La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido por escrito a Conselleria de Educación que la aplicación de los denominados Ámbitos en Secundaria el próximo curso sea optativa.

La central sindical considera que la decisión de la administración de «imponerlos» en Primero y Segundo de la ESO «podría resultar perjudicial para el alumnado, ya que va en contra de la especialización y la Conselleria la aplica sin aportar recursos ni una formación específica».

CSIF recuerda, en un comunicado, que los denominados Ámbitos suponen una agrupación de asignaturas, como puedan ser, por ejemplo, Economía, Biología y Matemáticas.

El docente que lo imparte ha de aportar casos prácticos a su alumnado sobre las diferentes materias de su ámbito sin que Conselleria haya proporcionado una preparación específica a los profesionales para ese aprendizaje.

CSIF cree que la Conselleria, después de probar durante este curso en Primero, «quiere hacer obligatoria su aplicación en Primero y Segundo en el próximo curso».

El sindicato ya trasladó en reunión de Mesa Sectorial, y ahora lo ha hecho por escrito registrado, que «un cambio de metodología tan importante debe de ser optativo y no obligatorio, como Conselleria impuso para primero de ESO en el curso 2020-2021».

El sindicato considera que esa medida «atenta contra la especialización del docente en la materia para la que se ha formado académicamente y para la que está preparado para impartir». «Esta circunstancia repercute sobre el propio alumnado, que no recibe la enseñanza con el nivel de especialización necesaria para poder aprenderla en las mejores condiciones», insiste.

ESPECIALIDADES DE LOS CUERPOS DOCENTES

En esta línea, la central sindical hace hincapié en su escrito en que «CSIF defiende las especialidades de los cuerpos docentes, la libertad de cátedra y la autonomía de los centros». «La adopción de los ámbitos, en todo caso, debería de ser una decisión de los diferentes departamentos del centro educativo», apunta.

Por todo ello, pide a la Conselleria que «rectifique su imposición y establezca ese carácter optativo tras un curso de implantación en el que muchos docentes se han mostrado contrariados por la forma de imponer esa metodología por parte de la Administración, sin recursos ni formación específica para el aprendizaje, ni tampoco perfeccionamiento en esta metodología».

A todo ello se suma la falta de «datos tangibles y baremables sobre la repercusión en la calidad educativa de la implantación de los Ámbitos».

PP y Vox han cuestionado este martes la labor que está realizando la Secretaría de Estado de la España Global, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, para mejorar la imagen y la reputación del país a nivel internacional en un momento en que consideran que está debilitada entre otras cosas por la crisis con Marruecos.

Ambos partidos han aprovechado la comparecencia del secretario de Estado de la España Global, Manuel Muñiz, en la comisión de Exteriores del Senado para criticar la política exterior del Gobierno y en particular las labores que desde Exteriores se están haciendo para mejorar la imagen de España.

Así tanto el senador de Vox y portavoz del grupo Mixto, José Manuel Marín Gascón, como la portavoz del PP en la comisión, Pilar Rojo, han coincidido en señalar entre otros aspectos a la mala gestión del Gobierno de la pandemia, la crisis abierta con Marruecos o el hecho de que el presidente estadounidense, Joe Biden, no haya llamado aún por teléfono a Pedro Sánchez.

«Nuestra política exterior está atravesando por uno de los peores momentos de su historia», ha sostenido Rojo, haciendo mención expresa a la pandemia y la gestión del Gobierno y denunciando que «España lidera los peores ranking entre países industrializados» en cuestiones como exceso de mortalidad o caída del PIB.

En este sentido, ha preguntado a Muñiz qué es lo que está haciendo frente a una «imagen dañada y poco creíble» de España a nivel internacional y «un Gobierno al que solo han escuchado contradicciones y mentiras.

MEJORAR LA IMAGEN EN CASA

Aunque ha evitado criticar con firmeza las campañas para promover a España a nivel internacional, Rojo ha defendido que el Gobierno debería empezar primero en casa, habida cuenta de que, según la senadora ‘popular’, «la política exterior está siendo boicoteada una y otra vez desde el Consejo de Ministros» por la existencia de dos «agendas paralelas» de PSOE y Podemos en asuntos internacionales como el Sáhara o Venezuela.

En opinión de Rojo, será difícil proyectar una buena imagen de España de cara al exterior «si no se fomenta esa imagen positiva de puertas para dentro». Además, ha afeado la «pérdida de protagonismo en América Latina», que «Biden ha ignorado» a Sánchez en su ronda de contactos, además de la «más grave crisis diplomática en años» con Marruecos y las «derrotas y humillaciones» sufridas en las candidaturas de españoles a puestos internacionales.

Por su parte, el senador de Vox ha defendido que «la imagen de España en estos momentos no es la mejor, no solo por pandemia sino por la mala gestión del Gobierno socialcomunista». Marín Gascón se ha mostrado particularmente crítico con el aumento del presupuesto del Ministerio de Exteriores y más en concreto la Secretaría que dirige Muñiz, cuestionando los sueldos y algunas de las partidas presupuestarias y denunciando que ha generado una «red clientelar» para «amigos y afines».

«No vemos que su Gobierno socialcomunista y el Ministerio hayan conseguido hacer mella positiva en la imagen» de España habida cuenta del «caos generalizado e improvisación que sigue mostrando el Ejecutivo desde que asumió el poder», ha subrayado el senador de Vox, denunciando el «importante deterioro» sufrido por la Marca España en este tiempo y el incumplimiento año tras año del objetivo del déficit. «Eso sí que perjudica a nuestra marca», ha incidido.

«Debemos devolver a España al lugar en que debe estar a nivel mundial y europeo» por su lengua y por su historia, pero para ello «es fundamental», ha dicho Marín Gascón, «que el Gobierno contribuya a ello», algo que no ha venido ocurriendo. España «debe recuperar protagonismo en la acción exterior», ha añadido, advirtiendo de que «solo si se respeta a sí misma será respetada».

LA IMAGEN DE ESPAÑA ES BUENA

Por su parte, Muñiz ha refutado de plano esta visión. «La imagen de España es muy buena», ha defendido, remitiéndose a la «evidencia empírica» que hay de ello y citando numerosos estudios y ranking a nivel internacional.

Todavía a día de hoy tengo que ver un informe serio, con metodología contundente, que nos diga que tenemos una mala imagen internacional», ha reivindicado el secretario de Estado, insistiendo en que «la imagen es sólida y resistente» y se sustenta en la lengua y la cultura y también en la experiencia vivida por quienes vistan España, unos 80 millones de personas al año antes de la pandemia.

«Lo que sí tenemos es un serio problema de autoestima», ha lamentado Muñiz, subrayado que España es uno de los pocos países del mundo donde sus ciudadanos sistemáticamente tienen una percepción de sí mismos peor que la que hay a nivel internacional sobre ellos. Además, ha atribuido esto en parte al hecho de que la imagen de España se use como «arma arrojadiza» en la política.

«La imagen de España la construimos entre todos», ha argumentado, recordando que las declaraciones que se hacen en uno u otro sentido «las escuchan los corresponsales internacionales» y terminan teniendo eco en la prensa extranjera, defendiendo por ello la necesidad de «coherencia» y sobre todo «lealtad» por los que vendrán después.

