El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha considerado «una burla» el «indulto reversible» que se estaría planteando aprobar el Gobierno para los condenados del ‘procés’.

«Si vuelven a violar la ley no se preocupe que vendrá un juez que sentenciará y condenará a la cárcel», ha contrapuesto Martínez-Almeida en declaraciones a los periodistas en Pamplona antes de participar este domingo en un foro sobre municipalismo organizado por el PP de Navarra.

«El efecto práctico del indulto reversible es ninguno porque violar la ley tiene consecuencias que habitualmente pasan por poder ir a prisión», ha destacado. Por ello, ha pedido que «no se lleve a engaño a los españoles, que tengan claro que no hay ningún indulto reversible, que si se vuelve a cometer un delito tendrán que regresar a la cárcel, pero no porque se les quite un indulto sino porque han cometido un delito», ha insistido.

El alcalde de Madrid ha anunciado que participará en la manifestación en la plaza madrileña de Colón, convocada el próximo 13 de junio por la plataforma Unión 78, pero «sin querer tener ningún protagonismo porque el protagonismo es de la sociedad y de una plataforma como Unión 78, con personas como Rosa Díez, Fernando Savater o María San Gil».

«Lo que queremos es que no se pueda quitar el protagonismo a quien verdaderamente lo tiene que tener ese día, que es el conjunto de la sociedad que le va a decir a Sánchez que hasta aquí hemos llegado con el tema de los indultos», ha resaltado.

Martínez-Almeida ha considerado que debe ser una manifestación «absolutamente transversal, en la que quepamos todos, pensemos lo que pensemos, siempre que compartamos que en España hay que respetar el Estado de Derecho y la Constitución y la ley». Y ha considerado que «no sería bueno» que se «patrimonialice» la protesta por parte de los partidos políticos.

Preguntado si en la movilización se repetirá la conocida como ‘foto de Colón’, el alcalde de Madrid ha afirmado que se trata de «un mantra que ha instalado la izquierda que lo que hace es olvidar cuál es el objeto de esa manifestación, que era evitar que hubiera un relator internacional que negociara entre el Gobierno de España y el de Cataluña, que es lo que quería Pedro Sánchez.

Martínez-Almeida ha remarcado que no tiene «ningún problema, no con la ‘foto de Colón’, con la foto del Ayuntamiento de Madrid donde tengo un pacto de gobierno con Ciudadanos y un pacto de investidura con Vox». En este sentido, ha manifestado que «todavía nadie ha conseguido decirme, de ese pacto de investidura con Vox, qué es inconstitucional o ilegal». Sin embargo, ha aseverado que «puedo decir, de los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas qué es inconstitucional y qué es ilegal».

«A nosotros lo de la ‘foto de Colón’ ni nos va ni nos viene. Nosotros sabemos cuáles son nuestros principios y nuestras convicciones, y si la izquierda se aferra desesperadamente a la ‘foto de Colón’ es porque no tiene ningún proyecto que ofrecer a los españoles más que intentar mantenerse en el Gobierno», ha subrayado.

Preguntado si piensa que acudir a esta movilización podría perjudicar al PP, ha contestado que «cuando uno está con la sociedad no le perjudica acudir a ningún sitio». «El problema es aislarse, es vivir en una burbuja, desconectado completamente de la realidad social, el problema es vivir en 2050 o en 1936. Pero vivir en 2021, conectando con las necesidades reales de la sociedad española, eso no es un problema para el PP», ha subrayado.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará este viernes la vista de extradición del multimillonario estadounidense John David McAfee, creador del famoso antivirus McAfee, que fue detenido el pasado mes de octubre en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) y que es reclamado por EEUU por delito fiscal.

La detención se produjo el 3 de octubre en virtud de una orden internacional de detención que fue emitida por la Corte Federal del Distrito de Tennesee, y tras comparecer ante el que era entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 José de la Mata se decretó prisión provisional. Tras reclamar la extradición EEUU en noviembre, el Consejo de Ministros acordó continuar con el expediente por la vía judicial y en enero McAfee se negó a ser entregado.

En su informe sobre la extradición, el Ministerio Público considera que es procedente pero sólo por los delitos fiscales relativos a los ejercicios de 2016, 2017 y 2018. Pero EEUU pedía su extradición por no haber presentado la pertinente declaración de la renta en ese país en cinco ejercicios, de 2014 a 2018.

Según el fundamento de la solicitud de extradición, todos los estadounidenses están obligados a presentar la declaración de la renta si los ingresos mínimos superan aproximadamente los 22.000 dólares anuales –cifra que varía ligeramente según el año–. Y alegan que McAfee en esos años residía en Lexington (Tennesee) y que ocultó sus ingresos al fisco «aparentando que carecía de ellos».

INGRESOS MILLONARIOS

«Ha declarado en reiteradas ocasiones ser consciente de su obligación y ha presumido de su decisión de negarse al pago de impuestos», explicaban, para luego detallar que en 2014 tuvo ingresos por charlas y eventos por valor de 90.000 dólares y no solo no hizo la declaración sino que sus ganancias las transfirió a una tercera persona para no aparecer como beneficiario y compró un inmueble que puso también a nombre de otra persona.

En 2015 obtuvo unas ganancias de 100.000 dólares por charlas y por cesión de derechos para contar su historia de vida; en 2016 obtuvo 800.000 dólares –la mayoría por consultoría a MGT Capital Investments– que le fueron abonados haciendo transferencias a terceras personas.

En 2017 el montante que obtuvo fue de 1,25 millones de dólares, y gran parte lo recibió en criptomonedas. Como entendía que esa moneda digital no podía ser rastreada por el fisco porque el pago no fue nominal, hizo abonar esa cantidad en una cartera de Ethereum por medio de diez transferencias y luego lo movió a otras carteras.

Pero el salto de ingresos se produce en 2018 cuando McAfee recibe 8 millones de dólares por consultoría y por promoción de varias ofertas iniciales de criptodivisas (hasta cinco distintas). Esos ingresos le llegaron en criptomoonedas que luego él transformaba en dólares. parte de las cantidades eran movidas a sociedades controladas por él y las gastó en comprar bienes inmuebles y un yate que puso a nombre de su esposa.

SÓLO POR TRES AÑOS

En la calificación jurídica, la Fiscalía recuerda que EEUU le persigue por cinco delitos graves de evasión de impuestos que acarrean pena de cárcel no más de cinco años por ejercicio, y otros cinco delitos menores por la omisión de presentación de la declaración.

Pero el fiscal explica que España, no presentar la declaración no es un delito sino una infracción administrativa, y apunta que de tener significación penal, únicamente lo tendría en el seno del delito fiscal. Y ahonda que respecto a 2014 y 2015 no hay delito fiscal puesto que en España la cuota tributaria defraudada está lejos de los 120.000 euros exigidos.

Por ese motivo, señala que sólo son constitutivos de tres delitos fiscales los hechos relativos a los ejercicios de 2016, 2017 y 2018. Y recuerda que los tratados de extradición establecen que la infracción debe estar castigada con más de un año de prisión, por lo que se cumple el mínimo punitivo exigido por ley.

Además, concreta el Ministerio Público que existe una identidad de hechos imponibles, que es el requisito mínimo que se exige en el delito fiscal. «Se hace referencia a renta de personas físicas, que es también un hecho imponible» recogido en la ley relativa al IRPF.

Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este domingo en Alovera (Guadalajara) para mostrar su «enérgica repulsa» al presunto asesinato de una mujer, N.C., este sábado a manos de su pareja en este municipio guadalajareño.

En este acto de protesta han participado vecinos, amigas y otras personas de la localidad y del entorno de la víctima, así como responsables políticos y sindicales tanto a nivel provincial como regional. Además, el Ayuntamiento, que ha decretado tres días de luto oficial, así como otras ventanas de las casas del municipio han lucido lazos negros como señal de duelo por lo sucedido.

La alcaldesa de Alovera, Purificación Tortuero, ha señalado, en declaraciones a los medios, que la localidad ha recibido «con dureza» esta noticia «desgarradora» y ha destacado que Alovera quiere manifestar su «enérgica repulsa» por este asesinato, deseando que sea «la última» población que tenga que vivir una noticia de estas características.

Tortuero también ha querido, en nombre de todo el municipio, mandar un «fuerte abrazo» a la familia, conocidos, vecinos y allegados de la víctima y dejar claro que harán todo lo posible para ayudar al entorno de N.C.

SIN DENUNCIAS PREVIAS

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en la provincia de Guadalajara, Mercedes Gómez, ha explicado que no constaban denuncias previas contra el presunto asesino, que aún está detenido por la Guardia Civil y del que se espera que pase a disposición judicial en las próximas horas.

