las críticas hacia el Gobierno desde la oposición, Robles ha reivindicado que "debemos estar todos a lo que estamos, organizar una operación tan importante como es la evacuación a la gente de Kabul". "Eso es lo único que nos tiene que importar, que la gente pueda salir", ha subrayado.

En este sentido, ha puesto en valor el "ejemplo de generosidad y de acogida" que está dando España al recibir como lo está haciendo a los cientos de evacuados desde Afganistán. "Ese ejemplo es la mejor imagen de lo que es España, igual que nuestras Fuerzas Armadas están haciendo un trabajo magnífico", ha sostenido.

NO DA DETALLES SOBRE EL EQUIPO DE OPERACIONES ESPECIALES

Así las cosas, ha dicho que ella se queda "con lo positivo", que en este caso es el orgullo de las Fuerzas Armadas, de todo el personal, incluida la UME, y también de la sociedad española, "que está viendo el drama como una cosa propia".

Por último, Robles ha evitado ofrecer más detalles sobre el equipo de operaciones especiales del Ejército de Tierra enviado al país asiático, apelando a la prudencia y la discreción en las circunstancias actuales ya que "se juegan la vida". "El Ejército ha enviado lo que considera necesario", se ha limitado a decir.

El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, departamento dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Jesús Martín Blanco, ha puesto en valor el papel de los deportistas paralímpicos como "embajada" del compromiso de España con la diversidad.

Martín Blanco cree que "el deporte debe ser un aliado de la inclusión" y aboga por "cambiar la superación por oportunidades". A su juicio, estos deportistas "no son héroes ni heroínas", sino "personas con derechos" que deben hacerse efectivos.

El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad también ha hecho alusión a las diferencias que existen todavía entre hombres y mujeres en el deporte, de las que, ha apuntado, no se libran las categorías paralímpicas. Tal y como ha destacado, en Tokio 2020 compiten 1.782 mujeres frente a 2.318 hombres y 300 plazas mixtas.

Ante esto, el departamento que dirige Martín Blanco destaca la importancia de seguir trabajando para visibilizar y promocionar el deporte femenino a todos los niveles.

Por otra parte, el director general ha señalado que "España es una potencia en el deporte paralímpico y, por eso, confía en que los medios de comunicación ofrezcan a los deportistas españoles "el soporte que se merecen y mantengan en su agenda diaria el seguimiento que han hecho hasta ahora.

"En este Ministerio no hay deportistas de primera o de segunda", ha declarado, antes de reconocer su profundo agradecimiento a la "encomiable labor" del Comité Paralímpico Español.

En este sentido, ha señalado que "los Juegos Olímpicos no han terminado" y que "queda disfrutar y aplaudir" a los deportistas paralímpicos "que abanderan una España abierta a la diversidad humana, donde el deporte es cooperación de todas las personas y todos los cuerpos sin excepciones".

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Málaga una organización criminal dedicada al tráfico de drogas entre España y Francia por el método 'go fast routier', una modalidad mediante la que las redes dedicadas al narcotráfico atraviesan a gran velocidad la península en vehículos sustraídos o con matrículas falsificadas, cargados de hachís.

Además, hay nueve personas detenidas, siete de nacionalidad francesa y dos españolas, por su presunta responsabilidad en la trama; dos de los arrestados tenían, además, una Orden Europea de Detención y Entrega en vigor dictada por las autoridades de Francia por delitos de tráfico de drogas, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

En la operación 'Holidays', la Policía Nacional ha intervenido 1.789 kilos de hachís, seis vehículos --dos de ellos denunciados como sustraídos--, un arma semiautomática con munición y 25.000 euros, entre otros efectos.

La investigación, que ha sido llevada a cabo por agentes adscritos al grupo de Crimen Organizado de la Comisaría de Fuengirola (Málaga), se inició a partir de una información que apuntaba a la existencia de una organización criminal de súbditos franceses, aunque de origen árabe, que estaría organizando el envío de una importante partida de hachís entre España y Francia mediante el método 'go fast routier'.

La técnica consiste en el transporte terrestre de la droga en coches de gran cilindrada, normalmente sustraídos, apoyados por otros vehículos en labores de 'lanzadera' y/o 'contravigilancia'.

'GUARDERÍA' DE LA DROGA EN UNA FINCA RURAL EN LA AXARQUÍA

Tras las indagaciones, los investigadores conocieron que las partidas de droga eran almacenadas en una casa situada en Almáchar (Málaga) donde se preparaban los envíos, previo a su transporte a Francia.

Así, el pasado día 17 de agosto se interceptó una furgoneta con 852 kilogramos de hachís, procediéndose a la detención de cuatro miembros de la trama.

Continuando con la práctica de diligencias, en las inmediaciones de la finca objeto de investigación, los agentes arrestaron a los tres ocupantes de otros dos vehículos sospechosos, cuando realizaban labores de apoyo a un socio encargado de la custodia de la mercancía en la 'guardería'.

En uno de los automóviles y a los pies del copiloto se localizaron dos placas de matrículas dobladas o falsas y un extintor de grandes dimensiones empleado en las huidas para dejar sin visibilidad a las patrullas policiales.

Al practicar el registro del inmueble de Almáchar se detuvo al sospechoso que ejercía de guardián de la sustancia estupefaciente, interviniéndose 741 kilos de hachís, una pistola semiautomática, munición y dinero.

Asimismo, en la recta final de la investigación se localizó en el barrio de La Palmilla, en Málaga, por una dotación de la Policía Local, otro automóvil que resultaría estar destinado también por la misma organización al transporte de droga por el método 'go fast', procediéndose a su intervención, a la aprehensión de 195 kilogramos de hachís y al arresto de una mujer.

Por último, la operación se saldó con el arresto de nueve personas, ocho hombres y una mujer, por su presunta participación, según el caso, de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de arma de fuego, robo/hurto de uso de vehículo a motor, falsedad documental y reclamación judicial. La autoridad judicial competente ha dictado el ingreso en prisión de ocho de los detenidos.

Ocho personas de una misma familia se han convertido en las primeras que, provenientes de Afganistán, han sido acogidas en Navarra, tras la situación creada en el país por el avance talibán hasta Kabul y la caída del Gobierno. Estas ocho personas llegaron a la Comunidad foral el pasado sábado por la noche.

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, mantiene permanente coordinación con el Gobierno de España y las entidades responsables de los programas de acogida que trabajan en la Comunidad foral. El objetivo de esta coordinación es que las plazas actualmente disponibles en los programas puedan ser empleadas para la acogida de personas que huyen de situaciones que ponen en riesgo sus vidas, según ha informado el Ejecutivo foral en una nota.

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, ha insistido en que Navarra "ha respondido de manera rápida, como no podía ser de otra manera, poniéndose a disposición del Estado en estas labores humanitarias y urgentes que debemos acometer".

Santos ha destacado que "Navarra viene ofreciéndose de manera proactiva, ante crisis como las vividas en Moria, en Canarias o ahora en Afganistán, como una tierra de acogida y un puerto seguro para quienes necesitan huir de sus países de origen o se han encontrado, como en el caso de Moria o Canarias, con graves problemas para su propia integridad física durante el camino emprendido hacia una vida mejor".

En lo que va de año, y además de las personas que están siendo atendidas por el programa de acogida de personas refugiadas de manera ordinaria, Navarra ha recibido a una veintena de personas provenientes de Canarias; y dos familias de origen sirio (con un total de 11 integrantes) que se han acogido al programa navarro de Patrocinio Comunitario SOMOS, que tiene su sede en Tudela.

