La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha exigido al Gobierno que retire el Anteproyecto de Ley de Derechos de los Animales al considerar que el texto es "inconstitucional" por vulnerar competencias ministeriales, violar los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Además, el presidente de la RFEC, Manuel Gallardo exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que suprima la Dirección General de Derechos de los Animales por su "marcado carácter animalista" y "y su sectarismo al no tener en cuenta las necesidades del sector cinegético para elaborar una ley que afecta directamente y de forma muy perjudicial a la caza".

Gallardo destaca el "unánime rechazo social" que el sector expresó en la manifestación del pasado 20 de marzo, a las políticas "anti-caza" que ha puesto en marcha el Ejecutivo y que consideran que atacan a la "línea de flotación del sector".

El anteproyecto está en fase de audiencia e información pública hasta el martes, 29 de marzo, y la RFEC anuncia que presentará en las alegaciones una enmienda a la totalidad porque considera que de seguir adelante "supondrá el fin de la caza tal y como se conoce".

El sector critica que la propuesta legislativa afectará a todos los cazadores propietarios de perros, hurones, aves de cetrería y de la práctica del silvestrismo, una "inmensa mayoría de los aficionados".

"El Gobierno no puede hacer oídos sordos y tiene que atender al clamor popular y a las reivindicaciones de la marea naranja, porque no habrá ni un solo voto a los partidos que no defiendan la caza", ha reclamado.

En todo caso, la RFEC pone a disposición de todos los cazadores y personas que quieran tumbar este Anteproyecto de Ley un modelo de alegaciones en la web de la RFEC para que, a nivel particular y atendiendo a su legítimo derecho, puedan presentarlas ante el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

En la misma línea, la Asociación de Rehalas Regionales (ARRECAL) también insta al Gobierno a dar una respuesta "inmediata y acorde" a la movilización de los cazadores y pide también la supresión de la Dirección General de Derechos de los Animales y el proyecto de ley de bienestar animal.

Así, exige a Pedro Sánchez "que despierte y reaccione de una vez" y de al sector de la caza una respuesta a la altura de las movilizaciones del domingo 20 de marzo, en la que afirma que participaron más de 400.000 cazadores.

El presidente de Arrecal, Felipe Vegue, ha elogiado el "compromiso y la participación" de esos cientos de miles de cazadores de toda España vestidos con chaleco naranja y que se concentraron en Madrid "con todo el civismo" para reclamar respeto al sector cinegético.

"Ahora le toca mover ficha a un Gobierno que tiene que demostrar con acciones que sabe escuchar el mensaje de la calle", ha exigido Vegue que ha afeado la incapacidad del Ejecutivo para establecer cauces de comunicación con sectores como el cinegético y su "afición por legislar de espaldas al sentido común y a la realidad social del mundo rural".

En todo caso, asegura que el sector no dará un paso atrás y augura que volverá a las calles si es necesario "una vez que el mundo rural en general y los cazadores en particular han despertado".

La Fundación 'la Caixa' ha recibido más de 600 peticiones de familias españolas para la acogida de refugiados en el primer día de funcionamiento del Proyecto de Acogida a Familias de Ucrania, que se desarrolla conjuntamente con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Las solicitudes de las familias serán evaluadas por la Oficinas Técnicas de Acogida de la Fundación 'la Caixa', 18 en total, ubicadas en Madrid (6), Barcelona (6), Málaga (3) y Murcia (3).

Su objetivo es valorar la idoneidad de la familia acogedora y facilitar la conexión con los distintos dispositivos territoriales oficiales de acogida. Estas oficinas las componen un total de 75 profesionales de diferentes entidades sociales, especialistas en intervención familiar, que forman parte del programa CaixaProinfancia.

Las familias españolas interesadas en acoger familias de refugiados ucranianos pueden dirigirse al teléfono 900670909, en horario de 9:00 a 22:30 horas de lunes a domingo.

En esta llamada, las personas interesadas son informadas de que la acogida se realiza de una manera altruista, durante un periodo estimado mínimo de 6 meses, compartiendo sus instalaciones y la vida, mientras la familia refugiada va adquiriendo autonomía, según informa una de las personas que ha contactado.

Tras tomar los datos de la familia acogedora, la oficina técnica contactará con ella para convocarla a una sesión informativa grupal con otras familias, y después se concertaría una entrevista presencial para concretar cuestiones sobre su realidad familiar y de la vivienda, e ir ajustando lo que puede ofrecer con la situación de la familia refugiada.

Desde la Fundación 'la Caixa' se valorará el número de personas a las que pueden alojar, las características del domicilio y el plazo temporal en el que pueden comprometerse a mantener la acogida, entre otros requisitos. La previsión es que la acogida se prolongue entre seis meses y un año.

La Fundación "la Caixa" prevé destinar una inversión de 2,5 millones de euros a la puesta en marcha y desarrollo de la iniciativa durante el próximo año.

La Fiscalía Anticorrupción ha recibido el requerimiento por parte de la Fiscalía Europea para que le dé traslado de la investigación que se sigue por el contrato de emergencia vinculado a Tomás Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero dado que parte de las diligencias se centra en posibles delitos de corrupción en una administración pública española, desde Anticorrupción se oponen a entregar las diligencias en su totalidad.

La solicitud de la Fiscalía Europea llega porque ese contrato de emergencia suscrito por la Comunidad de Madrid para la adquisición de mascarillas durante la pandemia se pagó con fondos 'Feder' provenientes de la Unión Europea.

Fue este mes de febrero cuando el fiscal jefe de Anticorrupción decretó que abría diligencias preprocesales al entender que sí resultaba procedente la práctica de determinadas pesquisas, a pesar de que no se dirigía inicialmente contra personas físicas o jurídicas. De hecho apuntaba que no trasladaba el asunto a la Fiscalía del Supremo, donde es aforada Ayuso, porque de los hechos denunciados no apreciaba de momento indicio verosímil de delito por parte de ella.

NO HAY INDICIOS DE MALVERSACIÓN

Este viernes, ha trascendido que la Fiscalía Europea se ha dirigido al departamento que dirige Alejandro Luzón porque considera que con ese contrato se ha podido cometer un delito de malversación de fondos europeos.

Fuentes fiscales consultadas resaltan que desde la Fiscalía Europea, cuya representante en España es Concepción Sabadell, se ha pedido así avocar las diligencias a un procedimiento que se ha abierto en su seno por malversación y fraude a los intereses de la Unión Europea, habida cuenta de que ese contrato se pagó con fondos europeos y por tanto tienen competencia en esa materia.

Las fuentes fiscales consultadas indican que Anticorrupción ante esa petición no puede negarse a enviar la documentación recabada, a pesar de que advierten de que no ven que haya habido malversación porque de hecho las mascarillas llegaron a su destino.

Así, entienden que desde la Fiscalía Europea pueden abrir el procedimiento por malversación, algo en lo que no puede entrar el Ministerio Público español, aunque ya desde Anticorrupción les habrían trasladado que no ven indicios porque las mascarillas se pagaron y se entregaron.

DELITOS DE CORRUPCIÓN

Sin embargo, lo que desde Anticorrupción no enviarán a Europa es todo lo relativo a los delitos conexos que se investigan, que nada tienen que ver con la malversación, y que están relacionados con el tráfico de influencias, la posible falsedad en la factura emitida por Tomás Ayuso, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a los funcionarios.

Y se niegan porque estos son delitos de corrupción que no tienen nada que ver con los fondos de la Unión Europea sino que se refieren al funcionamiento de una administración pública española.

