Presuntas víctimas del fotógrafo donostiarra José Juan 'Kote' Cabezudo Zabala, unidas en la plataforma Indarka, han mostrado su deseo de que el proceso judicial "acabe" y puedan "seguir" con sus vidas. El juicio comenzará el próximo 7 de marzo en la Audiencia de Gipuzkoa.

A través de un comunicado, Indarka ha recordado que la acusación particular "solicita 2.388 años de prisión" para Cabezudo, dada la "magnitud de la gravedad de sus delitos".

La Fiscalía solicita, por su parte, 121 años y medio por 32 presuntos delitos de índole sexual, pornografía infantil, estafa y contra la integridad moral de 16 de sus modelos presuntamente cometidos entre los años 1992 y 2013.

Además, ha denunciado el "estremecedor silencio de prácticamente toda la sociedad donostiarra" ante este caso, a excepción, de las asociaciones SOS KoteKasua, Bidasoaldeko Elkarte Feminista y Justicia Poética, a las que han agradecido su apoyo.

La plataforma ha realizado un llamamiento a "esa sociedad silenciada", en concreto a las "asociaciones feministas que saldrán a la calle el próximo 8 de marzo", para recordarles que este grupo de "mujeres victimizadas por la Justicia" también existen. "Solo queremos que esto acabe para poder seguir con nuestras vidas", han finalizado.

La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha detectado 397 casos de coronavirus en las 24 horas de este martes, jornada en la que se ha registrado el fallecimiento de una mujer de 53 años por esta causa.

Actualmente hay 255 pacientes hospitalizados con sospecha o confirmación de covid, de los que 228 están en planta y otros 27 permanecen ingresados en UCI.

La ocupación total por covid en los hospitales es del 7,28% y en el caso de las UCIs se sitúa en el 9,09%. Con estos datos, Asturias está en nivel de alerta medio (2 de 4).

RESIDENCIAS DE MAYORES Y CENTROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Por otra parte, el Servicio de Vigilancia Epidemiológica ha remitido a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar el número de casos positivos nuevos que se han registrado en residencias de mayores y centros para personas con discapacidad entre el 14 y el 20 de febrero. Concretamente, se han contabilizado 275 contagios: 211 entre residentes y 64 en profesionales.

Este servicio también ha revisado y actualizado los datos correspondientes a la semana anterior, del 7 de enero al 13 de febrero, que confirman un total de 586 casos: 489 en residentes y 97 en profesionales.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha señalado en varios autos, por los que estima falta de legitimación de todos los que presentaron recursos contra los indultos parciales concedidos por el Gobierno a los nueve condenados en el procedimiento del 'procés', que en el caso de los partidos políticos es "abrumadora" la jurisprudencia que declara que "no concurre con carácter general" su legitimación activa salvo en aquellas actuaciones "que afecten a la esfera de sus derechos e intereses legítimos".

Así, dando la razón a la Abogacía del Estado, aprecia falta de legitimación de los partidos en relación con múltiples facetas de la actuación administrativa, y resalta que ésta no concurre para impugnar cualquier actuación de las distintas administraciones públicas aunque consideren que resulta disconforme con el ordenamiento jurídico.

Se apoya la Sala en la reciente sentencia sobre la falta de legitimación de las formaciones para impugnar el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, para subrayar que "no es bastante" que exista una relación entre la actuación que pretende impugnarse y los fines de política general que puedan perseguir como instituciones de participación política que son.

"De modo que no puede sostenerse con éxito el reconocimiento general de la acción procesal a los partidos políticos, por muy relevante que sea su función constitucional, pues, de hacerlo, estaríamos ante una legitimación universal para impugnar cualquier acto que tuviera naturaleza, incidencia o repercusión política", dicen parafraseando la sentencia relativa al nombramiento de Delgado.

EL RECURSO DEL PP

En concreto, en el auto referente al recurso del PP, el Supremo recuerda que la formación fundamentaba su interés legítimo al considerarse afectado por el delito porque la "violencia ambiental promovida y favorecida por los condenados como instrumento de la trama delictiva" se proyectó también contra esa formación y sus miembros; y porque hubo vulneración de derechos fundamentales de los diputados del PP en el Parlament como consecuencia de la tramitación de las leyes de transitoriedad y de referéndum.

Pero recuerda que esto no aparece en los hechos probados de la sentencia condenatoria del Supremo a los líderes del 'procés' por lo que son ajenos al delito de sedición y malversación.

Y añade que por razones similares tampoco puede hacerse derivar ese interés legítimo de la lesión de los derechos fundamentales de los diputados. Los argumentos, indica, "se sitúan al margen del interés jurídico penalmente protegido por los delitos de sedición y malversación a que se refiere la condena que parcialmente se indulta".

EL RECURSO DE VOX

Sobre el recurso de Vox, que usa su cualidad de acusador popular en el procedimiento del 'procés' para sostener su legitimación, el tribunal dice que "el invocado derecho fundamental del recurrente a la ejecución de sentencia no puede servir de título legitimador en el presente recurso (...) que no atañe a ningún pronunciamiento relativo a la ejecución de sentencia (...) sino al ejercicio por el Poder Ejecutivo, por el Gobierno, de una potestad de gracia para la que le habilitan la Constitución y la ley".

Y recuerda que la Sala de lo Penal le negó legitimación como acusador popular para intervenir en el trámite de informe en el procedimiento de indulto. Además, añade que los pronunciamientos de la Sala Tercera sobre legitimación para recurrir indultos se vinculan a la constatación de un interés legítimo por haber sido víctima, ofendido o perjudicado.

"La acción popular que ha ejercitado el partido (...) en el proceso penal por sí sola no le permite actuar en el orden contencioso administrativo al margen de las normas que en éste configuran la legitimación que reclaman la invocación de un interés legítimo distinto de la mera defensa de la legalidad al no estar contemplada en el caso por la ley la acción popular", dice.

EL CASO DE LOS DIPUTADOS

En respuesta a varios diputados del PP de Cataluña que presentaron escritos a título personal, el Supremo reitera argumentos dados al partido y explica que los hechos que se describen en la demanda "no son objeto de mención en el relato de hechos probados ni determinantes en sí mismos del reproche penal que se hace en la sentencia condenatoria".

Los magistrados explican a los diputados del PP y de Ciutadans que el interés legitimador como afectado "ha de aparecer como determinante de la condena" y "ha de guardar relación directa con los hechos determinantes de la condena, pues es a ésta a la que se refiere el perdón contenido en el acto administrativo impugnado".

El Supremo señala que no puede hacerse derivar ese interés legítimo en el mero hecho de que eran diputados del Parlament. "La condición de perjudicado o afectado por el delito objeto de indulto parcial en el acto impugnado no puede hacerse derivar de tal extremo porque no es la vulneración de tales derechos la determinante de la condena impuesta en la sentencia penal condenatoria", indica.

Además, el tribunal recuerda que la condición de parlamentarios no les atribuye la representación de la sociedad ni del interés general ni de los bienes jurídicos colectivos en la jurisdicción contencioso administrativa.

EL CASO DE MILLO

El Supremo también rechaza la demanda del exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo, quien se consideraba legitimado por el "claro padecimiento de la violencia ambiental promovida por los condenados" que le afectaron de tres formas. En primer lugar, en relación con sus responsabilidades como Delegado del Gobierno, como jefe de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por los ataques sufridos por éstas; en segundo, mediante la afectación personal al recurrente y a su entorno social y familiar; y en tercero, en su condición de miembro del PP.

Los magistrados concluyen que "no es posible deducir un interés legítimo" respecto de su condición de Delegado del Gobierno porque "invoca un interés que no es personal (...) sino institucional de un órgano del Estado".

En cuanto a los hechos que le habrían afectado en su esfera personal y familiar y como miembro del PP, la Sala considera que "éstos sí son intereses personales y propios del recurrente". Señala, sin embargo, lo mismo que ya indicaron a los diputados, que dichos hechos "no son objeto de mención en el relato de hechos probados ni determinantes en sí mismos del reproche penal que se hace en la sentencia condenatoria".

También rechaza el Supremo los argumentos de Convivencia Cívica y de Pro Patrimonium Sijena Jerusalem. A ésta le contesta que "ninguna relación guarda la actuación administrativa impugnada, la concesión de indulto, con la defensa del patrimonio cultural aragonés".

VOTO PARTICULAR

Los autos del Supremo referentes a los partidos y a los políticos han contado con el voto particular discrepante de los magistrados Wenceslao Olea Godoy y Fernando Román García. Ambos muestran su discrepancia con las alegaciones de la Abogacía del Estado y consideran que las cuestiones que se suscitan en el incidente no pueden decidirse en estos autos, "sino en la sentencia que ponga fin al proceso, una vez tramitadas las fases de alegaciones y prueba, con plena garantía para todas las partes".

Así, aseguran que no se puede afirmar que quienes presentaron recursos carezcan de legitimación "en este momento procesal tan embrionario". "Una decisión de tan relevante trascendencia, a nuestro juicio, ni es acorde a la regulación que de la legitimación se hace en nuestra Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ni es congruente con la reiterada jurisprudencia de este Tribunal Supremo", apuntan.

Una delegación de la comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo ha resaltado en Madrid la labor de las empresas en España por "hacer posible" que exista un mercado inclusivo, tras visitar el centro de formación de talento digital de la Fundación ONCE. Durante su recorrido, se han analizado las buenas prácticas en las empresas de economía social y el desarrollo del Plan de Acción de la Comisión Europea para la Economía Social.

