Si estás en plena ola de calor y quieres consultar si el aire que respiras supera los límites de ozono, la web oficial del Ministerio de Transición Ecológica te da error. El visor nacional de calidad del aire está caído desde el 2 de febrero por un ciberataque y, más de cuatro meses después, sigue sin estar operativo. Un fallo que ha dejado un ‘vacío informativo’ justo cuando más se necesita.

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Nivel de impacto social: 9/10. Millones de ciudadanos, especialmente aquellos con patologías respiratorias o cardiovasculares, se quedan sin una herramienta pública clave para protegerse durante episodios de alta contaminación por ozono. El apagón informativo afecta de manera directa a la toma de decisiones diarias en plena ola de calor.

Qué ha pasado con el visor de contaminación

A principios de año, un ataque informático tumbó la aplicación de Calidad del Aire que el ministerio alojaba en los servidores del Ministerio de Agricultura. Las mediciones automáticas siguen funcionando y los datos se envían a la Comisión Europea, pero la interfaz pública que unificaba en un solo mapa las lecturas de cientos de estaciones dejó de existir. Desde entonces, quien quiera saber la calidad del aire debe visitar los portales de cada comunidad autónoma o ayuntamiento, cada uno con formatos distintos y sin posibilidad de comparar.

Ecologistas en Acción ha denunciado la situación como “inaceptable” y habla de “un vacío informativo sin precedentes”. La organización señala que el gobierno lleva meses sin dar una solución pese a los avisos reiterados. Fuentes del ministerio confirman a la prensa que trabajan para reparar el sistema, pero no hay fecha estimada para su vuelta.

Por qué esta semana es crítica para tu salud

Las olas de calor extremo disparan la contaminación por ozono, un gas que se forma cuando otros contaminantes reaccionan con la luz solar. El ozono irrita pulmones y ojos, agrava enfermedades crónicas y está detrás de un 18% de la mortalidad adicional en los días más calurosos, según estudios del Instituto de Salud Carlos III. La Agencia Europea de Medioambiente atribuye al ozono 6.527 muertes en España solo en 2023.

Esta semana, los registros de algunas comunidades muestran superaciones del umbral de información (180 µg/m³ en una hora) en Cataluña, País Vasco o la Comunidad Valenciana. Pero la población vulnerable —personas con asma, cardiópatas o mayores— no puede consultar de un vistazo si en su zona se superan los límites, porque la ventana única nacional no funciona. La información existe, sí, pero encerrada en webs regionales que pocos conocen y que exigen descargas de datos para interpretarlos.

El ozono ya ha provocado miles de muertes en España, pero durante esta ola de calor los ciudadanos no pueden consultar en tiempo real si el aire que respiran es seguro.

El precedente: cuando la tecnología falla y la salud queda desprotegida

No es la primera vez que un sistema público crítico se desploma. En Extremadura, el portal AireExtremadura lleva caído más de un año. Mientras tanto, las recomendaciones sanitarias siguen centradas en el calor (hidratarse, buscar la sombra) y apenas mencionan la contaminación, pese a que ambos factores golpean a los mismos grupos de riesgo. El investigador Julio Díaz recuerda que el ozono y otras partículas son responsables del 18% de la mortalidad añadida en verano, pero el mensaje público no incluye consejos como el uso de mascarillas o la limitación del tráfico.

La fragmentación regional impide que alguien sin conocimientos técnicos sepa a qué atenerse. “Si para nosotros, que llevamos años haciéndolo, es casi imposible, imagina para el ciudadano medio”, advierte Miguel Ángel Ceballos, de Ecologistas en Acción. El verano de 2026 será el primero en que la ONG deje de monitorizar y alertar sobre los picos de ozono por falta de datos centralizados, justo cuando la poblacion mayor y los enfermos crónicos más necesitan esa información.

El ministerio asegura que la reparación es inminente, pero no concreta plazos. Mientras, la temporada de ozono avanza. Las próximas semanas serán clave: o se restablece el visor o millones de personas seguirán respirando sin saber qué hay en el aire.

