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Delgado asciende al fiscal que investiga al rey emérito

La fiscal general de Estado, Dolores Delgado, propondrá al Consejo de Ministros el nombramiento de Juan Ignacio Campos, que se ocupa de las investigaciones al rey emérito, como nuevo teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS) en sustitución del recientemente jubilado Luis Navajas.

Campos obtiene este cargo tras ser el único candidato a la plaza, cuando lleva más de un año liderando el equipo que investiga las tres diligencias abiertas en este departamento al rey emérito Juan Carlos I.

La propuesta de nombramiento se ha realizado una vez oído el Consejo Fiscal, cuyo criterio tiene carácter consultivo, que se ha reunido este martes para estudiar varias designaciones.

Campos cuenta con la máxima consideración y respeto de toda la carrera fiscal y, en particular, de todos los integrantes de la Fiscalía del Tribunal Supremo, según una nota hecha pública por la Fiscalía General del Estado (FGE).

El hecho de que fuera el único peticionario de la plaza se valora “como el consenso tácito entre los posibles candidatos y refleja la oportunidad de su designación”, según el comunicado.

Campos, fiscal desde 1977, ha estado destinado en las fiscalías de Barcelona y Madrid, y fue fiscal de la Secretaría Técnica entre 1994 y 1996, año en que pasó a formar parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Actualmente, ocupa el número tres en el orden de escalafón de la carrera fiscal, así como el cargo de fiscal de Sala Jefe de lo Penal de la Fiscalía del TS. Además, es fiscal de Sala Delegado en materia de delitos económicos.

EL SUSTITUTO INSTITUCIONAL DE DELGADO

Una vez propuesto formalmente por Delgado y nombrado por el Consejo de Ministros, pasará a ocupar un cargo que ‘de facto’ supone ser el ‘número dos’ de la FGE tras el de fiscal general del Estado.

Se trata de un puesto clave, pues el teniente fiscal del Supremo coordina la labor del Ministerio Público en las cinco salas del alto tribunal y es el sustituto del fiscal general a nivel institucional en caso de viaje, enfermedad o motivos similares.

Navajas ha concluido su mandato y su larga carrera cuestionado por sus últimas intervenciones públicas, después de que en septiembre sorprendiera a propios y ajenos revelando en diversos medios de comunicación que no convocó la Junta de Fiscales de Sala para fijar una respuesta a las querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia porque habría tenido que excluir de ese encuentro a algunos fiscales “contaminados políticamente”, mencionando expresamente a la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal.

El ahora fiscal jubilado también tuvo palabras gruesas para el ya ex fiscal del ‘caso Villarejo’ Ignacio Stampa, por su presunta relación con una letrada de Podemos, si bien unas semanas después le pidió perdón públicamente y por escrito.

OTROS NOMBRAMIENTOS EN LA CÚPULA FISCAL

Además de la plaza de teniente fiscal del TS, el Consejo Fiscal ha designado cargos aún pendientes de realizar en la cúpula de la FGE, entre los que destacan la proposición de Francisco Javier de Torres y Agustín Hidalgo como fiscales del Tribunal Supremo.

De Torres, fiscal desde 1984 destinado en la Fiscalía Provincial de Málaga aunque desde 2016 está en comisión de servicios en la Fiscalía del TS, es el primero en el orden escalafonal de todos los candidatos a la plaza. En su caso, “se valora su dilatada experiencia profesional y sus vastos conocimientos jurídicos demostrados durante toda su trayectoria, especialmente en los cuatro años que lleva desempeñando sus funciones en la Fiscalía del Tribunal Supremo”, reza la nota oficial.

Hidalgo, que entró en la carrera fiscal en 1990, es fiscal inspector desde 2015 y es el actual Delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal, por lo que –ha destacado la FGE– “su nombramiento garantizará el ejercicio con autonomía y plena dedicación de las funciones de supervisar y asesorar sobre el cumplimiento de la normativa de protección de datos y actuar como punto de contacto de la autoridad de control”. Ha resaltado igualmente su “dilatada experiencia” y “extraordinario conocimiento de la institución”.

Para la Inspección Fiscal, Delgado ha propuesto a María Luzón y Raquel Sierra. La primera es fiscal desde 1991 y ha estado destinada en Extremadura y Madrid, donde desempeñó el cargo de decana del entonces denominado Destacamento Norte de Madrid (2004-2008) y posteriormente de la Fiscalía Provincial de Madrid (2008-2015). Entre 2015 y 2020 ha ocupado plaza en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

Sierra, por su parte, es fiscal desde 1994, ha estado destinada en las fiscalías de Guipúzcoa, Cáceres y Madrid, y desde 2019 ostenta el cargo de mediadora en la Comunidad de Madrid conforme al protocolo de actuación frente al acoso y la violencia en el Ministerio Fiscal.

Delgado también ha propuesto como fiscales jefes de las respectivas fiscalías provinciales a Fernando Sobrón en Córdoba; a Luis Huete en Ciudad Real; a María Isabel Gómez en Cuenca; a Arturo Carrillo en Palencia; a Juan Calixto Galán en Badajoz; y a Roberto Brezmes en Lugo. Por otro lado, María José Hormigo ha sido propuesta como fiscal jefa de la Fiscalía de Área de Mérida y María del Carmen de la Fuente, como fiscal jefa de la Fiscalía de Área de Cartagena.

Para acceder a las plazas en la Fiscalía del TS y en la Inspección Fiscal se requieren 15 años de servicio en la Carrera Fiscal, mientras que para las provinciales basta con 10, según la convocatoria publicada el pasado 24 de noviembre en el BOE.

AGRESIONES AL FISCAL JEFE DE ÁREA DE ALGECIRAS

La Fiscalía General del Estado ha aprovechado asimismo para expresar “la solidaridad y el apoyo del Consejo Fiscal y de toda la carrera al fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, ante las últimas agresiones que ha padecido”.

Se ha referido así al suceso del pasado miércoles, cuando Cisneros, a su salida de los juzgados, se encontró con dos de las cuatro ruedas de su coche rajadas. Es la cuarta ocasión que su vehículo sufre un sabotaje de este tipo.

La FGE ha advertido de que no tolerará que el ejercicio de la función fiscal “pueda verse perturbado por acciones de esta naturaleza”.