Euskadi ha registrado este pasado lunes 461 nuevos casos de covid-19, lo que supone un centenar más que el día anterior, si bien la tasa de incidencia acumulada continúa su tendencia a la baja y se sitúa en 402,51, 14 puntos menos. Salud prevé que la evolución "positiva" se mantenga en próximos días, aunque con la "incertidumbre" del efecto del fin del estado de alarma, según ha indicado la consejera Gotzone Sagardui.

A lo largo de la pasada jornada, se han realizado 9.817 pruebas PCR y test de antígenos, más de 2.500 por encima de las efectuadas el domingo, por lo que, a pesar del aumento de los contagios detectados, la tasa de positivos se ha reducido entre estas dos jornadas cuatro décimas, hasta un 4,7%, en función del último boletín hecho público por el Departamento de Salud.

Con los 461 positivos del lunes, la tasa de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúa en 402,51, lo que representa 14 puntos menos que un día antes. Según ha explicado Gotzone Sagardui, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco, Euskadi registra un descenso de incidencia "sostenido" en las últimas semanas, que se ha acentuado desde el 2 de mayo y que debe ser "motivo de ánimo" para seguir cumpliendo con las medidas preventivas y, de este modo, seguir reduciendo la incidencia a "valores más adecuados".

La consejera ha señalado que se prevé que la evolución siga siendo "positiva" en los próximos días, pero "queda la incertidumbre" de no saber si el fin del estado alarma, que ha llegado "demasiado pronto", y el aumento de interacciones sociales y la movilidad "evidente" pueden tener "efectos negativos antes de que el descenso consiga los valores perseguidos".

Por todo ello, Gotzone Sagardui ha apelado a "la prudencia" de la ciudadanía, a la que ha emplazado a no comportarse como si la pandemia "no existiera".

En la última jornada, la razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) ha bajado a 0,79 para el conjunto de Euskadi (era de 0,81 en la jornada previa), mientras que el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, se mantiene en 0,85 en los últimos cuatro días.

La trazabilidad de los casos alcanza una media en los últimos siete días del 54,7%, porcentaje de positivos detectados por ser contactos de otros casos, frente al 33,3% de positivos que se realizaron las pruebas por presentar síntomas de covid.

Por territorios, Vizcaya concentra el mayor número de positivos el lunes, con 265 casos (90 más que un día antes), y presenta una tasa de incidencia acumulada de 393,58 por cada 100.000 habitantes en 14 días (frente a los 400,07 del día previo). Los municipios con más casos en la última jornada son Bilbao, con 87, Barakaldo, con 27, Getxo, con 21, Sestao, con 12, y Sopela, con 10.

En Guipúzcoa, se han detectado el lunes 163 casos (14 más que el día anterior), y su tasa de incidencia ha bajado a 476,50 (frente a los 501,21 del domingo). El mayor volumen de positivos corresponde a San Sebastián con 50, Irun con 17 y Hernani con 10.

Álava ha registrado en la última jornada 32 contagios (dos más que el domingo) y su tasa de incidencia se sitúa en 246,81 (frente a los 261,96 del día precedente). La mayoría de los nuevos positivos se da en Vitoria, con 24.

Además de estos casos, se han detectado otro contagio entre personas con residencia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, uno menos que el domingo.

Entre los municipios vascos de más de 5.000 habitantes, superan los 400 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas las capitales Bilbao y San Sebastián y otra treintena de localidades. La mayoría de ellas son guipuzcoanas, Aretxabaleta, Arrasate-Mondragon, Astigarraga, Azkoitia, Deba, Errenteria, Hernani, Irun, Lasarte-Oria, Legazpi, Oñati, Ordizia, Orio, Tolosa, Urretxu, Usurbil, Villabona, Zarautz, Zumaia y Zumarraga.

A ellas, se suman las vizcaínas de Galdakao, Leioa, Mungia, Muskiz, Santurtzi, Sestao, Sopela y Trapagaran, así como la alavesa de Llodio.

Por edades, el mayor número de nuevos contagios se sigue produciendo en las personas de entre 40 y 64 años (191 nuevos positivos), seguidas de los menos de 18 años (177) y de la franja de edad de 19 a 39 años (105). Los mayores de 65 años contabilizan 48 casos, de los que diez superan los 80 años.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes más elevada se da entre los menores de 18 años (575,86) y la más baja es la de la población mayor de 80 años (con 152,87).

LOS HOSPITALES

En los hospitales, los nuevos ingresos en planta han aumentado a 70, más del doble que el domingo, si bien la cifra de pacientes con covid hospitalizados en planta ha bajado a 359, 15 menos que un día antes y 134 menos que hace una semana.

Además, este lunes, permanecían en las UCI de los hospitales vascos 158 enfermos con covid, once menos que el día anterior y 30 menos que hace una semana.

El Papa ha instituido el ministerio laical del catequista al que están llamados todos los bautizados "de profunda fe y madurez humana" que se sienten llamados a colaborar en el servicio de la difusión del Evangelio evitando caer en expresiones del "clericalismo" y ante un mundo cada vez más "globalizado".

"Un ministerio laical como el de Catequista da mayor énfasis al compromiso misionero propio de cada bautizado, que en todo caso debe llevarse a cabo de forma plenamente secular sin caer en ninguna expresión de clericalización", señala el Papa en el Motu proprio 'Antiquum ministerium' publicado este martes.