Gómez ha querido condenar «enérgicamente» este suceso. «No podemos permitir que esta lacra siga extendiéndose y desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se está poniendo toda la carne en el asador» para combatir la violencia machista, ha manifestado.

UN DÍA DE C-LM «DE LUTO»

Finalmente, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha transmitido en nombre del Gobierno regional las condolencias a la familia, allegados y a todo el pueblo de Alovera por un suceso «muy doloroso», mostrando también su rechazo a la violencia machista, «ese terrorismo que sigue asesinando a mujeres y criaturas».

Escudero ha querido lanzar un «mensaje contundente» a toda la sociedad de la región y el país afirmando que «no valen fisuras, bajar los brazos y relajarse contra estos asesinatos» y abogando por «seguir firmes, con determinación» y poniendo todos los recursos para combatir «esta lacra que hoy sesga la vida de otra mujer».

Del mismo modo, ha recordado que este lunes se celebrará el Día de Castilla-La Mancha, que se convertirá en una jornada «de luto» para recordar a N.C. «y a todas las mujeres y criaturas que han perdido su vida a manos de un hombre».

El grupo parlamentario de Vox ha registrado una iniciativa en el Congreso con el objetivo de que la Cámara se pronuncie a favor de destituir al socialista José Félix Tezanos como presidente del CIS y que, además, inste al Gobierno a modificar el procedimiento para el nombramiento de ese cargo, de manera que sea elegido por dos tercios de la Cámara entre cinco candidatos propuestos por el Consejo de Ministros.

El texto, que los de Santiago Abascal han registrado para su debate en la Comisión Constitucional, consta de tres mandatos al Ejecutivo que comparten el PSOE y Unidas Podemos.

Así, buscan que la Cámara emplace al Gobierno a «garantizar la independencia política y neutralidad institucional de la actividad del CIS con el objeto de evitar su uso con fines partidistas o políticos».

ABRIR PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Para ello, Vox, que ha anunciado su intención de denunciar a Tezanos en los tribunales, directamente abrir procedimiento sancionador contra él por «haber violado la imparcialidad, utilizando las facultades que tiene atribuidas para influir en un proceso electoral.

Vox recalca que este comportamiento está tipificado como infracción «muy grave» en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y, en este contexto, exige que se imponga a Tezanos la sanción prevista en la misma, es decir, su «destitución inmediata».

Los de Santiago Abascal sostienen que Tezanos ha incurrido en este comportamiento casi desde el día de su nombramiento, teniendo en cuenta que llegó al CIS directamente desde la Ejecutiva Federal del PSOE. Un mes después de ser nombrado, en verano de 2018, dejó su puesto en la dirección socialista, pero Vox denuncia que no ha hecho otra cosa que trabajar en favor del PSOE con los cambios que ha imprimido en el diseño de sus sondeos.

CINCO ASPIRANTES Y 233 VOTOS

En este contexto, pretende que el Congreso inste al Gobierno a modificar el proceso de nombramiento del máximo responsable del instituto demoscópico. Ahora al presidente del CIS lo nombra el Ejecutivo sin intervención alguna del Congreso, que si interviene, al menos para evaluar su idoneidad, antes de su nombramiento.

Lo que sugiere Vox es cambiar la ley para que el ministerio del que dependa el CIS, actualmente el de la Presidencia, «previa deliberación del Consejo de Ministros» proponga hasta cinco candidatos para el puesto «entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional».

Quienes aspiren al cargo habrán de comparecer en audiencia pública ante el Congreso para recibir o no el aval de la Cámara y, después se nombrará quien logre «el voto favorable de dos tercios» de la Cámara, es decir 233 votos.

EL PP PIDE UNA INVESTIGACIÓN

También el PP ha emprendido una ofensiva parlamentaria contra Tezanos, sobre cuya gestión tiene solicitada una comisión de investigación en el Congreso, cuyo debate en Pleno está pendiente de fecha.

Además, el primer partido de la oposición quiere someter al organismo demoscópico a una auditoria con expertos nacionales e internacionales, con el objetivo de esclarecer las «manipulaciones» e incluso «irregularidades» que, a su juicio, ha cometido el organismo desde el desembarco de su actual presidente.

Al presentar ambas iniciativas, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, se quejó del «constate uso electoral a favor del PSOE» que, a su juicio, hace Tezanos del CIS y defendió que esa investigación se centre en los nuevos criterios para la elaboración de sus encuestas, en la «intervención» de su presidente en las mismas y en el «uso de dinero público en contrataciones más que dudosas».

El objetivo de la investigación y la auditoría que reclama el PP debe ser, según Gamarra, evaluar la «capacidad técnica» y la «idoneidad» de Tezanos para continuar en su puesto.

El PP quiere que Tribunal de Cuentas fiscalice en profundidad la financiación que reciben los partidos políticos a través del método del ‘crowdfunding’ o los microcréditos y que detalle el recorrido de los mismos en sus próximos informes sobre la contabilidad electoral de las formaciones en las elecciones generales y locales.

Esta es una de las propuestas de resolución presentadas por los ‘populares’ a los informes realizados por el Tribunal de Cuentas sobre el gasto electoral en las elecciones locales de 2019 y generales de noviembre de ese mismo año.

La propuesta del PP, busca en concreto que las Cortes insten al tribunal a fiscalizar los sistemas de financiación a través de plataformas digitales de financiación colectiva (crowdfunding) y de microcréditos, «mediante la verificación, de forma exhaustiva y continuada, del origen de los recursos, su cumplimiento y el reintegro efectivo de las cantidades».

El PP especifica que el fiscalizador deberá reflejar «detalladamente» en sus informes toda la información sobre estos métodos de financiación que utilizan.

Esta propuesta se someterá próximamente a votación en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas junto con las presentadas también por Vox relativas a estas formas de financiación de los partidos en periodo electoral.

Los ‘populares’ y los de Santiago Abascal, reproducen en sus iniciativas las recomendaciones que, a este respecto, viene haciendo en los últimos años el órgano que preside María José de la Fuente y de la Calle.

CUANTÍA MÁXIMA POR PRESTAMISTA

Así, ambos coinciden en que la comisión debe animar al Gobierno a regular los microcréditos, de modo que, al menos, se establezca una cuantía máxima por prestamista «que no exceda del límite máximo previsto en la normativa electoral para las aportaciones privadas».

También defienden que en esa reforma de la Ley de Financiación de Partidos se establezca que los microcréditos se ingresen en las cuentas que los partidos abren para las elecciones, y no en las ordinarias, y que éstos tengan que ser devueltos en un año natural desde las elecciones.

Vox añade, haciéndose eco también de las recomendaciones del tribunal, que la nueva regulación deje claro que la renuncia a la devolución por parte del prestamista debe hacerse constar «por escrito» y ser «considerada una donación a todos los efectos».

PROPUESTA DEL TRIBUNAL, EN JUNIO

En su última comparecencia ante la comisión mixta, la presidenta del Tribunal de Cuentas ya animó a los partidos a afrontar esta reforma y avanzó que en junio el tribunal aprobará una «moción relativa a la financiación, la actividad económico-financiera y el control de las formaciones políticas y de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellas», en la que se hablará de los microcréditos.

Según recordó la presidenta, los microcréditos son una fórmula nueva de financiación de los partidos que no está regulada, pues no es una donación, ya que la aportación hay que reintegrarla, y tampoco es un crédito bancario, por lo que es inaplicable la normativa del sector financiero.

De momento, el Tribunal se ocupa de asegurar que estos microcréditos no exceden del tope de 10.000 euros establecido para las donaciones particulares y, más adelante, en el informe anual de cada partido, comprueba si efectivamente ese dinero fue devuelto al ciudadano.

El ex comisario José Manuel Villarejo y el que fuera ‘número dos’ del Ministerio de Interior Francisco Martínez declararán el miércoles ante el juez que investiga el espionaje parapolicial que se habría montado desde esa cartera contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su familia, tras las últimas revelaciones realizadas por el policía jubilado en la comisión de investigación sobre la ‘Operación Kitchen’ en el Congreso de los Diputados.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, empezará interrogando al ex secretario de Estado de Seguridad a las 10.00 y, una hora después, será el turno de Villarejo. Ambos imputados han comparecido ya ante el magistrado para esclarecer el rol que habrían tenido en el presunto espionaje a Bárcenas.

Aunque García-Castellón no lo mencionó expresamente en su citación, fuentes jurídicas han indicado que esta vez ha llamado a Villarejo y Martínez a raíz de las declaraciones que el ex comisario hizo el pasado jueves en la comisión de investigación sobre ‘Kitchen’ que se desarrolla en el Congreso de los Diputados.

