El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, ha anunciado que la mesa de diálogo con el Gobierno se celebrará la tercera semana de septiembre en Barcelona y ha precisado que a este foro el Govern llegará con su propuesta "de partida" de amnistía y la autodeterminación, a las que no piensan renunciar.

"Lo planteamos ya de salida, y como planteamientos a los que no vamos a renunciar", ha afirmado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la Delegación de la Generalitat en Madrid, tras la reunión de más de dos horas y media que ha mantenido con el presidente Pedro Sánchez en Moncloa, y en la que la respuesta del Gobierno, según Aragonés, ha sido "la misma" de siempre, es decir, es la de mantener "el estatus quo", aunque sin renunciar al diálogo. "No es una solución", ha avisado.

En este sentido, Aragonés ha relatado que en su encuentro con Sánchez, ambos han constatado la existencia de un "conflicto político", que sus posiciones son alejadas, y que la negociación se presenta complicada, pero también la disposición de ambas partes a trabajar para resolver ese conflicto mediante el diálogo. Eso sí, ha reclamado que el acuerdo que pueda salir de esa mesa de diálogo deberá someterse a la votación de los ciudadanos catalanes.

"Que la mesa pueda retomar sus trabajos es la mejor constatación de que las dos partes, pese a estas diferencias entre los dos gobiernos, queremos darle una oportunidad al diálogo y a la política", ha afirmado. "Pero todos sabemos que la resolución pasa por que estos acuerdos sean validados por la ciudadanía catalana mediante el voto", ha recalcado.

NO DA DETALLES SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LAS DELEGACIONES

Y para establecer la metodología de trabajo y la agenda de la mesa trabajarán los equipos de ambas partes durante las próximas semanas, según ha explicado el presidente catalán, sin querer avanzar detalles, por ejemplo, de cuál será la composición de las dos delegaciones, y si estarán presididas por Sánchez y por él, respectivamente.

Al ser preguntado por esta cuestión en varias ocasiones, Aragonès ha asegurado que este tema se abordará en las próximas semanas y que, en el caso catalán, será el Govern el que decida "con toda la libertad" pero también junto a la mayoría parlamentaria independentista.

Tampoco ha concretado si el líder de ERC, Oriol Junqueras, formará parte de ella, como quieren los republicanos, pero rechaza el Gobierno. Sobre este asunto, ha señalado que será una delegación "institucional" porque estará escogida por el Govern y ha recordado que los miembros de la parte catalana que participaron en la primera reunión de la mesa de diálogo en 2020 tenían todos rango institucional porque algunos formaban parte del Ejecutivo catalán y otros eran diputados del Parlament.

También ha apuntado que las dos delegaciones deberán tener el mismo número de miembros de cada gobierno y los mismos rangos, es decir, que por ejemplo no haya uno de los presidentes y el otro no, por lo que esta también será una de las cuestiones que acordarán los equipos de los dos ejecutivos durante las próximas semanas.

Sobre los temas a tratar, Aragonés ha explicado que la mesa servirá exclusivamente para abordar la resolución del conflicto político, mientras que el resto de cuestiones sectoriales que tengan que ver, por ejemplo, con el cumplimiento del Estatut, las inversiones, los fondos europeos o la pandemia, se abordarán en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat que se reunirá a lo largo del mes de julio.

"PERSEGUIDOS" POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS

En cuanto a la mesa, Aragonés asegura que ha insistido en su reunión con Sánchez que una de las prioridades es la necesidad de alcanzar una solución global para los "exiliados" --en referencia a los políticos huidos de la justicia--, los encausados y los multados por el Tribunal de Cuentas, a los que hoy se ha notificado una multa de 5,4 millones de euros por los gastos del Diplocat. Para todos ellos ha pedido la amnistía.

En concreto, el presidente catalán ha pedido a Sánchez que el Gobierno trabaje para que se retiren las peticiones de extradición para los huidos, y también que acabe la "persecución" a los ex altos cargos independentistas que investiga el Tribunal de Cuentas.

No obstante, no ha concretado los mecanismos que creen que se pueden activar desde el Gobierno para conseguir estos dos objetivos. "Hay instrumentos por parte del Estado para que se puedan llevar a cabo. El detalle no lo hemos tratado", ha reconocido.

En cuanto al papel de la Generalitat en ese procedimiento del Tribunal de Cuentas, del que forma parte como administración perjudicada, ha afirmado que el Govern considera que no hay ningún perjuicio en la acción exterior del Ejecutivo catalán, de manera que defiende que "no hay caso" y esto es lo que argumentarán en el proceso del Tribunal de Cuentas.

La dirección nacional del PP ha criticado este martes la "pleitesía y cesiones" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y ha subrayado que, aunque sostenga que no hablará de referéndum y autodeterminación, su palabra "no vale nada" tras su actuación con los indultos o los pactos con Bildu, según han indicado fuentes de la cúpula 'popular'.

Así se ha pronunciado el partido que lidera Pablo Casado después de que Aragonés haya anunciado, tras el encuentro en Moncloa, que la Mesa de Diálogo con el Gobierno se celebrará la tercera semana de septiembre en Barcelona y haya precisado que en esta Mesa pedirá la amnistía y la autodeterminación

Según Aragonès, se ha constatado la existencia de un "conflicto político" que se tiene que resolver en esa mesa mediante el diálogo y un acuerdo que deberán votar los ciudadanos catalanes. Por su parte, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha recalcado que "en ningún momento" Sánchez ha hablado de amnistía o autodeterminación y ha apostado por dejar a un lado la confrontación y trabajar en la política.

"SÁNCHEZ SE RINDE AL INDEPENDENTISMO"

Fuentes de la dirección nacional del PP han señalado que las declaraciones de Aragonès evidencian que Sánchez "se rinde al independentismo por dos años más en Moncloa" y que, en vez de llamar "al orden" al presidente de la Generalitat, opta por "pleitesía y cesiones para quienes siguen amenazando con romper las reglas de juego".

Según el PP, el "problema" es que aunque Pedro Sánchez diga que no va a hablar de referéndum o autodeterminación, su palabra "ya no vale nada". De hecho, ha destacado que lo mismo dijo con los indultos, que también eran una "línea roja" para el Gobierno, o con la posibilidad de llegar a acuerdos con Bildu, han añadido las mismas fuentes.

Desde 'Génova' han indicado que seguirán defendiendo y interés general y no aceptarán "presiones" porque, según fuentes del partido, se deben a los españoles. Así se lo trasladará el líder del PP, Pablo Casado, a Pedro Sánchez durante el debate sobre los indultos y el Consejo Europeo que se celebra este miércoles en el Pleno del Congreso, en el que volverá a defender además que convoque ya elecciones generales.

Además, fuentes del PP han criticado que, tras los indultos aprobados la semana pasada, la respuesta de Sánchez estos días sea lanzar una "ofensiva" contra el Tribunal de Cuentas para "erosionar su prestigio y que los independentistas condenados no tengan que pagar".

En este sentido, el primer partido de la oposición considera que el perdón que quiere otorgar el presidente del Gobierno "va más allá del delito de sedición" porque también quiere "perdonarlos por los más de cinco millones de dinero público que malversaron", han indicado las mismas fuentes consultadas.

El Juzgado Contencioso número 3 de Palma tras recibir el informe de la Fiscalía ha solicitado más información al Govern para ratificar o no ratificar la resolución de la Directora General de la Conselleria de Salud Pública y Participación que se presentó este martes al Juzgado en relación al aislamiento de jóvenes en el Hotel Bellver, mientras que otro juzgado tiene sobre la mesa alrededor de 200 peticiones de 'habeas corpus' para resolver.

Por otra parte, según han informado, el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma en funciones de guardia no incoó ayer los 'habeas corpus' solicitados por tres de los jóvenes.

Según han apuntado, a lo largo de este miércoles se han presentado ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Palma en funciones de guardia alrededor de 200 peticiones más de 'habeas corpus' que todavía no han sido resueltos.

OPOSICIÓN DE LA FISCALÍA

La Fiscalía se ha opuesto este martes al confinamiento forzoso acordado por el Govern para los estudiantes aislados en el hotel Palma Bellver por los brotes de COVID-19 asociados a viajes de fin de curso en Mallorca.

En un escrito presentado este martes, la Fiscalía ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma que no ratifique la resolución de la directora general por la que se ordenó el confinamiento forzoso en régimen de aislamiento, bajo custodia policial, de más de 200 estudiantes.

La Fiscalía considera que las medidas adoptadas por la Dirección General de Salud Pública "no resultan plenamente justificadas ni proporcionadas de acuerdo con la legislación vigente".

El Ministerio Público aclara que no se cuestiona que los jóvenes hayan podido mantener contacto con positivos, pero apunta que la resolución de la Conselleria considera sospechosos de contacto a los estudiantes afectados "de forma general, presuntiva e indeterminada".

Además, se refiere únicamente a ellos cuando "no consta" que en los establecimientos donde se cree que se produjeron los contagios "se alojaran únicamente jóvenes estudiantes", alega. "Resulta extraño que no se hayan considerado sospechosos o contactos a otros colectivos tales como los trabajadores de los establecimientos hoteleros o de ocio o los otros clientes que disfrutaban de esos hoteles o lugares de ocio", argumenta el fiscal.

En este sentido, la Fiscalía cuestiona que la resolución de la Dirección General "no especifica ni concreta de forma clara ni directa" a ninguno de los alumnos, sin hacer referencias a la situación particular de cada uno de ellos -como la fecha de llegada, periodo de estancia en la isla, grupo al que pertenecía, actividades realizadas o el hotel en el que se hospedaron-.

"Es decir, se ignora (...) si efectivamente mantuvieron un contacto real ni con qué intensidad con las personas concretas cuyo confinamiento se pretende ratificar", apunta el Ministerio Público.

El fiscal puntualiza que no se cuestiona la gravedad de la situación pero pone en tela de juicio la proporcionalidad de la medida, cuando "la propia resolución apunta a que por el momento todos los casos han sido asintomáticos o leves y que ninguno ha precisado hospitalización".

Finalmente, critica que la orden del Govern haga mención a "jóvenes estudiantes" pero sin mencionar que varios de ellos pueden ser menores de edad, teniendo en cuenta la posible intervención de los padres o tutores legales al adoptar medidas restrictivas respecto a sus derechos y libertades.

249 ESTUDIANTES AISLADOS

El Govern balear ha trasladado al hotel puente COVID Palma Bellver a un total de 249 jóvenes peninsulares que han tenido relación directa o indirecta con el brote de un viaje de estudios a Mallorca, que ha causado más de un millar de afectados en diferentes comunidades autónomas.

Los jóvenes localizados en Mallorca han sido trasladados en una ambulancia del SAMU061 y a su llegada han sido sometidos a prueba PCR.Según ha informado la Conselleria de Salud y Consumo, hasta el momento, de los 249 jóvenes trasladados, 64 han dado positivo por PCR y 185 han dado negativo. La tasa de positividad entre los jóvenes es del 25,7%.

