La secretaria del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha rechazado este jueves que se «criminalice» a la Fundación Francisco Franco porque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha dejado claro que no pueden disolver este tipo de entidades mientras no inciten a la violencia y humillen a las víctimas y ha achacado a la «memoria selectiva» que atribuye al Gobierno que quiera disolver esa fundación, pero no entidades vinculadas al Partido Comunista de España (PCE).
Así ha replicado Olona al anuncio realizado este jueves por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien ha indicado que la nueva contempla la figura del enaltecimiento del franquismo y la prohibición de las entidades que lo ensalcen, como la Francisco Franco.
Según ha explicado, el Gobierno ha encontrado una fórmula para sortear las pegas que a este respecto puso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se pronunció sobre el anteproyecto que el próximo martes aprobará ya como proyecto el Consejo de Ministros.
LA LLEVARÁN AL TC
Sin esperar a conocer la redacción final de la norma, Olona ya ha avanzado que la llevarán al Tribunal Constitucional porque Vox se ha fijado como «objetivo prioritario» evitar «la imposición ideológica» que, a su juicio, practica el Gobierno, «desde el más puro sectarismo» y la «tergiversación de la historia».
Olona ha admitido que el informe de CGPJ no es vinculante, pero ha hecho hincapié en que «ha sido claro» al determinar que «no se puede ilegalizar, cerrar o clausurar ningún tipo de asociación o fundación por motivos ideológicos» porque eso sería una invasión clara de los derechos a la «libertad ideológica y de expresión consagrados en la Constitución».
«No se puede criminalizar las fundaciones si no hay una incitación al odio, la violencia y una humillación a las víctimas», ha apostillado, subrayando que, con independencia de cuál sea la formula que ha encontrado el Gobierno para no contravenir el informe del CGPJ, en Vox están convencidos de que la ley «es contraria a libertad» que ellos proponen y a la máxima de «la historia para los historiadores».
MEMORIA QUE CERCENA LAS IDEAS
A su juicio, si esa máxima no se respeta se incurre en una «memoria selectiva que al final lleva a cercenar las ideas». Esa es la memoria, que según Olona, promueve el Gobierno con este tipo de legislación que tiene su antecedente en la vigente Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007.
Como ejemplo de esa «memoria selectiva», Olona destaca el hecho el Ejecutivo no se plantee «ilegalizar al PCE» o «cualquier tipo de asociación o fundación que tenga que ver» con este partido, cuando, en su opinión, el comunismo «es el régimen político que mayor número de muertes tiene a sus espaldas» y el Parlamento Europeo «lo ha asimilado al nazismo a la hora de promover su condena y de tomar medidas para evitar su apología».