En este sentido, se ha mostrado «convencido de que la política exterior tiene que ser política de Estado». Para que sea eficaz, ha dicho Muñiz, «tiene que ser estable en el tiempo» y «para que sea creíble tiene que contar con el apoyo del resto de grupos», ha acotado.

BIDEN Y MARRUECOS

También ha refutado que exista ningún problema en la relación con Estados Unidos que explique que aún no se haya producido la llamada entre Biden y Sánchez. Según ha dicho, lo que le han trasladado sus interlocutores en ese país es que «nos ven como un socio clave» y que no hay «ninguna vinculación» con la intensidad de la relación, especialmente profunda en materia comercial pero también de seguridad, por la presencia de dos bases estadounidenses en España.

Por lo que se refiere a Marruecos, ha incidido en que se trata de una crisis «producida por una discrepancia sobre la cuestión del Sáhara» y ha recalcado que la postura del Gobierno respecto a este contencioso se mantiene inalterable y pasa por el respeto de las resoluciones de la ONU en la materia.

El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha negado cualquier implicación en las graves violaciones de Derechos Humanos que le atribuyen las dos querellas presentadas en su contra, durante la declaración que ha tenido lugar este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que ha vuelto a rechazar las medidas cautelares solicitadas –prisión provisional y retirada de pasaporte– al no ver ni riesgo de fuga ni indicios de delito.

Ghali, que ha declarado por videoconferencia desde el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde está ingresado por complicaciones derivadas de la COVID-19 desde el pasado 18 de abril, estaba citado por una querella formulada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) y por otra presentada por el activista saharaui Fadel Breica.

«El presidente Ghali ha explicado que su participación, como ministro de Defensa en aquella época, no tenía ningún tipo de responsabilidad ni de acción en la conducta que se le imputaba por parte de las acusaciones», ha dicho su abogado, Manuel Ollé, a los medios de comunicación al término de la comparecencia judicial.

La acusaciones, sin embargo, han solicitado medidas cautelares contra el líder saharaui para garantizar que permanece en España, reclamando en concreto si ingreso en prisión provisional y la retirada del pasaporte. La Fiscalía, por su parte, se ha limitado a pedir que facilite un teléfono y un domicilio para poder localizarlo.

Pedraz ha respondido poco después a través de dos autos –uno por querella– en los que ha rechazado las medidas cautelares al considerar que «no puede apreciarse riesgo de fuga alguno». «No consta dato alguno para apreciar que el investigado pueda o quiera sustraerse a la acción de la justicia», ha determinado.

Ha llamado la atención sobre el hecho de que «en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos investigados se ha personado en la causa y ha accedido a la práctica de su declaración, incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra, que bien le hubiera permitido a su defensa solicitar posponer la declaración».

Asimismo, ha señalado que «no puede seguirse que pueda ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento, máxime a la vista de la fecha de los hechos investigados», algunos de hace más de una década, «y menos aún que el mismo pueda actuar contra bienes jurídicos de víctima alguna».

SIN INDICIOS

Pedraz ha apuntado igualmente que «el informe de la acusación (…) no ha suministrado elementos siquiera indiciarios que avalen la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno». A este respecto, ha detallado que «las declaraciones de los testigos en la causa no tienen prueba corroborativa».

De acuerdo con el magistrado de la Audiencia Nacional, en dicho informe solamente se alerta de que Ghali sería culpable de delitos muy graves y se advierte de que podría fugarse porque ingresó en el hospital de Logroño de forma «extravagante» con una supuesta documentación falsa.

El magistrado ha querido aclarar en este punto que «no consta» que hiciera uso de documentación falsa y que, en cualquier caso, afirmar que Ghali habría entrado en territorio español «ilícitamente» no basta para acordar las medidas cautelares planteadas.

Por todo ello, ha decidido que «no ha lugar a decretar la prisión provisional ni otro tipo de medida cautelar personal» contra el jefe del Frente Polisario, aunque sí ha requerido a su representante legal para que «aporte un domicilio y teléfono en España a fin de estar localizado».

El abogado de Ghali se había mostrado «optimista» sobre las medidas cautelares, argumentando que adolecían de «falta de solidez». «Es como solicitar ahora, de acuerdo con lo que hay en los autos, que se ponga a nevar en Madrid», ilustró.

«FINES POLÍTICOS»

Con todo, Ollé ha concluido que la comparecencia judicial «ha ido muy bien» porque «se ha demostrado que son absolutamente falsos los hechos que han sido objeto de la acusación» contra Ghali.

Así, ha atribuido las acusaciones a «fines políticos», «para tratar una vez más de minar la credibilidad del pueblo saharaui y su lucha en el camino hacia la autodeterminación que le corresponde».

«Se ve que se ha tratado, aprovechando que estaba aquí, de utilizarlo como un trofeo o como una presa política», ha denunciado. Por eso, ha avanzado que solicitará el sobreseimiento libre de las actuaciones y la condena en costas de las acusaciones al estimar que han actuado con «mala fe» y «temeridad».

SIGUE «MUY DÉBIL»

El letrado de la defensa ha destacado que Ghali ha hecho «un tremendo esfuerzo» por comparecer «voluntariamente» ante la justicia española, aseverando que sigue «muy débil».

Interrogado sobre cuánto tiempo permanecerá su cliente en España, ha contestado que habría que esperar a que Pedraz resolviera, algo que ya ha hecho. «Y, a partir de ese momento, (Ghali) decidirá lo que tenga por conveniente. Él está débil de salud y, en cuanto esté fuerte, decidirá», ha zanjado.

Además, Ollé ha aprovechado para poner de relieve que Ghali entró en España con su pasaporte y subrayar que, a su llegada, «estaba más cerca de la muerte que de la vida».

VÍCTIMA A VÍCTIMA

No obstante, la abogada de Breica, María José Malagón, ha achacado el optimismo de Ollé a su «lógico» rol de defensa, al tiempo que ha reivindicado que si el juez ha admitido ambas querellas es porque hay algún indicio.

Breica «ha sido torturado horriblemente», ha afirmado, para añadir que también se le ha expuesto «una casuística absolutamente pormenorizada, de días, personas –nombres propios– y hechos claros» de otras presuntas víctimas. Malagón ha asegurado que tiene pruebas, incluso informes médicos, y que las aportará a la causa.

Fuentes presentes en la declaración de Ghali han contado que, efectivamente, se ha preguntado al líder saharaui sobre víctimas concretas, pero que ha negado siquiera conocerlas.

Otro de los asuntos que han aflorado en el curso de la comparecencia es la inmunidad diplomática. Ollé ha planteado directamente a Ghali si quería renunciar a ella, si bien él ha optado por ampararse en la misma, como presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Las acusaciones han cuestionado que goce de tal protección y Pedraz las ha emplazado a exponer sus argumentos por escrito dejando el tema en el aire.

Por otro lado, Malagón ha reaccionado a las acusaciones de «mala fe» vertidas por la defensa para manifestar que «esto no es un tema político», sino una cuestión de Derechos Humanos. «No sé ni dónde está Marruecos», ha remachado, también en declaraciones a la prensa desde la Audiencia Nacional.