Además, 14 jóvenes permanecen actualmente ingresados en el Hospital Universitario Son Espases con síntomas leves.

La Conselleria de Salud realizó un rastreo masivo al tener conocimiento del brote y tiene detectados a un total de 265 jóvenes provenientes de Andalucía (214), Madrid (21), País Vasco (18) y Galicia (12) todavía de viaje en varios hoteles de la isla, que podrían haber tenido relación directa o indirecta con el brote.

En la actualidad, un total de 13 estudiantes están pendientes de ser trasladados al Hotel Bellver. Para estos estudiantes que todavía permanecen en sus hoteles se ha establecido un protocolo de control en colaboración con la Delegación de Gobierno para que queden aislados en sus habitaciones.

LOS JUZGADOS DENIEGAN LOS 'HABEAS CORPUS'

Por otra parte, los Juzgados han denegado varias solicitudes de 'habeas corpus' presentadas por padres de estudiantes aislados en el hotel COVID Palma Bellver.

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), este lunes se presentaron tres solicitudes que han sido desestimadas por el Juzgado de Guardia.

Además, este martes la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, la magistrada Ana San José, ha denegado la solicitud de 'habeas corpus' presentada por el padre de una menor de la Comunidad de Madrid.

La manifestación estatal del Orgullo LGTBI de este sábado en Madrid estará limitada a un aforo de 25.000 personas, tres horas de duración máxima de duración, se dividirá en cuatro columnas y tendrá un sistema de inscripción de las organizaciones participantes para facilitar el control.

Así lo han establecido la Delegación del Gobierno y las organizaciones convocantes, COGAM y FELGTB, que han mantenido esta tarde una reunión técnica sobre los detalles operativos de la marcha. Al encuentro, presidido por la delegada Mercedes González, han asistido el jefe Superior de Policía de Madrid, Jorge Manuel Marti, varios representantes del Ayuntamiento de Madrid (Seguridad y Emergencias, Policía Municipal, Samur y Bomberos) y responsables de los organizadores de la protesta.

La Delegación del Gobierno ha agradecido "el ejercicio de responsabilidad de los organizadores, que han limitado su previsión de asistencia a 25.000 personas durante las tres horas que durará la marcha".

La manifestación saldrá de la glorieta de Carlos V, más conocida como de Atocha, a las 20 horas y finalizará en la plaza de Colón a las 23 horas. Será sin embargo muy diferente a la de años anteriores para garantizar un Orgullo seguro y responsable, ya que no habrá carrozas ni escenarios.

De común acuerdo, y dada la situación sanitaria por la pandemia, los convocantes han desarrollado un completo protocolo sanitario encaminado a observar el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias y de prevención en vigor para reducir los riesgos de transmisión de la Covid.

Entre ellas, la distribución de los manifestantes en cuatro columnas de forma que se pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal, así como el mantenimiento de una distancia mínima de al menos 1,5 metros, siendo obligatorio el uso de mascarilla durante todo el recorrido, en los términos establecidos por la normativa vigente.

Además, COGAM y FELGTB habilitarán un sistema de inscripción de las organizaciones participantes para establecer una vía directa de comunicación, de tal forma que todas ellas puedan respetar las normas establecidas. Al concluir la manifestación, a las 23 horas, los asistentes deberán abandonar el recorrido, no pudiendo ocupar durante más tiempo la vía pública.

En relación a todo aquello que escapa del ámbito competencial de la Delegación del Gobierno, el departamento que dirige Mercedes González se pone a disposición del Ayuntamiento de Madrid, "tal y como hizo también durante las Fiestas de San Isidro, con el ofrecimiento de apoyar la labor de los agentes de la Policía Municipal, en caso de que el Consistorio lo considerara necesario y así lo solicitara".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación del servicio de transporte aéreo para la repatriación de españoles desde la República Democrática Federal de Nepal, por un importe máximo de 300.000 euros.

El Gobierno ha explicado que el agravamiento de la situación epidemiológica por la Covid-19 en Nepal ha obligado a las autoridades del país a adoptar medidas excepcionales para frenar la expansión del virus. Entre ellas, decretó el pasado 3 de mayo la suspensión de vuelos nacionales e internacionales, estos últimos hasta el 31 de mayo, pudiendo prorrogarse durante más tiempo en función de la evolución epidemiológica.

Así, ante la imposibilidad de alternativas comerciales que permitan el regreso de los españoles que se encuentran en Nepal como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades nepalíes para hacer frente a la crisis epidemiológica y sanitaria que sufre el país, se procedió a la contratación de servicios de transporte aéreo con la compañía Iberia, con un presupuesto inicial de 170.000 euros más tasas, para la repatriación de los ciudadanos españoles que se encontraban en Nepal. Dicho vuelo tuvo lugar el día 19 de mayo de 2021.

En este sentido, el Ejecutivo ha señalado que, entre los objetivos de la Política Exterior de España se encuentra la asistencia y protección a sus ciudadanos y que, asimismo, corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación proteger a los españoles en el exterior, de conformidad con las directrices del Gobierno.

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA AL COLEGIO DE EUROPA

En otra clave, el Consejo de Ministros también ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria de España al Colegio de Europa, del que España forma parte del Consejo de Administración a través de la figura de su Embajador-Representante Permanente de España ante la Unión Europea, por importe de 20.000 euros.

El Colegio de Europa es una asociación de utilidad pública, sin ánimo de lucro, que tiene como misión la formación de postgraduados procedentes de toda Europa, capaces de trabajar para la construcción de Europa tanto en las instituciones políticas específicas que la hacen posible como en ámbitos privados.

Entre las funciones del Consejo de Administración está acordar el presupuesto anual del Colegio de Europa y fijar las contribuciones que corresponden a cada Estado Miembro.

El Colegio de Europa, a través de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, solicitó el 22 de febrero de 2021 el pago de 20.000 euros como contribución española para el año 2021. En consecuencia, mediante este Acuerdo se autoriza la contribución de 20.000 euros de España al Colegio de Europa, correspondiente al año 2021.

El Consejo General de Ciudadanos ha acordado celebrar elecciones el próximo viernes para que los afiliados del partido elijan a los nuevos miembros de este órgano que ocuparán las 23 vacantes que han dejado las personas que lo han abandonado en los últimos meses.

La convocatoria electoral se ha aprobado, a propuesta del presidente del Consejo General, Manuel García Bofill, durante una reunión ordinaria mantenida este martes.

Cualquier militante de Cs con una antigüedad mínima de 18 meses podrá presentar su candidatura desde este mismo martes, y el viernes se votará de manera telemática, mediante un sistema de listas abiertas, para escoger a los 23 consejeros que completarán los 160 miembros que deben componer el órgano. Los elegidos podrán tomar posesión de sus cargos en la siguiente reunión del Consejo General.

La convocatoria de estas elecciones era necesaria para cumplir los Estatutos de Ciudadanos, que establecen que si entre los 125 consejeros que son miembros electos de este órgano hay un número de vacantes que supongan al menos el 10 por ciento del total, estas deberán ser cubiertas.

La última vez que se renovó el Consejo General de Cs fue en la primavera de 2020, durante la celebración de la última Asamblea General, poco después de que Inés Arrimadas fuera elegida presidenta del partido.

Sin embargo, desde entonces varios consejeros han dejado de serlo, muchos de ellos tras darse de baja como afiliados por discrepancias con la dirección encabezada por Arrimadas. Es el caso de Pablo Cambronero, diputado en el Congreso; la exdiputada Marta Martín o el exsenador y exsecretario de Organización Fran Hervías, que se unió al PP.

APROBACIÓN DE LAS CUENTAS DE 2020

En la reunión de este martes, el Consejo General también ha aprobado, por 112 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, las cuentas del partido del ejercicio 2020, presentadas por el secretario de Finanzas, Carlos Cuadrado.

Asimismo, se ha expuesto el informe de la Comisión de Transparencia y Control Económico y la Memoria Anual de Cumplimiento del año pasado.

Los presidentes de los parlamentos regionales y de las regiones han aprobado este martes una declaración mediante la que se comprometen a poner en marcha la 'Alianza de las Regiones por la Democracia Europea' para aumentar el impacto político de estos territorios en el proceso de toma de decisiones europeo en asuntos con relevancia directa para el trabajo de los entes locales y regionales.

La aprobación ha tenido lugar durante el acto político 'El lugar de las regiones en la arquitectura de la Unión Europea en el contexto de la Conferencia sobre el Futuro de Europa', organizado por el Comité Europeo de las Regiones (CDR), la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE) y el Gobierno de la Región Autónoma de las Azores.

Según ha detallado el CDR en un comunicado, el texto que han refrendado también pide que la Conferencia sobre el Futuro de Europa debata el papel de las regiones en la arquitectura institucional de la UE y que, además, la mejore para responder mejor a las necesidades de los ciudadanos.

Por su parte, el presidente del CDR, Apostolos Tzitzikostas, ha señalado que hay Estados miembros "más centralizados", mientras que otras regiones tienen poderes legislativos. "Pero todas las regiones, independientemente de su poder, tienen un impacto crucial en el ámbito nacional y europeo", ha asegurado, al tiempo que ha apuntado que las autoridades regionales y locales aplican "el 70 por ciento de toda la legislación de la Unión Europea y representan un tercio del gasto público y la mitad de las inversiones públicas".

Con base en estos datos, Tzitzikostas ha aseverado que no se pueden "aceptar eternamente que otros tomen decisiones" en su nombre porque, a su juicio, sus responsabilidades legales y su mandato democrático "deben ser tenidos plenamente en cuenta a nivel europeo y nacional". "Es hora de acabar con este vacío democrático y jurídico", ha indicado.

En este sentido, el presidente del Parlamento de Canarias y Presidente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas, Gustavo A. Matos Expósito, ha añadido que "los parlamentos regionales y las asambleas legislativas de la UE representan a los ciudadanos de sus regiones, a través de sus representantes elegidos, por lo que son herramientas fundamentales para lograr la implicación de los ciudadanos en el proceso de redefinición de la UE en la CoFE".

En el acto también ha intervenido, entre otros oradores, la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concepción Andreu Rodríguez, quien ha indicado que la participación de las administraciones regionales en los asuntos europeos "debe incluirse en los sistemas jurídicos nacionales y regionales". Ha apuntado que la comunidad autónoma que dirige está llevando a cabo una reforma de su Estatuto de Autonomía y que una de las propuestas es "la participación regional en el proceso legislativo europeo".

Por último, el vicepresidente primero del Comité Europeo de las Regiones y diputado del Parlamento Regional de las Azores, Vasco Ilídio Alves Cordeiro, ha concluido el acto poniendo en valor la declaración firmada por ser este "el documento fundacional de una Alianza de Regiones por la democracia europea". "Nuestra movilización es crucial para la Conferencia sobre el Futuro de Europa, ya que los entes locales y regionales representan el tercer pilar de la democracia europea", ha añadido.

