- Los incidentes de ciberseguridad se disparan un 24% en España por el auge de la inteligencia artificial
- Las empresas españolas enfrentan nuevos retos legales ante la implementación masiva de sistemas de IA, mientras los expertos alertan sobre la necesidad urgente de adaptar los marcos normativos
La explosión de la inteligencia artificial en el tejido empresarial español está provocando una avalancha de incidentes de ciberseguridad que ha puesto en alerta a las autoridades. Según datos del Centro Criptológico Nacional, durante 2024 se registraron más de 42.000 incidentes de este tipo en España, lo que supone un incremento del 24% respecto al año anterior.
Esta cifra refleja una realidad que va más allá de los números: la transformación digital acelerada está situando a la inteligencia artificial como una herramienta clave para impulsar la eficiencia empresarial, pero también está generando desafíos sin precedentes en materia de privacidad y cumplimiento normativo.
El choque entre innovación y regulación
La inteligencia artificial ha revolucionado la forma en que las empresas manejan los datos personales, pero el marco normativo actual presenta importantes lagunas. Aunque el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos establecen principios sólidos, no fueron diseñados específicamente para abordar los desafíos que presenta la IA.
La reciente aprobación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) busca llenar este vacío, clasificando las aplicaciones de IA según su nivel de riesgo y estableciendo obligaciones específicas para cada categoría. Sin embargo, las empresas siguen enfrentándose a dilemas complejos en su día a día.
Los tres grandes obstáculos para las empresas
Transparencia algorítmica: Las compañías deben explicar cómo sus sistemas de IA toman decisiones que afectan a las personas, pero muchos algoritmos de aprendizaje profundo funcionan como «cajas negras» cuyo comportamiento resulta opaco incluso para sus desarrolladores.
El dilema de la minimización de datos: Mientras que los sistemas de IA son más efectivos con grandes volúmenes de información, el RGPD exige limitar la recopilación de datos personales a lo estrictamente necesario, creando una tensión difícil de resolver.
Sesgos algorítmicos: Los sistemas pueden perpetuar o amplificar discriminaciones existentes en los datos de entrenamiento, lo que puede derivar en prácticas prohibidas por la normativa de protección de datos.
Las empresas buscan soluciones prácticas
Ante este panorama, las organizaciones están adoptando medidas preventivas para implementar IA de forma segura. Las Evaluaciones de Impacto en Protección de Datos se han convertido en herramientas esenciales para identificar riesgos desde las fases iniciales, mientras que las auditorías periódicas permiten verificar que los sistemas no generen resultados discriminatorios.
Los programas de formación adaptados a diferentes perfiles profesionales y la implementación de medidas técnicas avanzadas como el cifrado de datos o las técnicas de federated learning están ganando terreno en el sector empresarial.
Asesoramiento especializado, clave del éxito
Bufetes especializados como Navas & Cusí, quienes cuentan con un equipo de abogados expertos en protección de datos, están registrando un aumento significativo en las consultas relacionadas con la implementación de sistemas de IA conformes con la normativa vigente. «Las empresas necesitan un enfoque multidisciplinar que combine conocimientos jurídicos, técnicos y éticos», explican desde la firma.
El futuro de la IA responsable
La intersección entre inteligencia artificial y protección de datos presenta desafíos que van más allá de lo meramente técnico. Las empresas que logren integrar la IA respetando los derechos fundamentales de las personas estarán mejor posicionadas para aprovechar las oportunidades sin precedentes que ofrece esta revolución tecnológica.
Mientras tanto, el incremento del 24% en incidentes de ciberseguridad sirve como recordatorio de que la innovación debe ir acompañada de responsabilidad y cumplimiento normativo para garantizar un desarrollo sostenible de estas tecnologías disruptivas.