El Papa ha oficializado esta función al reconocer que la presencia de los catequistas "es aún más urgente debido a la renovada conciencia de la evangelización en el mundo contemporáneo" y ante "la imposición de una cultura".

Por ello, considera necesario "un auténtico encuentro con las jóvenes generaciones" que no olvide en ningún caso "la exigencia de metodologías e instrumentos creativos que hagan coherente el anuncio del Evangelio con la transformación misionera que la Iglesia ha emprendido".

Entre los requisitos enumerados, el obispo de Roma señala que tienen que ser "colaboradores de los sacerdotes y los diáconos" y estar "dispuestos a ejercer el ministerio donde sea necesario, y animados por un verdadero entusiasmo apostólico".

La institución del ministerio laical del catequista llega once meses después de haber renovado el Directorio de la catequesis.

El Papa señala que este ministerio con un "fuerte valor vocacional" requiere el "debido discernimiento por parte del obispo y se evidencia con el Rito de Institución".

"Este es un servicio estable que se presta a la Iglesia local según las necesidades pastorales identificadas por el Ordinario del lugar, pero realizado de manera laical como lo exige la naturaleza misma del ministerio", declara el Papa.

Además de una profunda fe y madurez humana, Francisco reclama que los hombres y mujeres que quieran acceder al catequesis "participen activamente en la vida de la comunidad cristiana, que puedan ser acogedores, generosos y vivan en comunión fraterna, que reciban la debida formación bíblica, teológica, pastoral y pedagógica para ser comunicadores atentos de la verdad de la fe, y que hayan adquirido ya una experiencia previa de catequesis".

El Pontífice quiere reconocer así que la vida cotidiana de los laicos "está entrelazada con vínculos y relaciones familiares y sociales que permiten verificar hasta qué punto están especialmente llamados a hacer presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que sólo puede llegar a ser sal de la tierra a través de ellos".

Si bien, señala que la catequesis debe darse "sin ningún menoscabo a la misión propia del obispo, que es la de ser el primer catequista en su Diócesis junto al presbiterio". El Papa dice finalmente que el catequista es al mismo tiempo "testigo de la fe, maestro y mistagogo, acompañante y pedagogo que enseña en nombre de la Iglesia".

"Una identidad que sólo puede desarrollarse con coherencia y responsabilidad mediante la oración, el estudio y la participación directa en la vida de la comunidad", concluye.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 30 años de prisión impuesta por la Audiencia de Málaga a una mujer por asesinar a su padre e intentarlo con su madre y tres sobrinos en Málaga en 2019. Así, se rechaza íntegramente el recurso de apelación presentado por la defensa de la mujer.

La sentencia de la Audiencia de Málaga se dictó tras el veredicto de culpabilidad de un jurado popular. Además de la pena de prisión, se le impuso la medida de alejamiento de sus familiares durante 13 años y se apreció una alteración psíquica. Ahora la defensa pivota sus motivos de recurso sobre la incidencia de ese estado mental.

Los hechos ocurrieron en la capital malagueña el 15 de julio de 2019. Según se declaró probado por el jurado popular, y recogía la sentencia, la mujer estaba en la casa de sus padres con ambos y con tres sobrinos menores de edad. En un momento determinado, fue a la habitación del padre.

Así, aprovechando que estaba dormido o adormilado, "le propinó varios golpes en la cabeza". A consecuencia de esto, el hombre sufrió varias lesiones que le provocaron la muerte "en escasos minutos". Asimismo, fue donde estaba su madre y le dio "varios golpes y cuchilladas" con un cuchillo de cocina y con un rodillo de amasar.

Además, con el "mismo ánimo de acabar con la vida de los allí presentes", y, aprovechando que su madre estaba inconsciente y los tres sobrinos menores durmiendo, colocó en el salón una bombona de butano a la que cortó la goma tras abrir la espita. No se produjo la muerte de estos porque uno de los niños se despertó y alertó.

La Sala de Málaga la condenó por un delito de asesinato, otros cuatro en grado de tentativa y uno de lesiones. Asimismo, consideró que en el momento de los hechos "presentaba ideas y alteraciones del estado de ánimo que disminuían de forma moderada su apreciación de la realidad, su conciencia y voluntad".

Ahora, el TSJA ratifica que las acciones llevadas a cabo por la acusada "eran idóneas para causar la muerte del padre, de la madre y de los sobrinos" y que las circunstancias en que se produjeron los hechos --las víctimas estaban dormidas-- "tendían a asegurar la ejecución del delito sin especiales riesgos para la acusada".

"No es necesario que se tratase de un plan preconcebido, basta para apreciar la alevosía con el modo en que se llevaron a cabo los hechos", señala el alto Tribunal andaluz, considerando que la acusada "eligió un modo de llevar a cabo su decisión de matar", algo marcado por el trastorno y que atenúa la responsabilidad penal, pero no la elimina.

César Román, apodado el 'rey del Cachopo', ha declarado en el juicio que no mató a su exnovia Heidi Paz vinculando el crimen a una mafia que realizaba 'vuelcos de droga' --robos a narcotraficantes-- y en la que colaboraba supuestamente la víctima, manifestando que un comisario le amenazó con una pistola dándole 48 horas para que aparecieran unos "doce kilos" de cocaína que la chica debía entregar.