La presencia de coronavirus en las aguas residuales del Canal de Isabel II ha seguido descendido en la última semana, tendencia consolidada desde mediados del mes de abril, aunque aumenta en varios municipios respecto a datos anteriores, según el informe del sistema Vigía publicados hoy martes.

De esta forma, se sitúa en niveles de agosto de 2020, los más bajos de toda la serie, desde la implantación de este registro. La secuencia de los gráficos advierten que el nivel de Covid en las aguas fecales madrileñas fue importante entre los meses de septiembre y octubre, en la llamada segunda ola; para luego bajar y escalar de nuevo, llegando al récord a finales de enero (tercera ola).

En febrero y marzo se redujo pero manteniéndose niveles moderados hasta repuntar algo a principios de abril (la llamada cuarta ola) para desde entonces experimentar un sustancioso y prolongado descenso.

El sistema publica cuatro gráficos. Los tres primeros muestran la evolución general para toda la Comunidad de Madrid, Madrid capital y resto de la región y el cuarto expone la evolución del estado general de los puntos de muestreo por colores. Rojo para el número de pozos con aumento de presencia de SARS-CoV-2, naranja para los pozos con disminución leve, amarillo para pozos con disminución pronunciada y verde para pocos sin presencia de este virus.

Los gráficos reflejan que la presencia de Covid-19 en toda la región ha continuado su desescalada esta semana y además de manera muy pronunciada, al igual que en el gráfico de la capital y del resto de la región.

Por pozos la tendencia no es negativa. Los gráficos indican que se mantienen los pozos rojos; mientras que se mantienen los amarillos y los naranjas, mientras que aumentan liberamente los verdes.

SUBIDAS EN ALGUNOS MUNICIPIOS

El sistema Vigía también incorpora un mapa por municipios de la región y distritos de la capital diferenciado cobnun código de colores cuantificando la importancia de la presencia de SARS-CoV-2, su tendencia el valor absoluto comparado con los datos históricos de este municipio/distrito.

Los últimos datos disponibles indican que son varias las localidades donde ha subido la presencia del Covid en sus aguas fecales, aunque la incidencia en todos ellos es baja en general. Las mayores subidas se encuentran en Torrejón de Ardoz y Chinchón y en las pequeñas localidades de Los Santos de la Humosa, Montejo, Miraflores y Horcajo de la Sierra, Robregordo, La Cabrera, El Atazar, La Hieruela, Robledillo de la Jara, Cervera de Buitrago y Berzosa de Lozoya, El Vellón, Santa María de la Alameda, Fresnedillas de la Oliva.

Otros municipios registran ascensos débiles, como Valdemoro, Boadilla del Monte, Las Rozas, Alcobendas, Fuenlabrada, Collado Mediano, Navacerrada, San Fernando de Henares, Velilla de San Antonio, Cenicientos, Villa del Prado, Villamanrique de Tajo o Perales de Tajuña. En el resto la tendencia es a la baja o estable. En la capital solo cree en los distritos de Villa de Vallecas y Vicálvaro.

Los datos públicos ofrecidos en la página de Canal son el resultado de sus análisis genómicos, estadísticos y matemáticos. Cualquier interpretación sobre dichos datos corresponde, en exclusiva, a las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, que cuentan con más herramientas de análisis de la situación.

No obstante, desde la empresa pública manifiestan que, por la propia naturaleza del agua residual y de los análisis realizados, los cambios bruscos de tendencia necesitan un periodo de tiempo para su consolidación y validación.

La Comunidad de Madrid ha notificado 782 casos nuevos de coronavirus, de los que 494 corresponden a las últimas 24 horas, y un único fallecido más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este martes, con datos a cierre del día anterior.

En la jornada anterior, correspondiente al lunes, se notificaron 132 casos nuevos de coronavirus, de los que 112 correspondían a las últimas 24 horas, y cuatro fallecidos más en los hospitales, mientras que el mismo día de la semana anterior se registraron 513 casos nuevos, 362 en el último día, y dos fallecidos.

El número de hospitalizados se sitúa en 288 en planta --28 menos respecto al día anterior-- y 153 en UCI --cuatro menos--, mientras que 58 pacientes han recibido el alta hospitalaria. Además, el número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria es de 1.670.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 743.272 positivos, un total de 116.134 casos han requerido hospitalización, 11.900 han precisado UCI y 102.906 han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado el seguimiento domiciliario de 831.086 pacientes.

Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 24.296, de los cuales 5.068 han sido en centros sociosanitarios, 17.825 en hospitales, 1.373 en domicilios y 30 en otros lugares.

En la Comunidad de Madrid la incidencia acumulada a 14 días es de 82,97 por cada 100.000 habitantes y se sitúa en novena posición tras Comunidad Valenciana (83,54), Navarra (92,86), País Vasco (97,05), Canarias (113,47), La Rioja (134,41), Cataluña (147,39), Andalucía (163,07) y Cantabria (179,96).

PLAN DE VACUNACIÓN

En cuanto al plan de vacunación, con datos de este domingo, se han administrado un total de 5.307.013 dosis de las 6.205.995 recibidas, con 2.108.131 segundas dosis registradas y 180.351 vacunas unidosis de Janssen, de manera que el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 35,5%.

Teniendo en cuenta sólo la población diana, establecida en 5,6 millones de los 6,8 millones de ciudadanos en la región, el porcentaje de inmunizados representan el 42,9%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, se han notificado 7.091 nuevos casos de COVID-19, 3.911 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son superiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 4.040 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.799.733 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 106,82, frente a 100,06 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 50.687 positivos.

En el informe de este martes se han añadido 40 nuevos fallecimientos, en comparación con 30 el martes pasado. Hasta 80.829 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 46 personas con diagnóstico de COVID-19 positivo confirmado en España.

Actualmente, hay 2.389 pacientes ingresados por COVID-19 en toda España (2.495 ayer) y 620 en UCI (644 ayer). En las últimas 24 horas, se han producido 284 ingresos (244 ayer) y 406 altas (128 ayer). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 1,96 por ciento (2,04% ayer) y en las UCI en el 6,73 por ciento (6,92% ayer).

Entre el 19 y el 25 de junio, las comunidades autónomas han realizado 603.952 pruebas diagnósticas, de las cuales 386.896 han sido PCR y 217.056 test de antígenos, con una tasa global por 100.000 habitantes de 1.284,29. La tasa total de positividad se sitúa en el 5,01 por ciento, frente al 4,67 por ciento de ayer.

Unas 700 familias en situación de vulnerabilidad se encuentran en lista de espera para iniciar una nueva vida en un pueblo de la España vaciada, gracias al proyecto 'Pueblos Madrina', que la Fundación Madrina viene desarrollando desde hace 17 años.

En dicho periodo de tiempo, el proyecto ha conseguido alojar a más de 300 familias y 1.000 niños en aldeas y pueblos de toda la geografía española, una labor que expusieron la semana pasada al Ministerio de Transición Ecológica.

Según explica la Fundación, inicialmente, el perfil de las familias eran inmigrantes y asilados antes de la pandemia. Si bien, en la actualidad, y motivado por la crisis social derivada de la pandemia, el 50% son familias españolas y en nueva pobreza.

Además, el proyecto rural de la Fundación Madrina incluye "abuelos madrina", que son personas mayores del entorno rural que "adoptan" a una madre gestante o madre joven no menor, con la idea de acompañarla y, por otra parte, beneficiar a las jóvenes madres con un hogar.

La Fundación destaca que este proyecto permite a muchos pueblos de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, y valles, como el Amblés, Ambroz, La Corneja, beneficiarse de la repoblación con la llegada de nuevas familias con hijos menores en edad escolar. Además, señala que otros muchos más aguardan en las comunidades de Aragón, Galicia y Andalucía.

Estas familias consiguen que pequeños municipios de menos de 500 habitantes no cierren la escuela, como es el caso de Berrocal en el Valle de la Corneja, donde dos familias con 8 y 3 hijos han conseguido que en lugar de cerrar la escuela puedan abrir ahora dos aulas. Además, en abril nació el primer bebé de estas familias repobladoras de la España vaciada en Ávila.

Sobre la experiencia, muchas familias aseguran haber encontrado en los pueblos "la felicidad y la libertad". Por su parte, los abuelos de las poblaciones celebran que con los niños que están llegando es como "si les hubiera tocado la lotería".

En cuanto al coste, la Fundación estima que realojar a una familia en un pueblo cuesta 15.000 euros al año --5.900 euros de inversión y el resto, 9.000 euros, de gastos mensuales--. De momento, la Fundación está costeando estos primeros gastos de realojamiento de las familias que, por término medio, consiguen sus trabajos en el plazo de un mes. Realojar 1.000 familias costaría 15 millones de euros al año, si no se consigue empleo rural.

DE COLAS DEL HAMBRE A COLAS DE FAMILIAS SIN TECHO

La Fundación Madrina pone en valor este proyecto ante la situación de pobreza en la que viven muchas familias en las ciudades, donde las denominadas "'colas del hambre' se están transformando en 'colas de familias sin techo'", con familias que no pueden pagar los alquileres ni las facturas de luz, según aseguran.

Precisamente, la Fundación trata de luchar también contra la pobreza energética, generando Cooperativas energéticas o Comunidades energéticas. Con este fin, y en colaboración con 'Light for Humanity', proporcionará electricidad a los Pueblos Madrina y también a la Cañada Real en Madrid. Se trata de lograr la autosuficiencia o "soberanía energética" de los pueblos y la generación de empleo rural.

En este sentido, se desarrollarán determinados proyectos forestales en la España vaciada, de la mano de ingenieros agrónomos y forestales en una especie de "traje a medida" para cada pueblo que aproveche su entorno y riqueza ecológica, con el fin de generar empleo rural, 4 o 5 empleos por pueblo.

Se crearán igualmente viveros forestales y de plantas ornamentales, así como hornos de leña vegetal y plantas de biomasa, entre otros proyectos, cada uno de los cuales será tutelado desde la Escuela de Ingenieros Forestales de Madrid y servirán para un trabajo fin de curso de los alumnos que terminan la carrera.

El Tribunal de Cuentas seguirá mañana con la vista para escuchar a la Fiscalía y a la Abogacía General del Estado tras haber terminado este martes las alegaciones de los letrados de los ex cargos del Govern de la Generalitat de Cataluña, a los que ha pedido una fianza inicial de 5.422.879,48 euros en concepto de responsabilidad contable, por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

Tras una jornada de casi ocho horas, las defensas deberán volver mañana para conocer también la exposición de los representantes legales de la Generalitat, del Diplocat y de las sociedades Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana, antes de que el tribunal acuerde si hace o no alguna modificación al acta de liquidación provisional.

