El próximo domingo 19 de abril, desde las 12:00, la denominada marea verde volverá a recorrer el centro de Madrid. A la huelga indefinida de las educadoras infantiles se suma una manifestación en defensa de la educación pública que aspira a reunir en una misma columna a docentes, estudiantes, familias y personal de todos los niveles de la enseñanza, desde las escuelas infantiles de 0 a 3 años hasta la universidad.
Convocada por la asamblea Menos Lectivas y los sindicatos CGT y CNT, y respaldada por el Sindicato de Estudiantes y la coordinadora de plataformas por las universidades públicas, la marcha va contra lo que sus organizadores describen como "políticas privatizadoras y represivas" del Gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.
El recorrido arrancará en la glorieta de Atocha y subirá por el paseo del Prado y Cibeles hasta desembocar en la Puerta del Sol, lo que obligará a restringir el tráfico en buena parte del eje central de la ciudad. Bajo el lema "Salvemos la educación pública", cuentan que el objetivo es visibilizar un malestar que viene acumulándose desde hace años y que, en las últimas semanas, ha cristalizado en una sucesión de huelgas, asambleas y referéndums en las aulas madrileñas.
Aúna desde los conflictos de las escuelas infantiles hasta la universidad
Como hemos mencionado, la protesta de este domingo llega en plena huelga indefinida en las escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años. Convocadas por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), las educadoras denuncian precariedad crónica, edificios antiguos en mal estado, falta de personal y cargas de trabajo "insufribles", así como servicios mínimos que, critican, superan incluso las ratios ordinarias.
Uno de los puntos de fricción es el decreto 18/2008 que fija las ratios máximas en la Comunidad de Madrid. Las organizaciones convocantes lo consideran obsoleto y exigen su sustitución por una normativa alineada con las recomendaciones europeas, que establecen grupos de 3 bebés por educadora en 0‑1 años, 5 criaturas por educadora en 1‑2 y 6 en 2‑3, además de un máximo de 200 alumnos por orientadora. Reclaman también que el personal de las escuelas de gestión directa sea reconocido como personal docente y no meramente laboral.
Más arriba en la cadena educativa, las plataformas universitarias se suman a la marcha tras meses de tensión con la Comunidad de Madrid por el nuevo plan de financiación plurianual. La plataforma UCM por la Pública denuncia un "estrangulamiento económico estructural" de las universidades, un nivel de inversión que apenas alcanza el 0,45 % del PIB regional —muy por debajo del 1 % fijado por la Ley Orgánica del Sistema Universitario y de la media estatal, situada en torno al 0,7 %— y una deuda acumulada de la Comunidad con las universidades públicas cifrada en 1.150 millones en pagos de nóminas.
"El deterioro es salvaje. Nuestros institutos sufren cada día peores condiciones y se contratan menos profesores, la segregación educativa, el abandono escolar, más de 50.000 estudiantes se han quedado sin plaza en la FP pública y centenares sin prácticas. Tampoco hay recursos materiales suficientes, nos quitan las becas y en muchos casos nos pelamos de frío o nos abrasamos de calor", dicen desde el Sindicato de Estudiantes.
La Ley de Universidades presentada por el Gobierno madrileño va precisamente en esta dirección: acabar de una vez por todas con la universidad pública. [...] Gracias a la movilización y a la huelga universitaria del pasado 26 y 27 de noviembre conseguimos generar tal presión social que hay un gran interrogante sobre el futuro de la LESUC. Por eso, desesperados por intentar desmovilizarnos, los rectores firmaron el acuerdo de la vergüenza", comentan, apuntando que no quieren "migajas" ni aceptan el acuerdo.
Ratios, financiación y condiciones laborales en la educación pública de Madrid
Por su parte, Menos Lectivas, la asamblea de docentes que viene impulsando paros y movilizaciones desde hace meses, pondrá el foco en la reducción de ratios y horas lectivas en Primaria, ESO, Bachillerato y FP, el refuerzo de la atención a la diversidad y la simplificación de la burocracia que, denuncian, les resta tiempo para preparar clases y coordinarse.
Afirman que, en vez de estar atendiendo a los alumnos, tienen que estar haciendo informes, con acumulación de tareas administrativas, falta de apoyos para alumnado con necesidades específicas —TDAH, TEA, dislexia, altas capacidades— y ausencia de recursos suficientes que está generando problemas de estrés y ansiedad cada vez más extendidos entre el profesorado.
Estos meses atrás hemos tenido también la huelga universitaria de finales de noviembre contra la nueva ley de universidades madrileña, las movilizaciones de Menos Lectivas, la huelga indefinida de las educadoras infantiles o las protestas en institutos de la zona sur exigiendo inversiones en infraestructuras. Para el Sindicato de Estudiantes, toda esta presión social ha contribuido al cese del anterior consejero de Educación, Emilio Viciana, y ha abierto un escenario de mayor cuestionamiento público de la política educativa de Ayuso.
En el otro lado, el Gobierno regional se ha defendido en los últimos meses que el nuevo plan de financiación universitaria es "histórico" y que la Comunidad de Madrid mantiene un compromiso "inequívoco" con la libertad de elección de centro y la coexistencia de redes pública, concertada y privada. Sin embargo, las plataformas educativas replican que los fondos adicionales pactados son insuficientes y que la política de conciertos escolares, sumada a la cesión de suelo público a empresas educativas, consolida un modelo que, en la práctica, favorece la privatización del sistema.