Villarejo atribuyó a la cúpula de la Policía y del Ministerio de Interior el encargo de dicha operación, cuyo objetivo sería conseguir la información que Bárcenas pudiera guardar en relación con sus famosos ‘papeles’ para evitar que llegara a manos de la Justicia, para lo cual habrían utilizado recursos policiales y fondos reservados.

La principal novedad mencionada por el comisario retirado en esta ocasión fue que aseguró que tanto el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy como Martínez tenían conocimiento de la ‘Operación Kitchen’.

MENSAJES CON RAJOY

Según él, se mensajeaba con el antiguo inquilino de Moncloa con un número de teléfono que «empieza por 650 y termina en 10» para informarle sobre el avance del operativo, algo que tendría «documentado» y que está «deseando» poder demostrar. Sin embargo, al principio de su intervención parlamentaria no fue tan contundente. «Yo dudo que lo desconociera el señor Rajoy», dijo.

En cuanto a Martínez, Villarejo le señaló como una de las personas a las que más veces reportó sobre ‘Kitchen’, llegando a reunirse en «muchas ocasiones» para hablar no solo de la evolución de las indagaciones sino también para elucubrar sobre dónde podría esconder Bárcenas esa información comprometedora.

Villarejo apuntó asimismo al ex ministro de Interior Jorge Fernández-Díaz, al que dijo haber informado solo «puntualmente» porque «estaba casi siempre en Cataluña»; así como a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó, que habrían estado entre sus contactos habituales para este asunto.

LOS ‘PAPELES’ Y OTROS TEMAS

El policía jubilado aprovechó igualmente su comparecencia en la Cámara Baja para ampliar la mira sobre la verdadera finalidad de ‘Kitchen’. Habría sido «una operación de Inteligencia no solamente para encontrar documentos que podrían comprometer al Partido Popular, etcétera, sino que el señor Bárcenas podría tener información que afectaba a altas instituciones del Estado».

De acuerdo con Villarejo, esa otra información convertía el operativo en una «cuestión de Estado» y por ello –siempre según el ex comisario– de la estrategia habrían participado el CNI y la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría.

En su caso, contó que supo de ‘Kitchen’ a través del entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, para embarcarlo en la operación, entre otras cosas, porque «tenía cierta capacidad de captar fuentes humanas». «Yo solamente sabía que había una información que era importante recuperar», sostuvo.

‘Kitchen’ es solo una de las decenas de piezas separadas que García-Castellón investiga en el marco conjunto que constituye la macrocausa ‘Tándem’ sobre los encargos de espionaje que habría recibido Villarejo a lo largo de los años.

El PP quiere empezar esta misma semana a recoger firmas contra los indultos a los condenados por el ‘procés’ y en esta iniciativa la formación que dirige Pablo Casado implicará a todos sus cargos, incluidas sus estructuras regionales y provinciales, según han informado fuentes ‘populares’.

La posible concesión de esos indultos han monopolizado el debate político estos últimos días. Hasta ahora, el PP había anunciado una ofensiva parlamentaria en el Congreso e institucional a través de mociones municipales para atacar al Gobierno, pero el viernes dio un giro en su estrategia para sumarse a movilizaciones en la calle.

En primer lugar, el PP anunció que estará presente en la concentración convocada por la plataforma Unión 78 –impulsada por Rosa Díaz, María San Gil y Fernando Savater, entre otros– contra esos indultos que se celebrará en la Plaza de Colón el 13 de junio, una convocatoria que secundarán también Cs y Vox y que trae a la memoria la ‘foto de Colón’ que los tres partidos protagonizaron en febrero de 2019 contra la mesa de diálogo con los independentistas.

En segundo lugar, el presidente del PP, Pablo Casado, anunció que el PP se movilizará recogiendo firmas en la calle alegando que la concesión de esos indultos a los líderes del ‘procés’ es un «golpe muy duro contra la democracia española».

«UNA RECOGIDA DE FIRMAS AL ESTILO DE LA LEY CELÁA»

Fuentes del PP han señalado que esa recogida de firmas será «al estilo de la que se hizo recientemente contra la Ley Celáa» y que fue «un éxito» porque «reconectó al PP con la calle» ya que «la gente se acercaba masivamente a las mesas. Solo en Madrid, la formación recogió más de 55.000 firmas dentro de su campaña ‘Stop Ley Celáa’ para intentar frenar esa reforma educativa del Gobierno.

En esta nueva iniciativa contra los indultos, la dirección nacional del PP implicará a los diputados y los senadores, así como a las estructuras provinciales y autonómicas. También los vicesecretarios y portavoces parlamentarios se volcarán con su presencia en todo el territorio, han precisado las mismas fuentes.

Aparte de la ‘Ley Celáa’ o la campaña contra la ‘okupación ilegal’ del PP en octubre del año pasado, una de las recogidas de firmas que tuvo más repercusión mediática fue la que emprendió en febrero de 2006 el entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, en el marco de la campaña del partido a favor de un referéndum estatal sobre el Estatuto de Cataluña.

Este lunes, el líder del PP presidirá el comité de dirección del partido y allí se empezará a perfilar esta estrategia de recogida de firmas contra los indultos en toda España, en la que se prevé que el propio Casado sea uno de los primeros en plasmar su firma contra la medida de gracia.

Casado ha hecho hincapié en que se opondrá a esos indultos de manera «firme» y «serena». Fuentes del PP han indicado que el partido tiene que dar pasos de manera «cauta» porque aún no hay decisión del Consejo de Ministros sobre los indultos y el PP es «la alternativa» al Gobierno de Pedro Sánchez.

EL PP HABLA DE «PAGO POLÍTICO» EN SUS MOCIONES

En su ofensiva para ejercer «presión» institucional, el PP ya ha empezado a registrar mociones municipales contra los indultos y su intención es llevar también esas mociones a los Parlamentos autonómicos y a las Diputaciones provinciales con el objetivo de que el PSOE se retrate, han informado fuentes del partido.

Según recoge el texto de la moción del PP, el Tribunal Supremo ha dejado en evidencia que la «verdadera intención» del Gobierno al defender el indulto no es otra que su «mera supervivencia política» al recordar que «algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno».

Por eso, y ante la «fundada sospecha» de que se trata de «un pago político», el PP insta al Gobierno «a respetar la independencia de las diferentes instituciones del Estado y las decisiones judiciales y a no conceder el indulto a aquellos que han vulnerado –como ha declarado probado el Supremo– no solo la Carta Magna sino también otras leyes españolas y que, como han repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición».

Además, el PP expresa «su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación y del Estado de Derecho y la democracia».

En su moción, los ‘populares’ también manifiestan «su apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días los diferentes tribunales de justicia españoles, con especial mención al Tribunal Supremo, de manera independiente, responsable y sometidos únicamente al imperio de la ley como establece el artículo 117 de la Constitución.

La comisión del Congreso que investiga la llamada ‘operación Kitchen’ entra esta semana en su recta final recibiendo a los primeros responsables políticos del Ministerio del Interior y del PP, concretamente a quienes fueron director de la Policía, Ignacio Cosidó, y secretario de Estado, Francisco Martínez, así como a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. La idea es finalizar los interrogatorios la semana siguiente con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el expresidente Mariano Rajoy.

Aprovechando que la próxima semana no se celebra Pleno en el Congreso, la comisión ha decidido dar un acelerón a las comparecencias y ha convocado reuniones tanto el martes como el miércoles, en sesiones de mañana y tarde.

Esta recta final de comparecencias la abrirá el próximo martes, por la mañana Ignacio Cosidó, que este jueves fue señalado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo como el alto cargo que le encargó la llamada ‘operación Kitchen’. Según explicó en la comisión, fue Cosidó quien le encargó que captara al chófer de Luis Bárcenas para espiar al extesorero del PP y recuperar documentación comprometida para el PP.

Villarejo también confirmó que una de las personas a las que más veces reportó sobre sus indagaciones fue al secretario de Estado de Seguridad en el primer Gobierno del PP, Francisco Martínez, que ya confesó ante el juez instructor su participación en el operativo, y que comparecerá en la comisión justo después de Cosidó.

CONFESOR DE FERNÁNDEZ DÍAZ

Para el martes por la tarde se ha citado al sacerdote y ex policía Silverio Nieto. El que fuera confesor de Fernández Díaz tenía que haber acudido al Congreso el pasado 6 de mayo, pero excusó su presencia al tener que confinarse por un contacto estrecho con un enfermo de Covid-19.