"Sacó una pistola y me la puso en el estomago. Me dijo: te vacío el cargador entero y después a tu familia. ¿Dónde están los doce kilos? Me puse de los nervios. Le dije que no sabía nada. Me dijo que tenía 48 horas para decirle dónde estaba Heidi", ha narrado el empresario en la segunda sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid. Mañana arranca la prueba testifical con la declaración de la madre de la fallecida.

Junto con una gran cantidad de documentos, el acusado ha expuesto ante el tribunal su relato con todo tipo de detalle y gesticulando las manos en todo momento. Mostrando sus dotes de orador, ha rebatido las preguntas del fiscal en aspectos como que cuando se produjeron los hechos su relación con Heidi estaba rota.

Ha hablado de su exnovia, en el momento del crimen con 25 años, en presente porque duda de que el torso que apareció en una maleta de una de sus naves fuera el suyo en base al margen de error que hay en las pruebas de ADN.

El fiscal le acusa de matar y profanar el cadáver de su pareja, cuyo torso se halló el 13 de agosto de 2018 en una maleta calcinada. Se le detuvo dos meses después en Zaragoza, donde se ocultó bajo una identidad falsa en las cocinas de un pequeño restaurante.

El empresario se enfrenta a una petición fiscal de quince años de cárcel por un delito de homicidio y profanación de cadáver, con las agravantes de parentesco y delito de violencia de género. El abogado de la familia eleva la petición de pena a veinticinco años de cárcel.

En su declaración, ha relatado cómo conoció a la joven hondureña, quien se presentó a un anuncio de trabajo para una de sus sidrerías durante las fiestas de San Isidro de 2018. Iniciaron una relación y alquilaron un piso en Vallecas. Pero poco duró. El 20 de junio terminaron por la diferencia de edad.

"Me dijo que estaba embarazada. Le dije que tenía 25 años y yo 45 años. Uno no es tonto. Es una chica guapísima. Cuando una chica de 25 años, se acerca a tí hay algún tipo de interés. Esa relación tenía fecha de caducidad. Lo último era decirle que yo no quería el niño", ha señalado.

Días más tarde, recibió una llamada de la mujer y le comentó que había sufrido un aborto. Tras ello, organizó un viaje a Valencia pero ella no quiso ir y le dejó una nota que ha leído en la sala en la que le comenta que necesitaba unos días para recapacitar. A raíz de este episodio, dejan la relación si bien mantienen encuentros sexuales puntuales.

EL 3 DE AGOSTO: EL ÚLTIMO DÍA QUE LA VIO

Román ha detallado que el última día que vio a Heidi fue el 3 de agosto de 2018 afirmando que habló con ella la madrugada del día 5 al recibir una llamada de la mujer, que estaba con un amigo en la plaza de Legazpi, en la que le comentó si quería tomarse algo. Él rechazó la oferta porque estaba durmiendo.

"Yo no la volví a ver. He dicho un millón de veces que no vino a mi casa. Si no la vi, no la puede matar ni besar ni nada. El último día que la veo es el 3 de agosto. Si hubiera venido, el posicionamiento de su móvil lo hubiera señalado. Eso refrenda lo que digo. Heidi nunca vino a mi casa", ha aseverado. Sin embargo, ha dicho que la víctima le dejó una nota en su casa el 10 de agosto, cinco días después de la fecha en la que se sitúa el crimen.

Román ha narrado que el 5 de agosto por la mañana se desplazó en taxi a una de sus oficinas situada en Avenida de Andalucía de la capital con una maleta cargada de documentos. Para ello, cogió una trolley azul que tenía en su casa y que fue cargado por el taxista. Sostiene que esta persona mintió al afirmar que le llevó hasta una calle estrecha próxima a la nave donde se encontró la maleta con el torso de la mujer.

Así, ha insistido en que 'Teletaxi' le dio las coordenadas del punto exacto donde le dejó el taxi y confirma que se apeó en la citada avenida, ratificando que no le dejaron en el lugar que manifestó el taxista en instrucción. En este momento del interrogatorio, se le ha quebrado la voz asegurando que nunca se han analizado las huellas del taxista en la maleta.

Seguidamente, ha narrado que Heidi le contó la otra faceta de su vida que desconocía después de dejar la relación. "Me cuenta que viene a España huyendo de Honduras de las maras, en concreto de la Mara Salvatrucha o MS13, por un jefe que se había encaprichado con ella. Ella por lo visto se mete a trabajar de eso y en ese mundo, que se mueve mucha entre la droga, la ofrecen trapichear con cocaína y pasa a dar vuelcos de drogas", ha detallado.

Román ha explicado que el 12 de agosto una persona se le acerca, un tal Matías, para preguntarle por Heidi y lo relaciona con un préstamo de 9.000 euros que le habían dado unos amigos. Se citan un día después en un bar cercano a la calle Antonio López. Para su sorpresa, se presenta un comisario y le empieza a preguntar por la chica y por unos "doce kilos de cocaína".

En un momento y ante su sorpresa, esta persona le encañona en el estómago con una pistola y le amenaza con vaciarle el cargador. Tras ello, le da 48 horas para que localice a Heidi y los doce kilos de drogas. "Estuve recapacitando y decidí huir porque tenía miedo de que hicieran algo a mi hija", ha reconocido.

Se ocultó de la mafia en Zaragoza, donde tenía muchos conocidos. A los días, un amigo de la Guardia Civil le comentó que la Policía estaba divulgando falsamente que le estaban buscando para localizar a los verdaderos asesinos. Por ello, decidió quedarse y empezar a trabajar en un restaurante.

