La vicepresidenta primera y ministra de Asutnos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha valorado la disposición del Banco Central Europeo (BCE) a seguir tomando las medidas que sean necesarias impulsar la recuperación económica y la creación de empleo, aunque ha señalado que el Gobierno analizará las posibles implicaciones de la revisión publicada este jueves por el organismo.

«Creo que ésta es la prioridad absoluta que tenemos en este momento, el poder reaccionar a la evolución de las circunstancias económicas de manera ágil y eficaz y seguir impulsando la recuperación económica, que ya estaba tomando buen ritmo en toda Europa cuando nos ha golpeado la agresión contra Ucrania», ha remarcado la vicepresidenta en rueda de prensa tras reunirse con el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha revisado este jueves sus dos principales instrumentos de política como consecuencia del impacto de la guerra en Ucrania y de la inflación. De esta forma, ha abierto la puerta a que las compras netas bajo el paraguas del programa de compras de activos públicos (APP, por sus siglas en inglés) terminen en el tercer trimestre de 2022.

Respecto a los tipos de interés, el comunicado emitido por el BCE ha variado ligeramente las perspectivas. Hasta ahora, el organismo había dicho que los tipos subirían «poco después» de que finalizaran las compras de activos. Ahora ha indicado que cualquier ajuste en el precio del dinero tendrá lugar «en algún momento» después de que finalicen las compras netas de activos. Asimismo, ha dejado claro que cualquier cambio en los tipos de interés «será gradual».

El ministro alemán Lindner, por su parte, ha defendido que el BCE es una «entidad independiente», por lo que sus decisiones no requieren el acuerdo o la crítica de los distintos gobiernos o formaciones políticas. «Nosotros tomamos nota de sus decisiones y las interpretamos», ha recalcado.

Pese a esto, el ministro alemán ha apuntado que el BCE con su decisión ve riesgo sobre la inflación y «se está preparando». En este sentido, ha reconocido que esto tiene un impacto en las perspectivas de crecimiento de la economía.

Por ello, ha apelado a los distintos gobiernos de la Unión Europea a asumir la responsabilidad de crear condiciones favorables para impulsar el crecimiento de la economía, a través de inversiones o reduciendo la burocracia para las empresas.

Con todo, Lindner cree que los fondos ‘Next Generation EU’ son una «oportunidad única» para renovar la Unión Europea y fomentar el crecimiento, y ha valorado la «ambición» de España respecto a su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En cuanto a las reglas fiscales, ambos ministros han coincidido en abordar el debate con «realismo y pragmatismo», aunque Lindner ha insistido en la necesidad de que se garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.

La Asociación de Ejecutivas de Empresas Turísticas (Asset) ha celebrado su asamblea general en la que se ha presentado y ha salido elegida, por unanimidad, la nueva junta directiva, según ha anunciado en un comunicado.

En concreto, el equipo que dirigirá la asociación los próximos años está formado por: María Paz Abad, directora del despacho de abogados Tourism&Law, como nueva presidenta; María José Quintana, directora comercial de la mayorista Vendeviaje como vicepresidenta; Paloma Martínez, general mánager del Hotel Intercontinental Madrid como directora; María Luisa Nogales, consejera delegada en Descubre Viajes como secretaria; Beatriz Rodríguez, consejera delegada en P&B TRAVEL como tesorera; y Nuria Muñiz, directora de Marketing y Corporate Affairs de Grupo Intermundial como responsable de comunicación.

La asamblea, que se ha celebrado en el Hotel Intercontinental de Madrid, fue un acto que recogió los hitos y logros de la junta directiva saliente y también se ha destacado la importancia de los principios y valores por lo que trabaja esta asociación.

En este sentido, los principales objetivos de Asset son la defensa del papel profesional de la mujer en la toma de decisiones sobre un sector que ha representado más del 12% del PIB, el desarrollo del turismo como propulsor de la economía, la sociedad y la cultura en general y la formación como palanca y dinamizador del posicionamiento de la mujer en el mundo laboral.

Además, la nueva junta directiva ha presentado los proyectos sobre los que se trabajará los próximos años, ya que quieren integrar la labor de todas las asociadas de Asset, que «formarán mesas de trabajo específicas, relacionadas con los temas de interés e intervención a desarrollar desde la asociación», según ha explicado la nueva presidenta, María Paz Abad.

Transportistas valencianos advierten del impacto de la guerra de Ucrania en el combustible: 300 euros más caro en menos de dos semanas. Además, prevén que el precio seguirá creciendo y alcanzará los dos euros por litro, una escalada a la que se suma el encarecimiento de la compra de vehículos, la inflación y la revisión salarial.

Según sus cifras, desde que estalló el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el precio del gasóleo A no ha parado de crecer hasta alcanzar los 1,777 euros por litro, un 20% más caro. Llenar el depósito de un vehículo de carga general de 1.000 litros cuesta 299 euros más que hace 13 días.

Para una flota de cuatro vehículos, la media nacional, este incremento supone 1.196 euros más; mientras para una de ocho, la media de las empresas que conforman la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), 2.392 euros más.

Ante esta situación, el Comité Nacional de Transporte de Mercancía por Carretera, al que pertenece FVET, ha solicitado una reunión con urgencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para garantizar la aplicación de medidas que permitan la continuidad de las empresas transportistas y eviten el «colapso económico».

Antes de la invasión rusa, la federación valenciana ya advirtió del incremento del precio respecto a 2020, ya que los transportistas han soportado un 36% más de coste medio anual en 2021. En cifras, según el observatorio de costes del Ministerio de Transportes, si en 2020 el combustible de un solo vehículo articulado de carga general que había recorrido 120.000 kilómetros al año ha supuesto 31.600 euros de coste anual, en 2021 el mismo recorrido ha implicado 42.888 euros.

«El precio del combustible ya estaba por las nubes y lo previsible es que, con la guerra en Ucrania, alcance los 2 euros por litro. La única opción que nos queda es repercutir este coste, una medida que ya está contemplada en el decreto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros», expone en un comunicado Carlos Prades como presidente de FVET.

Y es que, además de la escalada del combustible, los profesionales del sector están soportando un crecimiento de costes en todos los conceptos: «La escasez de microchips ha supuesto retrasos en la adquisición de los vehículos y un encarecimiento de sus precios, a lo que se suma la inflación y la revisión salarial y los problemas que ya arrastra el sector tradicionalmente y afectan a su viabilidad, como los impagos. Los márgenes son muy exiguos para los transportistas; la única opción que nos queda es repercutir la variación en el precio del combustible».

La Comisión Europea prevé permitir a los gobiernos conceder ayudas públicas a las empresas más afectadas en sus finanzas por las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, incluidos apoyos para sufragar los costes adicionales generados por los precios «excepcionalmente altos» del gas y la electricidad a raíz del conflicto.