📌 En claves: lo que debes saber

• Qué ha pasado: El visor nacional de calidad del aire lleva caído desde febrero por un ciberataque. Las mediciones se almacenan pero el ciudadano no puede consultarlas en un mapa único.
• Por qué te importa: En plena ola de calor, los niveles de ozono se disparan y no hay forma fácil de saber si el aire que respiras supera los umbrales de riesgo para la salud.
• A quién afecta: Personas con asma, cardiopatías, mayores y cualquier ciudadano que quiera protegerse durante los episodios de contaminación estival.
• Hacia dónde vamos: El Gobierno dice que la solución es inminente, pero sin fecha exacta. La presión de los colectivos ecologistas y el riesgo sanitario podrían acelerar el arreglo, aunque el verano ya está aquí.

Emiliano García-Page pidió elecciones ya, pero el resto de barones del PSOE le han dejado solo. El presidente de Castilla-La Mancha acudió este sábado al Comité Federal con la exigencia de un adelanto electoral o una cuestión de confianza, convencido de que los casos judiciales que salpican al partido pasarán factura en las urnas. La respuesta del resto de secretarios generales no dejó lugar a dudas: la convocatoria es decisión exclusiva de Pedro Sánchez y nadie va a forzar los tiempos.

Qué se discutió en el Comité Federal del PSOE

Page aterrizó en Ferraz con un mensaje claro: «Nada ha ido a mejor, ha ido a peor». En declaraciones a los medios, el barón castellanomanchego aseguró que España se pregunta «cuándo» se dará la palabra a la ciudadanía y pidió «anteponer los intereses del país a los propios y los del PSOE de mañana a los de cualquier dirigente», en lo que sonó a crítica directa al líder de su partido.

Sin embargo, la mayoría de los barones cerró filas con el presidente. Desde la dirección de Ferraz, el líder del partido en Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina (uno de los considerados «desalineados»), insistió en que su federación está preparada «para contribuir a que se vuelvan a ganar las elecciones en España» cuando toque, y Carlos Martínez, secretario general del PSOE, lanzó un mensaje tranquilizador a los alcaldes: «en ningún caso va a haber superdomingo».

Por qué Page se ha quedado solo

Entre los asistentes al Comité Federal había seis ministros o ex ministros, dos delegados del Gobierno en sus regiones y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Todos se alinearon con el oficialismo y repitieron la misma idea: Sánchez maneja los tiempos. Óscar López, barón en Madrid, dijo que «el presidente es quien debe manejar los tiempos»; Diana Morant, de la Comunidad Valenciana, optó directamente por no adelantar los comicios («la gente nos necesita y tenemos que seguir gobernando»); y Ángel Víctor Torres, de Canarias, señaló que sus alcaldes le piden «hacer políticas en defensa de la mayoría».

La imagen de Page saludando a Carlos Martínez a las puertas de Ferraz fue el símbolo de la distancia interna. El barón castellanomanchego, voz crítica con la financiación singular catalana y otras cesiones al independentismo, conversó también con Salvador Illa, aunque la foto no ocultó el aislamiento de su petición de adelanto electoral.

Mientras Page advertía del «voto de castigo», la dirección del partido insistió en que la última palabra la tiene Sánchez.

Mientras el debate político se desarrollaba dentro, fuera de la sede un grupo de manifestantes coreaba cánticos contra el Gobierno y el PSOE, aludiendo a los casos de corrupción que rodean al partido, desde el caso Koldo hasta las investigaciones a familiares del presidente.

Por qué Sánchez evita otro superdomingo y se refugia en los barones

Vayamos al análisis de fondo. Cuando los barones territoriales piden calma y se alinean con el líder, lo que defienden es su propio terreno. Un adelanto electoral ahora provocaría un efecto arrastre sobre los comicios municipales y autonómicos de 2027, algo que la mayoría de secretarios generales quiere evitar a toda costa. De ahí el mensaje del secretario de Organización: «no va a haber superdomingo».

Martínez recordó que «la marca a veces te da y a veces te quita», una frase que resume la lectura interna: el desgaste por los casos judiciales es real, pero adelantar las generales podría arrastrar a alcaldes y barones con una mochila que ahora mismo lleva sobre todo el presidente. En ese equilibrio entre proteger el poder territorial y proteger al líder, los barones han optado por lo primero.

