Maricarmen tiene 87 años y lleva setenta viviendo en un piso de la calle Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro (Madrid). El próximo 29 de octubre, un juzgado atenderá a la petición del fondo Urbagestión Desarrollo e Inversiones y dará la orden de desahucio para expulsar a la anciana del hogar y el barrio en el que ha vivido prácticamente toda su vida.
La situación es compleja, pero legalmente el fondo encuentra la justificación, puesto que el próximo miércoles es cuando expira el acuerdo. En 1956, el padre de Maricarmen firmó un contrato de renta antigua de una vivienda en la zona de Ibiza, ahora convertida en una de las más caras de Madrid. Por las características del arrendamiento, el alquiler no podía ser alterado. Tras el fallecimiento del padre, el contrato se subrogó a su esposa, que vivió con su hija hasta pasar a mejor vida en el año 2005.
De esta manera, el contrato de alquiler pasó finalmente a manos de Maricarmen, que lo heredó con las mismas condiciones, es decir, una renta que se actualiza cada año en base al IPC y en la que se incluyen gastos como el IBI, pero nada más. Sin embargo, el hecho de ser una segunda subrogación, acabó poniendo a la mujer contra las cuerdas.
De hecho, merece la pena destacar que la legislación española establecía entre 1950 y 1985 que los contratos de arrendamiento de vivienda tenían carácter vitalicio y podían ser heredados por el cónyuge y los descendientes que habitasen el domicilio. Pero el decreto Boyer de 1985, si bien se mantuvo el régimen indefinido para los contratos firmados con anterioridad (desde entonces se conocieron como contratos "de renta antigua"), acabó con esta medida de protección en los alquileres suscritos a partir de tal fecha.
"Si el contrato se hubiese firmado en la actualidad, ambos padres de Maricarmen serían titulares del primer contrato, y la de Maricarmen sería una primera subrogación, es decir, seguiría con el contrato en vigor", nos explican desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, apuntando a que en la época de dictadura franquista solo podía ser titular el varón ante la negación de derechos a la mujer del matrimonio.
Le piden 1.650 euros de alquiler
El conflicto llegó en el año 2018, cuando la familia propietaria del bloque de viviendas de la calle Sainz de Baranda vendió toda la finca al holding inmobiliario Renta Corporación. Dos años después, los nuevos propietarios le ofrecieron la compra del piso a Maricarmen por una cifra que no podía permitirse y, justo al día siguiente, el piso fue adquirido por Urbagestión Desarrollo e Inversión SL.
Desde el sindicato nos cuentan que se trata de una empresa especializada en análisis y asesoramiento de inversiones inmobiliarias. "En Urbagesa Inversiones trabajamos cada día con un propósito claro: ofrecer soluciones inmobiliarias de alto valor, centradas en la rentabilidad y la seguridad de la inversión", comentan desde la propia empresa.
Tras la adquisición, el fondo comenzó las presiones, pero los tribunales dieron la razón a la anciana en 2020, no dando por válida la aseveración de Urbagestión de que el contrato subrogado a favor de Maricarmen debía haberse extinguido en 2007.
La compañía continuó insistiendo y recurriendo hasta que, el pasado mes de marzo de 2025, el Tribunal Supremo falló a favor de Urbagestión explicando que la segunda subrogación del contrato solo puede tener una duración de dos años salvo que el descendiente del conviviente tuviera una discapacidad superior al 65 %. Maricarmen, por sus operaciones de cadera, tiene movilidad reducida con un —insuficiente— 50 % de discapacidad.
En marzo de 2025, el Tribunal Supremo le dio la razón al fondo Urbagestión por ser una segunda subrogación de contrato
"Se trata de una sentencia inédita que prioriza los requisitos formales de la subrogación por encima del espíritu de la ley, por encima de la voluntad del legislador y de la realidad social del tiempo por el que se deben interpretar las leyes, según el artículo 3 del Código Civil", explican desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que ha acompañado a la mujer durante el proceso.
El único gesto de acercamiento del fondo ha sido ofrecerle a Maricarmen, que cobra una pensión de 1.450 euros, un alquiler de 1.650 euros al mes. Es una oferta que consideran un favor hacia la arrendadora, ya que el resto de los apartamentos del mismo bloque se alquilan por unos mil euros mensuales más.
Movilizaciones contra el desahucio de Maricarmen
Debido a la situación, tanto el propio sindicato como distintos madrileños y vecinos del distrito de Retiro se van a movilizar el próximo 29 de octubre para intentar detener el desahucio.
"Estaremos desde las ocho y media [hora en la que se ha programado el desahucio] defendiendo la casa de Maricarmen porque frenar esta expulsión es una forma de luchar por el derecho a la vivienda de todos los madrileños", nos cuentan.
Tras un encuentro vecinal el pasado miércoles 22, también este lunes 27 se producirá una movilización de apoyo que a las 18:30 frente a la Biblioteca Eugenio Trías y en el portal de Maricarmen, en Sainz de Baranda número 46.