"Creo que estos días nos han servido para demostrarnos que es posible crear un mercado inclusivo. Además, ha servido para recordarnos que es importante financiar la igualdad de oportunidades y el tener en cuenta que las personas con discapacidad deben acceder a puestos de trabajo", ha subrayado a los medios de comunicación la eurodiputada Katrin Langensiepen (Verdes/ALE/Alemania), quien preside esta delegación.

En concreto, en la Unión Europea hay 2,8 millones de entidades de economía social, que emplean a 13,6 millones de personas. El plan de acción busca impulsar la capacidad de creación de puestos de trabajo de este sector empresarial en toda la UE y la Comisión propone aumentar en el período 2021-2027 la ayuda de 2.500 millones de euros asignados anteriormente a la economía social.

De este forma, este lunes los miembros de la delegación han visitado el centro educativo Gredos San Diego para comprobar la metodología de trabajo de esta cooperativa madrileña que cuenta con una plantilla de 1.500 trabajadores. Asimismo, también han estado en la sede central de Ilunion Lavandería, que cuenta con un proyecto en la inclusión social de personas con discapacidad basado en la innovación social y tecnológica.

Finalmente, los eurodiputados han acudido este miércoles al centro de formación de talento digital de la Fundación ONCE, que trabaja para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad en el ámbito digital y tecnológico.

"Estar en una sala como ésta habla de la calidad de educación que se da aquí y la calidad de formación. Se habla mucho de que esto no es posible y la ONCE demuestra que sí lo es. Que exista una educación inclusiva, que no sea una educación especial, sino que se demuestre que ellos pueden tener a una educación calidad sin ningún problema", ha reiterado Langensiepen.

Así, los catorce eurodiputados de la comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo han conocido de cerca el modelo de empresas de economía social de España, un sector que genera 2.184.000 empleos directos e indirectos, aporta el 10% del PIB nacional y representa alrededor del 12,5% del empleo total, según datos de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).

La delegación ha estado integrada por los europarlamentarios Antonius Manders (PPE, Países Bajos), Stelios Kympouropoulos (PPE, Grecia), Marc Angel(S&D, Luxemburgo), Jordi Cañas (Renew, España), Rosa Estaràs (EPP), Alicia Homs (S&D), Lina Gálvez (S&D), Margarita de la Pisa (ECR) y María Eugenia Rodríguez Palop (La Izquierda).

RECORRIDO DE LA VISITA

El grupo de eurodiputados comenzó su recorrido visitando 'Torre Ilunion', donde mantuvo un encuentro con directivos del Grupo Social ONCE y de CEPES en una sesión de trabajo para dar a conocer ejemplos prácticos y punteros de economía social en España.

Otras iniciativas que han conocido son 'Ilunion', un conjunto de empresas del Grupo Social ONCE que desarrolla una actividad diversificada en más de 50 líneas de negocio y cuenta con 487 centros de trabajo a lo largo de toda la geografía española.

"El 52,4% (255) de ellos son Centros Especiales de Empleo de iniciativa social (CEE), figura reconocida legalmente como uno de los tipos de entidades de la Economía Social por contar en su plantilla con más de un 70% de personas con discapacidad", ha explicado la ONCE en un comunicado.

Tras la sesión de trabajo, los eurodiputados asistieron al Hotel Illunion Atrium, uno de los 28 hoteles de la cadena, referentes en accesibilidad universal y sostenibilidad. Allí pudieron experimentar la sensación de cenar a ciegas gracias a las indicaciones de un técnico de rehabilitación de la ONCE.

El martes, tras mantener una reunión con el Consejo Económico y Social de España, y comprobar la metodología de trabajo del centro educativo Gredos San Diego (cooperativa madrileña), la delegación de eurodiputados visitó una de las lavanderías industriales de Ilunion, situada en Vallecas, para conocer un proyecto líder del sector en España y puntero en la inclusión social de personas con discapacidad basado en la innovación social y tecnológica.

Finalmente, los componentes de la comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo acudieron al centro de formación y empleo 'Por Talento Digital', de Fundación ONCE, que trabaja para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad en el ámbito digital y tecnológico.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 734 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas.

Por provincias, Ciudad Real ha registrado 220 casos, Toledo 205, Albacete 156, Cuenca 98 y Guadalajara 55, ha informado la Junta en nota de prensa.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 470.071. Por provincias, Toledo registra 157.812 casos, Ciudad Real 114.104, Albacete 85.632, Guadalajara 65.910 y Cuenca 46.613.

El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 178.Por provincias, Albacete tiene 49 de estos pacientes (36 en el Hospital de Albacete, 8 en el Hospital de Villarrobledo, 3 en el Hospital de Hellín y 2 en el Hospital de Almansa), Toledo tiene 43 de estos pacientes (31 en el Hospital de Talavera de la Reina y 12 en el Hospital de Toledo), Guadalajara 42 (todos ellos ingresados en el Hospital de Guadalajara), Ciudad Real tiene 30 (12 en el Hospital Mancha Centro, 7 en el Hospital de Ciudad Real, 4 en el Hospital de Puertollano, 3 en el Hospital de Tomelloso, 3 en el Hospital de Valdepeñas y 1 en el Hospital de Manzanares) y Cuenca 14 (todos ellos en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 32. Por provincias, Albacete tiene 10 de estos pacientes, Toledo 10, Guadalajara 7, Ciudad Real 4 y Cuenca 1.

En las últimas 24 horas se han registrado 2 fallecidos por COVID-19 en Castilla-La Mancha, concretamente 1 en Ciudad Real y 1 en Toledo.

El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia son 6.860. Por provincias, Toledo registra 2.627 fallecidos, Ciudad Real 1.875, Albacete 1.013, Guadalajara 712 y Cuenca 633.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Un total de 79 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes. Concretamente 30 en la provincia de Toledo, 21 en Ciudad Real, 12 en Albacete, 8 en Guadalajara y 8 en Cuenca.

Los casos confirmados entre los residentes son 560 y los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.275.

El Ayuntamiento de Paterna (Valencia) ha tachado de "malintencionada" la denuncia de un grupo de voluntarios del refugio en la que se aseguraba que 22 animales habían fallecido en el último trimestre de 2021.

Según el consistorio, fueron tres las muertes de perros y gatos mientras que el resto de decesos se corresponden a animales callejeros que llegaron heridos para recibir asistencia en el centro, al que las fuerzas de seguridad han recomendado que no entren personas ajenas, tras reiteradas agresiones "de todo tipo" a una de la empleadas.

Desde el consistorio, a través de sus servicios jurídicos, se está estudiando emprender acciones legales contra este grupo de voluntarios "por información falsa, amenazas, injurias y calumnias de manera continuada". "No se ha prohibido la entrada al Refugio de voluntarios, pero tras las reiteradas agresiones de todo tipo vertidas a una empleada del refugio, las fuerzas de seguridad han recomendado que no entre nadie ajeno al servicio", ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado.

La corporación municipal ha respondido así a las acusaciones de un grupo de voluntarios que ha señalado en un comunicado que, con información facilitada por el propio Ayuntamiento, un total de 22 animales de los 43 que había en las instalaciones habían muerto en el último trimestre de 2021 en el refugio, gestionado a través de la empresa municipal Gespa. Estos voluntarios indicaban que 19 animales, entre perros y gatos habían sido eutanasiados y otros tres fallecido.

Sin embargo, el Ayuntamiento ha expresado su "absoluta indignación por la información falsa, sesgada y malintencionada" ya que solo dos perros y un gato que habitaban en el refugio han fallecido, los tres eutanasiados por enfermedades crónicas, por recomendación veterinaria y tras ser tratados médicamente de su dolencia, con hospitalización cuando se ha requerido.

Y los otros 19 animales eutanasiados a los que se refieren los voluntarios en la información difundida corresponden a "gatos callejeros víctimas de atropellos de tráfico en su gran mayoría, que no llegan a habitar en el Refugio, y que tras aviso de Policía Local y a través del servicio de rescate municipal de animales, se recogieron de la vía pública y se trasladaron al Hospital veterinario, donde por disposición facultativa al padecer una lesión sin posibilidad de curación, se les prescribió la eutanasia".

El Ayuntamiento ha explicado que el refugio municipal "es de los pocos de España que cuenta con un equipo de veterinaria y auxiliares y con quirófanos en sus instalaciones además de servicio de hospitalización 24 horas los 365 días del año". Por ello, recibe las hospitalizaciones de animales rescatados en la calle por la Policía.

Asimismo, ha precisado que en 2021, a través del Refugio municipal de Animales, se ha gastado 52.500 euros en 210 hospitalizaciones y más de 50 intervenciones quirúrgicas mayores de animales, tanto de los que habitan en el refugio como de los que se rescatan de la vía pública tras aviso de Policía Local.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha convocado este miércoles al embajador ruso en Madrid, Yuri Korchagin, para trasladarle el rechazo del Gobierno a las "acciones unilaterales" de Rusia.

Después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, reconociera el lunes la independencia de las regiones separatistas ucranianas de Donetsk y Lugansk, "el escenario de que Rusia invada Ucrania no es en absoluto descartable", ha advertido en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados a petición propia para hablar sobre la crisis en este país.

"Estaríamos ante un hecho histórico, sin precedentes en las últimas décadas", ha reconocido, subrayando que esta crisis "puede marcar un antes y un después para todos nosotros" y constituye "la mayor amenaza para la seguridad de Europa de las últimas décadas" debido al que es "muy posiblemente el mayor despliegue militar desde la Segunda Guerra Mundial".

En este contexto, "España no puede no implicarse", ha defendido el ministro, ya que "una agresión militar constituiría una gravísima violación de la legalidad internacional de imprevisibles consecuencias".

Albares ha explicado a los diputados los distintos contactos y gestiones que ha venido realizando en las últimas semanas, incluido su viaje a Kiev el pasado 9 de febrero y la convocatoria este miércoles en Exteriores del embajador ruso.

Según ha indicado, le ha trasladado el "rechazo de España a las acciones unilaterales y contrarias al Derecho Internacional que está llevando a cabo su Gobierno". Varios países europeos ya procedieron la víspera a convocar a los embajadores o encargados de negocios de Rusia en sus respectivas capitales en protesta por la decisión de Putin.

PIDE UNIDAD A LOS GRUPOS

Por otra parte, ha apelado a los distintos grupos parlamentarios a la unidad en esta cuestión. "Espero que logremos alcanzar una posición unida en defensa de la paz y la legalidad internacional", ha confiado, esgrimiendo que lo que está en juego es la integridad territorial y la soberanía de un país, lo cual constituye la "clave de bóveda" del sistema internacional que tanto esfuerzo constó forjar.

El ministro de Exteriores ha reivindicado que es el momento de "demostrar que somos un país comprometido, que está cuando se le espera y cuyo compromiso con nuestros principios y valores, con nuestros socios y aliados, es inquebrantable".

Así las cosas, ha advertido a los diputados que deben escoger si están "con la paz y la legalidad internacional o con uso de la fuerza y el desorden mundial". En el caso del Gobierno, ha puntualizado, "escoge el primer camino" y sigue apostando por el diálogo pese a que "Rusia lo está poniendo muy difícil por no decir casi imposible".

LA EMBAJADA SIGUE ABIERTA

Albares ha informado de que la Embajada española en Kiev sigue abierta y ha precisado que en Ucrania aún hay 334 españoles registrados, de los que 101 han expresado su intención de abandonar el país o ya lo han hecho en los últimos días.

Además, ha indicado que se ha procedido a actualizar las recomendaciones de viaje a este país. En ellas, se recomienda no viajar a Ucrania "dado el deterioro de la situación de seguridad" y se aconseja a los españoles que se encuentran en este país que lo abandonen "temporalmente a la mayor brevedad posible".

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha anunciado este miércoles, en declaraciones a los medios antes de comparecer en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso, su intención de que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) incluya un periodo de formación inicial para todas aquellas personas que inicien su actividad como docentes en la Universidad.

"Nuestra intención es que la Universidad deje de ser una excepción en el sentido de que para empezar cualquier actividad educativa, cualquier persona que quiera ser maestro o profesor tiene que pasar por un curso de formación; en la Universidad no es así; lo que vamos a incorporar en la LOSU es la idea de que cualquier profesor que empiece su actividad profesional en la Universidad, en su primer año tenga que pasar por un curso de formación", ha anunciado.

Según ha explicado el ministro, el refuerzo de la actividad docente en las universidades españolas es "muy importante", ya que las universidades no pueden ser ni solamente "academias" ni únicamente "laboratorios". La idea, según ha detallado, es que dicha formación pedagógica sea obligatoria y se realice en el primer año de la plaza de ayudante doctor, que es la figura de entrada a la carrera académica.

La idea de mejorar la formación en la práctica docente viene motivada por la "propia experiencia profesional" del ministro como profesor universitario, tal y como ha reconocido el propio Subirats: "Cuando empecé en 1974, al cabo de unos días estaba dando un curso de Educación Política en San Agustín sin que nadie me dijera en qué consistía dar clases".

"Después de 47 años de universidad, he visto también lo que ocurría; he aprendido mucho de mis maestros anteriores; he sido capaz de compartir mi experiencia pedagógica con personas que empezaban y creo que esa reflexión es la que me ha llevado aquí", ha relatado.

Además, cree en esta iniciativa por otras cuestiones, como son los cambios tecnológicos que ha habido en las últimas décadas y la necesidad de reforzar el papel de la presencialidad. "Que haya algún tipo de formación inicial que es necesario", considera el ministro.

Ahora, en cuanto a cómo será este curso inicial, el ministro se ha mostrado prudente, al afirmar que el Ministerio tendrá que ver cómo lo abordará, teniendo en cuenta las competencias de las comunidades autónomas y la autonomía de las propias universidades. "Se trata de buscar la manera en que esto se haga de la mejor manera posible, sin que sea una carga", ha añadido.

En cualquier caso, Subirats recuerda que "afortunadamente", todas las universidades tienen unidades de formación docente e innovación docente, por lo que se trataría de "incorporar esa experiencia" para hacer posible esta medida.

Asimismo, según fuentes del Ministerio, además de esta formación inicial, la nueva Ley dará un impulso a la formación continua para que el profesorado pueda actualizarse y reciclarse en las metodologías didácticas más idóneas en cada disciplina.

El anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) aún se encuentra recabando las aportaciones de la comunidad universitaria con el objetivo de ser aprobado por el Consejo de Ministros en "este periodo de sesiones", según ha afirmado el ministro.

"De tal manera que así cumplamos los objetivos que estaban previstos, que la ley, en el caso de que sea aprobada, que es lo que esperamos, después de una tramitación de seis o siete meses, que son los normales en una ley orgánica, pudiera verse aprobada en el primer cuatrimestre de 2023", ha finalizado.

Canarias ha notificado cuatro muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, de tal forma que el total de óbitos asciende a 1.563 desde el inicio de la pandemia, según datos de la Consejería regional de Sanidad.

Los cuatro fallecimientos corresponden a personas de entre 77 y 92 años, registrándose dos de ellos en Gran Canaria, uno en Tenerife y otro en La Palma. Todos tenían patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario.

En cuanto a los casos, Canarias ha notificado un total de 2.176 nuevos positivos de Covid-19 en las últimas 24 horas, de tal forma que el acumulado se sitúa en 282.968, de los que 17.412 están activos y de ellos 45 se mantienen ingresados en UCI (-4), 307 permanecen hospitalizados (-17) y 17.060 están en su domicilio.

De este modo, indican, continúa la tendencia descendente en los indicadores de ocupación de camas hospitalarias iniciada en las últimas semanas, que son las que delimitan actualmente el nivel de riesgo.

Por islas, Tenerife suma 821 casos hasta acumular 130.305, de los que 6.902 están activos epidemiológicamente; mientras Gran Canaria tiene 1.030 positivos más y engloba 105.852 casos, de los que 8.272 están activos.

Asimismo Lanzarote suma 129 casos hasta acumular 19.519, de los que 389 están activos epidemiológicamente; mientras Fuerteventura añade 126 nuevos casos y engloba 14.351, de los que 1.382 están activos. La Palma, por su parte, suma 56 nuevos positivos hasta acumular 9.497, de los que 363 están activos.

El Hierro suma un nuevo caso hasta acumular 1.731, de los que 20 están activos, mientras La Gomera suma 13 nuevos positivos y engloba 1.712, de los que 84 casos están activos.

Actualmente la Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 354,97 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 610,91 casos por 100.000 habitantes.

Hasta este miércoles se han realizado un total de 3.234.414 pruebas diagnósticas en las islas, de las que 7.406 se corresponden a este martes.

Por último, apunta que la Dirección General de Salud Pública está realizando una actualización en el sistema de registro ReVeca, de las pruebas diagnósticas mediante autotest, cuyo resultado positivo había sido registrado en los sistemas de información de historia clínica pero no estaban actualizados al completo en la red informática de Epidemiología.

El Ministerio de Sanidad, ante la alta transmisibilidad registrada a principios de enero, admitió los autotest positivos como prueba válida para el diagnóstico de la Covid-19, si bien al no estar autorizados hasta ese momento los autotest positivos no se podían registrar de forma directa en el sistema informático existente hasta ahora provocando un retraso en la notificación de los mismos.

Así esta semana se continuará actualizando la base de datos con los casos positivos detectados por autotest pendientes de notificar, lo que indican afectará tanto al número total de pruebas realizadas como a los casos acumulados, así como a los activos que estén pendientes de alta epidemiológica "sin que interfiera en los niveles de riesgo de las islas al tratarse en su mayoría de casos ya cerrados".

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Cartográfica de Canarias (Grafcan), ha publicado en el visor del Sistema de Información Territorial de Canarias (IDECanarias) una ortofoto de la zona de la erupción del volcán de La Palma, que corresponde con la realidad del territorio tras el paso de la lava.

Se trata de la primera ortofoto que se hace pública de la zona eruptiva con la colada en este visor, imagen que se puede consultar en el enlace https://grafcan.es/NNNpTCT.

El consejero responsable del Departamento autonómico, José Antonio Valbuena, destacó que esta ortofoto, que está incluida en el servicio 'Erupción La Palma 2021' de IDECanarias, se realizó con una imagen satélite Pléiades a 50 cm/píxel el pasado 14 de enero y en ella se puede observar el límite de la colada con las 1.241.08 hectáreas afectadas y los datos de longitud, latitud y altitud en cada punto de terreno afectado.

En fechas recientes, la Consejería habilitó a través de Grafcan un servicio de certificación de fotografías aéreas para las personas afectadas por la erupción volcánica de La Palma. Este documento sirve para identificar las propiedades o el patrimonio de la ciudadanía sobre el terreno, tal y como se encontraba antes del paso de la lava, subrayó el consejero.