«Estamos preparados para utilizar toda la flexibilidad de nuestros instrumentos de ayuda estatal para permitir que los Estados miembro apoyen a las empresas y sectores gravemente afectados», ha indicado la vicepresidenta responsable de Competencia, Magrethe Vestager, tras expresar en un comunicado el apoyo a los ucranianos frente a la invasión rusa y avisar del impacto que tendrá en la economía de la UE.

La liberal danesa ha enmarcado esta propuesta, que ha comunicado a los Veintisiete para su consulta antes de que sea aplicable, dentro de los esfuerzos con los Estados miembro para explorar todas las opciones que permitan dar el apoyo «necesario y proporcionado» en estas circunstancias.

En concreto, el marco específico para las ayudas públicas en el marco de la guerra en Ucrania prevé dos tipos de actuaciones, siendo la primera un apoyo temporal en forma de garantías y préstamos para garantizar liquidez a las empresas en crisis y la segunda, apoyos frente a los costes adicionales causados por los «precios excepcionalmente altos del gas y la electricidad».

Esta segunda forma de apoyo, ha precisado la Comisión, podrá tener distintas formas, incluidas subvenciones, para asegurar una compensación parcial del coste energético a las empresas más expuestas.

En ambos casos, las medidas estarán disponibles también para empresas consideradas en crisis porque en las circunstancias actuales se enfrenten a necesidades graves de liquidez. Las entidades sancionadas y controladas por Rusia quedarán excluidas del alcance de estas medidas.

Antes de adoptar definitivamente este marco, Bruselas va a consultar con los Estados miembro su opinión, que tendrá en cuenta antes de presentar la versión definitiva de la medida. En concreto, los gobiernos podrán responder a cuestiones como los límites máximos y alcance de las ayudas, la definición de «consumidor intensivo» de energía o si deben imponerse criterios ecológicos o tener en cuenta otros costes que puedan aumentar también drásticamente.

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha solicitado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que de «manera extraordinaria» y hasta que se restablezca la normalidad de los suministros desde el Mar Negro, se autoricen las importaciones de cereal, principalmente maíz, de Estados Unidos, Argentina y otrospaíses productores, para hacer frente al consumo diario de casi 100.000 toneladas, según han informado en un comunicado.

En conceto, las cooperativas españolas han recordado que Ucrania exporta a España una media anual de 2,77 millones de toneladas de maíz en los últimos seis años, destacando 2019, con algo más de cuatro millones, es decir, el 30% de sus necesidades.

Sin embargo, esta fuente de abastecimiento ha desaparecido y estiman que cuentan con existencias solamente para las próximas seis semanas, por lo que califican la situación de «alarmante».

De esta forma, las cooperativas señalan que ante esta «situación extraordinaria», el Gobierno debe conseguir de la Comisión Europeamedidas a la altura de las circunstancias para abastecer a la cabaña ganadera.

«La pandemia y las dificultades añadidas nos han servido, una vez más, para darnos cuenta de que las cooperativas han sido la mejor herramienta que tiene el sector cerealista español y el mercado para conseguir mantener, sin sobresaltos, la oferta a nuestra ganadería. Pero esto ahora no es suficiente, necesitamos el maíz argentino y de Estados Unidos, y aunque desde 2017 está prohibido el doclorvos en Argentina, sigue habiendo temores en los importadores por encontrar trazas en algún material almacenado, y lo mismo ocurre con los requisitos de no transgénicos, que imposibilitan las importaciones de maíz procedentes de Estados Unidos», han señalado.

Las cooperativas reconocen que la guerra ha cambiado el escenario de manera radical, poniendo en serio riesgo un abastecimiento seguro y asequible de los alimentos, que hay que garantizar a la sociedadeuropea.

Además, muchas regiones en España están sufriendo una incertidumbre añadida con la sequía. En España, el secano aporta el 85% de la superficie que alimenta a esta industria, lo que añade «intranquilidad y una subida desorbitada de los precios».

De esta forma, consideran que para evitar estos efectos, la UE debería con «urgencia y de manera extraordinaria» permitir importacionesque eviten el desabastecimiento y colapso de la ganadería española y el cierre de otras industrias de alimentación, como las harineras y las industrias y suministros de aceite de girasol, que son muy dependientes de las importaciones de Ucrania.

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha solicitado a Planas quehabilite una mesa de crisis de diálogo con el conjunto del sector, desde la producción a la distribución, para abordar los efectos de la guerra y el necesario cambio de perspectiva que deben tomar algunas de las estrategias y reformas iniciadas.

Las cooperativas creen que ahí se deberán tratar cuestiones sobre cómo abordar en estas circunstancias las iniciativas reglamentarias bajolas estrategias de la ‘Granja a la mesa’ y la biodiversidad, las limitaciones productivas en el marco de la nueva PAC y el replanteamiento de alguna de la legislación que afecta al mercado y a su regulación.

«Reiteramos nuestro compromiso con la sostenibilidad medioambiental, pero en estas circunstancias debemos saber equilibrar las necesidades más urgentes y los objetivos estratégicos a medio y largo plazo para que el sector pueda cumplir su principal misión, que es producir alimentos y materias primas seguras y asequibles para la estabilidad de nuestra sociedad, y evitando la instrumentalización que Rusia quiere hacer de este sector como un arma», han señalado.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado un préstamo de 260 millones de dólares (236 millones de euros) para apoyar el Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay a través de la expansión del sistema de transmisión eléctrica, según ha informado en un comunicado.

El organismo multilateral ha destacado que la operación permitirá al país «contar con un suministro sostenible, confiable y eficiente» en el sistema eléctrico.

En este sentido, Paraguay aumentará con este préstamo la capacidad del Sistema Interconectado Nacional para satisfacer la demanda en el corto y medio plazo, principalmente en los sistemas central y metropolitano.

El BID ha destacado que el programa también supondrá el aumento de la confianza y eficiencia del servicio eléctrico al reducir pérdidas en la transmisión eléctrica del sistema, además de aumentar la participación de mujeres en posiciones de liderazgo.

Actualmente, Paraguay cuenta con un servicio eléctrico que abastece al 99,6% de la población, pero los puntos de generación de energía se encuentran muy distantes de los centros de consumo, y la capacidad de transmisión actual no es suficiente para asegurar el suministro confiable de electricidad, según la demanda proyectada del corto y mediano plazo.

El préstamo se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, que tiene el objetivo de aumentar el bienestar de la población mediante la mejora de la calidad de los servicios públicos, en especial con el eje estratégico de ‘Crecimiento Económico Inclusivo’ y con el eje transversal de ‘Competitividad e Innovación’.

El crédito también está en línea con la Visión 2025, la hoja de ruta del Grupo BID para avanzar hacia la recuperación y el crecimiento de América Latina y el Caribe, en tres de sus ejes fundamentales, que son digitalización, acciones frente al cambio climático, y género e inclusión.

Esta es la segunda operación de una línea de crédito condicional para proyectos de inversión para el ‘Programa de Inversiones en Energía Sostenible en Paraguay’, disponible por 12 años, por un importe de 400 millones de dólares (363 millones de euros).