Durante la vista de este martes, los letrados han tenido 10 minutos cada uno para presentar sus alegaciones sobre los 504 folios que han recibido por parte del órgano fiscalizador y que han analizado en la misma sede del Tribunal de Cuentas durante tres horas.

El ex consejero de la Presidencia y letrado de varios de los ex cargos señalados Francesc Homs ha reprochado el procedimiento. "Analizar un texto de vocación jurídico de 500 páginas para presentar alegaciones, cuando además hay en juego tantos millones de euros, no permite posibilidad de defenderse ni es proporcionado ni lógico", ha dicho en declaraciones a la prensa a su salida del tribunal.

"RAZONES POLÍTICAS"

Homs ha asegurado que la justificación que ha dado el órgano fiscalizador de la presunta responsabilidad contable de sus clientes y el resto de ex cargos "es básicamente por razones de naturaleza política". "Más que el Tribunal de Cuentas es el tribunal de pasar cuentas", ha indicado tras insistir en que las "pocas respuestas" que ha conocido por parte de la instructora han sido "inconsistentes".

En este sentido, ha reprochado que se concluya que la responsabilidad contable sea consecuencia de fomentar el proceso secesionista de Cataluña, "tal y como si el hacer esto estuviera prohibido por la ley".

Homs ha subrayado que, aunque el Tribunal de Cuentas reclama una suma por el presunto uso irresponsable de fondos de la Generalitat en el exterior, no hay una sentencia que condene a los ex cargos por estos hechos, a diferencia de la sentencia del 'procés' y la del 9-N.

Ha insistido en que en este caso "ni siquiera" se activaron mecanismos del Ministerio de Interior. "No estamos ante una actuación prohibida; la instructora ha llegado solita a la conclusión de que era inconstitucional", ha añadido.

5,4 MILLONES ENTRE 34 EX CARGOS

Según el acta de liquidación provisional, se les reclama a 34 ex cargos --incluidos el ex presidente catalán huido Carles Puigdemont y el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras-- cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos, si bien todos ellos deberán responder al total de forma solidaria hasta los 5,4 millones.

La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex consejero de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex consejero de Economía Andreu Mas-Collet por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras --también beneficiado por la medida de gracia-- figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.

Han quedado fuera de la lista de presuntos responsables los ex consejeros de Presidencia Jordi Turull y Neus Munté. Así, también han sido desestimados otros seis ex cargos y en el acta de liquidación provisional facilitada este martes a las defensas figuran un total de 34 nombres.

Fuentes del procedimiento han explicado que los ex cargos tendrán un plazo de 15 días hábiles desde el momento en que reciban la versión definitiva del acta de liquidación provisional para depositar las fianzas requeridas. De no abonar el dinero se procederá al embargo de bienes. Los letrados podrán recurrir una vez entregado el dinero.

DOS CAUSAS, UN JUICIO

Las mismas fuentes han precisado que este expediente y los 5,4 millones que finalmente se aporten se sumarán a los 4,1 millones que ya fueron consignados a través de la denominada Caja de Solidaridad por el coste que --según el Tribunal de Cuentas-- representó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017; sobre esta cantidad ya se presentó recurso ante el Tribunal Supremo.

Así, la causa por el presunto uso indebido de fondos de la Generalitat en Cataluña y la causa por los gastos en el exterior serán una sola que se juzgará en conjunto. Si tras el juicio se concluye que no son responsables de dicho uso irregular, se les devolverá la fianza.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido que no existe ningún tipo de "incompatibilidad ni conflicto de intereses" por el hecho de que su marido, Mariano Bacigalupo, sea miembro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ha recordado que fue nombrado consejero del regulador por el anterior Gobierno del PP.

En su comparecencia en Comisión en el Congreso de los Diputados, Ribera respondió así a los ataques recibidos por parte de la oposición calificando a Bacigalupo de autor del "tarifazo" de la luz.

El diputado del PP Juan Diego Requena había criticado a Ribera que la CNMC no es un organismo independiente, ya que "quien controla el tarifazo es su marido".

Requena subrayó que el hecho de que regulador y regulado tienen una incompatibilidad "es algo obvio" y mostró la preocupación del PP por el motivo de que al Gobierno "se le acumulen los casos de incompatibilidad". "No es un ataque personal, es una lícita preocupación en algo tan importante como la factura de la luz", añadió.

Así, la ministra aseguró que "no hay una relación de subordinación entre el regulador gubernamental y el regulador sectorial", ya que tienen funciones "distintas y se trata de un órgano colegiado".

Además, recordó que Bacigalupo fue elegido para el cargo hace cuatro años con un nombramiento "firmado por un señor que se llama Luis de Guindos Jurado" y con un respaldo "unánime", por lo que "no existe ningún tipo de incompatibilidad" entre ambos cargos.

En este sentido, consideró que igual el PP se ha "arrepentido" de ese nombramiento y ha decidido "utilizarlo como excusa para la renovación de cualquier otro órgano".

"HERMANOS GEMELOS" QUE HAN SIDO MINISTRO Y SECRETARIO DE ESTADO.

"Pero no es infrecuente encontrar situaciones parecidas cuando uno observa que hay hasta hermanos gemelos que han sido ministro y secretario de Estado, con sus respectivas mujeres como directoras generales simultáneamente, alguna de ellas en cargos tan importantes como la Oficina Económica del presidente del Gobierno", indicó en referencia a los hermanos Nadal (Álvaro y Alberto), ministro de Industria y Energía y secretario de Estado de Energía con el PP, respectivamente.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno calificó todo esto de "anecdótico", aunque pidió ser "cuidadosos" a la hora de lanzar "insidias personales".

Andalucía ha registrado este martes 29 de junio un total de 1.095 casos de coronavirus, una cifra similar a la registrada el pasado martes (1.098), según datos consultados del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado siete fallecidos en las últimas 24 horas, una cifra parecida a la del martes pasado (ocho), aunque superior a las de este lunes y domingo (uno).

Por otro lado, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha bajado por undécimo día seguido y se sitúa en 163,8 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 0,4 puntos menos en un día y 7,7 menos en siete.

Los 1.095 casos de las últimas 24 horas se registran tras los 1.260 del lunes y domingo, los 1.327 del sábado, los 1.328 del viernes, los 1.440 del jueves, los 1.175 del miércoles y los 1.098 del martes pasado.

Por provincias, Málaga se sitúa como la que más casos suma con 272, seguida de Cádiz y Córdoba con 170 cada una, Sevilla con 159, Granada con 155, Jaén con 75, Almería con 61 y Huelva con 33.

Los siete fallecidos se reparten entre Sevilla, Jaén (dos en cada una), Cádiz, Córdoba y Málaga (uno cada una).

SUBEN LOS HOSPITALIZADOS

Andalucía ha registrado este martes un aumento en el número de hospitalizados con coronavirus hasta los 552, 15 más en un día, pero 57 menos que hace siete días, mientras que los ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) también han aumentado hasta 125, uno más en un día y 18 menos en una semana.

Sevilla es la provincia con más hospitalizados con 144 y 43 pacientes en UCI, seguida de Málaga con 82 y 14 en UCI; Córdoba con 75 y 21 en UCI; Jaén con 70 y 17 en UCI; Granada con 80 y 17 en UCI; Cádiz con 57 y siete en UCI; Huelva con 25 y dos en UCI y Almería con 19 y cuatro en UCI.

CASI 50.000 PERSONAS HAN PASADO POR EL HOSPITAL

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud y Familias, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 616.929 casos confirmados --1.096 en 24 horas-- y ha alcanzado las 10.187 muertes tras sumar siete. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 49.336, 117 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 5.551 --cinco más--, y el número de curados es de 589.531 después de añadirse 1.162.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 10.187 fallecidos desde el inicio de la pandemia --siete más--, Sevilla con 2.035 --dos más-- se mantiene como la provincia con más muertes; seguida por Granada con 1.779; Málaga con 1.671 --una más--; Cádiz con 1.498 --una más--; Jaén con 1.009 --dos más--; Córdoba con 972 --una más--; Almería con 833; y Huelva con 390.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 616.929 desde el inicio de la pandemia --1.096 más--, liderados por Sevilla con 136.525 --159 más--, seguida de Málaga con 106.340 --272 más--, Granada con 91.661 --156 más--, Cádiz con 85.282 --170 más--, Córdoba con 51.767 --170 más--, Almería con 55.612 --61 más--, Jaén con 51.692 --75 más-- y Huelva con 33.468 --33 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 49.336 -177 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 11.059 --47 más--, seguida por Málaga con 8.361 --nueve más--; Granada con 8.305 --25 más--; Cádiz con 5.877 --dos más--; Jaén con 4.737 --uno más--; Córdoba con 4.674 --cuatro más--; Almería con 3.919 --siete más-- y Huelva con 2.404 --dos más--.

De ellos, 5.551 han pasado por la UCI en Andalucía --cinco más--, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 1.109; seguida de Granada con 1.092 --tres más--; Málaga con 799 --dos más--; Almería con 676; Cádiz con 662; Córdoba con 581; Jaén con 454 y Huelva con 178.

CÓRDOBA SITÚA SU TASA EN 259,2

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 589.531 en toda la región, 1.162 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 129.673 --179 más--, seguida de Málaga con 102.078 --223 más--; Granada con 87.301 --53 más--; Cádiz con 81.315 --182 más--; Almería con 54.347 --56 más--; Córdoba con 52.845 --160 más--; Jaén con 50.136 --139 más-- y Huelva con 31.836 --170 más--.

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 163,8 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia Córdoba a la cabeza con 259,2. Detrás se sitúan Granada con 205,2, Huelva con 172,1, Málaga con 171,8, Sevilla con 152,4, Cádiz con 143,2, Jaén con 139,9 y Almería con 71,2.

ANDALUCÍA REDUCE DISTANCIA CON LA MEDIA NACIONAL

Atendiendo a los datos difundidos este martes por el Ministerio de Sanidad, Andalucía ha registrado 13.856 casos en los últimos 14 días con una tasa de 163,7 por cada 100.000 habitantes --superior a la media nacional de 106,82--, y 6.196 en los últimos siete días con una tasa de 73,2, superior a la nacional de 57,79.

El Gobierno contabiliza 523 pacientes covid en hospitales andaluces, con una ocupación del 2,91% de camas, por encima de la media nacional situada en el 1,96%, y 131 en UCI, que registran una ocupación del 7,01% de las camas, superior a la media nacional de 6,73%. Además, registra 67 ingresos por covid en las últimas 24 horas y 93 altas.

Telecinco, Diario de Almería y Onda Aranjuez se han alzado ganadores de la XVIII edición del Premio Periodístico de Seguridad Vial de la Fundación Línea Directa, cuyo objetivo es incentivar la difusión de reportajes que ayuden a concienciar a la sociedad sobre la necesidad de mantener conductas responsables al volante.