En su declaración como testigo en la Audiencia Nacional, Nieto se desvinculó de la trama, aunque Francisco Martínez le informó vía Whatsapp de que había depositado ante notario los mensajes que se cruzó con el ministro sobre la ‘Kitchen’. Las comparecencias del martes las cerrará Jorge Sanchís Bordetas, que fue jefe de Gabinete de Martínez.

La comisión retomará los interrogatorios el miércoles por la mañana con el empresario Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal y que mantuvo tratos con Villarejo. Después será el turno de José Antonio Nieto, que fue secretario de Estado de Seguridad con Juan Ignacio Zoido, el sucesor de Jorge Fernández Díaz como ministro.

Por la tarde comparecerá Cospedal, primera dirigente del PP que tendrá que rendir cuentas ante este órgano. Su voz ya se escuchó este jueves en la comisión, a instancias del PSOE que, para el interrogatorio a Villarejo, recurrió a una grabación en la que se le oía hablando la también exministra de Defensa y con su marido.

MENSAJES ENTRE VILLAREJO Y RAJOY

El comisario jubilado reconoció que conoce a ambos, aunque trató de relativizar la importancia de dicha relación, y respondió con un «no» al ser preguntado si la ex secretaria general del PP le encargó algún trabajo. Sí admitió que Andrés Gómez Gordo, el policía que fue jefe de seguridad de Cospedal en su etapa en Castilla-La Mancha, fue la persona que «preparó la cita» con Sergio Ríos para su captación.

Pero, además, Villarejo apuntó al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, con quien se mensajeaba con un teléfono debido al interés que tenía de sustraer los documentos de Bárcenas sobre el PP y también «altas instituciones del Estado».

Según el listado de comparecientes acordado por la comisión, una vez se sustancien los interrogatorios de esta semana, ya sólo quedará citar a Fernández Díaz y a Rajoy, cuya comparecencia se prevé para el 10 de junio, aunque todavía no se les ha cursado citación y dependerña de la agenda parlamentaria.

En principio, el expresidente del PP será el último compareciente, aunque la comisión tiene facultad para abrir una nueva ronda de interrogatorios si lo juzga conveniente. Tras las comparecencias será el momento de redactar las conclusiones para cerrar la comisión antes del verano.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho que la decisión de presentarse a una reelección en 2023 aún no está tomada, por lo que aún no descarta un tercer mandato al frente del consistorio barcelonés: «La decisión sobre si me presentaré a la reelección no está tomada, la verdad, ya se verá en su momento, tendré que hablarlo con la organización».

«Mi compromiso es de dos mandatos pero el reglamento interno prevé que pueda haber un tercero», ha dicho en una entrevista a La Vanguardia este domingo, en la que ha defendido que ahora mismo se siente con fuerza e ilusionada con el proyecto de Barcelona de cara a los próximos dos años y con la salida de la pandemia por coronavirus.

Ha detallado que hay más de 20 grandes proyectos desarrollándose y que el Ayuntamiento es «el principal inversor de la ciudad» y quien más obra pública está licitando en Cataluña, según ella.

Ha erigido al Ayuntamiento como «la administración más estable en Cataluña y quizás en España» y ha destacado que la coalición municipal con el PSC es estable y también lo es el diálogo con ERC.

Ha expresado su agradecimiento al presidente del grupo municipal de ERC en Barcelona, Ernest Maragall: «Le agradezco su oposición muy constructiva, que haya sido el principal socio del gobierno y espero que siga así», y ha añadido que le habría gustado hacer un gobierno más amplio de izquierdas.

GOVERN DE ARAGONÈS

Pese a que considera que la Generalitat «lleva años de bloqueo, parálisis y falta de diálogo», se ha mostrado optimista con el nuevo Govern liderado por Pere Aragonès y afirma que esta legislatura podría ser el inicio de una nueva etapa que debería ser, en sus palabras, de larga duración, con estabilidad, diálogo y consensos.

«Lo pide una ciudadanía harta de la crisis y de las peleas políticas. La Generalitat ha estado muy bloqueada por el ‘procés’, pero a pesar de las diferencias con el presidente, veo un cambio de tono y de voluntad», ha añadido.

AEROPUERTO DEL PRAT Y MUSEO HERMITATGE

Al ser preguntada sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, ha asegurado que tanto ella como el primer teniente de alcalde de Barcelona y líder del PSC en la ciudad, Jaume Collboni, apoyan la inversión.

«Aquí nadie ha dicho que no la queramos: sí a la inversión, sí a la mejora de la conectividad y de las infraestructuras pero sí también a reducir las emisiones, que es una obligación de la UE», ha recordado.

Respecto al proyecto del museo Hermitage en la capital catalana, que recibió la negativa del consistorio esta semana pasada, ha reconocido que el debate «se ha prolongado más de lo deseable» pero afirma que ha permitido que aparezcan nuevos actores y propuestas.

«Dejamos atrás la primera propuesta y trabajamos en positivo para acelerar el diálogo para que la nueva propuesta tenga elementos de cultura e innovación», ha defendido.

El juicio a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido popularmente como ‘El Pequeño Nicolás’, por fingir que era un enlace entre Gobierno y Casa Real durante el viaje que hizo a Ribadeo en 2014 para reunirse con el presidente de ALSA, Jorge Cosmen, quedará visto para sentencia este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid.

La Fiscalía solicita para el joven una pena de siete años de cárcel y una multa de unos 81.000 euros por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo.

El Ministerio Público también requiere penas para dos policías acusados de presuntos delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo. En concreto, cinco años y medio de cárcel, un año y medio de inhabilitación y una multa de 15 meses con una cuota diaria de 10 euros.

En la sesión de este lunes, que será la última, está previsto que las partes implicadas en el procedimiento presenten sus conclusiones e informes definitivos de calificación. El juicio concluirá con el acto voluntario de la toma de la denominada ‘última palabra’ de los procesados.

«QUERÍA TIRARME EL PISTO»

Durante las sesiones previas del juicio, ‘El Pequeño Nicolás’ negó las acusaciones y aseguró que su objetivo era aparentar que era «una persona importante» pero no una autoridad oficial. «Quería tirarme el pisto», ha dicho.

En este sentido, el joven de 27 años aludió en varias ocasiones a su «inmadurez» en el momento en el que ocurrieron los hechos por los que se le enjuicia. Hizo hincapié en que tenía 19 años. Preguntado sobre cómo valora ahora lo sucedido entonces, contestó tajante: «Un despropósito».

«ALGUIEN DE CASA REAL»

El presidente de ALSA, que declaró como testigo en el juicio, refutó la versión del joven. «Me llamó para decirme que vendría alguien muy importante de Casa Real«, señaló.

Según la Fiscalía, Francisco Gómez habría contactado con un policía municipal de Madrid, Jorge González, para que le ayudara a aparentar el carácter oficial del viaje con su presencia como escolta y con el uso de rotativos luminosos, aparatos de transmisión y ‘pinganillos’ que el agente local habrá extraído de dependencias policiales. González, a su vez, habría contactado con un policía municipal de Torrijos (Toledo), Carlos Pérez, para formar parte de la escolta.

El Ministerio Público mantiene que ‘El Pequeño Nicolás’ hizo unas acreditaciones falsas del Ministerio de Interior para reforzar esta fachada oficial.

HORIZONTE JUDICIAL

Gómez está a la espera de la sentencia que tendrá que emitir la Audiencia Provincial de Madrid tras el juicio por falsificar su DNI para que un amigo pudiera suplirle en la selectividad de 2012.

La primera vez que se sentó en el banquillo de los acusados fue en 2018. Fue absuelto de haber cometido un delito de injurias y calumnias contra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por acusar al organismo de ‘pinchar’ su teléfono ilegalmente.

El Congreso ha autorizado una nueva tanda de compatibilidades a una veintena de diputados entre los que hay cuatro que podrán compaginar el escaño con la abogacía –uno de ellos también con su estanco–, mientras que otra podrá seguir con su actividad en una consultora que busca negocios en China. Todos ellos podrán realizar estas actividades siempre que no cobren del sector público y su ejercicio no menoscabe su labor parlamentaria, como establece la ley.

De momento, este grupo de parlamentarios, entre los que hay siete que se han incorporado a la Cámara en los últimos meses, ha recibido el aval de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que elevará su propuesta al Pleno la segunda semana de junio para la aprobación definitiva de las compatibilidades.

Según el informe aprobado por unanimidad en la comisión, Diego Taibo (PSOE), Carlos José Zambrano y Juan Carlos Segura Just (ambos de Vox), obtienen permiso para ejercer la abogacía «sin la posibilidad de percibir remuneración del sector público». El pasado verano, en el primer informe aprobado esta legislatura, una quincena de diputados ya recibieron luz verde para ejercer también como letrados.