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves el programa medioambiental de la UE hasta 2030 que impulsará un marco normativo para eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y establecerá una fecha límite para su fin.

Bajo este paraguas, la UE establecerá un marco legislativo que ayude a reducir la dependencia de las ayudas a los combustibles fósiles que son perjudiciales para el medio ambiente e impulsará, en paralelo, incentivos positivos para lograr el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados.

Además, establecerá una fecha límite para eliminar todas las ayudas públicas a las fuentes de energía dañinas para el medio ambiente. En un paso más, en 2023 la Comisión Europea deberá presentar una metodología con la que identificar otras ayudas perjudiciales para el medio ambiente y una guía sobre cómo los Estados miembros deberán desprenderse de ellos

Con 553 votos a favor, 130 en contra y 7 abstenciones, los eurodiputados han ratificado el acuerdo adoptado en el Consejo Europeo el pasado diciembre sobre la guía de política medioambiental europea para 2030, que busca acelerar la transición hacia una economía neutral en carbono, limpia y circular bajo el octavo programa de acción en materia de Medio Ambiente.

Una vez adoptado de manera formal por el Consejo, el texto legal se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea en un plazo de 20 días. En un paso más, las autoridades de la UE, nacionales, regionales y locales también deberán aplicar sanciones efectivas y disuasorias para reducir los riesgos de incumplimiento de la legislación medioambiental de la UE.

«Es una primicia en la legislación de la UE y marca un paso importante para alejarse del enfoque obsesivo e insostenible del crecimiento del PIB», ha señalado la eurodiputada del grupo Verde, Grace O’Sullivan, en un comunicado en el que ha añadido que se trata de un cambio sistemático necesario para vivir bien.

El Banco Central Europeo (BCE) ha revisado a la baja sus expectativas de crecimiento para la eurozona, mientras que ha elevado las de inflación como consecuencia del impacto de la guerra en Ucrania, que en el peor escenario manejado por la institución llevaría la tasa de inflación de la zona euro hasta el 7,1% en 2022, frente al 5,1% del escenario base.

De este modo, en su escenario más probable, el BCE contempla que el PIB de la eurozona crezca este año un 3,7%, en vez del 4,2% anticipado en diciembre, mientras que en 2023 la expansión del PIB será del 2,8%, una décima menos de lo previsto anteriormente, y en 2024 el PIB crecerá un 1,6%, en línea con la proyección de diciembre.

En cuanto a los precios, el BCE ha revisado al alza sus previsiones de inflación, que ahora sitúa en el 5,1% en 2022 y en el 2,1% en 2023, cuando en diciembre anticipaba subidas de precios del 3,2% y el 1,8%, respectivamente. Para 2024, la institución prevé una tasa de inflación del 1,9%, una décima más que lo previsto en diciembre.

Sin embargo, dada la gran incertidumbre que rodea al impacto del conflicto en Ucrania en la economía de la zona del euro, además del escenario base, el BCE ha preparado un escenario «adverso» en el que el crecimiento del PIB se vería frenado en 2022 al 2,5% y el próximo año al 2,7%, situándose en el 2,1% en 2024, mientras que la inflación subiría un 5,9% este año y un 2% y un 1,6% los dos siguientes años, respectivamente.

En comparación con la base, un escenario «adverso» asume que se impondrán sanciones más estrictas a Rusia, lo que lleva a algunas interrupciones en las cadenas de valor globales, mientras que los cortes persistentes en el suministro de gas elevarían los costes de la energía y recortes en la producción de la zona del euro, «aunque esto sería solo temporal a medida que se produzca la sustitución por otras fuentes de energía».

Además, el BCE ha valorado en este segundo escenario que las tensiones geopolíticas serían más sostenidas que en el escenario de referencia, lo que generaría perturbaciones financieras adicionales y una incertidumbre más persistente.

Asimismo, en un «escenario severo», el BCE incluye, además de las características del escenario adverso, una reacción más fuerte de los precios de la energía a los cortes en el suministro, así como una revisión más intensa de los precios en los mercados financieros y mayores efectos de segunda ronda por el aumento de los precios de la energía.

Este peor escenario implicaría un crecimiento del PIB en 2022 y 2023 del 2,3%, mientras que para 2024 la expansión de la actividad sería del 1,9%. En cuanto a la evolución de los precios, en el escenario severo el BCE anticipa una escalada hasta el 7,1% en 2022 y una moderación de la subida al 2,7% el próximo año y el 1,9% en 2024.

El BCE ha indicado que la fecha límite para las hipótesis técnicas, como las relativas a los precios del petróleo y los tipos de cambio, fue el pasado 28 de febrero, señalando que las proyecciones macroeconómicas para la zona del euro finalizaron su elaboración el 2 de marzo de 2022.

«El ejercicio de proyección actual cubre el período 2022-24. Las proyecciones sobre un horizonte tan largo están sujetas a una incertidumbre muy alta, y esto debe tenerse en cuenta al interpretarlas», ha advertido.

Las organizaciones agrícolas con mayor presencia en la Región de Murcia (COAG, Asaja y UPA) junto al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y cooperativas del sector primario regional, han calculado que las reservas de grano (trigo, maíz y leguminosas) almacenadas en los puertos españoles y destinadas a la alimentación ganadera «puede durar unos 25 días o un mes», como ha señalado el presidente de COAG en la Región de Murcia, José Miguel Marín.

Frente a esta situación que han calificado de «desesperada» el sector primario regional ha exigido al Gobierno central «medidas de guerra» para evitar que el campo «se vea abocado al cese de actividad» como ha argumentado el secretario regional de UPA, Marcos Alarcón.

En opinión de Marín, esta falta de grano para la ganadería ha llevado a muchos ganaderos a empezar a plantear «planes de sacrificio de animales» ante las dificultades de conseguir piensos para sus explotaciones lo que «repercutirá directamente en el abastecimiento humano».

Por otro lado, tanto COAG como ASAJA y UPA se han mostrado decididos a llevar a cabo «un paro general del sector» si el Gobierno central no toma medidas «urgentes y directas» para paliar los incrementos de los costes de la energía que ha hecho que los agricultores «tengan el producir a pérdidas con la consecuente ruina para muchas explotaciones», ha señalado el secretario de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez, quien ha aseverado de la posibilidad real de un «desabastecimiento humano» si se produce esta huelga de agricultores y ganaderos.

En este sentido el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez ha sido muy gráfico cuando ha espetado al Ejecutivo central que «no toque la lira mientras Roma se quema» en clara alusión a la situación extrema que vive el sector primario regional y nacional.

Entre las reivindicaciones de los agricultores al Gobierno central también se encuentra «una fuerte bajada de impuestos» entre los que ha señalado el secretario de Asaja Murcia «la baja de los módulos agrarios o dar los máximos beneficios a la estimación directa». Al respecto, Gálvez ha criticado que el Gobierno central «deje de hacer caja con los agricultores».

