La Asociación de Fiscales (AF) se ha dirigido por carta al comisario europeo de Justicia Didier Reynders para que adopte «las medidas oportunas» a fin de evitar el «menoscabo de la independencia del Ministerio Fiscal y de su imparcialidad» que, a su juicio, supone la enmienda incluida en la reforma de la Ley Concursal que conlleva que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, sea ascendida a fiscal de Sala del Tribunal Supremo tras su cese en el cargo.
Según explican en nota de prensa, el objetivo de la misiva es que la alta institución europea tome conocimiento de la reforma proyectada y «llamar su atención sobre el riesgo que la misma supone para el Estado de Derecho».
Apuntan que la carta va dirigida tanto a Reynders como a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, y que en la misma trasladan su honda preocupación por ese texto de la enmienda, «por derivarse del mismo mecanismos que en nada se compadecen con las recomendaciones que desde el GRECO y la propia Comisión se vienen haciendo a España con el objeto de potenciar la independencia del Ministerio Fiscal».
Recuerdan que se buscaba con las recomendaciones someter las relaciones entre la Fiscalía y el Gobierno a los principios de publicidad y transparencia y desligar el nombramiento del Fiscal General del Estado de decisiones puramente partidistas.
Añaden que si bien la necesidad de reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) es una realidad incontestable» y que la vía es un modelo de proceso penal donde el fiscal asuma la investigación de los delitos como ocurre en los países de nuestro entorno», la reforma debería ir acompañada de la necesaria reflexión e informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal.
«Sin embargo con la pretendida reforma se escamotearán dichos informes y da la sensación de que su finalidad última es la de premiar a la actual Fiscal General del Estado –Dolores Delgado– al cese de su mandato, lo que comportaría una mayor politización de la Institución», añaden.
En la carta, de doce páginas y fechada el 12 de abril, la AF explica al comisario que esa enmienda –la 603– a la Ley Concursal se hizo pública durante los trabajos preparatorios que llevan a cabo los diferentes grupos parlamentarios.
«A través del trabajo preparatorio que desarrollan otros grupos parlamentarios es como se ha conocido la pretensión de premiar a la actual Fiscal General del Estado con la promoción a la primera categoría de la Carrera Fiscal una vez que se produzca el cese en su actual cargo, contribuyendo de esta manera a una mayor politización de la Institución del Ministerio Fiscal», subrayan.
DOLORES DELGADO
La asociación informa a Reynders del contexto en el que Delgado llegó a ser FGE. Recuerdan que concurrió a las generales de 2019 por el PSOE, que participó en la campaña y que tras los comicios obtuvo escaño y era «ministra de Justicia en funciones cuando fue propuesta por el Gobierno para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado».
«No es necesario realizar esfuerzo dialéctico alguno que evidencie la regalía de la disposición para quien hoy es Fiscal General del Estado«, señalan sobre el punto de la enmienda que supone el ascenso a la máxima categoría de la carrera fiscal para el fiscal general del Estado.
Consideran que la reforma supone un «descrédito» para la función que constitucionalmente está llamado a cumplir el Ministerio Fiscal porque la oportunidad escogida convierte en «nulos» los esfuerzos por lograr un fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos en él.
Al hilo, lamentan que la redacción de la enmienda posibilita que pase a ser fiscal de Sala todo FGE «sin discriminar la causa determinante» del cese, por lo que supone el ascenso también para quien haya sido cesado por incurrir en incompatibilidad o prohibición, por estar incurso en causa de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el desarrollo de sus funciones, y para el que haya incurrido en incumplimiento grave o reiterado de sus funciones. «Tal desatino solo se explica por las formas que se han usado para colar esta reforma», añaden.
La AF califica así la reforma de «instrumentalizada» con el objetivo de «revitalizar los canales de sujeción del Fiscal General del Estado al Gobierno que lo propone».
LAS COMUNICACIONES ENTRE GOBIERNO Y FISCALÍA
Añaden desde la AF que la reforma del Estatuto para atender a las recomendaciones de Europa debería contemplar dos elementos relativos a las comunicaciones entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal: «primero, que se hagan por escrito con registro del documento concreto por el que se articulan tales comunicaciones; y segundo, que las mismas sean públicas como medio indispensables para hacer efectiva la transparencia que debe presidir la relación entre el Gobierno de la nación y una de sus más altas Instituciones porque solo así se podrá incrementar la percepción ciudadana de independencia de esta última».
Sin embargo, lamentan que la reforma del Estatuto que se pretende a través de enmienda «se refiere únicamente al primero de los aspectos señalados estableciendo la necesidad de documento escrito y de registro del mismo». Así, indican que la enmienda se olvida de la publicidad, algo que entienden que es precisamente la única (medida) útil a los efectos de control ciudadano y parlamentario de las posibles injerencias del Gobierno en el Ministerio Fiscal.
A esto suman que si bien las comunicaciones deben quedar registradas por escrito, eso no ocurre cuando quien informa es la FGE al Gobierno. Entienden que en la enmienda «establece una insuficiente obligación de documentación por escrito y registro de las comunicaciones entre el Gobierno y el Fiscal General de Estado que es perfectamente salvable mediante la artificiosa distinción de quién es la parte que establece la comunicación».
«Se aparenta cumplir con parte de las recomendaciones realizadas a España tanto por la Comisión Europea como por el GRECO, y después se da carta de naturaleza a una vía destinada justamente a eludir la documentación, registro y publicidad que deben presidir las comunicaciones entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal como materialización de la transparencia de las Administraciones Públicas», lamentan.
Para la AF, lo que se pretende es promover con la reforma «un nuevo espacio de sombra donde podrán desenvolverse las relaciones institucionales, siendo esto absolutamente contrario a los principios que rigen en la Instituciones Europeas».