Así, estas fuentes señalan que desde Anticorrupción se han negado a facilitar estas diligencias a la Fiscalía Europea y han planteado un conflicto de competencias que debe resolver ahora la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tras escuchar a la Junta de Fiscales de Sala que se reúne este lunes 28 de marzo.

Sin embargo, otras fuentes fiscales señalan que la Fiscalía Europea ha asumido las competencias de la investigación, y que ya el pasado 23 de marzo la fiscal general decidió sobre el conflicto y lo notificó, si bien su decisión habría quedado sin efecto al día siguiente porque no convocó con carácter previo la Junta de Fiscales de Sala. Estas fuentes indican que hasta que no ocurra ese trámite, la Fiscalía Europea mantiene su competencia.

EL DECRETO DE ANTICORRUPCIÓN

Anticorrupción decidió abrir diligencias sobre el contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas al entender que era procedente la práctica de determinadas pesquisas aunque "no se dirija inicialmente contra personas físicas o jurídicas".

En el decreto emitido por Luzón, se indicaba que estas diligencias permitirán "confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados" por los grupos parlamentarios de Más Mádrid, PSOE y Unidas Podemos.

Añadía que la decisión de abrir investigación derivaba de "la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución" y por "la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias".

Apuntaba además que las denuncias de los grupos de la Asamblea de Madrid se limitaban a solicitar la investigación de los hechos que en ellas se relatan, y por lo que se refiere a la presidenta de la Comunidad de Madrid, aforada ante el Tribunal Supremo, proponían distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

El Ministerio Público indica no obstante que la secuencia de los hecho denunciados "no permite acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo" de las actuaciones porque no constituyen "indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada", en el sentido que exige la Consulta 1/2005 de la Fiscalía General del Estado, sobre competencias de las Fiscalías para tramitar Diligencias de Investigación que afecten a personas aforadas.

Así, señalaba que a la vista de que los hechos denunciados pudieran llegar a ser constitutivos de delitos que resultan de la competencia de esta Fiscalía Anticorrupción y apreciando en los hechos una especial trascendencia, el fiscal jefe acordaba incoar estas diligencias y asumir la investigación él mismo.

LAS DENUNCIAS Y LO APORTADO POR LA CAM

En su denuncia, Unidas Podemos considera que Tomás Díaz Ayuso --el hermano de la presidenta-- medió con el Gobierno regional y que consiguió una "comisión" por ello. El PSOE entiende que con ese contrato para la compra de mascarillas en lo más duro de la pandemia pudo haberse cometido "tráfico de influencias" y "malversación de caudales públicos"; y Más Madrid señala en su denuncia que podría haber "cohecho" y "tráfico de influencias".

Díaz Ayuso aclaró que su hermano cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive no por obtener un contrato con la Administración regional sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario en China y su traslado a Madrid. Y entregó documentación al respecto a Anticorrupción.

Esa documentación aportada viene recogida en el decreto. Se trata de la oferta con documentación de las características técnicas del producto; de los albaranes de entrega, factura y certificado de conformidad de la misma; del documento contable ADOK aprobado y la diligencia de toma de razón de contabilidad del mismo; y de la Memoria justificativa para la adquisición centralizada de material de protección, mascarillas, para el pabellón 10 del IFEMA del Servicio Madrileño de Salud.

A estos documentos sumó también la hoja de pedido del 1 de abril de 2020; el documento contable RC (retención de crédito); la diligencia de toma de razón de contabilidad del documento RC; la resolución de 1 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y resolución de 14 de mayo de 2020, de la misma Viceconsejería, de corrección errores materiales de la anterior resolución; el certificado del Secretario General del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2020 y, finalmente, el informe del Viceconsejero de Asuntos Jurídicos y Secretario General del Consejo de Gobierno de 18 de febrero de 2022.

La Xunta ha acordado prorrogar hasta el 9 de abril la obligación de presentar el certificado Covid de vacunación, recuperación o prueba diagnóstica negativa para visitar a los pacientes ingresados en los centros hospitalarios y sociosanitarios, medida que cuenta con el aval del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Además, mantiene la restricción en la hostelería del límite de comensales por mesa tanto en interior como en exterior.

Así lo ha informado este viernes la Consellería de Sanidade en un comunicado de prensa, en el que puntualiza que esta medida se mantendrá "el tiempo imprescindible para mejorar la situación epidemiológica, que se revisa de modo diario". Ha sido prorrogada hasta las 00,00 horas del 9 de abril

En cuanto a la única restricción vigente en la hostelería, Sanidade mantiene los límites de comensales en las mesas en 10 en el interior y 20 en el exterior de los establecimientos.

Además, recuerda que el próximo lunes entrarán en vigor las directrices consensuadas en la estrategia nacional por todas las Comunidades Autónomas relativas a la vigilancia y control del Sars-CoV-2 en la "etapa de transición".

PERSONAS Y ÁMBITOS VULNERABLES

Por tanto, desde el día 28 de marzo, puntualiza Sanidade, la vigilancia de la Covid-19 se centrará en "personas y ámbitos vulnerables". Así, para la población general se eliminan los aislamientos y pruebas confirmatorias, aunque siguen las autoridades sanitarias mantienen las recomendaciones de medidas de precaución durante 10 días.

Y recuerda que los casos positivos, asimismo, "deben informar a sus contactos estrechos" para que "también tomen precauciones", puntualiza Sanidade sobre la nueva estrategia de vigilancia y control.

Con todo, la Administración sanitaria autonómica incide en que "llevará a cabo una vigilancia específica" a las personas y ámbitos vulnerables.

La comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz ha citado para este próximo martes, 29 de marzo, a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en relación con la proposición de Ley de mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), promovida por PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox.

La vicepresidenta tercera del Gobierno figura así entre el listado de comparecencias de agentes sociales que ha citado la referida comisión del Parlamento en el marco de la tramitación parlamentaria de dicha proposición de ley sobre la conversión de terrenos forestales en suelos agrícolas regables en municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana, a cuya toma en consideración dio luz verde el Pleno de la Cámara el pasado 9 de febrero con los apoyos de los citados tres grupos y la abstención del PSOE-A.

En concreto, Teresa Ribera es la última de las comparecencias previstas para este próximo martes en dicha comisión, a las 18,40 horas, según el listado dado a conocer este viernes, que incluye un bloque de doce citaciones en sesión de mañana y otro de nueve en sesión de tarde, de 20 minutos de duración aproximada cada una de ellas.

En el bloque de comparecencias matutinas, a partir de las 10,00 horas, figuran las de los ayuntamientos de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, así como la de la Plataforma en defensa de los regadíos del Condado de Huelva, las de las organizaciones agrarias UPA y Asaja Andalucía, y las del Consejo Participación del Espacio Natural de Doñana, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Comunidad de Regantes Condado de Huelva y la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana.

Para la sesión de tarde, a partir de las 16,00 horas, están citadas la Asociación onubense de productores y exportadores de fresa (Freshuelva), la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu), la Diputación Provincial de Huelva, el agricultor Francisco Palomo Betanzos, la Comunidad de Regantes El Fresno, los sindicatos UGT-A y CCOO-A, la Asociación para la defensa de la naturaleza (WWF Adena) y la ya mencionada vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La semana pasada, el PSOE de Huelva criticó el "uso torticero" que, a su juicio, se hacía de esta comisión para el debate de la referida proposición de ley sobre la modificación del Plan de la Corona Norte de Doñana y "la forma de actuar de la derecha citando a esta comisión a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y dejando fuera a los delegados territoriales de Agricultura y Medio Ambiente" de la Junta en la provincia de Huelva, Álvaro Burgos y José Enrique Borrallo, respectivamente.