En concreto, los galardonados son Francisco Iván Gómez de Diario de Almería por el trabajo 'No bebo mucho, pero aquel día me excedí y cogí el coche. No lo volvería a hacer nunca' en Prensa Escrita y Medios Online; Luis Henares de Onda Aranjuez por el reportaje 'Una mañana fría, el secreto familiar' emitido en el programa 'Aranjuez Abierto' en la categoría de Radio; y, por último, Blanca Vives, del programa 'Quijotes del Siglo XXI' de Telecinco por el trabajo 'María José Jiménez. La tenacidad de una madre' en la categoría de Televisión.

Además, el Premio Solidario, dotado con 10.000 euros netos, ha recaído en la Pastoral de la Carretera, servicio que ofrece la Iglesia para alentar el anuncio y la vivencia de la fe cristiana de los profesionales, conductores, peatones y viajeros en el uso de la vía pública y de los vehículos.

Por otro lado, se ha anunciado el ganador del Premio Honorífico de Periodismo por la Seguridad Vial, que en esta edición se ha entregado a Jesús Soria por su gran labor de divulgación de la seguridad vial a lo largo de su carrera profesional, especialmente en la revista 'Tráfico y Seguridad vial' de la Dirección General de Tráfico (DGT), que dirigió desde su fundación en 1995 hasta 2017.

Los madrileños Teatros del Canal han acogido la gala de entrega de los premios en la que ha actuado como maestra de ceremonias la periodista de Antena 3, Mónica Carrillo.

Mar Garre, directora general de la Fundación Línea Directa, ha destaado que "2020 ha sido un año muy complejo también en el ámbito de la seguridad en carretera". "Por eso, el periodismo sobre seguridad vial se hace más necesario que nunca, ya que estamos en un momento crítico en el que los accidentes están aumentando", ha afirmado.

"Por eso, debemos mantener la misma actitud responsable que hemos demostrado estos meses de atrás con la pandemia, protegiéndonos para proteger también al resto de conductores y peatones", ha recalcado Mar Garre.

El jurado, presidido por Pere Navarro, ha valorado las cerca de 1.600 candidaturas presentadas a esta edición del premio. La valoración se ha efectuado basándose en criterios como la calidad, la labor de concienciación y el enfoque de los trabajos presentados.

La Comisión de Seguimiento del 'Acuerdo interinstitucional contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia', reunida este martes, ha creado un grupo de trabajo con el objetivo de aplicar el 'Protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea', presentado el 18 de marzo.

En el grupo participan las principales plataformas prestadoras de servicios de alojamiento de datos (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Microsoft y TikTok) bajo el paraguas de la Asociación Española de Economía Digital (Adigital).

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha presidido virtualmente la reunión en el Ministerio del Interior, acompañado en línea por el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Javier Perea, que ocupa la Secretaría Técnica del Acuerdo.

En esta décima reunión se han incorporado al Acuerdo la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ambas del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Su participación facilitará la mejora de la lucha contra el discurso de odio que, de manera integral, desarrollan las instituciones enmarcadas en el Acuerdo contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil.

Según informa el Ministerio del Interior, el encuentro ha permitido revisar la hoja de ruta para mejorar la respuesta penal a los delitos de odio, desde las distintas instituciones con competencias en la materia, y se ha impulsado el trabajo de formación de operadores jurídicos y otros cuerpos de la Administración.

También se ha evaluado la participación de España en el sexto ejercicio de monitorización del cumplimiento del código de conducta firmado por la Comisión Europea y las plataformas de Internet en el año 2016 para combatir el discurso de odio en Internet y las redes sociales.

El 'Acuerdo interinstitucional contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia' data de 2015 y se renovó en septiembre de 2018. Fue suscrito por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, los ministerios de Justicia, Interior, Educación y Formación Profesional, Cultura y Deporte, Derechos Sociales y Agenda 2030, Igualdad, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el Centro de Estudios Jurídicos.

En el Acuerdo participan como observadores de la sociedad civil siete plataformas que han estado presentes en esta última reunión de la Comisión de Seguimiento: el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación, la Plataforma del Tercer Sector, la FELGTB, el Consejo Estatal del Pueblo Gitano y la Plataforma de la Infancia.

El 60% de los españoles posee al menos habilidades digitales básicas, un patrón similar al del promedio europeo, según un estudio elaborado por la Fundación Cotec en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) presentado este martes en el marco del Mobile World Congress de Barcelona (MWC) en un acto que ha contado con la participación del CEO de Mobile World Capital Barcelona, Carlos Grau, y la presidenta de Cotec, Cristina Garmendia.

Según el estudio, las comunidades autónomas con mayor renta media por habitante concentran también los mayores niveles en cuanto a habilidades digitales de la población. Así, por encima quedan los territorios más ricos, como Madrid (67,4%), Cataluña (67,2%), Navarra (61,7%) y País Vasco (61,5%). Por debajo, con hasta 15 puntos porcentuales de diferencia, aparecen territorios cuyo PIB por habitante está por debajo de la media nacional, como Galicia (52,1%), Cantabria (54,8%) o Murcia (55,1%).

El estudio, denominado 'Competencias digitales y colectivos en riesgo de exclusión social en España', busca identificar a los colectivos con mayor riesgo de quedar excluidos de la economía y la sociedad digital en España. Según Cotec, el nivel de estudios, la ocupación y la edad son los tres factores que en mayor medida determinan la brecha en competencias digitales, a diferencia del género, que es mucho menos significativa a nivel estadístico.

Así, entre los resultados que destaca el estudio, se encuentran que tener más de 55 años aumenta en 23,1 puntos porcentuales la probabilidad de tener habilidades bajas o directamente de no tenerlas.

Además, el salto de contar con estudios básicos a estudios medios representa tener 17,6 puntos más de alcanzar un nivel de competencias digitales avanzado, aumentando a 36,2 puntos si se alcanzan estudios superiores. La diferencia de estar desempleado a ocupado aumenta en 4,3 puntos porcentuales la probabilidad de tener unas habilidades digitales avanzadas.

El trabajo utiliza los datos que proporciona el indicador de competencias digitales de la población integrado en la dimensión de capital humano del índice sintético DESI (Índice de la Economía y Sociedad Digitales) que elabora la Comisión Europea, así como los microdatos de la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación de los hogares (Encuesta TIC-H) del INE, además de otros que provienen de la Encuesta Cotec-Sigmados de percepción social de la innovación.

EL 'EFECTO COVID' EN LAS ACTIVIDADES DIGITALES

El documento se fija en particular en los datos de 2020 para analizar si hay un efecto Covid en lo que se refiere a las actividades digitales que realiza la población.

Según el estudio, el aumento en el uso de Internet en 2020 es similar al de 2019, por lo que no hay un efecto Covid a nivel agregado. Sin embargo, sí se ha visto un incremento de uso de determinadas actividades digitales, como es el caso de las redes sociales, la banca on line, el correo electrónico, la búsqueda de información sobre temas de salud o bienes y servicios y el uso de la Administración electrónica.

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN

"La digitalización ha aportado muchos beneficios, sin embargo, no podemos obviar que la era digital también esconde urgentes desafíos, que están generando desequilibrios y desigualdades. Es lo que nosotros llamamos emergencia digital que engloba retos relacionados con el acceso, el uso, implementación e impacto desigual de la tecnología", ha señalado Carlos Grau.

Por su parte, Garmendia ha destacado que España está ante un "riesgo verosímil" de que la digitalización conduzca al país hacia un escenario en el que las brechas sociales existentes se amplíen. Por ello, indica que la inversión en educación no solo es la más rentable desde el punto de vista del crecimiento económico, sino también como vía para facilitar la transformación digital.

El líder del PP, Pablo Casado, expondrá este miércoles ante el Pleno del Congreso con un "discurso contundente" el rechazo de su partido tanto a los indultos a los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre como a la mesa de diálogo con la Generalitat que impulsa el Gobierno. Además, defenderá la Constitución y las instituciones del Estado ante la "ofensiva" del Ejecutivo y, en especial, el "ataque" al Tribunal de Cuentas, según han avanzado fuentes del partido.

El PP considera que el perdón que quiere otorgar el presidente del Gobierno "va más allá del delito de sedición" porque también quiere "perdonarlos por los más de cinco millones de dinero público que malversaron" y así lo denunciará en su intervención parlamentaria el jefe de la oposición, según han informado las mismas fuentes.

Casado acudirá a esta sesión plenaria --que debatirá también sobre el Consejo Europeo de los días 24 y 25 de junio-- consciente de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, utilizará en su defensa los argumentos de concordia y convivencia que ha expuesto en sus intervenciones públicas y el apoyo al diálogo que han defendido públicamente los empresarios catalanes, las diócesis catalanas e incluso la Conferencia Episcopal.

EL PP RECALCA QUE NO ADMITE "PRESIONES"

La dirección nacional del PP ha subrayado estos días que no admiten "presiones". "Los únicos accionistas del PP son los españoles. Solo a ellos nos debemos", ha proclamado el jefe de la oposición en varias ocasiones esta última semana a raíz de la decisión del Consejo de Ministros de aprobar la medida de gracia para los nueve condenados por el 'procés'

El propio Casado ya subrayó este lunes que se mantendrá "firme" en su posición ante los "disparates" que está cometiendo Pedro Sánchez porque, según dijo, su partido no puede ser "cómplice" de los pasos que está dando el Gobierno para mantenerse dos años más en el Palacio de la Moncloa.

El líder del PP considera que "no se puede aceptar un golpe a la legalidad" y que los indultos van a generar "más frustración", una opinión que, según fuentes del partido, recoge el sentir mayoritario de la sociedad española. "Preferimos perder votos antes que perder el alma, al contrario de lo que hace Sánchez", ha repetido estos días, parafraseando así las palabras que Múgica dirigió a Sánchez.

"SÁNCHEZ, AL SERVICIO DEL PROCÉS"

Fuentes de la cúpula del PP han señalado que Pablo Casado hará un análisis de situación de los últimos días, en los que ha quedado constatado que la palabra de Sánchez "no vale nada" porque "todo lo que dijo que no haría, finalmente lo ha hecho".

En el PP ven a Sánchez al "servicio del procés" y, de hecho, creen que negocia en La Moncloa con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, "la derrota de la democracia española". Según fuentes del partido, con los indultos Sánchez "ya ha premiado la deslealtad y la corrupción nacionalistas" y ahora, gracias a él, la Generalitat "se pone al servicio de los indultados, y en contra de la mayoría de los catalanes". "Sánchez se ha convertido en el cooperador necesario del segundo procés", aseguran desde 'Génova'.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS, LA "CHINA EN EL ZAPATO DE SÁNCHEZ"

Además, Casado aprovechará para denunciar en el Congreso el ataque del Gobierno a las instituciones, como el Tribunal de Cuentas, un órgano que se ha convertido en "la china en el zapato de Sánchez y los independentistas", según señalan las fuentes consultadas.

