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El Gobierno defiende ante Vox la decisión de Feijóo de exigir el gallego en las oposiciones de la Xunta

El Gobierno ha defendido ante Vox la política lingüística llevada a cabo por el ‘popular’ Alberto Núñez Feijóo en la Xunta al exigir el gallego en exámenes oficiales de la comunidad y considera «justificado» que se requiera el conocimiento de las dos lenguas.

Se trata de la respuesta del Ejecutivo a las preguntas de un grupo de diputados de Vox que reprochaban al actual presidente del PP el haber exigido desde la Xunta una prueba de gallego como requisito para obtener el título de gestor administrativo en la comunidad. Para los de Santiago Abascal, ese tipo de medidas suponen un menoscabo del castellano, por lo que exigían medidas desde Madrid.

En un escrito, el Gobierno de PSOE y Podemos destaca que la propia Constitución establece que «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».

Según recuerda, Galicia tiene reconocido el gallego como cooficial y eso implica «una serie de derechos lingüísticos en favor de la ciudadanía, con su correspondiente obligación jurídica para los poderes públicos».

EL CONOCIMIENTO ES IMPRESCINDIBLE AL ATENDER AL PÚBLICO

Y además España «tiene asumidos compromisos internacionales en cuanto a la protección de las lenguas regionales y minoritarias», uno de los cuales es velar por que las autoridades administrativas las empleen y las usen en sus documentos.

«Del propio ordenamiento jurídico se infiere, por lo tanto, la existencia de unos derechos lingüísticos de la ciudadanía, que los poderes públicos deben estar en situación de garantizar –subraya–. Es preciso, por ello, la capacitación lingüística de los empleados públicos, en especial en aquellas comunidades con lenguas cooficiales y en aquellos puestos que, por sus características o funciones, sea imprescindible el conocimiento de la lengua en aras de garantizar estos derechos».

Y remarca que así lo tiene reconocido el propio Tribunal Constitucional al sentenciar que castellano y gallego deben ser considerados «en igualdad de condiciones» y producir «idénticos efectos jurídicos».

EL ÚNICO LÍMITE, LA NO DISCRIMINACIÓN

Por todo ello, concluye que «cabe justificar el requerimiento de conocimientos lingüísticos en convocatorias públicas en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales, teniendo en todo caso como límite el principio de igualdad y no discriminación».

Eso sí, puntualiza que «el requerimiento de conocimiento de la lengua no puede ser desproporcionado e injustificado, sino con base en las características y nivel del puesto en cuestión y siempre con el objetivo de garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía».