El Vaticano recomienda a las escuelas católicas ir a los tribunales frente a leyes estatales contrarias a su identidad

El Vaticano ha recomendado a las escuelas católicas que se tomen «medidas razonables para defender los derechos de los católicos y sus escuelas, tanto a través del diálogo con las autoridades estatales como mediante el recurso a los tribunales competentes».

Así lo pone de manifiesto la instrucción de la Congregación para la Educación Católica para las instituciones educativas católicas que se centra en la identidad de las escuelas católicas y en los desafíos actuales, firmada el pasado 25 de enero por el prefecto de este departamento, el cardenal Giuseppe Versaldi.

«Como resultado de los diferentes objetivos de la legislación correspondiente, puede ocurrir que el Estado imponga a las instituciones católicas, que operan en la esfera pública, comportamientos inadecuados que pongan en duda la credibilidad doctrinal y disciplinaria de la Iglesia. A veces, la opinión pública también hace casi imposibles las soluciones acordes con los principios de la moral católica», apunta.

Además, reivindica la responsabilidad de los padres y su «derecho prioritario en las elecciones educativas». «La elección de la escuela debe hacerse libremente y según conciencia; de ahí el deber de las autoridades civiles de posibilitar diferentes opciones dentro de la ley. El Estado tiene la responsabilidad de apoyar a las familias en su derecho a elegir la escuela y su proyecto educativo», ha asegurado el responsable de la Congregación para la Educación Católica.

El Vaticano ofrece así ciertos criterios de actuación para las instituciones educativas gestionadas por la Iglesia católica para enfrentar los retos de la sociedad actual como, por ejemplo, la necesidad de que los alumnos sean iniciados, según su edad, en «una positiva y prudente educación sexual».

Versaldi aclara en una entrevista con Vatican News que en este punto prefieren hablar de maduración afectiva, «que por supuesto incluye la maduración sexual». «Las relaciones amorosas deben ser un tema aceptado en nuestras escuelas y no censurado. Tampoco deben dejarse a la corriente secular, que presenta modelos con poca credibilidad. Por eso, junto a la educación, es necesaria una formación que enseñe el respeto a la persona y el verdadero concepto del amor, que no se trata de tomar y poseer, sino de darse unos a otros», añade.

El texto también defiende un modelo de escuela católica que se aleja del «modelo cerrado» en el que «no hay lugar para los que no son totalmente católicos». «Este modelo contradice la visión de una escuela católica ‘abierta’ que pretende trasladar al ámbito educativo el modelo de la ‘Iglesia en salida’, en diálogo con todos», añade.

Por otro lado, recomienda la formación continua tanto a los maestros ordenados como a los laicos como docentes para las escuelas católicas. Según el Vaticano, las escuelas católicas tienen un mandato misionero, incluso en países con una antigua tradición cristiana. Por eso, el testimonio de estas escuelas debe ser «visible, indiscutible y consciente», y estas instituciones educativas deben estar abiertas a todos, especialmente a los más débiles.

DESPIDO, ÚLTIMA OPCIÓN

Además, reconoce «conflictos disciplinarios y/o doctrinales» que «podrían desacreditar a la institución católica y provocar un escándalo en la comunidad». Las decisiones sobre tales casos deben comenzar en el contexto eclesiástico local, según la instrucción, «observándose los principios canónicos de gradación y proporcionalidad de las medidas a tomar».

Así, establece que un trabajador por cuenta ajena puede ser despedido si no cumple con las condiciones de la escuela católica y de pertenencia a la comunidad eclesial, aunque considera que debe ser la última opción.

Además, estas orientaciones se hacen eco de algunas problemáticas que enfrentan las escuelas católicas como «el cierre o el cambio de la configuración jurídica de una escuela católica por dificultades de gestión». Para el cardenal italiano, este problema no debe resolverse «en primera instancia considerando el valor financiero de los edificios y propiedades con vistas a su venta, o transfiriendo la gestión a organismos alejados de los principios de la educación católica para crear una fuente de beneficios económicos».

Lo que propone es consultar al obispo y a todas las partes interesadas para que sean evaluadas «todas las soluciones posibles» con el objetivo de «salvaguardar la continuidad del servicio educativo».

Por otro lado, advierte de llevar a cabo una «interpretación reductora o meramente formal» o dar pie a «una visión vaga o cerrada de la identidad católica».

«No se debe perder el impulso misionero y encerrarse en una isla, y, al mismo tiempo, hace falta el valor de testimoniar una «cultura» católica, es decir, universal, cultivando una sana conciencia de la propia identidad cristiana», añade.

De este modo, ha señalado que la catolicidad «no puede atribuirse sólo a ciertos ámbitos o a ciertas personas, como los momentos litúrgicos, espirituales o sociales, o a la función del capellán, de los profesores de religión o del director de la escuela». Para Versaldi, esto supondría una contradicción para «la responsabilidad de la comunidad escolar en su conjunto y de cada uno de sus miembros».

«La afirmación de esta responsabilidad no pretende introducir una ‘sociedad perfectamente igualitaria’, ni ningún perfeccionismo moral o disciplinario difícil de evaluar», añade.

En el documento el cardenal italiano también ha precisado que la identidad católica se garantiza en los colegios «mediante el control y la certificación por parte de la autoridad eclesiástica competente, conservando siempre la posibilidad de recurrir a la Santa Sede en caso de conflicto». También ha puesto orden frente a aquellos colegios que usan términos como el «espíritu católico», la «inspiración cristiana» o la realización «carismática» que son a su juicio expresiones «poco definidas, concretas y verificables en la realidad».

«Según estas interpretaciones, no se consideran necesarias ni la aplicación de las normas canónicas ni el reconocimiento de la autoridad jerárquica legítima. Si así fuera, tendría un valor «simbólico» y, por tanto, poco eficaz. A veces, en el caso de instituciones educativas fundadas y/o gestionadas por Órdenes Religiosas, Institutos de Vida Consagrada, Sociedades de Vida Apostólica o grupos carismáticos, se da un desequilibrio entre el carisma y la pertenencia eclesial.

En algunas situaciones, se evita cualquier referencia al calificativo «católico», optando por denominaciones jurídicas alternativas», concluye.