Desde UPA, Marcos Alarcón, también ha pedido que la Unión Europea «flexibilice» las medidas de la PAC relativas al cupo de cultivo de cereales y leguminosas en suelo de la UE, al mismo tiempo que les ha urgido a llegar a acuerdos pronto con posibles otros suministradores de grano como Estados Unidos, Canadá, Brasil o Argentina.

Para Alarcón esta situación no es estacional ya que la primera cosecha de grano ucraniano está en comercio, pero ha augurado que «los campesinos han dejado los tractores y han cogido el fusil» por lo que los campos no están cultivados y el desabastecimiento de grano de Ucrania puede ser más prolongado en el tiempo.

A las políticas europeas también se ha referido Alfonso Gálvez que ha pedido «una revisión del Pacto Verde europeo» que permita el uso de «fertilizantes y abonos así como una revisión de los acuerdos con terceros países que suponen un competencia desleal» con respecto a los productores locales.

MANIFESTACIÓN DEL 20M

La comparecencia estaba organizada para presentar las reivindicaciones que el sector primario murciano va a llevar a la manifestación del próximo 20 de marzo por las calles de Madrid. Exigencias que, según los convocantes, «se han agravado con el conflicto en Ucrania».

Desde la Región de Murcia, sumarán a las peticiones del sector primario nacional la exigencia de un reparto del agua que no esté supeditado a «un ecologismo de moqueta, de cuestiones estéticas y de intereses políticos», según ha comentado Lucas Jiménez, quien ha asegurado que «estamos a favor de los caudales ecológicos».

Pero no cree que sea necesario detraer hasta «un 50% del total del agua trasvasada» como tampoco considera que el precio del agua desalada ofertada sea «hasta seis veces más cara que la de abastecimiento» por lo que Jiménez ha ironizado con que «será más barato regar con agua emobotellada» una situación que «es un drama» para el regadío de Alicante, Almería y Murcia.

Los organizadores han calculado que cerca de cien autobuses saldrán desde la Región de Murcia aunque han pedido que «vaya todo el mundo».

Finalmente, las tres organizaciones agrícolas y ganaderas mayoritarias en la Región de Murcia (COAG, Asaja y UPA) junto al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y cooperativas del sector primario regional, ha vaticinado que «unas 150.000 personas» de todo el país pueden estar en la manifestación de Madrid.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, han coincidido en la necesidad de abordar una respuesta europea conjunta contra el alza de precios de la energía, con medidas como limitar los precios, y han coincidido en destacar el «potencial» de España desde el punto de vista de la capacidad de regasificación.

En una rueda de prensa conjunta tras una reunión celebrada en Madrid, ambos ministros han querido destacar la «unidad y determinación» de los socios europeos para hacer frente al ataque «injustificado» del Gobierno de Putin contra Ucrania.

La vicepresidenta primera y el ministro alemán han defendido así el impulso de propuestas que permitan una respuesta «unida y coordinada» a nivel europeo contra el alza de precios de la energía. «Nos enfrentamos a una situación sin precedentes, pero estamos decididos a seguir adoptando medidas juntos para amortiguar el impacto en los ciudadanos y empresas europeas», ha recalcado la vicepresidenta.

Cabe recordar que esta misma semana la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no ha descartado que el Gobierno español se adelante a las decisiones de la Unión Europea en materia energética «si es imprescindible». Hoy, aunque Ribera ha recalcado que el Gobierno es partidario de limitar el precio, ha asegurado que están esperando a que lo apruebe la UE antes.

Pese a asumir que los países de la UE tienen circunstancias diferentes y las relaciones energéticas con Rusia son distintas, la vicepresidenta primera ha destacado que se está trabajando desde una perspectiva «constructiva» para entender la posición de los otros socios y ofrecer una respuesta sobre la base de la unión.

«El mensaje es de unidad y determinación para seguir actuando juntos y abordar de la manera más eficaz posible este reto y agresión que todos consideramos inaceptable», ha remarcado.

Por ello, la vicepresidenta ha valorado positivamente la comunicación que ha publicado la Comisión Europea esta semana, que incluye la mayoría de medidas que España ha venido proponiendo, como incrementar las reservas estratégicas de gas, hablar con una sola voz en los mercados internacionales, reforzar las interconexiones o explorar opciones de tope de precios en los mercados mayoristas para «cuanto antes poner fin al chantaje energético» de Putin.

Ambos ministros han enumerado las medidas a corto plazo que están impulsando en sus territorios para atajar el impacto de la subida de precios de la energía en la factura de la luz de familias y empresas, pero han coincidido en que a largo plazo los países de la UE deben reforzar su autonomía estratégica.

En concreto, los países comparten la necesidad de reducir la dependencia estratégica de la UE respecto al resto de mundo en cuanto al suministro de gas y de otras materias primas. En este sentido, los ministros han tratado la conveniencia de aprovechar el potencial de España desde el punto de vista de la capacidad de regasificación y la necesidad de reforzar interconexiones que hay en el seno de la UE. También han coincido en la urgencia de acelerar el despliegue de las energías renovables.

«Serán rentables como fuentes de energía. Tenemos que dar el paso de manera más decisiva respecto a lo previsto en un principio para su despliegue», ha recalcado el ministro alemán, tras apuntar también la posibilidad de buscar otro tipo de alternativas al suministro de gas, como ha hecho Estados Unidos.

Dentro de las opciones incluidas por la Comisión Europea respecto a la energía destaca la posibilidad de fijar topes en los precios mayoristas del gas. «Es una de las opciones que sin duda van a ser analizadas en los próximos días y semanas», ha asegurado.

El mercado de fusiones y adquisiciones de México ha contabilizado en febrero un total de 23 operaciones por un valor de 1.050 millones de dólares (953 millones de euros), según el informe mensual de Transactional Track Record.

En los dos primeros meses del año, el mercado azteca ha concentrado 52 fusiones y adquisiciones, de las cuales 29 registran un importe conjunto de 1.554 millones de dólares (1.411 millones de euros), un 13% más en volumen y casi cuatro veces más en valor con respecto al mismo periodo de 2021.

En términos sectoriales, el de Internet, Software y Servicios TI, además del sector inmobiliario, han sido los más activos del año, con siete operaciones cada uno, así como el financiero y de seguros, con un total de seis transacciones.

Por lo que respecta al mercado ‘Cross-Border’, a lo largo de 2022 las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos y Colombia, con cuatro y tres operaciones, respectivamente. Por importe, destacan las operaciones realizadas en Omán, por valor de 620 millones de dólares (593 millones de euros).

De su lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 14 operaciones, seguido de Francia con tres transacciones.

VENTURE CAPITAL Y ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

En los dos primeros meses del año se han contabilizado un total de 26 operaciones de ‘venture capital’ por un importe de 537 millones de dólares (487 millones de euros), un 8,3% más en el número de operaciones y un aumento del 156% en el importe de estas, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, en el segmento de adquisición de activos, hasta el mes de febrero se han registrado ocho operaciones, por un valor de 102 millones de dólares (93 millones de euros), lo cual representa una disminución del 11% en el número de operaciones y un aumento del 298% en el importe de estas, con respecto a febrero de 2021.