La decisión de no sumarse a la exigencia de Page tiene precedentes en el socialismo. En otras ocasiones, cuando un barón territorial ha pedido movimientos drásticos (recordemos el pulso de José Bono o los choques con la antigua gestora), Ferraz ha sabido recomponer la unidad alrededor del secretario general. Ahora la diferencia es que la presión no viene de dentro sino de la calle y de los tribunales. Por eso la estrategia ha pasado por cerrar filas, dejar solo a Page y ganar tiempo hasta que los procesos judiciales ofrezcan un desenlace menos dañino o, en el mejor de los casos, hasta que la legislatura se agote por sí sola. Lo que viene ahora es la gestión del desgaste: cuánto aguantan las encuestas sin que el partido se parta.

📌 En claves: lo que debes saber

• Qué ha pasado: Emiliano García-Page pidió adelantar las elecciones generales, pero el resto de barones del PSOE rechazaron su propuesta y cerraron filas con Pedro Sánchez en el Comité Federal.
• Por qué te importa: La decisión de no adelantar los comicios aleja la posibilidad de un «superdomingo» con municipales en 2027, alivia a los alcaldes socialistas y mantiene el calendario político previsible.
• A quién afecta: A los ciudadanos que votarán en las próximas generales, a los alcaldes y barones que temen un castigo en las urnas locales, y a la estrategia del presidente del Gobierno.
• Hacia dónde vamos: La legislatura sigue según los plazos que maneje Sánchez; los casos judiciales seguirán su curso mientras el partido intenta contener el desgaste y evitar una fractura interna.

Si alguna vez te has preguntado cómo funcionan los puentes entre la justicia y los negocios en España, el caso Plus Ultra te lo muestra sin filtros. Los mensajes intervenidos por la Policía a Julio Martinez Sola, presidente de la aerolínea, destapan que en plena investigación por el rescate público de 53 millones de euros de la SEPI, el directivo pidió al máximo accionista que agradeciera al entonces juez Manuel García-Castellón unas gestiones con Bankinter. El magistrado había ayudado a desbloquear 3,7 millones de euros para la compañía, según esos mismos chats. Una amistad de tres décadas que, con el tiempo, terminó con el juez jubilado y el empresario compartiendo sede profesional.

El WhatsApp que lo desnuda todo

El 18 de noviembre de 2022 a las once de la mañana, Martínez Sola escribió a Rodolfo Reyes Rojas (hoy en busca y captura internacional): “Hola. No estaría de más. Escribe a Manolo y ponle ‘Gracias por tus gestiones en Bankinter’, solo eso. Nos han liberado 3,7 millones”. La respuesta del empresario venezolano fue un escueto “Coño Julio que bueno”, seguido de la confirmación de que guardaba el contacto del juez en su agenda como “Manolo privé”.

Ese mismo año, entre abril y mayo, las conversaciones ya reflejaban que el presidente de la aerolínea acudía a García-Castellón para solucionar problemas con la entidad financiera. El 26 de mayo, en un chat grupal del que también formaba parte el consejero delegado, Martínez Sola contó que había hablado “con Manolo por si conocía a alguien importante de Bankinter”. A continuación añadió que el magistrado había contactado con la entonces consejera delegada, Dolores Dancausa, y que poco después un directivo de la asesoría jurídica del banco les había llamado para reunirse.

Bankinter, consultada por este medio, subraya que no comenta la operativa de sus clientes y que cualquier liberación o desbloqueo de fondos se rige exclusivamente por criterios técnicos y protocolos internos de control. Sin embargo, los mensajes ponen de manifiesto una relación informal entre el juez encargado de investigaciones muy relevantes y los directivos de una empresa bajo el foco judicial.

De juez a compañero de oficina: la jubilación que no despeja dudas

Manuel García-Castellón se jubiló forzosamente en septiembre de 2024, tras cumplir 72 años. Apenas tres semanas después, se dio de alta como abogado en el colegio de Madrid y fijó su dirección profesional en un complejo de oficinas de Alcobendas. Curiosamente, en la tercera planta de ese mismo edificio está el domicilio social de Plus Ultra. Más contexto sobre su trayectoria en su entrada de Wikipedia.