Además, Segura Just, que ocupó el escaño que dejó vacante el candidato de Vox a la Presidencia de la Generalitat, podrá mantener su estanco y seguir con sus publicaciones sobre historia y derecho y participar en medios de comunicación, sin cobrar.

También puede ejercer como abogado el diputado de Ciudadanos por Alicante Juan Ignacio López-Bas, aunque ha comunicado a la comisión que su intención es cesar en esta actividad cuando finalice algunos asuntos iniciados antes de heredar el acta que dejó Marta Martín.

De su lado, la periodista Pilar Calvo Gómez, que relevó a la ahora presidenta del Parlament, Laura Borràs, tiene permiso para continuar como ‘partner’ en la consultora Oppshunter, Consulting, Networking & Communication, que se dedica a la búsqueda de personas para el desarrollo de proyectos y la creación de networking para expansión empresarial.

Según consta en el informe, la empresa, que participa en una consultora de deportes electrónicos, está especializada en el mercado chino y desde 2008 ha desarrollado proyectos en diversos sectores: renovables, nuevas tecnologías, inmobiliario y deportivos, como la puesta en marcha de negocios vinculados con el fútbol en el país asiástico.

DOCENCIA Y CLÍNICA VETERINARIA

Su compañero, el también independentista Josep Pagès i Massó –que sustituyó a Jaume Alonso Cuevillas–, ha renunciado a formar parte de la Comisión de Control de las Consultas Populares no Referendarias y podrá continuar como profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona y colaborar en medios de comunicación.

Compatibilidad para la docencia ha logrado también Laura López Domínguez, de En Comú, que tiene luz verde para practicar la «atención docente» en la Universitat de Catalunya, una y elaborar material educativo para la también privada Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Asimismo, Joan Capdevila, de ERC, también podrá realizar actividades docentes, sin cobrar si es en centros públicos, y mantener el 50% como socio no laboral de su clínica veterinaria

CARGOS LOCALES CON O SIN DIETAS

El diputado de UPN Sergio Sayas ha comunicado que es concejal en Buñuel desde febrero del año pasado y que renuncia no sólo a la retribución municipal (cobra la del Congreso), sino también a las dietas.

Por contra, el diputado del PP por Pontevedra Juan Manuel Constenla Carbón compatibiliza el escaño con la Tenencia de Alcaldía del Ayuntamiento de Estrada, cargo por el que percibe la correspondiente indemnización por asistencia a los Plenos. También tiene aval para ser, en condición de ese cargo, vicepresidente de la Fundación Cultural de A Estrada.

La socialista canaria Ariagona González Pérez es, desde principios de este mes, presidenta de la Comisión Insular de Patrimonio del Cabildo Insular de Lanzarote «sin percibir remuneración económica de ningún tipo».

De su lado, Pablo Sáez Alonso-Muñumer ha comunicado que ahora ocupa un cargo orgánico en Vox, por el cobra, a lo que la comisión no ha puesto ninguna pega.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet Lamaña, ha recibido autorización para ejercer como patrona de la Fundación Rafael Campalans, sin cobrar, y la vicepresidenta Ana Pastor podrá hacer lo propio en la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón.

También es patrono, en este caso de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), el que fuera subdirector de Gabinete de José María Aznar, Gabriel Elorriaga, –quien pasado verano heredó el escaño que dejó la exministra Isabel García Tejerina– y que es, asimismo, miembro del Consejo Social de la Universidad de La Rioja, en ambos casos sin remuneración.

COBRAR POR CURSOS O TERTULIAS

Como gran parte de los miembros del Congreso, Elorriaga ha obtenido aval para escribir artículos y hacer colaboraciones esporádicas en medios de comunicación, o impartir conferencias y clases, siempre que no cobre del sector público.

Su compañero, el dirigente ‘popular’ Antonio González Terol, también logra compatibilidad para impartir conferencias, clases o seminarios en universidades públicas (en este caso sin remuneración) o privadas y empresas privadas, ahí ya sí cobrando, igual que cuando participe ocasionalmente en medios de comunicación privados.

Por último, la comisión ha tomado nota de la decisión de la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, de cesado como consejera de la Euskal Komunikabideak Hedatzeko Elkartea (EHKE), editora del diario GARA.

De los nueve nuevos diputados del Congreso, sólo dos no han tenido que recibir autorización de la comisión porque no han declarado ninguna actividad extraparlamentaria: Mercedes Pérez Merino, que ha ‘heredado’ el escaño que dejó el exlíder de Podemos Pablo Iglesias, y Gerard Álvarez García, de ERC, sustituto de Joan Josep Nuet, inhabilitado por el Supremo.

La exsenadora de Podemos Celia Cánovas declara este jueves como testigo en el caso ‘Neurona’ porque el juez considera que tiene un «conocimiento directo» sobre los hechos investigados, que se centran en la presunta financiación ilegal de la formación ‘morada’.

La citación tiene lugar después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, aplazara la declaración prevista para el 25 de mayo.

Cánovas será interrogada a petición de Vox, una de las acusaciones populares de ‘Neurona’. Esta petición fue recurrida por Podemos, que considera que la «finalidad original» del partido liderado por Santiago Abascal sería buscar nuevas líneas de investigación para «seguir engordando la causa».

La exsenadora de En Comú Podem por Tarragona ejerce de acusación particular en la causa después de que pidiera personarse en el procedimiento al entender que la formación ‘morada’ habría malversado fondos y usado las donaciones de los cargos públicos para encubrir «una operación de blanqueo».

Sostiene que sus donaciones a Podemos desde que entró como senadora en 2015 ascienden a 25.000 euros y asegura que no ha podido conocer el destino dado a esos fondos, por lo que se considera «perjudicada por la posible malversación denunciada y que es objeto de las presentes diligencias instructoras».

‘NEURONA’

El núcleo de esta causa, donde se investiga la presunta financiación ilegal de Podemos, es el contrato de 363.000 euros que el partido firmó con la consultora política Neurona Comunidad para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

El juez Escalonilla sospecha que fue un contrato simulado que habría servido para desviar dinero de las cuentas de la formación. Por ello, la actividad probatoria en esta causa se centra en determinar si la empresa hizo o no el trabajo.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

De los demás asuntos que constaban en la denuncia original, presentada por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, el magistrado ha cerrado las investigaciones relativas a los contratos electorales con ABD, las obras de la nueva sede de Podemos y el supuesto acceso no consentido a un ordenador de la abogada Marta Flor Núñez.

También cerró la investigación sobre las donaciones de la Caja de Solidaridad y los presuntos sobresueldos, pero ha reabierto ambas pesquisas; la primera, por orden de la Audiencia Provincial tras un recurso de las acusaciones populares de Vox y Pro Lege; y la segunda, enmendándose a sí mismo a petición de la formación de Abascal.

En el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid se mantiene la investigación sobre el supuesto uso de una empleada de Podemos y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra Irene Montero.

La pareja acusada de asesinar a sus dos hijos en un ritual practicado en una casa de campo ubicada en la localidad valenciana de Godella en marzo de 2019 se sentarán este lunes en el banquillo de los acusados.

Tanto el hombre como la mujer serán juzgados desde este lunes, en la Audiencia de Valencia, ante un jurado popular. El hombre se enfrenta a una pena de 50 años de prisión –tal y como reclama la Fiscalía– por dos delitos de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco, mientras que para la mujer solicita una medida de internamiento médico al apreciar la eximente completa de anomalía psíquica.

Fiscalía les solicita, además, en materia de responsabilidad civil, el pago de una indemnización para los abuelos paternos y maternos de 300.000 euros por los daños morales ocasionados.

Los acusados eran pareja de hecho desde 2011 y, tras vivir en diversos lugares de Europa y España, en torno a los meses de febrero-marzo de 2017 se instalaron en una casa de campo de Godella que ocuparon ilegalmente y arreglaron para hacerla habitable, tal y como se desprende del escrito fiscal.

La vivienda estaba ubicada en una parcela rodeada de terrenos de cultivo y tenía un pequeño jardín y una piscina. Los acusados tuvieron dos hijos en este tiempo, en 2015 y 2018.

La pareja compartía creencias místicas-religiosas y, así, creían en la regresión, en la purificación de las almas mediante baños de agua y en el renacimiento de las almas tras la muerte de los cuerpos. Estas creencias, inicialmente profesadas por el hombre, fueron poco a poco asumidas por su pareja tras la constante reiteración de él.

Ambos acusados tenían y compartían así mismo las ideas consistentes en la existencia de una secta que les perseguía y asediaba, que abusaba sexualmente de su hijo y que tenía la intención de secuestrarlos.