La adquisición de OK Market por parte de la mexicana Femsa ha sido la transacción destacada por el informe. La operación, valorada en 54,53 millones de dólares (49,4 millones de euros), ha sido asesorada legalmente por Morales & Besa Abogados.

RANKING DE ASESORES LEGALES

En el ranking de asesores jurídicos, por número de operaciones, lidera en el transcurso de 2022 DLA Piper Gallástegui y Lozano México y Greenberg Traurig México, con un capital movilizado de 225 millones de dólares (204 millones de euros).

Por número de operaciones lidera DLA Piper Gallástegui y Lozano México y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con dos operaciones cada uno.

El proveedor de soluciones de vídeo Agile Content ha registrado este jueves un programa de bonos de 50 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) de BME.

Según su notificación a BME Growth, la firma utilizará los fondos para acometer más adquisiciones en un mercado fragmentado y financiará las inversiones de CAPEX para el crecimiento orgánico.

El proveedor de televisión de MásMóvil ha cerrado el 2021 con una cartera de pedidos de 280 millones de euros y unos ingresos de 52 millones, más del doble que en 2021 más tras adquirir el negocio de televisión de Euskaltel.

En España, Agile TV cuenta con 710.000 suscriptores tras registrar 43.000 altas netas en el último trimestre, lo que le convirtió en uno de los cinco operadores de mayor crecimiento en Europa.

La empresa cuenta con una calificación de BB con tendencia positiva por EthiFinance Ratings (anteriormente Axesor Ratings), que actúa como Coordinador Global y Agente de Pagos del Programa. Además, Norgestion es su asesor registrado, mientras que legalmente ha sido aconsejada por Gómez-Acebo & Pombo.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha insistido este jueves en que «la preferencia» del Gobierno es esperar a que la UE resuelva sobre la posibilidad de autorizar topes al precio de la luz, pero no ha descartado la hipótesis de adelantarse «si hay retrasos y fuera urgente». «La gente y la industria no puede esperar», ha recalcado.

Ribera, en declaraciones a los medios tras el acto Diálogo 5+5 del Mediterráneo Occidental celebrado en València, ha señalado al respecto que la crisis energética es un asunto «capital» que se abordará en la reunión informal que celebrarán los dirigentes de la UE en Versalles.

Así, el Gobierno quiere que las decisiones «se tomen de forma coordinada a nivel europeo» para ser «más eficaces» en el impacto de las medidas, como con la coordinación del desembarco, almacenamiento o compra de gas, pero «también porque si se adoptan medidas adicionales que supongan la alteración temporal de las reglas del precio del mercado eléctrico, debe hacerse al amparo de las medidas coordinadas a nivel europeo».

No obstante, «si fuera urgente y se retrasaran esas decisiones» sobre la propuesta de minoración de las ganancias «excesivas» de las compañías eléctricas como consecuencia del gas, no descarta la hipótesis de «tomar decisiones por nosotros mismos», porque el precio de la energía pone en una situación «muy difícil» a nuestra industria y familias.

CERÁMICA

En concreto, ha señalado que el sector cerámico y azulejero requiere «una particular atención», como le presta la ministra de Industria, porque está «particularmente castigado», ya que a la subida del precio del gas tiene «la dificultad añadida» de que buena parte de la materia prima básica procedía de Ucrania.

Así, ha constatado que los consumidores industriales de gas son «muy sensibles», y se está viendo «cómo actuar inmediatamente», ya que los grandes consumidores de gas tienen un punto de partida «más complicado» porque el precio del gas es «absolutamente independiente de la capacidad de intervención del Estado».

Con todo, ha destacado las medidas que se aplicaron para introducir flexibilidad en los contratos de suministro de gas y en el volumen que pudieran adquirir y el precio, aunque ha admitido que «esto no es suficiente».

REDUCIR EL CONSUMO

Por otra parte, sobre la petición del Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, de bajar la calefacción, ha señalado que las campañas desarrolladas estas últimas semanas en Francia, en el Reino Unido, en Países Bajos o incluso en Estados Unidos ya reclamaban ‘Si estás con Ucrania, reduce tu consumo energético’.

Ribera ha apuntado que esta invasión ha evidenciado «la alta dependencia» que tiene Europa de los recursos fósiles de Rusia, aunque España está «mucho menos expuesta» porque la dependencia enérgica es menor. Por ello, ha destacado que en la medida en que reduzcamos drásticamente esa dependencia, estaremos más preparados para seguir abordando medidas y sanciones frente a Rusia.

Además, ha subrayado que las recomendaciones para reducir la dependencia son las que ya estaban identificadas para la transición energética: impulsar el ahorro energético, una reducción importante de los combustibles fósiles facilitando las solucione renovables y una electrificación donde sea posible.

MANIFESTACIONES DE TRANSPORTISTAS

Asimismo, sobre las manifestaciones de transportistas por la subida del precio de los carburantes, ha señalado que el precio de la materia prima no depende de los Estados sino de los mercados intencionales, que están sometidos a «una altísima volatilidad y a una tensión muy fuerte» y sobre eso se produce una carga fiscal que «hay que ver cómo se puede suavizar».

Sobre si el Gobierno reducirá esa carga fiscal, ha expuesto que «se están estudiando los distintos escenarios para dar respuesta a los profesionales del sector y, en segundo lugar, al resto de consumidores».

Además, ha indicado que hay que estudiar la previsión para los próximos meses y, en ese sentido, ha destacado que hay un seguimiento constante de la Agencia Internacional de la Energía y un diálogo abierto con los productores de gas y petróleo para garantizar el abastecimiento y buscar una limitación de los precios de estas materias primas en los mercados internacionales.

Por tanto, ha sintetizado, hay medidas en distintas etapas: elmargen de actuación del Gobierno donde hay una primera atención a los usos profesionales; y establecer el modo de lograr una mayor coordinación europea e internacional para el abastecimiento, con el fin de reducir el impacto que representa que uno de los mayores productores de gas y petróleo del mundo haya quedado «apestado en la escena internacional» como es Rusia.

MEDIDAS DIRECTAS DE APOYO A LAS FAMILIAS

Asimismo, respecto al impacto en las familias, ha explicado que en España había un 40% de hogares acogidos a la tarifa de precio voluntario público al pequeño consumidor, que es la que está indexada al mercado mayorista y, por tanto, la que más sufre esta turbulencia, «para la que era muy difícil estar preparados».

Pero muchos consumidores han cambiado su tarifa y de ese 40% se ha pasado a un 35%, al tiempo que ha recalcado que las compañías eléctricas tienen la obligación de ser transparentes en las ofertas, mientras que el compromiso del Gobierno es «reforzar el esfuerzo con los consumidores vulnerables».

Así, ha destacado que se han incrementado los descuentos de las tarifas del bono social y se está estudiando si es necesario «reforzar todavía más esa cobertura» a los consumidores vulnerables con políticas sociales para llegar a las familias que no son titulares del contrato de la electricidad –ya sea porque viven varias familias en una casa o porque es el arrendatario de ese contrato–, pero están pasando por «una situación muy difícil que requiere de una medida social de apoyo directo».

