El presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS), Francisco Marín, opina que «el derecho tiene que poner límites a la ciencia» y que la alteración «más palpable» que ha provocado la pandemia ha sido el «aumento del miedo» en la población debido a los cambios de criterio «constantes» en asuntos como el uso de mascarillas o las pautas de vacunación, que han provocado «una gran desconfianza».

En este sentido, se ha referido a la polémica por el cambio de criterio para combinar vacunas y ha opinado que los ciudadanos que habían recibido la primera dosis de AstraZeneca y han rechazado que se les inoculara la segunda de Pfizer han respondido «con sentido común».

Y es que, según el jurista, «el consentimiento informado debería haberse hecho para recibir la segunda dosis de Pfizer y no de AstraZeneca», ya que «se trata de dos medicamentos diferentes».

Así lo ha dicho Marín durante su participación en la quinta jornada del XIV Encuentro Interautonómico sobre la Protección Jurídica del Paciente, enmarcado de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde ha analizado las principales sentencias que la sala de lo Civil ha dictado con respecto a los derechos del consumidor durante la pandemia.

El magistrado ha ahondado en la vacunación, asegurando que algún posible efecto adverso de las vacunas a largo plazo podría no ser responsabilidad del Estado, aunque ha matizado que «sería algo que habría que valorar en un hipotético caso de demanda».

«Una de las reglas de la responsabilidad civil de la Administración es que si se ha adoptado una decisión con arreglo al estado de la técnica de ese momento y a los conocimientos científicos, no habría responsabilidad», ha indicado al respecto.

En este sentido, el magistrado ha señalado que existe jurisprudencia sobre casos similares, como los contagios de VIH por transfusión de sangre, que, según ha apuntado, no generaron responsabilidad porque los conocimientos científicos en ese momento impedían saber que se estaba obrando mal.

De este modo, Marín ha opinado que los ensayos han demostrado que las vacunas «son perfectamente seguras» debido a que «ha habido muchas comprobaciones», y ha indicado que «nadie sabe si tendrá efectos negativos a largo plazo».

Además, ha señalado que al igual que con el Covid-19, este caso se podría dar «en cualquier medicamento» que tenga unos efectos a largo plazo, y ha apuntado a que también se tendría en cuenta «la urgencia a la hora de vacunar para garantizar la salud pública».

MASCARILLAS DEFECTUOSAS

Marín ha indicado que la sala de lo Civil del Tribunal Supremo aún no ha resuelto ningún tema relacionado con la pandemia», ya que de momento estos asuntos se han resuelto por los tribunales de primera instancia, aunque «llegarán.

Respecto a las mascarillas defectuosas y el hipotético efecto que podrían tener en la salud por producir contagios, el jurista ha opinado que «podría ser aplicable la normativa de productos defectuosos» y que el productor tenga que responder por estos fallos.

Marín ha apuntado la dificultad para identificar a los productores, sobre todo en las primeras fases de la pandemia, por lo que considera que «en algunos casos la responsabilidad caerá en los distribuidores».

La Universidad Católica de Valencia (UCV) ha investido como doctor honoris causa al cardenal Robert Sarah. «Hoy se exige a la Iglesia desvincular la caridad de la fe, lo que se pide a la Iglesia es que se centre exclusivamente en las obras de caridad, y si a las obras de caridad les falta la fe, entonces ya no hablamos de caridad, sino de filantropía», ha señalado en su discurso.

«El mundo no pone objeciones a las obras concretas de misericordia, sin embargo, sí muestra hostilidad hacia la verdad de la fe, especialmente en el marco de la ‘dictadura del relativismo’ que tantas veces ha denunciado el Papa Benedicto XVI. Se exige a la Iglesia para ser aceptada que renuncie: puedes creer en Dios, pero cuando hagas caridad, adáptate a los criterios del mundo, a las ideologías del momento, a los intereses de los que gobiernan», ha razonado.

Por supuesto, apunta, «eso impediría una de las mayores obras de caridad que pueden hacerse que es la predicación del Evangelio. Para el cristiano, la caridad implica precisamente ese reconocimiento, así lo ha enseñado el Papa Francisco diciendo que, para los cristianos, ‘implica reconocer al mismo Cristo en cada hermano abandonado o excluido'».

Por otra parte, se ha referido a países en los que se está pidiendo que sea penado incluso con cárcel a personas que ofrezcan ayuda material o espiritual a las madres que acuden a establecimientos en los que se realizan abortos. «Por supuesto, la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural no es patrimonio exclusivo de la fe cristiana, pero sí es una parte irrenunciable de la misma».

«Nadie se opondría a que a una mujer embarazada se le ofrezca ayuda material, pero si esa ayuda hace explícito el convencimiento de la dignidad inviolable de la vida que alberga en su seno, entonces ese acto de caridad se ve rechazado y perseguido por el mundo. Y no faltan, incluso entre los que se dicen cristianos, quienes exigen que se renuncie a este tipo de acciones», ha agregado.

El Nuncio apostólico en España, monseñor Bernardito Aúza, ha presidido la clausura del acto, donde ha afirmado que se trata de un «merecido reconocimiento».

La laudatio ha sido pronunciada, por su parte, por el gran canciller, cardenal Antonio Cañizares, que ha agradecido a la UCV «haber contado entre sus doctores con el cardenal Sarah, precisamente en mi diócesis y la Universidad Católica San Vicente Mártir, que recibe a un humilde y sabio pastor que también sabe de la amargura de la persecución y del gozo del testimonio libre de la fe de la Iglesia en Jesús, su piedra angular, presidida por Pedro y sus sucesores, cuya palabra no está encadenada».

El prelado valenciano ha afirmado que, si tuviera que elegir una palabra que lo definiera, sería silencio: «en palabras de Benedicto XVI, buen conocedor suyo, es un maestro espiritual que habla apoyándose en una honda intimidad con el Señor en el silencio».

«EXTRAORDINARIA LUCIDEZ»

«Debemos estar agradecidos al papa Francisco por haberle situado a la cabeza de la Congregación responsable de la liturgia de la Iglesia» y ha destacado su «extraordinaria lucidez al elaborar un diagnóstico real del mundo moderno y de la Iglesia que, lejos de ser pesimista, lleva a un nuevo ardor apostólico, no se entretiene en ofrecer soluciones humanas», ha dicho.

El rector de la UCV, José Manuel Pagán, ha destacado que «en el cardenal Sarah se hace visible que la verdad te hace libre». Así, ha puesto en valor «una verdad que no es un producto del imperio de la mayoría, que olvida nuestra reciente historia, mayoría puede ser manipulada y engañada y con el respaldo de la mayoría se pueden cometer las mayores atrocidades». «Cuando la eutanasia avanza en España y Europa reconoce el derecho a matar, este acto quiere ser una llamada a que no nos preocupe ir contracorriente, que no nos pese ser minoría, como los primeros cristianos», ha aseverado.

El acto de investidura doctor honoris causa ha contado con la presencia de Salvador Aguilera, de los obispos de Segorbe-Castellón, Casimiro López, de Albacete, Ángel Fernández Collado; y de los obispos eméritos José Luis del Palacio y Esteban Escudero, así como de los miembros del patronato Adolfo Suárez Illana, Loreto Ballester y José Luis Sánchez, entre otras autoridades eclesiásticas y civiles.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha insistido este viernes ante el juez que investiga la ‘Operación Kitchen’ en que se mensajeó con el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre el presunto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, implicando también a otros miembros de su Ejecutivo, como María Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz y Soraya Sáenz de Santamaría.

Villarejo ha ratificado de esta forma gran parte de lo ya declarado ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados y en un escrito enviado al magistrado Manuel García-Castellón esta semana, donde avanzaba el relato que le haría sobre el operativo parapolicial que se habría montado en 2013 desde el Ministerio de Interior para espiar a Bárcenas y su entorno con el objetivo de sustraer la información comprometedora que pudieran tener del PP y sus dirigentes.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, ha reiterado que comenzó a trabajar para la ‘Kitchen’ porque así se lo pidieron desde el Ministerio de Interior, incluyendo esta vez a toda la cadena de mando: el ministro Fernández Díaz; el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó; y al director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino.