La amistad entre el presidente de Plus Ultra y el juez era tan estrecha que, tras la jubilación, ambos acabaron compartiendo la misma dirección profesional.

El exmagistrado explicó a este diario que no quería poner su domicilio personal y que aceptó la oferta de Julio Martínez Sola, amigo desde hace décadas, para usar esa dirección. La cercanía es tal que, cuando Martínez Sola fue detenido en diciembre de 2024, pidió a los agentes que avisaran personalmente a García-Castellón de su arresto.

El artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que un juez en activo tiene totalmente prohibido cualquier tipo de asesoramiento jurídico, retribuido o no. La infracción de esta incompatibilidad es una falta muy grave que puede acarrear la expulsión. Al producirse la colegiación cuando ya estaba jubilado, no hay infracción formal, pero la secuencia alimenta las sospechas sobre la profundidad de los vínculos.

Por qué este caso importa (más allá del cotilleo)

La trama conecta con el rescate de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a Plus Ultra en 2021, una operación que fue muy cuestionada en su momento. Parte del argumento para la ayuda era que la aerolínea resultaba estratégica, pese a que apenas movía un 0,5% de los pasajeros en España. Aquella decisión política, impulsada por el entonces ministro José Luis Ábalos, acabó siendo investigada por la Audiencia Nacional y ahora vuelve a estar en el foco.

Casos como el del juez García-Castellón y Plus Ultra no son los únicos que sacuden la confianza en la independencia judicial. La Audiencia Nacional ha visto otros episodios de magistrados con relaciones estrechas con partes investigadas. La diferencia aquí es que los agradecimientos y las gestiones quedaron por escrito y en la agenda de un teléfono intervenido. La mera apariencia de favoritismo daña la credibilidad del sistema.

Con los informes policiales ya en manos del juzgado que instruye el caso Plus Ultra, los próximos pasos pasan por ver si estas comunicaciones se traducen en nuevas imputaciones o en un juicio que aclare responsabilidades. Mientras tanto, el exjuez sigue ejerciendo la abogacía en la misma sede que la empresa a la que presuntamente benefició.

📌 En claves: lo que debes saber

• Qué ha pasado: Los mensajes intervenidos revelan que el presidente de Plus Ultra pidió al accionista que agradeciera al juez García-Castellón el desbloqueo de 3,7 millones de euros de Bankinter en 2022.
• Por qué te importa: Se trata de un caso que pone en cuestión la independencia judicial y afecta a la confianza en las instituciones, además de implicar dinero público del rescate de la SEPI.
• A quién afecta: A los contribuyentes, porque el rescate se financió con fondos públicos, y a la credibilidad del sistema judicial.
• Hacia dónde vamos: El juzgado instructor valorará si estas pruebas derivan en nuevas acusaciones. El exjuez sigue como abogado en la misma sede que la aerolínea.

Si miras al PSOE preguntándote si habrá relevo antes de las urnas, este sábado es la cita que despeja dudas. Pedro Sánchez convoca al Comité Federal con un partido herido por sentencias de corrupción y una racha de derrotas electorales, y la orden es clara: cerrar filas y activar las primarias para el ciclo de 2027.

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Nivel de impacto social: 8/10. De la reunión depende el calendario que definirá quién se presenta a las próximas generales y autonómicas, una decisión que toca de lleno la oferta política para millones de ciudadanos.

Qué se juega el PSOE este sábado

El Comité Federal, máximo órgano entre congresos, llega en un momento de máxima tensión orgánica. El partido arrastra cuatro derrotas autonómicas consecutivas —Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura— y un rosario de investigaciones judiciales que han hundido la moral de la militancia. La condena de 24 años para el exministro Ábalos y la causa contra Zapatero son las heridas más profundas, según varios secretarios territoriales consultados.

Pese a las críticas soterradas, el sector oficialista espera un respaldo cerrado. Solo el presidente manchego Emiliano García Page y la alcaldesa de Palencia, Miriam de Andrés, podrían alzar la voz. El resto, como describe un barón, prefiere «la paz de los cementerios» antes que el choque abierto. Esa calma tensa se asienta en un discurso que Ferraz ha repetido hasta el hartazgo: «vienen a por nosotros», una campaña de acoso mediático y judicial que, según algunos líderes, está generando una respuesta de «acción-reacción» entre las bases.