Los interesados podrán obtener este certificado de fotografía aérea, de manera gratuita, en el correo electrónico atencionalcliente@grafcan.com, en los teléfonos 922 237 860 y 928 336 860 o de forma presencial en las oficinas de Grafcan en Tenerife (Calle Panamá, 34, Polígono Costa Sur de Santa Cruz de Tenerife) y Gran Canaria (Avenida Juan XXIII, 7, Edificio Campo España de Las Palmas de Gran Canaria), destacó el consejero.

El uso del visor de Grafcan experimentó un aumento significativo en el año 2021, registrando un promedio diario de 7.900 visitas (un 20% más respecto a 2020). El apartado específico sobre la erupción de La Palma, que se creó el pasado mes de septiembre y que se iba actualizando día a día según el avance de las coladas, ocupó el quinto lugar entre los servicios más utilizados durante el último cuatrimestre del pasado año, con 122.789 visitas.

Los líderes de la Unión Europea se reúnen este jueves en Bruselas en una cumbre extraordinaria para tratar la crisis de Ucrania, después de que Rusia haya reconocido a las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk y anunciado el envío de tropas a la zona.

"Es importante que continuemos estando unidos y firmes y definamos juntos un enfoque colectivo", ha señalado el presidente Consejo Europeo, Charles Michel, en la convocatoria a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete.

En la agenda está la evolución de los acontecimientos en el este de Ucrania y la opción de aumentar el apoyo a Ucrania en esta crisis. Los líderes debatirán también sobre las relaciones con Rusia ante la amenaza que representa al orden de seguridad y también cómo proteger el orden mundial ante el pulso de regímenes como el ruso.

La cita en Bruselas llega en plena tensión con Moscú después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, reconociera este lunes la independencia de las entidades separatistas rusas de Donetsk y Lugansk y ordenara el despliegue de tropas.

"Las acciones agresivas de la Federación rusa viola el Derecho Internacional y la integridad territorial y soberanía de Ucrania y socava el orden de seguridad en Europa", ha indicado Michel, al tiempo que ha celebrado la rápida reacción de los Veintisiete, cuyos ministros de Exteriores aprobaron un paquete de sanciones 24 horas después de la maniobra del Kremlin.

El anuncio de Michel coincide con la adopción de las sanciones europeas, tras culminar esta tarde el procedimiento escrito iniciado por los embajadores de la UE y la publicación de las medidas en el Diario Oficial de la UE. Las sanciones afectan a 351 miembros de la Duma y 27 dirigentes políticos, mandos militares y entidades implicadas en la maniobra en el Donbás.

Las restricciones limitarán el acceso de Rusia al mercado de capitales de la UE, el comercio de las dos provincias rebeldes y afectarán a bancos rusos que financian al Ejército, como Rossiya, Promsvyazbank y VEB-bank.

En paralelo, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha convocado una reunión extraordinaria de los líderes de los grupos políticos de la Eurocámara para tratar junto a Michel y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la situación en Ucrania.

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha anunciado este miércoles que recurrirá a la justicia europea después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya desestimado su recurso de amparo contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) que le condenó a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia al negarse a retirar lazos amarillos de instituciones públicas.

En un comunicado, ha lamentado que la decisión del TC llegue cuando hace casi dos meses que terminó la condena de inhabilitación --el 3 de enero de 2022--, por lo que "ya no habría ninguna opción de reparar el daño causado".

"Es un ejemplo más de que la justicia española corre cuando quiere correr y va lenta cuando le conviene, de acuerdo con una intencionalidad política que no esconden los miembros del tribunal cuando tienen ocasión", ha destacado.

Pese a todo, considera que la decisión del Alto Tribunal cierra definitivamente la vía estatal de la causa y abre "plenamente el camino de la justicia europea, el camino de la única justicia posible para los independentistas catalanes".

También constata que el fallo del TC incluye dos votos particulares que se oponen a la decisión "de los dos mejores juristas del órgano judicial", Juan Antonio Xiol y Ramón Sáez, según la defensa de Torra, a cargo de los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal.

El expresidente catalán afrontará el 17 de marzo otro juicio en el juzgado penal número 6 de Barcelona "por desobediencia a las instrucciones de la justicia política española, y por tanto por obediencia a la voluntad democrática de los catalanes".

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha estimado el recurso contencioso administrativo presentado por el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes (Salamanca), con el que declara nula la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para verter aguas residuales de la explotación minera de Berkeley sobre los cauces del río Yeltes y a los arroyos Caganchas, Santidad y Valdemanzano, en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes.

Tras esta decisión de 21 de febrero de 2022, ante la que cabe recurso de casación en un plazo de 30 días, el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes, quien presentó el recurso, ha celebrado el fallo judicial con "enorme satisfacción".

En la misma línea, la plataforma Stop Uranio, contraria también a la apertura de la mina, ha reseñado que "el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha asestado el golpe definitivo al proyecto de Berkeley Minera en Retortillo".

"Este tribunal ha dictaminado que la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por Orden FYM/796/2013, de 25 de septiembre, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente no es válida para la autorización de vertido de aguas residuales concedida por la Confederación Hidrográfica del Duero en mayo de 2016", ha añadido Stop Uranio.

El Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes recurrió la autorización de vertidos concedida por la CHD y "cinco años después el TSJ le da la razón y anula ese permiso fundamental para que pueda funcionar la mina y planta de Retortillo", ha añadido la plataforma.

Un instituto de Educación Secundaria de Bétera (Valencia) investiga la supuesta agresión lgtfóbica sufrida por un profesor del centro por parte de un grupo de alumnos. Al menos una decena de estudiantes han sido expulsados por estos hechos y se mantienen abiertas pesquisas para el total esclarecimiento, según ha avanzado À Punt.

Los hechos tuvieron lugar la semana pasada, después de que el miércoles dos alumnas del IES Les Alfàbegues salieran al patio con una bandera LGTBI. La iniciativa provocó que más estudiantes se unieran hasta que el centro pidió que se pusiera fin a esta movilización que alteraba la normalidad en el patio.

Al día siguiente, otros alumnos acudieron al centro con banderas de España, que también exhibieron en el patio. Ante la tensión creciente, un docente pidió a los jóvenes que se dispersaran lo que causó, según la radiotelevisión pública valenciana, que un significativo grupo de alumnos --alrededor de 150, cifran-- increparan al profesor con gritos despectivos sobre su condición sexual y llegaran a lanzarle bocadillos y estirarle del pelo.

Desde la Conselleria de Educación, que recuerda el deber de la protección de datos al tratarse de menores, han confirmado que se ha activado el Plan de Prevención de la Violencia y de Promoción de la Convivencia (PREVI) por los incidentes comunicados.

En concreto, los especialistas del plan han activado el protocolo de denuncia y acompañamiento al profesorado y personal no docente, que incluye asesoramiento y asistencia jurídica gratuita en el profesorado y personal no docente víctima de ataques (amenazas, insultos, agresiones) en el ejercicio de su función.

Asimismo, se ha activado a la Unidad Especializada de Orientación (UEO) de Valencia, que es la de referencia en el ámbito de igualdad y la diversidad. El personal especializado ya está trabajando con la persona coordinadora de Igualdad y Convivencia del centro para implantar las acciones de sensibilización adecuadas a nivel de centro. Además, la Inspección educativa ha asesorado al equipo directivo.

Por su parte, sindicatos del sector docente han mostrado su indignación ante la noticia y su solidaridad con el profesional afectado.

Así, el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha manifestado su "más rotundo rechazo a la grave agresión lgtbifóbica a un docente por parte de un numeroso grupo de alumnado".

La entidad ha trasladado al centro su apoyo y ha puesto a disposición de la víctima sus servicios jurídicos, "así como cualquier tipo de ayuda al equipo directivo y a toda la comunidad escolar en general para luchar contra las agresiones en los centros".

"Por suerte, --incide STEPV-- hechos como estos no son habituales en los centros educativos, pero, desgraciadamente, no es casualidad que una agresión tan grave como esta se haya producido en un contexto político como el actual, con el auge de determinada ideología que fomenta estos comportamientos y no respeta ningún hecho diferencial".

El sindicato se reafirma en "la necesaria lucha contra cualquier tipo de discriminación por razón de género, lengua, origen, religión, sexo o edad, discapacidad, orientación sexual u otros similares". "No se puede bajar la guardia y hay que mantener y, si se tercia intensificar, el magnífico trabajo que están realizando los centros educativos verso el respeto hacia la diversidad sexual y hacia cualquier otro tipo de diversidad", recalca STEPV en un comunicado.

Desde esta organización ponen en valor de nuevo la tarea docente y reclaman a la administración educativa "la revisión, fortalecimiento y agilización de los protocolos ante las agresiones a las personas docentes".

También la Federació d'Ensenyament de CCOO (FECCOOPV) ha condenado "enérgicamente la agresión homófoba" e informa de que se va a trasladar al centro para ponerse a disposición de su comunidad educativa y la administración con el objetivo de "trabajar acciones concretas dirigidas a erradicar estos lamentables hechos y profundizar en la concienciación y respecto de todas las personas sin discriminación por su condición sexual".

"Nuestro compromiso de trabajo por la libertad sexual, el respecto a la diversidad en su sentido más amplio y la educación en democracia es una constante de nuestra acción sindical. Lamentablemente, hechos como este constatan la necesidad de continuar haciendo esfuerzos, poner todos los recursos necesarios e implicar a toda la sociedad para avanzar hacia la convivencia", aseveran.

"DISCURSO DE LA EXTREMA DERECHA"

Para CCOO, "el discurso LGTBIfóbico de la ultraderecha pasa factura introduciendo crispación y polarización en todos los entornos de la sociedad y todas las edades". Por último, trasladan todo su apoyo al profesor agredido, alumnado y resto de profesorado "que sufre estas amenazas y agresiones".

