La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha indicado que la Junta de Andalucía se personará en la causa judicial que se abra por el incendio de Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga, porque "realmente se siente afectada por las circunstancias", al tiempo que ha añadido que propondrán la constitución de un grupo de trabajo técnico-científico que se encargue de la elaboración y el diseño del plan de reforestación y restauración de la zona, como "ya hicimos en el incendio de Almonaster la Rela (Huelva)".

En comisión parlamentaria, que ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de Carlos Martínez, Crespo ha recordado que ya han comenzado los trámites para pedir la medalla al mérito civil a título póstumo para el bombero forestal fallecido y ha vuelto a agradecer labor del Infoca y de todos los demás dispositivos, para destacar que el incendio de Sierra Bermeja "no tiene precedentes en nuestro país" y que "es el más complejo" al que se han enfrentado los servicios de extinción de incendios forestales de España. "Han venido especialistas de toda España a estudiar este incendio", ha apostillado.

"Todas las administraciones, entidades y ciudadanos han estado a la altura de la circunstancias", ha insistido Crespo, quien ha destacado la "transparencia" durante todo el proceso "incorporando a los alcaldes, delegados y subdelegados a las reuniones de coordinación del Infoca" y la llegada de medios desde Madrid, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Valencia y Cataluña.

Crespo ha indicado que, de manera provisional, son 9.640 las hectáreas quemadas, aunque ha dicho que "hay que esperar porque el incendio no está aún extinguido", y ha detallado que hay afectadas 54 explotaciones agrícolas y ganaderas, "muchas de ellas gravísimamente"; la superficie agrícola y ganadera con daños ronda las 260 hectáreas, el 90 por ciento castaños; y 110 kilómetros de cauces de ríos y arroyos ha sido afectados.

La titular de Desarrollo Sostenible ha destacado la incorporación de los medios aéreos, "con llamas con más de 30 metros de altura y viento cambiante, por lo que hubo que extremar la seguridad de los medios terrestres y retirar durante horas los 350 efectivos del Infoca que estaban trabajando en el incendio", lo que hizo que "en muchos momentos fueran los medios aéreos los únicos que podían trabajar, e incluso había momentos en los que no se podían acercar en exceso al incendio por el riesgo de accidente".

Ha criticado el debate "estéril" sobre la incorporación de la Unidad Militar de Emergencia (UME), que "se llamó en el momento en que los técnicos dijeron que lo necesitaban". "Fue el 12 de septiembre, cuando ocurrió que una pavesa nocturna saltó y provocó otro incendio adicional, que ya tuvimos que tomar la decisión al respecto, porque hubo que desalojar dos municipios completos, Jubrique y Genalguacil", ha explicado.

Crespo ha añadido que "hay que mirar hacia adelante, porque si los técnicos y científicos nos dicen que probablemente tengamos circunstancias de incendios de sexta generación, tenemos que prepararnos para ello y trabajar para evitarlos". "No se trata de más o menos recursos en prevención, se refiere también al éxodo rural, y a qué hacemos en las zonas forestales de nuestra tierra, que tienen que estar vivas, no desalojadas y abandonadas", ha manifestado, al tiempo que ha indicado que "este es el gran debate que tenemos que librar" y que el Gobierno andaluz "está dispuesto a escuchar las aportaciones de todos los grupos".

"Este es el gran debate porque se han movilizado recursos" y hay que hacer "una simplificación administrativa más exhaustiva", ha añadido, al tiempo que ha apuntado que "espera que en estos días pueda extinguirse el incendio" y que "hoy siguen trabajando más de 36 bomberos forestales, dos agentes de medio ambiente y dos autobombas, más los medios aéreos".

Sobre las actuaciones de emergencia, ha afirmado que "en un mes y medio, aproximadamente, pueden empezarse a hacer las actuaciones de emergencia, para evitar correntías de tierra y que la naturaleza por sí misma pueda hacer su trabajo" y "vamos a proponer adicionalmente, como ya hicimos en el incendio de Almonaster la Real (Huelva), la constitución de un grupo de trabajo técnico-científico, que se encarga de la elaboración y el diseño del plan de reforestación y restauración de la zona".

"Es un comité funcional que tiene que establecer medidas concretas", ha resaltado, para añadir que en los parques naturales "están impulsando los programas de desarrollo sostenible para impulsar los aprovechamientos de la zona y que además se respeten las cuestiones de medio ambiente", y en esta caso "vamos a poner en marcha un programa de desarrollo sostenible para la zona de Sierra Bermeja y Valle del Genal", para "recuperar el potencial productivo" de la zona y "tener medidas adicionales" para ellos.

Ha defendido la reforma del Código Penal y ha informado que sea declarada zona gravemente afectada por emergencia de Protección Civil, en que "están de acuerdo" las dos administraciones. "Tenemos que crear ya tranquilidad y serenidad en la zona y, sobre todo, crear ilusión para el futuro. No hemos perdido ni un día, trabajando en la valoración y poniendo encima de la mesa todas las medidas y ayudas que podamos tener para los afectados", ha concluido Crespo, quien ha subrayado que "es el incendio que más medios ha tenido en toda la historia de Andalucía".

El socialista José Luis Ruiz Espejo ha afirmado que "es momento de ir aclarando las distintas contradicciones de los primeros días, de los medios movilizados y también de las peticiones de alcaldes y técnicos para proteger las distintas fincas y espacios forestales y que en su momento no fueron atendidos", para añadir que han tenido que "reclamar durante algunos meses poner en marcha medidas preventivas". Ha lamentado la "ajustada" plantilla de agentes de medio ambiente en al zona del Genal y que la ejecución de presupuestos de determinados programas de prevención ambiental "apenas se haya ejecutado un 10% en este ejercicio", que hace que "muchas medidas no se hayan podido adoptar".

ADELANTE PIDE "ESTABILIDAD" PARA LOS BOMBEROS FORESTALES

Ismael Sánchez, de Adelante Andalucía, ha considerado "imprescindibles" políticas transversales que contemplen el cambio climático, para añadir que "tiene mucho que ver el abandono del mundo rural". "Hay que dar pasos, como la modificación de la Ley de Montes, prohibir construir en terrenos forestales, y crear un grupo de trabajo relativo a la prevención social de grandes incendios en Andalucía", ha asegurado, para espetar a Crespo que "tiene que hacer una reflexión y autocrítica". Además, ha dicho que los bomberos del Infoca "no pueden ser ahora nuestro héroes ahora y parados en octubre", y ha pedido la "estabilidad" laboral de esto profesionales.

Desde Vox, Eugenio Moltó ha señalado que el incendio ha arrojado "cifras históricas" y ha pedido "no empezar otra vez con la herencia recibida" porque "lo importante es la zona". Ha añadido que la "clave" de todo es la prevención, y ha criticado que en el Valle del Genal "hubiese once agentes de medio ambiente y que ahora solo haya tres", por lo que pide mayor número y "dotarlos de tecnología más modernas. "La revolución verde no está funcionando", ha sentenciado.

Enrique Moreno, de Cs, ha apuntado que el cambio climático "influye mucho en la nueva situación y en la gravedad" de los incendios", pero "influye de manera alarmante el éxodo rural", mientras que el popular José Ramón Carmona ha saludado la creación de ese grupo de trabajo técnico para la elaboración del plan de reforestación.

El exvicepresidente del Gobierno de España, Alfonso Guerra, ha afirmado este martes que la Constitución de 1978 es "un acta de paz, de armisticio después de una guerra civil durísima, una dictadura larguísima y dos siglos de enfrentamientos irracionales de las dos Españas", tras lo que ha advertido de que "existe cierto riesgo de desandar lo caminado".

Ha intervenido en el Foro de la Asociación de Ejecutivos y Directivos de Aragón (ADEA), en Zaragoza, impartiendo una conferencia acompañado por el presidente de la entidad, Salvador Arenere. Guerra ha manifestado su "creciente inquietud por cómo algunos quieren derribar esa obra" de la Transición y ha animado a "reaccionar desplegando las virtudes que la Constitución atesora", alertando contra "la vuelta al cainismo".

Alfonso Guerra ha dicho que la Constitución de 1978 es "un texto de gran calidad", aunque "algunos cambios podrían ser convenientes", no realizar "una revisión social o del proceso constituyente", pero sí "actualizar algunos preceptos superados por el paso del tiempo".

Para Guerra, "en las circunstancias actuales es necesaria la afirmación de España como nación y Estado", lamentando que a algunos dirigentes "parece que les avergüenza decirlo".

"No son pocos los que consideran que la derecha es heredera de aquella que patrimonializaba el concepto de España y que la izquierda no tiene fuste para desprenderse del antifranquismo"

Guerra ha dicho que "la idea de España se ha formado con contrastes extremos: la nobleza de espíritu y la intolerancia", subrayando que "parece que gana terreno en los últimos años la España de la infamia", frente a lo que ha aseverado que "amar a la patria tiene que dejar de ser el emblema de la derecha reaccionaria, que durante años expropió al conjunto de los españoles conceptos que son de todos".

Ha avisado de que si no se reivindica España "seguirá en el aprisco de la más conservadora derecha", por lo que "ha llegado el momento de que los progresistas se despojen de los prejuicios y proclamen su patriotismo". El exvicepresidente se ha mostrado partidario de estudiar la Historia reciente, pero no de "abrir heridas", sino de "cerrarlas"

INESTABILIDAD

Guerra ha destacado que algunos nacionalistas y populistas promueven "la inestabilidad" para "derribar la Monarquía y desconectar algunas comunidades de España" en un contexto en el que "el deporte de moda es jugar con fuego bajo la premisa de que todo es gratis.

Ha indicado que "la permanencia del estado del bienestar preocupa a todos los partidos, pero será imposible si no se defiende la existencia del Estado mismo" y ha elogiado el bipartidismo, al considerar que "no es posible" decir que el Parlamento pluripartidista es mejor que el bipartidista.

Guerra ha recordado que España lleva "43 años en paz y con un progreso relativo", por lo que ha emplazado a "no permitir que los grupos minoritarios arrastren a todos a un enfrentamiento", avisando de que "la balcanización de la sociedad se fragua silenciosamente y cuando se manifiesta no se puede detener".

ACUERDOS

Guerra ha lamentado que "se llegan a proclamar vetos a algún partido constitucionalista, pero sí se puede negociar con los enemigos de la libertad", añadiendo que "los partidos del espacio del centro derecha e izquierda se empeñan en mejorar la imagen de los grupos contrarios al sistema, cada uno al que tiene más próximo", de forma que "los partidos del centro promocionan a los dos extremos" y "las consecuencias podrían ser funestas".

Ha apostado por priorizar "el acuerdo entre partidos democráticos antes que con los que no respetan las normas del Estado de Derecho o no se sienten vinculados a él y quieran sustituir la democracia representativa por experimentos que acaban asolando la libertad", alertando de que "la amenaza del acceso al poder en Europa a personajes que empiezan a recordar los mismos problemas que en los años 30".

INDULTOS

Guerra ha criticado a quien opina que "el tío de Waterloo es una víctima" y ha lamentado que "hay gente convencida de que los facinerosos son víctimas y en España la elite política aún no ha querido reaccionar". Ha reconocido que "el indulto existe", pero "a nadie se le ocurre darlo a una persona que dice 'yo lo voy a hacer otra vez" porque "es una contradicción cultural".

A juicio del ponente, "el PP tiene un pecado original, que todavía no ha condenado la dictadura de Franco y eso es tremendo", a lo que ha añadido que "aquí no va a haber normalidad" hasta que "la derecha abomine de la dictadura de Franco y la izquierda no deje la idea idílica de la II República", sobre lo que ha puesto el ejemplo de las últimas elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, donde "ni había dilema comunista ni fascista".

Del líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado que "con los colmillos que hay en los partidos lo tiene complicado", insistiendo en que "hay gente que tiene mucha malevolencia".

En otro orden de cosas, Alfonso Guerra ha opinado que "España tiene que reivindicar una posición internacional" porque en etapas anteriores "había una autoridad de la que hoy carecemos".

El Gobierno ha aprobado este martes, en el Consejo de Ministros, una declaración institucional en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, en la que muestra su "compromiso" con su "erradicación" y, para ello, apuesta por medidas "integrales" de "protección, atención y recuperación" de sus víctimas.

El texto aprobado, también destaca el "sólido compromiso" del Ejecutivo español "con la igualdad real yefectiva entre mujeres y hombres" que, a su juicio, "exige necesariamente la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y, específicamente, la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual".

"La explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual representan una forma de esclavitud moderna que utiliza a las personas en situación de mayor vulnerabilidad como simple mercancía, violando de forma flagrante los derechos humanos", apunta el Gobierno.

El Ejecutivo destaca los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que recogen que la explotación sexual es la principal finalidad de la trata (50% de los casosidentificados) de las 50.000 víctimas registradas a nivel global, que la trata "sigue teniendo como principales víctimas a las mujeres y las niñas", que representan el 65% de las víctimas identificadas. Ese mismo informe, indica el texto, señala que el 92% de las víctimas de explotación sexual son mujeres y niñas.