De hecho, en declaraciones a los medios a la salida de su comparecencia, que se ha extendido por aproximadamente tres horas y media, ha subrayado que ha confirmado ante el juez que «el señor presidente, el señor Rajoy, tenía interés personal en este tema», y ha comentado que entiende que es algo «normal», ya que «era una cuestión de Estado». «Era lógico y yo he colaborado», ha añadido.

Al hilo, ha explicado que en un momento dado le facilitaron números de teléfono del propio Rajoy que usó para comunicarse con él mediante mensajes. Este contacto directo, ha ahondado, se debía a que el presidente del Gobierno no se fiaría de la información que se le transmitía desde el Ministerio de Interior sobre la ‘Kitchen’ y quería otro canal de comunicación.

Fuentes consultadas apuntan que el comisario ha dicho al juez que no tuvo comunicación verbal con Rajoy, solo mensajes, y que no recuerda quién le facilitó ambos contactos, si la propia Cospedal o alguien del CNI.

COSPEDAL Y LA REUNIÓN EN DEFENSA

Además, ha señalado a la prensa que las relaciones que tenía con Cospedal, ex secretaria general del PP, eran en calidad de representante del Gobierno «prácticamente». Y ha incidido en que siendo ministra se reunió con ella «como cualquier agente de inteligencia» y que cree recordar que la última reunión que mantuvieron fue en el Ministerio de Defensa «pocos días antes» de su detención en noviembre de 2017.

Al igual que hicieran ella y su marido, Ignacio López del Hierro, en sus comparecencias judiciales, Villarejo ha contado que el esposo les presentó y que se reunió con Cospedal en Génova, a donde accedía por el garaje tras ser recogido en coche oficial en las inmediaciones –«porque el trabajo de inteligencia hay que hacerlo de manera discreta»–, así como en Defensa y en Marbella. Y no ha cifrado en tres o cuatro las reuniones, como dijo Cospedal, sino en muchas.

Sobre Cospedal, ha especificado que le presentaron como un antiguo agente que conocía a todo el mundo, pero que nunca hubo un encargo concreto y nunca le pagaron nada. Según él, todo era información judicializada. A veces Cospedal salía del despacho –no ha concretado cuál– y comentaba con Rajoy, ha ilustrado. Otras, transmitía a Villarejo que el presidente del Gobierno estaba muy preocupado.

SÁENZ DE SANTAMARÍA, RESPONSABLE DEL CNI

Asimismo, ha sostenido que hablaba con algún enlace que le enviaba Sáenz de Santamaría. De hecho, ante los medios ha apuntado que, de lo intervenido a Bárcenas, imagina que la vicepresidenta fue informada como máxima responsable del CNI, aunque ha apostillado que desconocía si la documentación le fue entregada o no.

Se refiere a los papeles sustraídos del estudio de restauración de arte que la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, tenía en la madrileña calle de General Díaz-Porlier, una operación cuya existencia ha respaldado hoy.

De Sáenz de Santamaría ha expuesto a la prensa que coincidió con ella cuando la acompañó para comprobar si el despacho de Rajoy en el Congreso tenía micrófonos ocultos, y que ella era conocedora de la ‘Kitchen’ de forma indirecta a través de una serie de personas a las que no ha querido mencionar para que no le vuelvan a «meter para adelante» –volver a prisión–.

AFIRMA QUE FERNÁNDEZ-DÍAZ FUE ESENCIAL

Ha deslizado que informaba asimismo a la sede del PP, sin detallar a quién o quiénes. Villarejo ha querido destacar en particular su relación con Fernández Díaz. Según él, se reunió varias veces con el ministro, al que ha otorgado un papel esencial en el desarrollo de la ‘Kitchen’, aunque sospecha que la iniciativa de montar el operativo no fue suya, sino que lo habría consensuado con Rajoy o la vicepresidenta.

Sin embargo, a preguntas de otras partes, que le pedían profundizar en esos supuestos encuentros con Fernández-Díaz, no ha concretado cómo ni dónde tuvieron lugar. Fuentes de la defensa del ex ministro mantienen que solo saludó a Villarejo en dos ocasiones en el contexto de actos públicos.

Una de las personas con las que más trataba, ha continuado, era el ex secretario de Estado. Le informaba casi a diario, ha enfatizado. También ha implicado a la cúpula policial de la época, desde Cosidó y Pino hasta los comisarios Enrique García Castaño y Marcelino Martín Blas.

Villarejo ha descrito que el primero en intentar ficharlo para la ‘Kitchen’ fue Martín Blas, ex jefe de Asuntos Internos, pero le obvió en el contexto de la llamada ‘guerra de comisarios’. Después habría llamado a su puerta Cosidó, al que sí atendió. Le habrían encomendado que hiciera labores de inteligencia sobre Bárcenas y su entorno, las cuales se llegaron a extender a una casa de la madre del ex tesorero, para localizar material que pudiera comprometer al PP o al Estado.

Su misión era captar «fuentes humanas». Logró al chofer de la familia, Sergio Ríos, ha señalado. García Castaño ya había entablado contacto pero la intervención de Villarejo habría sido decisiva. De hecho, habría sido él quien persuadió al DAO para que pagaran al conductor por sus labores de espionaje. Tras la salida del comisario jubilado de ‘Kitchen’, fue Andrés Gómez Gordo, ex jefe de seguridad de Cospedal, quien gestionó esta fuente, ha completado.

En este punto, ha introducido un nuevo personaje, un portero de la finca contigua al edificio donde vivía Bárcenas que también habría ejercido de informante. En cambio, ha descartado del reparto al falso cura que asaltó la casa del ex tesorero. Cree que actuó por su cuenta.

LA ‘KITCHEN’ CARCELARIA

Villarejo también ha venido a respaldar lo denunciado por el propio Bárcenas, según el cual fue objeto de seguimientos fuera pero también dentro de la cárcel durante su etapa en prisión provisional. De acuerdo con el comisario jubilado, él y agentes del CNI se vieron con presos cercanos al ex tesorero.

Sabían que Bárcenas estaba preocupado por su salud –temía ser envenenado– y por los archivos sensibles que almacenaba ‘online’. Uno de los planes habría sido ‘hackearla’. El otro, que dice que se materializó, robar los papeles sacados de Génova y guardados en el estudio de su mujer.

Villarejo también ha tenido tiempo para el inspector principal de ‘Gürtel’, Manuel Morocho, que denunció presiones de los mandos policiales para que dejara las pesquisas, precisando que le ofrecieron destinos. El comisario ha dico que hizo gestiones para que tuviese un puesto mejor, si bien ha matizado que fue porque a través de terceros el mismo Morocho le transmitió quería ir al extranjero, particularmente a Lisboa.

El historiador cordobés Jesús Padilla ha llevado a cabo un estudio sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba, de próxima publicación, en el que concluye que el anterior obispo de Córdoba y ahora arzobispo emérito de Sevilla, Juan José Asenjo, no debió inmatricular el monumento «como propiedad exclusiva de la Iglesia», ya que también es propiedad de la Corona.

Según ha informado el propio historiador al difundir una síntesis de su obra, con la misma, ‘La titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Análisis documental y estudio histórico (siglos XIII-XVIII)’, que es fruto de dos años y medio de trabajo, ha intentado alejarse «de toda polémica», y la ha escrito «desde la independencia intelectual, el rigor histórico y sin prejuicios preconcebidos de cualquier índole», lo que plasma en sus «más de 500 páginas y 900 notas bibliográficas», y cuya publicación, «en formato tradicional», espera que pronto «pueda ver la luz».

Entre tanto, ha querido dar a conocer los principales contenidos y concluciones de su estudio, según el cual «en el siglo XVII, en tiempos de Felipe IV (1621-1665), al proyectarse la construcción de una tercera Capilla Real» en la Mezquita-Catedral, «encontramos documentos explícitos en los que se habla de la propiedad» del monumento, especialmente uno «que la Iglesia publica sesgadamente», y que es «demostración del reconocimiento del monarca del derecho de propiedad que sobre el monumento posee».