El Banco Central Europeo (BCE) ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para la zona euro, mientras que ha incrementado notablemente las expectativas de inflación en sus nuevas proyecciones macroeconómicas, que incluyen una primera evaluación del potencial impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

«La guerra entre Rusia y Ucrania tendrá un impacto material en la actividad económica y la inflación a través del aumento de los precios de la energía y las materias primas, la interrupción del comercio internacional y el debilitamiento de la confianza», ha advertido la presidenta del BCE, Christine Lagarde, quien ha advertido de que el alcance de estos efectos dependerá de cómo evolucione el conflicto, del impacto de las sanciones actuales y de posibles medidas adicionales.

De este modo, el escenario base manejado por el banco central contempla ahora que el PIB de la eurozona crezca este año un 3,7%, en vez del 4,2% anticipado en diciembre, mientras que en 2023 la expansión del PIB será del 2,8%, una décima menos de lo previsto anteriormente, y en 2024 el PIB crecerá un 1,6%, en línea con la proyección de diciembre.

En cuanto a los precios, el BCE ha revisado al alza sus previsiones de inflación, que ahora sitúa en el 5,1% en 2022 y en el 2,1% en 2023, cuando en diciembre anticipaba subidas de precios del 3,2% y el 1,8%, respectivamente. Para 2024, la institución prevé una tasa de inflación del 1,9%, una décima más que lo previsto en diciembre.

En reconocimiento de la elevada incertidumbre al respecto, el Consejo de Gobierno ha tomado en consideración una variedad de escenarios, que serán publicados posteriormente y que suponen un empeoramiento respecto del escenario base anunciado este jueves, al tratarse de un «escenario adverso» y otro «escenario severo».

En dichos escenarios alternativos, Lagarde ha señalado que la actividad económica podría verse afectada significativamente por un aumento más pronunciado en los precios de la energía y las materias primas y un lastre más severo en el comercio y la confianza.

«La inflación podría ser considerablemente mayor en el corto plazo. Sin embargo, en todos los escenarios, aún se espera que la inflación disminuya progresivamente y se asiente en niveles cercanos a nuestra meta de inflación del 2% en 2024», ha subrayado.

Los riesgos para las perspectivas económicas han aumentado sustancialmente con la invasión rusa de Ucrania y se inclinan a la baja», ha reconocido Lagarde, advirtiendo de que, si bien los riesgos relacionados con la pandemia han disminuido, la guerra puede tener un efecto más fuerte en la confianza y podría empeorar nuevamente las restricciones del lado de la oferta, mientras que unos costes de energía persistentemente altos podrían lastrar la demanda más de lo esperado y limitar el consumo y la inversión.

Asimismo, para las perspectivas de inflación, la guerra en Ucrania es un riesgo alcista sustancial, especialmente para los precios de la energía y si estas presiones sobre los precios se traducen en aumentos salariales superiores a los previstos o si persisten implicaciones adversas en el lado de la oferta, la inflación también podría resultar más alta a mediano plazo.

En cualquier caso, la francesa ha asegurado que si la perspectiva de inflación a mediano plazo cambia y si las condiciones de financiación se vuelven inconsistentes con un mayor progreso hacia el objetivo del BCE, la institución está lista para revisar su cronograma de compras netas de activos en términos de tamaño y/o duración.

En este sentido, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido en su reunión de este jueves adelantar el final de sus compras netas de activos, que concluirán en el tercer trimestre del año, si bien ha planteado que la subida de tipos pueda tener lugar «algún momento después» de haber finalizado las compras, cuando hasta ahora indicaba que las compras acabarían «poco antes» de subir tipos.

Sobre esta cuestión, la presidenta del BCE ha reconocido que en el seno del Consejo de Gobierno han existido distintas posturas, aunque ha defendido que lo decidido finalmente «no ha sido acelerar la normalización, sino progresar paso a paso», manteniendo las máximas opciones disponibles en un momento de máxima incertidumbre.

De este modo, Lagarde ha defendido que «añadir incertidumbre a la incertidumbre no sería la respuesta adecuada», señalando que la expresión «algún momento después» puede indicar una semana o meses tras la finalización de las compras. «Es decir, no es lo más importante el horizonte temporal, sino los datos que recibamos», ha subrayado.

Por otro lado, la francesa ha insistido en los beneficios de contar con algún tipo de facilidad fiscal a nivel europeo que permitiese abordar conjuntamente el impacto de sacudidas como las actuales, aunque ha señalado que estas cuestiones corresponden a los líderes de la UE.

La startup de provisión de capital no dilutivo Capchase ha levantado 80 millones de dólares (en torno a 72,5 millones de euros) en una ronda de financiación serie B que ha estado liderada por 01 Advisors y en la que también han participado QED, Caffeinated, Bling, Scifi, Thomvest Ventures, Tusk Venture Partners, Invesco y Gaingels.

De esta forma, la financiación total de la compañía se eleva a 485 millones de dólares (439 millones de euros), según ha señalado en un comunicado.

Esta inyección de capital llega después de un año de rápido crecimiento y expansión de los productos, y supone un salto significativo respecto a la ronda serie A de la empresa de 25 millones de dólares (22,6 millones de euros).

Fundada en mayo de 2020, Capchase proporciona una plataforma para que las empresas accedan y automaticen la financiación a través de herramientas de préstamo y financiación rentables.

En los últimos 18 meses, Capchase se ha expandido a 10 mercados, incluidos siete países europeos, y ha aumentado su plantilla hasta superar los 100 empleados.

La empresa tiene previsto utilizar su última ronda de financiación para continuar con su impulso, ampliar sus soluciones más allá de los préstamos y contratar a otros 100 empleados para finales de año.

«Nuestra misión es automatizar cualquier proceso donde intervenga el capital y esta nueva ronda de financiación nos ayudará a lanzar productos adicionales que permitan a los emprendedores centrarse en lo que más importa: construir y vender su producto», ha señalado el cofundador y consejero delegado de la compañía, Miguel Fernández.

El Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) de la Administración Central se situó en 22,58 días en diciembre de 2021, 6,15 días menos que en noviembre del mismo año, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

La ratio de operaciones pagadas se ha situado en 21,05 días en la Administración Central, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago ha alcanzado los 29,56 días.

Las cifras no solo se redujeron en la Administración Central, sino que esta tendencia se replicó en diciembre de 2021 en las comunidades autónomas, las entidades locales y los fondos de la Seguridad Social.

Las comunidades autónomas registraron en diciembre su décimo tercer mes de PMP por debajo de los 30 días, el máximo permitido por la normativa. La cifra fue de 21,14 días, 5,46 días menos que noviembre del mismo año, lo que supone un descenso del 20,53%.