El interrogatorio ha durado una hora y media, a pesar de que Ghali solo ha respondido a las cuestiones de su abogado y del Ministerio Público. El juez no ha preguntado. Según Malagón, el presidente de la RASD no se ha quitado la mascarilla «en ningún momento». Y, por su forma de hablar, no parecía tan débil.

Los acusados de asesinar al joven Iván Castro, en un garaje de La Felguera en 2017, Marta R. y Nelson D., han prestado declaración este martes ante el Tribunal y se han acusado mutuamente del asesinato. Ella, Marta R. ha asegurado que no tuvo nada que ver con la muerte de su pareja que asegura la maltrataba. «Soy culpable de encubrir a Nelson, se que eso tendrá un castigo y lo tendré que acatar, pero no soy culpable de nada mas. Nelson se montó una película para implicarme a mí», ha dicho.

Nelson D. por su parte ha manifestado que fue su novia, Marta R. quien le convenció de que la única manera de librarse de Iván, con el que mantenía una «relación tóxica», sería matándolo. «Yo le dije que la ayudaba, y es ella quien decide que hay que hacerlo en el Puente de la Constitución porque habría poca gente«. Por eso ha dicho que lo intentó una primera vez el 6 de diciembre y tras no lograrlo lo vuelve a hacer el día 7, consiguiendo su fin.

«En ese momento estaba trastornado perdido. Vi llegar el coche, Marta me dijo como era el garaje, y donde aparcaba Iván, entro detrás lo espero a que aparque y ella me había dicho lo que tenía que decirle, que unos días antes mi pareja le había rayado el coche, le dije que lo mirase bien y cuando se agacha a verlo saco el arma y cuando se gira le disparo, hago tres disparos y me voy», ha explicado, añadiendo que «no sabe ni donde le pega».

Ha añadido que acto seguido montó en su coche y no sabe ni como consigue salir de La Felguera, hasta que llegó al punto donde lanzó el arma y el teléfono al río. «No se si antes o después de tirar el arma llamo a Paula –una amiga de Marta– y luego a Marta R. y le digo el código que me mandó para decir que estaba muerto, que era ‘quedamos a tomar algo en un bar'», ha relatado.

Después quedó con la acusada y una amiga y no hablaron nada del asunto. «Yo al rato me voy al piso y ya no se que hace ella. Si me dijo que después le mandó mensajes al fallecido porque no se fiaba de que estuviese muerto», relató el acusado que también contó como después de eso siguieron con su vida «ya como pareja estable» aunque ella le sigue presentando a él como amigo.

Ha explicado que si cuando le detuvieron mintió fue para encubrirla a ella, «para salvarla porque la amaba». Dijo que días antes del asesinato la acusada le dijo que estaba embarazada y el niño era suyo y le aseguró que cuando Iván C. le notase la barriga la mataría. «Le ofrecí desaparecer, vender mis taxis y mis bienes e irnos, pero ella decía que su se iban Iván iría a por su padre y lo mataría. Me producía nerviosismo y taquicardias. Una semana después de saber de su embarazo me enseñó una bala que dijo le dio Iván diciéndole que una como esa sería para ella, yo me puse histérico», ha dicho.

El procesado ha asegurado que se enteró de la relación de Marta R. con Iván C. tres meses antes de su fallecimiento. «Fue poco a poco diciéndome que la maltrataba, hasta que me dijo que ojalá se muriese, le dije que iba con ella a denunciarle pero me dice que no, que eso no valía para nada y que si íbamos la iba a matar a ella o a su padre», ha dicho el procesado, que ha indicado que Marta R. le mostró amenazas y le decía que tenía «terror a que Iván le hiciese algo a ella o a su padre».

DECLARACIÓN DE MARTA R.

Por su parte Marta R. ha sido la primera en prestar declaración. La acusada, que únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado, Sergio Herrero, ha indicado que Nelson D. sabía donde vivía en Langreo y había visto varias veces fotos de Iván C. y de su coche. Ha negado que dijese a Nelson D. que Iván la quisiera matar. Así mismo ha explicado que, el día del asesinato «sabía que el acusado iba a ver a Iván para decirle que tenían una relación sentimental y pedirle que la dejase tranquila».

«Yo estaba en Oviedo y cuando volvió me dijo que tuvieron un enfrentamiento y se habían torcido las cosas, pero no me dio más explicaciones porque había más gente. Al día siguiente me dijo que lo había matado. Yo me había enterado ya esa noche», ha explicado la procesada que ha añadido que «no sabia que Nelson tenía un arma». «Le vi balas porque una vez me dio un casquillo en la panadería para hacerme un llavero», añadió.

Ha explicado que tras lo sucedido se trasladó a vivir a Oviedo, pero no fue hasta tiempo después que el otro acusado se trasladó a vivir con ella, aunque ha asegurado que no lo sabía casi nadie. «No quería que me juzgasen, que mis padres se avergonzase de mí y además tenía miedo a la policía por tener una relación con la persona que había matado a mi ex pareja», ha dicho la procesada que ha admitido que «que no dijo la verdad para encubrir a Nelson y por miedo a verse implicada», asegurando que «radicalmente no lo está y no sabia lo que iba a pasar.

También ha explicado su relación con el fallecido, que se inicio en 2005 cuando ella tenía 16 años, destacando que su entonces pareja pasó de las contestaciones y malos tonos a las amenazas, hasta que decidió denunciarle por malos tratos cuando llevaban cuatro años viviendo. «Le pusieron una orden de alejamiento pero él no la cumplió», ha dicho Marta R., que ha incidido en que el fallecido fue condenado por el juez.

«Se que puede ser difícil de entender pero como había momentos buenos los malos se olvidaban», ha dicho la procesada para justificar por qué volvió con el fallecido, a pesar de que lo ocultó a sus padres y a muchas de sus amigas por «miedo a que sus padres reaccionasen y por vergüenza de volver con él tras lo vivido».

Ha relatado que cuando volvió con el fallecido en 2016 las cosas empezaron bien pero en 2017 volvieron las amenazas, llegando «encerrarme toda la noche en la terraza». «Era por días, si el estaba bien conmigo bien y si estaba mal iba mal», ha dicho, asegurando que llegaron a pensar en tener un hijo aunque nunca llegó a quedar embarazada. «Cuando mataron a Iván pensaba que estaba embarazada pero un mes después supe que no», ha dicho.

También ha relatado que conoció a Nelson D., el otro acusado, por una compañera de trabajo con la que el procesado mantenía una relación extra matrimonial. Ha explicado que inicio con el una relación de amistad y a finales del verano de 2017 se convirtió en un relación sentimental.

Fiscalía pide para cada uno de los acusados 27 años de prisión, 25 por asesinato y dos por tenencia ilícita de armas, al considerar que existen pruebas suficientes de que ambos se aliaron para asesinar a Iván Castro el 7 de diciembre de 2017. La defensa de Marta R. pide la libre absolución y la de Nelson D. pide una pena de 11 años de cárcel.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha denunciado este martes que el PSOE, Unidas Podemos, y el PP han decidido dejar fuera de la Conferencia sobre el futuro de Europa a su partido, pese a ser la tercera fuerza de la Cámara, y que, en cambio han permitido la participación del PNV en ese foro.

Espinosa de los Monteros se ha referido a este asunto en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, cuando se le ha preguntado sobre las relaciones de su partido con el PP.

