Aena considera que la aprobación de la enmienda en el Congreso de los Diputados, que pretende fijar los alquileres en los comercios de los aeropuertos en base al tráfico real desde el inicio de la pandemia hasta la recuperación total del tráfico a niveles de 2019, supondría «una quiebra a la seguridad jurídica y una expropiación legislativa».
Fuentes jurídicas de Aena afirman que «la enmienda priva de la tutela judicial a quien sale perjudicado», el operador nacional, «que tendría que renunciar, por imperativo legal, a los acuerdos alcanzados o las resoluciones judiciales favorables, a costa de sus accionistas, entre los que figura el Estado español».
Aena insiste en que «desde el primer momento» ha buscado acuerdos con sus inquilinos y les ha ofrecido rebajas por valor de 800 millones de euros, mejorando las condiciones exigidas por el Real Decreto Ley 35/2020.
En este sentido, el gestor aeroportuario ha confirmado que 90 de los 120 operadores comerciales que trabajan en los aeropuertos sí han aceptado los acuerdos que les ofreció el operador.
«Más del 70% de los comercios firmaron el acuerdo con las condiciones que propuso el gestor. Faltan por cerrar, fundamentalmente, los acuerdos con los operadores más grandes, las multinacionales que operan en los aeropuertos, que son las que han judicializado el proceso», ha añadido.
De hecho, estos comercios firmaron su acuerdo y abrieron sus tiendas, aunque los grandes, compañías como Dufry, Áreas 2021 o SSP, no aceptaron la propuesta de Aena y decidieron llevar el tema a los tribunales.
Además de ofrecer unas condiciones mejores que las establecidas por ley, Aena asegura que no ha repartido dividendos desde que se inició la crisis sanitaria, «lo que demuestra su compromiso con la sociedad».
Los expertos jurídicos advierten de que en el caso de que la aprobación de la enmienda siguiese adelante, la empresa podría llevar el tema al Tribunal Constitucional y el tema alargarse durante años.