Igualmente, ANPE su disposición a proporcionar toda la ayuda y ha recordado la existencia del Defensor del Profesor, un servicio gratuito dedicado a dar soporte a los docentes en relación a los problemas de convivencia escolar.

La existencia del servicio, que ofrece apoyo psicológico y juridico a las víctimas, pone de relieve que "el acoso al profesor no es un fenómeno nuevo en los centros, pero en estos momentos alcanza niveles muy preocupantes", afirma ANPE CV, que insta a "no bajar la guardia" y trabajar con las instituciones para "atajar este y otros problemas de convivencia en escuelas e institutos".

La Comunidad de Madrid ha notificado 2.716 nuevos casos de Covid, 1.657 de las últimas 24 horas, y 15 fallecidos en los hospitales madrileños, según el informe de la situación epidemiológica de este miércoles con datos a cierre del día anterior.

En la jornada del martes fueron notificados 3.492 nuevos casos (776 más), de los que 2.172 eran de las últimas 24 horas, y 13 fallecidos en los hospitales madrileños (dos menos), mientras que el miércoles precedente se contabilizaron 3.525 nuevos contagios (809 más), 2.793 del último día, y 20 muertos (cinco más).

El número de hospitalizados se sitúa hoy en 1.016 (53 menos que ayer) y 179 en la UCI (once menos), mientras que 132 pacientes han recibido el alta. El número de personas en seguimiento domiciliario por Atención Primaria es de 770.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 1.593.442 positivos, un total de 144.638 casos han requerido hospitalización, 15.153 han precisado UCI y 128.414 (acumuladas) han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado el seguimiento domiciliario de 1.397.730.

Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 27.642, de los cuales 5.201 han sido en centros sociosanitarios, 20.812 en hospitales, 1.590 en domicilios y 39 en otros lugares.

PLAN DE VACUNACIÓN

En cuanto a la vacunación, se han administrado un total de 13.500.546 dosis, con 5.496.946 primeras dosis, 5.155.859 segundas dosis registradas y 237.020 vacunas unidosis de Janssen. A estas se suman 2.610.721 terceras dosis administradas.

De esta manera, el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 82,2%. Teniendo en cuenta solo la población mayor de 12 años, establecida en 5,9 millones de los 6,8 millones de ciudadanos en la región, el porcentaje de inmunizados representa el 92,4%, mientras que el 93,9% cuenta con al menos una dosis.

Con el arranque de la vacunación infantil, el porcentaje de población mayor de 5 años con al menos una dosis es de 90,5%, mientras que el 86,3% cuenta con pauta completa.

La Comisión de Igualdad del Senado ha aprobado por unanimidad el dictamen de la Proposición de Ley Orgánica de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género, que facilita el acceso a herencias a huérfanos por violencia machista.

El texto ha sido aprobado en los términos en los que ha llegado aprobada del Congreso de los Diputados, con el voto a favor de todos los grupos, incluido de VOX, que es el único que se había abstenido en la votación en el Congreso de los Diputados.

"Esta ley viene a complementar de una manera clara, concisa y muy acertada la situación de vulnerabilidad en la que quedaban muchos huérfanos de violencia machista, que además de perder a su madre a manos de su maltratador, se encontraban en una situación complicada en cuanto a su futuro", ha explicado la senadora del PSOE Donelia Roldán, este miércoles en el debate del dictamen.

Según ha desgranado, con esta ley "se amplían las ayudas a los huérfanos cuando el asesino no es su padre, aunque sean adoptados con posterioridad siempre que las familias cumplan los requisitos económicos que se estipulan para ello, se eliminan ciertas incertidumbres que existían en procedimientos judiciales en cuanto a la liquidación de bienes gananciales y se atribuyen las competencias al juzgado de violencia contra la mujer".

En concreto, el texto aprobado propone, entre otras cuestiones, que los huérfanos puedan presentarse a la liquidación del régimen matrimonial en representación de la madre fallecida; se facilita el acceso a las herencias por parte de estos menores sin necesidad del acuerdo del asesino de sus madres; se contempla la posibilidad de exenciones de impuestos, y se introduce la presunción de abandono en casos en que el padre está desaparecido.

El PP y VOX habían presentado enmiendas al texto aunque el PSOE las ha rechazado; las de los 'populares', porque considera que son "redundantes" y están "ya recogidas", y las de VOX porque "ni enriquecen ni tienen nada que ver con esta ley ni con la violencia machista, la cual no reconocen".

La senadora del PP María Adelaida Pedrosa ha lamentado que no se haya aceptado ninguna de sus enmiendas con las que querían "enriquecer" la ley aunque, en todo caso, ha insistido en que todos se pueden sentir "muy orgullosos" porque es "un gran avance" para que los hijos de las víctimas de violencia machista "no se queden desprotegidos y desamparados".

En todo caso, también ha hecho un "reproche" al Ministerio de Igualdad ya que considera que "algo está fallando en la protección" ante el "repunte de mujeres asesinadas". "No visualizamos que el Ministerio esté trabajando para evitarlo", ha criticado.

También han mostrado su apoyo a la ley la senadora de Esquerra Republicana (ERC) Elisenda Pérez, y la senadora del PNV María Dolores Etxano que ha celebrado el "nuevo paso adelante" al modificar "una legislación que era injusta" pues la "tragedia" a la que se enfrentan los menores por el asesinato de su madre "no debe ir acompañada de obstáculos ni jurídicos, ni judiciales ni burocráticos".

Entre los grupos también han abundado las críticas a Vox por negar la violencia de género. "Aunque haya quienes todavía lo nieguen, es una violencia injusta e ilegítima", ha afirmado el senador de Geroa Bai Koldo Martínez, que ha insistido en el "desamparo" al que se enfrentan las niñas y niños huérfanos de la violencia machista, la cual, según ha advertido, por desgracia, va a seguir costando a la sociedad sangre, sudor y lágrimas".

Para la senadora de JuntsxCat María Teresa Rivero, esta proposición de ley "hacía falta" para proteger a estos menores que sufren una "doble vulnerabilidad pues viven en un ambiente de violencia que por otra parte tiene el peligro de irse replicando" y un "doble trauma de perder a sus madres y en algunos casos también al padre por ser el asesino". También ha criticado que se ponga "en duda" que existe la violencia machista.

Por su parte, la senadora de Teruel Existe solo ha intervenido para confirmar su apoyo a la ley; mientras que VOX no ha hecho uso de su turno de palabra.

Tras el debate, en el que también se ha puesto en valor la labor de Fundación Mujeres y el fondo de becas Soledad Cazorla, se ha procedido a la votación y las senadoras han irrumpido en un aplauso.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha recomendado este miércoles a Vox que "se serene", porque "va a tener que esperar un tiempo" hasta las próximas elecciones autonómicas, así como que "reflexione" y recupere una actitud "constructiva" para ser "útil" al cambio en Andalucía como, según ha valorado, guió el comportamiento de dicho grupo al inicio de la actual legislatura.

Moreno ha respondido así, en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, al portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, quien ha vuelto a pedir a Moreno que convoque ya elecciones en la comunidad autónoma porque la actual composición de la Cámara "ya no refleja la realidad política de Andalucía", según ha sostenido.

Además, el portavoz de Vox ha reprochado al presidente de la Junta que tiene como socio de gobierno a "un partido en descomposición del que no se fía nadie", en referencia a Ciudadanos (Cs), y le ha afeado que él es "un 'popular' que es capaz de soñar en socialista".

Gavira ha acusado a Moreno de "desaprovechar la oportunidad" que tiene Andalucía para cambiar respecto a las anteriores políticas de los socialistas, con quienes "están sacando adelante los proyectos que van en contra del espíritu de cambio" que hubo en las elecciones de 2018, según ha reprochado el portavoz de Vox al presidente de la Junta, a quien también ha afeado que "se inventó lo de la pinza" entre Vox y el PSOE-A que "no se cree nadie nada más que" el propio Moreno, y que ha tildado de "tomadura de pelo".

VOX ACUSA A MORENO DE "BLOQUEAR" EL CAMBIO EN ANDALUCÍA

"En Andalucía hay un bloqueo, de usted y su gobierno impidiendo el cambio real que demandan los andaluces", ha sostenido también Manuel Gavira en su intercambio dialéctico con Moreno, a quien ha criticado que el Gobierno de PP-A y Cs "perdona deudas a sindicatos, mantiene enchufados en la administración" que suponen un "gasto inasumible", y tienen "en la calle a andaluces pidiendo una sanidad de calidad, a sanitarios pidiendo condiciones dignas, y a agricultores y ganaderos".

Ha lamentado que "ahora todo el mundo tiene claro" que Moreno va a intentar agotar la legislatura, para lo que "le hace falta un socio", que "ya tiene", porque "el marido de la enchufada se va a prestar a su juego", ha añadido en referencia al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas.

En esa línea, Gavira ha espetado a Moreno que él y Espadas "se necesitan mutuamente, para mantenerse en el poder" algunos meses más, en el caso del presidente, y para "darse a conocer" entre la sociedad en ese tiempo, en el caso del socialista, según ha argumentado el representante de Vox antes de acusar al también líder del PP-A de estar "blanqueando las políticas de ese socialismo prevaricador" que gobernaba en Andalucía antes de la cita electoral de 2018.