La semana pasada, la Mesa del Congreso acordó encomendar a la Comisión Mixta (Congreso-Senado) la designación de los cuatro parlamentarios que representarán a las Cortes españolas en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que celebrará su primer encuentro el próximo 19 de junio.

El dirigente de Vox ha señalado que «lo lógico» sería que cada una de esas plazas se repartiera entre los cuatro partidos con más representantes en el Congreso y ha puesto de relieve que, por contra, los partidos del Gobierno de coalición se han aliado con el PP para no incluir a Vox, sino a los nacionalistas vascos. «Esto es lo que han acordado y no tenemos nada más que añadir», ha zanjado.

Los parlamentarios elegidos para representar al Parlamento español se estrenarán el 19 de junio en la Asamblea Plenaria de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, compuesta por 108 representantes del Parlamento Europeo, 54 del Consejo Europeo (dos por Estado miembro) y tres de la Comisión Europea, así como 108 representantes de todos los Parlamentos nacionales y otros tantos ciudadanos en nombre de la sociedad civil.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa pretende ser un ejercicio de transparencia con el que las instituciones europeas quieren promover el debate social y escuchar las preocupaciones ciudadanas.

LOS RETOS DE LA CONFERENCIA

En un comunicado conjunto, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE apuntaban como grandes retos las transiciones verde y digital, fortalecer la resiliencia de Europa y su contrato social, y abordar las desigualdades en el seno de la UE para garantizar una Unión justa, sostenible e innovadora.

Este proyecto, con el que las instituciones comunitarias buscan reforzar la legitimidad democrática y el funcionamiento del proyecto europeo, se articulará a través de multitud de debates ciudadanos en los países miembros y de reuniones trasnacionales que la que se empleará una plataforma interactiva multilingüe.

Y un mecanismo de interacción asegurará que las ideas expresadas durante los debates resulten en recomendaciones concretas para dirigir la acción de la UE. De hecho, el resultado final de la Conferencia se presentará en un informe a la Presidencia Conjunta de las tres instituciones europeas, que examinarán cómo hacer un seguimiento eficaz de este informe, «cada una en el ámbito de sus competencias.

El Gobierno se ha reafirmado este martes en la posición defendida por el presidente, Pedro Sánchez, frente a Marruecos tras el duro comunicado publicado por su Ministerio de Exteriores comparando la cuestión del Sáhara con el independentismo catalán, si bien ha reiterado su confianza en que mediante la diplomacia se logre reconducir la situación y la vuelta a la normalidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sostenido que Sánchez expuso «con total claridad la posición» del Gobierno respecto a esta crisis y al «asalto» ocurrido en Ceuta y que no se puede «condicionar» la política exterior de España.

Después de que Rabat criticara en un segundo comunicado las palabras de Sánchez y expresara su sorpresa, «insistimos en que no es admisible que el Gobierno de Marruecos desafíe la frontera y la integridad territorial por discrepancias en política exterior», ha subrayado Montero, incidiendo además en que la postura de España respecto al Sáhara permanece inalterable.

Todo esto no quita, ha dicho la portavoz del Gobierno, que se apueste por una «actitud constructiva» con el país vecino ni impide que haya una «voluntad de que acabe la tensión» puesto que «España quiere y desea mantener una buena relación como siempre» con Marruecos.

VUELTA CUANTO ANTES A LA NORMALIDAD

«Queremos que se vuelva cuanto antes a la normalidad», ha asegurado Montero, apostando por dejar a la «alta diplomacia» hacer su trabajo desde la discreción «para que se puedan reconducir situaciones complejas o malentendidos».

España y Marruecos, ha recalcado la portavoz del Gobierno, son «dos países que se necesitan» tanto por su vecindad como por las fuertes relaciones comerciales y, además, en el caso de Rabat porque España es su principal valedor en la UE.

«Es imprescindible que volvamos a retomar la normalidad entre los dos países, que fue alterada con motivo de un asalto en toda regla que se produjo en nuestra frontera con la llegada 10.000 personas» de forma irregular a Ceuta, ha sostenido, puntualizando que la presión en las fronteras ha disminuido aunque se mantiene la presencia de los cuerpos de seguridad.

ATAQUE A LAS FRONTERAS

Lo ocurrido, según Montero, no fue una crisis migratoria «sino que fue un ataque real a nuestras fronteras» y por tanto el Gobierno tiene la «obligación» de mantener la unidad y la integridad en todo el territorio.

Así las cosas, ha apostado por no decir nada que «pueda dificultar la negociación» que se está llevando a cabo desde el Ministerio de Exteriores y ha asegurado que la vocación del Gobierno «es de encuentro y entendemos que la de Marruecos también».

Por otra parte, la ministra de Hacienda ha recordado que en España el poder judicial es independiente y por tanto le corresponde a este decidir las medidas que adoptar contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, cuya hospitalización en Logroño para recibir tratamiento contra la COVID-19 fue el detonante de la crisis diplomática.

Ghali ha negado este martes cualquier implicación en las graves violaciones de Derechos Humanos que le atribuyen las dos querellas presentadas en su contra durante la declaración que ha llevado a cabo por vía telemática ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

PIDE A GHALI COLABORAR CON LA JUSTICIA

En este sentido, Montero ha pedido al líder del Polisario que «colabore con la justicia, como ha hecho» hasta ahora, al tiempo que ha dicho que una vez se recupere el Gobierno entiende que «se marchará a su lugar de origen».

Por otra parte, la portavoz del Gobierno ha asegurado que «no le consta» que un avión militar argelino que viajaba presuntamente a España para recoger a Ghali haya dado media vuelta cuando estaba ya cerca de Ibiza.

Asimismo, fuentes del Frente Polisario han desmentido «categóricamente» que este avión tenga algo que ver con el también presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dejado hoy la puerta abierta a la participación del exvicepresidente catalán, condenado por el 1-O, en la Mesa de diálogo con Cataluña.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y al ser preguntada por la posible participación del dirigente de ERC en la citada Mesa ha asegurado que son el Gobierno central y el Gobierno de la Generalitat quienes deben decidir las personas que van a ir en su representación.

En este sentido, ha añadido que no se iban a «adelantar presencias» sin que se haya producido primero la reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés, pero no ha rechazado en ningún momento que Junqueras pudiera formar parte de esa Mesa de negociación. Se ha limitado a decir que ve prematuro analizar quiénes serán los componentes y que cuando llegue el momento en el que se planteen estas cuestiones, se analizará.

No obstante, también ha añadido que tiene que haber espacio para los Gobiernos y también para los partidos y es bueno que se pueda avanzar en la doble dirección, en relación también a la mesa de partidos que el Gobierno considera que sería bueno que hubiera en el Parlamento catalán para «reconstruir puentes».

Montero también se ha referido al expresidente de la Generalitat fugado, Carles Puigdemont, para precisar que tendrá que ser juzgado por la Justicia española y por ello mantienen la petición de extradición. La Portavoz del Ejecutivo respondía así al ser preguntada si el Gobierno se plantea también el indulto a Carles Puigdemont.

En este sentido, ha señalado que «no es de recibo que una persona se haya escapado para no hacer frente a ese juicio» y por ello confía en que se produzca la extradición para juzgarle.