El PP considera que el hecho de que siga adelante el proceso por malversación "incomoda a los indultados y, por tanto, incomoda a un Sánchez que actúa como abogado defensor y que quiere liquidar cualquier problema judicial que les afecte". A su entender, el perdón que quiere otorgar Sánchez "va más allá del delito de sedición, también quiere perdonarlos por los más de cinco millones de dinero público que malversaron".

Y ante las informaciones que apuntan a que Moncloa no descarta una reforma del Tribunal de Cuentas si el PP no pacta, fuentes de la cúpula del partido han señalado que Casado ya advirtió este lunes que ésa era una de las opciones que podrían producirse, como ya hizo el PSOE registrando una proposición de ley para rebajar las mayorías en el sistema de elección del Consejo general del Poder Judicial (CGPJ).

"No tienen límites, pero no aceptamos presiones. Nos debemos a los españoles", han indicado las mismas fuentes del PP, que responsabilizan al presidente del Gobierno de ser el que bloquea la renovación de los órganos del Estado y pretender que los españoles "paguen la corrupción y malversación de los independentistas".

MOCIÓN DE CENSURA CONTRA SÁNCHEZ

Después de que Vox y Cs hayan animado a Pablo Casado a presentar una moción de censura, el PP tiene claro que la solución pasa por unas elecciones y así lo ha exigido la cúpula del partido estos últimos días.

"Nos daban un plazo, pero se pueden ahorrar el plazo porque sin duda alguna serán los españoles los que hablen en las urnas en cuanto las urnas se vuelvan a poner y ahí será donde uniendo el voto de centroderecha podamos forjar una alternativa que es lo que se necesita en este país", ha afirmado este martes la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.

De esta forma ha respondido al portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quién había dicho que no querían "meter prisa" al PP con la moción de censura y que las semanas de verano eran un momento para que los 'populares' "meditaran" sobre esa iniciativa. Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha avisado a Casado que si al final la moción la presenta Vox y no el PP, Sánchez "saldrá reforzado".

El Grupo de Apoyo Democrático y Coordinación electoral del Parlamento Europeo ha sancionado al eurodiputado de Izquierda Unida, Manu Pineda, y a la de Podemos, Idoia Villanueva, por romper las reglas de las misiones electorales en los comicios de Ecuador al presentarse como observadores internacionales al margen de la Eurocámara.

Según una carta de los copresidentes del grupo en la Eurocámara de apoyo a la democracia y coordinación electoral, el comportamiento de ambos vulnera las reglas del Parlamento Europeo y de los estándares internacionales y se les aplica el reglamento relativo a la participación en misiones de observación.

En el caso de Pineda, queda excluido hasta finales de 2021 de participar en ninguna delegación parlamentaria de observación y se le avisa de que en caso de estar implicado en una situación similar se le suspenderá para el resto de legislatura. El eurodiputado de IU viajó el pasado mes de diciembre a Venezuela en el contexto electoral y en febrero ejerció como observador y emitió juicios sobre los comicios de Ecuador.

Por su parte, la Eurocámara reprende a Villanueva, secretaria de Internacional de Podemos, que diera entrevistas a la televisión ecuatoriana en relación a una misión internacional en el país en dichas elecciones y que durante su intervención apareciera como "observadora internacional. En este sentido, la eurodiputada 'morada' ha sido apercibida de que otra situación similar implicará una exclusión de futuras misiones.

La carta de los copresidentes David McAllister y Tomas Tobé pone el acento en que el código de conducta de los miembros de las misiones de observación, que quebraron ambos eurodiputados españoles, garantiza que las actividades de apoyo a la democracia que realiza el Parlamento Europeo se llevan a cabo de manera imparcial.

En febrero ya avisaron en otra misiva de que "ningún" eurodiputado había recibido el mandato de observar o comentar el proceso electoral en Ecuador "en nombre del Parlamento Europeo" e indicaron que si alguno decidía viajar "lo hará a título propio".

OTROS SANCIONADOS

Aparte de los dos políticos españoles, han sido sancionados, ya con aviso o excluidos de futuras misiones, otros nueve parlamentarios por presentarse como observadores en procesos electorales, han informado fuentes parlamentarias.

Es el caso de los franceses ultraconsevadores Virigine Joron, Hervé Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Thierry Mariani y Philippe Olivier, por su actividad en la península de Crimea, anexionada ilegalmente por Rusia.

Por su papel en las elecciones de Venezuela el pasado diciembre, que la UE no reconoció después de que no contaran con las condiciones democráticas mínimas y la participación de la oposición, la Eurocámara censura a los irlandeses Clare Daly y Mick Wallace, de La Izquierda, mientras que Leïla Chaibi, de la Francia Insumisa, recibe un aviso por su actividad en Ecuador.

El diputado italiano del Partido Popular Europeo, Fluvio Martusciello, es reprendido por su viaje a Kazajstán en el contexto de las elecciones legislativas que dieron una amplia mayoría al presidente, Nursultan Nazarbayev, al margen de la Eurocámara.

La Fiscalía Anticorrupción interesa seis años de cárcel y una multa de 550.000 euros para el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en la pieza de 'Lezo' relativa a las irregularidades cometidas en adjudicaciones asociadas al campo de golf del Canal de Isabel II y que supuestamente tenían como objetivo obtener comisiones ilegales con la intermediación de sociedades afines al exdirigente del PP.

En el escrito de acusación del Ministerio Público se imputan al ex presidente 'popular' dos delitos de cohecho penados cada uno con tres años de cárcel. Idéntica condena por los mismos delitos se solicitan para el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel; para el hermano de Ignacio González Pablo Manuel; para su cuñado José Juan Caballero; y para el socio de la empresa TCT José Antonio Clemente.

Anticorrupción explica que esta pieza 2 de 'Lezo' comprende los hechos relativos a las ilicitudes cometidas con ocasión del concurso para la ejecución de las obras del proyecto de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento sobre la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II. Fue licitado por el Canal y adjudicado en marzo de 2003 a 'ACS Proyectos, Obras y Construcciones' que, a partir de junio de 2004, pasó a denominarse 'Dragados'.

Indica que al año de realizarse esta adjudicación, desde la dirección del Canal, ostentada por los investigados Ildefonso de Miguel e Ignacio González ---presidente del ente público CYII y vicepresidente de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2012---, "con el fin de beneficiar a familiares de este último, "se impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación".

Señala que guiados con ese fin convinieron con Dragados que el Canal del Isabel II le adjudicaría directamente a esta sociedad dicho modificado imponiéndole para ello la condición de que subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería --TCT--. Los socios de esa empresa eran Clemente, el hermano del presidente y Caballero, si bien estos dos últimos ostentaban su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares con el expresidente de la Comunidad de Madrid.

La aprobación y adjudicación directa a Dragados de dicho modificado tuvo lugar en la sesión del Consejo de Administración del Canal de Isabel II celebrada el 19 de julio de 2006, merced a la intervención de los investigados Ignacio González e Ildefonso de Miguel.

Además, en julio de 2006 se convocó otro concurso para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas de CYII-Tercer Depósito y en diciembre se acordó por unanimidad su adjudicación a la UTE formada por TCT, SOTO ONCE SL e IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS SA. "De todos los asistentes a ese Consejo solo los acusados Jaime Ignacio González González e Ildefonso de Miguel Rodríguez conocían el vínculo familiar del primero de ellos con los socios de TCT, extremo que ocultaron a los demás para evitar cualquier veto obligado por razón de tal vínculo", añade.

"En definitiva, la actuación conjunta de los acusados (...), permitió que TCT, empresa sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados, se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente con ambas adjudicaciones, obteniendo un beneficio de, al menos, 504.780 euros financiado con los fondos públicos asignados a tales contrataciones", dice el escrito de acusación.

TCT NO TENÍA CAPACIDAD DE EJECUCIÓN

En cumplimiento de lo acordado e impuesto por los investigados, el 15 de junio de 2006, con anterioridad a que se le adjudicase formalmente el citado modificado, Dragados subcontrató a TCT para la realización de determinados trabajos aduciendo que en un concurso había sido la oferta más ventajosa.

Lo cierto es que los socios de TCT habían acordado reservadamente con los responsables de Dragados "incrementar en un 47% el importe a cobrar". El 15 de junio de 2006 Dragados firmó con TCT ese contrato por importe de 160.204,79 €, cuyo objeto era la ejecución de un hoyo número 4 de prueba en el campo de golf, si bien este objeto se amplió después con cuatro anejos de fechas 10 de agosto, 15 y 24 de noviembre de 2006 y 14 de febrero de 2007 por importes respectivos de 2.292.232,82 €, 298.830,24 €, 286.270,58 € y 30.326,40 €. Así, el importe total de los trabajos que DRAGADOS subcontrató con TCT ascendió a 3.067.864,83 euros.

Tras exponer estas cifras, la Fiscalía indica que TCT se fundó en mayo de 2003 con la razón social de trabajos de ingeniería, y que no fue hasta 2008 cuando incluyó la realización de proyectos deportivos. "Sin embargo, la sociedad carecía de toda capacidad para llevar a cabo la ejecución de los trabajos incluidos en el modificado", apunta.

EL 8 POR CIENTO DE INTERMEDIACIÓN

Dado que los encausados eran incapaces de ejecutar esos trabajos deportivos, los subcontrataron a su vez con las sociedades Onlygolf Planning and Design y Fieldturf España. Acordaron con ellas percibir una comisión del 8 por ciento por su intermediación.

Fieldturf emitió tres facturas a TCT por importe de 270.204 euros y Onlygolf emitió hasta once facturas por importe total de 2.605.805 euros. Al tiempo, TCT emitió trece facturas contra DRAGADOS por importe total de 3.257.039,12 euros, de forma sucesiva y correlativa a las catorce facturas emitidas por Onlygolf y Fieldturf contra TCT por importe de 2.876.010,16 euros, obteniendo así un beneficio de 381.029 euros "por su innecesaria e impuesta intermediación".

La Fiscalía indica que entre noviembre de 2006 y marzo de 2008, en un escenario de precrisis económica, los acusados fueron repartiéndose parte de los beneficios "según un plan perfectamente documentado". Así, Pablo Manuel González que se ocultaba bajo las siglas PG recibió 101.348 euros que recibió mediante 20 entregas en efectivo.

Juan José Caballero, oculto bajo las siglas JJC, recibió 94.425 euros en once entregas, y José Antonio Clemente, oculto bajo las siglas "JCM", le correspondieron 71.199 euros. Esos pagos se hicieron contra facturas de emitidas por sociedades instrumentales.

LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN

En 2006 el Canal adjudicó el concurso para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas de ese tercer depósito a una UTE formada por TCT, Soto Once SL e Iridium Concesiones de Infraestructuras (de Dragados). Tras la adjudicación, esa UTE constituyó la sociedad 'Green Canal Golf' que firmó en 2007 la concesión, y al poco subcontrató con TCT el trabajo de mantenimiento del césped durante cinco años por un precio mensual de 9.875 €.