El Ministerio de Hacienda explica en su comunicado que este dato «se debe, en gran parte, a los recursos transferidos por el Gobierno central a los gobiernos autonómicos, algo que ha permitido atenuar el impacto de la crisis en las empresas y pequeñas y medianas empresas (pymes) que son proveedoras de estos gobiernos».

Murcia fue la comunidad autónoma con un PMP más bajo, de 4,91 días, seguida de Extremadura, con 12,82 días. Por el contrario, la comunidad que más extendió sus pagos fue Islas Baleares, con 39,93 días, seguida de Aragón, con 33,92 días. Ninguna comunidad presentó en diciembre un PMP superior a 60 días.

El ratio de operaciones pagadas de las comunidades autónomas fue de 20,17 días, 3,22 días menos que en el mes anterior, mientras que el ratio de las operaciones pendientes de pago fue de 23,19 días, que supone una reducción de 8,01 días en comparación con noviembre de 2021.

Las entidades locales, por su parte tienen un plazo de pago a proveedores de 43,09 días en el último trimestre de 2021, tras registrar una significativa bajada de 16,68 días. De su lado, el PMP registrado en los fondos de la Seguridad Social también se reduce en 0,65 días, hasta 7,88 días.

SUBE LA DEUDA COMERCIAL, EQUIVALENTE AL 0,35% DEL PIB

Por el contrario, la deuda comercial subió en 247,32 millones, hasta situarse en los 4.151,46 millones de euros. Esa cifra representa un 0,35% del PIB nacional. Hacienda señala que este incremento responde al aumento de la tramitación de las operaciones de naturaleza comercial, especialmente en el ámbito sanitario, como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.

Así, las operaciones comerciales de naturaleza sanitaria generadas desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021 crecieron un 17,79% respecto a 2019, año previo a la crisis sanitaria.

Los pagos de naturaleza comercial se situaron en 65.359,64 millones de euros al cierre de 2021, un 2,46% más que el año anterior. De esos, 41.792,51 millones de euros correspondieron a pagos sanitarios, un 0,73% menos que en diciembre de 2020.

En relación con 2019, los pagos de operaciones comerciales se incrementaron un 17,23% y un 21,45% en el caso de las operaciones sanitarias.

Hacienda también recuerda que en la evolución de la deuda comercial y del incremento de pagos efectuados han resultado determinantes las medidas de liquidez para hacer frente al impacto de la crisis sanitaria generada por la pandemia.

Las comunidades autónomas de régimen común recibieron entre marzo y abril de 2020 una cuantía global de 2.862,55 millones de euros, el mayor importe derivado de la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación.

Entre julio y diciembre de 2020, las comunidades autónomas y las ciudades autónomas obtuvieron un importe conjunto de 16.000 millones de euros a través del Fondo Covid-19.

En 2021 la dotación extraordinaria prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) fue de 13.486 millones de euros. El reparto se efectuó con el desembolso de un 70% del total en septiembre de 2021, con 9.426,2 millones de euros para las comunidades autónomas, y un segundo pago, por el 30% restante, en noviembre de ese año, por un monto de 4.039,8 millones de euros.

Las cantidades abonadas a terceros y proveedores en el ámbito del Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas entre marzo de 2020 y diciembre de 2021 ascendieron a 12.978,2 millones de euros, como señala el Ministerio de Hacienda en su comunicado.

La cartera dirigida por María Jesús Montero señala que el despliegue de estas medidas ha permitido que la deuda comercial y el PMP de las autonomías no se hayan visto afectados por la crisis sanitaria. Así, la deuda comercial se redujo un 7,32% respecto a 2020, mientras que la deuda comercial sanitaria disminuyó un 11,08% en el mismo periodo.

EL PMP SE REDUCE 16,68 DÍAS EN LAS ENTIDADES LOCALES

En el caso del subsector de las corporaciones locales, que incluye a entidades de cesión y variables, el PMP se redujo 16,68 en el último trimestre de 2021, hasta los 43,09 días entre octubre y diciembre. Este dato se calcula ponderando los días del pendiente de pago por el volumen de deuda de cada Entidad, como recuerdan desde Hacienda.

Esta cartera también confirma que la mayoría de las entidades locales cumple con el plazo de pago que marca la normativa de morosidad. Así, el 82,89% de las entidades de cesión (grandes municipios de más de 75.000 habitantes, diputaciones, consejos y cabildos insulares) y el 87,10% de las de variables (resto de municipios) presentaron, en el cuarto trimestre de 2021, un PMP igual o inferior a 30 días.

Por otro lado, el PMP de los Fondos de la Seguridad Social pasó en diciembre a 7,88 días, 0,65 días que el mes anterior. La ratio de operaciones pagadas se cifró en 8,23 días, mientras que la de operaciones pendientes de pago fue de 5,7 días.

El índice de precios al consumo (IPC) de Estados Unidos se situó el pasado mes de febrero en el 7,9% en tasa interanual, lo que supone una aceleración de cuatro décimas respecto al dato de enero y la mayor subida de precios en el país desde enero de 1982, según ha informado este miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo estadounidense.

En el segundo mes de 2022, el precio de los alimentos en tasa interanual subió un 7,9%, nueve décimas más que el mes anterior, mientras que la subida del precio de la energía se desaceleró por segundo mes consecutivo hasta el 25,6%, un descenso de más de un punto porcentual.

Dentro de los precios energéticos, destacó en febrero el encarecimiento de un 38% de la gasolina, así como el incremento del 12,3% de los servicios energéticos.

De este modo, la tasa de inflación subyacente interanual, que excluye el impacto de la energía y de los alimentos, se situó en enero en el 6,4%, la mayor subida desde agosto de 1982.

En términos mensuales, en el mes de febrero el IPC repuntó un 0,8%, dos décimas más que la subida mensual de enero. El coste de los alimentos se encareció en el mes un 1%, una décima más que el mes anterior, mientras que la energía también subió un 3,5%, frente al incremento del 0,9% mensual de enero.

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha agradecido a la mayoría «plurinacional y progresista» en el Congreso que haya facilitado el avance de la tramitación en el Congreso de la nueva Ley de Vivienda, y emplaza a los socios del Ejecutivo a trabajar conjuntamente para lograr que sea aún «más ambiciosa».

Así lo ha indicado en un vídeo difundido en redes sociales después de que el Congreso haya rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT y Junts, que buscaban frenar su tramitación y devolver el proyecto al Gobierno.

Para esta votación, PSOE y Unidas Podemos han contado con el apoyo de Esquerra Republicana, EH-Bildu, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y Foro Asturias, mientras que la CUP y el BNG se han abstenido.

Belarra está convencida de que, junto a esa mayoría progresista en el Congreso, se mejorará el texto original y «avanzarán aún más en garantizar» el derecho constitucional de acceso a la vivienda y la bajada del precio del alquiler en zonas de mercado tensionado.

Tras superar el trámite «más complicado» en el Congreso y una vez confirmado que se desplegará la tramitación parlamentaria de esta normativa, la ministra ha reprochado a los grupos de la derecha que hayan intentando «tumbar» este proyecto legislativo.