Los programas de acogida a personas refugiadas y solicitantes de protección internacional son gestionados en Navarra por el Estado, a través de dos entidades con las existen sendos convenios. La pandemia ha ralentizado el proceso de descentralización de estos programas, cuya gestión desde Navarra, según Eduardo Santos, "no es solo algo que deseamos y venimos impulsando sino que, además, creemos que conseguiría una gestión más rápida y eficiente, tanto de la situación estructural como de casos de emergencia humanitaria como la que hoy vivimos".

Por ello, Santos ha querido insistir en "la necesidad urgente" de acometer ya ese proceso de descentralización de la gestión de estos programas de acogida para quienes demandan asilo y protección internacional.

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia ha deseado a las personas acogidas en Navarra que "encuentren en nuestra comunidad esa tierra de acogida que buscan, huyendo de situaciones muy complicadas y ejerciendo, en todos los casos, un derecho humano fundamental: el derecho a conseguir una vida mejor, más plena, más segura y con mayores garantías de bienestar".

El Real Jardín Botánico (RJB) ha publicado una carpeta con 12 reproducciones de dibujos creados en distintas expediciones científicas organizadas por la Corona española y el Real Jardín Botánico durante el Siglo XVIII. Los dibujos están custodiados por el Archivo de RJB, y ahora se divulgan con motivo del 265º aniversario de su creación.

Según informa el RJB, las láminas muestran la diversidad de las plantas que se recogieron, dibujaron, estudiaron, publicaron y difundieron por Europa y cuyos originales se conservan en el Archivo.

Uno de los objetivos de las expediciones científicas españolas era conocer la flora, la fauna y los recursos naturales de los distintos territorios para obtener especímenes útiles en los campos de la alimentación, del textil, de la sanidad y de los recursos naturales.

En 1755, se fundó el Real Jardín Botánico de Madrid para llevar a cabo el cultivo, aclimatación, estudio y enseñanza de plantas medicinales. También cultivaron otros tipos de plantas que eran útiles para la ciencia, el comercio, la agricultura o la industria, así como para la descripción y difusión de las exóticas o desconocidas traídas o enviadas a España desde otros territorios.

Además, al igual que en España, se crearon jardines botánicos en otros países europeos, estableciendo una red de colaboración y de intercambio de semillas y plantas a través de la cual los gobiernos promovieron el estudio de la naturaleza.

Para conseguir los resultados, fue determinante la organización de expediciones científicas con botánicos, naturalistas y dibujantes, cuyo objetivo era la recogida de especímenes para su estudio y observación, dibujándolos 'in situ' y anotando en sus cuadernos de campo todo lo relacionado con ello, su aspecto y detalles anatómicos, así como el entorno y latitud donde crecían y se recolectaban. En este sentido, el RJB lanza su carpeta con 12 láminas que se puede adquirir a través de la tienda del RJB-CSIC.

Como curiosidad incorporada en la carpeta, la institución ha destacado los dibujos de plantas provenientes de la Real Expedición Botánica al Virreinato del Perú (1777-1788) como 'Carludovica palmata', con hojas para elaborar los sombreros 'jipipaja' (conocidos como sombreros de Panamá), y 'Buddleja spicata', con propiedades medicinales contra afecciones dermatológicas como la erisipela.

Castilla y León ha notificado este lunes 197 nuevos positivos de Covid-19 --113 menos que ayer--, para sumar un total de 295.422 desde el inicio de la pandemia, siete muertos más en los hospitales de la Comunidad para un total de 6.006 y once altas médicas, 32.508 en total, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 295.422 positivos de COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de sumar 197 más en la última jornada. De ese total, 288.937 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

VALLADOLID SUMA 58 CONTAGIOS

Por provincias, Valladolid es la que más positivos ha notificado desde la jornada anterior, con 58 casos más para un total de 65.257; le sigue León, con 31 y 50.456; Salamanca, con 28 y 38.328; Burgos, con 22 nuevos y en total 50.474; Ávila y Segovia, ambas con 19 y totales de 16.339 y 20.605, respectivamente; Palencia, con ocho nuevos y en total 24.153; Soria, con siete 12.179; y Zamora, con cinco y 17.631 totales.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra se incrementa hasta los 6.006, después de que se hayan registrado siete nuevas defunciones, de ellas dos en León, otras dos en Zamora, una en Valladolid, una en Salamanca y otra en Segovia.

Del total, 1.220 corresponden a Valladolid; seguida por León, con 1.195; Salamanca, que tiene 853; Burgos, 763; Palencia, 497; Zamora, con 455; Segovia, con 376; Ávila, con 355, y Soria, con 292.

En el caso de las altas hospitalarias, éstas suman un total de 32.508, once más desde el anterior parte. De ellas, se han computado 7.964 en Valladolid; 5.583 en León; en Burgos, 4.775; en Salamanca, 4.248; en Palencia, 2.512; en Zamora, 2.137; en Segovia, 2.025; en Ávila, 1.870, y en Soria, 1.394.

REPUNTE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS

Según la última actualización, los hospitales de la Comunidad albergan 329 pacientes con COVID-19, 13 más que en la jornada anterior. De ellos, 78 están hospitalizados en unidades de críticos (UCI), tres más que en el último parte, mientras que en planta se encuentran ingresados 251, diez más.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias --todos los que tienen unidades de este tipo-- y ocupan un 24 por ciento de las camas inicialmente habilitadas en unidades de críticos, dos puntos más que en el día anterior.

Así, se informa de doce ingresados en el Complejo Universitario de Burgos; once en el Río Hortega y en el Clínico Universitario de Valladolid; ocho en el Complejo Asistencial de León y en el de Palencia; siete en el Complejo Asistencial de Segovia; seis en el Hospital El Bierzo; cuatro en los complejos de Ávila, Salamanca y Zamora; y tres en el de Soria.

Alianza Verde urge a tomar medidas contra los regadíos ilegales, "especialmente en la Región de Murcia", y pide acabar con "los vertidos tóxicos procedentes de la agricultura intensiva que acaban en el Mar Menor".

Apuesta por "frenar el aumento de la superficie agraria de regadíos y comenzar a reducir las ya existentes, promoviendo la agricultura y la ganadería ecológicas y favoreciendo el cambio de pautas en los consumos de alimentos, apoyando el consumo de proximidad, promoviendo la educación para la salud alimentaria y la reducción del consumo de carne. Proteger nuestros recursos hídricos y masas de agua, porque las sequías van a ser cada vez más habituales y profundas".

En este sentido, y dentro de la Semana Mundial del Agua, Alianza Verde recuerda que "sólo en la Región de Murcia hay, al menos, 9.000 hectáreas de regadíos ilegales, según los datos de la propia Confederación Hidrográfica del Segura".

Y también apuntan que según los datos de Ecologistas en Acción, la Región de Murcia "consume más del doble del agua que produce de forma natural, y más del 90% va a los cultivos de regadío".

A su juicio, "el Mar Menor se muere por las décadas de pasividad y negligencia de los Gobiernos de la Región de Murcia, que lleva todo este tiempo para otro lado, e incumpliendo su deber de reducir la sobreexplotación de agua subterránea y de frenar la extracción de agua de acuíferos contaminados por nitratos procedentes de la agricultura intensiva, que acaban vertidos en la laguna".