REFORMA DE SEDICIÓN, EN PARALELO A LOS INDULTOS

Sin embargo, sí ha admitido que la reforma del Código Penal para reformar el delito de sedición y por la que se está barajando una rebaja de penas, se está trabajando de forma «paralela» a la de los indultos.

No obstante, María Jesús Montero ha precisado que el hecho de que esta reforma se tramite en paralelo a los indultos, no significa que se vaya a llevar a la vez al Consejo de Ministros y ha reiterado la voluntad del Gobierno de homologar la sedición a los delitos recogidos en los Códigos Penales de los países de nuestro entorno, ya que se trata de un delito muy antiguo. «La voluntad es poder tener un ordenamiento jurídico similar a los países de nuestro entorno», ha recalcado.

Sin embargo, es posible que si se produce la extradición de Carles Puigdemont este pueda ser juzgado con la nueva tipificación del delito de sedición, con lo que probablemente saldría beneficiado.

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha ratificado la medida sanitaria contenida en la Orden SND/511/2021, del pasado 27 de mayo, por la que se prorroga la exigencia de cuarentena por diez días a los viajeros procedentes de la República de la India con el fin de evitar la propagación de la Covid 19.

En un auto, dado a conocer este martes, los magistrados de la Sección Octava han adoptado esta medida por unanimidad, siguiendo la reciente doctrina del Tribunal Supremo sobre esta materia. En decisiones anteriores, dos de los magistrados habían presentado un voto particular por discrepancias con el instrumento jurídico empleado para la ratificación de las medidas.

En el presente caso, la Sala señala que «no cabe duda de que la adopción de la medida reúne el carácter de urgente, pues, como se desprende de la documentación aportada, la muy grave situación de la India y la propia naturaleza diferenciada de la variante desarrollada en dicho continente constituyen elementos suficientes para llegar a tal conclusión».

Añade que la medida también es «idónea», ya que mediante la cuarentena a que se refiere la Orden Ministerial, se consigue evitar y dificultar la propagación. Además, dice la Sala, no constan alternativas menos gravosas para alcanzar sus objetivos y sí aquellas que lo son, como sería el caso de un confinamiento total o por más tiempo, o bien la prohibición de entrada.

DOCUMENTACIÓN DE LA ABOGACÍA

La documentación aportada por el Abogado del Estado constituye, a juicio de la Audiencia, un sólido elemento técnico que avala la corrección de las medidas adoptadas por la Orden Ministerial.

En definitiva, concluye, tal y como señalan el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, la combinación de un prueba diagnóstica de infección activa negativa en las 72 horas previas a la llegada, combinada con un test a la llegada, una cuarentena de diez días de duración, con posibilidad de finalizarla con anterioridad, si al séptimo día a la persona se le realiza una prueba diagnóstica de infección aguda con resultado negativo, ofrece un equilibrio razonable entre lo exigente de la medida y el riesgo para la salud pública que eventualmente pudiera originarse.

Además, esta aproximación está en sintonía con las recomendaciones de la Unión Europea y de los organismos internacionales de nuestro entorno, indica el auto.

Finalmente debe destacarse, explica la Sala, que, en todo caso, la restricción no es absoluta pues la misma contiene excepciones o un régimen más mitigado, permitiendo realizar las siguientes actividades: a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios y c) Causas de fuerza mayor o situación de necesidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, mantendrán esta semana una conversación telefónica para programar su primera reunión presencial, que el jefe del Ejecutivo catalán se ha abierto que sea en La Moncloa.

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, Aragonès ha afirmado que no quiere que sea una «llamada de cortesía», sino que empiecen a preparar la primera reunión entre ambos presidentes, como paso previo a poner en marcha la mesa de diálogo.

«No quiero una llamada de cortesía, hay que abordar esta semana cómo preparamos la primera reunión entre los presidentes de España y de Cataluña, y por otro lado poner en marcha la mesa de negociación lo más pronto posible», y ha detallado que hasta ahora las comunicaciones que han tenido con Sánchez han sido de cortesía, por lo que cree que ahora es el momento de abordar el contenido político.

Ha explicado que los equipos de los dos presidentes están buscando cuadrar las agendas para poder tener esta conversación algún día de esta semana y ha señalado que no tienen tampoco la fecha fijada para la reunión presencial.

Después de que Sánchez dijera que recibirá a Aragonès en el Palacio de La Moncloa, el presidente del Govern ha afirmado que ve lógico que, una vez se ha formado el nuevo Ejecutivo catalán, se celebre este encuentro y que no se le «caen los anillos» tener que ir a Madrid.

Sin embargo, ha defendido que lo importante es el contenido de la interlocución con el Gobierno central y ha señalado que le trasladará a Sánchez la necesidad de reactivar la mesa de diálogo lo antes posible para buscar una solución al conflicto y después hay «muchos otros temas» para abordar en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado o en otros órganos.

MESA «DE GOBIERNO A GOBIERNO»

Preguntado si en la mesa de diálogo debería participar el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha contestado que es una mesa «de gobierno a gobierno» y que, una vez haya fecha para el encuentro, el Govern decidirá sus representantes.

Aragonès ha insistido en que lo que quieren es que Junqueras y el resto de presos del 1-O y dirigentes independentistas en el extranjero estén en libertad y puedan participar «en todos los efectos en la vida pública y política», y que por eso reclaman la amnistía.

«Son personas absolutamente comprometidas con la salida negociada de esta situación. Lo tenemos muy presente», y ha reiterado que será el Govern quien decida quién formará parte de la mesa de diálogo una vez haya una fecha para una reunión.

Además, ha concretado que en los próximos días espera comenzar a configurar el Acuerdo Nacional por la Autodeterminación y la Amnistía, que quiere que sea «un punto de encuentro» de todos los sectores de la sociedad catalana favorables a estas dos demandas.

La Policía Nacional ha gestionado de manera íntegra hasta este martes a última hora de la mañana un total de 83 solicitudes de protección internacional en España promovidas por ciudadanos marroquíes adultos que se niegan a volver a su país tras acceder irregularmente a Ceuta entre el 17 y el 19 de mayo.

Solamente durante las primeras horas de este martes alrededor de 300 compatriotas se han acercado hasta la Oficina de Asilo y Refugio inaugurada en 2015 en la frontera del Tarajal para iniciar el procedimiento en lo que las Fuerzas de Seguridad interpretan como una forma de intentar retrasar su expulsión de la localidad española si las autoridades marroquíes terminan aceptándola.

Desde que se acabó con las entradas irregulares a través de los espigones marítimos fronterizos del Tarajal y Benzú el país vecino ha aceptado el retorno de todos sus nacionales que han optado por regresar voluntariamente a su territorio, aunque el flujo ha ido cayendo hasta quedarse en apenas «una veintena» este lunes. En total el número de los regresados se calcula en «más de 8.000».

Durante los últimos días los agentes del Reino alauita han extremado el celo para vetar el cruce de la frontera a aquellos que no creen que llegaron a Ceuta en la avalancha de mediados de mayo o que sospechan que se habían quedado en la ciudad autónoma tras la declaración de la pandemia.

Las Fuerzas de Seguridad están incoando expedientes de expulsión a los marroquíes irregulares mayores de edad que siguen deambulando por las calles o permanecen escondidos en las escolleras, zonas verdes e infraestructuras abandonadas. La Delegación del Gobierno espera saber «este miércoles» si el Reino alauita aceptará o no la devolución de ese colectivo que se niega a regresar a su país y que se cifra en más de medio millar de personas.