Ello «evidencia», a juicio de Padilla, que la Iglesia «no es la única propietaria, pues en dicho documento se expresa que el monarca era propietario de la Capilla Real y que, por lo tanto invalida la inmatriculación realizada por el obispo Juan José Asenjo Pelegrina en la que manifiesta que la Iglesia es la única propietaria del monumento».

Pero hay que retrotraerse a la conquista de la ciudad de Córdoba por Fernando III el Santo en 1236 para entender cómo se ha llegado a la situación actual, ya que, según el estudio de Padilla, «la supuesta donación de la Mezquita-Catedral» por el entonces Rey a la Iglesia Católica, y de la que no hay documento que la acredite, «se produjo en un contexto en el que no existía separación entre Iglesia y Estado, tal como hoy lo entendemos», de modo que «lo que podríamos llamar Estado medieval cristiano no solo lo constituía la Institución de la Corona (el poder civil), sino también la Iglesia (el poder eclesiástico), y que tan público era uno como otro».

Pues bien, aplicando esta «teoría de las ‘Dos Espadas’ al objeto de estudio, la propiedad de la Mezquita-Catedral de Córdoba», resulta que «ni la Iglesia, ni la Corona, una vez sacralizada la antigua mezquita aljama y convertida en iglesia y posteriormente en catedral, tenían individualmente el señorío del edificio; por el contrario, ambas instituciones compartían responsabilidades sobre el mismo, cada una según su ámbito de competencia».

Es decir, «con su consagración, la Mezquita-Catedral se transformó en un bien que ya no era patrimonio privativo o exclusivo, ni individual ni institucional, de ninguno de los dos actores que venimos mencionado: Corona e Iglesia, aunque ambos conservaron prerrogativas, funciones y competencias complementarias sobre el mismo».

De esta forma, «si los clérigos se convirtieron en administradores del templo, los monarcas cristianos mantuvieron, como misión de gobierno, la tutela y la protección del mismo, detentando el patronazgo sobre él y reservándose para sí una parte del templo: la Capilla Real, y que esto era regalía real y, que además, tendrían la jurisdicción suprema sobre el templo».

En cualquier caso, «la creencia de que la Iglesia era ‘propietaria’ del templo aparece tardíamente, es decir, la manifestación de que fue donada por Fernando III nos aparece explícitamente a mediados del siglo XVI, en la oposición del Concejo de la ciudad a la construcción del gran crucero por el obispo Alonso de Manrique en 1523 sin que lo autorizara el monarca», y será un siglo después, en tiempos de Felipe IV (1621-1665), cuando aparezca el documento ya mencionado al inicio, que reconoce el derecho de propiedad del monarca sobre la Mezquita-Catedral, al proyectarse la construcción de una tercera Capilla Real.

PRIVATIZACIÓN DEL TEMPLO

A pesar de ello, «los obispos en el siglo XVII realizan la ‘venta’ de espacios que aún quedaban libres» en el interior del monumento «a personas particulares, para entierros y labrar capillas». De hecho, el estudio de Padilla alude especialmente a «la venta de parte del templo al Inca Garcilaso de la Vega, para la construcción de su capilla y entierro».

Esas fueron «ventas puras y duras, no concesiones, que es lo que deberían haberse realizado, por lo que se produce una privatización del espacio sagrado, hechos que pueden ser cuestionados, pues los bienes otorgados por los reyes, según la legislación medieval, no podían enajenarse».

En definitiva, «dejando a un lado las propiedades particulares que aún pudieran existir en la Mezquita-Catedral de aquellas ventas (operaciones de enajenación de espacio sagrado que pueden cuestionarse), si la Iglesia toma estos documentos como demostración de que es propietaria de la Mezquita-Catedral, no tiene más remedio que aceptar que la Corona también es propietaria de parte del templo».

Eso significa, según concluye el estudio del historiador Jesús Padilla, que «la inmatriculación queda invalidada, pues si nos atenemos a esta documentación, que la Iglesia exhibe como validación de su propiedad sobre el edificio, reconocemos que también demuestra que no sería la única propietaria del templo».

Una delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha defendido este viernes ante el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, la extensión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el ámbito de las personas con discapacidad y ha subrayado la importancia de la Agenda 2030 para la «defensa de los derechos de las personas con discapacidad».

Así lo ha indicado el CERMI tras una reunión a la que también han asistido la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino; el presidente de la Comisión de Trabajo del CERMI Estatal sobre la Agenda 2030, Enrique Galván; el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU, Gregorio Saravia; el asesor de Gabinete de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, Francisco Pérez, y el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín.

El CERMI ha manifestado que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU es «un complemento idóneo» para su desarrollo. «Es la norma de cabecera y referencia en toda nuestra estrategia», ha subrayado.

En este sentido, ha señalado que esta reunión se enmarca en su deseo de profundizar en la relectura cruzada de los ODS y la Agenda 2030 y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, «para que ambas se retroalimenten y obtener más potencial».

Asimismo, ha incidido en la importancia que tiene el papel del CERMI como mecanismo independiente de seguimiento de esta Convención, representando a la sociedad civil. Por ello, ha enfatizado que el enfoque de la Agenda 2030 de situar a la persona en el centro de la acción pública es un eje transversal de su estrategia de incidencia política.

Así, el CERMI ha manifestado que quiere seguir siendo «un actor comprometido y solvente» con esta Secretaría de Estado para la extensión y aplicación de los ODS en el ámbito de las personas con discapacidad, y «ser consideradas y tenidas en cuenta» por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Gobierno, con quienes destacan que el diálogo civil ha sido desde el primer momento «muy fructífero».

Además, ha trasladado la importancia del papel de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 en materia de incidencia política en la legislación para el avance de derechos; para activar a la ciudadanía; para contribuir al sistema de apoyos a la discapacidad, y como palanca de oportunidades.

Durante la reunión, también se han abordado aspectos de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que recientemente ha asumido la dimensión inclusiva con las personas con discapacidad, al haber incorporado gran parte de las propuestas sugeridas desde el CERMI.

Entre los temas tratados en relación a la contribución del Comité a esta Estrategia, destacan la toma de conciencia, la incidencia política para la modificación legislativa y para que la agenda de la discapacidad entre en las leyes, los sistemas de apoyo y el papel del sector de la discapacidad como generador de empleo de calidad.

En este contexto, el CERMI ha asegurado que seguirá trabajando con el Gobierno en la ejecución de las medidas concretas vinculadas a la discapacidad, en concreto, dentro del trabajo estratégico de los 8 retos país, para que se incluya el enfoque de la discapacidad en ellos.

Asimismo, ha manifestado su disposición a seguir trabajando con el Ministerio y con la Secretaría de Estado, vinculando también el trabajo que la Dirección General de los Derechos de las Personas con Discapacidad está realizando en cuanto a la segunda Estrategia Española de la Discapacidad. A este respecto, el CERMI se ha comprometido a mandar las cuestiones «concretas y prioritarias» vinculadas a los retos país y a políticas aceleradoras que engloban esta Estrategia.

El diputado del PP en el Congreso por Córdoba, Andrés Lorite, ha mostrado este viernes la oposición de su partido a la nueva Ley del Patrimonio «intervencionista» que ha anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez, a la vez que ha defendido la labor tanto del Cabildo Catedral como de la Junta de Andalucía en la conservación, mantenimiento y garantías de los bienes Patrimonio de la Humanidad.

En una rueda de prensa, Lorite ha lamentado que «el Gobierno de Sánchez tiene una obsesión intervencionista con determinados elementos patrimoniales, como es el caso de la Mezquita-Catedral», de modo que «el PP se opone a esta ley que lo único que pretende es poner controles a los bienes patrimoniales y trabas en el camino en la gestión de la conservación de los mismos, porque esta ley no aporta nada, ni recursos económicos, sólo ralentiza el programa de rehabilitación, conservación y garantía de los bienes», ha advertido.

El popular ha recordado que, en el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba, «la administración de tutela es la Junta de Andalucía, como se establece en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía Andaluz (Artículo 68)», mientras que «el PSOE y el Gobierno de Sánchez están obsesionados con la Mezquita-Catedral desde hace años, con un afán intervencionista que no se va a aceptar», ha afirmado.

