La plataforma Enllaçats per la Llengua ha denunciado que, la decisión del Tribunal Supremo (TS) de avalar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a los centros educativos catalanes a hacer un mínimo de un 25 por ciento de las clases en castellano, supone «una nueva agresión a un modelo educativo bastante consolidado». Por este motivo, ha anunciado que apoyará la movilización convocada el próximo sábado 18 de diciembre en Barcelona por Somescola para defender el modelo educativo catalán.
Así lo ha informado la organización, formada por entidades sociales, culturales y sindicales de Cataluña, la Franja, Andorra, Alguer, Islas Baleares y Comunitat Valenciana, en un comunicado en el que ha afirmado que este modelo «garantiza las competencias lingüísticas de todo el alumnado catalán según los resultados de los estudios que ponen de manifiesto que la inmersión lingüística es un modelo de éxito para el alumnado y contribuye a la cohesión social, a la igualdad de oportunidades y a la normalización del uso del catalán».
Por otra parte, la plataforma ha calificado de «inadmisibles» las actuaciones de los tribunales de justicia en los asuntos que tienen que ver con «el proceso de normalización de nuestra lengua». Ha señalado que estas sentencias «son ejemplos de los continuos ataques que sufre el catalán por parte del poder judicial que se dedica a hacer política partidista contra los derechos de las personas catalonohablantes».
En este sentido, ha manifestado que, desde su punto de vista, «no tienen que ser los jueces los que determinen ni qué porcentajes, ni qué modelo educativo o lingüístico, ni cuál tiene que ser la política educativa que debe aplicarse en nuestros territorios, sino los expertos y profesionales en educación».
Enllaçats per la Llengua ha asegurado que apoyará a cualquier movilización que defienda el uso y la enseñanza del catalán, al tiempo que ha hecho un llamamiento a las entidades y al conjunto de la sociedad a participar y exigir a los gobiernos «firmeza a la hora de defender nuestra lengua y que implanten todas las medidas necesarias para contrarrestar el impacto de estas sentencias en nuestra sociedad y en el ámbito educativo».