Las solicitudes de protección internacional registradas en Ceuta por ciudadanos marroquíes rara vez han encontrado respuesta positiva de las autoridades españolas salvo en casos «muy puntuales» ligados a situaciones probadas de persecución por razones de orientación sexual o el de algún activista del Hirak del Rif.

La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, también conserva la esperanza de alcanzar algún tipo de acuerdo con el país vecino para viabilizar la reagrupación con sus familias de los cerca de mil niños y adolescentes acogidos por la Ciudad Autónoma, a los que sólo ha mostrado su deseo de recuperar una pequeña parte (7,5%) de las familias contactadas por el Servicio de Protección a la Infancia autonómico.

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) local acoge actualmente a 450 personas tras la entrada de cerca de 200 extranjeros de origen subsahariano y asiático que lograron acceder a Ceuta en medio de la avalancha desatada por el país vecino la madrugada del 17 de mayo.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha subrayado este martes que el Ayuntamiento ha descartado «totalmente» la celebración en las playas de la ciudad de la Noche de San Juan este año y por segundo ejercicio consecutivo debido a la Covid-19. Así, ha indicado que no le parece razonable que el consistorio haga una convocatoria de este tipo cuando aún no ha concluido la pandemia y siguen produciéndose contagios y ha pedido esperar a un momento en el que «los riesgos sean nulos».

«No me parece razonable en esta situación que el Ayuntamiento haga una propuesta de este tipo. Nos hemos planteado hacer las Fallas de una manera articulada pero para la Noche de San Juan nos parece que es mejor disuadirnos de eso y dejarlo para un año en el que los riesgos sean nulos», ha expuesto el responsable municipal.

Ribó se ha pronunciado de este modo preguntado tras presentar junto a la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, el ‘Pla Convivint a la ciutat de València’, preguntado por si el Ayuntamiento descarta por completo la celebración de la noche de San Juan en las playas de la ciudad.

«Pensamos que en una situación como la que estamos no es bueno que lancemos a la gente para que se junte», ha insistido el alcalde, que ha recordado que «en los años antes de la Covid-19 se juntaron» en las costas de la capital valenciana «más de 100.000 personas» para esa conmemoración.

Joan Ribó ha comentado que aunque se está «mejorando» porque la incidencia de la pandemia es menor, «los datos de los últimos días» indican que los casos «están subiendo». «Muy poquito porque hay un porcentaje de vacunación ya importante, pero siguen subiendo y no queremos colaborar, en absoluto, a generar una situación de múltiples contactos que pueda tener efectos negativos», ha manifestado.

«Por tanto, descartamos totalmente la celebración en las playas de València de la Noche de San Juan», ha agregado el primer edil. Tras ello, ha resaltado que desde la administración municipal no se facilitará, como en otras ocasiones, leña para hacer las hogueras ni se reforzará el servicio de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) para acercar a la gente a las playas y ha asegurado que «los servicios de policía harán los controles correspondientes para que no se hagan fiestas de este tipo».

«CIFRAS RAZONABLES»

Por otro lado, preguntado por las críticas que el grupo municipal de Cs ha hecho por considerar que las playas del sur de la ciudad cuentan con menos servicio de socorrismo y de atención al baño», el alcalde ha aseverado que «el servicio de salvamento está en estos momentos funcionando con unas cifras razonables». «No vemos en estos momentos motivos serios para hacer esta ampliación», ha afirmado Joan Ribó.

Los dos profesores acusados de un delito de homicidio imprudente tras la muerte de Juan David, un niño de unos 13 años ahogado en la zona de los Baños de Popea durante una excursión de un instituto en mayo de 2018, han defendido que estuvieron «vigilando» a los menores, sobre quienes no notaron que tuvieran problemas para nadar, ni les avisaron de que fuera así, tras contar con las autorizaciones, a la vez que «nadie» advirtió de que la zona fuera peligrosa, ni había señal al efecto.

Así lo han manifestado en el juicio del Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba, donde los dos procesados, que han lamentado los hechos, han declarado que no escucharon «el más mínimo ruido, manotazo, aspaviento» o «voces de socorro», porque de lo contrario habrían «reaccionado», a lo que han agregado que «ninguno de los niños» con los que estaba nadando Juan David dijo «nada», aunque uno de ellos comentó tras su ausencia que «había bromeado a lo largo del día diciendo que ‘se ahogaba'», según el testimonio de los profesores.

Mientras, la madre de Juan David ha explicado que firmó la autorización de la actividad en los Baños de Popea, pero «no donde fue» su hijo, porque «si hubiera conocido la zona, no lo habría autorizado», a lo que ha agregado que su hijo «no tenía la destreza de nadar».

«Le dejaron ahogarse en una poza», ha dicho la progenitora, quien ha subrayado que aunque hubiera ido con ella, «no le habría dejado» bañarse, precisando que en la actividad anterior a los hechos iban «con los trajes de neopreno» y el material para la espeleología. La madre reclama la indemnización que corresponda.

La Fiscalía pide para cada uno de los profesores cuatro años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para ejercer su profesión. Según recoge su calificación, en octubre de 2017 se aprobó por el Consejo Escolar del IES la programación anual de actividades extraescolares previstas para el curso, entre las que estaba la actividad ‘Villares-Baños de Popea-espeleología’ para los alumnos de 2º de ESO a realizar en mayo.

Dicha actividad precisaba de autorización paterna, en la que se informaba a los padres de los pormenores de la misma para prestar el consentimiento a que sus hijos participaran. Así, los menores saldrían a las 8,30 horas en autobús hacia Los Villares, donde realizarían una actividad de orientación con brújula y mapa, además de juegos.

La segunda actividad comenzaría sobre las 16,00 horas y consistía en una visita a cuevas naturales para lo que los menores irían equipados con el material adecuado para realizar la espeleología programada en el interior de dichas cuevas, acompañados de guías contratados de una empresa. Todo se iba a realizar con 71 niños distribuidos entre los días 28 y 29 de mayo de 2018.

SALIDA DE LA CUEVA

Así, una vez realizada la actividad con 36 niños el 28, al día siguiente 35 menores del IES se desplazaron hacia Los Villares para la primera referida actividad, acompañados por los dos profesores, tras lo cual, entre las 14,00 y 14,30 horas, un autobús los llevó a un camino que conecta los Arenales con Trasierra y desde allí estuvieron andando unos 300 metros hasta llegar a la Cueva de Fato.

En la zona estaban esperando los monitores de la empresa de aventuras para realizar la actividad de espeleología, quienes les entregaron el material para ello y de allí bajaron por un sendero empinado y abrupto hasta la orilla del río, junto a la cueva. Los cinco monitores ayudaron a colocar a los menores la equipación, a la vez que los dividieron en dos grupos.

Así, sobre las 14,45 y 15,00 horas el primer grupo se dirigió al interior de la cueva, acompañados por el profesor procesado, entre otros monitores, mientras que el resto quedó bajo la supervisión de la profesora procesada en un remanso del río, a unos diez o 15 metros de la salida de las cuevas.