Frente a ello, el diputado del PP se ha mostrado «profundamente orgulloso» de la gestión del Cabildo Catedral «como propietario del inmueble» en la conservación y mantenimiento del principal templo de la Diócesis. «Hacen un excelente trabajo con los controles pertinentes de la Junta de Andalucía, y no vamos a aceptar la obsesión intervencionista del Gobierno socialista de Sánchez y sus socios», ha subrayado.

En otro orden de cosas, Lorite ha calificado de «grave erro la reforma del sistema de pensiones anunciada por el Gobierno y que ha contado con el rechazo de sindicatos y patronal», dado que «ahonda en la brecha generacional y recuerda al Gobierno de Zapatero que fue el único que congeló las pensiones», ha dicho el popular, quien ha remarcado «la dicotomía del PSOE que recorta y congela pensiones, mientras el PP sube pensiones y aumenta el factor de sostenibilidad de las mismas».

«No vamos a aceptar ningún tipo de recorte en las pensiones, ni en el poder adquisitivo de los pensionistas», ha sentenciado el diputado, quien ha calificado de «disparate y choque frontal contra el Pacto de Toledo y contra la sostenibilidad del sistema de pensiones». «Muchos cordobeses tendrán que elegir entre trabajar más años o ver menguada sus pensiones», ha avisado, para apostillar que «esto es intolerable y vamos a dar la batalla para que se cumpla el Pacto de Toledo».

DIMISIÓN DE SÁNCHEZ

Asimismo, Lorite ha detallado un decálogo de razones para pedir la dimisión del presidente del Gobierno de España, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales.

Según ha expresado, «España ya no puede aguantar más las mentiras, los atropellos y la indignidad a la que somete al Estado de Derecho». «¡Ya está bien de cesiones y pleitesía a sus socios independentistas y separatistas; ya está bien de negligencia en la gestión de esta pandemia y de la crisis económica y social derivada de ella!», ha exclamado el popular, quien ha defendido que «no merecemos que este Gobierno permanezca ni un minuto más en La Moncloa».

Dicho decálogo para la dimisión se resume en «sus indultos a los autores de la intentona golpista del 1-0; sus ataques contra el Estado de Derecho; ser el peor Gobierno posible para afrontar la peor crisis de salud pública en cien años; su nefasta gestión económica de la crisis; cargar el coste de la crisis en las familias, en los autónomos y en las clases medias con una subida de impuestos sin precedentes».

Igualmente, ha apuntado al hecho de «utilizar los fondos europeos en su propio interés y no en el interés general de todos los españoles; humillar la memoria de las víctimas del terrorismo; socavar las libertades de los españoles; la ruptura del pacto constitucional en materia educativa, y la irrelevancia y descrédito internacional de España.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado dejar en libertad bajo fianzas de hasta 200.000 euros a cinco de las casi 50 personas detenidas por presunta estafa en el marco de la ‘Operación Titella’, en la que también se investiga al productor de televisión José Luis Moreno. Un sexto detenido ha quedado en libertad sin fianza.

Fuentes jurídicas han informado de que el magistrado ha fijado caución de 200.000 euros para Antonio José Salazar y para Gerardo García Quintero; y de 10.000 euros para Viviana Domínguez, Raúl Pontvianne y José Luis Meseguer. Todos tienen hasta el próximo jueves para ingresar el dinero.

El juez ha resuelto que Montserrat Pedreny no abone fianza alguna, pero ha acordado la retirada de pasaporte, la prohibición de salida del país y la obligación de comparecer semanalmente.

A todos se les imputan los delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal dentro de la investigación de la Audiencia Nacional.

El jueves fueron puestas en libertad otras cinco personas, incluidos el propio José Luis Moreno y Antonio Aguilera, a los que el instructor señala como cabecillas de la trama. Ambos están acusados de delitos contra la Hacienda Pública, asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos, blanqueo e insolvencia punible y tendrán que depositar en metálico o con aval bancario tres millones y 200.000 euros, respectivamente, antes de las 15.00 horas del 8 de julio.

LA INVESTIGACIÓN Y LA OPERACIÓN POLICIAL

Todos fueron detenidos en el marco de una investigación policial en la que se realizó una intervención donde se aprehendieron más de un millón de euros en efectivo a una ‘mula’, que trabajaba para la organización transportando en vehículos con doble fondo grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de nuestras fronteras.

Los investigadores de la ‘Operación Titella’ creen que la organización aprovechaba su entramado empresarial de más de 700 mercantiles para blanquear a terceros dinero procedente del tráfico de drogas. «Simulaban una actividad que era inexistente para justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaba con las ventas de la droga», han informado la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Los estafadores creaban mercantiles con buena reputación para ofrecer proyectos empresariales de todo tipo que nunca se materializaban, contando con la participación activa en el delito de directores de bancos, una notaría y hasta productores de televisión.

Por el momento, han localizado entre las víctimas a distintas entidades bancarias y a un inversor privado que habrían sufrido un perjuicio de más de 50 millones de euros entre distintos proyectos fracasados.

Esta organización, una vez captaba los fondos, «activaba una maquinaria perfectamente estudiada donde el ‘peloteo’ de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles era la actividad ordinaria», según han destacado Policía y Guardia Civil.

El dinero que era blanqueado por los investigados tenía como destinos entre otros países, Suiza, Panamá y las Islas Maldivas. La capacidad de esta organización era destacable: tenían en mente crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico.

DOS ORGANIZACIONES CRIMINALES EN UNA

La investigación nace en el año 2018 a raíz de varias denuncias de entidades bancarias en las que se manifestaba cómo haciendo abuso de la operativa bancaria esta organización había conseguido defraudar más de un millón trescientos mil euros.

El juez de la Audiencia Nacional apunta, en la resolución donde ordena los registros realizados esta semana, a la existencia de «una organización criminal que opera a nivel internacional y cuya actividad delictiva se diversifica en diferentes especialidades, desde el fraude y la estafa a entidades bancarias e inversores privados, a la fabricación de efectos bancarios como cheques y pagarés.

«Ligada directamente» a esta organización criminal, explica el instructor, habría otra supuestamente liderada por Carlos José Brambilla y dedicada al tráfico internacional de drogas. Esta segunda usaría a la primera para blanquear el dinero obtenido del ‘narco’ a través de un intermediario que el magistrado identifica como Gerardo Mauricio García Quintero.

El grupo funcionaría perfectamente jerarquizado con Moreno y Aguilera como «máximos responsables» y Antonio José Salazar como tercero en acción. Cada uno tendría una función específica. El productor de televisión, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».

Para el juez, «queda más que demostrado el enriquecimiento personal del productor, a la vista de las numerosas transferencias que se envían a sus cuentas personales». Su operativa estaría enfocada a inversores privados y a repatriar el dinero desde el extranjero por transferencia bancaria utilizando para ello empresas interpuestas con sede en Madrid y Marbella, movimientos que después justificaría con «facturas falsas de alquileres, gastos y prestación de servicios».

UN MILLÓN CADA DOS SEMANAS

Ese dinero pasaba entonces a manos de Aquilera y Salazar, de acuerdo con el juez. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecían de actividad alguna, afirma el magistrado.

Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones movían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida de dos formas: con ingresos en efectivo que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o como inyecciones en metálico en ventanilla para lo que contarían con la complicidad de empleados de sucursales bancarias que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 calcula, en base a las pesquisas realizadas hasta la fecha, que movían cerca de un millón de euros cada 15 o 20 días. En este sentido, destaca que, solo en una de estas maniobras, Moreno habría logrado captar 31 millones de euros con el pretexto de un proyecto cinematográfico.

Al instructor le llama la atención que para conseguir sus fines recurrían a «cualquier operativa bancaria que les pudiera proporcionar beneficios económicos». Así, resalta que actualmente se estarían aprovechando de los créditos ICO que se están concediendo por la pandemia de coronavirus, «dado que dicen que son más fáciles de conseguir y que las entidades bancarias están deseando concederlos».