En una nota, la vicesecretaria general del PSOE de Huelva, Azucena León; el secretario de Agricultura y Ganadería de la Ejecutiva Provincial, Juan Antonio García; y la secretaria general del PSOE de Almonte, Macarena Robles, manifestaron que se trata de "un intento de arrinconar al Gobierno central y no implicar a los representantes de la Junta en Huelva, algo totalmente reprobable y que deja muy claro el manoseo de la derecha, haciendo un uso partidista, para sacar adelante esta proposición".

El martes 29 de marzo, día de la citación de Teresa Ribera, coincide con la jornada en la que está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el Plan Nacional para responder al impacto económico y social de la invasión de Ucrania, según anunció hace dos semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La tesis doctoral "El elegido inesperado. Pedro José de Fonte, último arzobispo de la Nueva España", del investigador mexicano Clemente Cruz Peralta, ha obtenido el II Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas convocado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

Un trabajo que recupera la figura de De Fonte, uno de esos personajes que quedaron olvidados, por ambas partes, en el conflicto de la independencia de los países iberoamericanos.

El premio se ha entregado en el marco del II Congreso Internacional 'Relaciones entre Europa, América Latina y el Caribe: un espacio de encuentro' celebrado los días 23, 24 y 25 de marzo desde el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe (Cáceres), informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

La tesis se enmarca dentro de la tendencia interpretativa de contar esa otra historia, a la que se suma la Fundación Yuste, y que está siendo investigada, tanto en España como en toda Iberoamérica, por autores que muestran su objetividad ante los acontecimientos, lejos ya de visiones politizadas, más propias del siglo XX.

La figura de Pedro José Fonte, último arzobispo de la Nueva España, representa la fidelidad de un hombre religioso implicado en asuntos mundanos, fiel a la monarquía reinante española y fiel a su condición de arzobispo, cargo al que no renuncia tras la independencia mexicana.

Su imagen es la representación del dilema, moral y personal, en el que se vieron implicados numerosos personajes hispanos, ante la transformación del mundo en que vivían. Igualmente evidencia la permanencia de relaciones clientelares entre las dos naciones durante los primeros años de su formación como Estado. Estudios como este trabajo favorecen el rescate de ese olvido consciente de la historiografía, y nos revelan otra cara de la historia.

El doctor Cruz Peralta ha destacado durante la entrega, -realizada de manera figurativa online puesto que vive en México-, que el estudio de Pedro de Fonte es importante porque en la historiografía mexicana y latinoamericana en general, está pendiente "profundizar" en el estudio de las personas de origen peninsular que estaban a favor de la monarquía de España, sobre todo en el periodo de la independencia porque en México sigue estando "muy presente" una historia oficial, pero "muchos estudiosos también están haciendo grandes esfuerzos por ofrecer nuevas interpretaciones", ha dicho.

Por otra parte, el premiado ha explicado que las páginas de su tesis intentan contar la historia de un joven eclesiástico y del periodo de crisis que le tocó vivir: el contexto es la desintegración del imperio español, los esfuerzos de una monarquía por mantener sus dominios, y los esfuerzos, también de los reinos americanos en busca de sus independencias", ha finalizado.

El jurado del II Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas, ha estado formado por los doctores Juan Carlos Moreno Piñero -que lo presidió-, Rosa María Perales Piqueres, Elena Jurado Mangas, Sigfrido Vázquez Cienfuegos y Gabriel Moreno González.

En esta segunda edición del premio, convocado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, resultaron finalistas los trabajos "Entre el éxtasis ilustrado y el miedo espiritual: discursos y acciones en torno a la creación de cementerios extramuros en los contextos urbanos del Nuevo Reino de Granada" del colombiano Diego Andrés Bernal Botero, y "Gilberto Freyre y España: la constante iberista en su vida y obra", del español Pablo González Velasco.

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste convocó el II Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas a fin de premiar a la mejor tesis doctoral que, leída durante los dos últimos años en España, Portugal o cualquier país iberoamericano o europeo y que hubiese obtenido la máxima calificación académica, aborde como temática las relaciones entre España, Portugal o Europa con Iberoamérica y viceversa, desde una perspectiva histórica, cultural, social, científica, económica o desde cualquier otro ámbito de estudio.

El Premio está dotado con 3.000 euros y la publicación de la tesis doctoral.

Una mujer, de la que no han trascendido más datos, ha fallecido en un accidente de tráfico registrado este viernes en la A-315 a su paso por el término municipal de Peal de Becerro (Jaén), según ha informado Emergencias 112 Andalucía.

El siniestro, en el que se han visto implicados dos vehículos, ha tenido lugar sobre las 9,00 horas a la altura del kilómetro 24 de la A-315. Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Policía Local, del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y Bomberos ya que había una persona atrapada.

Fuentes de la Policía Local y de Bomberos del Consorcio de Sierra de Cazorla han confirmado el fallecimiento de la persona que estaba atrapada, la conductora de uno de los vehículos implicados, que ha sido rescatada por los Bomberos. En el siniestro han resultado heridas otras dos personas, el conductor y el acompañante del otro vehículo siniestrado, según han precisado las mismas fuentes.

El accidente ha provocado el corte de la carretera en ambos sentidos en el punto kilométrico 23+300, si bien desde mantenimiento de carreteras ha informado de que la vía ya está abierta al tráfico.

El pleno de Barcelona de este viernes ha rechazado una proposición de Cs que pide dejar sin efecto la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anula la ordenanza.

La proposición ha contado con los votos a favor de Cs, PP, Valents y la concejal no adscrita, Marilén Barceló, la abstención de Junts, y los votos en contra del Gobierno municipal (BComú y PSC) y ERC.

La iniciativa ha entrado en el pleno por una moción de urgencia y también reclama retirar las multas impuestas hasta ahora y paralizar la imposición de nuevas sanciones, y tramitar una nueva ordenanza para regular la ZBE que corrija las cuestiones que señala la sentencia del TSJC.

Durante la presentación de la proposición, la presidenta de Cs en el consistorio, Luz Guilarte, ha criticado que la ordenanza se ha realizado "de manera improvisada", con falta de rigor y consenso, y considera que no se ha tenido en cuenta la afectación que tiene para los ciudadanos, por lo que ha insistido en que se ha aplicado mal.

BADIA DEFIENDE EL CONSENSO

Ante las críticas de los grupos de la oposición, el concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia, ha recordado que la ordenanza se ha hecho con consenso institucional y de la ciudadanía, y ha asegurado que no se ha hecho "deprisa y corriendo" y que se ha desarrollado con un calendario de amortización para no perjudicar a los ciudadanos.

Además, ha insistido en que nunca han situado un calendario para vetar los vehículos con etiqueta amarilla (B): "Es una tarea que se debe hacer con máximo consenso, que se tiene que prever con mucho tiempo y ahora no es el momento en el que se tendría que hacer un anuncio de estas características".

"POLÍTICAS MAL ENFOCADAS"

El concejal Max Zañartu (ERC) ha destacado que no es la primera vez que un tribunal "tumba una ordenanza por un defecto de forma", ha recordado que su grupo avisó de que los estudios previos a la implementación no contemplaban alternativas, y ha recalcado la importancia de establecer un calendario a largo plazo que de confianza en la medida.

Por su parte, Francina Vila (Junts) ha criticado que el Gobierno municipal impulsa "políticas mal enfocadas" con el apoyo de ERC, a los que ha avisado que se les girará en contra --ha dicho--, y ha pedido que escuchen a la oposición y usen las herramientas que se les ofrece.

