La controversia en torno al radar de tramo de la A-5 en Madrid, que ostenta el récord de ser el mayor emisor de multas de la ciudad, ha alcanzado proporciones alarmantes. Desde su implementación en 2019, este dispositivo ha estado emitiendo sanciones de manera indebida, según revelan 24 sentencias judiciales. La discrepancia crucial radica en que la distancia real del tramo controlado no coincide con la especificada en su certificado de verificación, invalidando así más de 250,000 multas impuestas a lo largo de estos años. A continuación te contaremos todo lo que se sabe sobre este polémico radar y hablaremos de qué medidas ha tomado el Estado para frenar los reclamos.
Entró en funcionamiento en 2019 y ya suma 18 millones recaudados en multas

Este polémico radar, instalado en febrero de 2019 en la A-5 a su paso por Madrid capital para limitar la velocidad a 70 km/h en ese tramo de acceso, ha batido récords históricos de recaudación por sanciones prácticamente desde su activación inicial, convirtiéndose muy pronto en el radar que más multas pone cada año de toda la ciudad. Solo en 2022 impuso más de 130.000 denuncias, según datos oficiales.
La distancia real medida del tramo supera en 15 metros a la certificada

El gravísimo problema detectado radica en que, tras los numerosos recursos judiciales presentados por conductores sancionados reclamando la nulidad de la multa, se ha podido constatar de forma irrefutable que la longitud real del tramo de carretera efectivamente controlado por este polémico radar es de 1.750 metros en lugar de los 1.735 metros que figuran especificados en los certificados de verificación anuales incorporados al sistema de radar.
Esta diferencia deja sin validez legal todas las mediciones del radar

Ese desfase de 15 metros, existente entre la distancia real medida entre los puntos físicos inicial y final del tramo controlado y la distancia más corta reflejada en los certificados de validación del aparato. Esto significa claramente que el trayecto efectivamente recorrido por los vehículos a los que supuestamente se ha detectado superando los límites de velocidad, es superior al tramo cuya longitud han medido los sensores del radar. Y ello descarta y anula dicha medición como evidencia o prueba válida de cargo de un hipotético exceso de velocidad, puesto que se estaría sancionando en base a parámetros erróneos.
Los juzgados madrileños ya han tumbado 24 multas por este motivo

Ante las numerosas denuncias impugnadas ante los tribunales por los perjudicados, los diferentes juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid ya han emitido hasta un total de 24 sentencias distintas que fallan, todas ellas, a favor de los recurrentes en sus recursos contra las multas del radar de la A-5. Esta situación ha hecho forzar al Ayuntamiento de Madrid no solo a dejar sin efecto la correspondiente sanción económica, sino también a devolver lo ya indebidamente cobrado más los intereses legales devengados y todas las costas judiciales generadas al ciudadano por el pleito abierto.
Resulta sencillo demostrar el desfase con las fotos adjuntas a la denuncia

Resulta extremadamente sencillo para cualquier conductor sancionado comprobar personalmente la existencia de ese desfase de 15 metros entre los hitos oficiales del tramo de carretera controlado y la distancia real de la medición efectuada, ya que basta con cotejar las fotografías con marca de fecha y hora que obligatoriamente ha de adjuntar la denuncia emitida por el radar. Ello claramente certifica, acredita y constata la deficiencia técnica, descartando como absolutamente nula y sin validez legal dicha medición como prueba válida de cargo contra el infractor.
La plataforma Dvuelta anima a recurrir masivamente estas multas

Por todo ello, desde la entidad en defensa de los derechos e intereses de los conductores Dvuelta se está animando a recurrir de forma masiva cada una de las más de 250.000 sanciones impuestas hasta la fecha por este radar de la A-5. Y ello porque los juzgados están acogiendo y dando sistemáticamente la razón sin excepción a esta referida argumentación como motivo de nulidad de la multa, declarando en todos los casos la anulación completa de la ilegal sanción.
El Ayuntamiento de Madrid es el que más multas pone de toda España

Y es que este no es ni mucho menos el único foco de polémica abierto en los últimos años en torno a la multimillonaria recaudación vía multas de tráfico del equipo municipal del Ayuntamiento de Madrid, muy por encima de la de cualquier otro consistorio del país. Únicamente la capital ya ingresa cada año por denuncias de tráfico alrededor del 50% del total obtenido por el organismo estatal Dirección General de Tráfico en todas las carreteras, bajo su control en todo el territorio nacional. Unas cifras desorbitadas que muchos tachan de auténtico afán recaudatorio desmedido.
El Consistorio defiende la legalidad y fiabilidad técnica del sistema

Ante las graves acusaciones por la más que evidente ilegalidad con la que están actuando en lo referente a las multas impuestas por el polémicísimo radar de tramo de la A-5 y la más que justificada exigencia de una devolución masiva de lo recaudado por parte de todos los conductores afectado. En este sentido, fuentes del área municipal de Movilidad han salido al paso para intentar defender a ultranza que el radar está correctamente calibrado, que funciona a la perfección desde el punto de vista técnico y que por supuesto no existe ningún fallo o deficiencia en el mismo.
El Ayuntamiento no piensa corregir el desfase pese a las sentencias

El equipo de Gobierno local del Ayuntamiento de Madrid sigue defendiendo apasionadamente tanto la supuesta validez legal de todas y cada una de las más de 250.000 multas tramitadas hasta hoy por este radar de la A-5, así como argumentando que el sistema debe seguir plenamente operativo en dicha estratégica vía de acceso a la capital por una mera cuestión de seguridad vial para el tráfico rodado. Todo ello a pesar de las numerosísimas sentencias condenatorias y de que, de momento, no tengan la más mínima intención de corregir el ya demostrado desfase existente en la longitud del tramo de medición, algo que los tribunales consideran como un factor absolutamente determinante para proceder a anular sistemáticamente cualquier sanción impuesta por el polémico radar.




























































































































































































