Toda esta dinámica fraudulenta, expone Ismael Moreno, no habría sido posible sin la ayuda de terceras personas, entre las que menciona a abogados, gestores, empleados de banca y «personas de su especial confianza».

La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual ha dado a conocer este viernes los profesionales y programas finalistas a los Premios Iris 2021.

La entidad ha elegido a los finalistas entre las casi 500 candidaturas presentadas por operadores, productoras y miembros de la Academia. Los ganadores serán votados ante notario por los académicos entre todos los nominados y se conocerán en los próximos meses.

En la categoría mejor actor han sido nominados Darío Grandinetti por ‘Hierro’ (Movistar+); Emilio Gutiérrez Caba por ‘Federica Montseny, la mujer que habla’ (TV3, Á Punt Media, IB3); Iván Massagué por ‘Parot’ (La 1 de TVE); Luis Tosar, ‘Los Favoritos de Midas’ (Netflix); Raúl Arévalo por ‘Antidisturbios’ (Movistar+); Roberto Enríquez por ‘La cocinera de Castamar’ (Antena 3 TV).

Asimismo, en la categoría mejor actriz han sido elegidas Ana Milán por ‘By Ana Milán’ (Atresplayer Premium); Candela Peña por ‘Hierro’ (Movistar+); María Pujalte por ‘Merlí Sapere Aude’ (Movistar+); Megan Montaner por ‘La Caza. Tramuntana’ (La 1 de TVE); Michelle Jenner por ‘La cocinera de Castamar’ (Antena 3 TV); Vicky Luengo por ‘Antidisturbios’ (Movistar+).

Al premio de mejor dirección optarán David Broncano, Ricardo Castella y Jorge Ponce, por ‘La Resistencia’ (#0 de Movistar +); Hugo Stuven por ‘El Desafío: ETA’ (Amazon Prime); Jorge Coira por ‘Hierro’ (Movistar +); Maribel Maroto por ‘Nevenka’ (Netflix); Mateo Gil por ‘Los favoritos de Midas’ (Netflix); y Rodrigo Sorogoyen por ‘Antidisturbios’ (Movistar +).

En la categoría de mejor ficción están nominadas ‘Antidisturbios’ (Movistar +); ‘Hierro’ (Movistar +); ‘La Caza. Tramuntana’ (La 1 de TVE); ‘La cocinera de Castamar’ (Antena 3 TV); ‘Los favoritos de Midas’ (Netflix); y ‘Veneno’ (Atresplayer Premium).

Por su parte, el premio a mejor guión se elegirá entre Javi Valera, Miguel Campos, Daniel Álvarez, Iggy Rubín, Helena Pozuelo, Luis Fabra, Kako Forns, Charlee Pee, Xavi Daura y Yunez Chaib por ‘La Resistencia’ (#0 de Movistar +); Mateo Gil, Miguel Barros, David Muñoz, Arantxa Cuesta por ‘Los favoritos de Midas’ (Netflix); Pedro Santos por ‘Viaje al centro de la tele’ (La 1 de TVE); Pepe Coira por ‘Hierro’ (Movistar+); Rodrigo Sorogoyen, Isabel Peña y Eduardo Villanueva por ‘Antidisturbios’ (Movistar +); y Yaiza Nuevo, Diego Saucedo, José Alberto González, Raquel Haro, Irene Varela, Iratxe Fernández y Jesús Torres por ‘El Intermedio’ (laSexta).

El galardón para mejor informativo será para ‘120 minutos’ (Telemadrid); ‘Antena 3 Noticias 2’ (Antena 3); ‘El Objetivo’ (LaSexta); ‘LaSexta Noticias’; o ‘TD-2 emitido desde el Hospital del Mar de Barcelona’ (La1 de TVE y Canal24Horas).

En la categoría de mejor presentador de programas están nominados Alfonso Arús por ‘Aruseros’ (laSexta); Arturo Valls por ‘Mask Singer’ (Antena 3 TV); Boris Izaguirre por ‘Lazos de Sangre’ (La 1 de TVE); Cristina Pardo por ‘Liarla Pardo’ (laSexta); Mercedes Milá por ‘Scott y Milá’ (#0 de Movistar+); Roberto Leal por ‘Pasapalabra’ (Antena 3 TV).

En mejor producción son finalistas Ana Rocha por ‘La cocinera de Castamar’ (Antena 3 TV); Ángeles Villamarín por ‘La isla de las tentaciones’ (Telecinco); Domingo Corral, Fran Araujo, Sofía Fábregas, Rodrigo Sorogoyen, Eduardo Villanueva e Isabel Peña por ‘Antidisturbios’ (Movistar +); Equipo de producción de TST por ‘Escenas en Blanco y Negro’ (Amazon Prime); Miguel Ángel Faura, Adrián Guerra y Nuria Valls por ‘Los favoritos de Midas’ (Netflix); y Nathalie García, Mario Briongos, Francesco Boserman, Joaquín Suárez, Sonia Cea y Deborah Sánchez por ‘Mask Singer’ (Antena 3 TV)

Además, los finalistas a mejor programa son ‘Aruseros’ (laSexta); ‘El condensador de fluzo’ (La 2 de TVE); ‘Eso que tú me das’ (laSexta); ‘La Resistencia’ (#0 de Movistar+); ‘Mask Singer’ (Antena 3 TV); ‘First Dates’ (Cuatro).

Al premio de mejor programa infantil optarán ‘Aprendemos en Clan, El debate’ (Clan de RTVE); ‘Efecte Wow Plataformes digitals del S3’ (TV Connectada, APPS, Web, Canal YoutubeS3); ‘El diario de Bita y Cora’ (À Punt); ‘Go!azen’ (ETB1); ‘Jaja Show: hora de pringue’ (Disney Channel España); y ‘Rocky Kwaterner’ (MondoTV France, Monello Productions, Peekaboo Animation, RTVE).

La categoría de mejor programa producido en España para un canal temático se elegirá entre ‘Al- Ándalus, el legado’ (Canal Historia); ‘Colgar las alas’ (#Vamos de Movistar+); ‘Drag Race’ (Atresplayer Premium); ‘Informe Robinson: Good Better Best’ (#Vamos de Movistar+); y ‘Seprona en acción’ (DMAX).

Por último, en la categoría de mejor realización han sido elegidos finalistas Carlos Guerra por ‘Lazos de sangre’ (La 1 de TVE); David Fernández Rivas por ‘El Hormiguero’ (Antena 3 TV); David Molina, Jorge Sampedro y Jonathan Sánchez por ‘Mask Singer’ (Antena 3 TV); Miquel Silvestre por ‘Diario de un nómada’ (La 2 de TVE); Seli Martínez por ‘Mi casa es la tuya’ (Telecinco); Taida Martínez por ‘Late Motiv’ (#0 de Movistar+).

En los próximos días, junto a los premios que votan ante notario los académicos, un jurado de reconocidos profesionales elegirá los Premios Iris del Jurado entre los diferentes oficios y áreas profesionales de la televisión. Además, un comité de críticos y comentaristas de televisión distinguirá con el Premio Iris de la Crítica a lo más destacado de la temporada.

El Consejo de la Academia, integrado por representantes de la Junta Directiva, operadores nacionales y entidades de gestión de derechos, se encargará de elegir los Premios Iris Autonómicos. Y también será el Consejo el que conceda, un año más, el Premio Jesús Hermida a la Trayectoria 2021, como reconocimiento a una vida profesional ligada al medio televisivo.

El Rey Felipe VI ha resaltado este viernes el «acierto» que a su juicio supuso la creación de la ONU hace 75 años y tras reconocer los avances que se han hecho en estos años, entre otras cosas en materia de igualdad, ha subrayado que aún «queda muchísimo por hacer».

Así se ha pronunciado Don Felipe en el almuerzo en honor del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que se encuentra de visita en España, donde ayer visitó la base de Naciones Unidas en Quart de Poblet (Valencia) y hoy ha mantenido sendos encuentros con el Rey y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Madrid.