Óscar Ramírez (PP) ha lamentado que "Colau intenta imponer un modelo de ciudad que no es el que necesita Barcelona" y ha criticado que el Gobierno municipal no tiene voluntad, según él, de implementar mejoras en la ordenanza.

Por último, Eva Parera (Valents) les ha pedido que no recurran la sentencia porque augura que el Tribunal Supremo no aceptará el recurso y cree que con la ZBE el Ejecutivo local escogió "el camino rápido y fácil".

La Comunitat Valenciana ha registrado 10.781 nuevos casos de coronavirus desde la última actualización del pasado martes, lo que supone un incremento del 174,6% de positivos en la primera semana tras la celebración de las Fallas. No obstante, la presión hospitalaria sigue a la baja y hay 39 ingresados y cuatro camas UCI ocupadas menos, según la Conselleria de Sanidad.

De esta forma, la cifra total de positivos se sitúa en 1.338.647 personas. Los nuevos casos por provincias son 626 en Castellón (159.652 en total), 2.199 en Alicante (465.048) y 7.954 en Valencia (713.942) y dos casos sin asignar, con lo que la cifra global de contagios no asignados asciende a cinco.

Asimismo, se han notificado 12 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización --todos ellos en los últimos siete días, excepto dos casos de febrero y dos de enero-- que corresponden a nueve mujeres de entre 61 y 100 años y tres hombres, de entre 46 y 89 años. Así, el total de decesos desde el inicio de la pandemia asciende a 9.152: 1.056 en la provincia de Castellón, 3.489 en la de Alicante y 4.607 en la de Valencia.

Respecto al número de altas, se han registrado 5.594. Así, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana es de 1.320.651. Por provincias, las altas se distribuyen así: 158.461 en Castellón, 459.197 en Alicante y 702.935 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 58.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente 437 personas ingresadas, 40 de ellas en la UCI: 51 en la provincia de Castellón, 4 en UCI; 152 en la provincia de Alicante, 13 de ellas en la UCI; y 234 en la provincia de Valencia, 23 en UCI. De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 20.285 casos activos, lo que supone un 1,50% del total de positivos.

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha criticado que "como la guerra sucia contra la sanidad pública no le ha funcionado a la oposición, ahora se traslada a las universidades" y ha defendido que la andaluza es ahora "la comunidad autónoma de España que más invierte en educación superior", al destinar el 1,29% del producto interior bruto "y en Cataluña es el 0,6%".

En declaraciones a los periodistas en Málaga, donde ha informado junto al consejero de Salud, Jesús Aguirre, de las actuaciones para ampliar un centro de salud, Bendodo ha asegurado las universidades públicas andaluzas cuentan este 2022 "con 190 millones de euros más que el último año de gobierno socialista".

Según el consejero, "al final, banderas, banderas y banderas, pero la inversión está aquí", recordando que el presidente andaluz, Juanma Moreno, anunció este pasado jueves un aumento de 21 millones de euros en la inversión para innovación y investigación en las universidades públicas; mientras que "en los anteriores gobiernos se les llegó a deber 700 millones, con lo que hay una gran diferencia".

En materia de sanidad, Bendodo también ha dicho que "otros partidos han intentado atacar la gestión de la sanidad pública que está haciendo este Gobierno, cada uno puede hacer y decir lo que le dé la ganas, pero si algo hemos hecho es invertir en sanidad", lo que supone, en su opinión, "una clara apuesta del Gobierno de Andalucía" en esta materia.

"Una cosa es utilizar la sanidad pública como bandera y otra es invertir; nosotros preferimos invertir y apostar por los profesionales", ha dicho el consejero, quien ha indicado que "tanto tiempo en la oposición nos ha dado una visión de las necesidades sanitarias en la comunidad", por lo que, ha apuntado, "estamos actuando de forma quirúrgica, punto a punto".

Para Bendodo, el consejero de Salud "ha demostrado que se podía hacer muchas más cosas en menos tiempo y con un presupuesto importante", incidiendo en que se está "haciendo la mayor transformación y modernización de la sanidad".

En este sentido, ha destacado el esfuerzo por mantener las contrataciones de todos los profesionales sanitarios que se incorporaron por el COVID, a pesar de que, ha apuntado, la Junta lo hará "a pulmón porque el Gobierno no nos ha dado ese fondo" que sí hubo el pasado año.

Cuestionado sobre la situación de la Fundación Unicaja y las "serias dudas" expresadas por parte del Protectorado de Fundaciones Bancarias, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, de que concurra en su presidente, Braulio Medel, "la necesaria idoneidad y honorabilidad comercial y profesional para el desempeño de sus funciones", Bendodo ha dicho que "la postura de la Junta de Andalucía quedó clara ayer y anteayer", señalando lo mismo sobre la continuidad de López Nieto como representante del Gobierno andaluz en el Patronato de la fundación.

"El ministerio habló alto y claro sobre la situación en el patronato de la fundación y por parte del patronato de la fundación lo que corresponde es cumplir a rajatabla las instrucciones y sugerencias dadas por el regulador", ha asegurado Bendodo, insistiendo en que el posicionamiento del Gobierno andaluz "ya lo fijamos días atrás el presidente y yo mismo; iban en ese sentido, evidentemente".

"Por tanto, lo que pedimos ahora es que la solicitud del Ministerio de Economía al patronato se cumplan a rajatabla", ha reiterado el consejero.

Antik Passión Almoneda abrirá al público de manera gratuita este domingo, día 27, con una oferta de 20.000 objetos únicos y genuinos con más de 50 años, además de obras de arte contemporáneo, para los amantes del arte, el coleccionismo y la decoración.

De esta forma, la feria, organizada por Ifema Madrid, permite descargar una invitación con la que acceder de manera gratuita al evento en el día de su clausura, de 11.30 a 20.30 horas, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

La decoración y la mesa tienen un especial protagonismo en este salón, que reúne una amplia oferta de muebles de diseño de reconocidos creadores como Rene Herbst, Willy Rizzo, Aldo Morbelli o Carlo Ratti, a los que se suman otros objetos decorativos como jarrones de vidrio procedentes de Francia, firmados por Emile Gallé, estilo Art Nouveau, o vajillas de porcelana de Limoges, además de porcelana china y europea, objetos de cristal (Murano, Whitefriar), plata, cuberterías y mantelerías.

Además, los coleccionistas y amantes de la joyería, bisutería y relojería, la feria oferta un abanico de piezas como un broche en forma de mariposa realizado en oro y plata con diamantes, zafiros y esmeraldas de la Francia del siglo XIX, tiaras de strass de los años 20, o unos pendientes largos de los años 50, con perlas cultivadas y brillantes, montados en oro amarillo y oro blanco. A todo ello se suma una amplia gama de relojes vintage de primeras marcas.

Los amantes del look vintage, actual y a la moda tendrán la posibilidad de disfrutar de ropa y accesorios únicos como bolsos, cinturones, pañuelos, gorros y sombreros, hasta abrigos, cuellos, zapatos y pantalones.

Igualmente, pondrá a disposición de los visitantes una gran diversidad de obras plásticas de distintas épocas, estilos y técnicas con obras de artistas como Eduardo Chillida, Manolo Valdés, Joan Miró, Luis Feito, Juan Genovés, Julio Romero de Torres, Bosco Sodi o Xavier Mascaró.

Entre la oferta disponible también habrá instrumentos musicales, juguetes de principios de siglo, máquinas de escribir y de fotos, abanicos, bastones o globos terráqueos, así como una amplia gama de restauración en el Antik Bar de la feria.

