Los hogares españoles redujeron su consumo medio de agua durante 2020 desde los 132 a los 128 litros por persona y día y pagaron un precio medio de 1,90 euros por cada 1.000 litros de agua, según datos del sector, que señala que durante los meses más críticos del confinamiento el consumo cayó en torno a un 10 por ciento, sobre todo lastrado por el agua de uso turístico que bajó algo más de un 20 por ciento.
«El consumo de agua urbana ha descendido más que el PIB en este año.Sobre todo por el agua de uso turístico», ha precisado el presidente de AGA, Manuel Marchena.
Los datos forman parte del XVI Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2020 (AEAS-AGA), que han presentado en rueda de prensa el presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), Fernando Morcillo, y el presidente institucional de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), Manuel Marchena.
Los representantes del sector han destacado el bajo coste para los usuarios, ya que el consumo del agua apenas supone el 0,90 por ciento del presupuesto familiar, lejos del 3 por ciento que marca la ONU como una cifra límite para el abastecimiento asequible del agua, como Derecho Humano.
Además, tanto Marchena como Morcillo han asegurado que en España nadie se queda sin agua por impago, y ha recordado que existen distintos mecanismos, normalmente acordados con los servicios de las Administraciones locales para garantizar el acceso al agua.
En cuanto al servicio, Marchena ha señalado que el 35 por ciento de la población es abastecida por entidades públicas, el 33 por ciento por empresas privadas, el 22 por ciento por empresas mixtas y el 10 por ciento restante por servicios municipales.
Así, Marchena ha defendido la «impecable» gestión de este servicio esencial que ha resultado, según Morcillo, de «gran utilidad» para analizar la evolución del coronovirus a través del análisis de las aguas residuales, donde quedan trazas de ADN.
El XVI estudio nacional cubre a 33,88 millones de habitantes, el 72,51 por ciento de la población en los 1.795 municipios y recoge los datos consolidados del año 2018 de los servicios públicos básicos de agua. En él, se refleja que el 68 por ciento del agua urbana es de uso doméstico, el 14 por ciento se dedica al consumo industrial y comercial y el 17 por ciento se asigna a otros usos, como pueden ser los municipales o institucionales.
Precisamente, ha destacado que el agua puede ser un sector «palanca, absolutamente protagonista en la recuperación durante la normalización de la pandemia» y por ello, ha anunciado que el sector ha definido más de 500 proyectos «reales» y «ejecutables» entre 2021 y 2023 que supondrían una aportación a la economía de más de 13.700 millones de euros.
Por eso, ha afirmado que el sector está «deseando» de que cuanto antes se diseñe el procedimiento para acceder a los 72.000 millones de euros de los fondos de recuperación que podrían llegar a España y ejecutar este gran «proyecto tractor de transformación del agua» para el país que sufre el mayor estrés hídrico y que más afectado está por el cambio climático de la Unión Europea.
En concreto, estos 13.776 millones de euros se emplearían en propuestas de resiliencia de las ciudades, 5.735 millones de euros; 1.771 millones en reutilización; otros 1.689 millones en mejora de la calidad de las masas de agua; 1.225 en eficacia en el uso del agua; 1.190 millones en técnicas de drenaje urbano sostenible; 1.037 millones en economía circular; 632 millones en control y digitalización; 270 millones en energía renovable; 138 millones en desalación y 89 millones en eficiencia energética.
Sin embargo, han denunciado un año más el déficit de inversiones y el retraso de inversiones que lastran la capacidad tecnológica del sector, por lo que defienden que estos fondos de la recuperación serían una respuesta «muy apta» para lograr ser un proyecto motor.
Marchena insiste en que la inversión realizada y la prevista siguen siendo insuficientes y que las tarifas siguen sin cubrir los costes, hasta el punto de que en muchos sistemas solo llegan a soportar los gastos operativos, algo que según advierte está «comprometiendo la calidad de los servicios de las futuras generaciones».
Por su parte, el presidente de AEAS, Fernando Morcillo, ha defendido que en el marco del interés del sector en la lucha contra el cambio climático se han implantado distintas técnicas para minimizar la huella de carbono del agua.
Por ejemplo, ha señalado que la media de consumo energético por cada 1.000 litros de agua se ha reducido ligeramente hasta los 0,95 KWh/m3 y que el aprovechamiento energético producido por el sector, en decir, energía verde y renovable por parte de los servicios de agua urbana ha subido respecto al anterior estudio nacional, hasta los 611 gigawatios por hora año, lo que supondría el equivalente al suministro eléctrico durante un año de una población como San Sebastián, de 185.000 habitantes.
Asimismo, ha indicado que el 69 por ciento de los operadores de los servicios de agua urbana cuentan con dispositivos de aprovechamiento energético. Supone, en términos generales, el 49% del consumo total deenergía del operador, del cual el 61% se destina a autoconsumo y el 39% se vierte a la red, según ha precisado.
«Las entidades del sector están alineadas y comprometidas con el cambio climático», ha asegurado Morcillo que añade que el 81 por ciento d e los operadores inscribe su huella ecológica en el registro del Gobierno. Esta huella equivale por consumidor el equivalente a la realización de un viaje de 200 kilómetros en coche particular.
En cuanto a los mecanismos de acción social, ha recordado que el 93 por ciento de la población cuenta con acceso a estos sistemas y que en la actualidad se atiende al 4,7 por ciento de la población con distintos métodos como fondos de solidaridad o reducción de cuantías, con Andalucía y Murcia con las cuantías más altas.
EL COVID, CON LOS DEBERES HECHOS
Por último, respecto al papel que ha jugado y juega el sector tanto en garantizar el abastecimiento como en el análisis de las aguas residuales durante la pandemia, Morcillo ha explicado que cuando a nivel científico Holanda informó de que se había detectado trazas de COVID-19 en las aguas residuales, en España se desarrolló un sistema de análisis que «rápidamente» se extendió por todo el país.
Así, efectivamente ha indicado que en las aguas residuales se encuentra «material genético del virus» pero que no es «viable», es decir, que no prospera y por tanto no puede transmitir. «No hay ningún dato a nivel mundial sobre ninguna afección por aguas residuales, pero esos fragmentos de material genético permiten conocer la cantidad de virus en un barrio o ciudad», ha explicado.
Por último, ha defendido que el esfuerzo de investigación es importante y se está facilitando toda la información a las autoridades sanitarias, que gracias a estos datos pueden incluso predecir a una semana vista la evolución del ciclo de la pandemia en un área concreta. En todo caso, ha asegurado que el agua potable en España es «muy segura» y no supone «ningún vector de contaminación».
En todo caso, ha dicho que el análisis del COVID en las plantas no es puntual y si ha sido posible es porque desde hace muchos años los laboratorios españoles analizan las posibles trazas de otros virus en las aguas residuales dentro de su planificación de medidas preventivas que ahora han servido de base para este proyecto.
Por último, Marchena ha apuntado que en el futuro próximo, las depuradoras van a dejar de ser plantas de tratamiento para convertirse en biofactorías y puesto que el COVID está «para quedarse», el sector seguirá investigando e innovando.