Durante la pandemia, ha subrayado el monarca, «el multilateralismo se ha revelado nuevamente como el mecanismo idóneo hacer frente a problemas comunes». «Solo si los Estados trabajamos juntos encontraremos las mejores soluciones», ha defendido, incidiendo en que «poco a poco nuestras sociedades se recuperan de la pandemia y todos deseamos que sea una victoria definitiva».

En este sentido, ha insistido en que «hasta que no estemos todos libres de la pandemia no la habremos vencido», ensalzando el hito que ha supuesto haber conseguido desarrollar una vacuna contra la COVID-19 en tan poco tiempo lo que demuestra la capacidad «de la Humanidad en su conjunto para hacer frente a grandes riesgos y desafíos colectivos y globales».

Ahora, ha resaltado Felipe VI, «corresponde a los países más desarrollados hacer un esfuerzo para que las vacunas lleguen a todos» a través de mecanismos como COVAX.

Lo mismo ocurre, ha añadido, con el cambio climático, «un desafío cuya resolución no puede esperar» y que como el propio Guterres ha dicho, ha recordado el monarca, requiere de «un acuerdo de paz con la naturaleza».

Así las cosas, «tras 75 años de existencia, la creación de una institución que reúna a todos los Estados compartiendo métodos y objetivos se ha revelado un gran acierto de los delegados de la Conferencia de San Francisco de 1945», ha sostenido el Rey.

PARIDAD EN LA ONU

A aquella conferencia, ha recordado, asistieron 850 delegados, de los que solo cuatro fueron mujeres y solo una, la dominicana Minerva Bernardino, firmó el texto. Ahora, con Guterres al frente de la ONU, «se ha alcanzado la paridad en los organismos directivos» del organismo, ha celebrado, resaltando también que «la igualdad de género» es una de sus principales políticas.

Sin embargo, ha lamentado, «es una triste realidad el hecho de que las mujeres no estén suficientemente representadas en numerosas instituciones» y que «en un mundo con conflictos, las mujeres y los niños sean víctimas de discriminación o violencia». «Hemos avanzado, pero queda muchísimo por hacer», ha advertido el monarca.

En este sentido, ha dejado claro que «España cree firmemente en el Estado de Derecho, también en el plano mundial» y que «especialmente en situaciones de conflicto, la protección de los hospitales y la seguridad de las escuelas deben constituir prioridades irrenunciables».

Además, ha aprovechado para reafirmar el compromiso de España «con el multilateralismo» y con la ONU, «porque España está en Naciones Unidas y quiere que Naciones Unidas estén en España» y para felicitarle por su reciente reelección para un segundo mandato.

PROBLEMA DE LA DIGITALIZACIÓN

Por otra parte, ha advertido de que «un nuevo problema está surgiendo debido a la imparable digitalización en las comunicaciones y, sobretodo, a los abusos o mal uso que se hace de ellas».

La Base de Quart de Poblet representa, ha señalado, «la realidad y la esperanza de que ese problema se convierta en una oportunidad, y de que la revolución digital que está conociendo la Humanidad sirva para reforzar los tres grandes objetivos de la ONU: la paz y la seguridad contra el flagelo de la guerra, el desarrollo contra la pobreza y la desigualdad, y los Derechos Humanos contra la injusticia».

AGRADECIMIENTO DE GUTERRES AL COMPROMISO ESPAÑOL

Por su parte Guterres, ha sostenido que «España miembro ejemplar de la comunidad internacional« y contribuye en todos los pilares de la ONU –paz y seguridad, desarrollo sostenible y Derechos Humanos–, entre otras cosas con el despliegue de cientos de efectivos en las misiones de mantenimiento de paz o con su política exterior feminista.

«El apoyo multilateral español a soluciones globales a desafíos globales nunca ha sido más importante que hoy en día», ha asegurado, en referencia al contexto de pandemia actual y también frente al desafío del cambio climático. «España tiene mucho que ofrecer», ha aseverado, animando al país a «redoblar sus esfuerzos como puente con los países en desarrollo y como patrocinador clave de soluciones multilaterales».

Al almuerzo en el Palacio Real han asistido el presidente del Gobierno, así como la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transformación Ecológica, Teresa Ribera, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

Igualmente, han acudido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como el líder del PP, Pablo Casado, el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Teodoro Esteban López Calderón, el exministro Javier Solana o el jugador de baloncesto y embajador de UNICEF Pau Gasol.

El hasta hoy alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), ha formalizado este viernes su «renuncia voluntaria» en el transcurso de un pleno extraordinario y urgente en el que ha defendido su gestión y ha reprochado a los concejales del PP y a los dos exediles de Cs que «abandonasen» el gobierno de coalición que conformaban ambos partidos, «con buenos resultados para la ciudad», por «pura ambición».

A partir de ahora, el edil José Antonio Huertas (Cs), el único que ha permanecido en el gobierno estas tres semanas junto a Salvador, ejercerá como alcalde en funciones y se abre un plazo máximo de diez días hábiles para que sea investido un nuevo regidor.

Antes de formalizar su renuncia Salvador, que mantiene el acta de concejal, ha leído un escrito en el que ha defendido su gestión al frente del Ayuntamiento y ha reconocido que «el destino» le ha «deparado cosas» que no esperaba. Así, ha dicho que «nunca hubiera podido pensar que un partido como el PP permitiese que sus concejales abandonasen sus responsabilidades en el gobierno y con los granadinos con la única intención de conseguir un sillón y un intercambio de nombres en la Alcaldía».

«Como tampoco hubiera imaginado pensar que dos ediles de Ciudadanos, con los que he compartido proyecto e ilusión y a los que he otorgado siempre mi confianza traicionaran el voto de los granadinos y contribuyeran a romper un gobierno con buenos resultados para esta ciudad (…) haciendo saltar por los aires una gestión seria y eficaz por puro egoísmo y ambición».

Ha insistido en que durante estas tres últimas semanas ha pedido al PP que «volviese al gobierno, con sucesivas negativas por su parte» y ha defendido que «siempre» ha antepuesto «los valores de honestidad, integridad y honradez en su labor», al tiempo que ha deseado «la mejor de las suertes» a su sucesor «porque eso será –ha dicho– bueno para los granadinos».

Luis Salvador accedió el 15 de junio de 2019 a la alcaldía en el marco de un acuerdo con el PP en el ámbito nacional, conforme al que ha gobernado en un bipartito casi dos años en la primera mitad del mandato, tras recibir los votos para su investidura de los tres ediles de Vox, que se sumaron a los entonces siete populares y cuatro de Cs, hasta completar la mayoría absoluta de un Pleno en el que el PSOE es el grupo mayoritario, con diez corporativos, y Unidas Podemos tiene tres.

«PACTO VERBAL»

Recién investido alcalde, ya tuvo que hacer frente a las primeras preguntas sobre la existencia de un pacto verbal –que él nunca ha reconocido– con el que entonces era cabeza de lista en la capital granadina y presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, que fue su primer teniente de alcalde si bien terminó saliendo del equipo de gobierno local y dejando su partido antes del ecuador del mandato.

Días antes de que se cumplieran los dos años de su investidura, los seis ediles que conservó el PP tras la marcha de Pérez, que mantiene el acta como no adscrito, abandonaron el equipo de gobierno local. Les siguieron dos ediles del grupo de Cs, Manuel Olivares, que sí había reconocido que hubo un pacto para la alternancia, y Lucía Garrido. Olivares abandonó el partido y Garrido, independiente, dijo que seguiría trabajando por la cultura de la ciudad. Ambos siguen siendo concejales no adscritos, por lo que el grupo de Cs quedó conformado por dos ediles, el propio Salvador, y su teniente de alcalde, José Antonio Huertas.

Salvador, de 58 años y funcionario de carrera en la Diputación de Granada, recaló en Cs tras comenzar su carrera política en el PSOE, formación de la que fue senador por la provincia granadina entre 2004 y 2011. Por el partido naranja, fue cabeza de lista a las municipales en la ciudad de la Alhambra en 2015. Fue decisivo entonces su voto para la investidura de José Torres Hurtado como alcalde popular, tras perder la mayoría absoluta en el Pleno de la Plaza del Carmen, donde está el Ayuntamiento.

