El grupo de Sí Podemos en el Cabildo de Tenerife ha dicho este miércoles que es «intolerable» que haya 41 supuestos menores migrantes durmiendo en la calle en Puerto de la Cruz al negarse a ser trasladados desde el hotel en el que se alojaban al campamento de Las Canteras, en La Laguna.
La coalición morada ha lamentado la «inoperatividad» de la Fiscalía para reubicarlos y reclama «resolver urgentemente este grave problema para que se realoje a los menores en recursos alojativos dignos, para que no tengan que volver a pasar por esta inhumana realidad».
La portavoz, María José Belda, califica lo ocurrido como «muy grave e inadmisible» puesto que se trata de menores migrantes sobre los que el Gobierno central «tiene que garantizar doblemente su protección, y si no está siendo capaz de hacerlo, debe transferir estas competencias al Gobierno de Canarias o al Cabildo Insular de Tenerife».
Belda afirma en una nota que «no se puede permitir bajo ningún contexto que estos menores hayan tenido que pasar la noche en la calle, puesto que están en su derecho a negarse a ser trasladados a los campos de concentración de Las Raíces y Las Canteras, donde se están incumpliendo los derechos humanos, es inconcebible que, por negarse a enfrentar esa realidad, hayan sido abandonados en la calle a su suerte».
En su opinión, «nos encontramos con un ejemplo más de racismo institucional».
La consejera insular de Sí Podemos Canarias critica también la perversidad que existe tras el hecho de que el Gobierno de Canarias «haya anunciado recientemente que se concederán 80 millones de euros más en ayudas directas a las patronales turísticas del archipiélago, mientras se está dejando a las personas migrantes en la calle o en campos de concentración, cuando muchos de estos hoteles que reciben ayudas siguen estando vacíos».
Entre las soluciones que plantea Sí Podemos Canarias respecto a la situación de los menores migrantes, Belda destaca que hay que «garantizar la protección necesaria de las personas que acrediten con documentación ser menores de edad o que esta condición sea evidente, a través de un reconocimiento médico y, en todo caso, hasta que se pueda acreditar dicha circunstancia».
Asimismo, María José Belda defiende que se «utilicen los recursos alojativos dignos que sean necesarios para acoger a estos menores, cumpliendo así su protección, establecida por ley, y respetando sus derechos, hay que contar con un Plan de Acogida Digna para Canarias, adaptado a la realidad y necesidades de cada isla y sus correspondientes municipios».
«NO SE PUEDE PERMITIR QUE HAYA MENORES ABANDONADOS»
El consejero insular David Carballo afirma que «como sociedad avanzada», no se puede permitir que haya «menores abandonados en la calle» e incide en la necesidad de «cambiar el sistema de acogida actual hacia uno digno, ya que el respeto a los derechos de los y las menores debe prevalecer sobre cualquier otra consideración».
Además, el consejero pide que se les conceda a las personas migrantes que se encuentran en Tenerife «la asesoría legal que precisan, asegurarles una adecuada alimentación y permitir que sigan con sus planes de vida, independientemente de si están en la Península o en otra parte de Europa».
«Desde las instituciones debemos revisar cómo se está abordando este problema hasta ahora, puesto que este asunto se está convirtiendo en un caldo de cultivo para el racismo, ya que se está afrontando esta situación como un problema al encerrar a estas personas en cárceles improvisadas, por lo que la ciudadanía puede percibir este trato de las instituciones como un supuesto problema y se genera un sentimiento de rechazo», señala.
Por su parte, la consejera Ruth Acosta resalta que estos casos siguen afectando negativamente a la imagen de Canarias, «puesto que se están convirtiendo a las islas en cárceles para personas migrantes en las que no se respetan los derechos humanos, algo que choca frontalmente con la imagen amable que siempre se ha vendido del archipiélago para fomentar el atractivo turístico de las islas».
Acosta asevera que las instituciones canarias tienen la obligación de seguir trabajando y hacer todo lo que esté en sus manos «para revertir la insostenible situación en la que se encuentran todas estas personas», por lo que apela a la responsabilidad que tienen todas las administraciones públicas y las instituciones europeas «para resolver esta problemática que sigue aumentando».