En este sentido, apunta que, "con frecuencia, la condición de personas migrantes y la discriminación racial generan, además, una situación de particular vulnerabilidad a esta forma de explotación".

COMPROMISOS INTERNACIONALES

También recuerda los compromisos asumidos por España en esta materia a través de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y por el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo), así como por la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing para el desarrollo de políticas públicas contra la trata de mujeres y niñas.

En este sentido, señala la aprobación de la ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género; la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; o el proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, en los pasados meses como normas que "consolidan derechos feministas", y "en particular, de las víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual".

"Nuestro objetivo es garantizar el establecimiento, la mejora y la adaptación de los recursos y servicios públicos a las circunstancias de máxima vulnerabilidad de las víctimas de trata y explotación sexual, desde una perspectiva interseccional, sobre todo, de quienes son migrantes y menores de edad, para atender sus necesidades específicas desde la garantía de los derechos de las víctimas, especialmente el derecho a la reparación integral del daño sufrido", apunta el texto aprobado en el Consejo.

"Mediante esta Declaración Institucional, el Gobierno de España expresa su sólido compromiso con la igualdad de género, los derechos de todas las mujeres y niñas y la erradicación de la explotación sexual y la trata de seres humanos, y con el desarrollo de medidas integrales que, mediante la colaboración y cooperación entre todas las administraciones, instituciones y organizaciones especializadas, promuevan la prevención, la atención y recuperación de las víctimas de trata con fines de explotación sexual desde un enfoque de derechos humanos", concluye la declaración.

Esta ha sido aprobada a propuesta de la ministra de Igualdad, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la ministra de Justicia, el ministro del Interior, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La eurodiputada de Cs, Maite Pagazaurtundua, ha asegurado este martes en Burgos que "sin la Unión Europea, España habría quedado a la deriva durante la pandemia", una crisis sanitaria que podría haber sido una "catástrofe" sin el respaldo de las instituciones europeas.

Pagazaurtundua, quien ha mantenido un encuentro con representantes de Ciudadanos dentro de su caravana por la Conferencia de Europa, ha advertido también de que la corrupción podría haber sido la protagonista de la vacunación masiva, de no haberse canalizado a través de la Unión Europea.

Por eso, ha destacado la importancia de un momento como el actual para definir la hoja de ruta sobre lo que se pretende de la UE en el futuro, con el objetivo de conocer las reglas del juego en un mundo transformado.

Para ello, ha dejado clara la importancia de la Conferencia de Europa, un proceso diseñado de abajo a arriba con temas trascendentes como el cambio climático, la industria o la juventud.

En este sentido, y tras poner en valor la democracia como elemento clave del proceso, ha recalcado que los europeos tienen la obligación de definir este futuro.

"Es el momento de definir cómo se quiere que sea Europa", ha aseverado.

Maite Pagazaurtundua ha destacado que la forma es esencial en la conferencia europea, donde se ha habilitado una plataforma digital con un algoritmo que rastrea palabras clave para trasladarlas a paneles ciudadanos, con el fin de conocer qué preocupa realmente a la ciudadanía.

Entre otras cuestiones, ha puesto el acento en la conectividad y la digitalización, elementos necesarios "para que Europa no se muera" y dar opciones de futuro al medio rural.

Las dos hermanas del colegio Alba Plata de Cáceres que se encontraban sin asistir a clase después de que sus padres rehusasen que acudieran al centro con mascarillas han regresado a las aulas este martes, día 21, por la mañana.

Las dos niñas lo han hecho portando mascarillas y tras la "buena predisposición" tanto de la familia de las menores como de la Junta de Extremadura para resolver el "conflicto" abierto.

De este modo lo ha explicado en rueda de prensa este martes en Mérida el secretario general autonómico de Educación, Francisco Javier Amaya, quien ha destacado que la situación se ha resuelto "felizmente" en el ámbito educativo, desde la aplicación del "diálogo" y de protocolos propios de la educación.

En todo caso, Amaya ha añadido que la Junta de Extremadura continuará solicitando a Fiscalía de Menores el informe sobre lo ocurrido que se encuentra en proceso, para que lo que ha pasado pueda aportar "ejemplo" de cómo actuar ante "constancias e indicios" de que se pudieran estar vulnerando derechos fundamentales de menores en otros casos similares en el futuro.

ALEGRÍA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El secretario general ha explicado que, tras el regreso a las clases de ambas niñas, la jornada escolar se ha desarrollado "no sólo con normalidad sino con la alegría de la comunidad educativa", y con el "gesto simbólico" de los compañeros de las dos alumnas (una de 3º y otra de 5º de Primaria).

Al mismo tiempo, Amaya ha destacado como otra "buena noticia" que finalmente el "conflicto" se ha resuelto "en el ámbito educativo", gracias --ha indicado-- al "seguimiento educativo" que ha habido desde el "origen" del conflicto hasta ayer mismo y de las llamadas de las tutoras "para preocuparse por la situación de las niñas", y gracias también a la "mano tendida" de la directora del colegio.

También, gracias a la "buena predisposición siempre y al diálogo constante con la familia" y a la "buena predisposición de la familia también a la hora de escuchar cuál era la situación que se estaba viviendo".

"Gracias también a los procesos y estrategias de mediación hoy podemos decir que sin necesidad de acudir a otras instancias que se salen de los límites estrictamente educativo, desde el diálogo, con normas y documentos y protocolos propios de la Educación se ha resuelto felizmente un conflicto como se hace en Educación", ha resaltado.

En esta línea, ha subrayado que este tipo de conflictos en Educación "siempre se abordan de la misma manera, desde la mediación, desde el diálogo, poniendo de acuerdo a los distintos vectores de la comunidad educativa".

Francisco Javiver Amaya ha incidido, al mismo tiempo, en que este "conflicto" ha sido resuelto "felizmente", así como en que por parte de la Consejería de Educación y Empleo en el mismo "siempre ha primado el interés superior del menor, siempre ha primado la integridad de estas niñas, sin poner en peligro la salud y la seguridad del resto de miembros de la comunidad educativa".

En todo caso, ha recordado que se habían dictado instrucciones para "extremar" las medidas de seguridad.

INFORME DE LA FISCALÍA

De igual modo, y con independencia de que el caso se ha resuelto "en el ámbito educativo", el secretario general ha informado de que la Junta de Extremadura continuará solicitando a la Fiscalía Provincial de Menores el informe sobre este caso de las dos niñas en Cáceres que ya está en proceso, "sobre todo" para que "sirva de ejemplo" para la Administración ante posibles casos futuros.

"Para que nos sirva de ejemplo, para tener en cuenta cómo actuar cuando no prime el interés superior del menor, cuando tengamos constancias o indicios de que se pueden estar vulnerando algunos de los derechos fundamentales", ha añadido Francisco Javier Amaya, quien ha recordado que el pasado jueves la Junta inició la solicitud de informe sobre el caso ahora resuelto, y ha añadido que ahora se está a la espera de que la Fiscalía Provincial se pronuncie.

En cuanto a si la Fiscalía, al continuar la Junta solicitando el informe pese a haber sido resuelto el caso, pudiera acabar determinando algún tipo de ilícito respecto a los padres de las dos alumnas, el secretario general se ha limitado a incidir en que la Junta da "por resuelto el conflicto" porque "evidentemente hay un entendimiento de todas las partes" y porque "se ha recuperado la normalidad".

"Y se ha resuelto siempre desde la aplicación de las normas y de los protocolos del contexto educativo", ha vuelto a reiterar.

Finalmente, el secretario general de Educación ha pedido también a los medios de comunicación su colaboración para que las dos niñas del Colegio Alba Plata "dejen de ser el foco de atención" una vez resuelto "felizmente" el caso.

"Si los compañeros y compañeras y la comunidad educativa del colegio Alba Plata ha recibido con aplausos a las niñas y el conflicto se ha resuelto en el ámbito educativo, dejemos que los aplausos continúen y que el centro pueda comenzar su curso escolar como lo han hecho el resto de centros de la región (con normalidad)", ha pedido.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha asegurado este martes que están estudiando la posibilidad de implementar el pasaporte Covid en Cataluña para facilitar "nuevas aperturas, como podría ser el caso del ocio nocturno" y para evitar cierres en caso de un hipotético empeoramiento de los datos de la pandemia.

"De momento se está estudiando hacerlo con la máxima responsabilidad jurídica, y el Govern estudia qué recursos puede ofrecer el pasaporte Covid", ha explicado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, dejando claro que la evolución de la situación epidemiológica marca la toma de decisiones y las medidas de seguridad y prevención que llevan a cabo.

Según Plaja, la Generalitat considera adecuado ahora estudiar la opción del pasaporte Covid en un contexto en el que más del 70% de la población tiene la pauta completa de vacunación, y durante los próximos días valorarán como se puede concretar y llevar a la práctica.

También ha especificado que no necesitan el aval del Tribunal Supremo para implementar el pasaporte Covid siempre que tenga "todas las garantías jurídicas", aunque ha añadido que los organismos judiciales pueden echarse a atrás o hacer modificaciones.

OCIO NOCTURNO

Sobre el ocio nocturno, Plaja ha asegurado que no pueden dar una fecha exacta de cuándo se podrá abrir este sector en su totalidad.

La portavoz del Govern también ha explicado que trabajan para llegar a los segmentos de la población que aún no se han vacunado, pero ha admitido la dificultad de convencer a estas personas teniendo en cuenta el tiempo transcurrido ya desde el inicio de la vacunación.

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco (PRC) ha anunciado que Cantabria va a pedir la suspensión cautelar de la entrada del lobo en el LESPRE ante la Audiencia Nacional, seguirá aplicando su Plan de Gestión del Lobo hasta entonces y, de ser rechazada, se acogerá al "régimen de excepciones" de la orden para controlar ejemplares.

Así lo ha trasladado Blanco en rueda de prensa después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara este martes la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, de modo que a partir de mañana su caza quedará prohibida en toda España, según recoge la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

"Quiero anunciarles que nosotros vamos a seguir aplicando nuestro Plan de Gestión en Cantabria y, en caso de que la Audiencia Nacional no acepte la suspensión cautelar de la orden, aplicaremos el régimen de excepciones que recoge la orden hoy publicada para controlar los ejemplares que técnicamente se considere necesario controlar en nuestra región", ha avanzado.

Blanco ha explicado que con la entrada del lobo en el LESPRE, la especie deja de ser cinegética en Cantabria y también anula la Ley de Caza de 2006, cuando es "absolutamente necesario" seguir controlando la especie en la región.

El titular de Ganadería ha reiterado que "no hay ninguna razón técnica ni científica" para incluir el lobo en el LESPRE, cuya tramitación tuvo "irregularidades" desde el inicio y produce efectos "de imposible reparación".

"Hoy mismo hemos solicitado los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria la presentación ante la Audiencia Nacional de la petición de suspensión inmediata de los efectos de la orden hasta que se dicte la sentencia del recurso contencioso-administrativo que también vamos a presentar", ha informado.

En concreto, el Consejo de Gobierno del jueves 23 de septiembre aprobará la presentación de los recursos y se hará "de forma inmediata". Blanco espera que los jueces "aprecien" la "injustificada medida" y las "irregularidades" cometidas desde el inicio de la tramitación de la orden.

"Vamos a ir contra el Estado. Primero medidas cautelares y después un recurso contencioso-administrativo contra esta orden", ha dicho el consejero que, no obstante, ha apuntado que seguirá "hablando con el Estado".

Asimismo, Blanco ha señalado que el Ejecutivo autonómico seguirá apoyando con subvenciones las medidas preventivas de daño y ejecutará este año por primera vez el pago directo por los servicios ambientales que genera la ganadería extensiva en aquellas zonas donde el lobo supone un riesgo "más real y más directo" sobre la viabilidad de las explotaciones; y va a "garantizar" el pago de daños.

Según ha detallado, estas actuaciones están coordinadas por las cuatro comunidades autónomas, aunque individualmente cada una presentará sus recursos correspondientes y de forma independiente.

Para Blanco, con esta actuación la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, está "poniendo en riesgo" la supervivencia de la ganadería extensiva y la conservación de la propia especie.

En este sentido, ha advertido que la orden puede causar "daños irreparables" y ha instado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, a que "asuma su responsabilidad".

Finalmente, ha indicado que Cantabria seguirá apoyando al ganadero "antes de cualquier otra especie", que es quien "realmente está en riesgo, mientras que el lobo está "en expansión".

SOLICITA COMPARECER EN EL SENADO DE FORMA URGENTE

Blanco ha recordado que lleva esperando desde mayo a comparecer en el Senado, a petición del Grupo Mixto, y este martes se ha vuelto a solicitar "de forma urgente" dicha comparecencia para opinar sobre esta medida que, a su juicio, es "ideológica" y carece de "rigor científico".

"Confiamos en que los jueces tengan una visión similar a la nuestra en el procedimiento y las causas que esto, de llevarse a cabo, puede llevarse en Cantabria", ha sentenciado Blanco, que ha lamentado que "es un día triste para Cantabria".

A continuación de esta comparecencia, Blanco mantendrá un encuentro telemático con los consejeros y directores generales de las demás comunidades autónomas implicadas --Galicia, Asturias y Castilla y León--; y por la tarde se reunirá con las cuatro principales organizaciones agrarias de Cantabria para tratar esta "nueva situación" así como el precio de la leche.