Además, han indicado que "los recursos hídricos disponibles en nuestro país se han visto mermados en los últimos 25 años en torno al 20%, mayormente como consecuencia de la subida de las temperaturas a causa del cambio climático".

En definitiva, en España, "la superficie regada sigue aumentando, a la vez que los recursos hídricos disponibles se están reduciendo, lo que nos conduce necesariamente a un escenario cada vez más insostenible y vulnerable", señalan desde Alianza Verde.

En concreto, la región mediterránea "va a ser una de las zonas más afectadas por el cambio climático. Más temperatura y menos precipitaciones generarán un mayor estrés hídrico".

Por ello, Alianza Verde urge a "tomar medidas para adaptar los cultivos al agua disponible y para frenar el crecimiento del regadío, a la vez que se reduce la superficie regada actualmente existente".

Las playas de las localidades valencianas de El Puig, Puçol y La Pobla de Farnals continuarán cerradas hasta conocer los resultados de las analíticas que se realizaron este pasado domingo, cuando se decretó la prohibición al baño en todas ellas tras la aparición de una mancha en el agua.

El cierre de las playas se determinó pasadas las 13.30 horas y desde entonces la bandera roja ondea en todas las playas de estos municipios, según informaron fuentes municipales y desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

La mancha ha estado provocada por algas en descomposición, un fenómeno que se produce ante el aumento de las temperaturas en el mar y que es "un poco peligroso", en especial para pieles sensibles, al generar urticaria, según ha explicado el coordinador de la playa de La Pobla de Farnals, Jaime Laparra. De hecho, ha precisado, dos personas acudieron este domingo a la posta de socorrismo al sufrir picores en brazos y piernas.

A raíz de la aparición de la mancha en las playas colindantes de El Puig y Puçol y de la posibilidad de que se extendiera hasta aguas de la localidad, el equipo de socorristas y salvamento de La Pobla de Farnals decidió sacar una embarcación para "examinar" el agua.

Asimismo, "por prevención", se decidió izar la bandera roja al tiempo que se comenzó a avisar a los usuarios con pitidos y a través de la megafonía para que salieran del agua.

"BAÑO ENTRE COMILLAS"

El responsable ha reconocido que "en un principio" los usuarios "sí que se comportaron" aunque "ya por la tarde algunos atrevidos intentaban entrar al agua", momento en que eran alertados de la prohibición. No obstante, ha precisado, sí que se permitía un baño "entre comillas" hasta las rodillas.

"No sabíamos la gravedad hasta ahora", ha apuntado Laparra, que ha señalado que, en principio, la mancha apareció en Puçol y El Puig, desde donde se extendió hasta alcanzar las playas de La Pobla de Farnals. "No sabemos hasta dónde pudo llegar", ha admitido.

Este lunes, el equipo de socorristas se mantiene "a la espera" de que se reduzca la mancha para colocar la bandera amarilla y que se permita el baño "con precaución".

No obstante, pese a que sigue prohibido, "algunos atrevidos" han acudido a la playa, aunque otros "han optado por la piscina", según ha relatado el responsable, que ha llamado a seguir actuando "con precaución y un poco de miedo" porque "por mucha corriente que haya, la mancha se puede mantener ahí".

Los equipos de salvamento y socorrismo y efectivos de la Policía Local procedieron a cerrar al baño las playas de las localidades valencianas de El Puig y La Pobla de Farnals ante la aparición de una mancha en el agua.

Salvamento Marítimo envió una embarcación para la toma de muestras y para estudiar el origen del vertido. La entidad dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana confirmó que no se trataba de una mancha de hidrocarburos y apuntó a un emisario o a algas en descomposición.

Por su parte, desde la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica indicaron que se había procedido a tomar muestras del agua para analizar la posible causa.

Una vez analizadas, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas confirmó el buen estado de las infraestructuras, que no registran ninguna incidencia, por lo que descartaron cualquier origen relacionado con alguna Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) o aliviaderos.

La Rioja ha lamentado un fallecido por COVID-19 este lunes, según los últimos datos emitidos por el Gobierno regional. Por otra parte, se constata un día más la bajada de la incidencia acumulada a 14 días de los 448,56 casos por cada 100.000 habitantes del viernes a los 413,55 de hoy (35 puntos menos), mientras que sube la presión asistencial en cuatro personas, hasta los 38. Por contra, los casos activos han bajado, en este caso con respecto a ayer en 39, de 936 a 897.

En cuanto a la persona fallecida, es un hombre de edad avanzada que no residía en centro de personas mayores. Desde que comenzó la pandemia, un total de 813 personas han fallecido por la enfermedad, 323 de ellos residentes de centros de mayores en nuestra comunidad autónoma.

En cuanto a la presión asistencial, hay 38 personas ingresadas en los diferentes centros hospitalarios riojanos (cuatro más que hace 72 horas). Así, el hospital San Pedro de Logroño cuenta con 27 personas ingresadas en planta (tres más que el viernes) con 3 ingresos y 1 alta. Por su parte, en la UCI, hay 7 pacientes covid (uno menos que el viernes).

En la actualidad, y ante la evolución del virus en la región, el Gobierno riojano cuenta en el Hospital San Pedro con 43 camas UCI. De este modo, sumando a los ingresados por patologías no-COVID (10 a día de hoy, uno más que hace 72 horas), la UCI riojana tiene 17 pacientes y se encuentra al 39,53 por ciento (igual que el viernes).

Por su parte, la Fundación Hospital de Calahorra registra 4 pacientes ingresados en planta por coronavirus (dos más que el viernes), con dos ingresos y cero altas.

Por lo demás, en cuanto la incidencia acumulada a 14 días pasa de los 448,56 casos por cada 100.000 habitantes del viernes a los 413,55 de hoy (35 puntos menos), y a siete días, desciende de los 200,05 del viernes a los 190,36 de este lunes. En cuanto a la tasa de positividad, ésta baja ligeramente al 11,64 por ciento, el viernes se encontraba al 12,03 por ciento.

Finalmente, hay 11.954 personas en cuarentena frente a las 12.631 personas del viernes y los centros de mayores cuentan con 10 residentes positivos (cinco menos que el viernes) y, según los datos, el virus afecta a 2 residencias de las 33 contabilizadas en la región.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha informado a los ayuntamientos de la región sobre los posibles fenómenos meteorológicos adversos en forma de precipitaciones intensas que pueden llegar a ocasionar episodios puntuales de inundaciones a final de verano y otoño, por lo que les ha pedido "prudencia y prevención".

El consejero ha mantenido hoy una reunión telemática del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (Platercam). En dicho encuentro, además de tratar los incendios forestales de las últimas semanas y la situación de la pandemia en la región, se ha informado de la labor preventiva que está realizando la Agencia de Seguridad y Emergencias de cara a las posibles gotas frías o DANAS.

López ha apelado a "la prudencia y la prevención por parte de rodas las administraciones para anticiparnos a las posibles inclemencias meteorológicas que pueden poner en riesgo a las personas, los bienes y el medio ambiente".

Por este motivo, el ASEM112 ha remitido una carta a los ayuntamientos madrileños en la que se hace hincapié en la necesario prevención por parte de las administraciones locales y se solicita que desde los municipios implementen y trasladen a los ciudadanos y empresas de poner determinadas medidas preventivas.

Entre ellas, sugiere la revisión de los colectores municipales, limpieza de imbornales y sumideros de calles e instalaciones, señalización y vigilancia de las zonas potencialmente inundables con prohibición del estacionamiento de vehículos, así como la acampada o permanencia en cauces secos y en la orilla de los ríos.