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha abogado este viernes por extender el "modelo de acogida" habilitado por el Gobierno para la atención a ciudadanos de Ucrania desplazados por la invasión rusa "mirando hacía el sur" y ha advertido de que "no puede haber refugiados de primera y refugiados de segunda".

"Se está asumiendo con total normalidad que si un niño tiene los ojos azules se le acoge de una manera y que si tiene los ojos negros se le acoge de otra y eso no puede permitirse", ha dicho Rodríguez, quien ha celebrado que se esté haciendo "el mejor dispositivo" por parte del Gobierno para dar respuesta a la situación de los ciudadanos ucranianos desplazados.

En su intervención en la clausura de la II Semana Antirracista organizada por el Ministerio de Igualdad en Almería y antes de guardan un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica, ha indicado que la sociedad es "solidaria" y que el objetivo debe ser un "modelo de acogida de brazos abiertos desplegados también cuando miramos hacía el sur, que está en una situación muy lamentable".

"Hay que reivindicar que se amplíe la capacidad de un sistema de acogida ya tensionado y que no sabemos cómo va reaccionar e implementar medidas y políticas para no solo ciudadanos ucranianos, sino para todos aquellos que necesitan vivir en condiciones de dignidad", ha señalado.

Rodríguez ha lamentado que se perpetúen "muchas situaciones de intolerancia y discriminación" que hace que "muchas personas se encuentren con unas medidas muy diferentes cuando se trata de ser acogidos" y ha remarcado que hay "miles de solicitudes de asilo y refugio que están sin responder en nuestro país".

"Tenemos que hacer un esfuerzo para que todas las personas que necesiten asilo o refugio, así lo reciban, porque estas medidas no pueden ser solamente para unos pocos", ha reiterado en declaraciones a los periodistas.

La secretaria de Estado, que se ha desplazado posteriormente al asentamiento chabolista de temporeros inmigrantes de Los Nietos, en Níjar, ha puesto también el foco en esta realidad y en "las situaciones de absoluta falta de dignidad" a los que son sometidas "las personas que allí viven".

"Son las fotos de la vergüenza y nos habla de cómo tenemos tantas tareas pendientes en España y que suponen cómo la raza y la etnia sigue haciendo que se viva en condiciones muchísimo peores", ha dicho para añadir que la actuación de las administraciones para erradicarlos, "tímidas" según ha destacado, llegan, además, "tarde".

En esta línea, y tras aludir a los datos del estudio de su departamento que concluye que nueve de cada diez personas que vive en asentamientos pertenece a grupos que sufren discriminación por raza o etnia, ha indicado que "hay mucha tarea por delante" para "luchar contra estas formas de intolerancia" que, "a veces, seguimos viendo por parte incluso de perfiles institucionales".

"La Ley contra el racismo que inicia consulta pública esta semana debe ser aprobada a la mayor brevedad para evitar que esos discursos de odio y esas formas de discriminación sigan campando a sus anchas cuando deberían estar fuera de un país democrático como este".

Rodríguez ha apostado, asimismo, por "redoblar esfuerzos" desde la administración desde la futura ley contra la trata con fines de explotación sexual y "laboral" con "especial perspectiva de género" ante los casos "muy preocupante" de violencia contra las mujeres en los asentamientos.

"Esta situación necesita por un plan de acción urgente de todas las administraciones y de los actores sociales que trabajan sobre el terrenos para dar una vivienda digna que sustituya las condiciones indignas de vida de las mujeres y alternativa laboral que tiene que haber para las que sufren contextos de explotación sexual", ha concluido.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado la razón al exdirectivo del BBVA Antonio Béjar y ha ordenado al juez de la macrocausa 'Tándem' que le facilite el acceso a los correos corporativos que solicitó y que habría intercambiado con hasta 12 personas distintas.

En un auto de este jueves, los magistrados de la Sección Tercera corrigen la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 que, el pasado 4 de enero, denegó la solicitud de Béjar, que también había pedido una copia digitalizada de sus mensajes para no tener que acudir a revisarlos a sede judicial.

El otrora jefe de Riesgos del banco recurrió esa decisión del magistrado y solicitó que se revocase su resolución, pidiendo igualmente que se ampliase el listado de personas con las que se envió correos. Además, pidió que se le facilitase una copia tanto de sus mensajes como de sus agendas para estudiarlas fuera del Juzgado.

El Ministerio Fiscal se adhirió de forma parcial a la petición de Béjar al entender que procedía el acceso al resto de correos así como el establecimiento de una vía que le permitiese acceder a los mismos de una forma más respetuosa.

CORREOS CON GOIRIGOLZARRI, CANO O GORTARI

La Sala se alinea ahora con la posición de Béjar y, además de instar al juez a que permita el acceso a los correos con las 12 personas propuestas, se le "facilite con las medidas de seguridad" que el magistrado considere oportunas una copia de los correos y agendas cuyos originales se encuentran a disposición del instructor.

Los magistrados justifican su criterio asegurando que, estando la causa abierta y en trámite de instrucción, "no puede considerarse que de accederse a esta petición ampliatoria de la parte apelante se pudiera generar una dilación indebida del procedimiento que vulnere los derechos constitucionales de las partes".

Entre esos correos se encontrarían los que intercambió con ex Consejero Delegado José Ignacio Goirigolzarri, el ex CEO Ángel Cano, el que fuera jefe de Riesgo Corporativo Manuel Castro, el jefe de auditoria interna de BBVA, Joaquín Gortari, el que fuera jefe de seguridad de la entidad Julio Corrochano o con la directora del departamento jurídico María Jesús Arriba de Paz.

LA SALA YA CORRIGIÓ AL JUEZ PREVIAMENTE

Este auto de la Sala se enmarca en la pieza 9 de la macrocausa 'Tándem', en la que Manuel García Castellón investiga los diversos trabajos realizados por el comisario jubilado José Manuel Villarejo para el BBVA.

Fue el pasado mes de septiembre cuando el juez autorizó a Béjar el acceso a sus correos corporativos, unos meses después de que la Sala corrigiese al magistrado, que inicialmente rechazó conceder esta petición.

Béjar, imputado en esta causa, alegaba que la denegación del acceso a esos documentos --en un principio quería poder tener acceso a todos sus correos en BBVA y DCN, y a agendas de sus secretarias-- infringía los artículos 118 y 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con el artículo 24.2 de la Constitución. Y destacaba que había resultado incriminado a raíz de una información que aportó el banco a la causa cuando la instrucción estaba secreta y antes de que la propia entidad bancaria fuera imputada.

La ANC ha criticado que el acuerdo para modificar la Ley de Política Lingüística registrado este jueves en el Parlament "no es más que la aplicación de las sentencias de los tribunales españoles, ya que introduce el castellano como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña", y creen que se debilita la situación del catalán.

En un comunicado de este viernes, la ANC ha considerado que la proposición de ley presentada por el PSC-Units, ERC, Junts y comuns --aunque Junts finalmente dio marcha atrás horas después-- "pone en riesgo uno de los consensos básicos e históricos del país".

La entidad se ha opuesto a que el Govern "delegue la responsabilidad en los centros" sobre la aplicación de la sentencia del 25% de castellano del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC), y defienden que son tanto el Ejecutivo catalán como la Conselleria de Educación quienes deben asumir las responsabilidades.

La ANC ha insistido en que "la única respuesta posible a corto plazo es la confrontación con el Estado" para defender la escuela en catalán, y han reivindicado la independencia como vía para conseguirlo.