La eurodiputada de Unidas Podemos, Sira Rego, a petición de Izquierda Unida Región de Murcia, ha solicitado al vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmemans, su ayuda para el Mar Menor, según infrmaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

En carta oficial a Timmemans y al comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, Rego narró la "desesperada situación" del "contaminado" Mar Menor, acusando al Gobierno del Partido Popular de "no hacer nada al respecto, pues ni siquiera se han gastado los fondos europeos destinados a la laguna salada".

En dicha misiva, la eurodiputada explica cómo se ha llegado a tal situación en el Campo de Cartagena. "El descontrol ha sido tal que, en 2017, la Fiscalía de Medio Ambiente de Murcia presentó una denuncia contra 34 políticos, funcionarios, empresarios y agricultores por los daños causados durante más de 15 años en los que no se aportaron soluciones reales por parte de las autoridades", ha relatado.

La Fiscalía calcula que actualmente hay 20.000 hectáreas de regadío intensivo en el Campo de Cartagena, "más de las registradas oficialmente", y "miles de pozos ilegales no declarados". Como consecuencia de esta actividad, "se vierten a la laguna unas 4.000 toneladas de nitratos al año", tal y como explica la eurodiputada.

Además, traslada la "curiosa" situación de que el Gobierno regional "no ha sido capaz de ejecutar las cuantiosas inversiones provenientes de fondos de la Unión Europea, habiendo tenido asignado un total de casi 41 millones de euros de 2017 a 2020 de los que ha ejecutado un 45%, según la Cuenta General del presupuesto de dichos años".

De hecho, remarca que ha habido años, como 2018, en los que apenas se ejecutó el 27% del presupuesto asignado"

Por todo ello, IU Verdes Región de Murcia lamenta que Sinkevicius "haya aceptado fotografiarse con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ratificando sus (cero) acciones y visitar la laguna salada sin la presencia de las vecinas y vecinos de la zona, que sin duda le habrían contado cosas muy distintas de su pequeño Mar".

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que con el cese de la exministra Arancha González Laya se buscaba "tapar" el "grandísimo escándalo" de la entrada y salida de España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, pero ha recalcado que ahora hay que conocer quién era el "señor X" que daba las instrucciones. Con ese objetivo, el Grupo Popular ha solicitado ya la comparecencia en el Parlamento de los ministros Felix Bolaños y José Manuel Albares.

Así se ha pronunciado después de que el titular número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, haya citado como investigada a la ex ministra de Asuntos Exteriores para esclarecer su participación en la causa en la que se estudia si hubo delito en la entrada y salida del líder Ghali. Esa citación, que no tiene de momento fecha, se produce después de que su exjefe de gabinete Camilo Villarino declarara en este mes de septiembre.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha asegurado que ahora se empiezan a conocer "muchas de las razones" sobre la "trama Ghali" que no se explicaron en su momento. "Sin duda alguna lo que esta claro es que el cese de la que era entonces ministra de Exteriores lo que contemplaba era querer tapar un grandísimo escándalo", ha enfatizado.

EL PP PIDE QUE COMPAREZCAN ALBARES Y BOLAÑOS

Así, ha señalado que con ese cese de Laya se buscaba "matar al mensajero" pero "la realidad es que las instrucciones venían de más arriba". Por eso, ha pedido saber "quién dio las instrucciones" a la exministra de Exteriores para que se llevara a cabo la entrada "ilegal" de Ghali y se le buscara un hospital en una comunidad gobernada por el PSOE, como la de La Rioja.

"Es necesario que se conozca la verdad y que se llegue a quién es el señor X que daba las instrucciones para llevar a cabo esta actuación", ha manifestado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso.

En este punto, ha anunciado que su formación solicitará la comparecencia en la Cámara Baja del ministro de Presidencia, Felix Bolaños, y del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para que en sede parlamentaria informen de lo que ha pasado y "dén las claves de quién dio la orden".

"Evidentemente esa orden no partió de la ministra de Exteriores. Estamos sin duda alguna ante un grave escándalo que tuvo consecuencias, que es una profunda crisis diplomática con Marruecos", ha manifestado, para insistir en que es necesario "conocer la verdad" en este caso.

"ES NECESARIO QUE SE LLEGUE HASTA EL FINAL"

Al ser preguntada si al hablar del "señor X" se refiere al presidente del Gobierno, Gamarra ha indicado que Laya "no fue la máxima responsable" a raíz de las declaraciones que se están conociendo --en alusión a su exjefe de gabinete Camilo Villarino-- y que las indicaciones tuvieron que venir "de más arriba".

"Es necesario que esto se aclare y se llegue hasta el final y que tenga que asumir responsabilidades a quien le corresponda", ha insistido en rueda de prensa la portavoz de los 'populares' en el Congreso.

Socios habituales del Gobierno como ERC, Bildu o el PDeCAT han avanzado este martes su rechazo a la nueva Ley Audiovisual que prepara el Ejecutivo, que fuerza a las plataformas a tener un amplio catálogo en español, pero no fija porcentajes concretos para la oferta de productos en lenguas cooficiales, un extremo que ha criticado también En Comú Podem.

Estas formaciones han cargado contra el Gobierno por no proteger el catalán, el gallego y el euskera y ya han avanzado de que si no se introducen cambios será muy difícil que puedan apoyar esa nueva normativa.

En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha incidido en que el catalán es "un idioma minoritario a proteger" y que debe quedar "blindado" en esa nueva regulación del sector.

"Es muy preocupante que se deje en manos de plataformas con Netflix, Amazon Prime o HBO, la protección de nuestras lenguas porque está claro qué contenidos van a elegir", ha denunciado Mertxe Aizpurua, de Bildu, para quien el planteamiento del Gobierno, tal y como está es "inasumible".

SI NO SE CAMBIA, TENDRÁ CONSECUENCIAS

"Que no cuenten con nuestro apoyo", ha sentenciado, incidiendo en que esta reforma no se compadece con la supuesta defensa de la plurinacionalidad y el plurilingüismo que se atribuye el Gobierno de coalición.

Para el PDeCAT, que cuenta con cuatro diputados en el Congreso, este tema es "esencial" y, si el texto no se modifica antes de salir de Moncloa o después en el Congreso vía enmienda, no apoyarán la ley. Según su portavoz, Ferran Bel, si el Gobierno aprueba esa ley con el PP, Cs o Vox, deberá hacer un "replanteamiento de la legislatura": "Es un tema esencial, negociable como todo, pero una agresión de este tipo al catalán sería difícilmente compatible con el apoyo a otras iniciativas legislativas", avisa.

"La ley va expresamente contra el catalán", ha abundado la diputada de la CUP Mireia Vehí, quien también ha apuntado a la "responsabilidad de la Generalitat y a su retraso" en legislar en esta materia.

La norma también ha despertado críticas en el socio minoritario del Gobierno por la cuestión de las lenguas. En este sentido Gerardo Pisarello, diputado de En Comú Podem y secretario primero de la Mesa del Congreso, ha afirmado "el blindaje del catalán en la Ley Audiovisual es un asunto absolutamente central para En Comú Podem".

BLINDAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN

La última versión del proyecto no concreta porcentajes para las lenguas cooficiales, pero los Comunes, ha asegurado Pisarello, están "trabajando" para proteger el catalán: "Somos una fuerza política catalana que defiende la inmersión lingüística y el plurilingüismo, así que en las conversaciones que mantenemos estamos dejando muy clara nuestra posición".

Además, ha añadido que esta ley es también una oportunidad para exigir de manera clara que se blinde "el derecho a la información como servicio público" y así como para cerrar "puertas a privatizaciones".

El Gobierno ha pedido "mantener la prudencia" a todos los habitantes de La Palma y ha anunciado que "todos" los departamentos están ya "dando pasos" para activar distintas acciones para ayudar a los afectados por la erupción volcánica, con la que muestra "todo el compromiso".

Así lo ha asegurado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha señalado que algunas de las medidas tendrán que pasar por el acuerdo del Ejecutivo.

En todo caso, ha asegurado que de momento el Gobierno no tiene "valoración de los daños causados ni una estimación de la duración de la erupción" y ha advertido que cuando la colada de lava llegue al mar se producirán liberaciones de gases a las que tendrán que "atender".

Si bien, ha informado del balance de daños que ya se han cuantificado. Rodríguez ha precisado que hasta la fecha se ha evacuado a 6.000 personas, 50 de ellas de movilidad reducida; que 183 casas han resultado afectadas así como otras 200 infraestructuras, tales como piscinas o canchas de tenis. También ha confirmado que no se ha producido "ningún" daño personal hasta este momento.

CERCA DE 1.200 EFECTIVOS

Asimismo, ha añadido que el tráfico aéreo sigue abierto en La Palma, cuyo aeropuerto sigue "funcionando con normalidad". En el operativo de la emergencia, según los datos facilitados por la Dirección General de Protección Civil, Rodríguez ha indicado que en total participan 540 efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y de la Unidad Militar de Emergencias, mientras que, por parte de las administraciones autonómicas y locales, colaboran otras 650 personas.

Durante su intervención, ha subrayado la importancia de la "colaboración" de todas las administraciones en las emergencias, desde el Gobierno, la comunidad autónoma, el Cabildo y las corporaciones locales y entidades sociales como Cruz Roja que ha dado servicio al acuartelamiento de El Fuerte, donde se han dispuesto 225 camas.

"El Gobierno de España que desde el primer momento ha estado presente, simbolizándolo con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sobre todo con todos los efectivos", ha valorado.

Por último, ha apelado a la "máxima prudencia" y ha reiterado que es "importante" que la población de La Palma que ha "demostrado un comportamiento ejemplar en esta emergencia siga manteniendo la prudencia".

También ha recordado que "no es aconsejable" acercarse a la zona y a menos de 2 kilómetros de los centros de emisión de lava y atender a los requerimientos de las autoridades cuando se pida la evacuación.

"Los habitantes han mostrado una magnífica responsabilidad pero es muy importante que esta se debe mantener en el tiempo porque no tenemos estimación de hasta cuando va a estar en erupción el volcán", ha urgido.

Entre las medidas, ha celebrado que la vicepresidenta económica Nadia Calviño, ha conversado con las entidades bancarias para que pongan al pongan a disposición de los afectados los inmuebles que tengan vacíos, "con muy buena respuesta de estas". Por otro lado, se ha solicitado al Consorcio de Compensación de Seguros que se agilice la tramitación de las personas que tengan aseguradas sus viviendas o sus negocios para que puedan dirigirse al consorcio de compensación de seguros.

A ese respecto, ha dicho que se ha puesto a disposición de los habitantes el teléfono 900 222 665 y una página de Internet: www.consorseguros.es para agilizar las tramitaciones durante los próximos días.

Desde la mesa de la sala de prensa, ha informado de que el Gobierno ha tomado también en consideración un acuerdo de zonas afectadas por otras emergencias entre el 24 de agosto y 17 de diciembre en diez comunidades autónomas, por incendios y grandes lluvias, por el que se activan todos los "mecanismos previstos" para estos casos.

La Junta de Castilla y León se ha mostrado "radicalmente en contra" de la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE), recurrirá la orden ministerial que lo hace efectivo y pedirá la suspensión cautelar de la eficacia de la misma.

Así lo ha señalado el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha asegurado que el recurso contencioso administrativo se presentará en los próximos días en la Audiencia Nacional.

Suárez-Quiñones, quien ha participado en la inauguración de la Feria Expobiomasa en Valladolid, ha concretado que Castilla y León presentará su propio recurso pero lo hará en coordinación con las comunidades afectadas, mientras que Asturias, Cantabria y Galicia presentarán su propio escrito.

"Y trataremos de lograr la suspensión de la eficacia porque al día siguiente de la eficacia de esta orden ya se están produciendo daños y perjuicios a la Comunidad", ha añadido.

El titular de Fomento y Medio Ambiente considera que es "un día preocupante" para Castilla y León porque el Boletín Oficial del estado "consuma" un anuncio de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Suárez-Quiñones ha afirmado que Castilla y León está "radicalmente en contra" de esta iniciativa porque perjudica a los intereses generales de la Comunidad, pero no sólo a los suyos, sino a los de Galicia, Asturias o Cantabria, los de once comunidades, "la mayoría", que estaban en contra de la inclusión del lobo en el Listado.

GRAN PERJUICIO

"En definitiva supone que dejemos de gestionar las poblaciones de lobo a través de la caza y los recursos cinegéticos", ha explicado el consejero, quien ha asegurado que esto se traduce en un "perjuicio enorme" para el "equilibrio" de los daños que ya existen en ganadería extensiva con el lobo, que se incrementarán, pero además un peligro de abandono de la ganadería en el territorio y, por lo tanto, "el abandono" y "cierre" de los pueblos.

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha agregado que están "radicalmente en contra" de que una Vicepresidencia que tiene que luchar para el reto demográfico porque lo lleva en uno de sus títulos ha adoptado "una medida que va justamente en sentido contrario, va contra la población y favorece la despoblación".