A preguntas del abogado de la familia, el acusado ha afirmado que el cuerpo que se localizó en la maleta no es el de su exnovia sustentando esta manifestación en el margen de error que hay en las pruebas de análisis forenses. En este punto, ha mencionado que la jurisprudencia establece que ese pruebas deben ser corroboradas por otras externas, lo que no sucede en su caso.

"Ese margen existe. Heidi tuvo su primera hija por cesárea. Y el análisis determina que no tiene cicatriz de cesárea. No es de raza caucásica. Hay dudas razonables", ha reseñado.

El momento más tenso se ha vivido cuando el letrado le ha preguntado sobre si alguien le ha amenazado en prisión, a lo que ha replicado que ya lo sabe manifestando que su compañero en el juicio fue a verlo y le amenazó para que no desvelara el nombre del comisario. "Usted está aquí con mucho interés", le ha dicho al letrado, quien ha solicitado a la sala que se deduzca testimonio contra el acusado.

PETICIÓN FISCAL: 15 AÑOS

En su escrito de acusación, el fiscal pide 15 años de cárcel para Román por los delitos de homicidio y profanación de cadáver con las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal de parentesco y de cometer los hechos por motivos de género. La víctima tenía dos hijos menores de edad que residían en Honduras y para quienes se reclama una indemnización de 300.000 euros.

Parte del cuerpo de Heidi Paz se halló el 5 de agosto de 2018 en una maleta en una nave del distrito de Usera. A Román se le detuvo en un bar de Zaragoza tras estar dos meses desaparecido. Desde el inicio de la causa, el empresario ha defendido su inocencia y ha insinuado que detrás puede estar una banda de narcotráfico.

El PSOE mantiene su decisión de no hacer reformas legislativas para suplir el fin del estado de alarma, pese a las críticas que le han dedicado sus socios parlamentarios, porque está convencido de que existe un "arsenal normativo suficiente" para que cada comunidad tome las medidas restrictivas que considere necesarias en función de la evolución de la pandemia en cada territorio.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, después de que varios aliados del Ejecutivo hayan reprochado al presidente, Pedro Sánchez, el "caos" que, dicen, está provocando su "inacción" tras el fin del estado de alarma.

Preguntada expresamente si no le preocupan estos reproches, Lastra ha contestado que en lo que están ocupados los socialistas es en que la recuperación económica y la vacunación vayan "a buen ritmo". En este punto, ha remarcado que si se ha podido poner fin al estado de alarma es, precisamente, por que ya se ha puesto la primera dosis al 30% de la población y el 80% de los mayores han recibido ya la pauta completa.

"Lo peor ya ha pasado y la excepcionalidad del estado de alarma ya no es imprescindible", ha dicho Lastra, incidiendo en que el Ejecutivo debe "garantizar en cuanto se pueda que los ciudadanos y los poderes públicos vuelvan a la normalidad".

Según Lastra, el fin del estado de alarma no equivale al fin de la pandemia y las restricciones y, para poder aplicarlas en función de los datos en cada comunidad, existen mecanismos jurídicos suficientes. Así, tras citar la Ley de Salud Pública y la de Seguridad Nacional, la dirigente socialista ha subrayado que también es "fundamental el papel de los jueces" porque hay que pedir autorización para restringir derechos fundamentales.

NO SE PREPARAN CAMBIOS NORMATIVOS

En este contexto, ha reivindicado el decreto aprobado por el Gobierno para que sea el Tribunal Supremo el que unifique criterios sobre la autorización o denegación de este tipo de medidas y ha dejado claro que "no se está preparando ninguna norma ni ningún cambio normativo" para esta nueva fase.

"Ya existe arsenal normativo suficiente para tomar las medidas necesarias en cada territorio", ha insistido, recordando que, en todo caso, las comunidades pueden pedir que se decrete el estado de alarma en su territorio y que los grupos que apoyan al Gobierno lo respaldarían en el Congreso.

Además, ha cargado contra el líder del PP, Pablo Casado, por apuntar que Sánchez sería el responsable de una hipotética cuarta ola de contagios por no haber legislado en esta materia. En este punto, ha recordado que los 'populares' votaron en dos ocasiones en contra de prorrogar la alarma y que, ante la que se decretó el pasado otoño se abstuvo.

El PP volverá este miércoles a la carga contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al que pedirá que explique al Congreso el papel jugado durante la campaña de las elecciones en la Comunidad de Madrid del pasado 4 de mayo, mientras que Vox tiene reservada para él una interpelación cuestionando su credibilidad, debate que dará lugar la próxima semana a una nueva votación sobre la continuidad del ministro.

En concreto, la portavoz de Interior del PP, Ana Belén Vázquez, quiere que Marlaska aclare a la Cámara Baja por qué ocultó la detención de dos miembros de seguridad de Podemos en los incidentes violentos acaecidos en Vallecas durante el mitin que Vox ofreció en ese distrito madrileño el pasado 7 de abril.

Días antes de las elecciones madrileñas, se publicó que Interior no había informado de que entre los detenidos en los disturbios que rodearon el citado acto de Vox, en el que varios efectivos de la Policía Nacional resultaron heridos, había dos miembros de la seguridad de Podemos. El exvicepresidente y candidato, Pablo Iglesias, negó que ambos fueras sus escoltas personales, pero sí reconoció que uno de ellos forma parte activa del partido.