"Ustedes están ya a la misma altura" que los socialistas, ha afeado Gavira a Moreno, a quien ha advertido de que Vox se encargará de "hacer lo que ustedes no se han atrevido a hacer" cuando lleguen a los gobiernos, y al que ha remarcado que los socialistas "nos dejaron una herencia corrupta y ruinosa" que el actual Gobierno andaluz se ha dedicado "a gestionarla, frustrando el cambio que querían los andaluces en 2018".

MORENO CRITICA EL "EMPECINAMIENTO" DE VOX POR LAS ELECCIONES

Moreno ha replicado a Gavira criticando el "empecinamiento" de Vox por que adelante las elecciones andaluzas por "un interés claramente político", porque "creen que pueden sacar mejores resultados" ahora que no saben si podrían sacarlos "en un futuro", según ha razonado el presidente.

Ante ello, el jefe del Ejecutivo andaluz ha animado al portavoz de Vox a que se dé "un paseo" por los alrededores del Parlamento y pregunte a los ciudadanos con los que se encuentre "si entre sus prioridades está el adelanto electoral para mejorar su calidad de vida".

"A lo mejor se lleva una desagradable sorpresa al comprobar que no" es así, ha continuado Moreno, quien en esa línea ha sostenido que las prioridades de los ciudadanos pasan actualmente por "intentar arrinconar la pandemia, crear empleo, prosperidad, futuro", y "no les preocupan los intereses estratégicos y electorales" de Vox, partido a cuyos parlamentarios ha advertido de que "van a tener que esperar un tiempo" hasta las próximas elecciones.

Tras subrayar que "las ansiedades políticas no son buenas", Moreno ha recomendado al portavoz de Vox que "se serenen y permitan que esta legislatura transite con normalidad, con el gran objetivo de cambiar Andalucía y mejorar la calidad de vida" de sus ciudadanos.

Al respecto, el presidente ha puesto de relieve que su Consejo de Gobierno mantiene "perspectivas legislativas hasta el final de la legislatura", pese a los "bloqueos" que desde Vox hacen a algunos de sus proyectos de ley, y está trabajando en los anteproyectos de leyes como las de Atención Temprana, Función Pública o el Flamenco de Andalucía, así como en el Estatuto de las mujeres rurales y del mar, según ha enumerado Moreno.

"Tenemos mucha carga legislativa, muchas iniciativas y trabajo que hacer en beneficio de Andalucía, y me gustaría que su grupo apoye alguna de estas iniciativas que van a servir para mejorar la vida de los ciudadanos", ha trasladado Moreno a Vox.

Manuel Gavira ha respondido al presidente indicando que "lo que quieren los andaluces y españoles no es lo que usted quiere", y le ha reprochado que "están empeñados en rechazar lo que les pueda distanciar de los socialistas, y lo van a pagar", según le ha advertido.

"Están centrados en parecerse a los socialistas cuando deberían preocuparse de revertir las políticas que han arruinado a esta tierra", ha afeado el portavoz de Vox a Moreno, a quien también ha reprochado que "le preocupan sus cálculos electorales y la altura del PSOE", así como le ha acusado de estar "haciendo perder el tiempo a todos los andaluces".

Tras aseverar que Espadas "es Sánchez en Andalucía", el presidente del Gobierno que pacta con "separatistas, terroristas, comunistas", Gavira ha concluido insistiendo en pedir a Moreno que le dé "la voz a los andaluces" y que "no se arrime a los socialistas", porque "de malversaciones y prevaricadores ya estamos hartos" en Andalucía.

Moreno le ha replicado que el que "se alinea muchísimo con la izquierda" es Vox en votaciones del Parlamento andaluz, y que "para trabajar y cambiar Andalucía hay que tener una actitud positiva y constructiva".

De igual modo, ha recomendado al portavoz de Vox que, "si tanto le preocupan los jóvenes, apruebe el Plan Estratégico de Empleo Juvenil, que va a llegar probablemente en marzo a esta Cámara, dotado con 680 millones de euros que podrían haber sido 800 si no hubieran vetado el Presupuesto" de 2022, según ha apostillado Moreno.

El presidente ha recomendado a Vox que "no pierda la esencia de ser útil" para "cambiar Andalucía", y ha advertido a Gavira de que "los andaluces nos piden que dejemos el politiqueo al lado y nos dediquemos a mejorar la calidad de vida" de los ciudadanos.

Asimismo, Moreno ha defendido que él guarda "respeto a todos los votantes que hay en Andalucía, voten lo que voten" y, como presidente de la Junta, intenta ser "punto de encuentro entre socialistas, Podemos y Vox", grupo este último que, según ha opinado, tuvo "un inicio de legislatura positivo, con una actitud constructiva", y ha lamentado que haya "dejado" esa actitud "por meros intereses electorales", por lo que ha concluido animando a Vox a que "reflexione y vuelva a la senda de ser constructivos en beneficio de los andaluces".

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha presentado este miércoles su propuesta ampliada de jubilación anticipada para médicos, que incluye tanto a quienes realizan trabajo nocturno, incluyendo las guardias, como un proyecto que incluya una vía de jubilación parcial.

Así lo ha explicado el secretario general de CESM, Gabriel del Pozo, quien señala que es un paso más del que ya se dio en junio de 2021 con la presentación de una opción de jubilación anticipada para quienes realizaban jornada nocturna específica (SAR o urgencias).

"Ahora ampliamos esto e incluimos a gente que dentro de su actividad normal tiene trabajo nocturno, como es toda la gente que hace guardias y planteamos una jubilación parcial", ha detallado en rueda de prensa.

La justificación de esta propuesta ha sido explicada por Enrique Fernández Carrera, asesor de CESM en el grupo de trabajo sobre jubilación, que exponía que el sistema de guardias médicas de 24 horas, en vigencia desde 1966, no contempla ese tiempo como de trabajo efectivo de cara a la jubilación, "así como la peligrosidad asociada a nuestro trabajo (riesgo biológico, infecciones, radiológicos o químico)".

"Va contra toda lógica no solo que no se hayan mejorado nuestras condiciones laborales durante casi 60 años, sino que esto no se considerase tiempo de trabajo efectivo de cara a la jubilación", ha esgrimido.

Del mismo modo, la propuesta reclama la prolongación voluntaria de la edad de jubilación y la jubilación parcial, reivindicaciones que pretenden ayudar a paliar en breve la avalancha de jubilaciones de los médicos que forman parte de los llamados 'baby boomers', según Fernández Carrera.

Por su parte, el presidente de CESM, Tomás Toranzo, ha hecho hincapié en la necesidad de que la Administración reconozca la Medicina como profesión de riesgo y flexibilice la edad de jubilación, algo que la Confederación lleva reclamando desde hace tiempo.

"Hay profesionales que por sus circunstancias no están perfectamente capacitados antes de cumplir los 65 años y deben poder pedir la jubilación anticipada, y del mismo modo hay otros profesionales en diferentes circunstancias que pueden solicitar una prolongación de su edad laboral hasta los 70 años. Por lo tanto, es necesaria esta articulación por el sistema de salud, por el interés de los pacientes y por salud laboral, además de que contribuirá a una mejora en la distribución de recursos humanos por el roto que se puede producir en los próximos años en el sistema sanitario por la avalancha de jubilaciones", ha expuesto.

Asimismo, Toranzo ha recordado que hay otros colectivos que por sus circunstancias sí pueden acceder a una jubilación anticipada y que la profesión médica tiene exigencias que no tienen otras, como es la obligación de realizar jornadas extra obligatorias.

"Muchos profesionales no pueden estar en las condiciones adecuadas para ofrecer la máxima calidad asistencial, y no todo el mundo está en las mismas circunstancias. De ahí que nuestro planteamiento sea totalmente lógico y por eso reclamamos a la Administración que debe pasar de los aplausos durante la pandemia a los hechos y al reconocimiento, ya que de momento ha hecho oídos sordos a nuestra propuesta pionera", ha remachado.

La consejera de Política Social, Fabiola García, ha insistido en que se deben investigar "todos los casos" de abuso sexual "sin excepción" y no solo los de la Iglesia. "El abuso sexual es un acto absolutamente repugnante y deleznable, sea quien sea el autor", ha afirmado.

Así se ha pronunciado este miércoles en respuesta a una pregunta formulada por la diputada socialista Paloma Castro, quien ha instado a la Xunta a "dejar de mirar para otro lado" con los abusos sexuales en el seno de la Iglesia y posicionarse con respecto a la petición de un informe a la Valedora do Pobo.

Al respecto, Fabiola García ha sostenido que "los ciudadanos están cansados de que se escenifique una discrepancia" cuando en este asunto existe "un amplísimo consenso". "Es necesario investigar los casos de abusos sexuales, perseguir a los que lo practican o practicaron y apoyar a los que los sufren o sufrieron", ha afirmado.

Además, ha sostenido que la lucha contra el maltrato sexual hacia los menores de edad "es una prioridad para Galicia" y, por lo tanto, una prioridad para la Xunta que "lleva muchos años trabajando para erradicarlo".

Tras citar distintas iniciativas de la Xunta para combatir esta problemática, ha insistido en que se debe profundizar para que "afloren todos los casos, fuese cual fuese el contexto en el que se dieron" y apoya a las personas que lo padecen "en todos los ámbitos sin excepción".

En esta línea, ha sostenido que "todos los casos de abusos sexuales tienen que ser denunciados y salir a la luz". "Todos, todos ellos sin excepciones. El dolor de la víctima no es mayor o menor según el grado que sea la profesión de su profesor, por eso todos ellos merecen el máximo respeto, el máximo apoyo y toda la justicia", ha subrayado.

Por su parte, la socialista Paloma Castro ha advertido al Ejecutivo autonómico que no se puede "minimizar" una realidad existente porque ello "te convierte en cómplice" y ha acusado a la Xunta de "desviar el foco de esta cuestión".