A su vez, ese mismo día TCT, "al carecer de capacidad para ejecutar ese trabajo", lo subcontrató con Onlygolf, reduciendo el canon mensual a 7.941€, consiguiendo así, por su mera intermediación un beneficio aproximado de 124.000 euros.

Ignacio López del Hierro, empresario y marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, y José Luis Ortiz, el ex jefe de Gabinete de esta última, declararán este miércoles como imputados ante el juez que investiga la 'Operación Kitchen' por su presunto papel en la supuesta trama de espionaje parapolicial al ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, escuchará primero a López del Hierro, citado a las 10.00, para continuar con Ortiz, a las 12.00, tras interrogar esta misma semana a la propia Cospedal y al ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera. Además, el viernes comparecerá el comisario jubilado José Manuel Villarejo, y el ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez lo hará el 12 de julio.

El juez imputa tanto al matrimonio como a Ortiz presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, en relación con el dispositivo parapolicial costeado con fondos reservados que se habría montado en 2013 desde el Ministerio de Interior para espiar a Bárcenas y su familia y evitar que la información comprometedora que tuvieran sobre el PP y sus dirigentes cayera en manos de la Justicia.

Para ello, se apoya en parte en las agendas personales incautadas a Villarejo el pasado mes de octubre, que abarcan el periodo temporal en el que se habría desarrollado la 'Operación Kitchen' hasta el punto de que han permitido al juez situar su arranque en el 11 de julio de 2013 por una nota referida a 'Chisco', como apodó el policía retirado a Martínez, donde se lee: "Charla de 45 minutos. Plan contra LB. Interv. comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo".

La sucesión de notas en estos cuadernillos manuscritos han llevado a García-Castellón a sospechar que Cospedal y López del Hierro, a través del ex jefe de seguridad de ella, Andrés Gómez Gordo, habrían tenido una participación "decisiva" para que el chofer de los Bárcenas, Sergio Ríos --también investigado--, accediera a espiar a la familia. Según declaró el propio Ríos, aceptó el encargo porque venía de su "admirado" Gómez Gordo, conocido como 'Andy' en la causa.

En concreto, el instructor resaltó en el auto de imputación una mención realizada por Villarejo el 18 de julio de 2013 junto a las siglas IHL, que aludirían a López del Hierro. "Aviso contacto Sergio. Él se encarga de hablar con Andrés Gordo". Y añadió sobre Cospedal: "Varios contactos y posible cita". Meses después, en septiembre, hizo un apunte revelador sobre 'Cospe': "Control 'LB'".

DESMARQUE DE LA 'KITCHEN'

Sin embargo, Cospedal ha negado este martes, en su declaración ante García-Castellón, cualquier vínculo con 'Kitchen', afirmando que tuvo conocimiento de la supuesta operación por los medios de comunicación. Tampoco supo nada de Ríos hasta que el asunto saltó a la primera plana, ha añadido. Además, ha dudado de que Gómez Gordo participara en el fichaje del conductor para la trama y, en todo caso, ha rebajado su relación y la de su marido con 'Andy'.

En cambio, ha reconocido que conocía a Villarejo y que se reunió varias veces con él en la sede del PP en la calle Génova de Madrid. Según fuentes jurídicas, ha contado que contactó con el comisario en 2009 porque al escuchar al fallecido dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba decir en una intervención parlamentaria que lo oía todo se preocupó pensando que podía haber investigaciones sobre el PP y sus cargos.

Se lo presentó su marido, ha expuesto, como un policía en excedencia dueño de una consultora importante, muy bien relacionada, que hacía labores de inteligencia. En la primera reunión en el cuartel general de los 'populares' estuvieron los tres, pero después los encuentros fueron solo entre ella y Villarejo y, al menos uno, se produjo fuera de la sede de Génova, en una cafetería.

Cospedal ha recalcado que ni a título personal ni en nombre del partido hizo encargo alguno a Villarejo y que, en consecuencia, tampoco le pagó. Su único objetivo, ha justificado, era que el comisario la mantuviera al corriente sobre las filtraciones que se hacían a la prensa del PP y de ella. En este sentido, ha puesto de relieve que la información que le proporcionaba el policía retirado no siempre era útil y que muchas veces ya estaba en fuentes abiertas.

CANAL DE COMUNICACIÓN CON COSPEDAL

En cuanto a Ortiz, el instructor le señala como uno de los canales de comunicación de Villarejo con la ex secretaria general del PP, tanto en una etapa previa donde el objetivo era "salvar al tesorero", como en la posterior fase con la 'Operación Kitchen', conforme al hilo temporal que trazan las citadas agendas.

García-Castellón llamó la atención sobre una serie de apuntes. Una del 30 de septiembre de 2013, en la que Villarejo escribió junto a 'Orti': "Aviso copia dada al 'Andy'. Agradeció mensaje, lo transmitirá a 'Cospe'". Y al día siguiente completó: 'Andy' "muy contento por los datos que le di para la 'Cospe'".

En este contexto, el magistrado de la Audiencia Nacional considera conveniente interrogar a Ortiz sobre si efectivamente recibió alguna copia de manos de Gómez Gordo y, en ese caso, si se la entregó a Cospedal.

En la etapa de concordia con Bárcenas también aparece Ortiz. "Aviso de que todo va según lo previsto. Se encarga de transmitirlo a 'Cospe'", comenta Villarejo sobre 'Orti'. Para el juez, esta "dación de cuenta" del ex comisario al jefe de Gabinete de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha "carece de toda lógica".

EL 'PROYECTO SMP'

Otra de los temas sobre los que podría girar el interrogatorio de este miércoles es el llamado 'Proyecto SMP', que se habría encomendado a Villarejo como "un proyecto de estrategia jurídica con el objetivo prioritario de evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del SG", sumario 'Gürtel', aunque el juez sigue sin ver un nexo con el matrimonio Cospedal-López del Hierro.

Las supuestas injerencias en la investigación de 'Gürtel' centraron la comparecencia judicial del ex jefe de la UDEF el pasado lunes, que rebatió la versión ofrecida hace dos semanas por el inspector principal de ese caso de corrupción, Manuel Morocho, según el cual recibió numerosas y diversas presiones --desde destinos dorados a sobrecarga de trabajo y revisiones constantes de sus informes-- para que dejara de investigar los hechos, algo a lo que no sucumbió.

Morocho, según los audios de su declaración, denunció en concreto que sus mandos le pidieron quitar de sus informes los nombres de dirigentes y personas vinculadas al PP, entre ellos los del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y López del Hierro, a los que pretendía aludir por "determinadas contraprestaciones" y como donante de la 'caja b', respectivamente, en base a los famosos 'papeles' de Bárcenas.

Olivera negó que el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, le llamara para saber si Morocho había aceptado alguno de los puestos de trabajo que le ofrecían --oficial de enlace en Lisboa, embajadas e incluso la ONU--, al tiempo que defendió que las continuas modificaciones eran habituales en todos los informes emanados de la UDEF, no solo con los relativos a 'Gürtel'.

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, cree que el Gobierno de Pedro Sánchez intervendrá para favorecer a los políticos independentistas catalanes a los que el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros aunque eso suponga "desprestigiar" a esta institución.

"Imagino que se darán instrucciones a la Abogacía del Estado para que diga que no existe quebranto patrimonial en todos estos hechos que, claramente, son ilícitos" respecto a "la disposición del gasto público", ha declarado en una rueda de prensa en la Cámara Baja tras participar en la Junta de Portavoces.

Sánchez asegura, "muy ufano", que no dirá a la Abogacía del Estado cómo tiene que actuar en este caso, pero "perdonen que me ría", ha manifestado al recordar que él mismo, cuando trabajaba como abogado del Estado, recibió "instrucciones muy claras y contundentes" del Ejecutivo para que modificara su escrito de acusación contra los líderes del proceso separatista de 2017 en Cataluña y le cesaron "por no cumplirlas".

Bal considera una "buena noticia" que el Tribunal de Cuentas haya determinado la responsabilidad contable inicial que se reclama a los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, al exvicepresidente Oriol Junqueras y a otros 38 antiguos cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para las 'embajadas catalanas' y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat).

Significa que "en España funcionan las instituciones" y que "quien la hace la paga", ha concluido tras destacar que estos políticos emplearon dinero de los catalanes y de todos los españoles para "realizar un plan delictivo" con el objetivo de desarrollar una república catalana independiente.

En el mismo sentido, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha señalado en Twitter que "los políticos separatistas desviaron millones de euros para hacer propaganda contra España" y "lo justo es que paguen de su bolsillo un dinero que tenía que haber ido a sanidad o educación". En cuanto al Gobierno, "debe respetar el trabajo del Tribunal de Cuentas", ha agregado.

LA ABOGACÍA DEL ESTADO Y LA FISCALÍA DEBEN ACTUAR

El portavoz parlamentario de Ciudadanos cree que tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía deberían iniciar un procedimiento de resarcimiento civil por el daño que causaron esas autoridades. "Si la Abogacía del Estado recibe presiones, me parecería absolutamente inconcebible e inadmisible que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas no ejercitara la acciones en defensa del erario público", ha afirmado.

Bal ha pedido al Gobierno "pleno respeto" hacia las acciones del Tribunal de Cuentas, que, según ha subrayado, forman parte de "la actividad jurisdiccional de un órgano constitucional" que depende directamente del Congreso de los Diputados.

Por ello, ha criticado que desde el Ejecutivo hayan tratado de "quitar importancia" o "rebajar la jerarquía" de ese tribunal sugiriendo que "se trata prácticamente de un órgano administrativo sujeto a las instrucciones de la Administración".

En este contexto, ha preguntado a Sánchez si solamente pretende "indultar de sus responsabilidades económicas a sus amigos separatistas" o si hará lo mismo con Fèlix Millet y Jordi Montull, condenados a pagar más de 3,5 millones de euros por el expolio del Palau de la Música.

SÁNCHEZ ACEPTA EL "CHANTAJE" DEL INDEPENDENTISMO

Según el dirigente de Cs, el Gobierno continúa "aceptando la política de chantaje a la que se encuentra sometida España" por parte de los partidos independentistas porque Sánchez "sigue con su plan para mantenerse en la Moncloa a toda costa, sin importarle el descrédito institucional" de España y estando dispuesto a "atacar y menospreciar" al Tribunal de Cuentas.

"Esto no nos extraña porque ha sido la tónica general del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos" al llevar a cabo "ataques constantes a la independencia del poder judicial" e insistir en "vilipendiar nuestras instituciones", que son "la última barrera frente a las arbitrariedades del Gobierno y frente al fanatismo de los separatistas", ha indicado.