Consideraban que la secta estaba integrada por diferentes personas, incluso por los familiares y amigos de la mujer. Hasta tal extremo estaban convencidos de ello que durante las noches estaban en vigilia para evitar ser atacados por miembros de la secta y que sus hijos fueran secuestrados.

DOS ACONTECIMIENTOS EN 2019

Durante los meses iniciales de 2019, esas creencias e ideas de los acusados se vieron incrementadas fundamentalmente por dos acontecimientos: el hecho de que hubieran sido denunciados por la ocupación ilegal de la vivienda que habitaban; y porque la madre de ella, viendo la actitud, el estado y la conducta de los acusados, estaba continuamente pendiente de ellos por miedo a que les pasara algo a sus nietos.

De este modo, los acusados, impulsados por sus creencias e ideas, tomaron la determinación de que la única forma de proteger a sus hijos del asedio del que eran objeto era, previo un baño purificador de sus almas, terminar con sus vidas y enviarlos al más allá para que posteriormente pudieran revivir.

Así, entre las 22 horas del 13 se marzo de 2019 y las 4 horas del día siguiente, los acusados, actuando de común acuerdo, primero bañaron en la piscina de la casa a los menores para purificarlos y posteriormente les propinaron multitud de violentos golpes, fundamentalmente en la zona de la cabeza, bien con un objeto contundente o bien contra el suelo.

Como consecuencia de la agresión, los niños sufrieron sendos traumatismos craneoencefálicos, con múltiples fracturas craneales y lesiones encefálicas que les provocaron la muerte.

Tras ello, enterraron los cuerpos sin vida en diferentes sitios de la parcela donde se ubicaba la vivienda. En ese momento la mujer padecía una esquizofrenia de tipo paranoide, que se encontraba en fase de brote agudo, que anulaba las bases psicobiológicas de su inteligencia y voluntad.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que con los indultos a los líderes del ‘procés’ «no es suficiente» y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe «aprovechar para hacer pedagogía y empezar a hablar con cierta claridad sobre el problema que tiene el Estado español con su modelo territorial».

En una entrevista a El Correo, el dirigente jeltzale se pregunta además por qué los líderes del ‘procés’ van a arrepentirse de algo que «ellos creen que no estuvo mal y que no causó daño a nadie».

Además, indica que los españoles tienen que aceptar que Cataluña y Euskadi «no se pueden quedar dentro del Estado español con la sensación de que están subyugadas».

Tras considerar que los indultos a los líderes del ‘procés’ catalán «son necesarios», considera, no obstante, que «no es suficiente para empezar a desandar todos los errores que el Estado ha cometido en Cataluña».

A su juicio, la medida de gracia va «en la buena dirección» y argumenta que lo que tendría que hacer Sánchez es «aprovechar esto para hacer pedagogía y empezar a hablar con cierta claridad sobre el problema que tiene el Estado español con su modelo territorial».

De este modo, defiende que el siguiente paso del presidente del Gobierno debe ser «sentarse en la mesa de diálogo que tiene acordada con las instituciones catalanas y con ERC».

«Ahora va a haber un presidente que sí cree en ese diálogo, a diferencia del anterior. Es verdad que Junts es escéptico, pero hay que darle una oportunidad a la mesa. Le van a poner encima las aspiraciones de Cataluña para llegar a acuerdos, lo mismo que haremos nosotros cuando llegue el momento de nuestro nuevo estatus», advierte, para añadir que eso sucederá «cuando se den las condiciones, pero no está lejos».

Según detalla, eso sucederá en la presente legislatura, pero afirma que «primero tenemos que hacer nosotros nuestros deberes en Euskadi», entre los que está reactivar la ponencia de Autogobierno «de cara al otoño, sin ninguna prisa».

«No es un movimiento táctico. Es que coincide y es el momento de hacerlo. Tenían que pasar cosas en Cataluña, que hubiera Govern, que los presos salieran de la cárcel… Eso se va a ir produciendo de aquí a otoño, así que es el momento. Quedan dos años largos de legislatura y hay que aprovecharlos. No digo que en esta legislatura lleguen los acuerdos finales, ¡ojalá!, pero que en esta legislatura hay que poner ya estos temas sobre la mesa, sí», anuncia.

A su juicio, en la mesa de diálogo de Cataluña el Gobierno central sabe que van a tener que escuchar hablar de la amnistía y la autodeterminación, y «a partir de ahí habrá que ver si hay un marco de juego compartido».

REFERÉNDUM PACTADO

Entre las soluciones posibles, Ortuzar indica un referéndum pactado «como final del proceso», pero cree que «ponerla ahora como condición ‘sine qua non’ es muy difícil» y antes hay que hablar de «la realidad tangible, de la situación política, económica y social de Cataluña, y de su relación con el Estado».

En opinión del líder nacionalista, los españoles tienen que aceptar que Cataluña y Euskadi «no se pueden quedar dentro del Estado español con la sensación de que están subyugadas, no se pueden quedar a disgusto».

«Si los españoles aspiran a que Cataluña y Euskadi sigan siendo parte del Estado español, tendrán que crear las condiciones para que eso sea posible, para que haya una cláusula de comodidad para que podamos compartir un Estado. No vamos a compartir nunca una nación, pero sí un modelo de Estado. Y habrá que crear las condiciones, y pactarlas, no imponerlas«, insiste.

Por otro lado, acusa al Poder Judicial español de no ser «fiable ni neutro», sino que ejerce de «contrapoder para que se mantenga el modelo de Estado centralizado e impermeable al cambio».

«Los jueces del Supremo, aparte de haber perdido el norte de cuál es su función, han perdido la legitimidad. Yo ya no me fío nada de esa gente. Y lo dice el presidente del segundo partido más antiguo del Congreso. No me fío nada de la Justicia española, nada. Acato porque no me queda más remedio», reconoce.

Además, se pregunta por qué los líderes del ‘procés’ van a arrepentirse de algo que «ellos creen que no estuvo mal y que no causó daño a nadie».

Asimismo, Ortuzar reconoce que se alegra del adiós de Pablo Iglesias a la política, ya que «políticamente, su efecto ha sido mucho más negativo que positivo», de tal modo que «para la política española es bueno que haya dado un paso al margen».

Por último, muestra su preocupación por la transferencia del Ingreso Mínimo y acusa a Escrivá de ser «un ministro obstáculo». «Espero que alguien lo remueva rápido. Ése es un acuerdo muy relevante, por lo que supone, pero también porque la fórmula con que se haga puede cambiar las futuras transferencias. Escrivá quiere cambiar las reglas y subcontratarnos la competencia como si fuéramos una ETT. Si no se hace bien, va a fallar a la lealtad institucional y a la confianza del PNV», advierte.

La Asociación de Familias con hijas e hijos sordos de Cataluña ‘Volem signar i Escoltar’ ha advertido a las administraciones españolas de que «privar de la lengua de signos» a la infancia con discapacidad auditiva es «una forma de violencia».

Lo ha hecho a través de su presidenta, Marian González, que ha trasladado este mensaje a los representantes de los ciudadanos en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso.

En el mensaje trasladado a los diputados, González ha denunciado la «situación de vulneración de los derechos de la infancia y de la adolescencia sorda» del país que se vive en España.

Empezando, ha indicado, porque hay familias con niños sordos a los que «no se les da la oportunidad de adquirir la lengua de signos» que, según ha explicado, es la «única» que ellos «adquieren de forma natural». Es a estas familias a las que la entidad que dirige González atiende, según ha explicado.

ADVIERTE DE QUE GENERA PROBLEMAS

«El síndrome de privación lingüística es un atentado contra los derechos de la Infancia y la Adolescencia que se ejerce de manera sistemática contra las niñas y niños sordos y sordociegos en nuestro país, y que acarrea graves problemas lingüísticos, cognitivos y psicosociales», ha denunciado.

También ha advertido de que las familias no suelen disponer de una información «completa y veraz» en todo aquello que concierne a la sordera, y ha referido que algunos progenitores aseguran que sus otorrinos de referencia les dicen que «signar es un obstáculo para el desarrollo de la lengua oral» cuando, ha apuntado, ciencia y legislación apuntan «a todo lo contrario».

A juicio de González, no es está ayudando a estas familias tomar decisiones adecuadas que faciliten el progreso cognitivo y emocional de sus hijos en un contexto de plena integración.

FAMILIAS CON EL BILINGÜISMO

En esta línea, ‘Volem Signar i Escoltar’ colabora con otras entidades de familias con menores sordos a su cargo, como Abipans (Asociación Bilingüe de Familias de Niños Sordos de la Comunidad de Madrid) y Anpanxoga (Asociación de Pais e Nais de Nenas y Nenos Xordos de Galicia), para que la infancia sorda cuente con todos aquellos recursos que favorezcan y aseguren su desarrollo integral, independientemente del grado y tipo de sordera, y desde el momento de su detección.