Y POR TILDAR AL PP DE "ORGANIZACIÓN CRIMINAL"

"¿Considera usted justificado ocultar a la opinión pública la detención de dos miembros de la seguridad de Podemos por haber agredido a policías nacionales durante el intento de boicot de un acto electoral en Vallecas?", reza la pregunta registrada para Marlaska.

En la misma sesión plenaria, los 'populares', por boca de su diputada Ana Beltrán, exigirán que Marlaska explique unas declaraciones efectuadas durante un mitin en Madrid en el que calificó al PP de "organización criminal", una acusación que los de Pablo Casado consideran que no es compatible con su continuidad al frente de Interior.

En concreto, en su intervención, el titular de Interior aseguró que los 'populares' representan 26 años de "corrupción, chapuza y odio donde lo público fue para otros fines". "Todos conocemos Aval Madrid, Lezo, Púnica, Máster, todas esas operaciones criminales, de una organización criminal que realmente han mostrado lo peor de la política y el servicio público", dijo.

¿OTRA NUEVA REPROBACIÓN?

Y Vox, por su parte, irá un poco más allá e interpelará a Marlaska, al que reclamará que detalle las medidas que piensa adoptar "para restituir la credibilidad del Ministerio del Interior". Esta interpelación dará lugar, una semana después, a la votación de la subsiguiente moción, en la que no se descarta que el partido que capitanea Santiago Abascal vuelva a plantear una nueva reprobación del ministro.

No son pocas la veces que el PP, Vox y Ciudadanos han solicitado la dimisión del ministro y han pedido al Congreso su señalamiento entre otros asuntos por la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos o por los acercamientos semanales de presos de ETA a cárceles del País Vasco.

Pese a ser el ministro con más peticiones de reprobación a sus espaldas, en todas las ocasiones el PSOE y Unidas Podemos, socios del Gobierno, han sumado los apoyos necesarios para salvarle de la censura de la Cámara Baja.

Varios cargos del Partido Popular han salido en tromba este martes contra el Gobierno por abrir la puerta a subir el IVA reducido y superreducido y han recalcado que los pasos del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, evidencian que "las clases medidas trabajadoras pagan su despilfarro" porque quiere "subir hasta el precio del pan".

El PP ha reaccionado así a las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegurando que si el Comité de Expertos considera que se hace un "uso abusivo" de los tipos reducidos del IVA y recomienda su eliminación, el Gobierno los "escuchará". Según añadió, de momento el Ejecutivo no se ha comprometido con Bruselas a eliminar dichos tipos y no se ha incluido en el Plan de Recuperación.

El PP emplazará al Gobierno a explicar esta semana en el Pleno del Congreso y del Senado "la subida de impuestos incluida en el Plan de Recuperación" que, a su entender, "no han sido capaz de presentar ni compartir con los representantes de los ciudadanos".

El Gobierno se lo ha guisado solito pero ahora se lo tienen que comer los 47 millones de españoles que no están dispuestos a soportar el tsunami fiscal al que les ha condenado el Gobierno más antisocial de la democracia", aseguran los 'populares' en un argumentario interno, al que ha tenido acceso Europa Press.

CASADO: "SÁNCHEZ SUBE HASTA EL PRECIO DEL PAN"

El líder del PP, Pablo Casado, considera que sería un "escándalo" que se suba el IVA reducido y superreducido, y ha preguntado al Gobierno "cómo se le explica esto" a las familias que compran pañales, a un hostelero o a un transportista al que le suben el diésel y le quieren cobrar por circular.

A su entender, las "clases medias trabajadoras pagan el despilfarro" de Pedro Sánchez. "Sánchez sube hasta el precio del pan", ha afirmado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que acompaña con un vídeo de su entrevista anoche en Telecinco.

MAROTO: "UNA SUBIDA DE IMPUESTOS QUE LOS ESPAÑOLES NO SE MERECEN"

En una rueda de prensa en el Senado, el portavoz del Grupo Popular en esta Cámara, ha señalado que están viendo que "la intención del Gobierno es una subida de impuestos" que, a su juicio, "los españoles sinceramente no se merecen".

El dirigente del PP ha recalcado que Sánchez "quiere acribillar" a los españoles con el impuesto de la renta, "poner un peaje en todas las carreteras", puede plantearse una subida del IVA a "productos básicos higiénicos como los pañales" y "encima quiere hacer la vida imposible a los hosteleros pasando del 10% al 21% en la hostelería".

"¿Es que se quiere cargar del todo la hostelería? ¿Qué le ha hecho la hostelería a este Gobierno para que esté siendo siempre atacada por el Gobierno de PSOE y Podemos?, se ha preguntado, para avisar que su formación pedirá explicaciones a los ministros afectados en el Parlamento.

A su entender, es "fundamental" que el Ejecutivo "descubra las cartas cuanto antes" porque si no lo cuenta lo acabará "explicando Bruselas". "Mejor contar las vergüenzas en casa, señor Sánchez. Díganos qué impuestos y por qué se suben a los españoles", ha espetado Maroto al jefe del Ejecutivo.

CRITICAS TAMBIÉN DE ELVIRA RODRÍGUEZ Y PABLO MONTESINOS

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha criticado que el Gobierno llame "modernización del sistema tributario" a lo que es una subida de impuestos. "En el PP no estamos de acuerdo pero tampoco lo están otros países de nuestro entorno. Una subida de impuestos a medio y largo plazo no se lo plantea nadie", ha subrayado.