Una vez realizada la espeleología con el primer grupo y como la salida de la cueva daba a río abierto, los menores tuvieron que nadar hasta acercarse a la orilla, donde estaba la profesora esperando. En concreto, unos monitores se colocaban a la salida de la cueva, indicando a cada alumno cómo debía salir y empezar a nadar, y otros detrás, para asegurarse que todos los niños llegaban a la orilla sin problema, entre ellos Juan David.

Entre las 17,15 y las 17,30 horas terminaron la actividad y alcanzaron todos la orilla, ayudando los monitores a los menores a despojarse del equipo para colocárselo al segundo grupo que empezaba la espeleología. En esta ocasión, los dos procesados permanecieron en la orilla de río Guadiato supervisando a los 17 menores que aprovechaban para «comer, jugar y bañarse», según detalla el fiscal.

LOS HECHOS

Sobre las 18,00 horas, un grupo de alumnos, entre los que iba Juan David, «con conocimiento de los acusados», se alejó de la orilla para nadar hacia unas cascadas existentes en el río, atravesando una poza de unos cinco metros de profundidad, «que entrañaba un riesgo para ellos, debido a que en esa zona no se hacía pie» y el citado menor «nadaba con poca destreza, circunstancia que los acusados debían conocer para garantizar su seguridad», según expone el Ministerio Público.

Al respecto, apunta que «los acusados omitiendo las más elementales normas de cuidado a cuya observancia venían obligados, desatendieron la diligencia debida cuando los menores se bañaban en la zona peligrosa, sin advertirles del riesgo», dado que, según el fiscal, «conocían la existencia de la poza».

Además, precisa que «el procesado se dedicó a grabar la escena con el teléfono móvil, sin percatarse de la dificultad del menor al nadar y sin vigilancia alguna por parte de los dos profesores». A consecuencia de ello, el niño «no consiguió mantenerse a flote, sumergiéndose en el río, cuya profundidad provocó la muerte del menor por sumersión».

No obstante, los procesados, que desconocían lo ocurrido con el menor, «lejos de controlar la presencia de todos los niños, estuvieron al menos una hora sin percatarse de la ausencia del mismo, pues sobre las 19,00 horas comprobaron que no estaba entre sus compañeros».

En este caso, la madre del menor, único progenitor reconocido, reclama lo que le corresponda «con arreglo a derecho», mientras que la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta tenía concertada póliza de responsabilidad civil patrimonial con una entidad, cuyo ámbito de cobertura comprendía desde el 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2018.

DÍAS DE LUTO

En el dispositivo de búsqueda en la zona participaron patrullas de Seguridad Ciudadana, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y el Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, junto a efectivos de los Bomberos de Córdoba, la Policía Local y grupos de voluntarios.

Desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía precisaron que el cuerpo sin vida de Juan David fue localizado pasadas las 0,00 horas del día 30 de mayo a tres metros de profundidad en una zona rocosa situada en una de las pozas del río.

Los forenses que practicaron la autopsia al menor de edad concluyeron que el fallecimiento se produjo por «ahogamiento», según la información trasladada al Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba, en funciones de guardia, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Mientras, la familia de Juan David decidió repatriar su cuerpo al país en el que nació, Bolivia, para ser enterrado, después de lograr el dinero necesario para ello con el apoyo del Ayuntamiento de Fuente Palmera, localidad cordobesa donde residía, y el AMPA del IES Colonial, en el que cursaba estudios. El citado pueblo vivió dos días de luto oficial.

Por su parte, el alcalde, Francisco Javier Ruiz, lamentó los hechos «bien por un despiste, bien por no valorar el peligro o por cualquier otra circunstancia», a la vez que comentó que «era un niño bastante querido, afable y cariñoso, al igual que sus padres».

Más de 700.000 personas de toda España se han incorporado al uso de la bicicleta y más de 370.000 personas se han iniciado con el patinete durante la pandemia de la Covid-19 y en un contexto de baja movilidad por las restricciones para frenar el avance de la enfermedad.

Así se desprende del estudio ‘La bicicleta y el patinete en tiempos de pandemia en las zonas urbanas españolas’, realizado por la Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB), a través de GESOP, y presentado este martes en el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), celebrado en IFEMA (Madrid).

Respecto al género de los usuarios, el informe indica que en este último año se ha pasado de un 63% de usuarios hombres a un 60,1% y de un 37% de usuarias mujeres a casi un 40%. Además, durante la pandemia, el uso del patinete ha crecido entre las mujeres.

Por área geográfica, la investigación señala que los usuarios de la bicicleta se reparten de forma más homogénea en todo el país, tanto en ciudades grandes como pequeñas, mientras que los de patinete se concentran mayoritariamente en las grandes ciudades, y todavía más entre los que se han incorporado más recientemente.

En este sentido, más del 80% de los nuevos usuarios de patinete se concentran en las ciudades de más de 100.000 habitantes. En concreto, el 36,9% de los nuevos usuarios de patinete se encuentran el ciudades de 100.000 a 500.000 habitantes, y el 43,6% de los nuevos usuarios se concentran en ciudades de más de 500.000 habitantes.

Según se desprende de esta encuesta, los usuarios de la bicicleta asignan a este medio de transporte más usos que al patinete. Un 25% de ellos la han utilizado para ir a trabajar o al centro de estudios, una cifra que baja al 22,4% en el caso de los nuevos usuarios. Por otro lado, un 34,3% de los usuarios de la bicicleta indican que la usan regularmente para hacer desplazamientos cotidianos. No obstante, la mitad o más de los ciclistas dicen utilizar la bicicleta para pasear (50,6%) o hacer deporte (55,6%).

Por su parte, el uso del patinete está más ligado a la movilidad obligada. En general, un 29,8% de los usuarios que han utilizado el patinete durante la pandemia lo han hecho para ir a trabajar o al centro de estudios, un 34,3% en el caso de los nuevos usuarios. Además, un 58,4% de los usuarios de patinete indica que lo usa para hacer desplazamientos cotidianos. En el caso de los nuevos usuarios, esta cifra supone el 46,7%. Finalmente, un 29,6% de los usuarios de patinete lo usan para ir a pasear, siendo esta cifra el 18,2% en el caso de los nuevos usuarios.

El estudio también revela que un 31,2% de los nuevos usuarios han cambiado el vehículo motorizado por la bicicleta y un 41,5% de los nuevos usuarios de bicicleta ha cambiado el caminar por el ir en bicicleta. En el caso del patinete, el 33,9% de los nuevos usuarios del patinete lo ha cambiado por caminar y el 40,2% ha optado por el patinete frente al transporte público.

INFRAESTRUCTURAS PARA LAS BICICLETAS

Sobre las infraestructuras para bicis, el informe desvela que en las ciudades de más de 500.000 habitantes un 70,5% de los usuarios considera que están muy o bastante preparadas; un 54,1%, en el caso de las ciudades de 100.000 a 500.000 habitantes; y menos de un 50%, en el resto de ciudades de menor tamaño.

Sin embargo, las infraestructuras se perciben menos preparadas para los patinetes. Así, un 40% de los usuarios de patinete indica que las infraestructuras están muy o bastante bien para el patinete, frente al casi 60% restante que indica que están poco o nada bien.