Por último, han informado de que en los próximos días se coordinarán con sindicatos y entidades en defensa de la escuela en catalán para "plantear movilizaciones" en rechazo de este acuerdo.

El Ministerio del Interior ha tramitado la expulsión de Mohamed Benhalima, un argelino que denuncia persecución en su país por denunciar corrupción en el estamento militar, tras denegar en dos ocasiones darle protección internacional en España en un expediente que inició formalmente en febrero de 2020, según han informado fuentes policiales.

Su caso ha sido denunciado por Amnistía Internacional, que esta semana reclamó públicamente que se anulara su expulsión al tratarse de un "exmilitar argelino que expuso la corrupción de altos militares en su país". Según la filial española de esta organización, a Benhalima se le inadmitió estudiar nuevamente su petición de asilo, "a pesar de las pruebas de que si le devuelven a Argelia podría ser torturado".

Fuentes policiales consultadas apuntan a que se trata de un expediente tramitado por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente del Ministerio del Interior, tras la primera solicitud de protección internacional presentada por Benhalima desde la comisaría de la Policía Nacional en San Sebastián, con fecha de 18 de febrero de 2020.

Estas fuentes desligan este caso, iniciado hace dos años y resuelto ahora, con el contexto actual de las relaciones diplomáticas con Argelia tras la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que respaldó el plan de Marruecos sobre el Sáhara. Recuerdan, además, que estos procedimientos de expulsión son habituales con los países vecinos.

El expediente de Benhalima --que no tiene procedimiento judicial abierto en España-- fue resuelto con su denegación de asilo por la OAR con fecha de 14 de julio de 2021, dentro del protocolo habitual bajo el control de ACNUR y del equipo interministerial que supervisa este tipo de procedimientos. A la espera de su expulsión, Benhalima ingresó en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia.

Estando en estas instalaciones de Zapadores, Benhalima volvió a pedir asilo en España por segunda vez, abriéndose otro expediente que se resolvió este 24 de marzo de nuevo con la denegación de la protección internacional. El procedimiento fue resuelto por vía de urgencia al realizarse desde un CIE y en la denegación, según las citadas fuentes, se valoró que repetía los mismos motivos por lo que ya se había rechazado el asilo el año pasado.

Amnistía Internacional España señala que este funcionario militar en 2019 publicó una serie de vídeos en redes sociales donde exponía la corrupción entre los altos cargos del Ejército. También participó en el movimiento de protesta Hirak, que pedía una reforma del sistema político, momento en el que su nombre apareció en una lista de buscados y huyó a España. Argelia lo ha condenado a diez años de prisión.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha adelantado que en los próximos días se establecerá un sistema de videollamada por móvil para los artistas que "tengan cualquier problema" en relación a su régimen laboral en la Seguridad Social.

"Como no podemos tener funcionarios especializados en todos los sitios, estamos preparando una tecnología que estará lista en los próximos días. Cualquier artista que tenga problemas para conocer su régimen o solventar cuestiones concretas, podrá ponerse en contacto mediante la tecnología", ha señalado Escrivá.

Se trata de una de las medidas implementadas a través del Estatuto del Artista, y de la que ya se conocía que habría una atención de unidades especializadas en la Seguridad Social para este sector debido a su especificidad. "Es una atención compleja y no todos los funcionarios conocen bien este régimen, pero es algo que estamos solucionando", ha añadido el ministro, entre los aplausos de los asistentes.

El anuncio se ha producido durante un encuentro con personas dedicadas a las actividades artísticas en el que también han estado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, junto con el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, para debatir sobre los avances en sus condiciones laborales tras la aprobación del Real Decreto-Ley que adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de este sector.

En el acto, al que han acudido representantes culturales como el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, o algunos de los diputados que acordaron la puesta en marcha del Estatuto del Artista como Eduardo Maura o José Andrés Torres Mora, se han repasado algunas de las medidas ya anunciadas previamente contenidas en el Estatuto, que se completará en el plazo de un año, a finales de este 2022.

Estamos convirtiendo la cultura en una razón de Estado", ha defendido Díaz, quien ha hecho un guiño a la labor de los sindicatos de este sector --y en general--, remarcando su "importancia en tiempos de mercantilismo. "Soy demócrata y siempre voy a reivindicar a las asociaciones de empresarios y a los sindicatos en mi país", ha añadido.

Por su parte, Iceta ha resaltado la labor del sector y el apoyo que va a recibir desde la administración. "Queremos que los artistas pinten y tengan una regulación digna de los creadores. Esto no se acaba aquí, hemos recibido 57 recomendaciones y ya se están trabajando en 38, pero el plazo es hasta antes de acabar este año", ha defendido.

UNA "RECUPERACIÓN" DE LA PANDEMIA

Precisamente, el empleo en el sector cultural "ya se ha recuperado totalmente" del impacto de la COVID19, según los datos de afiliación, y en 2021 presenta datos más altos que en 2019 respecto a la media anual. Así, los afiliados en el sector cultural en 2019 eran 606.946 mientras que 2021 ha cerrado con un balance de 613.669 afiliados medios.

Estos datos están contenidos en el informe de impacto económico del Real Decreto-ley aprobado el pasado martes por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas.

En el texto de los informes del Real Decreto, propuesto tanto por el Ministerio de Trabajo como el de Cultura y el de Seguridad Social, se recuerda que la evolución reciente del empleo del sector ha presentado incrementos entre los años 2000 a 2008, descensos entre 2009-2012 y recuperación del empleo desde 2013 a 2019.

A partir de ese año, la crisis de la COVID-19 supuso un impacto para el sector ya que estuvo afectado por las restricciones sanitarias y se observó un descenso del 5,9%, pero después se ha conseguido la recuperación citada.

En cuanto a la composición del empleo en el sector cultural, el 40% de los afiliados son mujeres, y el 27% del empleo del sector está ocupado por menores de 35 años, por lo que es "un sector bastante paritario y joven".

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que España permanecerá "en primera línea del esfuerzo", junto sus socios y aliados, para "hacer ver a Vladimir Putin que no aceptamos que imponga una marcha atrás de casi un siglo en el orden europeo de paz y prosperidad".

Albares se ha pronunciado de este modo durante una conferencia que ha impartido durante el acto de conmemoración del 75º aniversario de la especialidad económica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto --de la que fue alumno--, que se ha desarrollado en Bilbao.

En una intervención telemática debido a la imposibilidad de desplazarse a esta celebración por la situación que ha generado la "agresión ilegal, injusta e injustificada" de Rusia a Ucrania y "otras crisis", el ministro ha defendido que España es "un actor relevante en la escena internacional" y seguirá trabajando en los próximos años para continuar ampliando su "papel en el mundo" y participando, con sus "socios, amigos y aliados, a un orden internacional más justo y más estable".

Para ello, ha subrayado, su "brújula" serán "nuestros valores democráticos, nuestros intereses, nuestro compromiso europeo, nuestra firme voluntad de defender un orden internacional basado en reglas predecibles".

"España seguirá al frente de la defensa del derecho internacional, de la legalidad internacional, de la solidaridad en las vacunas, de los grandes debates sobre el cambio climático, de la recuperación económica justa y sostenible", ha afirmado.

Por lo que respecta a la invasión rusa en Ucrania, ha apuntado que España "permanecerá en primera línea del esfuerzo, junto con nuestros socios y aliados, para hacer ver a Vladimir Putin que no aceptamos que imponga una marcha atrás de casi un siglo en el orden europeo de paz y prosperidad".