En este punto, Rodríguez ha apostado por "pegar un buen repaso a gastos que sean ineficientes, innecesarios y estén duplicados, ajustar las cuentas públicas para no ir apelando al endeudamiento y que la partida de interés suba".

En una entrevista en Business Conection de Negocios TVA, que ha recogido Europa Press, la exministra ha advertido de que "con el clima de inseguridad jurídica" que generan los anuncios del Gobierno "la gente no invierte, no hay generación de riqueza ni creación de empleo. "Se llega a un círculo vicioso que es en el que estamos y que no nos lleva a ninguna parte", ha añadido.

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha rechazado la subida de impuestos prevista por el Gobierno porque "los españoles no se lo merecen" y ha agregado que el PP los bajará cuando llegue a La Moncloa.

"¿La palabra de la ministra Montero o la del Gobierno valen algo?", se ha preguntado Montesinos en Canal Sur TV, tras recordar que el Ejecutivo negó la subida coincidiendo con la campaña madrileña y que la tuvo que admitir "quitándose la careta" horas después de que se cerraran las urnas.

Cantabria ha logrado rebajar este lunes la ocupación hospitalaria y en las Unidades de Cuidados Intensivos (UC) de pacientes Covid, que han pasado del 8,3 al 7,5 por ciento, en el primer caso, y del 28,6 al 25,7 por ciento en el segundo, en relación con el día anterior.

También ha mejorado la incidencia acumulada a 14 y siete días, que ha pasado de 205 casos por 100.000 habitantes a 192 y de 77 a 71, respectivamente.

No obstante, los nuevos contagios detectados se han incrementado en 21 respecto al domingo, alcanzando los 51, y la positividad de las pruebas se ha reducido al 5,4 por ciento (5,5 la víspera).

Sin embargo, el total de casos ha descendido a 2.279 (73 menos que el día anterior) en una jornada en la que no se ha registrado ningún fallecimiento.

Así, según los datos facilitados este martes por la Consejería de Sanidad, en Cantabria hay hospitalizados en estos momentos 103 pacientes con coronavirus, de los que 27 están en UCI, mientras 2.176 personas se encuentran en cuarentena domiciliaria.

Los ingresados se distribuyen en 78 en el Hospital Valdecilla de Santander, 17 en el de Sierrallana de Torrelavega, siete en el de Laredo un uno en el Tres Mares de Reinosa.

Con los datos actualizados, la región acumula 30.713 casos positivos desde el inicio de la pandemia, de los que 29.454 se han detectado mediante prueba PCR y 1.259 a través de test de detección de anticuerpos; y 564 fallecidos.

El total test asciende a 580.971, lo que supone 99.944 por 100.000 habitantes.

Los sindicatos con representación en el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación han remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para denunciar la "pasividad" hasta el momento para resolver el problema de la vacunación del personal del Servicio Exterior y para reclamar que se adopte un plan que les permita inocularse.

La misma misiva, que suscriben CCOO, CSIF, FEDECA/ADE, SISEX y UGT, ha sido remitida también a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, así como a la propia ministra de Exteriores, Arancha González Laya.

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, han lamentado la "pasividad" frente a las peticiones formuladas en los últimos meses respecto a la vacunación del personal destinado en el extranjero, unas 7.000 personas, y aquellos que próximamente tendrán que asumir cargos fuera de España.

"Es lamentable que a fecha de hoy aún no hayan tomado las medidas necesarias para que, en coordinación con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se proceda a la vacunación de los funcionarios y empleados del servicio exterior, así como de sus familias, en aquellos países donde sea necesario", sostienen en la carta.

En este sentido, recuerdan que se pidió la elaboración de una lista con los países cuyas condiciones sanitarias se consideran precarias y que por tanto quienes están destinados en ellos deberían tener prioridad para recibir la vacunación, sin que esto se haya producido hasta ahora.

Además, advierten de que en algunos países está previsto inocular a la población vacunas que no han sido homologadas por la UE y en otros "ni siquiera hay un plan de vacunación".

Por ello, ante la "inacción y la falta de planificación", los sindicatos piden a Sánchez que se elabore "un plan de vacunación específico para el personal en el exterior, así como de sus familias, con carácter inmediato".

Asimismo, plantean que se plantee la posibilidad de que todos ellos puedan ser vacunados en el gabinete médico de Exteriores, aprovechando sus viajes a España, así como con carácter previo a su salida hacia su destino en el exterior.

Por otra parte, exigen que se aclare por qué el personal del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa destinados en el extranjero ya han sido vacunados, algo que no ha ocurrido con los funcionarios del Ministerio de Exteriores.

"Resulta doloroso que se haya llegado a esta situación", remachan los sindicatos, que inciden en que el personal del Servicio Exterior "se encuentra sumido en el desasosiego y la intranquilidad" y muchos de ellos están ejerciendo sus funciones en "circunstancias especialmente duras".

Galicia roza el millón de personas vacunadas frente a la Covid-19 al menos con una dosis, de las que casi 460.000 cuentan con la pauta completa tras haber sido administradas más del 90 por ciento de las recibidas.

Según los datos actualizados en la mañana de este martes en el 'Cronómetro de vacinación' por la Consellería de Sanidade con los registros de la jornada de vacunación de este pasado lunes, 459.904 personas cuentan con la pauta vacunal completa, que suponen el 19,46 por ciento de la población a vacunar, 3.896 ciudadanos más inmunizados con respecto al día anterior.