Además, se adopta sobre razones que entiende que "no existen", ya que se apela a razones culturales, ya que no motivos relacionados con la conservación de la especie, que es "favorable", tras lo que ha recordado que Castilla y León tiene "la mayor población de lobos de Europa y no existe ninguna razón en intereses generales que justifique esta medida".

En cuanto a las medidas para el control del lobo que se permitiría a partir de ahora, el consejero ha aclarado que permite lo mismo que la normativa europea y se aplica al sur del Duero, "controles excepcionales con mucha dificultad y muy limitados".

A este respecto ha apuntado que el 75 por ciento de los lobos que están en la parte norte del Duero provocan ahora, con esta gestión que ahora se elimina, sólo el 25 por ciento de los daños, mientras que al sur, donde es una especie protegida por decisión europea, el 25 por ciento de los lobos provocan el 75 por ciento de los daños, "lo que da idea de lo que pasar con inclusión de lobo en el LESPRE".

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha continuado este martes con el juicio de la pieza separada de las irregularidades detectadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), conocida como pieza de personal, en la que figuran como acusados el ex presidente y exconsejero delegado de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo; el exdirector financiero Antonio Garrido y dos ex directores de Promoción, Cristóbal Cantos y Juan María González Mejías, sobrino este último del expresidente socialista del Gobierno Felipe González.

Durante la sesión de este martes ha testificado la que fuera presidenta de Invercaria Laura Gómiz, investigada en otras piezas separadas con relación a la gestión de dicha entidad, quien ha rememorado que allá por 2009 ingresó en Invercaria como directora general con un salario de más de 105.000 euros anuales, "similar" a lo que percibía en el sector privado, después de que le ofreciesen dicho cargo "en dos ocasiones" y finalmente aceptase.

Mientras la causa gira en torno a supuestas "actuaciones manifiestamente contrarias a derecho en materia de retribuciones del personal y finiquitos", en detrimento del patrimonio público del que se nutría Invercaria, Laura Gómiz ha rememorado que fue el expresidente de la entidad Tomás Pérez-Sauquillo, --condenado a tres años y medio de cárcel por la pieza correspondiente al préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis y acusado en este procedimiento judicial--, quien le comunicó las condiciones económicas de su puesto.

Gómiz, quien ostentó la Presidencia de Invercaria a partir del segundo semestre de 2010 hasta febrero de 2012, ha explicado que en 2011 promovió una "reectructuración" de la sociedad al objeto de intentar "rebajar la masa salarial", entre otros aspectos, señalando que antes de su desembarco en la entidad allá por 2009 habían sido acometidas "subidas salariales" y dicha "reorganización" supuso "una importante bajada salarial".

Dicha "reestructuración", según ha detallado, fue comunicada al consejo de administración de Invercaria y a la agencia IDEA, de la que dependía la primera, para después acometer "los acuerdos bilaterales" con los que materializar las medidas en cuestión. Eso sí, ha precisado que dicha reorganización no estaba destinada a solucionar aspectos irregulares o ilegales, negando que detectase algo así, sino a "mejorar" la situación de Invercaria. Respecto a los salarios, así, ha negado que percibiese irregularidades.

Entre otras medidas, según ha dicho, tal reorganización implicó la introducción de "un procedimiento de selección de personal", para que las políticas de recursos humanos se atuviesen a los principios de publicidad, mérito y capacidad, porque Invercaria carecería hasta entonces de una herramienta así. "No estaba", ha respondido ante la pregunta de si Invercaria contaba con un procedimiento de selección.

En cuanto a los préstamos personales, Laura Gómiz ha testificado que estaban recogidos como "incentivos" y que "casi todos" los miembros de Invercaria se acogieron a los mismos, también ella.

Y sobre el préstamo del que gozaba el sobrino de Felipe González Juan María González Mejías, quien según la investigación habría dejado la entidad con 27.406 euros pendientes de devolver que Pérez-Sauquillo y Nieto habrían decidido condonarle, siempre supuestamente; Laura Gómiz ha señalado la "voluntad" de recuperar ese dinero. Según ha defendido, se trataba de una cuantía "cobrable" que fue "reclamada" a González Mejías y que, de hecho, fue recuperada "en su integridad" paras los fondos de Invercaria.

LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Durante la instrucción del caso, el magistrado Juan Gutiérrez Casillas señalaba supuestas "actuaciones manifiestamente contrarias a derecho en materia de retribuciones del personal (de Invrcaria) y finiquitos, actuaciones que supusieron" la "disposición de importantes cantidades de dinero a favor de los investigados".

De este modo, sostenía que Pérez-Sauquillo --condenado a tres años y medio de cárcel por la pieza separada por el préstamo a la empresa Aceitunas Tatis-- "asumió, entre otras, las facultades de contratar y separar empleados y señalarles las correspondientes retribuciones y puestos de trabajo", de forma que "decidía qué personas eran contratadas para trabajar en Invercaria, así como los sueldos". Según el instructor, "esta decisión la adoptaba el expresidente sin adaptarse a ningún procedimiento legalmente establecido".

El juez agregaba que el 17 de abril de 2006, Nieto suscribió un contrato de trabajo con Invercaria como director financiero, siendo acordado sin "fundamento objetivo que lo justificara" retribuir a este investigado de 2007 a 2010 con "cifras salariales muy superiores a las que le correspondían según su contrato y la legislación, sin causa legal justificada".

En paralelo, el 1 de noviembre de 2005, Cantos suscribió un contrato con Invercaria como director de Promoción en el centro de trabajo de Sevilla, agregando que, en julio de 2007, Invercaria concedió a éste un préstamo de 30.000 euros a devolver mediante un descuento en la nómina.

El juez aseveraba que el expresidente y el exdirector financiero de esta sociedad, "manejando los fondos públicos de Invercaria, decidieron condonarle la cantidad pendiente de devolución del préstamo", con lo que "permitieron que obtuviera un lucro indebido en detrimento de Invercaria". El instructor considera en ese sentido que estos tres investigados "eran conscientes y sabedores de lo irregular e ilegal de la condonación de la cuantía adeudada".

EL PRÉSTAMO PREVIO DE IDEA

A continuación, el magistrado señalaba que, el 1 de julio de 2005, Juan María González suscribió un contrato con Invercaria como director de Promoción en el centro de trabajo de Sevilla, de modo que cuando comenzó a trabajar esta sociedad de capital riesgo, "a petición" de este investigado, "se subrogó en el préstamo personal que IDEA le había hecho durante el tiempo que desarrolló su trabajo" allí, una operación con la que "pasó a contraer una deuda con Invercaria" de 17.468,75 euros "en concepto de préstamo que debía devolver en 60 meses mediante detracciones mensuales" de su nómina.

El juez precisa que, a la finalización de la relación laboral, González "tenía pendiente de devolver 27.406 euros de los que Invercaria le había prestado" y señala que Pérez-Sauquillo y Nieto "decidieron condonarle esa cantidad", con lo que "permitieron que obtuviera un lucro indebido en perjuicio de Invercaria".

Greenpeace ha anunciado al Tribunal Supremo (TS) recurso para solicitar que acuerde la demolición del hotel de Azata del Sol en El Algarrobico, en Carboneras (Almería) ya que considera que cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) lo rechazó en julio "no tuvo en cuenta" el "efecto de nulidad en cascada".

La "nulidad en cascada" supondría que la licencia de obras concedida en 2003 por el Ayuntamiento de Carboneras no tiene ya valor jurídico al haber sido anulado el planeamiento urbanístico municipal que la hizo posible ya que el suelo es por sentencia firme no urbanizable de especial protección al estar enclavado en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

El colectivo conservacionista sostiene en su escrito, que el TSJA no aplicó el principio de "economía procesal" y argumenta que la revisión de oficio de la licencia de obras que ha ordenado como paso previo a la demolición es un mero "requisito formal" ya que es "materialmente imposible" que la citada revisión de oficio por parte del ayuntamiento finalice con "la declaración de su legalidad".

"La licencia de obras es radicalmente ilegal y, si supeditamos la demolición al expediente derevisión de oficio cuyo final lógicamente tiene que ser la nulidad de la licencia, estaremos repitiendo la solicitud de demolición dentro de varios lustros", critica Greenpeace.

El anuncio de recurso pivota, al margen de sobre el principio de economía procesal, sobre el efecto de nulidad en cascada y remarca que el "Plan Parcial del Algarrobico fue anulado" por la sentencia firme del propio alto tribunal andaluz en 2016.

"Los efectos de las sentencias declarativas de la nulidad de instrumentos de planeamiento, como es el caso de la citada sentencia, conllevan el efecto de nulidad en cascada que alcanza a las licencias", traslada para añadir que estas "no son meros actos de aplicación de un reglamento declarado nulo, sino un acto de ejecución del mismo".

Greenpeace, que alude a un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) en este sentido, mantiene así que para acordar la demolición "no se requiere el requisito formal de la anulación de la licencia pues ya la anuló la sentencia del TSJA de 2016" y pone el foco en que este aspecto no ha sido analizado en el fallo que ahora recurre al Supremo.

Lamenta, en esta línea, que el Alto Tribunal andaluz tampoco tomó en consideración para negar el ordenar la demolición del hotel en julio un total de 13 sentencias del Tribunal Supremo sobre la ilegalidad de la construcción y critica que no aludiese a "normativa alguna que impida" el derribo.

"No acuerda la demolición exclusivamente por la obra dispone de un título jurídico válido, la licencia de obras concedida en 2003 pero debió de analizar la jurisprudencia relativa al efecto de nulidad en cascada por anulación del planeamiento", concluye para sustentar el interés casacional del recurso.

En el anuncio, el colectivo conservacionista precisa que impugna el fallo exclusivamente en lo referente a la procedencia de acordar el derribo, y no respecto a la orden al Ayuntamiento de Carboneras para que proceda a la revisión de oficio de la licencia y para que anule el sector urbanístico ST-1 sobre el que se levanta el hotel de Azata del Sol.

La juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcobendas en función de guardia de detenidos, estudia el modo de proceder en la declaración de Noelia de Mingo, quien se encuentra ingresada en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes tras acuchillar ayer a dos mujeres trabajadoras de un supermercado en El Molar, han informado fuentes jurídicas.

Una vez recibido el atestado policial de los hechos, la instructora sopesa tres opciones y tiene un margen de 48 horas para decidir. Una de ellas sería la declaración a través de videoconferencia desde el recinto hospitalario; otra sería desplazarse ella misma al hospital; y la tercera opción sería esperar hasta que la detenida se reponga y pueda declarar.

Previsiblemente, la juez levantará la medida judicial que mantenía a la exdoctora en libertad bajo custodia familiar y tratamiento ambulatorio. Estaba en tercer grado de la condena a 25 años internada que se le impuso en 2006 por haber matado a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz.

En 2017, la Audiencia Provincial de Madrid acordó su libertad después de que los informes forenses avalasen que la enfermedad mental que sufre había remitido por completo, un extremo al que se opuso el letrado que representa a las familias de sus víctimas de 2003.

De Mingo permanece ingresada, en calidad de detenida y custodiada por la Guardia Civil, hasta pasar a disposición judicial. Su estado de salud físico es bueno, ya que no presentaba ninguna herida tras la apuñalar a dos personas, pero su estaba psiquiátrico está muy alterado. Padece esquizofrenia paranoide crónica.

La agresión múltiple se produjo ayer sobre 12:03 horas de este lunes en el comercio MaxCoop Unide, situado en la avenida de España número 41 de esta localidad madrileña. Noelia y, sin mediar palabra, sacó de entre sus ropas un cuchillo de unos 20 centímetros de largo y ha apuñalado en el pecho a Virginia, una de las cajeras, de 46 años.

Luego se dirigió al interior de la tienda, donde estaba la encargada, de 53 años, quien recibió varias heridas superficiales. Salió corriendo y se refugió en la farmacia El Molar, situada enfrente.

Los sanitarios del Summa atendieron a las dos heridas. La más grave, la empleada del supermercado, presentaba una herida de arma blanca en el hemitórax izquierdo.

El Gobierno Vasco ha incorporado a su 'Plan Udaberri 2024' para la convivencia, los derechos humanos y la diversidad un conjunto de aportaciones de víctimas del terrorismo, colectivos sociales y partidos políticos, entre las que se incluye un rechazo a los 'ongi etorris' o recibimientos públicos a presos de ETA, por considerarlos "una exaltación simbólica de la cultura política de la violencia y un agravio y revictimización de las víctimas".

Esta reflexión, así como otras aportaciones como la exigencia de una "reflexión crítica" que interpele de forma prioritaria a "quienes han tenido responsabilidad directa o indirecta en medio siglo de terrorismo y violencia", se recoge en el 'Plan Udaberri 2024', del que el Ejecutivo presentó un borrador en mayo y cuya versión definitiva ha sido aprobada este martes por el Consejo de Gobierno.

El texto definitivo de este nuevo plan para la convivencia, los derechos humanos y la diversidad ha sido presentado por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. La consejera ha subrayado que las aportaciones realizadas por víctimas, colectivos sociales, instituciones y partidos políticos han "enriquecido" el documento.