En la misiva se solicita que desde los consistorios informen a la población de dichos riesgos y de las medidas mínimas a tener aplicadas. En el Plan se establecen dichas recomendaciones preventivas, y para ayuntamientos como para los particulares.

El Inuncam establece la obligatoriedad a 103 localidades, en función de su riesgo, de disponer de un Plan de Actuación Municipal frente a inundaciones, donde establezcan las medidas preventivas y la organización mínima para coordinar los servicios propios y las ayudas externas. La Comunidad está elaborando los planes de actuación municipal por inundaciones en 60 localidades de la región menos de 20.000 habitantes.

La diputada de Vox en Les Corts Valencianes Rebeca Serna Rosell ha decidido dejar este grupo de la Cámara autonómica pero mantener su acta y continuar como parlamentaria fuera de esta formación política. Así lo ha comunicado Serna a través de un escrito presentado este lunes por registro de entrada y dirigido a la Mesa de Les Corts.

En este documento, la parlamentaria, al amparo de lo previsto en el artículo 27.2 del Reglamento de la Cámara autonómica, comunica su baja en el grupo de Vox.

Serna, como publica el diario Levante-EMV, asegura que ya no está cómoda en una formación que según ha denunciado en un escrito la ningunea constantemente y señala que ha intentado poner solución a través de cauces internos pero sin resultado. De acuerdo con esta información, el punto de inflexión se ha producido después de que el partido haya editado un video con los "mejores momentos" del año parlamentario en el que ella no aparece.

La diputada solicita a la Mesa de les Corts que, deconformidad con lo dispuesto en el inciso último del artículo 27.6 del citado reglamento, "se adopten las medidas oportunas y quesean necesarias" para garantizarle "el ejercicio de todos losderechos parlamentarios y el acceso a los medios materialesnecesarios para desarrollar plenamente las funciones parlamentariasque como diputada de Les Corts" le corresponden.

Rebeca Serna pide que se tomen esas medidas a "lamáxima brevedad posible para no ver vulnerados" sus "derechosindividuales como parlamentaria". Igualmente, demanda que se le informe "de forma exacta de los medios materiales y personales" que va a recibir y "con qué periodicidad de acuerdo al reglamento y a las normas de funcionamiento de la Cámara" valenciana.

La diputada alude al acuerdo de la Mesa 11/IX, de 23 de junio de2015, modificado por el Acuerdo de la Mesa 523/IX, de 23 deI febrero de 2016, que habla del "derecho a la asignación de una cantidad mensual por diputado para atender los gastos derivados del ejercicio" de las funciones como tal, y pide que se le informe "de cuáles son los gastos derivados del ejercicio" de su condición de parlamentaria "susceptibles de ser atendidos por la citada cantidad".

En esta línea, Serna reclama también conocer "los gastos que quedarían excluidos de la misma" e información "de los mecanismos para hacer uso de ello".

La parlamentaria plantea además que a partir de su salida del grupo de Vox se le asigne el escaño que la Mesa de Les Corts "considere oportuno dentro del hemiciclo para que en próximo pleno no vea vulnerados" sus derechos como diputada.

Rebeca Serna recuerda que el reglamento recoge que "los diputados y diputadas tendrán el derecho de asistir con voz y voto a las sesiones del pleno de Les Corts Valencianes y a las de las comisiones a que pertenezcan y a ejercer las facultades y desempeñar las funciones" que el reglamento les atribuye.

CONSERVAR LA PLAZA DE GARAJE

Por otro lado, la parlamentaria pide que se le informe de "los trámites a seguir para poder seguir utilizando la plaza de garaje que fue asignada a cada diputado al inicio de la legislatura".

Asimismo, en el escrito presentado este lunes, Serna reclama, "deacuerdo con el artículo 27 del Reglamento de Les Corts y con losacuerdos de la Mesa de 2008 y de 2017 y posteriores", que se le integre en la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de la Cámara autonómica "para no ver mermados" sus derechos individuales y perjudicada su posibilidad de representar a los valencianos "con la diligencia que el ejercicio de la función del cargo de diputado merece".

La Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL) y el sindicato de la Policía Nacional JUPOL han reconocido que, tras haber remitido este asunto a la Fiscalía, la Delegación del Gobierno en Euskadi "poco más puede hacer" ante el acto convocado en Arrasate-Mondragón en defensa de los derechos de Henri Parot y de otros presos de ETA, por lo que han pedido que se cambie la legislación para tratar de impedir este tipo de manifestaciones.

Representantes de JUCIL y JUPOL se han reunido este lunes, en Vitoria-Gasteiz, con el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, para trasladarle el "malestar" existente en la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como entre diversos colectivos de víctimas, por el acto convocado para el 18 de septiembre en la localidad guipuzcoana de Arrasate-Mondragon.

La Delegación del Gobierno en Euskadi ha remitido a la Audiencia Nacional la petición planteada por la Fundación Villacisneros para prohibir la marcha convocada por Sare en defensa de los derechos de Henri Parot y del resto de presos de ETA.

El secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, y el secretario de organización de JUPOL, Aarón Rivero, han asegurado, en declaraciones a los periodistas tras su reunión con Itxaso, que no entienden "cómo se puede permitir" la celebración de este tipo de actos, que considera un ejercicio de "enaltecimiento" de los miembros de ETA.

"DE PERFIL"

"En democracia, las instituciones no se pueden poner de perfil. Este tipo actos no se deberían permitir en democracia, igual que no entenderemos que se haga un homenaje a quienes cometieron los atentados del 11-M", han manifestado.

Desde ambas organizaciones se ha explicado que el delegado del Gobierno también les ha transmitido su "malestar" ante la convocatoria de este acto, que ha escuchado las "preocupaciones", y que ha atendido a la "indignación" que le han trasladado.

En el encuentro, según han explicado ambos colectivos y ha confirmado la Delegación, Itxaso ha recordado que ha remitido los informes correspondientes sobre el caso a la Fiscalía, para que "actúe en consecuencia" si aprecia algún posible delito en la convocatoria de la marcha.

"BORRAR EL PASADO"

JUCIL y JUPOL han lamentado que las instituciones "no muestran la contundencia que deberían" ante este tipo de convocatorias. "Da la impresión de que lo que se está intentando hacer es borrar un pasado doloroso para muchas personas; no entendemos que Parot pueda ser homenajeado sin consecuencias y que las víctimas sean silenciadas continuamente", han añadido.

Ambas organizaciones han explicado que la Delegación del Gobierno también les ha trasladado que carece de competencias para prohibir un acto de estas características si no existe un pronunciamiento al respecto de la Justicia.

En este sentido, tras subrayar que "cualquier ciudadano tiene la libertad de manifestarse", han reiterado que se debe ser "más contundente" ante manifestaciones como la prevista en la localidad guipuzcoana. "Estamos hablando de un terrorista que ha matado a 82 personas, y que entre otros 'logros', tiene el del atentado de la casa cuartel de Zaragoza, en el que fallecieron cinco niños", han denunciado.

En todo caso, han reconocido que al trasladar el caso a la Fiscalía, la Delegación del Gobierno ha hecho "lo que tiene que hacer". "Poco más puede hacer", han explicado, motivo por el cual ambos colectivos han reclamado que se impulse un cambio de legislación para evitar que se puedan celebrar este tipo de actos.