El calendario de primarias que se activa ya

La secretaria de Organización, Rebeca Torró, elevará una propuesta negociada con las federaciones: por primera vez habrá tres ventanas voluntarias para celebrar primarias —julio, septiembre y noviembre—, adaptándose a cada territorio. Así, el plazo para solicitar la ventana de julio se abre el 29 de junio, justo al terminar el Comité Federal, y la primera votación sería el 19 de julio. Es una maniobra para que cada feudo acomode su reloj sin esperar al superdomingo de 2027, que muchos dirigentes temían.

Además, la ejecutiva quiere reforzar la imagen de ejemplaridad con un paquete anticorrupción que amplía las competencias de la Comisión Federal de Ética. Desde este sábado, ese órgano podrá custodiar declaraciones de bienes y abrir expedientes de oficio, una respuesta directa a los escándalos de Cerdán y Ábalos que han erosionado la marca PSOE incluso entre su electorado fiel.

¿Elecciones anticipadas o hasta el verano de 2027?

En privado, varios secretarios generales deslizan la posibilidad de un adelanto electoral para otoño o, como muy tarde, tras la caída de los Presupuestos en febrero o marzo. Sánchez ya ha dejado caer que las urnas podrían anticiparse para evitar la coincidencia de comicios, pero la decisión solo está en su mano y sirve como herramienta de control interno: «se utiliza torticeramente para justificar posibles malos resultados territoriales», apunta un dirigente.

Mientras, los informes cualitativos de Ferraz indican que la valoración personal del presidente resiste por encima de los candidatos autonómicos y de la propia marca del partido. Esa brecha explica por qué Sánchez centra su intervención en levantar la moral y en marcar distancias con las causas judiciales, especialmente con la de Zapatero: «alguien que no ocupa cargo institucional ni orgánico desde hace 15 años», repite.

El Comité Federal, en definitiva, no va a romper la unidad aparente, pero sí va a exponer las costuras de un partido que se prepara para la batalla electoral con heridas abiertas. La activación de las primarias es el primer gesto concreto: desde el lunes, cualquier municipio podrá elegir su minicalendario. El camino hacia las generales de 2027 empieza hoy, con los vientos judiciales y la desconfianza territorial como telón de fondo.

El partido encara la cita con la moral por los suelos, pero la maquinaria electoral arranca sin fisuras visibles.

📌 En claves: lo que debes saber

• Qué ha pasado: Pedro Sánchez ha reunido al Comité Federal en una reunión decisiva para acordar el calendario de primarias y aprobar medidas anticorrupción internas.
• Por qué te importa: Lo que decida el PSOE afecta directamente a quién se presentará a las elecciones de 2027 y a cómo el principal partido del Gobierno gestiona la corrupción.
• A quién afecta: A los más de 180.000 militantes del PSOE, a los votantes progresistas y a cualquier ciudadano que dependa de la estabilidad del Gobierno de coalición.
• Hacia dónde vamos: Las primarias empiezan en julio y el calendario flexible permite que los territorios se organicen sin esperar al verano de 2027, mientras el debate sobre el adelanto electoral sigue abierto.

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión, la pena más alta impuesta a un miembro del Gobierno en España. La sentencia dibuja un sistema de corrupción que usó el Ministerio de Transportes para satisfacer caprichos personales del político socialista a cambio de contratos, favores y trato preferente.

El fallo, hecho público este 27 de junio, describe una trama tejida por su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama durante la pandemia. La cartera que gestionaba miles de millones en obras públicas, Renfe o ADIF se convirtió en un supermercado de favores: desde pagar el alquiler del piso de su entonces pareja hasta sufragar vacaciones de lujo y enchufar a conocidos en empresas públicas.

Un traje a medida: así funcionaba la trama corrupta en Transportes

Según la resolución del Supremo, el modus operandi era sencillo pero eficaz. El empresario Víctor de Aldama actuaba como captador de compañías dispuestas a pagar a cambio de contratos o agilizar trámites. Koldo García, omnipresente al lado del ministro, gestionaba los cobros y las exigencias. El dinero fluía mensualmente: 10.000 euros en efectivo cada mes desde octubre de 2019 hasta mediados de 2022, que servían para las necesidades cotidianas del político.