Entre las novedades de la versión definitiva se encuentra la inclusión, al principio del documento, de un nuevo capítulo titulado 'Contexto próximo. Euskadi 2021: una ventana de oportunidad que presenta el diagnóstico'. En este apartado se indica que "el diagnóstico de la sociedad vasca de 2021 ha de ser un diagnóstico en términos de realidad y esperanza".

De esa forma, se reconoce la existencia de "asignaturas pendientes", aunque se constata que "caminamos en la buena dirección". El documento señala que "el fin de ETA abrió un nuevo tiempo y un nuevo un nuevo reto: la convivencia en la pluralidad y en la diversidad".

"INCOMPATIBLE CON LA CONVIVENCIA"

Además, se indica que "esta mirada esperanzada se torna en mirada preocupada ante diversas expresiones de violencia, intolerancia y sectarismo que todavía emergen en nuestro entorno". El texto subraya que se trata de "expresiones de una cultura de la violencia que subyace todavía en determinados sectores y resulta incompatible con la convivencia democrática.

En este sentido, manifiesta la necesidad de una "mirada crítica" hacia "los ongietorris' públicos a expresos de ETA", unos actos de los que se afirma que "suponen de facto una exaltación simbólica de la cultura política de la violencia y un agravio y revictimización de las víctimas".

Por otra parte, la consejera ha señalado que en 'Udaberri 2024' se advierte de que "la reflexión crítica sobre el pasado debe interpelar especialmente y en primera instancia a quienes han ejercido, justificado o contextualizado el terrorismo de ETA y la violencia".

El documento indica que es necesaria una "nueva actitud" por parte, en primer lugar, "de quienes han tenido responsabilidad directa o indirecta en medio siglo de terrorismo y violencia". Asimismo, se reclama una "autocrítica sincera y real" por parte de "quienes han ejercido la violencia y las culturas políticas que han amparado ese ejercicio", a los que se reclama "un reconocimiento en términos éticos, políticos y democráticos" de que el sufrimiento causado "fue injusto".

Beatriz Artolazabal ha reconocido que la ponencia constituida en su día en el Parlamento Vasco con el objetivo de consensuar un acuerdo en torno a la convivencia "no tuvo éxito", y ha confiado en que el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora pueda ser un espacio en el que sí sea posible alcanzar un acuerdo de este tipo.

En todo caso, ha apelado a la "prudencia" a la hora de trabajar y buscar puntos de entendimiento en torno a este asunto, algo para lo que ha subrayado que será necesario que todos actúen "con buena voluntad y lealtad".

A la hora de recabar estas y otras aportaciones, el departamento dirigido por Artolazabal ha escuchado al Consejo de Participación de Víctimas del Terrorismo, y a una veintena de organizaciones, fundaciones, asociaciones y movimientos sociales vinculados a la defensa de los derechos humanos, la paz, la convivencia, las víctimas o la diversidad.

Además, se han mantenido reuniones con los grupos parlamentarios, con otros departamentos del Gobierno Vasco y con la Asociación de Municipios Vascos-Eudel; así como con personas relevantes de la Universidad y víctimas del terrorismo a título individual, movimientos pacifistas y medios de comunicación.

La juventud también se ve reflejada en el plan, que resalta el "papel protagonista" que han de jugar los jóvenes en la construcción del modelo futuro de convivencia. "La reflexión y el debate de la convivencia no puede ni debe ser monopolio de las generaciones del ciclo de la violencia", ha afirmado Artolazabal.

La consejera ha indicado que una parte de la sociedad --los más jóvenes-- "no ha vivido directamente o nos es consciente de haber vivido la experiencia traumática de la violencia y de sus efectos". En este sentido, uno de los principales objetivos del plan es "empoderar a la juventud como protagonista del futuro de la convivencia, y desarrollar el binomio convivencia-juventud más allá incluso del sistema educativo".

En esta línea, en el marco de 'Udaberri 2024' está previsto iniciar en los próximos meses un proceso de reflexión y debate bajo el contexto de juventud, convivencia y futuro.

DIGNIDAD Y DESLEGITIMACIÓN

'Udaberri 2024' tiene como objetivo seguir avanzando en la construcción de un modelo de convivencia "basado en los principios de dignidad de la persona, deslegitimación radical del terrorismo y la violencia, garantía y protección efectiva de los derechos humanos, y asunción de la pluralidad y la diversidad como valores a preservar y desarrollar".

El plan opta por asumir la diversidad "como una de las señas de identidad de gran parte de las sociedades", también de la vasca. Por ello, apunta que la diversidad no debe entenderse como un imperativo sino como un valor. Esto --según se indica-- significa que se ha de propiciar "una gestión positiva de la diversidad en todos los órdenes -género, orientación sexual, origen racial y étnico, cultura, edad, capacidad- y luchar decididamente contra la discriminación".

El decálogo de los ejes centrales del plan aportado por el Gobierno Vasco reserva un apartado para la política penitenciaria. En este punto, se indica que "el fin resocializador del modelo penitenciario en general, y del nuevo modelo penitenciario vasco enparticular, implica el desarrollo de un enfoque restaurativo, que, además de la responsabilización y el reconocimiento del daño, ha de primar el sentir de las víctimas y un proceso real de transformación del victimario".

En dicho decálogo se añade que "durante cinco décadas ETA ha supuesto la principal y más grave vulneración de los derechos humanos y el más directo atentado a las libertades en Euskadi". Además, se recuerda que "Euskadi ha padecido también el terrorismo de extrema derecha y la utilización ilegítima de la violencia por parte de personas vinculadas a los aparatos del Estado". A continuación, se destaca que 'Udaberri 2021' "condena todas las vulneraciones de derechos; sin justificaciones, sin equiparaciones, sin exclusiones".

Por otra parte, en el decálogo-resumen del plan se destaca que "el reconocimiento legal, institucional, social y moral de las víctimas del terrorismo y de otras expresiones de violencia (...) significa justicia, especial protección, y compromiso de la sociedad vasca de no repetición, no revictimización y deslegitimación política y social del terrorismo y la violencia".

El dirigente de En Comú Podem y diputado en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha acusado al PP de intentar "dinamitar" la mesa de diálogo en Cataluña al llevar a la cámara una moción contra cualquier referéndum de autodeterminación, algo que revela que su única idea de país es la visión "ayusita" marcada por el "hipercentralismo y de la insolidaridad fiscal".

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en la Cámara Baja para criticar la iniciativa de los populares, que insta al Congreso a declarar "inviable jurídica y políticamente, ahora y en el futuro, cualquier referéndum de autodeterminación que se pueda promover por parte de la Generalitat".

Para Pisarello, la posición del PP radica en el "no a todo" y supone una política que conduce al "desastre en Cataluña", además de una "parálisis en toda España". Y es que el también secretario primero en el Congreso ha aseverado que el líder del PP, Pablo Casdo, no quiere diálogo en Cataluña porque tiene "pavor" a que se precipiten avances para esta región y el conjunto del país.

Frente a ello, el dirigente de En Comú Podem ha desgranado que, de cara a este foro entre el Gobierno estatal y la Generalitat, plantean la "desjudicialización" del conflicto catalán y "acabar con la vía de represión en los tribunales".

Una postura que, a su juicio, le "sabe mal" al PP porque tras oponerse a los indultos para los líderes del 'procés' de cara a favorecer el diálogo, sabe que el siguiente paso es derogar la Ley Mordaza que impulsó el expresidente Mariano Rajoy.

Pisarello también ha argumentado que el PP es consciente que el debate sobre Cataluña también va a propiciar que se geste en el futuro una "financiación justa" que pondrá en cuestión "el modelo de privilegios", que a sus ojos despliega la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. También ha defendido que las conversaciones sobre inversiones derivarán en un transporte más sostenible y accesible para todo el país, sobre todo con efectos en la "España vaciada".

RETIRADA DE CONDECORACIONES A "DICTADORES"

Por tanto, el dirigente de En Comú Podem ha apelado a todas las fuerzas progresistas y con mirada "plurinacional" que expresen en el Congreso el apoyo a la mesa de diálogo.

También ha detallado la propuesta de su grupo parlamentario para retirar condecoraciones y medallas a personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad o actos delictivos que resulten "manifiestamente incompatibles" con los valores democráticos y los derechos fundamentales. Una iniciativa, ha dicho, que permitiría "revocar las distinciones a dictadores crueles, como Jorge Rafael Videla o Conrado Álvarez Almerino, muchos de ellos directamente condecorados por Juan Carlos I".

ACUSA AL PP DE HIPOCRESÍA CON EL CGPJ: COLOCÓ JUECES "DE SU CUERDA"

Por otro lado, ha censurado también la propuesta del PP para reformar el Consejo General del Poder Judicial, al tildarla de "oportunista" e "hipócrita" cuando no le "molesto" durante décadas cambiar el actual sistema de elección.

Y es que ha acusado a los populares de utilizar este modelo para colocar jueces de su "propia cuerda" con objetivo de defender los intereses de su propio partido ante las tramas ilegales que les ha salpicado.

"Con todos los casos de corrupción que ha tenido el PP. La verdad es que si no hubieran conseguido comprar jueces y colocarlos al servicio a los intereses de su partido, hoy estarían ilegalizados o disueltos", ha zanjado.

Finalmente, ha desgranado que el juicio que celebra el Tribunal Supremo contra el diputado Alberto Rodríguez por una causa "sin ninguna prueba", revela la importancia de que se produzcan renovaciones en el Poder Judicial.

El que fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos, ha explicado este martes al juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal que no conocía al ex embajador español en Caracas Raúl Morodo y su entorno familiar hasta que la Policía española contactó con él para pedirle ayuda en el marco de las pesquisas sobre las presuntas comisiones de la petrolera venezolana PDVSA.

Villalobos ha declarado como testigo en la causa donde el nuevo responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 investiga si Morodo, que encabezó la legación diplomática de España en Venezuela entre 2004 y 2007, y su círculo más íntimo, incluido su hijo Alejo, recibieron más de 4,5 millones de euros entre 2011 y 2015 de PDVSA.

Según las fuentes jurídicas, el magistrado ha centrado el interrogatorio a Villalobos en un contrato de los Morodo con PDVSA que apareció en un registro llevado a cabo en 2017 en su casa.

El ex dirigente 'chavista' ha contado que ese contrato estaba en su poder porque se lo dio la propia Policía española. De acuerdo con Villalobos, el cuerpo de seguridad le contactó en 2016 en busca de su colaboración para identificar a algunas personas vinculadas a PDVSA.

En relación con ese contrato, los uniformados españoles le habrían solicitado que les dijera quién era una de las personas que lo había firmado. Sin embargo, las gestiones del político venezolano en ese sentido fueron infructuosas, de acuerdo con dichas fuentes.

Villalobos ha sostenido que no supo de los Morodo hasta que la Policía española le puso sobre la pista del citado contrato, entre otras cuestiones, desvinculándose así de los principales imputados en esta causa.

CUMPLEN "ESCRUPULOSAMENTE" LAS CAUTELARES IMPUESTAS

El ex viceministro venezolano era una de las cuatro personas citadas este martes por Abascal para continuar con la ronda de declaraciones que comenzó el lunes y que se prolongará hasta el viernes, con más de una veintena de personas, entre imputados y testigos.

Las comparecencias arrancaron con los imputados Raúl y Alejo Morodo, que se acogieron a su derecho a no declarar, y con las también investigadas Cristina Cañeque --ex mujer del primero-- y Ana Catarina Varandas --esposa del segundo--, que desvincularon su bonanza económica de los Morodo.

La acusación popular que ejerce Manos Limpias solicitó a Abascal que ordenara el ingreso en prisión provisional u otras medidas cautelares para el ex embajador y su hijo, pero el juez lo ha rechazado al no apreciar riesgo de fuga en ninguno de los dos.

En un auto fechado este martes, Abascal expone que las medidas cautelares de comparecer periódicamente en un juzgado, prohibición de salida de España y retirada de pasaporte que les fueron impuestas a los Morodo hace unos años son suficientes para garantizar su presencia ante la Justicia.

"A día de hoy, no existe razón ni sospecha que hagan dudar a este instructor de esa sujeción al procedimiento de Raúl y Alejo Morodo, pues desde su adopción están cumpliendo escrupulosamente con las comparecencias 'apud acta' que tienen contraídas", estima el magistrado.

En esta línea, el juez recuerda que los Morodo han acudido puntualmente a todos los llamamientos judiciales --incluido el del lunes--, por lo que "no se cumple con uno de los presupuestos fundamentales que obliguen a modificar la situación personal de ambos investigados".

Además, incide en que el hecho de que ambos se acogieran ayer a su derecho a no declarar "nada tiene que ver" con un posible "riesgo de fuga". Se trata, recuerda, de un derecho constitucional que les asiste y que no sirve como indicio para endurecer el estado de padre e hijo.

LOS INVESTIGADOS SEÑALAN AL DIRECTIVO DE PDVSA QUE SE SUICIDÓ

Este mismo martes, han declarado otros tres investigados en la causa, todos relacionados con el que fuera directivo de Petróleos de PDVSA Juan Carlos Márquez, que apareció ahorcado en 2019.