El Pleno del Parlamento de Canarias ha convalidado este miércoles, con la abstención de la portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, el decreto ley urbanístico del Gobierno de Canarias que permite la reconstrucción de la primera vivienda en La Palma arrasada por la erupción --algo menos de 600--.

Los grupos del cuatripartito han bloqueado su tramitación como proyecto de ley, tal y como pedían la diputada Espino y el Grupo Nacionalista.

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el cambio climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, ha comentado que el objetivo del decreto es "facilitar" poder reconstruir la vivienda habitual perdida por la erupción volcánica en Cumbre Vieja.

Así ha dicho que se trata, esencialmente, de que su pueda construir en cualquier suelo de tipo rústico en los tres municipios del Valle de Aridane: El Paso, Tazacorte y Los Llanos de Aridane.

Valbuena ha aprovechado su comparecencia para "poner la cara colorada" a los propietarios de terrenos rústicos que están elevando los precios pues han pasado de euros por metro cuadrado hasta los 90 euros.

En esa línea, ha comentado que en La Palma "los llaman los aprovechados" por su actitud "poco solidaria e inmoral" que lo provoca que el dinero de las donaciones y las administraciones públicas acabe en sus bolsillos.

Con todo, ha comentado que el Gobierno prepara más decretos ley para otras casuísticas y garantizado que los vecinos serán "coredactores" del nuevo modelo territorial de la isla.

Vidina Espino, portavoz del Grupo Mixto, ha dicho que el decreto "se ha negociado entre las administraciones" y no con los vecinos, que se enteraron por los medios de comunicación, y ha subrayado que los afectados no quieren que la reconstrucción se limite a los tres municipios afectados y no se ciña exclusivamente a la primera vivienda.

Ha reclamado que se tramite como proyecto de ley y ha criticado al Gobierno de Canarias por practicar el "despotismo ilustrado" en pleno siglo XXI. "Todo para los palmeros pero sin los palmeros", ha agregado.

Ricardo Fernández (Cs) ha comentado que el Parlamento tiene la "obligación" de ayudar a La Palma y hay que dar "seguridad jurídica" a los afectados, por lo que ha pedido un poco "de calma" en la toma de decisiones y que el Gobierno "escuche" a los ciudadanos.

Ha dicho que el decreto ley "es mejorable" pero ya viene en camino un segundo donde hay subsanaciones.

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que este decreto ley es "imprescindible" para la reconstrucción de las viviendas en el Valle de Aridane y con la misión de que la población no se disperse si bien ha advertido de que va a ser "complicado" porque muchas casas no tiene título de propiedad o se levantaron en suelo no apropiado.

SÍ PODEMOS SOLICITA UNA PLANIFICACIÓN DE CONJUNTO

Francisco Déniz (Sí Podemos) ha advertido de que la reconstrucción se va a prolongar en el tiempo y tendrá en cuenta las "particularidades" de cada caso pero ve necesario que haya "un plan de conjunto" para definir el nuevo urbanismo de la comarca.

Así, ha apoyado la compra de suelo público para evitar la dispersión del territorio y consolidar los asentamientos, teniendo en cuenta la planificación de los servicios y suministros. Hay que ir hacia una nueva cultura del territorio que garantice la vivienda definitiva", ha subrayado.

Ha dicho que ya había "especulación" en La Palma antes de la erupción y entiende que los decretos "no pueden abrir la puerta" al alza de los precios, subrayando que quien tiene fincas en otros municipios pueda fabricar ahí.

Luis Campos, portavoz de NC, ha comentado que este decreto ley se limita exclusivamente a la reconstrucción de la primera vivienda, y está avalado por los alcaldes de los tres municipios, lo mismo que los afectados, dado que el decreto da agilidad y evita el desarraigo.

Lorena Hernández (PP) ha dicho que hay que "dar seguridad" a los vecinos de que puedan reconstruir su casa "mañana", por lo que no ve necesario que se tramite como proyecto de ley, al tiempo que ha pedido a los propietarios de los terrenos que sean "solidarios" y mantengan precios módicos.

Ha apuntado que su voto a favor es "responsable" para que los vecinos puedan reconstruir sus viviendas. "No embarremos el debate ni compliquemos las cosas", ha agregado, subrayando que la reconstrucción de la comarca va a estar "participada" por los vecinos.

CC-PNC RECLAMA QUE SE AMPLÍE A TODA LA ISLA

Lady Barreto, del Grupo Nacionalista, ha dicho que el decreto tiene advertencias de inconstitucionalidad y defendido que se tramite como proyecto de ley porque hay que "mejorarlo" para que se amplíe a toda la isla, posición defendida por los afectados y la Fecam.

Ha apuntado que el decreto ley contribuye a la "especulación" de los terrenos porque se cierra al Valle de Aridane y beneficia "a quienes tienen dinero", aparte de que con los 60.000 euros de ayuda del Estado no se cubre la compra de un terreno y la construcción de una casa.

Cara a la Conferencia de Presidentes que se celebra el viernes en La Palma ha dicho que "el mejor homenaje" a los palmeros es que se abone "el dinero perdido" por lo que ha pedido al Gobierno de Canarias que cubra la diferencia del coste real de lo perdido.

El portavoz nacionalista, José Miguel Barragán, ha comentado que si hay "consenso", con dos o tres ponencias se saca adelante el proyecto de ley aparte de que le decreto ley sigue vigente durante su desarrollo.

Matilde Fleitas (PSOE) ha apuntado que "todos" los grupos están de acuerdo en impulsar la reconstrucción y este decreto va a ayudar a dar seguridad jurídica y de forma "rápida", indicando que la tramitación como proyecto de ley va a "enrocar" el proceso.

Ha comentado que se va a estudiar que la medida se abra a los catorce municipios pero entiende que hay que tener seguridad jurídica.

Uno de los investigadores de 'Tándem' ha apuntado este miércoles, durante el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por tres piezas separadas de esta macrocausa, a Gervasio Cañabate, uno de los muchos acusados, como un ex agente del CNI que habría dirigido el operativo de seguimiento al empresario y al ex juez que habrían sido espiados en el proyecto 'Pintor', uno de los supuestos encargos al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

El inspector ha comparecido como testigo por ser el agente que se hizo cargo de las pesquisas policiales cuando el instructor principal, Gonzalo Fraga, tuvo que ausentarse unos meses. En ese tiempo se centró en la pieza 6 ('Pintor'), sobre el encargo que los hermanos Fernando y Juan Muñoz Támara habrían hecho a Villarejo para espiar al empresario Mateo Martín Navarro y a su abogado y ex juez Francisco Javier Urquía en el marco de una disputa empresarial.

Según ha contado el agente de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), la primera vez que escucharon el nombre de Cañabate fue porque Nuria Morales, una de las detectives subcontratadas por el comisario para este cometido, les indicó tras ser detenida que "es Gervasio quien la pone en contacto con Villarejo".

Les detalló que fue en esa primera reunión con Villarejo en la Torre Picasso de Madrid, el cuartel general de CENYT, el grupo empresarial del comisario, donde éste último le hizo entrega de "datos de bases policiales".

A lo largo del juicio ha sobrevolado la idea de que Cañabate fue agente del CNI. Villarejo lo perfiló como tal, pero el supuesto espía no corroboró este extremo durante su declaración del 13 de enero. Sí confirmó que puso en contacto al comisario, porque habían trabajo juntos, y a Morales, porque era como "familia" al ser hija de un antiguo compañero. Ella, días después, dijo que actuó convencida de que 'Pintor' era un trabajo para Policía y CNI.

"El señor Gervasio sí parece que era miembro del CNI o es miembro del CNI", ha dicho el inspector, puntualizando a preguntas del abogado de Cañabate que no hicieron ninguna verificación con la Inteligencia española, sino que dieron por bueno lo manifestado de Cañabate, Morales y el padre de ella.

"PODÉIS IR A DESAYUNAR"

Sobre el rol que habría jugado el supuesto espía en 'Pintor', el testigo ha asegurado que parecía ejercer funciones de dirección dentro del grupo de detectives que se ocuparon de las vigilancias y seguimientos a Martín Navarro y Urquía.

A este respecto, ha mencionado tres indicios, dos referidos a las conversaciones de WhatsApp. En un primer chat, del que formaban parte todos los implicados, ha comentado que Cañabate daba "instrucciones" --"Hay un mensaje donde dice: 'Podéis ir a desayunar'", mientras que en un segundo chat entre Morales y otra detective, Elisa Gabán, la primera traslada a su subordinada que debe "analizar" una documentación con él.

En tercer lugar, el inspector ha destacado el hecho de que Cañabate habría sido la persona que recibió de Villarejo el sobre que completaba el pago final de 20.000 euros por 'Pintor', para dárselo después a Morales.

Además, ha recordado que Cañabate también estuvo presente en algunas de las vigilancias realizadas al empresario y al ex juez, algo que él atribuyó a una mera función de apoyo porque Morales se sentía insegura en la zona donde debían hacerlas.

Las defensas han intentado cuestionar el contenido de esos chat porque no se han encontrado en los teléfonos móviles de los demás acusados, sino que constan solo en un documento de texto que aportó la propia Gabán durante el registro de su vivienda.

El testigo ha subrayado que no había forma de encontrar los chat originales porque las compañías telefónicas no retienen ese tipo de información, al tiempo que ha reivindicado la indemnidad de lo encontrado en los registros, que durmió esa noche con él en un hotel de Andalucía hasta que al día siguiente volvieron a Madrid y quedaron depositados en un armario y un despacho de UAI, ambos cerrados con una llave que custodió.