Durante su conferencia, ha resaltado que España es "uno de los pocos países con vocación global" y ha apuntado que la política exterior debe "siempre tener en cuenta el contexto internacional". Según ha indicado, se está "inmerso en un cambio muy profundo" del modelo económico y social por la revolución digital y la emergencia climática, al que se añade "esta crisis en Europa que reta los propios pilares de la construcción europea de paz, prosperidad e igualdad soberana de los estados".

De este modo, ha recordado que el desarrollo digital tiene "profundas implicaciones" en la escala de poder internacional, "a modo de control de la tecnología" y al condicionar el crecimiento económico, mientras que el cambio climático tiene "el potencial de desestabilizar todavía más el escenario internacional, creando nuevas crisis y agravando las existentes".

El ministro ha incidido en que la pandemia de covid puso de manifiesto que "vivimos en un mundo interconectado" en el que "nadie esté a salvo hasta que todos lo estemos", motivo por el cual España ha donado a terceros países 70 millones de vacunas, de las que ya hay estregadas 55. También ha aludido a los "nuevos retos" para el modelo democrático con "acciones unilaterales que hace unos años no hubieran resultado concebibles" como se ha puesto de manifiesto Ucrania.

Esta invasión, ha advertido, ha supuesto "una ruptura en el paradigma del orden europeo y mundial" en el que se ha basado la "paz y prosperidad de nuestras sociedades durante décadas". "Sin haber agotado las vías diplomáticas, Vladimir Putin decidió violar la Carta de Naciones Unidas y las normas más fundamentales del derecho internacional invadiendo ilegalmente y brutalmente a un estado soberano vecino y pacífico", ha denunciado.

En todo caso, ha destacado que, frente a "esta barbarie", la comunidad internacional ha actuado "de forma firme y prácticamente unánime". A su entender, la unidad ha sido "clave en la respuesta de la UE, de la UE junto a sus socios transatlánticos y de la OTAN", lo que ha permitido adoptar "sanciones sin precedentes en apenas unos días".

En esta "compleja" coyuntura internacional, ha asegurado que España "se proyecta como un actor constructivo, guiado por la promoción de los derechos humanos, la democracia, la seguridad, el feminismo y la diversidad como referentes". Ha defendido el "activismo" en la mejora de la gobernanza global a través de la promoción de "una mayor integración regional y de un multirateralismo reforzado", así como un modelo sococioeconómico global basado en "integración, justicia y equidad".

"Nos erigimos como un actor fundamental y constructivo en cuatro esferas: Europa, el Mediterráneo, Iberoamérica y Estados Unidos", ha señalado. En relación a la UE, ha valorado que Europa es "un proyecto único" que se está "acelerando" en su integración con "pasos agigantados" frente al "desafío" de Putin, como también lo hizo ante la pandemia.

Según ha indicado, "España ha estado, y lo va a seguir estando, en todos los esfuerzos en favor de un política exterior europea más integrada, que es más necesaria que nunca para que Europa sea actor global fundamental".

Por lo que respecta al Mediterráneo, ha señalado que "nuestro bienestar y nuestra seguridad están intrínsecamente unidos a esta región", por lo que "son fundamentales las relaciones estratégicas con nuestros vecinos". Según ha apuntado, "España no puede sino redoblar su compromiso con la prosperidad y la estabilidad de la región, impulsando todas las acciones en el ámbito multilateral".

Igualmente, ha advertido de que tampoco se puede "olvidar el sur del Mediterráneo, el Sahel" y ha apuntado que la situación política en muchos de sus países, especialmente Mali, "hacen de esta región una zona prioritaria" para España. Por ello, ha afirmado, tiene "presencia protagonista" e "interés claro en contribuir a la estabilidad de la región".

Asimismo, ha destacado el papel de "firme impulsor" de las relaciones entre Latinoamérica y la UE y ha definido a EEUU y Canadá como "amigos, socios, aliados indispensables" para España y Europa.

Finalmente, ha reivindicado el papel de la "diplomacia económica" en un momento en que se está "inmersos en un cambio profundo" del modelo económico global y España "tiene que ser capaz de competir en ese nuevo marco". De este modo, ha apostado por impulsar la modernización y transformación de la economía a través, entre otras acciones, de "diplomacia activa" que apoye los intereses económicos en el exterior tanto bilateral como multilateralmente.

75 AÑOS

Estudiantes, profesorado y exalumnos de la especialidad económica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto se han reunido este viernes para celebrar el 75º aniversario de una titulación "pionera" y que "todavía hoy sigue siendo un referente", han destacado desde Deusto.

El título se inició en 1946 con 20 estudiantes, las mujeres se incorporaron en los años 60 y en la década de los 80 se llegó a contar con 200 estudiantes. En palabras de la decana, Gema Tomás, este "clásico" de Deusto "ha hecho realidad como ningún otro el lema 'tradición e innovación'" que tiene la Facultad de Derecho.

La profesora de Economía de la Unión Europea Laura Gómez, titular de la Cátedra Jean Monnet 'EU Economic and Legal integration for People' y actual coordinadora de la especialidad Económica, ha explicado que se empezó a impartir en "una economía autárquica" y en sus planes de estudios se han reflejado "la apertura en su día al comercio exterior, la entrada de España en la entonces Comunidad Europea, la globalización y hoy un replanteamiento de la misma ante las crisis de suministros y de energía".

En el encuentro también han estado presentes el rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert, el vicerrector de Estrategia Universitaria, Eduardo Ruiz Vieytez, y exalumnos como la presidenta de Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, o el asesor del Gobierno Vasco Emilio Olabarria.

El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España ha ascendido a 8 en 2022, tras confirmarse el caso de una mujer de 25 años asesinada presuntamente por su expareja el pasado 21 de marzo en Barcelona.

La víctima tenía un hijo menor de edad y existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, según ha informado el Ministerio de Igualdad.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 8 en 2022 y a 1.134 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos. Además, el número de menores huérfanos por violencia de género en España asciende a 7 en 2022, y a 343 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Irene Montero y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han expresado su "más absoluta condena y rechazo" a este asesinato machista y trasladan "todo" su "apoyo" a familiares y amistades de la víctima. Asimismo, piden "todos los esfuerzos" desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para "llegar a tiempo y evitar más muertes".

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600000016, siguen funcionando con normalidad las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 52 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

La escritora mallorquina Joana Marcús, la española más leída en la plataforma de creación literaria Wattpad, traslada su Trilogía Fuego al papel bajo el sello juvenil Crossbooks, de Planeta, que también publicará las novelas traducidas al catalán.

Se trata de una historia de amor juvenil con tintes distópicos y de ciencia ficción, cuya primera parte, 'Ciudades de humo', ya se ha puesto a la venta, según ha explicado la autora en un encuentro con medios este viernes.

Marcús (2000), estudiante de Psicología, es la única española entre los diez autores más leídos de Wattpad, donde tiene colgadas 14 novelas.

Entre ellas, se encuentra la Trilogía Fuego, que empezó a escribir en 2014, con más de 7 millones de lecturas, aunque la versión que publica ahora está corregida y tiene algunos cambios.

Sigue la historia de Alice, una androide con una vida muy "cuadriculada", que cambiará de golpe cuando tenga que fingir que es humana.

A Marcús le interesaba que la protagonista fuera una androide que no entendiera las convenciones sociales para que el lector pudiera tomar distancia de ellas y preguntarse hasta qué punto tienen sentido.

MUCHA IMAGINACIÓN

Marcús empezó a escribir a los once años porque "tenía mucha imaginación" y sentía la necesidad de hacer algo con ella, según ha explicado.