Desde JUCIL y JUPOL se ha asegurado que no tienen "conocimiento" de que vaya a haber "ninguna presencia" de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" en Arrasate-Mondragón para expresar su rechazo a la marcha. No obstante, ha considerado que las asociaciones de víctimas sí podrán acudir a dicha localidad para participar en "contramanifestaciones" y para plantear sus reivindicaciones.

Tras la reunión, fuentes de la Delegación del Gobierno han reiterado que esta carece de "competencias" para impedir la celebración de la marcha, motivo por el cual ha trasladado el caso a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional ha modificado la fecha de inicio del juicio de la Gürtel por la pieza de Boadilla del Monte --que estaba previsto para el 22 de septiembre-- y ha acordado que la primera sesión se celebre un mes y medio después, el 10 de noviembre, según han informado fuente jurídicas.

En esta causa, el PP volverá a sentarse en el banquillo de los acusados como partícipe a título lucrativo por presuntamente haberse beneficiado de las supuestas irregularidades cometidas por Arturo González Panero --exalcalde de la formación en la localidad madrileña conocido como 'el Albondiguilla'-- con una cuantía de 204.198,64 euros entre 2001 y 2009.

En concreto, la vista oral se dirigirá contra 27 procesados y 13 personas jurídicas. La Fiscalía Anticorrupción pide penas de 40 años y siete meses de cárcel para González Panero y de 76 años y siete meses de prisión para el líder de la Gürtel, Francisco Correa, por los contratos adjudicados a la trama en Boadilla, según el escrito provisional de acusación.

El Ministerio Público también reclama 64 años de cárcel y siete meses para Pablo Crespo --número dos de la presunta red de corrupción--; 23 años y medio para el exdiputado regional Alfonso Bosch; y 22 años de prisión para el exconcejal de Boadilla del Monte José Galeote.

La pieza a juzgar versa sobre la actuación del entramado personal creado por Correa, quien habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio a cambio de comisiones. Esta red habría dirigido en la práctica toda la contratación pública, con independencia de que los empleados públicos que la integraban participaran directamente o no en cada uno de los expedientes.

Según la Fiscalía, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte habría sufrido un perjuicio de 4 millones de euros por la adjudicación eventualmente irregular de una parcela.

CONFESIONES

El pasado marzo, Correa reconoció como "ciertos" los hechos que el Ministerio Público refleja en su escrito de acusación por las irregularidades en el Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte, dirigido entonces por Arturo González Panero, de quien destacó la "ambición desmedida" y una actuación "amoral".

Ese mismo mes, el que fuera secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, considerado el número dos de la trama Gürtel, reconoció los hechos descritos por el Ministerio Público en un escrito de conformidad remitido el pasado 3 de marzo al tribunal.

"Reconozco los hechos descritos en el escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal y mi autoría y participación en los mismos", aseguró en la carta en la que además admitió que cobró comisiones por intermediar en adjudicaciones a constructoras.

El vicepresidente de la constructora Teconsa, el empresario leonés procesado José Luis Martínez Parra, también admitió en un escrito enviado a la Audiencia Nacional que Correa medió para conseguirle adjudicaciones en administraciones en las que gobernaba el PP.

La pieza de Boadilla del Monte llega a juicio casi dos años después de que el PP recusara al magistrado José Ricardo de Prada como miembro del tribunal. El Pleno de la Sala de lo Penal acordó permitir que el juez participara en el juicio al considerar que sus ideas políticas no arrojan dudas sobre su imparcialidad en el procedimiento y que su participación en otro juicio de esta macrocausa no está contaminado porque versan sobre hechos diferentes.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha retirado los medios aéreos que transportó en la mañana de este lunes a la Alpujarra de Granada para la lucha contra un fuego que afecta a un paraje del término municipal de Almegíjar, en el que, ya controlado, sigue trabajando con un dispositivo con 57 bomberos, un agente de medio ambiente y cuatro camiones autobomba.

Según han indicado fuentes del Infoca, se sigue trabajando en el remate y la liquidación del fuego, que se daba por controlado a las 10,30 horas y, conforme a una primera medición provisional, ha afectado a diez hectáreas de agrícola abandonado y matorral.

Los efectivos desplegados habían trabajado para el control de este incendio forestal, que venía evolucionando favorablemente dede que fuera estabilizado a las 8,40 horas y después de que el Infoca desplegara un dispositivo para su extinción en la madrugada de este lunes.

Las primeras horas fueron de intenso trabajo gracias al cual los bomberos consiguieron frenar el avance del fuego por la Rambla de Notáez, cuando el fuego parece haber surgido en el paraje Casería del Mercado.

En concreto, en tierra, las labores para control y extinción del fuego correspondieron en un primer momento a 61 bomberos forestales dos técnicos de operaciones, un agente medio ambiental, un técnico de extinción, una unidad médica y cuatro autobombas.

Cuando la luz del día lo permitió, se incorporaron, además, esta vez por aire, un helicóptero bombardero pesado y tres aviones de carga en tierra.

Almegíjar es un pequeño municipio de la Alpujarra media granadina, con unos 400 habitantes, y está integrado además por el anejo de Notáez y las cortijadas de La Solana o La Umbría. Está situado en la vertiente sur de Sierra Nevada próximo al río Guadalfeo y a una altura de 800 metros sobre el nivel del mar.

El actor granadino Antonio Velázquez ha realizado durante estos días diferentes etapas del Camino de Santiago para colaborar con la iniciativa 'Camino del Reciclaje', un proyecto de Ecoembes que coordina el reciclaje de envases en España.

Coincidiendo con la celebración del año Xacobeo 2021-2022, el proyecto 'Camino del Reciclaje' tiene como objetivo ser recordado como los Años Santos más comprometidos con el reciclaje y el medio ambiente, según señala Ecoembes.

Así, la iniciativa medioambiental busca que los miles de peregrinos puedan separar y reciclar los residuos de envases que van generando durante cada etapa, evitando la basuraleza (residuos generados por el ser humano y abandonados en la naturaleza).

Además, Ecoembes ha lanzado el mensaje 'Que el camino deje huella en ti. No tú en él', donde invita a los peregrinos a tomar conciencia de que lo único que debe quedar en su memoria son los recuerdos vividos y, en el Camino, solo la huella de sus pisadas. Y afirma que se debe seguir concienciando de la importancia de mantenerlo libre si se quiere disfrutar en las futuras generaciones.

"Estoy feliz de poder vivir la experiencia como ecoperegrino de la mano de Ecoembes, para descubrir los secretos que esconde el camino y facilitar al caminante herramientas para poder reciclar y evitar la basuraleza. La naturaleza es esencial en el Camino de Santiago y es tarea de todos mantenerla a salvo", ha afirmado Antonio Velázquez.

Por su parte, la responsable del proyecto 'Camino del Reciclaje' en Ecoembes, Carolina Martín, ha agradecido su participación y ha recalcado que, "si ya es duro hacer el Camino, hacerlo agachándote para recoger los residuos que nunca debieron acabar en la naturaleza, lo es mucho más, pero, sin duda, la satisfacción de haber contribuido a liberarlo de basuraleza es enorme".

Además, ha señalado la importancia de iniciativas medioambientales como la de Ecoembes: "Camino del Reciclaje nació en el 2015 con el objetivo de facilitar herramientas a los peregrinos para que pudieran reciclar en el Camino y liberarlo de basuraleza. Año tras año, hemos ido ampliando Caminos y Comunidades hasta llegar a 359 ecoalbergues repartidos en Galicia, Asturias, La Rioja, Navarra y Castilla y León".

