El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una importante investigación a través de la Dirección General de Consumo contra las principales gestoras de pisos turísticos en España. Esta actuación se centra en empresas que administran cientos de viviendas vacacionales en diferentes comunidades autónomas, ante la sospecha de posibles prácticas engañosas e infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
La investigación cobra especial relevancia en un momento donde el mercado inmobiliario turístico está en el punto de mira por sus efectos en el acceso a la vivienda. Según la Ley de Competencia Desleal, se consideran prácticas engañosas aquellas conductas que contengan información falsa o que, aun siendo veraz, pueda inducir a error a los destinatarios y alterar su comportamiento económico.
Antecedentes y alcance de las irregularidades detectadas
Esta nueva actuación se suma a una serie de investigaciones previas iniciadas en 2023, incluyendo la supervisión de anuncios de alojamientos sin licencia turística y la investigación sobre prácticas abusivas en agencias inmobiliarias. Las principales irregularidades detectadas incluyen:
- Gestión irregular de pisos turísticos con licencia por parte de empresas intermediarias
- Obligación a inquilinos de pagar comisiones indebidas
- Imposición de contratos temporales sin justificación
- Inclusión de cláusulas irregulares en los contratos
Medidas para combatir la crisis de la vivienda
El ministro Pablo Bustinduy ha establecido como prioridad abordar la crisis de la vivienda en España, considerando que es uno de los principales problemas del país. Las acciones emprendidas buscan:
- Frenar la especulación en el sector inmobiliario
- Proteger a las familias vulnerables
- Regular el mercado de alquiler turístico
- Coordinar acciones con todas las administraciones públicas
El Ministerio enfatiza que estas medidas son fundamentales para proteger a las miles de familias que se encuentran en situación límite debido a los problemas de acceso a la vivienda, mientras se combaten los modelos de negocio especulativos que contribuyen al desplazamiento de residentes de sus barrios tradicionales.