Concretamente, hoy ha sido el turno de la ex mujer de Márquez, Ana Karina Ulloa; del socio del directivo, Carlos Adolfo Prada; y de la mujer de este último, Marisol Varela. Fuentes jurídicas han señalado que los tres imputados han defendido que los negocios eran gestionados exclusivamente por Márquez.

La que fuera su esposa ha sostenido ante Abascal que ella se limitaba a firmar la documentación que su marido le entregaba, pero que desconocía el contenido de los papeles. Korina, que se separó de Márquez unos meses antes de que éste apareciese ahorcado, ha asegurado que ella estaba centrada en su familia.

Las tormentas registradas desde primera hora de este martes en la provincia de Almería han dejado cerca de una veintena de incidencias de carácter leve en el municipio de Níjar, que se ha visto afectado por una tromba de agua que, principalmente, ha provocado la salida de ramblas que han arrastrado vehículos y ha cortado vías de acceso a su paso.

La mayoría de los avisos se ha concentrado en las localidades de Los Gallardos y Níjar, y se han debido, sobre todo, a anegaciones en viviendas y carreteras con balsas de agua en la calzada. En menor medida, se han gestionado también incidentes por lluvia en Mojácar y Carboneras.

Fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía han detallado la gestión de varios avisos desde las 7,50 horas hasta poco antes de las 12,00 horas, cuando las precipitaciones han cesado y han facilitado la labor de Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, Bomberos de Almería y Bomberos del Levante, que también se han movilizado en apoyo.

Así, poco antes de las 8,00 horas se recibía una alerta por la presencia de una mujer de unos 48 años de edad en una zona cercana al núcleo costero de San José con una herida en el tobillo y que necesitaba ser trasladada a un centro sanitario, si bien la crecida de la rambla impedía el acceso a una ambulancia.

En este sentido, se ha dado aviso a bomberos y a Guardia Civil, que finalmente ha conseguido acceder hasta el lugar en el que se encontraba la afectada, próxima también al camping de Los Escullos, para su evacuación de un centro de salud.

En Los Gallardos, un hombre ha tenido que ser atendido en el centro de salud tras resbalar en su casa de la calle Nueva debido al agua que estaba entrando en la vivienda.

Los efectivos también han atendido la crecida de la rambla de Rodalquilar hasta el Playazo, así como en la Isleta del Moro, lo que ha hecho que una decena de vehículos en total se vieran arrastrados por la fuerza del agua sin que ninguna persona llegar a quedar atrapada al haber podido salir de los coches previamente, por lo que solo se han detectado daños materiales.

Los bomberos también han gestionado avisos de vecinos que habían quedado temporalmente atrapados en sus cortijos debido a la crecida de las ramblas, sin que en ningún caso llegara a inundarse alguna vivienda.

CARRETERAS AFECTADAS

Como consecuencia de las precipitaciones, varias carreteras de la provincia se han visto afectadas; la A-7 presentaba problemas para circular entre los kilómetros 525 y 529, al igual que la N-340A en el punto kilométrico 520, ambas en término municipal de Los Gallardos.

También se han producido cortes a la circulación en la AL-3106 y la A-4200, en Níjar, por piedras y barro en la calzada. Todos estos incidentes en las carreteras han quedado solventados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó el aviso amarillo por lluvias en Almería hasta las 12,00 horas de este martes. La provincia almeriense solo mantiene vigente en estos momentos el aviso amarillo por fenómenos costeros hasta las 21,00 horas.

El exvicepresidente del Gobierno de España, Alfonso Guerra, ha advertido hoy que la Mesa de Diálogo "no es con Cataluña, es con el nacionalismo", advirtiendo de que la afirmación de que España tiene un "problema catalán" no es así, sino que es del "nacionalismo" y está convencido de que la citada Mesa es un "fingimiento" del que "no saldrá nada". Además, el histórico exdirigente socialista ha mostrado su esperanza en que vuelva el "bipartidismo" porque "era mejor que esto" que hay en la actualidad con la fragmentación del arco político.

Guerra ha participado en una nueva edición del Foro ADEA, de la Asociación de Ejecutivos y Directivos de Aragón, en Zaragoza, donde ha aludido, a preguntas de los medios, a la Mesa de Diálogo del Gobierno de España con la Generalitat de Cataluña, manifestando que "no es con Cataluña, es con el nacionalismo".

"Tenemos el defecto de que hablamos siempre del problema catalán, pero no es un problema catalán, es del nacionalismo", es decir, que "el problema de España es el nacionalismo catalán, no Cataluña, una sociedad magnífica", ha asegurado, añadiendo: "A esa mesa no me gustaría nada ir, no iría".

LA MESA ES UN FINGIMIENTO Y NO SALDRÁ NADA

Alfonso Guerra ha opinado que "probablemente se ceda en unas cuestiones de recursos económicos, pero los nacionalistas repiten que quieren autodeterminación y amnistía y saben que el Gobierno de España no puede de ninguna manera", de manera que la mesa "es un fingimiento y no saldrá nada".

El exvicepresidente socialista también se ha mostrado esperanzado en que vuelva el "bipartidismo", tras pedir "que desaparezcan los garrotes" de la política española. En su opinión, debería haber "un grado de colaboración de los partidos democráticos".

Según Alfonso Guerra, "los ciudadanos tienen derecho cada uno a su opción y optar por una o por otra, lo que no quiere decir que haya que estar desgarrándose continuamente".

"En España hubo una ocasión muy buena en abril de 2019, cuando dos partidos democráticos sumaban 180 escaños y ninguno de los dos quiso hacer alianzas a pesar de que año y medio antes habían hecho alianzas" y "se perdió la ocasión", ha expuesto Guerra, quien ha confiado en que "en las próximas elecciones se pueda hacer algo con los partidos democráticos sin necesidad de recurrir a los que no lo son". Ha confiado en que el bipartidismo "volverá" porque "era mejor que esto".

Respecto a la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Alfonso Guerra ha reconocido que le parece "fatal" que PP y PSOE no se pongan de acuerdo ya que, a su juicio, "ponerse de acuerdo es fácil" aunque "hay una deformación sobre ese acuerdo". "No veo ninguna dificultad", ha aseverado.

SERÍA FÁCIL PONER NOMBRES ACEPTABLES PARA CGPJ POR PP Y PSOE

Ha observado que el acuerdo debe llevarse a cabo en el Congreso de los Diputados y que, en términos estrictos, "el Gobierno no cuenta", por lo que en su opinión "sería fácil poner nombres que sean aceptables por los dos grandes partidos".

"Otra cosa es cómo se elige", ha continuado Alfonso Guerra, considerando que "se puede elegir por diputados o por jueces", tras lo que ha subrayado que los diputados representan la soberanía nacional, por lo que él prefiere que sea el Parlamento el que elija el CGPJ.

Tras recordar que en su época lo hicieron "con facilidad", ha lamentado que "no se quieren sentar en una mesa, pero si se sientan con un ramillete de nombres pues ponemos este en lugar de este; si no se sientan, nunca pueden llegar a un acuerdo".

NO ES PARTIDARIO DE LAS PRIMARIAS DE LOS PARTIDOS: SON PLEBISCITOS

Por otra parte, Guerra ha rehusado dar consejos al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez: "Ninguno", ha dicho, indicando que no está "para dar consejos", más cuando "la gente tiene que ser autónoma, tener categoría". Sí le ha recomendado que "no haga caso de ningún consejo, que no haga caso de nada de lo que le digan todos esos gurús que se dedican a la imagen".

En otro orden de cosas, Alfonso Guerra ha expresado que "lo que se está haciendo en los partidos no son primarias, sino plebiscitos", algo de lo que él "nunca" ha sido partidario, "lo haga quien lo haga". Ha confiado en que en el PSOE se va a "ir viendo gente que tiene la misma tesis que yo".

RECHAZA LO POLÍTICAMENTE CORRECTO Y PIDE "DECIR LA VERDAD"

Durante su intervención en el Foro ADEA, Alfonso Guerra ha dejado claro que "no es verdad" que la generación de jóvenes políticos actuales sea peor que los de la Transición, sino que "en general son mejores, es la generación más formada, alimentada, higiénica, con más conocimiento del exterior".

Ha observado que "en el año 77 las mejores cabezas de cada profesión fueron a la política porque había que traer la democracia y fueron a ayudar, pero hoy las mejores cabezas no van ni arrastrados" porque la política "está desprestigiada y le ponen la lupa a usted y su familia", de manera que "teniendo una generación mejor hay que incentivar a la gente para que vaya a la política".

Ello exige "ser respetuosos con los políticos", en el sentido de que "ha habido bastantes casos de políticos que han dimitido y cuando termina el procedimiento resulta que es inocente". Ha asegurado que "la política es una actividad noble y el que no lo haga bien hay que quitarle y que pague lo que penalmente tenga que pagar", pero "si no se crea esa conciencia positiva acerca de la política no lo arreglaremos".

Para la política "hace falta honradez, inteligencia, mucha dedicación y hoy se quiere hacer las cosas sin dedicar tiempo", ha observado, advirtiendo de que "sin sacrificio no hay esperanza".

Ha animado a "decir la verdad a la gente" porque "no pasa nada por que te equivoques", lamentando que "estamos en lo políticamente correcto". Ha considerado que "hay que hablar como uno piensa, no como le dice el tío de imagen" y que "no hay cosa más perjudicial que tener un personaje al lado diciendo 'eso no lo puedes hacer".

Euskadi ha registrado este pasado lunes 119 nuevos contagios de covid-19, lo que supone 50 más que en la jornada anterior, de los que 24 se contabilidad entre menores de edad. La tasa de positivos alcanza el 1,8%, mientras que la incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes sigue bajando y se sitúa en 115 casos. También se reducen a 114 los pacientes en planta y a 50 los que permanecen en las UCI de las hospitales vascos.

Según los últimos datos aportados por el Departamento vasco de Salud, durante la jornada de este pasado lunes se han realizado 6.723 pruebas diagnósticas (4.581 PCR y 2.142 test de antígenos), por encima de las 4.112 del domingo, con un resultado de 119 nuevos infectados, frente a los 69 de la jornada previa. De esta forma, la tasa de positivos respecto a las pruebas realizadas ha subido del 1,7% al 1,8%.

La tasa de casos positivos acumulados en 14 días por cada 100.000 habitantes ha bajado más de cinco puntos en la última jornada y se sitúa para toda Euskadi en 115,79 casos (era 121,56 el domingo).

Este indicador, que se reduce en todos los territorios, presenta la tasa más elevada en Guipúzcoa, con 118,54 casos este lunes (123,81 en la jornada anterior), mientras que en Vizcaya baja a 116,53 casos (122,45 en el día anterior), y en Álava se reduce a 94,18 casos (99,63 en la jornada previa).

Por su parte, la razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) es de 0,70 para el conjunto de Euskadi (era 0,71 el domingo) y el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, ha bajado a 0,80 (era 0,84 la jornada previa).

La trazabilidad de los casos alcanza una media en los últimos siete días del 39%, porcentaje de positivos detectados por ser contactos de otros casos, frente al 35% de positivos que se realizaron las pruebas por presentar síntomas de covid.

Por territorios, este pasado lunes se han detectado 57 nuevos positivos en Vizcaya, 24 más que el domingo, otros 45 en Guipúzcoa (19 más que en la jornada anterior), y Álava ha contabilizado once nuevos contagios (tres más que el día previo). A ellos, se suman seis contagios entre personas con residencia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, frente a los dos de la jornada precedente.

En el caso de Vizcaya, los municipios con más positivos este pasado domingo son Bilbao, que suma 15 contagios más y presenta una tasa de incidencia acumulada de 108 casos, Barakaldo con once, y Durango y Zaldibar con tres infectados más en cada uno.

En Guipúzcoa, San Sebastián contabiliza seis positivos más y baja la tasa de incidencia acumulada a 77 casos, mientras que en Azkoitia y Ordizia Irun se han registrado cuatro contagios más en cada municipio, y otros tres en Irún, Hondarribia y Eibar.

En Álava, Vitoria suma ocho de los once positivos registrados en el territorio y baja la tasa de incidencia acumulada a 104 casos, mientras que Agurain, Amurrio y Aramaio registran un contagio cada uno.

Con los datos de esta pasada jornada, solo hay una población de más de 5.000 habitantes que presentan tasas acumuladas superiores a los 400 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes, la vizcaína de Lekeitio.

HOSPITALES

En los hospitales vascos, han ingresado en planta 16 personas con covid durante el lunes, lo que supone una más que en la jornada anterior, y hay hospitalizadas en planta 114 personas con coronavirus, diez menos que el día previo.

Además, en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), hay 50 camas de críticos ocupadas por pacientes con covid-19, dos menos que el día previo.

EDADES

Por edades, el mayor número de nuevos contagios en la última jornada se produce en la franja de entre 40 a 49 años (26). Le siguen la franja de edad de 50 a 59 años (20 positivos), los de 30 a 39 años (15) y los de 10 a 19 años (15).

Entre los menores de 0 a 9 años se han contabilizado este lunes once casos, y otros once entre los jóvenes de 20 a 29 años. En la franja de 60 a 69 suman siete casos y otros siete infectados entre los mayores de 70 a 79 años. Por su parte, los mayores de 80 años contabilizan siete casos, de los que tres superan los 90 años.