También se ha descrito como una lectora voraz, y ha dicho que está leyendo siempre algún libro desde los nueve años porque le detectaron dislexia y le recomendaron leer mucho: "Ahora leo muy rápido".

Decidió escribir esta trilogía influida por distopías como 'Los juegos del hambre', que narran las peripecias de un protagonista que es distinto a los demás y debe demostrar algo.

Al escribir en una plataforma en que las novelas se publican por partes y los escritores reciben comentarios de los lectores a tiempo real, también ha dicho que de algún modo le influyeron estos comentarios, pero sostiene que hay que procurar que afecten lo mínimo posible al desarrollo de la trama.

El segundo y el tercer título de la trilogía, concebida inicialmente como un solo libro de más de 1.000 páginas, se publicarán a lo largo de este año.

Los obispos españoles advierten en una "nota doctrinal" que los católicos están "absolutamente obligados a objetar" y no pueden prestar colaboración ni siquiera formal ante prácticas como el aborto o la eutanasia, ni votar, en el caso de los políticos, a favor de leyes que las permitan.

"Los católicos estamos absolutamente obligados a objetar en aquellas acciones que, estando aprobadas por las leyes, tengan como consecuencia la eliminación de una vida humana en su comienzo o en su término: El aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar", subrayan los prelados en el texto, titulado 'Para la libertad nos ha liberado Cristo'.

En este sentido, precisan que, "aunque no todas las formas de colaboración contribuyen del mismo modo a la realización de estos actos moralmente ilícitos, deben evitarse, en la medida de lo posible, aquellas acciones que puedan inducir a pensar que se están aprobando".

En concreto, si el católico tiene responsabilidades en instituciones del Estado, los obispos indican que "no pueden promover positivamente leyes que cuestionen el valor de la vida humana, ni apoyar con su voto propuestas que hayan sido presentadas por otros".

"Su deber como cristianos es tutelar el derecho primario a la vida desde su concepción hasta su término natural, por lo que tienen la precisa obligación de oponerse a estas leyes", subrayan.

Si bien añaden que, cuando no fuera posible abrogar las que están en vigor o evitar la aprobación de otras, y "quedando clara su absoluta oposición personal", pueden "ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de estas leyes".

En el caso de las instituciones sanitarias católicas, dicen que "no se deben plegar a las fuertes presiones políticas y económicas que les inducen a aceptar la práctica del aborto o de la eutanasia" y les advierten de que "tampoco es éticamente aceptable una colaboración institucional con otras estructuras hospitalarias hacia las que orientar y dirigir a las personas que piden la eutanasia".

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado mantener suspendida la extradición del ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal a Estados Unidos a petición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

"Dada cuenta, por recibida comunicación procedente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el día de la fecha, se acuerda la suspensión de la ejecución de la orden de extradición del reclamado Hugo Armando Carvajal Barrios en virtud del artículo 39 de su Reglamento", reza la providencia de la Sección Tercera.

El TEDH ha acordado esta medida cautelar en atención a un recurso presentado por la defensa del general venezolano, cuya entrega a Washington ya estaba paralizada de todos modos desde el pasado mes de diciembre.

En esa ocasión, la Sala de lo Penal frenó la extradición a la espera de que se resolviera la segunda petición de asilo formulada por 'El Pollo', que finalmente ha denegado el Ministerio de Interior pero que aún se puede recurrir en esa vía.

Las fuentes jurídicas consultadas explican que, aunque Interior denegara el eventual recurso de 'El Pollo', confirmando así el 'no' a su segunda petición de asilo, la extradición no podría reactivarse debido a esta medida cautelar adoptada por el TEDH.

La dirección nacional del PSOE ha enviado un documento a toda su estructura territorial para promover mociones y proposiciones no de ley en ayuntamientos y parlamentos autonómicos en apoyo del Sáhara Occidental. Sin embargo, en esta comunicación no menciona el cambio de postura de España y el acercamiento a la posición de Marruecos que supone la carta enviada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Rey de Mohammed VI.

El texto, parte de la Secretaría de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo de la Ejecutiva Federal y está firmado por los principales dirigentes de la cúpula del PSOE. Va dirigido a toda la estructura territorial del partido a nivel autonómico, provincial, insular y local.

"Os hacemos llegar mediante este comunicado una propuesta de moción o proposición no de Ley sobre el Sáhara Occidental para, si lo consideráis oportuno, presentar en los diferentes ayuntamientos y parlamentos autonómicos", reza el documento, con fecha de este jueves.

La dirección del PSOE traslada en el texto su solidaridad y apoyo al pueblo saharaui y se compromete a reforzar la cooperación y la acción humanitaria en colaboración con el tejido asociativo a nivel municipal.

Además, insta a las partes en el conflicto a trabajar en la búsqueda de una solución política "aceptable por ambas partes" que se sitúe dentro de las resoluciones de Naciones Unidas y que cumpla la legalidad internacional. También llama al Gobierno a seguir apoyando al enviado de la ONU para el Sáhara, Staffan de Mistura.

EN LÍNEA CON ALBARES

Este mensaje va en la misma línea de lo expuesto por el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, este miércoles en el Congreso de los Diputados. Allí compareció a petición propia para explicar la nueva etapa de las relaciones con Marruecos abierta después de la carta enviada por Sánchez a Mohammed VI.

Sin embargo, la comunicación emitida por el PSOE no menciona la citada carta, en la que Sánchez expresa un acercamiento a Marruecos al afirmar que su propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental del año 2007 es "la base más seria creíble y realista para la resolución de este diferendo".

La nueva posición de España expresada en la misiva, ha sido rechazada por todos los grupos parlamentarios en el Congreso, incluido el socio de coalición Unidas Podemos. También por el Frente Polisario, que ejerce la autoridad en los campamentos saharauis. Asimismo, ha provocado que Argelia --enfrentado históricamente a Marruecos en este asunto-- llame a consultas a su embajador en Madrid, Said Musi.

A este respecto, fuentes de la Ejecutiva Federal del PSOE ya admitieron esta semana que la posición expresada en la carta de Sánchez al rey marroquí suponía un cambio respecto al programa electoral del PSOE en 2019, donde apostaba por la "autodeterminación" del pueblo saharaui.

LA POSICIÓN DE LA ONU HA EVOLUCIONADO

En el comunicado dirigido a los cuadros autonómicos y locales, que tiene fecha de este jueves, la dirección del PSOE destaca que se trata de un conflicto enquistado desde hace 46 años y que a lo largo de este tiempo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha publicado "74 resoluciones" en las que "ha ido evolucionando" en sus propuestas para la resolución del conflicto.

Así, hace referencia a la última de estas resoluciones, de octubre de 2021, en la que la ONU reafirma el compromiso de ayudar a las partes a alcanzar una solución política "justa, duradera y aceptable para todas ellas, basada en la avenencia, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental" en el marco de la Carta de las Naciones Unidas.

LA ONU ACOGE LA PROPUESTA DE MARRUECOS Y LA DEL POLISARIO

En ella "toma nota de la propuesta marroquí presentada al Secretario General el 11 de abril de 2007" y acoge "con beneplácito, los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos por hacer avanzar el proceso hacia una solución". Del mismo modo, tal como señala el texto del PSOE, la ONU toma nota también de la propuesta presentada por el Frente Polisario en 2007.

El documento está firmado por la titular de la Secretaría de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo, Hana Jalloul, por la vicesecretaria general, Adriana Lastra y el secretario de Organización, Santos Cerdán.

También por el secretario de Política Municipal, Alfonso Gómez de Celis y el de Política Autonómica, Guillermo Fernández Vara, así como por la secretaria de Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública, Llanos Castellanos.