La imagen de un agente de la Policía Nacional empujando con fuerza excesiva y por la espalda a una manifestante que caminaba tranquila durante las protestas de la huelga educativa en Valencia ha abierto una crisis política y sindical que ya escala incluso fuera del conflicto docente.
El episodio ha ocurrido en el entorno de la Conselleria de Educación y ha situado en el centro de la polémica a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, cuestionada simultáneamente (y por diferentes motivos) por los sindicatos policiales, por los manifestantes y por sectores de la izquierda que le atribuyen responsabilidad política sobre el dispositivo.
El vídeo muestra a una mujer caminando de espaldas cuando un agente con casco se dirige hacia ella y la empuja con fuerza, provocando su caída contra el asfalto. Según la información publicada por elDiario.es, la afectada es una profesora jubilada de 68 años que tuvo que ser atendida en un centro sanitario, donde se le aplicó un punto de sutura en la barbilla.
La mujer ha presentado denuncia y la Policía Nacional inició posteriormente el procedimiento para abrir expediente disciplinario al agente implicado, según confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno.
Lo cierto es que la escena resulta difícilmente compatible con los principios que deben regir cualquier intervención policial. La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece que la actuación policial debe ajustarse a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. A su vez, la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana exige que las intervenciones se desarrollen de forma gradual y proporcionada. En este caso, la actuación parece desproporcionada e injustificable, con independencia de que la protesta pudiera generar problemas de orden público o de circulación.
Choque entre Bernabé y los sindicatos policiales
Bernabé reaccionó calificando la imagen de "inaceptable" y anunció una investigación exhaustiva para depurar responsabilidades. También defendió que proteger el derecho a manifestarse con seguridad debía estar por encima de cualquier circunstancia y sostuvo que lo ocurrido empañaba el trabajo desarrollado por la Policía Nacional durante las tres semanas anteriores de movilizaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes. Sin embargo, esa respuesta no calmó a casi nadie.
Desde la izquierda política, dirigentes como Gabriel Rufián o Irene Montero reclamaron explicaciones y medidas contra la violencia policial. Otros mensajes apuntaron directamente a Bernabé por su condición de delegada del Gobierno y, por tanto, responsable política de los cuerpos de seguridad del Estado en la Comunitat Valenciana. La crítica más repetida entre manifestantes y organizaciones de izquierda fue que no bastaba con abrir una investigación cuando las imágenes, a su juicio, mostraban con claridad una actuación inadmisible.
"Más allá de que un policía agreda a una ciudadana porque sí, lo que más me sorprende es que el resto de agentes no se preocupen. Que la vean sangrar y ni siquiera la ayuden a levantarse. Servir y proteger no es eso", dice la periodista Laura Cornejo.
La otra parte del conflicto se abrió con los sindicatos policiales. Organizaciones como la Unión Federal de Policía y la Confederación Española de Policía reaccionaron con dureza contra la delegada del Gobierno. La UFP defendió que la actuación se produjo para evitar una invasión de la vía pública y sostuvo que el derecho de manifestación no es absoluto. El CEP reprochó a Bernabé que, al anunciar una investigación en esos términos, diera por sentada una culpabilidad que, según el sindicato, corresponde determinar a los órganos competentes.
Sindicatos como la UFP o la CEP han mostrado su apoyo a la actuación policial, pese a ser evidente la desproporcionalidad
Para los colectivos docentes y buena parte de los manifestantes, la defensa del agente evidencia una falta de autocrítica ante una actuación policial difícil de justificar. Para los sindicatos policiales críticos con Bernabé, en cambio, la delegada se precipitó al censurar públicamente la actuación antes de que concluyera el expediente. En medio de todo, Pilar Bernabé ha quedado atrapada entre quienes la acusan de no asumir suficiente responsabilidad política y quienes consideran que ha desautorizado a los agentes.
Eso sí, hay que decir que no todos los sindicatos policiales han reaccionado igual. El Sindicato Reformista de Policías sí ha condenado la actuación del agente que empujó a la manifestante. "Así no. No está justificada esta acción desproporcionada. La víctima no provoca, no muestra violencia, es agredida por la espalda y no hay aviso previo. Flaco favor a la Policía", comentan.
El conflicto educativo, enquistado en Valencia
La protesta donde ha ocurrido el incidente forma parte de la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública valenciana, que entra en su cuarta semana tras una negociación encallada con la Conselleria de Educación. La reunión del domingo entre la consellera Carmen Ortí y los sindicatos terminó de forma abrupta después de que la Administración se negara a reabrir la negociación salarial, que considera cerrada tras el acuerdo alcanzado con CSIF y ANPE.
El origen de la protesta está en el rechazo de los sindicatos mayoritarios, STEPV, CCOO y UGT, al planteamiento de la Conselleria. Los sindicatos sostienen que el 91 % del profesorado valenciano rechazó el borrador global y que el 94 % se opuso al pacto retributivo que Educación pretende dar por cerrado. La propuesta salarial firmada por CSIF y ANPE prevé un aumento de 200 euros brutos mensuales de forma progresiva hasta 2028, una mejora que la consellera Ortí ha defendido como un "buenísimo acuerdo", pero que las organizaciones convocantes consideran insuficiente.
La ruptura se agravó cuando los representantes de STEPV, CCOO y UGT decidieron permanecer en el interior de la Conselleria de Educación tras la reunión, reclamando un documento base que permitiera abordar de forma global las reivindicaciones pendientes. La Administración les comunicó que no reabriría el bloque salarial y les instó a abandonar el edificio. Finalmente, los sindicalistas salieron ya en horario del lunes después de recibir un requerimiento que les advertía de posibles consecuencias disciplinarias.
Mientras tanto, en el exterior, decenas de docentes mantenían una concentración de apoyo con sentadas y acciones de protesta. La policía intervino para desalojar accesos y permitir la salida del edificio. Fue en ese clima de tensión donde se produjeron las cargas y el empujón que ha desencadenado la crisis actual. La consellera Ortí defendió que las decisiones de su departamento no se toman "bajo presión ni ocupación del espacio", mientras los sindicatos denunciaron bloqueo institucional y falta de voluntad negociadora.
El conflicto educativo incluye plantillas, ratios, inclusión, valenciano, infraestructuras y Formación Profesional como materias que la Conselleria quiere tratar en mesas sectoriales. Pero para los sindicatos convocantes, sin una revisión del capítulo retributivo y sin un documento global aceptable, la negociación carece de base suficiente para desconvocar los paros.
