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El PP compara al Gobierno con los de Hungría y Polonia

La falta de acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha centrado buena parte de la comparecencia de este jueves del secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, en la Comisión de Presupuestos del Senado, en la que el PSOE ha emplazado al PP a volver a la «foto» del pacto de 2001, si bien los ‘populares’ han contestado comparando al Gobierno con los de Hungría y Polonia y reclamando a los socialistas que abandonen su propuesta de reforma judicial para poder repetir dicha instantánea.

El senador socialista Francisco Manuel Fajardo ha abierto la espita al pedir al nuevo año «salud para todos y una oposición útil, responsable y colaborativa» para poder repetir la fotografía realizada el 31 de mayo de 2001 para ilustrar el pacto alcanzado entre el PSOE y el PP para ‘Despolitizar la justicia y acercarla al ciudadano’, una imagen que ha mostrado en la cámara alta y en la que aparecen los ‘populares’ Ignacio Astarloa y José María Michavila y los socialistas Juan Fernando López Aguilar y Javier Barrero.

«Esta foto es reflejo de que cuando se quiere se puede, cuando se abdica de la crítica por la crítica y se tiene sentido de Estado», ha dicho Fajardo, al tiempo que ha animado a Zapatero a ignorar el «ruido» y trabajar para el acuerdo.

La respuesta ha llegado por boca del senador del PP Fernando de Rosa, para quien «el problema es que la foto actual es la foto del Gobierno de España con los gobiernos de Hungría y de Polonia, países que están debilitando el Poder Judicial». «A esa foto no podemos unirnos. A la del consenso, sí, pero a la del debilitamiento del Poder Judicial, no. Cuando abandonen esa reforma del CGPJ iremos a esa foto», ha afirmado.

El también senador socialista José María Oleaga ha contestado a De Rosa reprochándole que desde el PP «han maniobrado con nuestros socios europeos para poner en duda que España es un país democrático donde se defienden las libertades», algo que ha considerado «inadmisible». «Llevaran ustedes eso en su ‘debe'», le ha espetado, urgiéndole a «volver a la foto lo antes posible».

Zapatero, que ha afeado a De Rosa el tono empleado, se ha limitado a rechazar la comparativa. «Si me va a comparar España con Hungría y Polonia, creo que estamos saliéndonos todos un poquito del marco, por mil y una razones para las cuales ahora no tengo tiempo», ha comentado, aludiendo a la brevedad de las intervenciones.

«TRANSFORMACIÓN COMPLETA» DE LA JUSTICIA

El secretario de Estado ha defendido que estos Presupuestos Generales del Estado (PGE) están diseñados para propiciar «una transformación completa de la administración de justicia» a través de la digitalización y la eficiencia como «palanca de desarrollo del país».

Para ello, el Ministerio de Justicia cuenta con un presupuesto de 2.144 millones de euros –un 7,5 por ciento más que en las cuentas anteriores–, entre los que Zapatero ha destacado 110,49 millones de euros (un 2,1% más) destinados a la digitalización, lo cual incluye inversiones en equipos e infraestructuras y actualizaciones de bases y sistemas tecnológicos.

Además, ha mencionado como una «pieza clave» en el engranaje de la «nueva arquitectura de la administración de justicia» los 410 millones de euros que Justicia recibirá a lo largo de tres años de los fondos de la UE para la recuperación tras el coronavirus. Zapatero ha explicado que 2021 será un año para preparar el terreno, con la aprobación de las leyes de eficiencia organizativa, procesal y digital, mientras que 2022 y 2023 serán para ejecutar el «grueso» del dinero europeo «de forma realista y coordinada».

De Rosa ha criticado que, de los 27.000 millones de euros del dinero que recibirá España de la UE por la pandemia, el Ministerio de Justicia solo haya conseguido 27 millones de euros para los PGE de este año, «un 0,1%», según ha subrayado, para calificarlos de «trampantojo económico» y «engaño al ciudadano». Para el senador ‘popular’, la agresión a una jueza en Santa María la Real de Nieva (Segovia) es solo «la punta del ‘iceberg'» de las graves carencias de la administración de justicia».

En la misma línea, el senador de Ciudadanos Miguel Sánchez López, que ha cargado contra el PSOE y el PP por su incapacidad para llegar a «acuerdos sólidos» en materia de justicia, ha estimado que se trata de unos PGE «francamente insuficientes», a pesar de que hay un «pequeño avance» en las cuentas ministeriales.

Zapatero les ha replicado que la inversión española en justicia se sitúa por encima de la media europea, por lo que –ha esgrimido– «no es una cuestión de insuficiencia de recursos, sino de ineficacia y de un sector muy complejo y muy fragmentado», defendiendo que «se puede hacer mucho más con menos». «Lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos y arrimar el hombro», ha arengado.

Por su parte, Laura Castel, del Grupo de ERC y Bildu, ha sacado a relucir algunos «temas pendientes» del Ministerio con Cataluña, reclamando que «se haga corresponsable del servicio público de justicia» en la Generalitat –«De casi 600 millones que cuesta el Estado apenas nos da para la mitad»– y que transfiera el Registro Civil de Barcelona, entre otras cosas. Zapatero, le ha recordado que en estos PGE hay una transferencia de 8 millones de euros a la comunidad autónoma por los órganos judiciales puestos en marcha entre 2018 y 2020 y ha incidido en la idea de «cogobernanza» con los gobiernos regionales.