De los 24 casos positivos registrados entre los menores de 0 a 18 años, 14 se dan en la franja de edad de 6 a 12 años y seis positivos se contabilizan entre los 13 y los 18 años.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes más elevada se da entre los mayores de 90 años (276,19 casos). Por el contrario, la más baja es la de la población de 60 a 69 años (con 77,53).

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha recordado este martes al portavoz parlamentario del Grupo Vox-Actúa Baleares, Jorge Campos, que "los ciudadanos de Baleares tienen derechos lingüísticos" y "la Administración tiene el deber de garantizarlos".

Según ha informado la presidenta Armengol, sobre la apertura de un expediente a una doctora de Son Pisà, denunciada por hablar en castellano a una paciente, en el pleno del Parlament, "los ciudadanos de Baleares tienen derechos lingüísticos y cuando uno no se cumple tienen derecho a reclamar ante la Administración, en este caso, ante Salud y la Oficina de Derechos Lingüísticos".

"La Administración", ha añadido la dirigente autonómica, "por su parte, tiene la obligación, ante una reclamación de un ciudadano, de descubrir si se ha vulnerado o no alguno de sus derechos".

CAMPOS: "EL CATALÁN PERJUDICA SERIAMENTE LA SALUD"

Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox-Actúa Baleares, le ha dicho a Armengol que "los derechos lingüísticos que tienen los ciudadanos de Baleares son los mismos que ella pisotea".

"El verdadero motivo de la Oficina de Derechos Lingüísticos", para Campos, "es tener un excusa con la que justificar un órgano de denuncias catalanistas".

"La Oficina de Derechos Lingüísticos es, además, un chiringuito para los golpistas de ERC que están en el Govern y funciona con denuncias falsas que presentan colaboradores de la multisubvencionada Obra Cultural Balear", ha añadido.

En esta línea, ha advertido que "es, cuanto menos, curioso que la denuncia contra la doctora de Son Pisà haya sido interpuesta por un periodista catalanista". Y, ha recordado a la presidenta balear que "la propia Conselleria de Salud y Consumo ha archivado la reclamación de este usuario negando discriminación.

El porcentaje de denuncias por vulnerar derechos lingüísticos, según datos de su propia Conselleria de Salud, suponen el 0,00058 por ciento, es decir nada, pero usted desautoriza a Salud y ordena seguir adelante con este expediente a la doctora, que ha tenido que sufrir linchamiento no solo en los medios de comunicación sino también en su propio centro de salud, con pintadas".

"Debería pedir perdón a los sanitarios, que se han dejado la piel en la pandemia y que se esfuerzan por reducir las listas de espera, y que ahora se ven perseguidos por su fanatismo catalanista", ha dicho Campos, para quien "no existe discriminación hacia catalanohablantes, sino hacia aquellos que hablan mallorquín, menorquín e ibicenco y a quienes hablan español". "Con usted, el catalán perjudica seriamente la salud", ha incidido.

ARMENGOL PIDE A VOX "DEJAR DE MENTIR"

Ante las afirmaciones de Campos, la dirigente balear ha pedido a Vox que "de vez en cuando, deje de mentir" y "de tratar con faltas de respeto a la ciudadanía, a los que piensan diferentes". "Ya basta de venir a la Cámara Autonómica a insultar y a faltar el respeto a los ciudadanos de estas Islas", ha incidido.

"Baleares es una Comunidad democrática, cuya una de sus riquezas es tener dos lenguas cooficiales", ha asegurado Armengol, quien ha reiterado que "los ciudadanos de las Islas tienen derechos y da igual cual sea el porcentaje de reclamaciones en materia lingüística en la sanidad balear, lo importante es que si un ciudadano cree que se le vulneran sus derechos tiene derecho a quejarse y la administración la obligación de garantizarlo".

El Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desplegado sus equipos de investigación para estudiar la erupción del volcán de La Palma. La institución ha aportado científicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA) y del Instituto Español de Oceanografía (IEO) para realizar análisis químicos, medir gases y muestras eruptivas, operar vigilancia aérea y evaluar el impacto en la biodiversidad.

El CSIC cuenta con varios equipos de investigación para estudiar la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en el municipio de El Paso, en la isla canaria de La Palma.

Tres investigadores del CSIC participan en el Comité Científico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (PEVOLCA). En concreto, participan Vicente Soler, del IPNA-CSIC), Inés Galindo, del IGME-CSIC, y Eugenio Fraile del IEO-CSIC. El delegado del CSIC en Canarias, Manuel Nogales, está realizando el seguimiento de la situación en La Palma. Además, se han desplazado medios humanos y materiales a la isla, en concreto, expertos con sensores específicos y un barco de investigación oceanográfica del IEO.

A través de la plataforma GEO-RISK+ se está coordinando la actividad en el área de riesgos naturales. Se ha puesto en marcha la revisión volcano-estratigráfica y estructural de Canarias como base para la realización de los mapas de peligrosidad volcánica. Este proyecto, ya aprobado, cuenta con una duración de tres años y un presupuesto inicial de 200.000 euros. Esta acción se considera imprescindible para evaluar y reducir el riesgo volcánico en Canarias y para cumplir con las obligaciones del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca).

En este momento, el IGME cuenta con tres investigadores sobre el terreno: Inés Galindo y Juan Carlos García, investigadores de la Unidad de Respuesta Científica ante Emergencias Geológicas (URGE), y Mario Hernández, del Servicio de Trabajos Aéreos IGME-CSIC. Fuera de La Palma, hay otros seis investigadores e investigadoras de la URGE trabajando en la emergencia: Nieves Sánchez, Raúl Pérez, Miguel Ángel Rodríguez, Marta Béjar, María Ángeles Perucha e Isabel Montoya.

Los investigadores del IGME-CSIC están tomando muestras de cenizas, lapilli y lava para estudiar las características del magma. También siguen los desprendimientos causados como daños colaterales del volcán en erupción y han estudiado la estabilidad de las laderas tras los terremotos.

El personal del IGME está realizando vuelos con drones desde el principio de la erupción para seguir la evolución de la situación. Han vigilado las coladas de lava para calcular su velocidad, su potencia, el ancho de las distintas lenguas y delimitar por dónde pueden ir moviéndose y a qué zonas pueden afectar.

Todas estas tareas tienen el objetivo de asesorar al Pevolca sobre la evolución de la erupción. Ese está siendo el trabajo en el campo y, en colaboración con científicos dde Madrid, se están planteando posibles escenarios basados en los datos obtenidos en el campo, sumando todo el conocimiento obtenido para tratar de dar el mejor asesoramiento posible durante la emergencia.

Por su parte, los equipos del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC), de Santa Cruz de Tenerife, están recogiendo muestras eruptivas (lava y cenizas volcánicas) para realizar análisis químicos y pretrográficos. Además, están calculando el flujo del dióxido de azufre y otros gases que desprende el volcán. También están tomando medidas de alta resolución para determinar la deformación superficial del terreno. Finalmente, medirán el impacto del volcán sobre la biodiversidad insular, especialmente para evaluar las especies con problemas de conservación.

Asimismo, en los próximos días, el IEO desplazará el buque oceanográfico Ramón Margalef para sumarse al estudio de la llegada de la colada al mar. El IEO realizará un estudio de la batimetría (estudio de la profundidad marina) con alta resolución y efectuará análisis fisicoquímicos del agua de mar para compararlos con los parámetros estudiados en 2018 en la zona. También realizará análisis biológicos para determinar el impacto de la llegada de la colada al mar y estudiará las rocas que contacten con el mar.

Efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Álava han detenido en Barcelona a dos personas después de que una vecina de Vitoria denunciara una estafa a través de una página web que anunciaba la venta de permisos de conducción supuestamente oficiales, según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil.

La víctima presentó el pasado mes de abril denuncia de una estafa consistente en el anuncio a través de una web de la venta de permisos de conducción supuestamente oficiales. En este caso, la víctima contactó con los anunciantes en diversas ocasiones convencida sobre la legalidad de la actuación.

"La denunciante, además de desconocer el proceder legal del método para proveerse del permiso de conducción de manera oficial, resultó convencida plenamente además de por las explicaciones recibidas por los autores, por las características que mostraba la página web, decorada a los efectos con 'logos' oficiales para dar credibilidad a la misma, realizando ingresos por valor de más de 2.100 euros", ha explicado la Guardia Civil.

La víctima también era coaccionada por los autores para que acabara de realizar los ingresos acordados bajo amenaza de denuncia ante las autoridades.

Las investigaciones sobre el entorno de los detenidos permitieron demostrar su vinculación con otras víctimas en las provincias de Badajoz, Toledo, Tenerife, Barcelona y Ciudad Real, con la misma operativa mediante el anuncio fraudulento en Internet.

EN BÚSQUEDA

Los arrestos se han producido los pasados días 15 y 16 de septiembre y se han bloqueado dos cuentas corrientes en las cuales existían movimientos por más de 50.000 euros.

Desde la Guardia Civil han precisado que los autores de la estafa cambiaban habitualmente de direcciones en Internet donde albergaban sus webs para de esta forma dificultar el rastreo.

Por otro lado, las indagaciones realizadas permitieron conocer que uno de los detenidos se encontraba en búsqueda por un Juzgado de Madrid.

Meteorólogos de Meteored han señalado que "hoy por hoy" no se sabe si en este invierno va a haber una borrasca con características "tan extraordinarias" como Filomena, aunque "climatológicamente no toca" ya que es un suceso que "tendría que tener un periodo de aparición de 50, 60 o 100 años".

"No sabemos hoy por hoy si en este invierno va a haber una borrasca con características tan extraordinarias como Filomena. No es posible hoy por hoy con la previsión saber si vamos a tener una nueva Filomena", ha señalado este martes el meteorólogo Francisco Martín durante un encuentro virtual organizado por Meteored para analizar la situación climatológica de este otoño, que comienza este miércoles.

En este contexto, Martín ha añadido que Filomena fue "un caso excepcional" porque fue una borrasca que venía "cargada" de humedad de tipo subtropical: "Venía cargada de 'súper gasolina' y se encontró con aire frío en la Península".

Para el meteorólogo José Miguel Viñas, la borrasca Filomena y la extraordinaria nevada que provocó "encaja bien en el nuevo marco climático", ya que fue una borrasca "con un cierto componente subtropical".

En la misma línea, el experto José Antonio Maldonado ha destacado que Filomena "fue algo muy llamativo" y ha explicado que, en el caso que hubiera una borrasca similar este invierno, no recibiría el mismo nombre ya que "las borrascas de gran impacto tienen ya su nombre predeterminado, agrupado por países".

Así, ha indicado que el primer país que detecta la borrasca "tira de la lista que previamente está establecida y tocó Filomena". "Fue verdaderamente llamativa pero no tiene que llamarse Filomena la próxima de gran impacto, no se va a llamar así, el nombre lo pone el primer país que detecta que le va a afectar y el resto de países lo respetan y lo acatan", ha precisado.

LA DANA QUE AFECTA AL MEDITERRÁNEO "VA A CAUSAR PROBLEMAS"

Respecto a la DANA que está afectando esta semana a algunas zonas del Mediterráneo, Francisco Martín ha alertado de que la previsión de este fenómeno "tiene más incertidumbre" y que podría verse afectado el suroeste peninsular y la zona centro.

Precisamente, ha comentado que esta DANA "es retrógrada, más difícil de predecir y con elementos realzados de humedad, de inestabilidad", por lo que, a su juicio, "va a causar problemas".

"Esta DANA no tiene que ver con la de principios de septiembre, pero estamos ante una situación donde hay bastante humedad en el Mediterráneo. Tenemos bastante 'gasolina' en el Mediterráneo, está muy cálido, tenemos bastante inestabilidad y tenemos la cerilla, que en este caso es una DANA", ha advertido.

Al ser preguntado por los cambios de criterios para nombrar las DANA, Viñas ha matizado que las DANA "no llevan nombre", sino que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) "nombra borrascas". "En principio esta DANA no lleva nombre, si llega a tener un centro de bajas importante en superficie, si hay vientos intensos que den lugar a avisos amarillos y hay precipitaciones intensas, entonces Aemet deberá pensar si nombrarla o no", ha concretado.

EL OTOÑO SE PRESENTA CÁLIDO Y CON POCAS PRECIPITACIONES

Durante el encuentro virtual, los expertos también han analizado la situación climatóligica para este otoño, que arranca este miércoles 22 de septiembre. Así, Maldonado ha asegurado que, en conjunto, el otoño se presenta "más cálido de lo normal y con pocas precipitaciones".

En concreto, el meteorólogo ha señalado que previsiblemente en septiembre, a partir del domingo, "la atmósfera se estabilizará y no habrá más precipitaciones".

En octubre, las temperaturas estarán ligeramente por encima de lo normal en la Península y rondarán los valores normales en los archipiélagos y las precipitaciones serán por debajo de lo normal en Extremadura, gran parte de Andalucía y en las regiones mediterráneas, aunque no ha descartado que se pueda producir algún fenómeno que traiga precipitaciones importantes. Por último, ha indicado que en noviembre "lloverá poco en general en casi toda España".