La sentencia detalla cómo Aldama se pegó al poder para medrar, y cómo tanto García como Ábalos fueron receptivos. El empresario se convirtió en el encargado de ofrecer trato de favor a cambio de una contraprestación económica, un mecanismo que el tribunal califica de “corrupción sistémica”.

De las mascarillas a los pisos: las corruptelas en plena pandemia

La crisis sanitaria abrió la puerta al gran botín. Cuando el Gobierno centralizó la compra de material sanitario en el Ministerio de Transportes, las empresas de la trama consiguieron un contrato de ocho millones de mascarillas, con Aldama como intermediario principal. A cambio, el empresario se ocupaba de los caprichos más personales del exministro: alquiló una casa en Marbella en agosto de 2020, pagó el apartamento en la Plaza de España de Madrid para la pareja de Ábalos y resolvió incidencias domésticas.

No solo hubo comiciones. Además, el exministro y su asesor colocaron a dos personas en empresas públicas como Ineco o Tragsatec sin que trabajaran realmente y despidieron a un directivo de Logirail que se atrevió a expedientar a una de las enchufadas. El Supremo califica de “inadmisible” el uso del ministerio para colocar a allegados y detalla cómo se llegó a presionar a un secretario de Estado para emitir una nota que tranquilizara a los acreedores de Air Europa, otro cliente del propio Aldama.

Por qué Aldama se libra de la cárcel mientras Ábalos acumula 24 años

La gran paradoja de este caso está en las condenas: el cerebro corruptor, Víctor de Aldama, ha sido sentenciado a solo 4 años y medio de prisión, que se traducirán en trabajos comunitarios, mientras el exministro se enfrenta a 24 años y su asistente Koldo García a casi 20. La razón es la misma que en otros macroprocesos como el caso Gürtel: la cooperación con la justicia.

Aldama confesó y ofreció pruebas determinantes para desenmarañar la trama, lo que permitió a los magistrados reducir su pena conforme al artículo 65 del Código Penal. El tribunal valora que su declaración fue “esencial” para acreditar los pagos y las dádivas, aunque descarta las acusaciones sin pruebas que lanzó contra otros líderes socialistas. El Supremo subraya que la trama giraba exclusivamente en torno a Ábalos y sus necesidades, sin involucrar a la cúpula del partido.

El Supremo convierte a Ábalos en el ministro con la condena más alta de la democracia, mientras Aldama elude la cárcel.

La defensa de Ábalos ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional y a instancias europeas, denunciando falta de pruebas y exceso punitivo. Mientras, en la Audiencia Nacional siguen abiertas otras dos investigaciones que afectan al exministro, centradas en contratos de obra pública y más negocios de mascarillas, con la figura de Santos Cerdán —su sucesor en el aparato del PSOE— bajo la lupa.

📌 En claves: lo que debes saber

• Qué ha pasado: El Tribunal Supremo ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de prisión por nueve delitos de corrupción durante su etapa como ministro de Transportes.
• Por qué te importa: Se trata de la mayor condena a un exministro en democracia y revela cómo se desviaron fondos públicos y se utilizaron instituciones en plena crisis sanitaria.
• A quién afecta: Afecta a la confianza en el sistema político y muestra las consecuencias judiciales para altos cargos, mientras el principal colaborador queda en libertad.
• Hacia dónde vamos: Ábalos recurrirá al Constitucional y quedan abiertas otras causas en la Audiencia Nacional. La sentencia sienta un precedente sobre el valor de la confesión en casos de corrupción.

El Partido Popular ha movido ficha en el Senado para frenar la ratificación del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia. Si el recurso prospera, la entrada en vigor del acuerdo, que permitiría intercambiar ministros entre los dos países, podría quedar paralizada durante meses. El PP alega que compartir carteras ministeriales con Francia vulnera la Constitución y por eso pide al Tribunal Constitucional que lo suspenda de inmediato.

