La denuncia de una mujer de 54 años con discapacidad contra varios jesuitas por supuestos abusos sexuales cometidos entre 1988 y 2009 en Mallorca ha causado una gran controversia. Los religiosos han comparecido ante la justicia, donde han negado tajantemente haber forzado a la víctima.
Según las declaraciones de los acusados, han reconocido haber mantenido contactos físicos como besos y caricias con la denunciante, pero siempre de forma mutua y consentida. Incluso uno de los jesuitas llegó a oficiar la boda de la mujer años después, a petición de ella. Sin embargo, han dejado claro que en ningún momento hubo relaciones sexuales forzadas.
La Mujer Denunció Abusos Reiterados, Pero los Religiosos se Desligan
La denunciante, de 54 años y con discapacidad, sostiene en su denuncia ante la Guardia Civil que los jesuitas la violaron en repetidas ocasiones entre 1988 y 2009 en distintos puntos de Mallorca, incluyendo el Colegio Montesión. Además, afirma que en 2021 recibió una carta de disculpas por parte del superior de la Compañía de Jesús en España.
Sin embargo, los religiosos han negado rotundamente esta versión de los hechos. Según las fuentes cercanas al caso, los acusados han respondido a todas las preguntas de la acusación, la defensa y la jueza de Instrucción. En sus declaraciones, han reconocido caricias y besos con la víctima, pero han insistido en que estos contactos fueron esporádicos y mutuos, sin llegar a relaciones sexuales.
Religioso Cesado por Romper el Celibato, No por Abusos
Paralelamente, otro sacerdote diocesano también fue denunciado por la misma mujer por supuestos abusos cometidos entre 1994 y 2020. En este caso, el religioso reconoció haber mantenido relaciones sexuales con la denunciante, pero alegó que ella era plenamente adulta y que las relaciones fueron consentidas, incluso afirmando que fueron "por iniciativa de ella".
En este caso, el sacerdote fue sometido a un procedimiento eclesiástico que declaró probadas las relaciones sexuales, pero no que hubiera un prevalimiento de su discapacidad. Por ello, fue sancionado únicamente por romper el celibato, imponiéndosele una "vida apartada de retiro, oración y penitencia" con prohibición de celebrar misa en público. El Obispado reconoció que las "conductas impropias" del sacerdote habían "causado daño físico y psíquico a la víctima".
En resumen, los jesuitas acusados han negado los cargos de agresión sexual, alegando que los contactos físicos con la denunciante fueron mutuos y consentidos, sin llegar a relaciones sexuales forzadas. Por su parte, el sacerdote diocesano reconoció relaciones sexuales, pero alegó que fueron entre adultos consentidos, siendo sancionado únicamente por romper el celibato, no por abusos.
