El Sur y el Este de la UE exigen una respuesta ambiciosa al precio de la luz

Los países del Sur y el Este de la Unión Europea han reclamado este miércoles una respuesta ambiciosa y conjunta del bloque a la escalada de los precios energéticos y su posterior impacto en la factura de la luz que pagan hogares y empresas, mientras que los socios del Norte abogan por la adopción de medidas nacionales y prefieren no sobreactuar con iniciativas drásticas.

Los ministros de Medio Ambiente de los Veintisiete han dejado claras las posiciones de sus gobiernos en un debate público que había sido solicitado por las delegaciones de Grecia, España y Polonia con el objetivo de llevar el problema de los precios de la electricidad a la agenda de Bruselas.

«¿Qué está pasando con los precios de la electricidad? Todos sabemos por qué pasa y seguro que la transición ecológica no es el problema, no podemos echarle la culpa», ha expresado el ministro griego Kostas Skrekas, quien ha defendido que, además de aprobar medidas para ayudar a los más vulnerables, la UE analizar las «debilidades estructurales» del mercado actual para «evitar problemas parecidos en el futuro».

Tras el heleno, la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha recordado las ideas lanzadas por el Gobierno español para hacer frente a la situación, como la creación de una plataforma para compras conjuntas de gas natural y ha afirmado que «ante situaciones excepcionales» el bloque necesita «medidas excepcionales».

La española ha subrayado durante su intervención que el escenario actual «no se veía desde el rally de precios del petróleo de principios de los años 70» y ha alertado de que si la UE no reacciona «a la altura del problema» lo va a «pasar mal».

En una línea similar, el portugués João Pedro Matos ha calificado de «buena idea» establecer una «central de compras de gas» a nivel europeo, al tiempo que ha criticado que el documento que prepara la Comisión Europea para la próxima semana con medidas que ya permite la normativa actual «no traerá ninguna novedad».

El representante del Gobierno de Francia, país que también ha presionado en los últimos días para conseguir que la UE reaccione, ha defendido la necesidad de «intervenir rápidamente» con «reflexiones de fondo», al tiempo que ha insistido en la idea de que la factura final de la luz que pagan hogares y empresas refleje mejor los costes de producción.

A favor de una reacción ambiciosa por parte del bloque también se han expresado Polonia (que ha culpado a Rusia de los precios actuales y ha instado a Bruselas a investigar las «señales claras» de manipulación en el mercado, Rumanía y República Checa.

RESPUESTAS DOMÉSTICAS

Por el contrario, otro grupo de países de países se ha mostrado más partidario de desplegar medidas de respuesta a corto plazo a nivel nacional para hacer frente a la escalada actual del precio de la luz, pero se han mostrado contrarios a realizar cambios de calado con el argumento de que podrían perjudicar a la estrategia climática europea.

«Es muy importante que, aunque sea una situación seria, no tomemos decisiones muy drásticas que puedan tener consecuencias profundas a largo plazo. Tenemos herramientas para responder a la situación a nivel nacional», ha dicho el danés Dan Jorgensen.

El representante del Gobierno de Países Bajos se ha pronunciado en una línea similar y ha apuntado que «los Estados miembros deben tomar medidas a corto plazo» y «acciones domésticas para proteger a los consumidores», pero ha añadido que el mercado energético europeo es una «piedra angular» de la política climática europea y la UE no debe revisarlo por una situación puntual.

«En el medio plazo, ampliar las energías renovables va a mejorar la eficiencia energética, ayudará al mercado único y bajará los precios de la energía», ha indicado Alemania, país que ha pedido no mezclar el debate sobre el escenario actual de precios con la negociación de las iniciativas legislativas para lograr el objetivo de reducir un 55% las emisiones contaminantes esta década.

Otros países que también se han mostrado escépticos sobre la posibilidad de adoptar medidas ambiciosas han sido Finlandia, Suecia o Bélgica. Este último Gobierno, de hecho, ha asegurado no estar «convencido» de que la compra conjunta de gas vaya a ser una solución.