Según señala la entidad, para estas familias, todo alumno o alumna sorda tiene derecho a ser educado en su lengua natural, la lengua de signos, y a hacerlo dentro del aula, es decir con otros niños sordos y oyentes, de manera que se garantice su igualdad de oportunidades.

«Apostamos por un enfoque bilingüe intermodal en el que esté presente la lengua de signos, acompañada de la lengua oral, y de las ayudas protésicas que se valoren oportunas, ya sea implantes cocleares, audífonos u otras», ha indicado la organización.

Sin embargo, denuncia que, aunque en teoría están respaldadas por la Ley que permite elegir una modalidad educativa bilingüe para sus hijos, en España, pocas familias y personas sordas son tan afortunadas como para poder elegir una educación que cuente con la lengua de signos.

«La realidad nos muestra que, a pesar de contar con un Gobierno que se autodefine comprometido con los derechos de nuestro colectivo, en la práctica es del todo insuficiente», ha lamentado.

En este sentido, denuncia que carecen, también, «de una red de centros de educación compartida bilingüe que garanticen el uso y el estudio de la lengua de signos y que cuenten con profesorado sordo». Además, apunta que, en la enseñanza secundaria y universitaria, «cada vez son más los estudiantes sordos que denuncian la escasez o ausencia de intérpretes en los centros en los que cursan sus estudios».

Ante esta situación, González ha pedido a las fuerzas políticas una «normativa estatal de referencia» que «permita al alumnado sordobeneficiarse de una educación bilingüe que incluya la lengua de signos y que asegure, además, el acceso igualitario de estos alumnos sea cual sea la comunidad autónoma en la que estudian».

«Se trata de derechos fundamentales que se deben acatar. Solo así aseguraremos el éxito de nuestras hijas e hijos sin que ninguno se quede atrás», ha concluido la presidenta de ‘Volem Signar i Escoltar’.

La concesión de indultos parciales a los nueve condenados por el ‘procés’ independentista en Cataluña a los que se impuso pena de entre 9 y 13 años de cárcel bastará previsiblemente para propiciar su pronta salida de prisión, al facilitar beneficios penitenciarios como el tercer grado e incluso la libertad provisional según han apuntado fuentes jurídicas.

La concesión de indultos parciales que únicamente resten unos determinados años de las condenas de prisión parece ser la opción más probable que elija el Gobierno respecto a este asunto. De este modo no se no afectaría a otras partes de la pena, como son las inhabilitaciones, y además supondría un coste político frente a la opinión pública que se cree menos dañino que en el caso de que se anunciaran indultos totales.

Se cuenta además con el precedente del indulto parcial concedido en 1998 al ex secretario de estado de Seguridad Rafael Vera y del ex ministro del Interior José Barrionuevo, quienes permanecieron únicamente tres meses en prisión tras recibir un indulto parcial del Gobierno popular de José María Aznar, que les conmutó dos tercios de la condena de diez años de cárcel que se les impuso por el secuestro del ciudadano hispano-francés Segundo Marey por parte de los Gal.

Se les aplicaron beneficios penitenciarios que facilitaron su salida de la cárcel en poco tiempo, si bien en su caso el Supremo había informado a favor de la medida de gracia, y esta es la principal diferencia con el caso de los líderes independentistas catalanes.

Según las fuentes jurídicas consultadas, la concesión de indultos parciales por parte del Gobierno supondría «con seguridad» la puesta en libertad de los líderes independentistas por la obligada progresión al tercer grado penitenciario o incluso la libertad condicional regulada en el artículo 90.2 del Código Penal.

En este artículo se señala que se podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional a los penados que hayan extinguido dos terceras parte de su condena, algo que podría darse si el perdón concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez supone conmutar la actual pena de prisión de cada uno de los líderes independentistas por otra menor que les coloque en esta situación de cumplimiento.

ADELANTAR LA LIBERTAD

El artículo añade que para alcanzar esta libertad condicional también se podría optar por una propuesta de Instituciones Penitenciarias que, previo informe del Ministerio Fiscal y de las demás partes, permita que el de juez vigilancia pueda «adelantar, una vez extinguida la mitad de la condena, la concesión de la libertad condicional hasta un máximo de noventa días por cada año transcurrido de cumplimiento efectivo de condena». Esta medida requeriría en todo caso que los penados participaran de forma efectiva en programas de reparación a las víctimas.

La concesión de indultos obligaría al alto tribunal a volver a pronunciarse pero sólo si hubiera recursos del fiscal frente a decisiones de la administración penitenciaria, señalan las mismas fuentes, que aventuran bastante improbable la posibilidad de estos recursos.

En todo caso, una vez se conozca la decisión del Gobierno, y si esta supone la aplicación de la medida de gracia, el tribunal sentenciador tendría que hacer nueva liquidación de condena y fijar fecha de la extinción definitiva de las diferentes penas impuestas a cada uno de los condenados. A partir de aquí comenzarían a operar los beneficios penitenciarios antes señalados.

El pasado lunes, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, insistió en que éstos se valorarán de forma individual, analizando el expediente concreto de cada penado, lo que abre la puerta a que pueda haber decisiones dispares respecto a la pena de prisión que se rebaja a cada uno de los nueve líderes del ‘procés’ en prisión.

La Comisión de Hacienda decidirá este martes si cita al presidente de Correos, Juan Manuel Serrano Quintana, para que dé cuenta en el Congreso sobre el episodio de las cartas con balas que el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias recibieron durante la pasada campaña electoral madrileña.

Se trata de una solicitud que Vox registró el pasado mes de abril para que el máximo responsable de Correos explique en sede parlamentaria «el grave fallo en seguridad» que habría supuesto el envío de esas misivas que denunciaron los afectados y evitar así una «caza de brujas» sobre el vigilante encargado de su tramitación.

Los de Santiago Abascal pusieron en duda desde el principio la veracidad de esta denuncia de amenazas, y ya avanzaron su voluntad de «llegar hasta el final» del caso para esclarecer si es cierta o no. De hecho, se personaron como acusación popular en los tribunales.

Paralelamente solicitaron la comparecencia del presidente de Correos en la Comisión de Hacienda del Congreso. Sin embargo, la Mesa de dicho órgano, donde PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría, rechazó esta petición en su reunión del pasado 11 de mayo.

Al no existir unanimidad, tendrá que ser la Comisión de Hacienda en pleno la que deberá tener la última palabra. En su sesión de este martes, los grupos parlamentarios decidirán con su voto la pertinencia de llamar o no al presidente de Correos.

Y SOBRE LA PRESIDENTA DE LA SEPI POR EL CASO PLUS ULTRA

De la misma forma, la comisión que preside el ‘popular’ Eliy Suñarez deberá acordar también si llama a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, para que informe de los criterios por los que «ha considerado estratégica a la aerolínea Plus Ultra para concederle 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, aun siendo una empresa que arrojaba pérdidas.

En este caso, es una petición que hizo el PP en el marco de la ofensiva que lleva adelante para conocer los detalles que rodearon esta operación. Los ‘populares’ se personaron en el caso Plus Ultra justo después de que una jueza abriera diligencias contra varios altos cargos del Gobierno por la ayuda a la aerolínea.

Así lo anunció el propio presidente del partido, Pablo Casado, quien apuntó que este asunto, que vinculó con el encuentro que el ministro José Luis Ábalos mantivo con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, «huele» a posible malversación.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado que la mesa de negociación entre la Generalitat y el Gobierno central se debe poner en marcha «antes de las vacaciones de verano».

En una entrevista del diario ‘Ara’ este domingo, ha concretado que este encuentro entre Ejecutivos debe tener una parte pública pero también «toda una parte de trabajo discreto para poder avanzar en posibles vías de solución y acuerdos».

Ha explicado que en las próximas semanas su voluntad es reunir las fuerzas de la investidura, organizaciones sociales e independentistas y, «a partir de ahí, sumar cuantas más instituciones mejor».

Para él, el Gobierno debe tener claro que el diálogo y la negociación son necesarios, y que «no habrá solución al conflicto ni con una derrota de la parte catalana ni con una represión continuada».

Ha explicado que ha mantenido conversaciones vía WhatsApp con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que se han emplazado a «tener una conversación tranquila la semana que viene, con suficiente tiempo para poder preparar todo lo que está por venir».

Sobre los indultos para los presos del 1-O, ha defendido que es una medida que sirve para aliviar el dolor de sus familias pero que el reclamo del independentismo es la amnistía, y ha pedido al Gobierno «no especular con los indultos y tomar una decisión justa y que sea rápida».

