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El PP presenta su propio texto para intentar rebajar la futura regulación de los ‘lobbies’ en el Congreso

El PP va a intentar que la futura regulación de los ‘lobbies’ en el Congreso sea menos restrictiva que la planteada por el PSOE en la iniciativa que el Pleno de la Cámara acordó tramitar hace un mes. Para ello, el primer partido de la oposición ha registrado como texto alternativo su propia propuesta, con intención de que los grupos la tomen como punto de partida, desechando la de los socialistas.

La enmienda de totalidad con texto alternativo planteada por los ‘populares’ obligará al Pleno a volver a debatir sobre la regulación de los grupos de interés y a repetir los argumentos que se escucharon el pasado 26 de mayo sobre la reforma del PSOE, un texto que muchos partidos criticaron por ser excesivamente restrictivo.

En realidad, lo que ha hecho el PP es presentar como texto alternativo la proposición de ley que ya habían registrado a finales de abril pero que, previsiblemente no se debatirá hasta después del verano, ya en septiembre, cuando arranque el nuevo periodo de sesiones.

En sus respectivas iniciativas, los dos partidos mayoritarios plantean la creación de un registro de ‘lobbies’ en la Cámara, que tendrá carácter público. Pero, mientras el PSOE especifica que se le dará publicidad en la página web del Congreso, el PP no detalla cómo se publicitará.

Según la propuesta del PP, los grupos de interés deberán dejar constancia en ese registro de sus reuniones con diputados o personal adscrito a la labor parlamentaria «acompañando copia de la documentación en formato electrónico de la presentada durante esos encuentros».

Por contra, el PSOE es partidario de que sean los diputados o grupos parlamentarios los que comuniquen el contenido de su interlocución con los ‘lobbies’, que también se publicará en la web del Congreso. «Se difundirá en todo caso la identidad de las personas que han entablado la comunicación, la fecha y las materias en torno a las que se ha ejercido la actividad de influencia», especifican los socialistas.

PP: INFORMACIÓN RESERVADA

En todo caso, el Código de Conducta que obliga a diputados y senadores desde el pasado mes de octubre, establece que los parlamentarios deben hacer pública su agenda institucional en el correspondiente Portal de Transparencia, «incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés».

Además, el PP introduce la posibilidad de que «la parte que entregue la documentación» de las reuniones con representantes de estos grupos solicite «que su contenido sea considerado reservado por motivos económicos y comerciales, secreto profesional, propiedad intelectual o industrial o por exigencias normativas», una salvedad que no menciona el PSOE.

El primer partido de la oposición determina que sea la Presidencia de la Cámara, «con el parecer favorable de la Mesa y la Junta de Portavoces», la que evalúe «la conveniencia de la reserva» y adopte «las disposiciones necesarias para garantizar la publicidad del registro, con las garantías suficientes para proteger los datos que deban permanecer reservados».

INFORME DE HUELLA LEGISLATIVA

Los dos partidos sugieren la creación de un expediente de huella legislativa de cada ley que se tramite en el que se recojan todos los cambios que se produzcan en el texto. Ambos piden que ahí se incluya toda la información aportada por los grupos de interés» sobre la iniciativa correspondiente y los socialistas apuntan también que al registrar cualquier iniciativa los grupos deberán comunicar si ha sido ‘inspirada’ por un ‘lobby’.

Ambos grupos plantean inclusión en el Reglamento de un código de conducta para los ‘lobistas’ y posibles sanciones, si bien, los socialistas son mucho más precisos porque dividen la infracciones en leves, graves o muy graves y recogen una graduación de sanciones que irán desde el apercibimiento hasta la suspensión de la inscripción en el registro indefinida en el peor de los casos.

El PP también contempla la cancelación de la inscripción del grupo infractor y la prohibición de acceso a la Cámara, pero deja en manos de la Mesa del Congreso la decisión sobre la duración el castigo en función de la gravedad de la infracción.

A diferencia el PSOE, los ‘populares’ no concretan quién puede iniciar el procedimiento de infracción, una función que los socialistas delegan en un grupo parlamentario, la Mesa del Congreso o de sus comisiones, el secretario general de la Cámara, cuya Secretaría se encargará en todo caso de instruir el procedimiento dando audiencia a los afectados. La Mesa del Congreso será la que imponga la sanción.

CASTIGAR DATOS FALSOS

Por su parte, los socialistas incluyen también sanciones para los diputados y grupos que incumplan las obligaciones relativas a los ‘lobbies’, pero aprovechan su iniciativa sobre los grupos de interés para plantear castigos a los parlamentarios que incumplan el Código de Conducta de las Cortes, que falseen sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos, no las presenten u omitan información en las mismas.

En este contexto, los de Adriana Lastra apuestan por sanciones que irán desde el apercibimiento y la publicación en la web del Congreso de la infracción cometida por el diputado o el grupo de que se trate hasta la retirada de cargos y complementos salariales del diputado que haya incurrido en infracción, exceptuando los establecidos constitucionalmente, es decir, su ‘sueldo’ base.

Otra de las especificidades de la iniciativa del PSOE es que, en su código de conducta para los grupos de interés, prohíben ser ‘lobistas’ a quien haya ostentado diputado, senador o alto cargo del Gobierno central en los cuatro años anteriores, así como quien haya sido inhabilitado judicialmente para ocupar un cargo público.