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La Abogacía del Estado insiste al juez que archive el ‘caso Ghali’ para Laya y su jefe de gabinete

La Abogacía del Estado ha pedido de nuevo al juez del denominado ‘caso Ghali’ que acuerde el archivo la investigación que se sigue sobre la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y su jefe de gabinete Camilo Villarino. A su juicio, no hay elementos que permitan acreditar un posible delito de prevaricación, encubrimiento o falsedad por parte de ninguno de los excargos del Gobierno.

Así consta en un escrito, remitido ayer martes por la abogada del Estado al titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, el juez Rafael Lasala, quien investiga la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, toda vez que ingresó al país la noche del 18 de abril de 2021 sin pasar por controles de frontera ni de documentación.

En 18 folios, los servicios jurídicos del Estado han insistido en que los hechos acreditados en el marco de la investigación «no son constitutivos de delito alguno». «Procede, por lo tanto, que no se alargue innecesariamente una instrucción respecto de mis investigados, por las afecciones y consecuencias desfavorables que para ellos supone», ha señalado. Ello, ha subrayado, «sin perjuicio de la eventual continuación o mantenimiento de las actuaciones en relación a otros investigados en cuanto al posible delito de falsedad».

La Abogacía ha repasado el relato de hechos que se recogen en la causa. En este sentido, ha indicado que «es cierto que se permite la entrada en España de Brahim Ghali y su hijo, sin control de pasaportes. Ha precisado, no obstante, que se hizo «por razones humanitarias, de manera legal, sin vulnerar ninguna norma y con las finalidades legítimas de preservar la intimidad y seguridad» del líder del Polisario y de «prever las consecuencias en política internacional» que su presencia en España pudiera tener.

Así, ha defendido que «no existía ningún impedimento para la entrada en territorio español» de Ghali y su hijo, «ni medidas cautelares acordadas judicialmente ni órdenes de detención ni búsqueda, sin que por lo tanto, pudiera existir ninguna intención de vulnerarlas». «Ambos ostentaban el derecho a entrar y residir en nuestro país», ha añadido.

NI PREVARICACIÓN NI ENCUBRIMIENTO

En el marco del escrito, la abogada del Estado ha asegurado que la falta de control de pasaporte al político saharaui y a su hijo «no supone una vulneración y mucho menos una vulneración frontal de los preceptos del Código Schengen». Según ha indicado, la actuación investigada se amparó en esa «argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable» que, a su juicio, «permite excluir la prevaricación».

En relación al presunto delito de encubrimiento, los servicios jurídicos han señalado que tanto la exministra como el exjefe de gabinete de Exteriores «desconocían la existencia de procesos judiciales en España sobre Ghali. De ahí que considere que no puede haber una «intención de eludirlos».

«No existe una base de datos sobre procedimientos judiciales en marcha a la que pudieran acceder, ni podían dirigirse a todos los juzgados para preguntar», ha añadido.

SE DESMARCA DEL PASAPORTE DE GHALI

Sobre el presunto delito de falsedad relativo a la «falta de coincidencia o datos discrepantes en documentos de Brahim Ghali», la Abogacía del Estado ha asegurado que ni González Laya ni Villarino tuvieron intervención alguna.

«Esta representación no ostenta la defensa de Brahim Ghali ni de ninguna otra persona que pudieran haber participado en el registro bajo esa identidad y desconoce las razones por las que pudieran haberlo hecho así, sin que proceda entrar a especular aquí sobre cuáles podrían haber sido», ha incidido la abogada.

Así, se ha desmarcado de la documentación que aportó el líder del Polisario bajo el nombre de Mohamed Benbatouche en el Hospital San Pedro de Logroño, donde fue hospitalizado por un cuadro de covid-19 tras aterrizar en un avión medicalizado procedente de Argelia la noche del 18 de abril de 2021.

Ha señalado, sin embargo, que «pocas dudas cabría esgrimir sobre su autenticidad, cuando es el Estado emisor y titular de dicho pasaporte –Argelia– el que solicita la prestación de ayuda humanitaria directamente al Estado español y envía al Sr. Ghali en una aeronave de Estado». «Difícilmente podían exigir los investigados mayor garantía de adveración», ha señalado la Abogacía del Estado. Ha descartado también que la tarjeta de residencia del hijo de Ghali fuese falsa.

PETICIÓN ANTERIOR

En el marco del escrito, los servicios jurídicos han recordado que ya el pasado 17 de septiembre reclamó, sin éxito, el archivo del procedimiento para el exjefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores Camilo Villarino. Entendían que «los hechos denunciados habían quedado lo suficientemente esclarecidos para constatar la inexistencia de los elementos típicos de los delitos de prevaricación y encubrimiento y la ausencia de participación en el posible delito de falsedad que se denunció».

Han precisado que, aunque no recurrió la decisión del juez de desestimar su petición, ahora ven pertinente plantear de nuevo su solicitud. «Llegado este punto de la instrucción, tras la práctica ya de numerosas diligencias adicionales, los mismos argumentos allí expuestos han de reiterarse, habiéndose disipado la más mínima duda que en aquel momento pudiera subsistir», han señalado.

A su juicio, la investigación que se lleva a cabo en Zaragoza «no solo ha corroborado la inexistencia de hechos delictivos, sino que ha puesto de manifiesto la irrealidad de todas las tesis planteadas por los denunciantes».