GOBIERNO CENTRAL

Pese a la moción que confianza pactada entre la CUP y ERC en un plazo de dos años para valorar la gestión del Govern durante ese periodo, Aragonès ha asegurado que su formación tiene «un proyecto con mirada larga», y que el acuerdo entre ambas fuerzas está condicionado por la fin de la actual legislatura del Gobierno central.

«Quedan dos años de continuidad de un Gobierno del Estado que, pese a la distancia abismal que aún tenemos, ha reconocido que hay un conflicto político que se debe resolver», ha añadido.

PRESUPUESTO PARA 2022 Y ACCIONES SOCIALES

Sobre el reparto de los fondos europeos Next Generation UE, ha asegurado que si se hace según «criterios objetivos, Cataluña obtendrá una parte importante de los recursos».

Ha detallado que tras los primeros cien días de mandato le gustaría haber «iniciado la mesa de negociación del conflicto con el Estado», haber avanzado los ejes de la próxima partida presupuestaria de la Generalitat para 2022 y haber empezado los pactos en el ámbito de la transición ecológica, la salud mental y los derechos lingüísticos.

El número total de usuarios de juegos ‘online’ activos en España en 2020 –se considera que un usuario ha estado activo si en el periodo de un mes natural ha realizado al menos una apuesta– alcanzó las 1.481.807 personas, lo que supone un crecimiento anual del 8,36%, según el informe ‘Análisis del perfil del jugador ‘online’ 2020, elaborado por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).

También se registraron un total de 351.439 jugadores nuevos. Este aumento del número de usuarios de juegos de azar y apuestas ‘online’ se produce en un contexto de cierre de locales físicos por la declaración del estado de alarma, las restricciones de acceso y la reducción de aforos, limitación de horarios, toques de queda en las sucesivas olas, así como de restricciones a la publicidad del mercado del juego ‘online’ por la pandemia de la Covid-19.

El informe indica que en el mes de marzo de 2020 –cuando se declaró el estado de alarma para frenar el avance de la enfermedad del nuevo coronavirus– el número de jugadores activos se situaba en 629.334 usuarios, un volumen que descendió en abril (417.889) para volver a crecer a partir de mayo y alcanzar el máximo en diciembre (687.669).

En este sentido, el estudio revela que la media de jugadores activos por mes se situó en 584.854 usuarios y el tiempo medio de actividad en 4,74 meses. El 29,03% de los jugadores permanecen activos durante un mes o menos.

La investigación, sostiene que el 82,34% de los usuarios de juegos y apuestas ‘online’ en 2020 son hombres (1.220.072), frente al 17,66% que son mujeres (261.735). Además, el 83,68% de los jugadores activos tiene una edad comprendida entre 18 y 45 años.

En relación con los distintos tipos de juegos de azar y su popularidad entre los españoles, esta nueva investigación detalla que las apuestas son el segmento en el que participa un mayor número de personas (1.046.481 jugadores) con una tasa de variación anual del 4,67%.

No obstante, las mayores tasas de variación anual se registran en póquer y casino con un 15,36% y 12,55%, respectivamente. La mayoría de los jugadores (60,81%) jugó sólo a un segmento (39,84% apuestas; 1,38% bingo; 9,07% casino; y 10,52% póquer).

Respecto a las cuantías económicas invertidas, los datos del estudio apuntan que el gasto neto medio por jugador activo fue de 608 euros, lo cual supone un gasto de 50,64 euros al mes o de 11,69 euros a la semana. Este gasto medio se calcula a partir del conjunto de jugadores que juegan online, no de la población adulta general.

Por sexo, el gasto neto medio de los hombres fue de 655 euros al año y el de las mujeres de 389 euros. Además, por edad, el mayor gasto neto medio es de 893 euros anuales y corresponde a los jugadores de entre 36 y 45 años y el menor gasto neto medio es de 283 euros al año, que corresponde a los jugadores con edades comprendidas entre 18 y 25 años.

El estudio revela, asimismo, que un 20% de los jugadores obtiene premios netos; y, para un 5% de los participantes. El premio neto en el año supera los 285 euros. El 35% registra un gasto neto en el año superior a 106 euros.

Sobre cómo gestionan los jugadores los depósitos, el informe elaborado por la Dirección General de Ordenación del Juego indica que el importe de los depósitos pasó de 1.977 millones de euros en 2019 a 2.271 millones de euros en 2020, lo que supuso un aumento de 14,93%.

Finalmente, el número de operaciones aumentó en dicho periodo un 17,54%; y el medio de pago más utilizado para realizar depósitos es la tarjeta con un 72,86%, seguido del monedero electrónico con un 17,9%.

La colección de libros juveniles ‘Miranda y Tato’, presentada esta semana y editada por Edelvives, nace con el objetivo de acercar a los jóvenes lectores los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU.

Escrita por Itziar Miranda (‘Amar es para siempre’), Jorge Miranda y Nacho Rubio (‘Camera Café’), con ilustraciones de Ángeles Ruiz, la obra es una continuación de ‘Colección Miranda’, que reunía biografías de mujeres extraordinarias que han hecho historia.

En el caso de ‘Miranda y Tato’, se trata de historias de ficción socialmente comprometidas donde los protagonistas descubrirán diferentes injusticias, mostrarán su preocupación y se implicarán para hacer un mundo más justo y sostenible. De esta manera, a través de la lectura, se quiere animar a los menores y a los jóvenes a ser más conscientes y comprometerse con la realidad que les rodea.

Algunos de los ODS que se abordan en la colección son el fin de la pobreza, el hambre cero, la reducción de las desigualdades, la educación de calidad, la igualdad de género, el trabajo decente o el crecimiento económico.

«Esta es una una propuesta literaria valiente y sin concesiones porque creemos en la necesidad de educar a una ciudadanía activa. En la colección encontramos historias divertidas pero también reales que generan una conciencia social», afirmó en el acto de presentación, celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la directora de creación editorial del Grupo Edelvives, Rosa Luengo.

Los dos primeros libros de la colección son ‘Chaval, ¿qué haces con mi camiseta?’ y ‘Si queréis ayudarme, leave me alone’, que ya están a la venta a través de la web de la editorial Edelvives, tiendas y librerías. En total la colección se compondrá de seis cuentos: los dos siguientes saldrán a la luz en Navidad y los dos últimos en la primavera de 2022.

Para la autora Itziar Miranda «los jóvenes son quienes sacuden el mundo y se dan cuenta de todo». «No nos gusta hablar a nuestras hijas con eufemismos y en este libro pasa lo mismo. Los jóvenes lectores se enganchan a estos libros porque cuentan historias verdaderas. Además pensamos que solo se pueden cambiar los prejuicios a través de la educación», añade.

Otro de los autores, Jorge Miranda, destaca su «respeto por la literatura infantil». «Pensamos que la generación que viene está muy avanzada en muchos de los temas que aquí tratamos como el medio ambiente u otras cuestiones sociales», subraya.

«El público joven está acostumbrado a estímulos muy rápidos, y pensamos que era necesario mezclar formatos y géneros para llegar a enganchar con ellos. Venimos del mundo audiovisual y por eso siempre pensamos en hacer algo muy visual. También experimentamos con la escritura de guiones y teatro. Pronto nos dimos cuenta de que habíamos acertado», relata el otro autor, Nacho Rubio.

HACER LLEGAR LA AGENDA 2030 A LA CIUDADANÍA

Mientras, el escritor del prólogo de los libros, Federico Buyolo, que fue antiguo director general de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030 y actual director adjunto en el Ministerio de Educación, precisa que «a diferencia de la Agenda del año 2000, la Agenda 2030 es mucho más compleja».

«Nos muestra cómo tenemos que vivir en el presente sin olvidar el pasado y a reivindicar unos derechos de todos y todas, independientemente de dónde se haya nacido. Es importante hacer llegar esta agenda a la ciudadanía», destacó durante la presentación.

El evento también ha contado con la presencia del padre Ángel, fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, para quien «actualmente se vive en un momento de gran conciencia social». «Nos preocupamos por qué mundo vamos a dejar a nuestros niños pero el mundo que dejamos es mucho mejor que aquel que nos dejaron nuestros padres y el que los padres de nuestros padres les dejaron a ellos. La población civil está haciendo muchas cosas buenas y hay que sacar a relucir esto», enfatizó.

En la misma línea se ha expresado el director ejecutivo de UNICEF España, Javier Martos: «Estos libros están llenos de emociones. El concepto de ciudadanía comienza desde la educación creando seres emancipados capaces de exigir sus derechos y comprometerse. La educación es el recurso para salir del subdesarrollo, por eso es importante invertir en ella