En 2016, la detención de Torres Hurtado en el marco de la investigación de la operación Nazarí por una supuesta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento y su posterior dimisión, llevó a que facilitara la mayoría que dio la Alcaldía al socialista Francisco Cuenca.

La diputada de Unidas Podemos y portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, ha lamentado las «desafortunadas declaraciones» del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tras decir que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional producirá un «ajuste moderado» sobre la pensión de los llamados ‘baby boomers’.

En un comentario en Twitter, la parlamentaria ha subrayado que estas palabras del ministro responden «a su opinión, en ningún caso compartida ni presente en el actual acuerdo» de reforma de las pensiones que ayer suscribieron el Gobierno y los agentes sociales.

«Quiero ser muy clara. En ningún caso (la opinión de Escrivá) forma parte del acuerdo que se presentó ayer sobre las pensiones. Es una posición no compartida ni por Unidas Podemos, ni por los agentes sociales ni tampoco por este Gobierno», ha ahondado en declaraciones posteriores.

«CONFUSIÓN Y ENFADO MUY COMPRENSIBLE»

Y es que Vidal ha explicado que las palabras de Escrivá hablando de ajustes en las pensiones de la generación del ‘baby boom’ les «sorprendió», pues generaron un «confusión y enfado muy comprensible» tanto en trabajadores como en el colectivo de pensionistas.

Vidal ha proseguido para reivindicar que el pacto de reforma de las pensiones es fruto «básicamente» de «años y años de lucha» por parte de sindicatos y movimientos sociales para derogar la reforma de pensiones del PP, que es «exactamente lo que ocurrió» con la presentación del acuerdo.

Un pacto que, según ha relatado, da más garantías al asegurar que las pensiones «van a subir y que los pensionistas no van a perder poder adquisitivos», eliminando el factor de sostenibilidad que introdujeron los populares y recogiendo «nuevos derechos», como en el caso de los becarios.

COMPROMISO CON LAS PENSIONES DIGNAS PARA TODAS LAS GENERACIONES

Por tanto, Vidal ha querido mandar un «mensaje de tranquilidad» a trabajadores y pensionistas, dado que el pacto de ayer se trata del primero de los dos acuerdos que se tienen que adoptar y aún queda «mucho por debatir», como el incremento sobre pensiones mínimas y no contributivas.

En consecuencia, ha proclamado que este Gobierno y «especialmente» Unidas Podemos están «absolutamente comprometidos con el sistema público de pensiones, con pensiones suficientes, dignas y para todas las generaciones». «Este es el acuerdo de gobierno y el ministro Escrivá tendrá que cumplir básicamente con el acuerdo firmado», ha zanjado.

La diputada de Unidas Podemos ya emplazó ayer a Escrivá a que se centrara en explicar y desarrollar el acuerdo de revalorización de pensiones y no «en sus opiniones personales» sobre el índice de equidad intergeneracional.

EL MINISTRO RECONOCE QUE «AYER NO TUVO SU MEJOR DÍA»

Esta mañana el ministro ha reconocido que «ayer no tuvo el mejor día» y que el mecanismo de equidad intergeneracional está todavía por definir.

También ha confesado que «siempre dice que hay que transmitir certidumbre a los pensionistas y que ayer no transmitió adecuadamente esa certidumbre al hablar de algo que todavía está por definir». «Se me entendió mal», ha matizado.

Unidas Podemos ha ensalzado el acuerdo de reforma de las pensiones, que deroga el factor de sostenibilidad que impulsó el PP y revaloriza las prestaciones en base al IPC, pero también ha dejado claro que el nuevo índice de equidad intergeneracional «no podrá suponer recorte de prestaciones futuras».

Cáritas Española ha aprobado en los dos últimos meses diversas partidas por un importe de 400.000 euros para apoyar intervenciones urgentes de ayuda humanitaria para las comunidades desplazadas a causa de los desastres naturales o la violencia en la República Democrática del Congo, Sur Sudán, Mozambique, Nicaragua e Indonesia.

El apoyo a los programas de acompañamiento a las necesidades de las personas desplazadas por parte de las Cáritas locales es uno de los ejes de la acción que realiza Cáritas Española en el ámbito de la cooperación internacional y que, de manera prioritaria, se dirige hacia aquellas comunidades más vulnerables y se quedan al margen de las ayudas oficiales, ha explicado la entidad.

En cuanto a R.D Congo, la ONG destaca el crecimiento de la precariedad tras un desastre natural, el pasado mayo, provocado por una nueva erupción del volcán Nyaragongo, en la región el Kivu Norte. Según ha indicado, la situación de la población desplazada (unos miles) es de «extrema vulnerabilidad».

Cáritas puso en marcha una respuesta inmediata para prestar ayuda humanitaria de emergencia a 400 familias que huyeron de los barrios de Goma afectados por la orden de evacuación decretada por el gobernador militar de la región de Kivu del Norte. Muchos han sido acogidas por otras familias en una zona que, indica la organización, en el último año ya han recibido a otros desplazados por enfrentamientos entre ejército y grupos armados.

Para esta zona, Cáritas Española ha ayudado con una partida de 16.000 euros para distribuir a los afectados lotes de artículos no alimentarios básicos y una pequeña cantidad en efectivo que les permitan comprar alimentos en el lugar de acogida o para emprender la vuelta a casa.

CRISIS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Este programa humanitario, que tiene un presupuesto total de 35.000 euros, se puso en marcha el pasado 10 de junio y se prolongará hasta el 10 de agosto.

En Sur Sudán, por su parte, intentan superar la crisis generada por el conflicto en Torit y Yei, regiones del país, que han provocado una crisis de seguridad alimentaria y de medios de subsistencia, tanto a la población desplazada como a las familias más vulnerables de las comunidades de acogida.

En este caso, la entidad lleva a cabo desde el pasado mes de junio un programa de respuesta humanitaria para 1.200 hogares dirigido a mejorar la alimentación de los afectados. En este caso, las actividades previstas se prolongarán hasta el 31 de enero de 2021 y Cáritas Española ha apoyado esta emergencia un fondo de 95.000 euros aportados íntegramente por el Cabildo de Gran Canaria.

Ya en Mozambique, la entidad trabaja en la provincia de Cabo Delgado que está sumida en un conflicto armado desde octubre 2017 y atraviesa desde hace un año la más sangrienta ola de violencia extremista que ha originado el desplazamiento de miles de personas.

HACINAMIENTO DE FAMILIAS DESPLAZADAS

Dentro del plan de asistencia humanitaria de la Cáritas local se ha proyectado la construcción de 50 viviendas de acogida permanente con vistas a aliviar el hacinamiento que las familias de desplazados –en un 90% mujeres y niños– padecen actualmente y cuyas precarias condiciones de vida se han puesto aún más de manifiesto con las últimas lluvias.

Al respecto, Cáritas Española ha aprobado un fondo de 55.958 euros para financiar este programa de viviendas, de los cuales 41.313,50 euros han sido aportados por el Gobierno balear.

Por otra parte, en Nicaragua están luchando contra los huracanes Eta e Iota, que en noviembre pasado asolaron buena parte del istmo centroamericano, y siguen reclamando la respuesta humanitaria de las Cáritas locales. En este país, la entidad ha puesto en marcha un programa de rehabilitación temprana de 200 familias afectadas pertenecientes a 6 comunidades.

Los ejes de este proyecto se centran en recuperar unos medios de vida que proporcionen a estas familias ingresos económicos básicos; garantizar su seguridad alimentaria y nutricional, en especial la de los niños y mujeres embarazadas; y proporcionar acceso al agua potable y saneamiento. Para ello, Cáritas Española ha destinado a este proyecto, que se puso en marcha en marzo pasado y estará operativo hasta finales de febrero de 2022, un total de 66.437,42 euros.

Y finalmente, en Indonesia el objetivo de la ONG es la atención de las personas desplazadas en la región central de Sulawesi por el maremoto de 2018 en la zona, con la construcción de 60 viviendas permanentes para familias vulnerables. Este proyecto cuenta con un presupuesto de 354.741 euros, de los cuales 50.718 han sido aportados por Cáritas Española.