Bal ha advertido de que Ciudadanos está en una "ofensiva general" para proteger al Tribunal de Cuentas y el dinero público e intentar que el Ejecutivo "no sucumba ante las presiones del independentismo". Según ha señalado, ese organismo sirve"para cobrar las deudas que tienen los independentistas con todos los españoles", pero Sánchez "quiere utilizarlo para pagar las deudas que tiene con el separatismo" con el fin de mantenerse en el poder.

PIDE AL GOBIERNO QUE SE COMPROMETA A NO INTERFERIR

La formación naranja ha registrado este martes en el Congreso una batería de preguntas sobre este asunto dirigidas al Gobierno para las que solicita respuesta por escrito.

En primer lugar, quiere saber si, para "reparar el daño infligido al prestigio" de las instituciones, el Ejecutivo va a rectificar las palabras del ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y de la ministra de Igualdad, Irene Montero (Unidas Podemos). Ambos han dicho que las causas abiertas en el Tribunal de Cuentas contra políticos independentistas imputados o condenados son "piedras en el camino" del diálogo sobre Cataluña.

Unas declaraciones sobre las que Ciudadanos pregunta si son "una contraprestación a los partidos separatistas cuyos líderes han sido condenados por malversación y sedición" y si el Ejecutivo es consciente del "perjuicio" que causan al Tribunal de Cuentas, al "poner en cuestión su función e independencia" y "menoscabar la credibilidad de las instituciones españolas" y "la independencia del poder judicial".

Por último, Cs insta al Gobierno a asumir el compromiso de "no presionar, coaccionar ni sembrar dudas sobre la labor de los servidores públicos del Tribunal de Cuentas" y asegurar que no va a someterlos a sus "directrices o instrucciones, dictadas en última instancia por las formaciones separatistas que le dan apoyo parlamentario".

La Rioja no ha tenido que lamentar fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que este martes han subido ligeramente los casos activos al pasar de 263 a 268 (5 más), mientras que también se ha incrementado mínimamente la incidencia acumulada a 14 días, desde los 133,47 casos por cada 100.000 habitantes, hasta los 133,79 de hoy.

Además, se han registrado 35 nuevos positivos, por lo que desde el inicio de la pandemia se han notificado 31.955.

De acuerdo con las cifras que acaba de actualizar este martes el Gobierno de La Rioja, desde que comenzó la pandemia, un total de 778 personas han fallecido por la enfermedad, 300 de ellos residentes de centros de mayores.

En cuanto a la presión asistencial, ha subido ligeramente con respecto a hace 24 horas, con tres persona más, al pasar de 20 pacientes ingresados ayer por Covid-19 en los hospitales riojanos a los 23 que se contabilizan este martes.

En concreto, el Hospital San Pedro de Logroño cuenta con 13 personas en camas de hospitalización ocupadas por pacientes Covid-19 (dos más que ayer), con dos ingresos y ningún alta. Por contra, en la UCI, hay 6 pacientes Covid (igual que hace 24 horas).

En la actualidad, y ante la evolución del virus en la región, el Gobierno riojano cuenta en el San Pedro con 43 camas UCI. De este modo, sumando a los ingresados por patologías no-Covid (19 a día de hoy, dos más que hace 24 horas), la UCI riojana tiene 25 pacientes y se encuentra al 58,14 por ciento (unos cinco puntos más que ayer).

Por su parte, la Fundación Hospital de Calahorra cuenta con cuatro pacientes ingresados en planta Covid-19, lo que supone uno más que ayer lunes, lo que supone un nuevo ingreso y ningún alta.

Por lo demás, la Incidencia Acumulada a catorce días en la región se ha incrementado mínimamente desde los 133,47 casos por cada 100.000 habitantes ayer, hasta los 133,79 de este martes.

Por contra, la IA a siete días se ha reducido con respecto a hace 24 horas pasando de 58,77 casos por 100.000 habitantes a 55,95 casos hoy. En cuanto a la tasa de positividad, baja también ligeramente con respecto a hace 24 horas, del 4,78 al 4,51 por ciento.

Finalmente, hay 6.651 personas en cuarentena frente a las 6.618 del viernes. Por último, las residencias riojanas siguen estando libres de casos en sus 33 centros.

La reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonés, ha comenzado pasadas las 17.00 horas, tras recibir el jefe Ejecutivo al mandatario catalán arriba de la escalinata de entrada al Palacio de la Moncloa.

Tras bajar Aragonés de su coche oficial, y subir las escaleras hasta donde le estaba esperando Sánchez, el presidente del Gobierno le ha saludado con el gesto de la mano en el pecho. Por su parte, Aragonés no ha realizado en ese momento ningún gesto visible.

Después, ambos han posado ante los fotógrafos a las puertas de Moncloa, a un metro de distancia el uno del otro y con dos banderas españolas y dos catalanas tras ellos, antes de dirigirse al interior del edificio, sin apenas hablar entre ellos.

El presidente catalán ha mantenido para su encuentro con Sánchez el pin de una flor amarilla que siempre lleva en la solapa, en señal de apoyo a los condenados por organizar el procés --que ya están fuera de la cárcel tras haber sido indultados hace una semana por el Gobierno--, y a los dirigentes independentistas que huyeron al extranjero.

Sánchez y Aragonés se reúnen este martes por primera vez y con el objetivo de sentar las bases de la nueva etapa de diálogo que quieren abrir para solucionar el denominado conflicto catalán; una cita a la que el Ejecutivo central y el catalán llegan desde posiciones alejadas --y con discrepancias incluso dentro de lado independentista entre ERC y Junts--.

Mientras que Aragonés volverá a defender el referéndum de autodeterminación y la amnistía, Sánchez ya ha dejado claro que no va a aceptar nada que quebrante la legalidad. En todo caso, el primer reto que abordarán este martes será decidir cómo y cuándo retomar la mesa de diálogo que servirá para dar cauce a este nuevo intento de negociación.

UNA SEMANA DESPUÉS DE LOS INDULTOS

El encuentro de este martes se produce justo una semana después de que el Gobierno concediera los indultos a los organizadores del procés que seguían en la cárcel, como un "claro" gesto "a favor del diálogo", en palabras de Sánchez, para "pasar página" y buscar una solución al conflicto.

No obstante, los organizadores del procés todavía están siendo investigados por el Tribunal de Cuentas, por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat. Y precisamente este martes por la mañana está previsto que un total de 42 ex altos cargos independentistas conozcan la reclamación que les hace este órgano.

El Ayuntamiento de València ha sacado a contratación la restauración del cuadro 'La Inmaculada Concepción y los Jurados de la ciudad de València', pintado por Jerónimo Jacinto Espinosa en 1662.

La obra está en mal estado de conservación por su ajetreada historia, ya que ha mudado varias veces de ubicación, desde la desaparecida Casa de la Ciudad, en el Consolat de Mar y, finalmente, en el Museo Histórico Municipal, ha indicado el consistorio en un comunciado.

Pero también por las diversas y no siempre adecuadas intervenciones que ha sufrido a lo largo del tiempo. Una simple inspección visual hace patente las numerosas lagunas y repintes de la tela, algunas de los cuales se realizaron sobre la capa original.

Procede abordar la restauración integral del lienzo, intervención que afecta tanto la consolidación del bastidor como del apoyo de la capa pictórica, la limpieza de polvo y suciedad, la retirada de barnices y repintes, y la consolidación general, como paso previo a la reintegración cromática, que debe ser hecha por manos expertas en la materia y con experiencia acreditada para conseguir que la obra recupere su esplendor original.

La concejala del ramo, Glòria Tello, ha indicado que la obra "constituye una de las más importantes obras de arte de las colecciones pictóricas municipales y es un verdadero tesoro para el Museo Histórico, ya que no sólo es testigo de una advocación y de una ideología de la que se hacía partícipe la ciudad, sino que expresa una clara manifestación de municipalismo a través del retratos de los jurados en él representados'.

"Previamente a la intervención, se han realizado los estudios previos necesarios para orientar el trabajo a realizar. A tal efecto, la obra permanece en el Museo de Bellas Artes desde entonces, ya que los análisis no se podían hacer en el Museo Histórico. Y permanecerá hasta el final de la intervención, pues es precisa una sala suficientemente grande para llevarlas a efecto. Al finalizar, volverá a ser exhibida en el Museo Histórico Municipal", ha detallado Glòria Tello.

A partir de hoy se publicará, en el Perfil del Contratante de la web municipal, el oportuno contrato de servicios para la restauración de la obra. El procedimiento de licitación será abierto simplificado, con el fin de asegurar la publicidad y transparencia, garantizar la pública concurrencia y la libertad de acceso a las licitaciones a toda persona o empresa capacitada. El valor estimado del contrato es de 70.000 € y la duración será de 12 meses. Habrá 15 días naturales para presentar propuestas.

El abogado Gonzalo Boye, que defiende al expresidente del Govern Carles Puigdemont, ha asegurado este martes que llevará la causa del Tribunal de Cuentas ante "la justicia belga y a la que haga falta si tiene alguna repercusión económica o del tipo que sea".

En declaraciones, Boye ha instado a esperar qué resuelve el tribunal al terminar la vista en la que fija la liquidación provisional por el presunto desvío de fondos en las delegaciones del Govern en el extranjero: "De momento el tribunal solo ha hecho papeles. Si va a entrar en bienes y efectos de Puigdemont, eso ya es otra cosa".

"Si alguien me mete la mano en la cartera, creo que es claro lo que está haciendo", ha dicho al preguntársele por qué presuntos delitos podría empezar el procedimiento judicial en Bélgica, donde Puigdemont tiene fijada su residencia y donde podría afectarle un posible embargo.

Este martes, el Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en casi dos millones de euros la responsabilidad contable que tendría que satisfacer Puigdemont por el presunto desvío de fondos para las delegaciones del Govern en el extranjero y al Diplocat.

Boye ha advertido de que los actos judiciales en España pueden tener consecuencias en otras jurisdicciones y ha afirmado que el equipo de la defensa de Puigdemont va a reaccionar a lo que resuelva el Tribunal de Cuentas, y ha tachado de "espectáculo humillante, abusivo, inquisitorial y absolutamente tendencioso" la vista que ha empezado este martes por la mañana.

SIN SUPLICATORIO AL EUROPARLAMENTO

Boye ha explicado que ha advertido a la instructora del caso que no había pedido un suplicatorio al Parlamento Europeo para procesar a Puigdemont a pesar de tener inmunidad como eurodiputado: "Se lo he dicho claramente y ha dicho que no lo necesita", ha asegurado.

El abogado ha avisado de que "esto también es una situación que excede el ámbito hispánico y traspasa los Pirineos, pero es una decisión de ella", y ha explicado que este asunto sería competencia de la Eurocámara y del Tribunal General de la UE.

"Hay cuatro o cinco posibles vías. Las tenemos estudiadas en función de lo que ella haga", y ha tachado de inseguridad jurídica la forma en que se está desplegando el procedimiento.