Según los autores del estudio, más de 2 millones de personas se plantean utilizar la bici a lo largo del próximo año y casi 1 millón y medio se plantea el uso del patinete. De los más de 20 millones de personas que hay en España entre 16 y 65 años en municipios a partir de 25.000 habitantes, más de 2,3 millones (10,9%) se plantean utilizar la bicicleta el próximo año, y cerca de 1,5 millones (7%) optar por el patinete.

Por regiones, el informe detalla que estos potenciales usuarios se concentran, sobre todo, en las ciudades de más de 100.000 habitantes: Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía son las comunidades donde la bicicleta y el patinete despiertan mayor interés.

Por otro lado, entre las personas que han usado la bicicleta durante la pandemia, un 79,5% confirma que seguro que la seguirá utilizando tras la Covid-19 y un 17,5% dice que probablemente. En el caso del patinete, un 72,7% expone que seguro y un 24,1% indica que probablemente.

La presentación del estudio ha corrido a cargo del presidente de (RCxB) y vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Antoni Poveda, y la directora de GESOP, Àngels Pont. El acto también ha contado con la asistencia del director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT, Álvaro Gómez.

«El estudio nos ha revelado que, en un marco general de baja movilidad a consecuencia de la pandemia causada por la Covid-19, muchas personas se han acercado al uso de la bicicleta y el patinete, especialmente en las grandes ciudades. Han surgido miles de nuevos usuarios. Otros se lo han planteado y muchos piensan que lo utilizaran en el futuro. En este sentido, también hemos descubierto que tenemos más de 2 millones de futuros usuarios potenciales», ha dicho Poveda.

«Estos resultados que hoy presentamos nos confirman que, todas administraciones, instituciones y asociaciones, con consenso e independientemente del color político, debemos seguir mejorando e incrementando las políticas a favor de la bicicleta, para convertirla en un verdadero medio de transporte diario. Ante el crecimiento de su uso, es nuestra obligación seguir mejorando y ampliando las infraestructuras y los servicios. Era una necesidad ya antes de la pandemia y ésta solo ha hecho que acelerarla y ratificarla. Favorecerá a los usuarios habituales y facilitará su uso entre los nuevos usuarios y, sobre todo, entre los potenciales», ha añadido Poveda.

En este estudio se han realizado 1.500 encuestas telefónicas durante el mes de abril del 2021 a población de entre 16 y 65 años residente en municipios de más de 25.000 habitantes.

El abogado de uno de los procesados en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra José Ramón Prado Bugallo, conocido como ‘Sito Miñanco’, por dos operaciones con las que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína, ha denunciado por escrito haber recibido amenazas en redes y apunta que en ellas se le imputa haber instigado a su cliente –González Rubio– a mentir respecto a los abogados procesados, entre los que se encuentra el letrado Gonzalo Boyé.

En el auto de diciembre de 2020 por el que la juez de la Audiencia Nacional María Tardón proponía sentar en el banquillo a Sito Miñanco y al resto –entre los que está Boyé– se indicaba además que no solo se buscó la entrada de cocaína en España sino que también se creó un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga.

Entre los procesados estaba Manuel Pedro González Rubio a quien se le imputa que facilitaba y participaba en la ocultación de los beneficios procedentes de la actividad criminal que luego se transportaban a Colombia.

Fuentes jurídicas, señalan que ahora, dada la estrategia de defensa seguida por la representación de González Rubio, el letrado sufre acoso en redes sociales –Twitter– con la publicación de vídeos, fotografías y cortes de audio que están recogidas en las actuaciones del procedimiento y que deberían contar con la debida reserva. En la denuncia que ha presentado indica que en esos mensajes de acoso se le achaca haber instigado a su cliente a mentir respecto a otro procesado.

Estas mismas fuentes, recuerdan que en instrucción González Rubio negó que el dinero que fue incautado en el aeropuerto de Barajas a la trama fuera suyo, y señaló asimismo a los abogados imputados en la causa. Desde entonces, ese letrado habría recibido las amenazas, acoso que se habría extendido también a un hermano.

SE ENVÍA A LOS JUZGADOS DE MADRID

Ante esta situación, la semana pasada decidió poner en conocimiento del juzgado ese acoso y, según fuentes, la magistrada instructora pidió a la Fiscalía Antidroga que informara sobre las mismas. El resultado ha sido que desde el Ministerio Público se ha interesado que se deduzca testimonio, y sea enviado a los juzgados madrileños dado que los posibles delitos, amenazas y revelación de secretos, no tienen conexidad con los hechos investigados.

Este nuevo hito en el caso de Sito Miñanco llega después de que la semana pasada la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazara la recusación de Tardón. Ésta fue pedida por Boye porque la acusaban de llevar a cabo una «persecución política» al investigarlo por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de la causa sobre el narcotraficante gallego.

Antes, Boye, que también es abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, presentó junto a otros 40 letrados de la Coordinadora de Abogados de Cataluña una querella contra la magistrada, contra una letrada de la Adiministración de Justicia y contra el fiscal antidroga por presuntos delitos de prevaricación y de encubrimiento de asesinato –el de un supuesto narcotraficante colombiano– por procesar a dicho letrado en el marco de esta causa.

Por el momento, el procedimiento se encuentra en fase de respuesta de los recursos presentados por las diferentes partes contra el auto de diciembre de 2020 –la Sala de lo Penal ya ha respondido a algunos de forma negativa a los intereses de los acusados–. Tras esto será el momento de que las acusaciones, y en particular el Ministerio Fiscal, presenten su escrito de acusación.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por «ir poco a poco, progresivamente eliminando la obligatoriedad de las mascarillas», tras lo que ha apuntado que sería «un disparate que se adoptaran decisiones diferentes en un sitio y en otro».

Así, el presidente extremeño se ha mostrado convencido de que esa diferencia entre territorios «no va a ser, porque no debe ser», tras lo que ha defendido que este debate se celebre en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, y «será allí donde decidamos todos».

En cualquier caso, y a pesar de esta eliminación progresiva de las mascarillas, Fernández Vara ha asegurado desconocer si esta eliminación será «para siempre», ya que «si las mascarillas ha conseguido hacer desaparecer la gripe, y las bronquitis en los niños, bien haríaamos en plantearnos si no debemos, a lo largo del próximo invierno, volver a ver la posibilidad de usar mascarillas».

Y es que a su juicio, esta herramienta «salva muchísimas vidas», tras lo que ha recordado que «tanto daño ha hecho la Covid, que nos hemos olvidado de las decenas de miles de personas a las que mató la gripe, y a lo que incapacitó durante tiempo».

Por eso «bien hariamos en no adelantarnos a los acontecimientos», ha señalado Fernández Vara, quien ha instado a «ser prudentes», ante lo que «la respuesta mejor es la más equilibrada, y eso es ir tomando decisiones de manera mesurada a medida que vayamos mejorando».

En ese sentido, ha señalado que «ahora que todo el mundo habla de quitar mascarillas», Fernández Vara «no descartaría que en un momento dado, como sociedad, valorarámos la posibilidad de que, si hemos acabado con la Covid, por qué no intentamos acabar con la gripe», algo que ahorraría mucho dinero a las empresas, muchas vidas, y muchos recursos a los hospitales.

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma, a preguntas de los periodistas este martes, durante la presentación del 67 Festival de Teatro Clásico de Mérida.