La juez decana de Palma, Sonia Vidal, ha defendido este viernes el auto que respaldó la salida de los estudiantes del ‘hotel puente’ Bellver asegurando que el Govern no dio una «respuesta cumplida» a lo que se le solicitaba desde el Juzgado para poder avalar el confinamiento forzoso de los jóvenes.

En declaraciones a los medios, Vidal ha sostenido que el Govern no «había subsanado» lo que le pedía el Juzgado, que, «con uso de sentido común y buena fe», solicitó más información al Ejecutivo antes de tomar la decisión, posibilitando que «se pudiera subsanar» la petición inicial.

«Si esa información se hubiese dado en los términos que se solicitó, probablemente la decisión hubiera sido distinta», ha detallado.

Vidal ha apuntado que el auto del Juzgado consideró «excesivamente genérica» la resolución del Govern para justificar «por qué y a quién se confina», y que eso «impidió poder adoptar la decisión que se hubiera querido» por colisionar con los derechos fundamentales de las personas.

«Una motivación no requiere de tres páginas, bastaba con decir por qué y dar una pequeña explicación», ha recalcado.

La jueza ha pedido, además, respeto por las decisiones judiciales y la separación de poderes, tras las críticas del vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, de quien ha dicho que ahora es «más político que magistrado».

«Seguro que no ha olvidado que, cuando hay una limitación de derechos fundamentales, se tiene que motivar. Otra cosa es que ahora su postura sea como miembro del Govern y no como miembro de la judicatura», ha recalcado. «Cada uno debe saber cuál es su papel y se tiene que tener claro que hay una división de poderes que debe mantenerse», ha apostillado.

Sobre la posibilidad de que el Govern volviera a optar por un confinamiento forzoso si ocurriera una situación similar, Vidal ha aclarado que desde los juzgados no se impediría necesariamente, siempre y cuando se dicte una resolución motivada correcta y «vestida con las normas que el propio Govern dicta».

Si esto se cumple, ha añadido, «no hay ningún inconveniente en que se tomen medidas; de hecho, podríamos aplicar la misma medida ahora mismo».

LOS PASOS DE LA RESOLUCIÓN

Según ha explicado Vidal, tal y como recoge la normativa del Govern balear, cuando hay una persona que puede afectar a la salud pública «y voluntariamente no quiere ser confinada o internada», es la autoridad sanitaria la que debe dictar una resolución motivada.

«Desde el momento en que esa decisión afecta a los derechos fundamentales de las personas, es necesario que luego se vea ratificada por una autoridad judicial», ha indicado.

Además, la juez ha lamentado que el foco de atención se esté poniendo en la resolución judicial, «cuando debería ponerse en un momento anterior, en la resolución administrativa previa conforme a la legislación del Govern». En esta resolución se debe aclarar quién es contacto estrecho y a quién se debe confinar.

«La salud pública es un derecho importantísimo, pero los derechos fundamentales requieren una motivación mínima. La solución era tan sencilla como responder a lo que se pedía», ha concluido.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid considera que no hay acusación «legitimada» en la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid sobre el ‘caso Plus Ultra’ al considerar que el sindicato Manos Limpias debía haber presentado una querella en lugar de una denuncia contra el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora.

En un auto de 8 de junio, los magistrados dan plazo al sindicato para que «subsane» tal «defecto» mediante la presentación de la oportuna querella que «cumpla con los requisitos legalmente exigidos».

Así, la Audiencia Provincial de Madrid estima parcialmente el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la causa penal abierta contra Bartolomé Lora ante los indicios de un presunto delito de malversación y tráfico de influencias al conceder una ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.

«VULNERACIÓN DE LEY»

Los magistrados concluyen que el procedimiento en el juzgado madrileño se inició «en virtud de esa sola denuncia» de Manos Limpias, lo que supone una «vulneración» de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y asegura que se trata de «un fraude de ley» con el que se pretende iniciar una instrucción penal «eludiendo» las exigencias legales de presentación de querella y prestación de fianza.

En el marco de la resolución, se subraya que la juez Esperanza Collazos «no reparó en dicho defecto» y que tras la personación de la Abogada del Estado –en representación del vicepresidente de la SEPI– dio traslado a la Fiscalía, por lo que concluye que «no hay acusación válidamente constituida ni legitimada en las presentes actuaciones».

La magistrada indicó en su auto que los hechos que se incluían en la denuncia «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Por ello, y al no estar determinada ni la naturaleza de los hechos ni las personas que en ellas han intervenido, acordó la incoación de diligencias previas y la práctica de «aquellas esenciales» para realizar estas averiguaciones.

SUBSANAR EL DEFECTO

La Audiencia Provincial de Madrid hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que dicta que «sin acusación o con acusación fuera de la ley no puede iniciarse un proceso y, si se inicia, debe terminarse tan pronto se constate esta grave anomalía procesal», pero advierte que en este caso tal «defecto» puede «ser subsanado» y avisa a Manos Limpias de que debe presentar querella.

El sindicato cuestionaba en su denuncia que se pueda considerar a Plus Ultra como estratégica, «cuando operaba con el 0,03% de los vuelos en España» y ha registrado números rojos desde que se fundó en 2011, acumula unas pérdidas de 10 millones de euros y dispone de un «único avión de Plus Ultra solo ha hecho un vuelo a Venezuela (…), transporta el 0,08% de los pasajeros internacionales y aporta menos del 1% de las conexiones aéreas».

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a 15 años de cárcel y a ocho de libertad vigilada a un hombre que abusó sexualmente de dos sobrinas cuando eran menores de edad. Además, el tribunal le ha impuesto la inhabilitación para cualquier oficio o profesión que conlleve contacto regular y directo con menores durante ocho años.

Según el fallo, el condenado como autor criminalmente responsable de dos delitos continuados de abusos sexuales, tampoco podrá aproximarse ni comunicarse con las víctimas durante siete y cinco años, respectivamente.

Los magistrados relatan en la sentencia que el condenado «tenía una relación estrecha con sus sobrinas, que solían acudir a reuniones familiares en su casa y pasaban allí tardes y noches como consecuencia de las obligaciones laborales de sus padres».

La Audiencia considera acreditado que cuando la sobrina mayor cumplió nueve años comenzó a abusar de ella. «Hechos similares ocurrieron en numerosas ocasiones a lo largo de dos años, cuando el acusado estaba en casa y no embarcado», indican los jueces, quienes subrayan que le decía a la niña «que lo que estaban haciendo era normal, que a sus amigas también se lo hacían, que todas pasaban por eso».

Cuando la menor tenía unos 11 años, según consta en la sentencia, «tomó conciencia del alcance de esos hechos, se negó a que su tío la tocase y evitó las ocasiones en que pudiese volver a hacerlo».

El investigado también abusó de la hermana pequeña de la víctima desde que tenía ocho años. «Al cumplir los 11 años, comenzó a evitar a su tío. Este le insistía para que accediese a sus peticiones, ofreciéndole una recompensa y comprarle algo que le gustara, requerimientos y ofertas que se repitieron en años posteriores», señalan los magistrados.

ALEJAMIENTO

Por ello, ha sido condenado en concreto por la comisión de un delito continuado de abusos sexuales con introducción de miembros corporales a la pena 12 años de cárcel y por un delito continuado de abusos sexuales, a otros tres.

Asimismo, en ambos casos con la accesoria legal de inhabilitación absoluta para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a la pena de inhabilitación especial para cualquier oficio o profesión que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por tiempo de ocho años, indica el tribunal.

También concreta la Audiencia en el fallo la pena de prohibición de comunicarse por cualquier medio y de aproximarse a menos de 300 metros de ambas sobrinas, de su domicilio y centro de estudios por un tiempo de por un tiempo de siete años respecto de una y de cinco de la otra.

Además, se le impone la medida de libertad vigilada durante ocho años y en concepto de responsabilidad civil el condenado deberá indemnizar a las víctimas en la cantidad de 30.000 euros en un caso y de 40.000 euros en el otro.