La Asociación de Letrados de la Seguridad Social se ha manifestado en contra de la transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) al País Vasco y Navarra porque la considera «discriminatoria» entre comunidades autónomas y «frustra» la finalidad del IMV de acabar con las diferencias territoriales.
En un comunicado los letrados de la Seguridad Social explican los perjuicios que acarrearía la transferencia del IMV, ante la reforma de la ley que lo regula que se tramita en el Congreso de los Diputados y que contempla este traspaso.
Este miércoles en el Congreso, el PNV se ha quejado de que el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, estaba torpedeando la transferencia establecida en la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 20/2020 y ha alertado de que el retraso en este traspaso asciende ya a «ocho meses».
Así, los letrados han señalado que introduce una distinción «discriminatoria» entre dos clases de comunidades autónomas, País Vasco y Navarra por un lado, y el resto, por otro; que carece de justificación porque «la especificidad de las haciendas forales resulta ajena a la distribución competencial en materia de Seguridad Social».
En la misma línea los letrados argumentan que «frustra la propia finalidad del IMV», cuyo objetivo es acabar con las diferencias territoriales. Tal como denuncian, el traspaso quebraría los principios constitucionales de unidad e igualdad. Esto va contra la «uniformidad de gestión» porque la unidad de criterio e interpretación, que está encomendada al Estado, no comprenderá todo el territorio nacional.
En este sentido han recordado que el IMV nace con la finalidad de asegurar un «mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional» ante la constatación de que el sistema «está fraccionado y presenta disparidades territoriales». Se crea, así, una prestación de renta básica, «única y uniforme en todo el territorio nacional», que elimine la actual diversidad territorial de prestaciones de la misma naturaleza.
Por tanto han alertado de que esta medida «rompe el principio de unidad de caja» de la Seguridad Social puesto que la financiación del IMV, que se lleva a cabo mediante aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social, que integran su caja única «debe corresponder a las prestaciones efectivamente reconocidas en el territorio de cada comunidad autónoma» y «no calcularse con criterios teóricos de compensación fiscal, mediante la aplicación de porcentajes genéricos, que constituyen condiciones especiales de financiación de algunas comunidades autónomas».
LA SOLUCIÓN PASA POR REFORZAR LA SEGURIDAD SOCIAL
Los letrados de la Seguridad Social han señalado que la única forma de abordar la «simplificación» de organismos gestores existentes y de llevar a cabo la «necesaria coordinación con los sistemas asistenciales autonómicos» para agilizar las tramitaciones del IMV, pasa por reforzar las plantillas de la Agencia de Seguridad Social.
Así, ha subrayado que cualquier decisión sobre transferencias en materia de Seguridad Social debe consensuarse en el marco del Pacto de Toledo que establece la necesidad de crear una agencia de Seguridad Social que permita «la gestión integrada de las funciones de afiliación, recaudatorias y de gestión de prestaciones» según el marco de competencias que establecen la Constitución y los Estatutos de Autonomía.