"Gracias a los hospitaleros, peregrinos, Administraciones y colaboraciones como la de Antonio, conseguiremos que este Año Santo se recuerde por ser el Año Xacobeo más comprometido con el reciclaje y el medio ambiente de la historia", concluye.

Por otro lado, el otro objetivo de 'Camino del Reciclaje' es ayudar a los hospitaleros a que conviertan sus hospedajes en albergues sostenibles. Desde el comienzo de esta iniciativa en 2015, los ecoalbergues se han consolidado como un elemento fundamental para ayudar a concienciar a los peregrinos y un punto de reciclaje de referencia. En concreto, se ha logrado la implicación de 359 ecoalbergues: 174 en Galicia, 55 en Asturias, 77 en Castilla y León, 33 en Navarra y 20 en La Rioja.

A todos los ecoalbergues se les entrega un kit con carteles didácticos, un sello identificativo para el albergue como colaborador de la campaña 'Ecoalbergue', Compostelas del Ecoperegrino y bolsas reutilizables fabricadas con PET reciclado para entregar a los peregrinos.

A su vez, se ha repartido a los peregrinos más de 142.000 bolsas reutilizables para evitar la basuraleza y 'Compostelas del Ecoperegrino' con las que se ayudará a plantar árboles autóctonos en Galicia y Asturias al subirlas con tres sellos (que se pueden conseguir en los ecoalbergues) a RRSS con el '#EcoPeregrino'.

Este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado las nuevas medidas contra la expansión del coronavirus a poner en marcha en las residencias de mayores de la Comunidad Autónoma, resolución de la Consejería de Bienestar Social que entra en vigor este lunes y que llega después de que el Tribunal Supremo avalara al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para tumbar algunas partes de la anterior normativa, como la obligación de cribar a los trabajadores de estos centros residenciales.

Las nuevas medidas una vez tumbadas las anteriores pasan por que las personas responsables de la residencia informarán a las personas visitantes de las medidas de prevención e higiene; y el régimen de visitas de las personas residentes que no están en aislamiento o cuarentena, ni han estado en contacto con ningún positivo y no presenten síntomas compatibles con la enfermedad, se mantendrá en dos visitas semanales, si bien podrá adaptarse en función de la valoración realizada por las personas responsables de salud pública.

Según el texto, se recomienda que, en el supuesto de existencia de brote en el centro, acudan preferentemente las personas visitantes que hubieran completado la pauta de vacunación.

Siempre que sea posible las visitas se realizarán en el exterior, con mascarilla tanto la persona residente como la que realiza la visita. La persona que acuda a la visita, no ha de presentar cuadro clínico compatible con la infección por coronavirus. Además, habrá sistema de cita previa.

Se llevará un registro de visitas en el que conste los datos identificativos y de contacto de la persona visitante. En el supuesto de tratarse de personas residentes que por su situación personal no pudieran desplazarse, por tratarse de personas encamadas, deberá garantizarse el acceso a través de un circuito seguro con el objeto de minimizar las entradas y salidas a zonas comunes.

En caso de tratarse de una situación de acompañamiento en los momentos finales de la vida, podrán asistir a la visita el número de personas, incluyendo asistencia espiritual, que autorice el propio centro atendiendo a las características del mismo y tras una valoración individualizada del caso concreto.

El tiempo de la misma podrá flexibilizarse en función de la situación de la persona enferma y los criterios del centro, manteniendo siempre las adecuadas medidas higiénicas y de seguridad.

MEDIDAS PARA EL PERSONAL

En cuanto al personal de atención directa, promoverán la vacunación de aquellas personas trabajadoras de nueva incorporación o que todavía no lo hubieran hecho.

Si la persona tiene sintomatología compatible con la enfermedad, llamará a su centro de trabajo y a su centro de salud, quien procederá con arreglo a lo dispuesto para la población general. Si ha tenido contacto con algún residente con sintomatología o con PCR positiva, la autoridad sanitaria procederá en consecuencia.

Se recomienda que, durante 7 días, aquellas personas trabajadoras que retornen de permisos y vacaciones por un periodo superior a 15 días no estén en contacto con personas residentes no vacunadas. Se recomienda, igualmente, que a las personas trabajadoras no vacunadas no se les asigne el cuidado de las personas residentes no vacunadas y, en su caso, a las que aún no hubieran completado la pauta de vacunación.

Para poder prevenir y controlar la enfermedad, se recomienda realizar semanalmente prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) a todas las personas trabajadoras vacunadas o que hayan pasado la enfermedad en los últimos tres meses.

Dichas pruebas se realizarán a través del servicio de prevención de riesgos laborales correspondiente o en el mismo centro residencial.

SALIDAS

Quedan suspendidas las salidas a las personas positivas al virus, hayan tenido contacto estrecho con persona positiva al virus, o tengan síntomas compatibles con la enfermedad. Las personas residentes tienen permitidas las salidas en condiciones ordinarias.

La persona residente no debe presentar clínica sospechosa de COVID-19, ni haber estado en contacto estrecho con ningún positivo, en el momento de la salida. En caso de salida más prolongada, que implique pernoctar fuera del centro, se recomienda que en el domicilio en el que vaya a residir no existan personas que requieran aislamiento por ser caso confirmado con infección activa o caso sospechoso o persona que sea contacto estrecho y esté en situación de cuarentena.

En cuanto a los nuevos ingresos, reingresos, traslados y estancias temporales a las residencias de personas mayores, viviendas de mayores, viviendas para personas con discapacidad y centros de atención a personas con discapacidad grave, se estará a las siguientes condiciones, se mantendrán con normalidad.

En todos los casos debe extremarse la vigilancia activa de síntomas compatibles con COVID-19.

En relación a la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad, Servicios de Estancias Diurnas, Centros de Mayores y Hogares de Jubilados, así como Servicios de Promoción de Autonomía Personal, no podrán acudir a dichos centros las personas que presenten cuadro clínico compatible con la infección por coronavirus o hayan estado en contacto estrecho con caso sospechoso o confirmado y encontrarse por tanto en situación de cuarentena.

La ocupación del 100% de las plazas se mantendrá en la medida que sea posible respetar las condiciones de seguridad, autoprotección y distanciamiento social preceptivas.

Además, en virtud del nuevo texto, se informará a las personas residentes, trabajadoras y familiares que, aunque existe un riesgo significativamente menor de padecer COVID-19 después de la vacunación se promoverá de forma activa la vacunación; se garantizará que las personas trabajadoras y visitantes, vacunadas y no vacunadas, mantengan las medidas de higiene y prevención; se establece el uso obligatorio de mascarillas para todas las personas residentes cuando se encuentren en espacios comunes cerrados; y se permitirán las actividades grupales y el uso de las zonas comunes dentro del centro asegurando el cumplimiento de las distancias.

La detección de un solo caso positivo se considerará un brote a efectos de intervención, y deberá ser comunicado inmediatamente al servicio de epidemiologia. Además, se recomienda proceder al aislamiento si la persona presenta clínica sospechosa de COVID-19, hasta la realización de las pruebas necesarias y, en caso de confirmar infección activa, se procederá a la aplicación del protocolo para el manejo de caso confirmado.