Durante su intervención, Francisco Martín ha subrayado que las lluvias torrenciales se producen en cualquier momento, pero preferiblemente en otoño, y en cualquier lugar, pero preferiblemente en zonas del Levante y zonas de montaña.

En este punto, el experto ha asegurado que actualmente no hay DANA "más potentes que antes, sino que hay una 'gasolina' de mejor calidad debido a un mundo que se calienta": "En un mundo más cálido el aire puede retener más humedad, que al condensarse podría liberar más calor, haciendo que las corrientes sean más intensas".

El cuerpo sin vida de una mujer ha sido localizado en la mañana de este martes por los servicios de emergencias en Playa Mecenas, de Mojácar (Almería), con lo que ya son seis los cadáveres recuperados desde este lunes en distintos puntos de la costa almeriense, entre ellos dos mujeres, un menor y otros tres varones.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han confirmado a la recuperación de un segundo cuerpo en la localidad mojaquera después de que el cuerpo de otra mujer fuera localizado en poco antes de las 10,50 horas en la Playa del Indalo.

La Guardia Civil ya investigaba el hallazgo de los cuerpos sin vida de un niño de corta edad y dos adultos que han sido encontrados en las playas de Vera y de Carboneras, en Almería, si bien los primeros datos apuntan a que serían ocupantes de una patera naufragada en el mar de Alborán.

A las 23,20 horas del lunes un particular comunicaba haber visto en la playa de Puerto Rey, en Vera, el cuerpo "de un niño pequeño tendido en la arena". Se dio aviso entonces a Guardia Civil, Policía Local, y servicios sanitarios que confirmaron el fallecimiento del menor. En la misma actuación, los agentes encontraron, a unos 200 metros del cuerpo sin vida del niño el cadáver de una mujer, por lo que se activó el protocolo judicial.

El 112 ha recibido, asimismo, a las 10,25 horas de este martes otro aviso de un particular que alertaba de una persona fallecida en la orilla de la playa de El Algarrobico, en Carboneras. En la zona están actuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Asimismo, en la jornada del lunes se localizó sobre las 18,00 horas el cuerpo sin vida de una persona flotando en el mar frente a la costa de Garrucha. El cuerpo pudo ser rescatado en la bocana del puerto del puerto. De este modo ya son seis los cadáveres que han aparecido en distintos puntos del litoral del levante almeriense en las últimas 48 horas.

Además, Protección Civil trasladó en la mañana del domingo al puerto pesquero de Carboneras el cadáver de un migrante de entre 40 y 45 años localizado en la playa de los Muertos, en el mismo término municipal.

El psicólogo y director del Instituto Europeo de Psicología Positiva, Juan Nieto, aconseja los afectados por el volcán en erupción en La Palma (Canarias) apoyarse en la comunidad y la familia, "y expresar sus sentimientos para superar el 'shock' emocional" que provocará la pérdida de sus casa y tierras.

Nieto recuerda que en esta situación de "emociones desbordadas", de altibajos emocionales, "es importante verse acompañado y que haya una canalización de todos estos sentimientos en el momento en que aparezcan".

Así, recomienda que las personas utilicen todos aquellos recursos emocionales que en otras situaciones convulsas de la vida les hayan podido funcionar y calmar al menos momentáneamente y, "sobre todo, apoyarse en los demás: vecinos, hermanos pareja, la propia comunidad e incluso en todas aquellas personas (bomberos, policías...) que les están ayudando".

Posteriormente, advierte, "tendrán que experimentar un proceso de duelo donde deberán hacer recuento de las pérdidas que, aun siendo materiales, la implicación emocional será altísima y habrá que afrontar la reconstrucción y la recuperación emocional".

Ahora mismo, en su opinión, hay una gran incertidumbre sobre la suerte que han podido correr sus casas o negocios. "La incertidumbre es de las emociones más complicadas (el cerebro necesita certezas para salir adelante y cerrar etapas) y en este caso de catástrofe hablamos de incertidumbre que impide en un primera fase por completo iniciar esa etapa de duelo", señala.

Una vez que pase todo, concluye, los afectados "necesitarán poner en orden las ideas y sentimientos para poder pisar firme y reconstruirnos en la siguiente etapa".

Asturias registró desde el 14 de septiembre hasta este lunes, día 20, un total de ocho aulas y 190 estudiantes confinados por la incidencia del coronavirus en los centros educativos públicos, concertados y privados, incluidas las escuelas de 0 a 3 años.

Esto supone que las autoridades sanitarias decidieron aislar el 0,12% de las 6.695 clases abiertas en la comunidad y al 0,13% del alumnado matriculado (137.500) desde el primer ciclo de Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional (FP). Tanto los datos globales de aulas como de estudiantes son aún provisionales.

En esta semana, en la que se completó la incorporación a las aulas de ESO, Bachillerato, Formación Profesional (FP) y Enseñanzas Artísticas, la Consejería de Salud notificó 19 positivos por covid entre la comunidad educativa: 17 entre el alumnado y 2 entre el personal no docente.

Por otro lado, las autoridades sanitarias también han decidido practicar un cribado ampliado en la etapa de Primaria del Colegio Santa Teresa de Jesús, en Oviedo, tras la aparición de 5 casos que han derivado en el aislamiento de 5 aulas. Las pruebas PCR se practicarán en las 7 unidades restantes y al personal de transporte escolar y de comedor.

Al igual que el curso pasado, los procedimientos que se ponen en marcha ante la detección de positivos de coronavirus vinculados a centros educativos están recogidos en la Guía de actuación ante la aparición de casos de covid-19, elaborada por la Dirección General de Salud Pública y el Servicio de Salud del Principado (Sespa) y actualizada a fecha 17 de septiembre. Este documento está a disposición de toda la comunidad educativa en la web de Educastur.

La guía, que se encuentra en constante revisión, a medida que evoluciona la pandemia, recoge toda la información necesaria, desde los confinamientos a la regulación de los grupos de convivencia estable y la gestión de posibles brotes.

El circuito de gestión diseñado para los equipos covid continúa otorgando la máxima prioridad a la información a las familias afectadas directamente por la detección de síntomas o por los confinamientos.

Más de 1.500 jóvenes se han vacunado en los dispositivos móviles que puso en marcha hace una semana la Comunidad de Madrid en los campus universitarios, el 70% de ellos con primeras dosis, según ha informado este martes el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

En su visita a uno de los puntos de vacunación en la Universidad de Alcalá, el consejero ha calificado de "buena noticia" la inmunización de estas personas gracias a la accesibilidad y facilidad que han tenido de hacerlo a través de estas unidades móviles.

Se trata de unas unidades que están especialmente dirigidas a jóvenes entre los 12 y 19 años y entre los 20 y los 29, franjas en las que se tiene que seguir ampliando la vacunación. "Lógicamente lo que pretendemos como responsables de esta campaña es facilitar que todo el mundo pueda vacunarse", ha apuntado Escudero.

En la población general, el consejero ha informado de que se ha alcanzado el 85% de madrileños con pauta completa y se está cerca del 90% en personas mayores de 12 años que cuentan con primeras dosis.

De la misma forma, ha indicado que se ha crecido en las franjas de 12 a 19 años, donde un 60% cuenta con pauta completa; mientras que entre 20 y 29 asciende al 70%, al igual que de 30 a 39 años. "Son datos buenos pero hay que seguir y facilitar la accesibilidad hasta que consigamos el 90% y a partir de ahí seguir creciendo", ha trasladado.

Pese a la mejora de los datos de vacunación y de la incidencia acumulada, que hoy desciende hasta los 88 casos a 14 días, Escudero ha vuelto a apelar a la responsabilidad de los ciudadanos y ha subrayado que hay que ser "constantes" en la lucha contra el virus.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, han enfriado la posibilidad de alianzas electorales con Unidas Podemos y ha instado a los integrantes del Gobierno de coalición que se dejen de "globos sonda" y "especulaciones", para centrarse en plasmar vía Boletín Oficial del Estado (BOE) su acción ejecutiva.

Por su parte, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha recalcado que su formación decide en materia de pactos votando y ha deslizado su posición favorable a mantener la alianza con Más País, al recordar que ya se intentó en el pasado con Podemos (cuando concurrieron juntos a las elecciones generales) y la experiencia "no funcionó".

Todo ello en un contexto en el que la también ministra de Trabajo ha trasladado su vocación de desplegar una "escucha activa" para poder articular un proyecto de país para la próxima década, en el que ya ha mantenido varios encuentros con la vicepresidenta valenciana y dirigente de Compromís, Mónica Oltra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entre otros.

No obstante, Díaz ha señalado en repetidas ocasiones que aún no ha decidido si será candidata de Unidas Podemos, como le propuso el propio exlíder del espacio político Pablo Iglesias cuando dejó el Ejecutivo.

Además, en el marco de la confluencia de Unidas Podemos se han marcado como objetivo el ensanchamiento de su espacio político. En este sentido, la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, remarcó recientemente que está dispuesto a hablar con todo el mundo para crecer y el líder de IU, Alberto Garzón, también dijo que había que intentar articular un proyecto "atractivo" que integrara a mucha gente.

ERREJÓN NOTA "CIERTO NERVIOSISMO"

En rueda de prensa en el Congreso y cuestionado sobre si su formación estaría dispuesto al entendimiento con Unidas Podemos de cara a los futuros comicios generales, Errejón ha respondido que nota "cierto nerviosismo" en las fuerzas que componen el Gobierno cuando quedan dos años de legislatura y que hablar ya de hipotéticas marcas o coaliciones "lanza un mal mensaje" para el Ejecutivo.

De esta forma, el parlamentario ha espetado que la suerte del Ejecutivo "no dependerá de globos sondas" o "cuentas" sobre los apoyos de cara a las futuras elecciones, sino de su capacidad para "mejorar o no" la vida de la gente.

"Queda dos años, la imagen de un gobierno que a dos años de las elecciones entra en especulaciones sobre cómo va a concurrir en las elecciones, no es positiva, habida cuenta de que el Gobierno habla a los españoles a través del BOE", ha ahondado Errejón para precisar que siempre ha apoyado al Ejecutivo cuando ha adoptado medidas que suponen avances para la ciudadanía. En consecuencia, Errejón ha recetado en clara referencia a Unidas Podemos "menos especulaciones y más BOE".

BALDOVÍ: LA EXPERIENCIA CON PODEMOS NO FUNCIONÓ

Baldoví también ha sido preguntado sobre si sigue manteniendo la alianza con Más País y si sigue manteniendo que las relaciones con Unidas Podemos son difíciles, después de las recientes reuniones entre Yolanda Díaz y la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra.

Al respecto, el diputado ha subrayado que las decisiones en Compromís, que es una coalición electoral compuesta por tres partidos, se deciden votando y ha destacado que se trata de un proyecto político de "estricta obediencia valenciana y quiere seguir siendo".

También ha enfatizado que trabajar con Compromís se fundamenta desde la "horizontalidad, el respeto mutuo y soberanía de cada organización y territorio". "Esta vía ya se intentó con Podemos y justamente esta fue la parte que no funcionó", ha proclamado.

Sin embargo, ha destacado que mantiene una "excelente" relación con la vicepresidenta segunda, con quien ha mantenido reuniones muy productivas, y él "no cerraría nunca la puerta a que pudieran dialogar". Pero a continuación ha mostrado su "extrañeza" sobre "qué ha cambiado" para que el tema de hipotéticas alianzas se haya vuelto "tan importante y recurrente".

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha valorado la visita del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, a Andalucía para mantener una reunión con el presidente andaluz, Juanma Moreno, sobre el modelo de financiación autonómica. "Siempre he sido un firme defensor de las alianzas entre territorios" y esta visita de Puig es un gesto que "le honra", ha afirmado Espadas.

El líder de los socialistas andaluces ha explicado que en Andalucía existe una posición sobre la reforma de la financiación acordada por el Parlamento, que fue liderada por el PSOE y a la que sumó posteriormente el Partido Popular. "Ahora están haciendo los que se aprobó" para conseguir una financiación justa, ha señalado Espadas, según una nota de este partido.

Según ha explicado Espadas, tiene que existir una "lógica política además de una lógica institucional" y debe ser acordada por todas las comunidades autónomas y validada en el Congreso de los Diputados, y que pasa por un acuerdo entre el PP y el PSOE, como partidos mayoritarios.

Ha mostrado su determinación de poder fijar el acuerdo político en el encuentro que mantiene esta tarde con el presidente valenciano en la sede regional socialista.

"Al debate institucional debe seguir un debate de altura política", ha remarcado Espadas, quien ha emplazado a Moreno a "sentarse con la señora Ayuso", ya que después de su cita con el presidente Puig debe sentarse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al esgrimir que "procede una cita entre ambos porque ahí es donde está la dificultad del acuerdo del modelo de financiación".

Espadas ha pedido al líder del Partido Popular, Pablo Casado, que "coordine la posición con las comunidades autónomas donde gobiernan".

Juan Espadas ha valorado que el Gobierno de España cumpla su compromiso y plantee en noviembre una propuesta sobre financiación porque "cada ciudadano debe tener los mismos recursos para acceder a los recursos públicos que necesite", ha concluido.