Hasta la fecha se han administrado en el conjunto de la Comunidad gallega 1.446.751 dosis, 17.165 más que la jornada anterior, de las 1.601.665 recibidas --124.020 más que las almacenadas hasta el día pasado--, que suponen el 90,32 por ciento.

En relación a los grupos de población vacunados, por condición de vulnerabilidad han recibido al menos una dosis 12.407 personas con condición de alto riesgo --175 más frente al día anterior-- y 514 tienen la pauta completa --29 más--.

Por su lado, entre las personas dependientes no institucionalizadas han recibido al menos una dosis 16.771 --suponen 307 más-- y han completado la pauta vacunal un total de 13.967 --otros 1.085 más--. En cuanto a las institucionalizadas --que se empezaron a vacunar el 27 de diciembre del año pasado--, 23.514 han recibido el primer pinchazo --12 más-- y 22.869 cuentan con la pauta completa --29 más--.

PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN

Por su parte, los vacunados en Galicia por probabilidad de exposición que han recibido al menos una dosis alcanzan los 74.059 profesionales del ámbito sanitario --79 más-- y 56.487 de los mismos tienen la pauta completa --142 más--.

A ellos se suman 29.399 trabajadores del ámbito socio-sanitario con una dosis --164 más-- y 19.390 con la pauta completa --33 más--. Por su parte, 60.996 trabajadores esenciales han recibido al menos una dosis de la vacuna --653 más-- y 2.313 han completado el proceso --dos más--.

GRUPOS DE EDAD

En total, según la edad, han recibido al menos el primer pinchazo en el conjunto de Galicia 779.722, que implican 12.675 más que la jornada anterior, y cuentan con la pauta completa 344.360, que suponen 2.577 más.

Por grupos, hasta la fecha han sido vacunadas 129.089 mayores de 85 años (+348); 94.780 personas de 80 a 84 años (+114); 130.603 de 75 a 79 años (+155); 144.108 de 70 a 74 años (+237); 145.555 de 65 a 69 años (11.468); y 160.920 de 60 a 64 años (+569).

Esto eleva a 805.055 las personas vacunadas mayores de 60 años en toda Galicia, que suponen el 92,43 por ciento del total de la población de este grupo susceptible de vacunar.

A ellas se añaden 43.280 personas de 55 a 59 años (+241); 38.450 de 50 a 54 años (+157); 29.472 de 45 a 49 años (+204); 26.584 de 40 a 44 años (+183); 19.263 de 35 a 39 años (+159); 15.477 de 30 a 34 años (+103); 12.546 de 25 a 29 años (+69); 6.137 de 20 a 24 años (+50); 616 de 15 a 19 años (+5) y una de 10 a 14 años.

Por ello, han sido vacunadas hasta el momento 996.881 personas con al menos una dosis en toda Galicia, que implican 14.062 más que el día anterior, lo que supone el 42,19 por ciento de la población susceptible de recibir la vacuna contra este coronavirus.

La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha trasladado este martes que no entiende que ahora el PP esté "suplicando" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "encierre" a los ciudadanos cuando se han pasado toda la campaña "pidiendo libertad".

"Ahora no podemos cambiar de criterio y decirle a Sánchez que nos encierre. Eso es incoherente. Queremos libertad y acabar con las restricciones porque ya sabemos todos cómo funciona esto. ¿Qué es esto de escuchar pidiendo al PP que nos encierren? Suplicándoselo a Sánchez cuando se han pasado la campaña entera pidiendo libertad", ha defendido Monasterio en una entrevista con 'esRadio'.

A su juicio, libertad es "levantar la economía, dar confianza al consumidor y eliminar todas las restricciones". Monasterio ha defendido que Vox está en la misma posición de "no atacar las libertades de los que no están contagiados" frente a lo que hizo el Gobierno de España que fue imponer un "estado de alarma ilegal".

Por ello, la líder de Vox en Madrid entiende que los 'populares' no pueden ahora "virar" al pedirle a Sánchez restricciones y les ha instado a "defenderse del engaño del Gobierno".

La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha insinuado este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, que debe elegir si quiere ser "generosa" con Vox a la hora de formar gobierno al no tener el PP la mayoría absoluta.

"La realidad es que dependen de Vox porque no tienen 69 escaños. Nosotros dábamos nuestros votos a cambio de nada por la investidura y ahora ella es la que tiene que elegir si quiere ser generosa con Vox o no", ha trasladado Monasterio en una entrevista con 'esRadio'.

Así, ha indicado que están esperando a la "posición" de Ayuso con la que dice haberse "felicitado" por haber logrado sacar a la izquierda de la Comunidad de Madrid.

Monasterio considera que en Andalucía y en Murcia deben convocarse también elecciones porque no se puede contar "con el riesgo" de que estén en esos gobiernos Cs y en toda España, porque "no se puede seguir con Pedro Sánchez" como presidente del Gobierno que "va a arruinar a España junto con miles de empleos, familias y trabajadores". "La política es sacar al que está arruinando al país. Tiene que haber elecciones lo antes posible", ha reiterado.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ve "arrogante y soberbio" que el Gobierno central no quiera reformar Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Publica que sustituiría al estado de alarma.