PROTEGER A LA CIUDADANÍA, "ÚNICO OBJETIVO"

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha indicado que "el Gobierno regional acepta, como no puede ser de otra forma, la decisión de los jueces y publicamos nuevas medidas, sólo recomendando las pruebas preventivas". Además, ha matizado que "el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene el único objetivo de proteger a toda ciudadanía en el ámbito de la salud, en el ámbito social y en el ámbito económico, y en esta línea se estudia la manera de poner medidas preventivas en marcha dentro del marco legal".

En este sentido, García Torijano ha subrayado que independientemente de aceptar la resolución del Tribunal Supremo, "no se deja de lado seguir estudiando la posibilidad de nuevas medidas dentro del marco legal, junto con las entidades que gestionan centros residenciales para personas mayores, que comparten con este Gobierno la necesidad de establecer medidas de carácter preventivo para proteger la salud de los residentes y trabajadores".

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo 8 de febrero a Juan Mendoza Jiménez, conocido como Juanín, por matar en junio de 2019 a sus cuñadas y herir de gravedad a su suegra con una escopeta en venganza hacia su mujer, han informado fuentes jurídicas.

El acusado se enfrenta a una petición fiscal de 64 años de cárcel, mientras que una de las acusaciones particulares reclama la prisión permanente revisable.

El fiscal le acusa de dos delitos de asesinato, por los que pide 25 años de cárcel por cada uno de ellos; de un intento de asesinato, por el que reclama trece años de prisión; y de tenencia ilícita de armas con la agravante de reincidencia, por el que pide un año de cárcel.

Solo una de las tres acusaciones particulares, la que representa a la mujer de 23 años fallecida, solicita que se le condena a prisión permanente revisable y de forma subsidiaria a 76 años de prisión, como piden otras de las dos acusaciones, la que defiende a la mujer de 35 años fallecida y a la representa a la suegra del acusado.

En el juicio de febrero se tendrá que dirimir quién fue la persona que le entregó el arma al acusado para llevar a cabo el plan que ideó para vengarse de su mujer por romper la relación e irse con sus hijas fuera de Aranjuez.

En su declaración en la instructor, el acusado alegó ante el juez que actuó en defensa propia después de que su excuñado le disparase, echando la culpa a su mujer de la tensión con su familia política.

VENGANZA

Ese día, Juanín disparó desde la ventana de su casa a varios familiares de su mujer, matando a dos cuñadas, de 35 y 23 años, e hiriendo en una pierna a su exsuegra. Juan Mendoza planeó vengarse por una supuesta infidelidad "haciendo daño a las mujeres de su familia política", un plan que ejecutó ese 9 de junio.

En el escrito de acusación de una de las víctimas, se relata que la mujer de Juanín decidió poner fin "a la relación, iniciando una nueva relación sentimental con tercera persona y abandonando la localidad de Aranjuez con su nueva pareja y dos de las hijas comunes".

Con ánimo de venganza, idealizó "un plan que llevo a la práctica el 9 de junio de 2019". Para ello, según consta en otro de los escritos, se hizo con "una escopeta del Calibre 12 Paralela, con número de serie 1380 - 66233, arma reglamentada de 3ª categoría, así como abundantes cartuchos para munición de la escopeta". Todo ello a pesar de que no tenía licencia de armas.

Pasadas las 21.00 horas, se encerró y se asomó a la ventana de la galería junto a la cocina de su vivienda que da al patio interior abierto del bloque de edificios, y "efectuó con la escopeta un primer disparo al aire para conseguir llamar la atención de los parientes de su mujer".

Tras ello, apareció una de las víctimas que le recriminó el disparo que había realizado y le advirtió de la existencia de niños jugando en el patio. Fue entonces, cuando sacó nuevamente al exterior la escopeta y la realizó un disparó mortal.

Inmediatamente, efectuó dos o tres disparos más, apuntando a la hermana de la anterior. A continuación, disparó a su suegra, que la hirió de gravedad. Las mujeres fueron trasladadas al hospital. Solo una de ellas pudo sobrevivir.

Tras estos disparos, Juan Mendoza realizó una llamada al 091 con la finalidad exclusiva de ser rescatado de su vivienda por la policía ante su temor a la reacción de los vecinos y familiares de las víctimas. Tras entregarse éste a la policía, la escopeta fue encontrada en la vivienda y estaba la escopeta montada, cerrada y en posición de disparo, con dos cartuchos en la recámara.

PENAS SOLICITADAS

El abogado de los familiares de la víctima más joven reclama que sea condenado a prisión permanente revisable, así como a quince años de cárcel por la tentativa se asesinato y a un año de cárcel por la tenencia ilícita de armas.

La acusación particular que representa a la familia de L.F.J. solicita que se le imponga la pena de 30 años de cárcel por cada uno de los asesinatos, así como la medida de libertad vigilada una vez que cumpla las penas.

También reclama que se le condene a catorce años por el intento de asesinato de la suegra del acusado y un año de prisión por la tenencia ilícita de armas.

De igual modo, el abogado de la suegra de Juanín reclama 30 años de cárcel por el asesinato de sus hijas; quince años de prisión por su intento de asesinato; y uno por la tenencia ilícita de armas.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha mantenido este lunes la decisión de aplicar el toque de queda --de 1 a 6 horas-- sólo en 19 municipios catalanes y ha rechazado la petición del Govern del pasado viernes de aplicar el confinamiento nocturno en 62 municipios.

El Govern quería aplicar el toque de queda a los municipios catalanes de más de 20.000 habitantes con un índice superior a 125 casos diagnosticados por 100.000 habitantes en los últimos siete días, tras la decisión del TSJC que limitó a 19 los municipios con esta medida.

Los magistrados han asegurado que parte de los municipios de más de 20.000 habitantes para los que el Govern quería aplicar el toque de queda no alcanzaban el índice superior a 125 casos por cada 100.000 habitantes, "de manera que según sus propias premisas resultaría todavía más innecesario y desproporcionado el toque de queda".

En su resolución, el TSJC ha abordado el tema de las interacciones sociales, y ha manifestado que el control de este aspecto "no es una medida que deba ser autorizada por Juzgados y Tribunales", y ha considerado que el hecho de que la policía pueda vigilar estas interacciones justifica que no resulta indispensable la restricción que a los derechos fundamentales implica el toque de queda, en sus palabras.

"Para conseguir hacer respetar las medidas de distancia social y uso de mascarilla, la Administración dispone de medios igualmente efectivos y menos lesivos a los derechos fundamentales y libertades públicas", ha añadido.

Los magistrados han dado el aval judicial al toque de queda en los municipios de Alcarràs (Lleida), Amposta (Tarragona), Arenys de Munt (Barcelona), Badia del Vallès (Barcelona), Balaguer (Lleida), Banyoles (Girona), Calafell (Tarragona), Celrà (Girona), Cervelló (Barcelona), Gelida (Barcelona), Manlleu (Barcelona), Martorell (Barcelona), Montblanc (Tarragona), Móra d'Ebre (Tarragona), Palafolls (Barcelona), Salt (Girona), Sant Feliu de Guíxols (Girona), Sarrià de Ter (Girona) y Torroella de Montgrí (Girona).

Se ha excluido del listado a Barcelona y a las principales poblaciones del área metropolitana como Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Sant Adrià del Besòs, L'Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Andreu de la Barca y Sant Boi de Llobregat.