«Todo lo que sea hacer política para que la mayoría de la gente de este país lo tenga un poco más fácil, simplemente no va con ellos», ha reprochado a las formaciones del arco conservador.

Sin embargo, ha añadido que toca celebrar este «paso muy importante» y que sirve para que la nueva Ley de Vivienda «esté mucho más cerca de hacerse realidad».

De esta forma, ha glosado que entre las virtudes de esta normativa se encuentran el permitir una regulación de los precios de los alquileres, «obligando» a los grandes propietarios a bajar por ley los precios, dar incentivo a los pequeños propietarios para que les «salga a cuenta» reducirlos y reservar un 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida, de la cual la mitad se dedicará a alquiler social.

A ello se suma, según ha detallado, dar «más protección» a las personas vulnerables ante los desahucios y prohibir que se puedan «vender miles de viviendas públicas a fondos buitre», como hizo la exalcaldesa de Madrid Ana Botella.

Desde estos avances ya recogidos en el texto del Ejecutivo, Belarra ha destacado que se puede hacer más ambiciosa la norma, desde esa mayoría plurinacional. Y en este punto ha invitado a avanzar, por ejemplo, en la regulación de los desahucios o en que la Sareb (el conocido como banco malo) tenga «más obligaciones» para conseguir un verdadero parque público de vivienda.

Finalmente, también ha tenido palabras de reconocimiento para los colectivos en favor del derecho a la vivienda, cuyo papel ha sido «imprescindible» para poder tener esta nueva ley.

De cara a la tramitación parlamentaria, el espacio confederal ve conveniente, entre otras cuestiones, reducir el plazo de 18 meses para la puesta en marcha de la regulación de los precios del alquiler.

El 93,1% de los usuarios del comparador de tarifas de luz, gas y energía Rastreator ha buscado en la primera semana de marzo información relativa a tarifas fijas de luz, lo que refleja un incremento del interés en las mismas y una disminución del atractivo de las reguladas, según un análisis divulgado este jueves por la plataforma.

El informe indica que el comienzo de la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia el pasado 24 de febrero y sus efectos al alza sobre el precio de las materias primas energéticas explican el aumento del interés en las tarifas fijas por parte de los consumidores domésticos, que buscan huir de la volatilidad del mercado mayorista.

Desde diciembre de 2021 las búsquedas de tarifas fijas de electicidad se han incrementado en 21 puntos porcentuales en la plataforma.

«Las compañías son conscientes de la situación del mercado y de que cada vez más los ciudadanos están más pendientes de sus facturas de electricidad, lo que está haciendo que muchas de ellas estén ofreciendo más opciones de tarifas fijas», asevera el responsable de energía de Rastreator, Daniel Mata.

Las tarifas de tipo fijo son aquellas en las que se paga el mismo precio por cada kilovatio en cada uno de los tramos horarios y pactado con la comercializadora mediante un contrato para que la factura no dependa de las fluctuaciones del mercado mayorista de la luz, que tradicionalmente era más barato que el mercado libre.

En el marco de su informe, Rastreator ofrece algunos consejos a los usuarios para ahorrar en la factura de la luz, como el uso de bombillas de bajo consumo, la revisión de la potencia contratada con la comercializadora o desenchufar los aparatas en ‘stand by’.

Hasta ocho asociaciones empresariales del sector industrial español se han unido para exigir al Gobierno que desacople de forma inmediata el precio de los combustibles fósiles de la fijación del precio eléctrico, para permitir la supervivencia de la actividad.

Empresas como Acerinox, ArcelorMittal, Megasa, Ferroglobe, Siderúrgica Balboa, Celsa, Cementos Portland, Asturiana del Zinc o Xeal ya han apagado todos o algunos de sus hornos o han reducido su producción al mínimo, con el impacto que esto tiene en el empleo y en la cadena de suministro.

«Muchas industrias se han visto obligadas a paralizar la producción, ya que estos precios de la electricidad hacen imposible mantener la actividad», aseguran la asociación de empresas con gran consumo de energía (AEGE) la de empresas siderúrgicas (Unesid), en una carta remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que se han adherido FADE, Ascer, Femetal, Confemetal, Feique y AGI Campo de Gibraltar.

Aunque la guerra en Ucrania ha intensificado el problema, las industrias electrointensivas afirman que llevan desde el pasado verano «padeciendo una crisis energética», generada por la evolución del precio del gas y de los derechos de emisión.

«Tras la invasión de Ucrania la situación ha explotado, creando una emergencia industrial sin precedentes. En los últimos días, las empresas sufren una escalada nunca vista en los precios de la energía eléctrica, alcanzando el pasado martes 8 de marzo un precio medio de 547 euros/MWh», han denunciado.

En España más del 80% del consumo industrial está expuesto al precio del mercado eléctrico diario. El sector critica que, desde la publicación del ‘Manifiesto por la Industria Electrointensiva Española’, el pasado 1 de diciembre, han transcurrido más de tres meses sin que se hayan adoptado medidas efectivas que reviertan la situación y mejoren las perspectivas.

Por eso, ante la ausencia de ofertas de las empresas eléctricas de contratos bilaterales de electricidad a precios anteriores a la crisis, estas asociaciones consideran «imprescindible» la acción del Gobierno español para salvaguardar a su industria básica, la economía nacional y el empleo de los cientos de miles de trabajadores afectados.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves con el apoyo de todos los grupos menos Vox, que se ha abstenido, la convalidación del decreto ley que prorroga el esquema de protección al empleo de los ERTE, las ayuda a los autónomos y las medidas antidesahucios.

En vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cada decreto ley debe someterse a debate y votación en el Congreso en el plazo de un mes desde su aprobación para ser convalidado o, en caso contrario, ser derogado.

Aprobado el pasado 22 de febrero, este decreto ley prorrogó un mes más, hasta el 31 de marzo, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) originados por la pandemia con el fin de facilitar la transición a los ERTE estructurales previstos en la reforma laboral.

En el caso de los ERTE originados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, se alargan hasta el 30 de junio transformándose de forma automática en expedientes de fuerza mayor, sin que las empresas tengan que tramitar nueva solicitud.

También se extienden hasta finales de junio las ayudas extraordinarias para los trabajadores autónomos, con exoneraciones al pago de cotizaciones y prestaciones extraordinarias a los trabajadores con negocios paralizados por restricciones a la actividad-

Al mismo tiempo, se prorroga hasta el 30 de junio el Plan MeCuida y la prestación que se habilitó para el sector de la cultura, y la prestación específica para los autónomos afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma.

Por otra parte, la norma incluye medidas para ampliar la prestación por cuidado de hijos o personas a cargo por cáncer u enfermedad grave, extendiendo esta medida por encima de la mayoría de edad hasta los 23 años de la persona enferma, en caso de persistir la situación.

Finalmente, el decreto ley incluye la ampliación, hasta el 30 de septiembre de 2022, de la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables, en los casos ya previstos por la actual normativa.