Los pleitos bancarios por tarjetas revolving aumentaron en 2021 un 108%, al pasar de los 60 a los 125, según el Estudio Jurisprudencial de 2021 elaborado por Asufin, que destaca que cobran protagonismo por primera vez las sentencias por minicréditos y los préstamos a golpe de click, en un contexto de creciente peligro de sobreendeudamiento.
La litigiosidad volvió a descender en términos generales, aunque de una forma menos acusada de lo que hizo el primer año de pandemia: se han contabilizado 453 sentencias frente a las 609 de 2020, una caída del 10,8%, frente a la del 22,9% registrada de 2019 a 2020. De hecho, se trata del menor descenso desde 2017.
Las tarjetas revolving, con un 23% de las sentencias, han desbancado al producto que más litigios había acumulado desde la crisis financiera, la hipoteca multidivisa, que de 326 sentencias en 2020 ha descendido hasta las 114 en 2021. Los fallos por cláusula suelo han pasado de 42 a 29, y los de otros productos estructurados, como ‘swaps’, de 16 a seis.
Por entidades, Banco Santander fue el protagonista de 153 sentencias, el 28,2%, en tanto que Bankinter lo fue de 87 sentencias, el 16%, y CaixaBank, de 73, equivalentes al 13,4%. Entre las tres, suman el 57,6% del total.
No obstante, Asufin ha destacado el avance de WiZink, que ya se sitúa como cuarta entidad por número de litigios, al pasar del 4,3% de las sentencias al 9,4% en solo un año. La razón es la alta litigiosidad que mantiene por las tarjetas revolving.
La Comunidad de Madrid es la que más sentencias acumula, con un 43,6%, seguida de lejos por Cataluña y Castilla y León, con un 12,1% y un 8,2%, respectivamente. Madrid es líder también por número de sentencias de la categoría líder, las tarjetas, con el 76% del total (unas 95).
El consumidor sigue ganando en tribunales por los pleitos derivados de malas prácticas en el mercado. Las entidades deben ser conscientes de esta realidad y fomentar de manera más decidida los acuerdos extrajudiciales que eviten al consumidor el elevado gasto y la difícil travesía de afrontar procedimientos judiciales que, en ocasiones, se extienden hasta tres y cuatro años», ha señalado la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.