La última semana completa de agosto estará marcada por un incremento de la inestabilidad atmosférica que se traducirá en chubascos y tormentas que afectarán sobre todo al centro y al este de la Península, aunque seguirá haciendo calor, tanto de día como de noche en buena parte del país, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha apuntado que el fin de semana transcurrió con un ambiente caluroso en puntos del sur de Castilla-La Mancha y en los valles de los grandes ríos atlánticos de la mitad sur, donde pasó de 38 grados centígrados (ºC) y el domingo se alcanzaron los 40ºC en El Granado (Huelva), Talavera de la Reina (Toledo) y Almadén (Ciudad Real). En cuanto a las lluvias de este fin de semana, ha apuntado que en general fueron escasas aunque se produjeron algunos chubascos ocasionales y dispersos que en puntos del entorno del Sistema Ibérico, que llegaron a alcanzar intensidad fuerte.

En lo que se refiere a la semana que acaba de comenzar, el portavoz pronostica un aumento de la inestabilidad atmosférica, que se traducirá en una mayor probabilidad y frecuencia de chubascos tormentosos que localmente serán fuertes, especialmente en puntos del centro y este de la Península. Las temperaturas bajarán pero seguirán siendo en general altas para la época, sobre todo este lunes y martes.

En concreto, el lunes llegará una vaguada a la Península desde el interior del continente europeo. Se trata de bajas presiones en niveles medios y altos de la troposfera, que van acompañadas de aire frío y de una circulación de vientos que favorece la formación de nubosidad y por lo tanto, de precipitaciones.

De ese modo, crecerán las nubes en amplias zonas del interior de la Península que provocarán chubascos. Los más probables se producirán en entornos montañosos, aunque también en amplias zonas del interior de la Península, como las zonas llanas adyacentes a los entornos montañosos.

Los chubascos serán localmente fuertes y estarán acompañados de granizo y de rachas intensas de viento, sobre todo en el sistema Central, es decir en el sur de Castilla y León y norte de la Comunidad de Madrid. Igualmente pueden producirse en el entorno del Sistema Ibérico, sobre todo en el sur de Aragón, norte de la Comunidad, Valenciana Norte y este de Castilla-La Mancha y en el Pirineo y Prepirineo Aragonés y Catalán.

Por otro lado, las temperaturas, a pesar de estos chubascos, serán altas este lunes en buena parte del centro y sur. Se superarán los 36ºC a 38ºC y un día más podrán alcanzar los 40ºC en puntos del Valle del Guadalquivir y en el valle del Guadiana, como por ejemplo en Córdoba o Badajoz. En el sur de Galicia, noroeste de Castilla y León podrán superar los 36ºC.

Respecto al martes, Del Campo informa de que seguirá la inestabilidad y los chubascos tormentosos, que serán probables en una amplia franja central de la Península. También en el nordeste podrán ser de nuevo localmente fuertes e ir acompañados de granizo y rachas de viento intensas en el este de Extremadura, sur de Castilla y León, Comunidad de Madrid, buena parte de Castilla-La Mancha sur de Aragón y norte de la Comunidad Valenciana y de Cataluña.

Además, el martes llegará polvo en suspensión, que será más notorio en la mitad sur, donde empeorará la calidad del aire y provocará que algunos de los chubascos sean de barro. Respecto a las temperaturas, ese día bajarán, sobre todo en el centro y en el sur, aunque se superarán los 36ºC en el sur de Galicia y en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Por la noche, en cambio, las mínimas, a consecuencia de la nubosidad abundante no bajarán demasiado y seguirán quedándose altas para esta época, especialmente en Extremadura y Andalucía, donde en algunos puntos no descenderán por debajo de los 22ºC.

El miércoles prevé que la situación de inestabilidad continúe y que se formen de nuevo nubes de evolución, con chubascos tormentosos en amplias zonas del centro y este de la Península, sobre todo en áreas montañosas.

Del Campo no descarta que ese día se formen algunos chubascos tormentosos en el entorno de la Cordillera Cantábrica y, en general, en otras zonas llanas del interior de la península. "Los chubascos serán, por tanto, estarán distribuidos de manera irregular", comenta, al tiempo que avisa de que podrán ser localmente fuertes en el sistema Ibérico y en las zonas próximas.

Respecto al mercurio, el miércoles subirán en el tercio norte mientras que bajarán en el resto del país. Las máximas se quedarán entre los 34 o 35ºC en el valle del Guadalquivir y no hará un calor tan intenso como los días previos.

A partir del jueves aminorará la inestabilidad atmosférica pero aún queda probabilidad de chubascos tormentosos, que serán menos frecuentes e intensos que en días anteriores. No obstante, en el centro y en el este de la Península las temperaturas comenzarán a subir, algo que volverán a hacer de nuevo el viernes.

El portavoz indica que de nuevo el próximo fin de semana volverá a hacer calor aunque el viernes, sábado y domingo persistirá la probabilidad de chubascos de carácter tormentoso. Los más frecuentes serán de nuevo en zonas de montaña del centro y este peninsular, donde podrán ser fuertes. Los chubascos no afectarán a Baleares o, en su caso, lo harán de forma ocasional y dispersa.

Por otro lado, la predicción de la AEMET para el archipiélago canario prevé que durante la primera mitad de la semana predomine el régimen de vientos alisios que soplarán con rachas fuertes y que hasta el miércoles haya nubes en el norte de las islas más montañosas, con posibles lloviznas y lluvias débiles por allí, y a partir del jueves el viento perderá intensidad y las temperaturas subirán.

En definitiva, el portavoz espera un ambiente inestable para esta semana y recomienda seguir las predicciones y los avisos de riesgo, en particular los primeros días de la semana por altas temperaturas, tormentas y lluvias.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha calificado este lunes de "moderna", "pedagógica" y "europeísta" la oposición de su partido a la renovación del CGPJ, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018 y ha insistido en vincularla al cambio de criterio en la elección de los vocales para que "los jueces elijan a los jueces".

En una entrevista en Onda Cero, Maroto ha rechazado que se trate de una oposición "de bloqueo" y ha reconocido que es su "obligación" como principal partido de la oposición que los órganos consitucionales "estén renovados" aunque ha matizado que eso no quiere decir que lo vayan a hacer "de cualquier manera".

Maroto ha sido cuestionado al respecto a una semana de que el presidente del Tribuanal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, pronuncie su discurso de apertura del año judicial en el que previsiblemente se pronunciará sobre este bloqueo, que está cerca de cumplir tres años. Debido a una norma aprobada este verano, el CGPJ tiene limitadas al máximo sus competencias en funciones lo que mantiene paralizados muchos nombramientos.

El dirigente del PP ha pedido "se acabe eso de que los políticos elijan a los jueces" siguiendo la "recomendación de Europa" que en reiteradas ocasiones ha llamado a España a llevar a cabo la renovación del órgano de gobierno de los jueces y a profundizar en la separación de poderes.

"SANCHEZ PREFIERE QUE LOS POLÍTICOS ELIJAN A LOS JUECES"

En la misma línea Maroto ha insistido en que renovarán el CGPJ cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "acepte" ese criterio y "entienda que esto es europeísta"; aunque ha asegurado que "no quiere" hacerlo sino que prefiere que sean los políticos quienes "sigan eligiendo a los responsables judiciales".

Por otro lado, al ser cuestionado sobre la posición del PP cuando estaba en el Gobierno, que no llevó a cabo esa reforma, Maroto señaló que el PP "evoluciona con la sociedad" y acorde con lo que esta va "demandando" y que ni la "legislación" ni la manera de "abordar los debates" es ala misma ahora que "hace 10 años".

Finalmente ha afirmado que los ciudadanos que escuchen la posición del PP sobre este asunto la "compartirán" porque "es lo razonable".