En una entrevista en 'Antena 3' ha sostenido que se está viviendo un "déjà vu" porque esto mismo el PP lo propuso hace diez meses. "Nosotros hemos presentado ya dos proposiciones de reforma de esta ley, en el mes de agosto y hace exactamente un mes. No queremos ningún tipo de protagonismo. Queremos que haya un marco legal que habilite la adopción de esas medidas como ocurre en otros países", ha trasladado.

López ha explicado que en la Comunidad de Madrid decidieron no aplicar el toque de queda el viernes pasado porque sus "propios servicios jurídicos" se lo desaconsejaron. Y, respecto a la petición de la delegada del Gobierno, Mercedes González, el consejero regional ha indicado que es la única persona con este cargo en España que ha criticado a su comunidad autónoma.

"No entendemos esta crítica política cuando lo que hay que buscar es coordinación. Un botellón cualquier sábado es un problema de orden público de carácter local, que tiene que atender la Policía Local; un botellón en un momento de pandemia es un problema de salud público, en la que tienen que trabajar de forma conjunta Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil", ha explicado.

Para López, si no fuera que se está en un momento "trágico y dramático" para España y para el mundo esto sería "un chiste". A su parecer, están provocando que sean las comunidades las que pidan el estado de alarma al Gobierno por no haber querido reformar una ley que puede cambiarse en quince días.

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha expresado este martes su apoyo a la candidatura del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en las primarias del PSOE-A para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas por considerar que "sin lugar a dudas representa bien ese nuevo liderazgo que Andalucía necesita".

Gámez, que en etapas anteriores fue portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, delegada del Gobierno de la Junta en esta provincia y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en Canal Sur Radio en la que no ha ocultado que Espadas es su "favorito" en estas primarias que cuentan con otros tres precandidatos: la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz; el exdiputado y profesor universitario Luis Ángel Hierro; y el militante granadino Manuel Pérez García.

"Este partido tiene ya muchísimos años de experiencia en abrir el debate a los militantes y, por lo tanto, a facilitar que sean ellos los que se pronuncien. Yo creo que es buena esa participación de los militantes y desde luego creo que ahora también es un buen momento para prepararnos para un nuevo liderazgo", ha asegurado Gámez, que ha añadido que considera que "sin lugar a dudas Juan Espadas representa bien ese nuevo liderazgo que Andalucía necesita".

"Me une a él una amistad de hace muchos años. He trabajado con él cuando formaba yo parte de la Junta de Andalucía y me parece una persona muy preparada, muy fresca y también muy capaz de integrar, que yo creo que es lo que también es necesario en todos los ámbitos, por supuesto también el PSOE", ha concluido la directora de la Guardia Civil.

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha descartado este martes la reincorporación del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, que él mismo ha solicitado sin esperar al recurso del Ministerio del Interior contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anula su cese, hasta que haya una decisión judicial firme.

En una entrevista en Canal Sur Radio, Gámez ha asegurado que la reincorporación de Pérez de los Cobos a su puesto al frente de la Comandancia de Madrid "es una cuestión que está todavía pendiente de decisión judicial y por lo tanto vamos a esperar a que los jueces resuelvan porque la primera decisión judicial está recurrida y cuando resuelvan definitivamente o nos indiquen que hay que ejecutarlo lo de manera provisional, pues actuaremos".

"Entre tanto no hay nada. No hay obligación de reincorporarlo a la Jefatura de la Comandancia de Madrid y seguirá prestando sus servicios como hasta ahora dentro de la Guardia Civil en otro área", ha añadido Gámez, que ha querido dejar claro que Pérez de los Cobos "realmente no ha dejado de estar en la Guardia Civil" porque "lo que se produjo fue su salida de la Comandancia de Madrid, por tanto estaba ejerciendo y sigue ejerciendo dentro de la Guardia Civil en otro destino".

La directora de la Guardia Civil se ha pronunciado de este modo cinco días después de que el coronel Diego Pérez de los Cobos haya presentado en la Audiencia Nacional una petición para reincorporarse a su puesto como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, cargo del que fue cesado cuando una unidad bajo su dependencia fue requerida judicialmente para investigar la posible relación entre la manifestación feminista del 8-M y el inicio de contagios de coronavirus.

Pérez de los Cobos solicitó el pasado jueves 6 de mayo su reingreso en la Comandancia de Madrid, sin esperar al recurso planteado por el Ministerio del Interior que, a través de la Abogacía del Estado, sostiene que el cese fue legal al ser cargo de libre designación y que no hubo "desviación de poder".

El cese del coronel se anunció en mayo, cuando estaba en vigor el real decreto del primer estado de alarma por el Covid-19, y está en la actualidad pendiente de resolución por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, tras el fallo del juzgado número 8 de este órgano judicial que declaraba ilegal la destitución de este mando.

Fuentes de Interior ya avanzaron que se opondrán a través de la Abogacía del Estado a la ejecución provisional de la resolución de la Audiencia Nacional que daba la razón a Pérez de los Cobos. Entienden que no cabe aceptar su reingreso al haber sido recurrido y que, como se ha señalado en el recurso presentado, "se considera que el cese fue legal, motivado y ajustado a derecho".

En su recurso, de hecho, Interior justificaba el cese en una pérdida de confianza hacia Pérez de los Cobos, que antes de la Comandancia de Madrid estuvo en la Secretaría de Estado de Seguridad y fue asignado como coordinador del dispositivo para frenar el referéndum del 1-O en Cataluña.