El tratado fue firmado el 19 de enero de 2023 en Barcelona por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, pero aún necesita el visto bueno de las Cortes. El Grupo Popular ha registrado en la Cámara Alta una propuesta de requerimiento al Constitucional —documento al que ha tenido acceso ABC— para que declare la inconstitucionalidad del texto. Hasta que el TC se pronuncie, los populares quieren que el Senado paralice su tramitación, algo que pueden hacer gracias a su mayoría absoluta.

¿En qué consiste el tratado hispano-francés y por qué el PP lo considera inconstitucional?

El Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia va mucho más allá de un acuerdo diplomático al uso. Entre otras medidas, prevé la posibilidad de que ambos países compartan ministros, una fórmula inédita en las relaciones bilaterales de estos dos Estados. Para el PP, esta cesión de competencias ejecutivas choca frontalmente con la Carta Magna, porque la Constitución no contempla que el Gobierno de España pueda integrar a miembros de otro Ejecutivo extranjero con plenos poderes.

La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo entiende que el tratado afecta a la soberanía nacional y debería haberse tramitado por el procedimiento más exigente del artículo 93 de la Constitución (cesión de competencias a una organización internacional), en lugar de mediante un simple acuerdo entre Gobiernos. De prosperar el recurso, el Constitucional obligaría a reiniciar todo el proceso legislativo.

La maniobra del Senado: cómo el PP quiere ganar tiempo

El PP tiene una herramienta clave: su mayoría absoluta en la Cámara Alta. El requerimiento al Tribunal Constitucional puede presentarse con el apoyo del grupo mayoritario, y mientras la corte se pronuncie —lo que llevará al menos varios meses—, el Senado puede suspender el debate del tratado. De este modo, el PP gana tiempo político y coloca al Gobierno en una posición incómoda, ya que Pedro Sánchez apostó por este acuerdo como uno de los pilares de su política exterior y europea.

El movimiento recuerda a otras estrategias de bloqueo parlamentario utilizadas en la legislatura anterior, cuando el Senado, controlado por los populares, retrasó la tramitación de leyes como la de vivienda o la reforma del CGPJ. Aquí, sin embargo, la apuesta es más arriesgada, porque el Constitucional debe decidir sobre un pacto internacional con implicaciones directas en el reparto de poder.

El Gobierno defiende que el tratado es plenamente constitucional y que no supone ninguna cesión de soberanía, sino una cooperación reforzada que ya existe en otros modelos europeos, como el Benelux o los países nórdicos. La Moncloa acusa al PP de utilizar el Constitucional con fines partidistas.

¿Qué dice la Constitución? Un debate con precedentes en Europa

La discusión no es nueva: en 2005, el Tratado Constitucional Europeo ya generó un intenso debate sobre sus límites. Ahora, la clave está en si permitir que un ministro francés participe en el Consejo de Ministros español equivale a una transferencia de competencias soberanas. Los expertos consultados por distintos medios coinciden en que la cuestión no es pacífica y que el Constitucional deberá aclarar si el procedimiento seguido es el adecuado.

En el aspecto práctico, el intercambio de ministros no se limitaría a protocolo: los miembros de un Gobierno extranjero podrían ejercer funciones ejecutivas reales, lo que, según los populares, colisiona con los artículos 97 y 98 de la Constitución española. Mientras tanto, en la calle, la oposición ha conseguido encender un debate que el Ejecutivo esperaba cerrar sin apenas ruido.

El PP utiliza su mayoría en el Senado para intentar frenar un tratado que, de aprobarse, permitiría compartir ministros con Francia.

📌 En claves: lo que debes saber

• Qué ha pasado: El PP ha registrado en el Senado un requerimiento al Tribunal Constitucional para que suspenda el Tratado de Amistad entre España y Francia.
• Por qué te importa: Si el TC paraliza el tratado, se retrasará una cooperación que podría modificar cómo se gobierna España, con ministros extranjeros en el Consejo de Ministros.
• A quién afecta: A toda la ciudadanía, porque la decisión condicionará las herramientas con las que el Ejecutivo gestiona la política exterior y la soberanía nacional.
• Hacia dónde vamos: El Constitucional tardará meses en resolver y, mientras, el Senado mantendrá congelada la tramitación del acuerdo.