PRECINTOS, SELLOS Y FIRMAS

A esta nueva sesión del juicio por 'Iron', 'Land' y 'Pintor', han asistido otros miembros de UAI que participaron en los registros efectuados en noviembre de 2017, los primeros realizados por la macrocausa y en los que se halló cuantioso material --digital y en papel-- que constituye en buena medida los cimientos de 'Tándem'.

En concreto, han testificado los inspectores encargados de los registros en la casa del socio de Villarejo, Rafael Redondo, y en una empresa de CENYT, los cuales han narrado que, un día antes de proceder, Fraga les hizo un 'briefing' donde les dio "nociones sucintas" del proyecto 'King' --el único que conocían entonces-- y les encomendó que buscaran información relacionada con éste y otros "similares".

Tanto los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas como las defensas han protagonizado un minucioso interrogatorio para dejar claro qué tratamiento dieron los agentes a la ingente cantidad de información que hallaron en dichos registros, poniendo nuevamente la lupa en la cadena de custodia, donde los acusados ven lagunas.

Así, los inspectores, aunque a veces les ha fallado la memoria, se han remitido a las actas levantadas por los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), defendiendo que ahí quedó reseñado de forma individualizada todo lo descubierto, con independencia de cómo se procediera al precinto, sellado y firma de cada elemento.

Las defensas han llamado la atención sobre el hecho de que en esas actas hay algunos efectos intervenidos --"más de 50", ha acotado un abogado-- donde no se refleja expresamente que tuvieran esa triple garantía. Uno de los inspectores ha asumido que es posible que alguno se les "pasara". Pero "lo dudo mucho", ha añadido.

A su turno, una subinspectora que estuvo en algunos registros y cuando el material incautado se desprecintó en la Audiencia Nacional ha ratificado que "estaba todo tal cual figuraba en el acta (del LAJ), correctamente precintado y sellado", despejando cualquier duda en ese sentido.

El agente que comandó el registro en casa de Redondo, donde llegaron a localizar "dinero dentro de una carpeta, como muy escondido en el garaje", ha puesto de relieve el gran despliegue de UAI para estos registros simultáneos de 2017, que se extendieron más allá de Madrid. "Se movilizó a casi toda la unidad", ha afirmado.

EL "LIBRO" DE VILLAREJO

La subinspectora ha resaltado igualmente el esfuerzo realizado. "En esa época no teníamos horario (...) A veces hasta perdía la noción de si estaba de mañana o de tarde, en qué día vivía", ha confesado.

Pese a ello, ha aseverado que fueron "especialmente cuidadosos", reiterando que "la vida profesional de Villarejo en sí misma" no era el objetivo, solo si había alguna "conducta delictiva"; que se examinaron los papeles descubiertos para no llevarse todo --"Habríamos necesitado un camión"--; y que el análisis posterior se hizo "documento a documento" con una puesta en común.

"Es como cuando uno empieza un libro de nuevas. Uno empieza a descubrir los capítulos que le ofrece (...) y, según va avanzando, los personajes se van enlazando y la historia va cogiendo forma", ha ilustrado. Poco a poco "las piezas iban encajando en el puzzle", ha rematado.

Sobre este proceso de análisis, De Rivas se ha detenido en la transcripción de los audios localizados, a lo que otra policía ha contestado que hizo constar la información "relevante" para la causa, descartando "temas personales", como "hijos o enfermedades".

En cualquier caso, la testigo ha sostenido que "siempre se consultaba todo con el instructor" policial porque era el único que tenía un conocimiento íntegro de 'Tándem', "el que podía hilar todo". La subinspectora ha coincidido en que Fraga "era como el ordenador central".

El PP de la Comunidad valenciana exige la reprobación y dimisión de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y Cs su destitución, por "acusar a los médicos de robar material" de protección en el recurso presentado por la Abogacía de la Generalitat a una sentencia de un juzgado de lo Social de Alicante que condenó a la Conselleria a indemnizar a los profesionales por la falta de EPI en la primera ola de la pandemia. Por contra, el PSPV defiende los contratos de emergencia y que nadie podía prever la situación.

Así lo han trasladado la síndica 'popular', María José Catalá y el diputado de Cs Fernando Llopis, en un comunicado, tras la denuncia del sindicato médico CESMCV, que ha advertido al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que o la Abogacía rectifica de "manera inmediata" la alegación sostenida en ese recurso o interpondrá acciones judiciales por calumnias al colectivo médico y, por extensión, al resto de trabajadores de la sanidad pública valenciana.

Según ha señalado la central sindical en un comunicado, en el recurso, la Generalitat imputa el robo de material al personal sanitario al afirmar literalmente que "la circunstancia de poner bajo llave el material obedecía a que se estaba sustrayendo el mismo ante el pánico que cundía entre el personal sanitario por la pandemia que se avecinaba".

AFIRMACIÓN "INJUSTA"

"Nos parece un sarcasmo, una afirmación injusta e impropia, además de constituir una falsa acusación, que la Generalitat excuse y justifique la falta de material en una supuesta sustracción o robo, para su custodia bajo llave, cuando ha quedado demostrado, y es de dominio público, que durante la primera ola los profesionales médicos tuvieron que afrontar condiciones de trabajo penosas al desempeñar sus funciones absolutamente desprotegidos por no haber sido dotados de EPI por quien estaba obligado, su empleador, en este caso la Conselleria de Sanidad", critica el sindicato.

CESMCV se pregunta si las "excusas" y la petición de perdón de Puig en Les Corts era "meramente retórica o realmente sentida, sincera y fundada" y advierte de que no tolerarán "semejante afrenta a los médicos en especial, y en definitiva a todo el personal sanitario, por lo injusto de acusar sin pruebas, y pretender justificar su negligencia, imputando y acusando de delitos a quien tenían la obligación de proteger".

Ante esta situación, Catalá ha anunciado que su grupo pedirá por escrito para el próximo pleno la reprobación y dimisión de Barceló (PSPV) por "las duras acusaciones vertidas contra el colectivo sanitario". "Es intolerable que se diga que los médicos roban y que una persona pueda seguir en su cargo", ha enfatizado.

Es más, ha recordado que reclamaron a Puig que no recurriera esa sentencia y "no solo no ha hecho caso, sino que además acusa a los médicos de robar". Esto demuestra, ha criticado, que el Consell "se dedica a insultar a los médicos" y sostiene que "esto es lo más grave de un gobierno autonómico en mucho tiempo".

"Primero les acusaron de irse de viaje y contagiarse, ahora les acusan de robar mascarillas, contradiciendo con esta afirmación lo que han dicho siempre en Les Corts y es que no había material de protección suficiente porque no encontraban", ha reprochado. La también 'número dos' del PPCV ha insistido en que la Generalitat "ahora reconoce que sí que tenían material, pero que lo escondían con candado y bajo llave y que lo hacían bajo llave porque los médicos robaban mascarillas".

Por su parte, Llopis ha afirmado que es "una vergüenza que el tripartito intente esconder su incompetencia acusando a los sanitarios de robar material de protección" y ha exigido la destitución de Barceló y su cúpula por "la mala gestión".

El diputado ha lamentado que "primero dijeran que los profesionales sanitarios se contagiaban por irse de copas durante en los momentos más duros en la pandemia", cuando "la realidad era que se jugaban la vida sin los medios de protección que el Consell les debería haber suministrado", y que ahora "digan que los médicos se llevaban el material a su casa mientras atendían a los enfermos ataviados con bolsas de basura con forma de EPI".

"Ha quedado claro que la visión de los dirigentes de Sanidad, además de sectaria, está muy alejada de la realidad y que estas personas sigan tomando decisiones en algo tan importante como es la Sanidad, pone en riesgo la vida de miles de profesionales y de sus pacientes", ha concluido.

Fuentes de Sanidad han señalado que lo que hizo la Conselleria es "custodiar un material que era muy escaso, precisamente para proteger al personal sanitario y que pudiera disponer de él".

MATA: ACABARÁ EN EL SUPREMO

Frente a las acusaciones de la oposición, el síndic socialista ha recordado que las sentencias contra Sanidad proceden de juzgados de lo Social, lo que "quiere decir una relación entre un trabajador y un empresario", además de volver a justificar que nadie podía anticipar la necesidad de material por la covid.

En cualquier caso, el también abogado ha augurado que estas condenas llegarán al Tribunal Supremo porque "es muy difícil acreditar que el contagio ha sido de paciente a enfermo o de médico a enfermo". "Es una cuestión muy compleja", ha subrayado, y ha remarcado que quien pone el recurso es la Abogacía de la Generalitat y que "sabrá lo que pasó en los hospitales".

Ha insistido así en que es algo "de fuerza mayor" que a su juicio no hace necesario indemnizar a los profesionales. Al final, ha reiterado, la Generalitat hizo "lo que pudo con los medios que pudo", hasta encontrar la vía para la llegada de material en avión desde China.

Tras recordar que "Madrid perdió dos aviones", Mata ha reconocido que "en algún caso, seguro que se hizo algún contrato de palabra" porque "la emergencia es eso", pero ha hecho hincapié en que "todos" estos contratos están supervisados tanto por la Intervención de la Generalitat como por la Sindicatura de Comptes, además de estar a disposición de los grupos parlamentarios.

Por todo ello, el portavoz del PSPV ha instado a su homóloga 'popular' a "cerrar la etapa de (Pablo) Casado ya y empezar la nueva", en relación a la crisis del PP nacional.