El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha declarado en el Congreso sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017. Según su testimonio, estos trágicos sucesos que causaron 16 víctimas mortales podrían haberse evitado, ya que él mismo alertó al Centro Nacional de Inteligencia sobre esta posibilidad en 2015.
La revelación más controvertida se centra en que Félix Sanz Roldán, entonces director del CNI, tenía por costumbre crear "comandos virtuales" que posteriormente se desmantelaban justo antes de que realizaran sus actuaciones. Sin embargo, en el caso de los atentados de Cataluña, la situación aparentemente se descontroló.
Los indicios y documentación clasificada
Villarejo fundamenta sus afirmaciones en lo que denomina "datos evidentes". Entre ellos destaca el caso del imam de Ripoll, quien iba a ser expulsado del país, pero tras recibir una misteriosa visita y un informe, la expulsión fue cancelada. Además, un delegado del Gobierno le concedió asilo posteriormente.
El excomisario ha manifestado su convencimiento de que las notas que envió al CNI advirtiendo sobre la situación no serán desclasificadas, a pesar de la solicitud expresa de la comisión de investigación. Esta declaración cobra especial relevancia considerando que se produce apenas una semana después de que el general Sanz Roldán negara categóricamente cualquier posibilidad de que los servicios de inteligencia pudieran haber evitado los atentados.
Implicaciones y consecuencias de las declaraciones
Las manifestaciones de Villarejo han generado un intenso debate sobre la gestión de la seguridad nacional y el papel de los servicios de inteligencia en la prevención del terrorismo. La controversia se intensifica al considerar la gravedad de los hechos y las 16 víctimas mortales que se cobraron los atentados.
Estas declaraciones plantean serias cuestiones sobre los protocolos de seguridad y la coordinación entre diferentes cuerpos policiales y de inteligencia. La posible existencia de información previa sobre la amenaza terrorista y su aparente desatención podría tener graves consecuencias políticas y judiciales.
El caso pone de manifiesto la necesidad de revisar los mecanismos de prevención antiterrorista y la importancia de una mayor transparencia en la gestión de la información sensible relacionada con la seguridad nacional, siempre manteniendo el necesario equilibrio con la confidencialidad que requieren determinadas operaciones.
La investigación continúa abierta y estas nuevas revelaciones podrían dar un giro significativo al caso, especialmente si se llegara a desclasificar la documentación mencionada por Villarejo, lo que permitiría contrastar sus afirmaciones con evidencias documentales.
